“Hacer gritar la economía” de Venezuela | Boletín 18 (2025)

Queridas amigas y amigos,

Saludos desde las oficinas del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

Ningún país debería atravesar lo que ha vivido Venezuela desde 2017.

El gráfico de HECHOS que acompaña este boletín muestra que las sanciones impuestas por Estados Unidos, más adecuadamente denominadas medidas coercitivas unilaterales (MCU), provocaron que Venezuela perdiera ingresos petroleros equivalentes al 213 % de su PIB entre enero de 2017 y diciembre de 2024. En total, el país sufrió pérdidas estimadas en 226 mil millones de dólares, alrededor de 77 millones de dólares por día, durante ese período. Estos datos, elaborados por Global South Insights y el Instituto Tricontinental de Investigación Social a partir de una investigación del actuario venezolano Yosmer Arellán, fueron calculados comparando las cifras reales con una estimación de la producción petrolera venezolana en ausencia de la campaña de “máxima presión”, iniciada por el entonces presidente estadounidense Donald Trump.

Antes de 2017, Venezuela dependía del petróleo para el 95 % de sus ingresos por exportaciones. Además, estos ingresos eran fundamentales para financiar la agenda social progresista del gobierno. Esta pérdida ha provocado un aumento desmedido de la inflación: según cifras oficiales del Banco Central de Venezuela de 2019, la tasa de inflación interanual más alta fue de 344.510 %, lo que significa que los precios aumentaron 3.400 veces en un solo año. Este nivel de catástrofe es inimaginable para cualquier país y representa una carga inmensa para la población.

Aunque Venezuela ha estado bajo ataque del gobierno de Estados Unidos y sus aliados desde la primera elección del ex presidente Hugo Chávez en 1998, la Orden Ejecutiva 13808 firmada por Trump en 2017, desencadenó una nueva ola de sanciones financieras que negaron al país el acceso a los mercados internacionales de crédito, socavando gravemente su capacidad para vender petróleo en el exterior. Lo que hizo esta orden fue impedir que cualquier ciudadanx estadounidense adquiriera nueva deuda del gobierno venezolano o comprara bonos existentes que habrían permitido su refinanciamiento. Los pagos de dividendos de CITGO (la filial en EE.UU. de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA) fueron suspendidos más tarde, en enero de 2019, cuando la empresa fue confiscada y puesta bajo el control de Juan Guaidó, la persona impuesta como “presidente” por Estados Unidos. Esto impidió que PDVSA obtuviera cartas de crédito para garantizar los envíos de crudo, contratara seguros para los buques petroleros, realizara tareas de mantenimiento en los campos petroleros y llevara a cabo transacciones con personas no estadounidenses que temían ser objeto de sanciones secundarias. Dos órdenes ejecutivas adicionales impuestas por Trump (la 13850 del 1 de noviembre de 2018 y la 13857 del 25 de enero de 2019), restringieron aún más el acceso de Venezuela al financiamiento y apuntaron directamente a compradores de su petróleo, particularmente en Europa e India.

Trump agarró por el cuello a la economía venezolana y la apretó con toda la fuerza que pudo.

Oswaldo Vigas (Venezuela), Objeto negro americano en tres bloques, 1956.

El terrible impacto de las órdenes ejecutivas fue evidente de inmediato para el gobierno de Trump. El 11 de marzo de 2019, Matt Lee, de Associated Press, le preguntó al entonces secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, sobre la crisis humanitaria en Venezuela causada por las MCU. La respuesta de Pompeo fue directa:

El cerco se está cerrando. La crisis humanitaria se agrava por horas. Anoche, a eso de las siete u ocho, hablé con nuestra persona de más alto rango en el terreno en Venezuela. Puede verse el aumento del dolor y el sufrimiento que está viviendo el pueblo venezolano.

Ese dolor y sufrimiento lo sentían, justamente, quienes eran el verdadero objetivo de las MCU: el pueblo venezolano. Dos años más tarde, Alena Douhan, relatora especial de las Naciones Unidas sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el ejercicio de los derechos humanos, visitó Venezuela y presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Lo que encontró fue catastrófico: el colapso del precio del petróleo en 2014 había provocado una escasez generalizada de alimentos y medicinas, situación que se agravó con la campaña de máxima presión iniciada por Trump en 2017. Esta crisis contrastaba fuertemente con el incremento significativo en los niveles de vida que había experimentado la población desde el inicio de la Revolución Bolivariana en 1998. Como escribió, Douhan, “el endurecimiento de las sanciones a partir de 2017 socavó el impacto positivo de múltiples reformas y la capacidad del Estado para mantener la infraestructura y continuar implementando programas sociales”. De manera contundente, explicó también que “las exenciones humanitarias existentes son ineficaces e insuficientes, están sujetas a procedimientos largos y costosos y no incluyen el suministro de repuestos, equipos ni maquinaria indispensables para el mantenimiento y la recuperación de la economía y los servicios públicos esenciales”. Esto significa que todo el régimen de MCU, pese a las exenciones, obligó al pueblo venezolano a pagar un altísimo costo, como demostramos en nuestro reciente dossier Guerra imperialista y resistencias feministas en el Sur Global.

Pablo Kalaka (Venezuela), Olivos y resistencia, 2024.

Contrario al relato promovido por personas como Trump y Pompeo, no hay forma de que la mala gestión y la corrupción, por sí solas, hayan provocado este nivel de devastación económica en apenas siete años (2017–2024). Quienes han estudiado con seriedad la economía venezolana coinciden en que el desastre ha sido impulsado, de forma directa, por la intensificación de las MCU promovida por la administración Trump a partir de 2017.

En aquel momento, el equipo de Trump para América Latina estaba conformado por personajes como Mauricio Claver-Carone, abogado cubano-estadounidense y director principal para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. Claver-Carone era considerado el autor de la campaña de “máxima presión” contra Venezuela y, según funcionarios de alto nivel del Departamento de Estado, incluso redactó personalmente las órdenes ejecutivas firmadas por Trump. Tras un escándalo en el Banco Interamericano de Desarrollo, ahora ocupa el cargo de enviado especial de Trump para América Latina. Su objetivo declarado es derrocar tanto la Revolución Cubana como la Revolución Bolivariana, por todos los medios posibles.

Apuntes del director de la CIA, Richard Helms, durante una reunión con el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, a las 15:25 del 15 de septiembre de 1970, con la presencia de John Mitchell y Henry Kissinger.

En abril de 1976, el Comité Selecto del Senado de los Estados Unidos para el Estudio de Operaciones Gubernamentales en relación con Actividades de Inteligencia, presidido por el senador Frank Church, publicó su informe final. En el informe, Covert Action in Chile, 1963–1973 [Acción encubierta en Chile, 1963-1973], se recopilaron documentos sobre la desestabilización del gobierno del presidente Salvador Allende. Incluye una nota manuscrita del entonces director de la CIA, Richard Helms, sobre una reunión celebrada el 15 de septiembre de 1970 en la Casa Blanca, con el presidente Richard Nixon, el fiscal general John Mitchell y el asesor de seguridad nacional Henry Kissinger. La reunión tuvo lugar 11 días después que Allende, del Partido Socialista de Chile, ganara la presidencia. Nixon aconsejó a su equipo que “salvaran a Chile” poniendo en el trabajo a “los mejores hombres que tengamos”. El plan de acción: “hacer gritar a la economía”.

Unas semanas después de aquella reunión, el 9 de noviembre, Kissinger presentó el Memorando de Decisión de Seguridad Nacional 93, que detallaba este “plan de acción”. Con una postura pública “correcta pero fría”, escribió Kissinger, Estados Unidos debía aplicar la máxima presión para impedir que Chile accediera a nuevos fondos, incluidos los provenientes de bancos internacionales, organismos financieros multilaterales y empresas privadas estadounidenses. Tras la nacionalización de la industria del cobre en Chile, las empresas mineras multinacionales estadounidenses, como Kennecott, intentaron interceptar barcos chilenos y confiscar su cobre o impedir que el país lo vendiera a terceros, incluidos países europeos. Estados Unidos utilizó su poder en el Fondo Monetario Internacional (FMI) para bloquear préstamos y presionó a organismos internacionales para evitar que Chile iniciara procesos de arbitraje en defensa de sus minas. Las compañías navieras comenzaron a evitar los puertos chilenos y las exportaciones de cobre del país se volvieron menos atractivas. La caída del precio y del volumen exportado —el cobre representaba el 80 % de las divisas de Chile— afectó gravemente a la economía. Esta caída derivó en una crisis económica generalizada, con escasez de bienes importados y suministros industriales y una tasa de inflación que alcanzó el 200 % en 1973.

Una semana antes del golpe, Víctor Jara (en el extremo derecho de la foto) marcha por la paz y el desarrollo, 1973.

En nuestro dossier de septiembre de 2023, El golpe contra el Tercer Mundo: Chile, 1973, demostramos cómo el golpe contra el gobierno de Allende fue, en realidad, un golpe contra cualquier intento de los países del Sur Global de ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y construir una economía socialista a partir de ellos. Exactamente los mismos motivos están presentes en el caso de Venezuela. En febrero de 2019, Trump pronunció un discurso en Miami sobre Cuba, Nicaragua, Venezuela y el socialismo, en el que declaró que “ha llegado la hora del ocaso del socialismo en nuestro hemisferio”. Trump no se refería solo a América Latina, sino también a Estados Unidos, país que, insistió, “nunca será una nación socialista”.

Lo que Estados Unidos hizo en Chile entre 1970 y 1973 es precisamente lo que ha venido haciendo con Venezuela desde al menos 2017. En 1972, Víctor Jara capturó la sensibilidad de la guerra económica contra Chile —y el espíritu de resistencia del pueblo— con su canción El hombre es un creador. Es una canción sencilla, sobre la clase trabajadora en las fábricas, en el campo y bajo tierra en las minas. La última estrofa es poderosa:

Aprendí el vocabulario
del amo, dueño y patrón,
me mataron tantas veces
por levantarles la voz,
pero del suelo me paro,
porque me prestan las manos,
porque ahora no estoy solo,
porque ahora somos tantos.

Víctor Jara fue torturado y asesinado durante el golpe que derrocó a Salvador Allende. Su tumba, en Santiago, es hoy un lugar de peregrinación para lxs soñadorxs y sus sueños. Los sueños valen la pena: nos dan esperanza. Son mejores que la amargura de hombres como Nixon y Trump, Kissinger y Claver-Carone.

Cordialmente,

Vijay