En los primeros cuatro meses del 2023, la coyuntura política y social en América Latina y el Caribe ha evidenciado el lugar que ocupa nuestro continente en el contexto de un mundo en transición global y en crisis profunda. Analizar la coyuntura de nuestra región se presenta como un desafío casi inabarcable. Desde el OBSAL hacemos apenas una aproximación a los principales movimientos, a veces con un pequeño análisis, que hubo en el continente en diferentes dimensiones que abarcan el interés de los países de Nuestra América.
El inicio del 2023 ha demostrado lo que hemos mencionado en numerosos informes respecto a la crisis civilizatoria y multidimensional que atraviesa el mundo en los últimos años. Nunca sobra recordar que esta crisis es producto de las dinámicas propias del sistema capitalista, y que ponen en jaque no solamente la existencia de nuestra especie, sino la del planeta en su totalidad. En este informe nos enfocamos en un primer punto en el estado de la crisis ambiental, que ubica a más de 3 mil millones de personas en contextos vulnerables al cambio climático y deja muchas regiones del mundo sufriendo con temperaturas extremas, heladas y sequías que afectan todos los órdenes de la vida. En un segundo punto, destacamos la crisis económica que se profundizó dramáticamente en la pandemia y que ubica a nuestra región como una de las más desiguales del mundo. En algunos países, como la Argentina, condenando al endeudamiento con los organismos multilaterales de créditos. En un tercer punto, la continuación de la guerra en Ucrania continúa presentándose, por un lado, como un escenario de posibilidades productivas para nuestro continente, y, por otro, evidenciando la inviabilidad de un sistema internacional que prioriza la expansión bélica bajo los cascos de la OTAN.
Con muy malos resultados a nivel ambiental y económico, el capitalismo ha reforzado sus peores rostros para buscar re legitimarse en regiones que han parido procesos alternativos. De esa forma, encontramos a nivel regional una preocupación en el crecimiento de los autoritarismos y los experimentos neofascistas, como si fueran una posible respuesta frente a las consecuencias desastrosas y desesperanzadoras de la desigualdad. A nivel global presenta una concentración de casi dos terceras partes de la nueva riqueza generada desde 2020, en el 1% más rico de la población mundial, según el informe de OXFAM.
Frente a ese escenario global, encontramos en los primeros meses de 2023 un continente movilizado, con retrocesos, pero sobretodo, enfocado en lo que parece ser el resurgimiento de los proyectos de integración a nivel continental, y un reimpulso a escenarios de diálogo y acuerdos comunes entre los países de la región en materia política, económica y comercial, que pueden fortalecer la voz de América Latina y el Caribe en el concierto global de voces. En medio de la crisis de hegemonía que vive el imperialismo, se manifiesta la necesidad de los EE.UU. de asegurar su proyecto en nuestro continente, y que tuvo a la Jefa del Comando Sur de visita por varios países del continente manifestando, sin sonrojarse, su interés de fortalecer la presencia en la que consideran su zona de influencia, en especial por los recursos estratégicos que se encuentran en tierras nuestramericanas. Cabe destacar que en 2023 cumple 200 años desde la proclama de la Doctrina Monroe y su américa para los (norte)americanos.
El triunfo de Lula en Brasil, la continuación del proceso de las 4T con el gobierno de López Obrador en México, más los esfuerzos regionales de Honduras, Colombia, Argentina, Chile, entre otros países que consiguieron gobiernos progresistas en los últimos años, han abierto las posibilidades de que aquellos proyectos de integración como UNASUR, la CELAC y el ALBA, que fueron firmemente atacados por la derecha a nivel regional, tuvieran reuniones o novedades durante los primeros meses del año, y tengan un reimpulso que sin duda sería imposible sin estas modificaciones en términos gubernamentales en países centrales de la región. Esto, como mencionamos, es consecuencia del análisis sobre el lugar relevante que tiene nuestro continente en el contexto global, y sobre todo, en un escenario de multipolaridad donde destaca el fortalecimiento de las relaciones de China con países de nuestra región, y en especial con Brasil que nuevamente lidera un agrupamiento de integración a nivel continental.
En este primer informe de 2023, hacemos un extenso viaje por la región ubicando lo que consideramos lo que fue central en la correlación de fuerzas a nivel continental, que podía en mayor o menor medida modificar este escenario de posible re integración de América Latina y el Caribe en un proyecto de relativa soberanía respecto a los Estados Unidos. Iniciamos, entonces, con el énfasis en un Cono Sur que inició el mes de enero con un ataque al Palácio do Planalto en Brasil de hordas de Bolsonaristas y cerró el mes de abril con el triunfo del Partido Colorado en Paraguay cambiando el signo de victoria de gobiernos alternativos en las últimas elecciones a nivel continental —especialmente después del triunfo de Lula y Petro en 2022—. Argentina atraviesa una fuerte crisis económica que ya aparecía el año pasado, que se profundiza con una incertidumbre en el panorama político electoral de cara a las elecciones de octubre, donde se alerta la posibilidad de una derrota de las fuerzas del peronismo, y la aparición en escena de propuestas de derecha y ultraderecha como principales opciones, y Chile, que a pesar de intensas contradicciones del gobierno Boric, apuesta por la nacionalización del litio.
Por su parte, en Mesoamérica se encuentran dos de las grandes preocupaciones a nivel regional. Una, producto de la crisis económica que venimos mencionando, es precisamente la tragedia que sufren a diario millones de migrantes que buscan mejores condiciones de vida. Esta crisis migratoria dejó durante 2022 el saldo de 433 migrantes asesinados en la frontera de México y EE.UU., y agrava la crisis humanitaria que esto conlleva vinculado al hacinamiento de las y los migrantes en los centros de detención, la militarización de las fronteras y la permanente violación de Derechos Dumanos de las personas que buscan cruzar la línea. Por otro lado, la expansión del fenómeno Bukele, a nivel regional, pareció legitimar en los primeros meses del año la denominada “guerra contra las pandillas” como un modelo exitoso para implementar en diferentes países de la región, reforzando los discursos militaristas y securitizantes que buscan disfrazar con fuertes medidas represivas las consecuencias dramáticas de la desigualdad social en El Salvador y en toda la región. En términos electorales, en esta subregión se avecinan las elecciones en Guatemala en el próximo mes de junio en un panorama de fragilidad institucional, corrupción y fragmentación política que ponen muy difícil un escenario de transformación en el país que se encuentra sumida en una grave crisis de desigualdad y falta de derechos básicos para su población. En esa misma línea, se ubica la grave crisis humanitaria que vive Haití producto de la violencia de las denominadas bandas o pandillas delincuenciales, que en connivencia con las fuerzas de seguridad, y con un gobierno de facto que en vez de convocar a elecciones, busca traer intervencionismo extranjero, ha dejado solo en los 4 primeros meses del año cerca de 500 personas asesinadas.
Los escenarios de violencia producto de la desigualdad, y de la aparición y multiplicación de las bandas vinculadas con el narcotráfico también tienen lugar en los Andes, especialmente en Ecuador donde el incremento de la inseguridad junto a la crisis carcelaria precedente de años atrás, ha llevado la conflictividad social a niveles preocupantes, ubicando al presidente Guillermo Lasso en una crisis sin precedentes que incluye un pedido de destitución en su contra por delitos de corrupción. Asimismo, los escenarios de represión y violencia por parte de las mismas fuerzas de seguridad son moneda corriente en un Perú que continúa sufriendo las políticas de la dictadura parlamentaria de Dina Boluarte, quien se encuentra gobernando para los intereses de la derecha local, y la embajada de EE.UU., dando la espalda a un pueblo que lleva 5 meses movilizado exigiendo su renuncia inmediata y la convocatoria a una Constituyente.
Sin embargo, a pesar del crítico escenario y de las dificultades propias del avance de los procesos progresistas y revolucionarios, este 2023 ha presentado escenarios esperanzadores para fortalecer el proyecto de integración continental que mencionamos anteriormente, y que estuvieron presentes en la renovación de la Asamblea Nacional en Cuba con la reelección de Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba; el avance del proceso de cambio en Bolivia que, en medio de internas preocupantes, continúa fortalecido económicamente; las medidas de respeto a su programa de gobierno en el caso de Gustavo Petro en Colombia que a pesar de tomar decisiones aparentemente impopulares, está dispuesto a impulsar cambios de gabinete, y a continuar el proyecto de la Paz Total con todos los grupos armados del país, así como desarrollar iniciativas en materia de política exterior como la convocatoria a la Conferencia Internacional sobre el proceso político en Venezuela. Por su parte, la Revolución Bolivariana que el pasado 05 de marzo conmemoró los 10 años de la partida física del Comandante Chávez, continúa su exigencia al levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales.
Como mencionamos al inicio, son apenas cuatro meses en los que parece que hubieran pasado años teniendo en cuenta el movimiento de actores, escenarios, posibilidades y preocupaciones que atraviesan nuestra región. A continuación en profundidad los diferentes elementos que mencionamos y que buscan servir como herramienta para los análisis de coyuntura, y sobre todo, para las estrategias de lucha de los movimientos y organizaciones del campo popular de toda Nuestra América.
En nuestro último informe de fines del año pasado señalamos cómo en los documentos de los organismos internacionales a lo largo del 2022, al compás de los efectos globales de la pandemia y la guerra en Europa, se señalaban la presencia y riesgos de una crisis multidimensional y profunda. Así, por ejemplo, el informe anual 2022 del Banco Mundial advertía sobre el despliegue de “múltiples crisis superpuestas” y la CEPAL hablaba de “una sucesión ininterrumpida de crisis”. En la misma dirección, el informe sobre los riesgos globales difundido en 2023 por el Foro Económico Mundial – FEM (The Global Risks Report 2023) afirmó que “los primeros años de esta década anuncian un periodo especialmente agitado en la historia de la humanidad” y que “las crisis concurrentes, los riesgos profundamente interconectados y la erosión de la resiliencia están dando lugar al riesgo de poli-crisis”, que es “cuando crisis dispares interactúan de tal manera que el impacto global supera con creces la suma de cada una de las partes”.
El reconocimiento por parte de estas instituciones del poder mundial sobre la actualidad de esta “poli-crisis”, para utilizar el neologismo acuñado por el FEM, da cuenta de su magnitud y gravedad. Para el pensamiento crítico emancipatorio y los movimientos populares, sin embargo, ello no es novedad. Desde hace décadas vienen señalando que el despliegue de las transformaciones neoliberales, la etapa presente del capitalismo, implica la progresión de una crisis que atraviesa las diferentes dimensiones sociales y que por su amplitud y profundidad se suele llamar “civilizatoria” o “de la civilización dominante”. Examinemos algunas de las novedades que en estos primeros meses de 2023 jalonan las dimensiones de esta crisis.
Los resultados de la última Encuesta de Percepción de Riesgos Globales (GRPS, Global Risk Perception Survey 2023) realizada por el FEM a cientos de líderes políticos; empresarios; funcionarios e integrantes de ONGs da cuenta de la importancia y pesimismo que dicha élite global manifiesta frente al avance del cambio climático. Así, las cuatro primeras amenazas identificadas por este grupo para los próximos diez años advierten sobre: a) el fracaso en la mitigación del cambio climático, b) el fracaso en la adaptación al cambio climático, c) los desastres naturales y eventos climáticos extremos y, d) el colapso de ecosistemas y pérdida de biodiversidad.
La actualidad de la crisis climática resulta fácilmente perceptible en la reiteración y expansión de fenómenos meteorológicos extremos (desde calores sofocantes, sequías e incendios a tormentas intensas y fríos agudos) tal como lo reconoce el último informe de principios de 2023 del Grupos de Expertos Intergubernamentales sobre el cambio climático de Naciones Unidas (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change). El mismo señala que la “temperatura superficial global alcanza en 2011-2020 1,1 °C por encima de 1850-1900” siendo que “la temperatura de la superficie global ha aumentado más rápido desde 1970 [es decir, en el marco de la neoliberalización capitalista] que en cualquier otro período de 50 años durante al menos los últimos 2000 años”. Sus consecuencias catastróficas ya se dejan sentir. Así, el informe señala que “aproximadamente entre 3.300 y 3.600 millones de personas viven en contextos altamente vulnerables al cambio climático” y que “el aumento de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos ha expuesto a millones de personas a la inseguridad alimentaria aguda y la reducción de la seguridad hídrica, con los mayores impactos adversos observado en… África, Asia, América Central y del Sur… y a nivel mundial para los Pueblos Indígenas, productores de alimentos a pequeña escala y comunidades de bajos ingresos”. Asimismo, “entre 2010 y 2020, la mortalidad humana por inundaciones, sequías y tormentas fue 15 veces mayor en regiones altamente vulnerables, en comparación con regiones con muy baja vulnerabilidad” y “aproximadamente la mitad del mundo… experimenta una grave escasez de agua durante al menos parte del año debido a una combinación de factores climáticos y no climáticos” (la traducción es nuestra).
Las perspectivas que plantea el informe hacia el futuro resultan también muy preocupantes; incluso “los riesgos relacionados con el clima son más altos que los evaluados en AR5 [el informe anterior] y los impactos a largo plazo proyectados son hasta varias veces mayores que los observados”. Asimismo, más allá de las medidas que se tomen “el calentamiento global seguirá aumentando en el corto plazo (2021-2040) principalmente debido al aumento de las emisiones ya acumuladas de CO2” en la atmósfera. Así, aún si se redujeran significativamente las emisiones —un escenario lamentablemente muy poco probable— el informe estima igual una elevación de 1,4 °C de la temperatura global para 2081-2100; para emisiones intermedias se estima una elevación a 2,7 °C y “4.4°C para un escenario de emisiones de GEI muy alto” siendo que el Acuerdo de París se proponía contener dicha elevación en un rango de 1,5-2 °C en el acuerdo que por encima de ello las consecuencias serían catastróficas.
El último informe del Banco Mundial de abril de 2023 titulado “Caída de las perspectivas de crecimiento a largo plazo: Tendencias, expectativas y políticas” (Falling Long-Term Growth Prospects: Trends, Expectations, and Policies) prevé para el periodo 2022-2030 una tasa de crecimiento muy baja para la economía mundial (2,2% anual) así como Indermit Gill, economista en jefe y vicepresidente sénior de Economía del Desarrollo del Banco Mundial. alerta que “podríamos estar ante una década perdida”. En la misma dirección, el Banco Mundial redujo sus expectativas de crecimiento para América Latina y el Caribe a 1,4% para 2023 y prevé para 2024 y 2025 un 2,4 %.
La actualidad y perspectivas de un bajo crecimiento económico, en algunos casos casi en situación de estancamiento, se han combinado en el último tiempo con un incremento de los precios; incluso el propio FMI ha reconocido en marzo que “un año después de que la invasión rusa de Ucrania trastocara los mercados de productos agrícolas básicos, los precios de los alimentos permanecen elevados pesa a haber retrocedido de los máximos registrados a comienzos de 2022”. Este escenario inflacionario llevó en el último año al gobierno estadounidense a adoptar una política de elevación de las tasas de interés, respuesta neoliberal ortodoxa propuesta por todos los organismos internacionales para controlar la inflación. Los resultados funestos de estas políticas han quedado de manifiesto nuevamente en los últimos meses. Por una parte, en los países del Norte Global, desataron una crisis bancaria iniciada con la quiebra del banco estadounidense Silicon Valley Bank en marzo y que, entre sus repercusiones, conllevó la caída y compra del Credit Suisse, mostrando la extrema fragilidad de un sistema financiero configurado por las transformaciones neoliberales. Así, algunos economistas críticos han señalado que “la crisis bancaria aún no ha terminado… podría haber una crisis continua que dure años, haciéndose eco de lo que sucedió durante la crisis de las cajas de ahorro de EEUU de los años 1980-90”, pero “lo que es seguro es que los términos del crédito se están endureciendo, los préstamos bancarios se reducirán y las empresas de los sectores productivos tendrán cada vez más dificultades para recaudar fondos para invertir y los hogares para comprar bienes caros”. También en este caso, el incremento de las tasas de interés traen como resultado azuzar la recesión.
Por otra parte, este incremento en los mercados financieros del Norte ha repercutido negativamente (y repercutirá aún más en el futuro) en el Sur global, particularmente sobre el endeudamiento externo de estos países. Sobre ello, justamente nuestro Cuaderno del OBSAL de marzo del año pasado fue dedicado a la problemática de la deuda y el FMI, así como el reciente Dossier N° 63 elaborado por el Instituto Tricontinental de Investigación Social, examinan esta cuestión. En este último, que analiza particularmente la situación en África, se señala que “entre 2011 y 2019, el Banco Mundial informó que la deuda pública en una muestra de 65 países en desarrollo aumentó un 18% del PIB en promedio, y mucho más en varios casos. En África subsahariana, por ejemplo, la deuda aumentó una media de 27% del PIB”. Tal es la magnitud del problema que la última reunión de primavera del Banco Mundial realizada a principios de abril estuvo dedicada justamente a “superar el endeudamiento” que a fines de 2021 para las “economías en desarrollo” había aumentado “a más del doble en comparación con la década anterior, hasta llegar a USD 9 billones… [siendo] la situación… aún más grave en los países más pobres”. La conocida crisis en Sri Lanka que estalló en 2022 y las situaciones críticas de Zambia y Ghana también se replican en el continente latinoamericano, particularmente en el caso de Argentina con una monumental deuda contraída directamente con el FMI.
Si con un crecimiento del PBI del 3,7% en 2022 (CEPAL, 2022), la desigualdad se incrementó en la región; la perspectiva de una disminución de la actividad económica para este año tenderá a agravar inevitablemente la situación social. Una tendencia que viene desplegándose en los últimos años, promovida por las transformaciones neoliberales y agudizada en el contexto de la crisis civilizatoria, la pandemia y la guerra. Así, en su informe de mediados de enero OXFAM señaló que “el 1 % más rico ha acaparado casi dos terceras partes de la nueva riqueza generada desde 2020 a nivel global, casi el doble que el 99 % restante de la humanidad” y que “la fortuna de los milmillonarios está creciendo a un ritmo de 2.700 millones de dólares al día, al mismo tiempo que al menos 1.700 millones de trabajadoras y trabajadores viven en países en los que la inflación crece por encima de los salarios”. Sobre ello, también el Reporte sobre desigualdad global 2022 del World Inequality Lab afirmó que en 2021 el 10% más rico de la población se apropió del 52% de los ingresos y del 76% del bienestar. En igual dirección, el último informe de la OIT señaló que “Las perspectivas mundiales del mercado de trabajo se deterioraron considerablemente en 2022” y “se prevé que el desempleo aumente en 2023 alcanzando los 203 millones de personas”.
Frente a esta crisis social sin límites ni solución —que constituye otra de las dimensiones acuciantes de la crisis civilizatoria— la continuidad de las transformaciones neoliberales se ha revestido de un creciente autoritarismo, incluso como respuesta al crecimiento de las alternativas populares. Sea con la emergencia de los neofascismos y los Estados securitarios —que tienen también raíces desde abajo— o de los golpes parlamentarios y la represión —desde arriba—, Nuestra América se encuentra atravesada por esta contradicción entre capitalismo neoliberal y democracia popular que ya hemos examinado en informes anteriores. En estos primeros meses del año, la asunción presidencial de Luiz Inacio Lula da Silva y sus primeros meses de gobierno marcaron la derrota del proyecto bolsonarista y sus intentos desestabilizadores en Brasil; así como el afianzamiento bajo una intensa represión del gobierno autoritario de Dilma Boluarte en Perú signó el regreso a la región del instrumento del golpe parlamentario que en 2016 había destituido a Dilma Rousseff. Así también Centroamérica se destaca en estos primeros meses del año por afrontar el crecimiento de las respuestas autoritarias de cara a la crisis social y a la emergencia de las fuerzas populares. Como examinamos en las páginas que siguen, una región signada por la continuidad del Estado de excepción y el encarcelamiento masivo promovido por Bukele en El Salvador, por las denuncias de amenazas de golpe de estado en Honduras, y por la proscripción de la candidata indígena Thelma Cabrera en Guatemala, quien era una de las favoritas para llegar a la segunda vuelta, entre otros hechos.
A fines de febrero se cumplió un año de la invasión rusa y la confrontación militar abierta en Ucrania, culminación de un proceso más largo iniciado con el Euromaidan y las intervenciones de “limpieza étnica” en la región ucraniana pro-rusa. Las expectativas rusas de una resolución rápida del conflicto naufragaron en los primeros meses del conflicto, así como la estrategia otanista de que la guerra de desgaste y el bloqueo económico provocaran una crisis interna y caída del gobierno ruso también se mostró ineficaz en el transcurso del 2022. Por el contrario, en el terreno militar, desde fines del 2022 una lenta pero permanente ofensiva rusa mutó el sentido de la guerra de desgaste. Ausente de victorias en el escenario militar, el gobierno ucraniano y la coalición de la OTAN promovieron acciones que amenazaron con la ampliación bélica —incluso en el formato de una III Guerra Mundial— o de su escalada nuclear. El último ejemplo de ello fue la incorporación de Finlandia a dicha organización en abril. Asimismo, la dinámica del conflicto, como ha sucedido en otras ocasiones, supuso un creciente involucramiento de los EE. UU. y Europa que fue de la provisión de financiamiento y armamento; el suministro de información de inteligencia; y la capacitación militar y técnica; hasta la dirección militar directa en el terreno de operaciones y la provisión de fuerzas militares —de modo indirecto o directo—, tal como lo confirma la reciente filtración de papeles del Pentágono.
En esta dirección, la amenaza de la expansión mundial de la guerra rememora las pesadillas de una confrontación nuclear que signó la llamada “Guerra Fría” y resulta, junto a la crisis climática, una de las dimensiones más catastróficas de la actual “crisis civilizatoria”. En el pasado, el pensamiento crítico ya había señalado que, ante la declinación de su hegemonía global, EE. UU. recurriría al momento militar sustentado en la supremacía que todavía detentaba en ese terreno. Como ya analizamos en otros informes anteriores, la estrategia del gobierno de Biden y de la fracción del bloque dominante que representa ha optado por intentar reconstruir una globalización recortada y agresiva fundada, más allá de los buenos modales, en la guerra o la amenaza militar. La subordinación de Europa, la ruptura de sus vínculos con Rusia, el desgaste de ésta y el aislamiento de China, incluso motorizando militarmente sus alianzas en el Pacífico establecen la cuadratura de un plan cuyo capítulo latinoamericano es la reedición del pacto colonial y de la doctrina Monroe. Una América Latina y Caribeña atravesada por un nuevo ciclo de luchas sociales y cambios progresistas se encuentra asimismo en el ojo del huracán de las disputas por la transición hegemónica global y la intervención imperial. Examinamos esta cuestión en el punto siguiente.
Como se anticipó párrafos atrás, los primeros meses de 2023 mostraron un intenso panorama a nivel global. Al mismo tiempo, algunos hechos confirmaron el papel de relevancia que tiene América Latina y el Caribe en un mundo cada vez más agitado, en el que da la sensación de que cualquier cosa puede pasar.
Diversos analistas han planteado la oportunidad que tiene Brasil, en este tercer gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva y cuarto del PT, para jugar un papel geopolítico importante luego del interregno bolsonarista. Los primeros movimientos del nuevo gobierno parecen confirmar el rumbo del gigante de América del Sur, pieza fundamental en los BRICS y ya histórico aspirante a un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, en caso de una eventual ampliación.
Además de su viaje a EE. UU. para reunirse con Biden, se destaca especialmente la visita de Lula a China para sostener un encuentro con Xi Jinping, hecho que tiene relevancia en sí mismo y más aún con el despliegue de su posición contraria a la supremacía del dólar como moneda de intercambio. A estas visitas a las dos principales potencias en disputa hay que sumarle también los viajes a España y Portugal —en este último país se debatió reimpulsar el acuerdo entre el Mercosur y la UE—, y especialmente la recepción en Brasilia del canciller ruso Sergei Lavrov, en el comienzo de su gira por América, que también lo llevó a Venezuela, Nicaragua y Cuba.
En estos primeros meses, la voz de Lula fue una de las pocas discordantes entre las grandes y medianas potencias “occidentales” respecto a la guerra en Ucrania, planteándose incluso como uno de los vectores de posible mediación en el conflicto. Otro punto de conflicto con EE. UU. como veremos, fue su negativa a suscribir la declaración de la Cumbre de la Democracia precisamente por sus diferencias respecto al abordaje de ese conflicto bélico. Por último, en el plano de la integración el nuevo gobierno tomó algunas decisiones y ofreció signos concretos respecto al reimpulso de su política hacia los nuevos organismos regionales.
En el plano continental se consolida una situación de relativa debilidad de la OEA, que a 75 años de su fundación atraviesa una situación inédita, con un declive relativo de EE. UU. y la emergencia de procesos de unidad que permiten mayor autonomía a algunos países en diferentes subregiones. A esto hay que sumarle, en la coyuntura, lo que parece ser la caída en desgracia del secretario general Luis Almagro, activo instrumento de la política exterior norteamericana. Al respecto, es interesante un material elaborado por CELAG respecto a sus vínculos con sectores ligados a Trump y a la ultraderecha latinoamericana, con base en Miami. Las últimas tribulaciones del excanciller del Pepe Mujica hacen referencia a una investigación “por violación de obligaciones éticas”. Esta investigación fue respaldada por dos congresistas estadounidenses, que le enviaron al canciller Anthony Blinken y al embajador en la OEA, una carta pidiendo que sea apoyada por el gobierno de Biden. En la nota, difundida por Progressive Internacional, también se destaca el rol de Almagro en el golpe de Estado en Bolivia en 2019.
Si bien la OEA tiene una estructura con funcionamiento permanente, que no hay que subestimar, en los últimos meses continuó la revitalización de la CELAC, que se reunió en Buenos Aires en enero y donde participó Brasil, que vuelve al organismo después de que el expresidente Jair Bolsonaro se retirara tres años atrás, a principios de 2020.
En esta ocasión, el presidente argentino Alberto Fernández traspasó la presidencia a Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas y uno de los referentes políticos históricos del Caribe, que se convirtió así en el tercer mandatario en asumir la conducción de este espacio de integración en esta segunda temporada de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Gonsalves es un impulsor de políticas de soberanía y de integración en el continente y habló de ello en una entrevista realizada por OBSAL para un proyecto conjunto con ALAI en los primeros meses de 2022.
Antes de Fernández, la CELAC fue impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador desde enero de 2020, quebrando así la parálisis de la etapa previa, de contraofensiva de EE. UU. y sus aliados. Sobre el saldo específico de la Cumbre en términos de acuerdos concretos hubo diferentes visiones, desde las que consideraron que la CELAC salía “recargada” de este encuentro hasta quienes plantearon un escenario de “mucho ruido y pocas nueces”.
En paralelo, Argentina y Brasil anunciaron el regreso a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), en lo que pueden ser dos primeros pasos importantes en el camino de la reactivación, en este 2023, de este espacio de unidad en América del Sur.
Mientras en enero dos países del Caribe asumían las presidencias protempore de espacios importantes —Cuba la del G77 + China y San Vicente y las Granadinas la de la CELAC— la subregión se preparaba para una nueva reunión de Caricom, organismo que este año cumple medio siglo de vida.
Entre el 15 y el 17 de febrero, se llevó a cabo la 44º Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom) en Las Bahamas. Participaron los jefes de Estado de Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, y representantes de Surinam. Asimismo, asistieron autoridades de miembros asociados como Bermuda, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Turcas y Caicos.
En el encuentro se suscribieron acuerdos sobre temáticas comunes, como el calentamiento global, salud, mercado común, desarrollo del transporte y la producción de alimentos. Por otro lado, hicieron un llamado al levantamiento del “embargo” impuesto por Estados Unidos contra Cuba y a la eliminación de sanciones a Venezuela “para permitir que los países de la región se beneficien de la iniciativa PetroCaribe y progrese la exploración de los campos de gas natural entre Trinidad y Tobago y Venezuela”.
Otro de los temas presentes durante toda la conferencia fue la crisis que está atravesando Haití. Los países acordaron brindar mayor apoyo al gobierno y al pueblo haitiano y realizar una visita al país, que finalmente se llevó a cabo el 27 de febrero.
La presencia llamativa en la reunión fue la del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau que, por un lado, fue a ofrecer fondos para distintas iniciativas relacionadas con el cambio climático o la salud y, por el otro, manifestó sus intenciones de seguir enviando buques y aviones militares a Haití, con la excusa de apoyar a la policía haitiana a combatir la violencia.
Cabe destacar que, luego del pedido del primer ministro haitiano de “ayuda” internacional en octubre pasado, Canadá y Estados Unidos han venido debatiendo sobre la posibilidad de formar una fuerza conjunta para enviar Haití y no se han puesto de acuerdo. Sin embargo, Canadá ya envió aviones y avisó que va a enviar buques.
Además, se conversó sobre algunos temas relacionados con las fronteras entre Belice y Guatemala, Belice y Honduras y Guyana y Venezuela, así como de la situación de gobernanza de las Islas Vírgenes Británicas, reafirmando su derecho a la libre determinación y reclamando al Reino Unido que desista de la intención de disolver la Asamblea legislativa e imponer un gobierno directo sobre las Islas.
En el caso de Guyana y Venezuela, se trata de dos países del Caribe continental que mantienen un diferendo histórico —con raíces en el pasado colonial— por la región del Esequibo. El conflicto sumó un nuevo capítulo a principios de abril, cuando la Corte Internacional de Justicia decidió en contra de un pedido de Venezuela declarándose competente en la controversia. La intensificación de la disputa se da de la mano con el desarrollo de proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos en las aguas del Caribe que son parte del área en reclamación; e involucra entre otros actores a la ExxonMobil Corporation, que proyecta una significativa inversión en lo que es considerado una “nueva Dubai”. Precisamente para abril estaba prevista una licitación importante, que fue suspendida temporalmente por el gobierno de Guyana.
A fines de marzo se desarrolló en Santo Domingo una nueva edición de la devaluada Cumbre Iberoamericana, organización por medio de la cual Portugal y especialmente el Reino de España pretenden mantener una línea abierta de relación con el continente, en el marco de lo que denominan como Iberoamérica, una supuesta identidad común que está anclada de manera anacrónica en los antiguos lazos de dominación por parte de esas potencias europeas en la región, desde fines del siglo XV hasta el siglo XVIII. Como es habitual, el encuentro fue más importante en clave de propaganda de este concepto que en cuanto a definiciones con un impacto relevante en el escenario geopolítico.
Dentro de este marco limitado, igualmente se destacaron algunas manifestaciones, como la aprobación de un documento en rechazo a la política estadounidense de bloqueo hacia Cuba, que caracteriza a las medidas coercitivas unilaterales como “contrarias a la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional”; así como otro acuerdo sobre “la necesidad imperante de una reforma estructural de la arquitectura financiera internacional”, para lograr “un mayor influjo de recursos destinados al desarrollo sostenible” en la región. Además, se difundió una declaración específica “sobre la cuestión Malvinas”, en la que convocan a reanudar las negociaciones entre Argentina y el Reino Unido para “encontrar una pronta solución a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, en el marco de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos y de las disposiciones y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo el principio de integridad territorial”. El sinuoso texto apunta a conciliar intereses y posturas irreconciliables, entre un continente americano que respalda la soberanía argentina en las islas del Atlántico Sur y por otro lado posiciones como la del Reino de España, que apoya la ocupación ilegal que mantiene el Reino Unido en ese territorio americano, en el que por otra parte las empresas de la península ibérica —en especial las pesqueras— no se privan de hacer negocios.
En líneas generales, la Cumbre se inscribió en los renovados esfuerzos de los países de Europa occidental por recuperar posiciones en el continente americano, lo que en sus documentos oficiales denominaron “el relanzamiento de la interacción birregional” . En este camino, otro espacio de relevancia será la Cumbre Unión Europea – CELAC, que se desarrollará en Bruselas el 17 y 18 de julio.
También a fines de marzo se realizó la tercera versión de la llamada “Cumbre de la Democracia” organizada por Biden de forma virtual. Al encuentro, con el que EE. UU. busca institucionalizar un bloque en su disputa con China, fueron convocados sólo aquellos países que Washington considera que entran en su definición de democracia. Fuera de los temas previsibles, lo interesante para la región fue el rechazo de Brasil a suscribir la declaración final y la escasa participación de países del Caribe —ningún país de esta subregión aparece como firmante del documento—.
En el caso de Brasil, la disidencia principal fue el desacuerdo con el abordaje de la guerra en Ucrania. El gobierno de Lula planteó que el ámbito natural de discusión del tema es la Organización de Naciones Unidas. Como destaca desde un enfoque conservador el experimentado analista Rosendo Fraga, Brasil prefirió marcar distancia y coincidir con los BRICS antes que con el poderoso anfitrión de la Cumbre, a diferencia de otros países que firmaron la declaración sin disidencias —o con disidencias menores— y “constituyen el bloque más alineado con Washington, aunque muestran líneas político-ideológicas diferentes”. Entre estos países se encuentran Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, con gobiernos que ocupan de conjunto un amplio arco político, desde el progresismo moderado hasta la ultraderecha.
Por fuera de estos organismos, y con base en las afinidades políticas —además de los problemas en común, que en algunas ocasiones alcanzan magnitudes importantes—, los temas económicos y financieros atraviesan las iniciativas bilaterales y multilaterales. Este es, por ejemplo, el caso de la inflación. A principios de marzo, el presidente mexicano anunció que sostuvo conversaciones con los presidentes de Brasil, Argentina, Colombia y Cuba “para intercambiar puntos de vista, unirnos, ayudarnos mutuamente a enfrentar el problema inflacionario”. Poco después el mandatario argentino declaró que tenía el interés de sumar a Chile a esta estrategia.
Otro de los puntos destacados de este cuatrimestre fue el enfrentamiento entre EE. UU. y México. Ante el intento de algunos sectores de intervenir militarmente con la excusa de la “guerra contra las drogas”, a principios de marzo el propio López Obrador condenó esta pretensión situándola en términos bastante claros: “A México se le respeta. No somos una colonia de EE. UU.”, expresó el presidente mexicano. Poco después, a mediados de abril, AMLO acusó al Pentágono y la DEA de espiar a las Fuerzas Armadas Mexicanas y también señaló que desde estos organismos se filtra información hacia medios de comunicación de su propio país.
Estos y otros signos de integración se dan en un contexto donde la rama militar de EE. UU. continúa elevando el perfil, en particular en torno a la disputa por los territorios con existencia de bienes que pueden ser transformados en recursos energéticos. En este sentido causaron revuelo las declaraciones de la jefa del Comando Sur, Laura Richarson, quien advirtió sobre la importancia de la disputa en este plano. Justamente en momentos en que aparecen decisiones importantes de gobiernos como el de México y Chile respecto al litio. Otra señal, aunque en este caso civil, de la misma política fue la visita a Argentina de la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, segunda de Antony Blinken en el Departamento de Estado, quien sostuvo reuniones con altos funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Energía de este país, en lo que pareciera ser un eslabón de intensas presiones para que Argentina no desarrolle una central nuclear con tecnología china.
En el Cono Sur, los primeros cuatro meses del año estuvieron cargados de intensidad. Para ejemplificar, basta señalar que el 1º de enero asumió Lula la presidencia de Brasil y comenzó así su tercer mandato por elección popular —el primero luego de la persecución judicial que le impidió presentarse y facilitó el triunfo de Jair Blsonaro en 2018— y sumarle que el último día del cuatrimestre, el 30 de abril, se realizaron las elecciones presidenciales en Paraguay, en las que el Partido Colorado retuvo el gobierno, en una elección que dejó varios temas para analizar. Entre los dos extremos de este período se desarrollaron una gran cantidad de hechos y procesos significativos en estos países, así como en Argentina, en Chile y en Uruguay. Este será un breve intento de síntesis que apenas mencionará —e incluso dejará afuera— temas muy importantes.
La elección de Paraguay es significativa para el futuro del país pero también tiene implicancias geopolíticas. Se trata de uno de los aliados históricamente más estrechos de EE. UU., que desde 2022 pasó a intervenir abiertamente en el escenario político local, incluso con alocuciones del embajador norteamericano en Asunción y de otros funcionarios del Departamento de Estado, seguidas en vivo por todo el periodismo, el arco político y otros sectores de la sociedad paraguaya. No era para menos, porque entre otras medidas EE. UU. informó que oficialmente declaraba como “significativamente corruptos” al expresidente y hombre fuerte del partido Colorado Horacio Cartés y al vicepresidente (y entonces precandidato a la presidencia) Hugo Velázquez, además de otros funcionarios administrativos y judiciales.
En relación con los resultados de las elecciones, en primer lugar hay que apuntar que la candidatura de Santiago Peña (con 42,74% de los votos) obtuvo una diferencia clara sobre Efraín Alegre (28,74%). Peña, de perfil tecnócrata, fue ungido por Cartes. Alegre fue el candidato de la Concertación Nacional, una coalición liderada por el Partido Liberal Radical Auténtico que agrupó desde partidos de ultraderecha como Patria Querida hasta sectores del Frente Guasú (FG). En muchas especulaciones previas se esperaba un resultado más ajustado.
El otro dato saliente de la jornada fue la votación alcanzada por Payo Cubas, un referente de ultraderecha que con su partido Cruzada Nacional, de escasa estructura, logró el 22,91%. Luego de conocerse los resultados, Cubas denunció fraude por parte del Partido Colorado y convocó a sus seguidores a movilizarse. Al cierre de esta edición, se registraban algunas protestas frente al Tribunal Electoral.
La izquierda, que fue dividida en la candidatura presidencial —otros sectores del FG apoyaron la candidatura de Euclides Acevedo, que llevaba como presidente al senador Jorge Querey y alcanzó el 1,36%—, se presentó unificada en una lista para el Senado pero esta alcanzó apenas el 2% de los votos. De esta manera, a partir del próximo período su bancada se reduce a solo una senadora: Esperanza Martínez. Más allá de su mala elección, el Frente Guasú deberá afrontar también una etapa compleja en el marco de las tensiones que recorrieron la campaña y que están lejos de resolverse.
En relación con el parlamento, el Partido Colorado contará con mayoría en ambas cámaras, aunque eso no asegurá que no habrá conflictos internos, como los protagonizados en la actual etapa de gobierno entre Honor Colorado, que responde a Horacio Cartes, y Añetete, al todavía presidente Mario Abdo.
El nuevo gobierno deberá afrontar un debate que crece en el país respecto a la política exterior: la relación con China, imposible mientras Paraguay sea uno de los pocos países del mundo —y el único en América del Sur— que reconoce la existencia de Taiwán como Estado soberano. Además, se encuentra pendiente de discusión con Brasil el Anexo C del Tratado de Itaipú, en relación con las posibilidades —negadas hasta el momento— que tiene Paraguay de vender su excedente de energía a precios de mercado. A estos temas hay que sumarles desafíos internos comunes a la región pero que impactan de modo específico, como el crecimiento del narcotráfico y la violencia asociada al fenómeno, que incluye corrupción policial, militar y en general, de todos los niveles del Estado. Otro tema central es el conflicto por tierras y la necesidad de un proceso de reforma agraria que garantice tierra para trabajar y para vivir a la población rural, que en Paraguay es el 37,5% del total.
En el caso de Brasil, como señalamos al principio, el 1º de enero de 2023 Lula juró por tercera vez como presidente. El acto de investidura estuvo cargado de simbolismo positivo, que acompañó el sentimiento de esperanza que se había manifestado tras la victoria electoral en octubre de 2022. La banda presidencial no la pasó Bolsonaro, que se negó a estar presente en el acto, sino Aline Souza, de 33 años, una recicladora que trabaja en una cooperativa y es madre de siete hijos. Además de Souza, participaron en la ceremonia otras siete personas que representaban la diversidad del pueblo brasileño.
Tras la esperanza representada por la victoria de Lula y la toma de posesión, un golpe de realidad golpeó a la sociedad brasileña. El 8 de enero, partidarios de Jair Bolsonaro invadieron la Praça dos Três Poderes en Brasilia y atacaron el Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF). Aunque este acto fue repudiado por la gran mayoría de la sociedad, incluidos los principales medios de comunicación, demostró que el bolsonarismo no murió con las elecciones. Puede que se haya debilitado, pero para extirparlo de la sociedad será necesario tomar una serie de medidas, entre ellas castigar a los participantes, financiadores y principales líderes políticos del bolsonarismo.
Después de 4 años de gobierno de destrucción, la misión del nuevo gobierno de Lula es reconstruir el país. Esta reconstrucción comenzó su primer día cuando revocó el decreto que facilitaba la portación de armas, revocó una medida del gobierno de Bolsonaro que incentivaba la minería ilegal en la Amazonia, firmó una medida provisoria garantizando el pago de ayudas de 600 reales, entre otras. En estos cuatro meses, Lula recuperó el protagonismo internacional de Brasil, al reunirse con líderes latinoamericanos, con Joe Biden, en Estados Unidos, y especialmente por su viaje a China y su encuentro con Xi Ji Ping. Además de firmar 15 acuerdos con el gigante asiático, Lula reafirmó la política exterior independiente de Brasil al proponer que las negociaciones entre países se hicieran de otra forma, no a través de la intermediación del dólar.
En estos primeros cuatro meses de gobierno, también han comenzado a manifestarse los desafíos que habían sido planteados por OBSAL en nuestro último Cuaderno de 2022, Entre la esperanza y los desafíos: perspectivas para el tercer gobierno Lula.
En el frente económico, los principales desafíos se centraron en la política monetaria y la política fiscal. En cuanto a la primera, Lula criticó las elevadas tasas de interés que había en el país y al presidente del Banco Central de Brasil (Bacen). La política de altas tasas de interés obstaculizaba el crecimiento económico y podía incluso contribuir a un proceso recesivo al encarecer los préstamos y el consumo. El presidente del Bacen fue nombrado por el gobierno de Bolsonaro y está demostrando que no pretende utilizar la política monetaria para satisfacer las necesidades de la población. El problema es que con la aprobación de la autonomía del Bacen, realizada durante el gobierno de Bolsonaro, también se aprobó que el presidente del organismo tenga un mandato de cuatro años, período que terminará en medio del gobierno subsiguiente, y no puede ser cambiado por decisión del presidente de la República. Campos Neto es un antiguo ejecutivo del Banco Santander, con una visión económica diferente que no responde a aspiraciones socioeconómicas del gobierno de Lula.
La política fiscal actual es de limitación del gasto público. Aprobada durante el gobierno de Michel Temer, esta política congeló el gasto público durante 20 años. En la práctica cualquier política de desarrollo económico dejaría a las áreas sociales carentes de los recursos necesarios. En un intento por cambiar la actual política fiscal, el Gobierno, a través de su ministro de Hacienda, Fernando Haddad, envió al Congreso una nueva propuesta para el área. La misma, aunque sigue siendo insuficiente para atender las reales necesidades sociales, presenta algunos puntos de avance en relación con el techo de gasto público al sacar el foco de la política fiscal en la contención del gasto y dirigir la atención hacia la recaudación y las metas de resultados primarios. Aunque las metas son rígidas, en la presentación del gobierno del documento se destaca que el nuevo marco fiscal asistirá a los pobres en el presupuesto, recuperará las políticas sociales y habrá más margen para la inversión pública.
La autonomía del Banco Central y la política de limitación del gasto público son dos salvaguardas para mantener la adopción de políticas económicas neoliberales, independientemente del gobierno que esté al frente del país. Fueron medidas que se establecieron después del golpe de 2016 a Dilma Rousseff y también en el gobierno de Bolsonaro. Estructurar así las áreas fiscal y monetaria es quitar autonomía a los gobiernos legítimamente elegidos para manejar las principales políticas económicas según sus necesidades. Es estar bajo la imposición de los designios del “mercado”. Esta institucionalización de la política económica no tiene nada de democrática. La estructuración de la política económica puede ser un factor más que explique la connivencia de las clases dominantes del país en 2022 ante la posibilidad de la victoria de Lula y su respaldo a los resultados electorales. El margen de maniobra a nivel de política económica para cambiar es pequeño y, si se produce, es muy lento. El nuevo marco fiscal es un avance, aunque sea limitado. El pueblo brasileño debe estar alerta y preparado para avanzar en los menores resquicios que la realidad concreta nos proporcione.
Difícil es el panorama inmediato en su vecino y principal socio comercial en la región. En el caso de Argentina, en los primeros meses del 2023 la crisis económica se agudizó, con una tasa de inflación anual superior al 100 por ciento y una escalada del valor del dólar, significativa en sí misma pero también por el efecto en nuevos aumentos de precios. Este proceso, que crece a un ritmo sostenido al menos desde los últimos meses, deteriora el salario real y en general los ingresos fijos —jubilaciones y pensiones, planes de asistencia y apoyo estatal, presupuestos de servicios públicos—, implicando una transferencia de ingresos de los sectores populares a las empresas que dominan los mercados de producción y consumo.
El gobierno del presidente Alberto Fernández se encuentra atado de pies y manos por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que él mismo impulsó desde el principio de su gestión, incumpliendo una promesa de campaña. Esto implicó en los hechos avalar la enorme deuda contraída por el gobierno neoliberal de Mauricio Macri (2015-2019) y por lo tanto someter al pueblo al proceso de ajuste que recomienda este organismo, lo cual de paso mantiene controlada la política exterior. Sobre la utilización de la deuda externa como herramienta geopolítica en general, en abril de 2022 desde OBSAL elaboramos un Cuaderno especial de Debates estratégicos de Nuestra América llamado La gran estafa: deuda, FMI y neoliberalismo, que también analiza como caso particular la experiencia argentina reciente.
La crisis del dólar se encuentra asociada a la especulación en torno a un bien escaso: el gobierno argentino se comprometió a pagar intereses y servicios de la deuda por montos multimillonarios y la economía del país no genera los suficientes dólares para efectivizar esos pagos. Más aún en un contexto de sequía que afecta especialmente sus principales rubros de exportación, ligados al campo. La presión devaluatoria y la existencia de múltiples tipos de cambio, algunos de ellos producto de concesiones a sectores poderosos como el agronegocio (como el llamado “dólar soja”), distorsiona los precios relativos y afecta al conjunto de la sociedad. En especial, la escalada inflacionaria es intensa en rubros como alimentos y bebidas no alcohólicas. Por otro lado, existe un serio problema de vivienda, con un déficit habitacional de aproximadamente 3,5 millones de viviendas y también fueron importantes los aumentos en el valor de los alquileres, en relación con los ingresos. Además, se espera que en los próximos meses aumente el valor de los servicios públicos. Con este panorama, el humor social no es el mejor y se generaliza la difusión de artículos y estudios sobre el crecimiento del rechazo de la población a la política.
La crisis, que es multidimensional, se desarrolla a pocos meses de las elecciones generales (presidenciales y legislativas) y en medio de un fragmentado calendario institucional de las diferentes provincias y municipios, que reproduce la dispersión y el reacomodamiento que marca el tablero político. En los próximos meses se irán sucediendo elecciones provinciales y en agosto están previstas las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) donde los diferentes espacios dirimirán las candidaturas que llegarán a las elecciones de octubre. Eventualmente, en noviembre sería el balotaje presidencial entre las dos candidaturas más votadas.
En este marco, el presidente Alberto Fernández anunció en abril la previsible noticia de que no intentará la reelección. La coalición gobernante se encuentra en debate entre los diferentes sectores que la componen. Su principal figura, la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se encuentra perseguida por el Poder Judicial y hasta el momento ha sostenido que no será candidata “a nada”. A pesar de esto diferentes sectores continúan realizando actos y declaraciones públicas con la intención de que la expresidenta vaya por un tercer mandato. Hasta el momento nada parece definido, excepto lo que parecen ser diferencias ya insalvables con el presidente. En los últimos meses Fernández de Kirchner ha criticado varios aspectos centrales de la política del gobierno. A fines de abril, incluso, planteó que «el acuerdo que se firmó con el FMI es inflacionario» y señaló que debe ser renegociado. También se sumó a las voces que critican al presidente por su exceso de moderación: “Por no querer enojar a algunos, terminás enojando a todos”, sintetizó.
El 24 de junio es la fecha límite para la presentación de listas. A medida que pasan los días, urgen cada vez más las definiciones. Al cierre de este informe, el Frente de Todos tiene como únicos precandidatos confirmados al embajador en Brasil, Daniel Scioli; y al dirigente social Juan Grabois. También suenan como posibles precandidatos el actual jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro del Interior, Wado de Pedro, integrante de La Cámpora, agrupación liderada por Máximo Kirchner. El propio ministro de Economía, Sergio Massa, es sugerido “en off” a pesar de los problemas económicos. Aunque el cuadro a esta fecha está lejos de completarse, la heterogeneidad de estos perfiles muestra un poco de la diversidad ideológica que habita en el Frente y que comenzará a ordenarse (o no) a partir de las PASO.
Hacia la derecha, la todavía coalición principal (Juntos) se encuentra inmersa también en su interna, con sectores liderados por el alcalde la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, enfrentados a la ex ministra de Seguridad, Paticia Bullrich, que a su vez es apoyada por el expresidente Mauricio Macri, quien también desistió públicamente de su candidatura, luego de analizar que no medía bien en las encuestas. Este espacio se encuentra tironeado por lo que parece un imparable crecimiento de la fuerza de ultraderecha La Libertad Avanza, liderada por el economista Javier Milei, en el contexto de un avance marcado de las consignas del denominado campo “libertario”, que orienta hacia posiciones de extrema derecha diversos temas en debate, como la seguridad, la diversidad e incluso la soberanía monetaria del país. En las últimas semanas de abril se generalizó un debate sobre la conveniencia o no de la dolarización.
En Chile, se cumplió un año del gobierno de Gabriel Boric, caracterizado por desarrollarse en un marco de retroceso del progresismo y la izquierda. Los espacios políticos que planteaban superar el sistema heredado del pinochetismo se encontraban en avanzada luego del estallido iniciado en octubre de 2019. En un contexto de gran heterogeneidad y dificultades para alcanzar síntesis, este proceso alcanzó su cumbre en las elecciones de constituyentes de mayo de 2021, luego de lo cual comenzó a deteriorarse y evidenciar su crisis con la derrota en el plebiscito de septiembre de 2022, cuando por amplia mayoría se rechazó el texto constitucional aprobado en la Convención. Pero antes de esa catástrofe, en diciembre de 2021, Boric le había ganado por poco a José Antonio Kast, un emergente a la derecha de la derecha que —como sucede en otros países— creció desde los márgenes hasta convertirse en una figura central.
En este marco se desarrolló el gobierno de Gabriel Boric desde el 11 de marzo de 2022. Un año después, el panorama muestra una administración moderada al punto de que muchas de sus políticas no se diferencian nítidamente de los gobiernos de derecha que lo precedieron, en particular en seguridad y política exterior. Entre los puntos más importantes de los últimos meses hay que mencionar, por un lado, la subordinación prácticamente total a la política exterior de EE. UU. y la continuidad de la militarización de la Araucanía, para hacer frente al conflicto territorial que involucra el reclamo histórico del pueblo mapuche. A este enfoque represivo de un problema con múltiples dimensiones hay que sumar también la aprobación de una normativa que estimula el “gatillo fácil” por parte de los Carabineros. Un matiz importante en este sentido puede ser el lanzamiento de la Estrategia nacional del Litio, anunciada por el presidente a través de un video a fines de abril.
El giro a la derecha del panorama político terminó de completarse al cierre de este informe, cuando en las nuevas elecciones de constituyentes la derecha en su conjunto alcanzó mayoría absoluta: el Partido Republicano de Kast por sí solo superó el 35,5% y la derecha más tradicional, que gobernó con Piñera, sumó 21,6%. La coalición de referencia en el gobierno de Boric, incluyendo al Partido Socialista, llegó apenas al 28%. De esta manera, las fuerzas conservadoras tendrán poder de veto y se cierran las posibilidades de una Constitución radicalmente diferente a la actual, demanda clave de estallido de octubre de 2019.
En Uruguay, el tema de debate político principal fue el proyecto de reforma previsional que logró aprobar en el Parlamento la coalición gobernante, luego de superar algunas diferencias internas con algunas concesiones al partido prodictadura Cabildo Abierto. El proyecto de ley había sido repudiado el 23 de marzo por una movilización popular convocada por la central sindical PIT-CNT, a lo cual luego se sumó la convocatoria a un paro con movilización a fines de abril. El movimiento sindical apuntó al aumento de la edad jubilatoria (de 60 a 65 años) y la obligatoriedad de aportar al sistema privado de ahorro previsional como principales puntos perjudiciales para la clase trabajadora.
Otra noticia importante tiene que ver con el comienzo de operaciones de una tercera planta procesadora de pasta de celulosa (la segunda de UPM, una trasnacional de origen finlandés). De acuerdo a los análisis previos, se convertirá en la inversión más grande de la historia uruguaya, con un monto de 3470 millones de dólares. Ante los efectos de este megaemprendimiento, diferentes organizaciones de la sociedad civil plantearon su oposición porque “limita la soberanía nacional y afecta negativamente la calidad ambiental”, destacando la situación de crisis hídrica del país y en particular las floraciones excepcionales de cianobacterias.
Por último, hay dos temas que involucran especialmente a la coalición de gobierno en escándalos de diversa naturaleza. Uno es la continuidad del llamado “caso Astesiano” —por el nombre del ex jefe de seguridad del presidente Lacalle Pou—, que remite a graves hechos de espionaje que detallamos en el informe anterior, sobre el que se siguen descubriendo nuevos elementos. El otro se relaciona con las denuncias contra el senador Gustavo Penadés, del Partido Nacional, por abuso sexual a menores. La primera acusación contra este dirigente fue realizada por una militante de su propio partido, pese a lo cual el senador fue respaldado por el presidente y por su también correligionario Luis Alberto Haber, ministro del Interior. Sin embargo, luego se sumaron más denuncias. Al cierre del informe, el caso se encuentra bajo investigación judicial.
Para finalizar, hay que mencionar que en Uruguay, Argentina y Chile en los últimos meses se vivieron importantes sequías e incendios forestales, con muchas regiones alcanzando récords de calor, fenómenos con efectos sociales y económicos significativos, que muestran a su vez el proceso más general de cambio climático.
La región mesoamericana viene atravesando una profunda crisis migratoria a raíz de la violencia social, inestabilidad política y crisis económica que afecta a la mayoría de los países. Estas economías no logran recuperar sus índices económicos previos a la pandemia de la Covid 19 y esto se vio agravado con el alza de los precios internacionales de alimentos y energía por el conflicto bélico en Ucrania. En los informes de coyuntura del año pasado hicimos énfasis en la problemática migratoria de todo el continente, pero principalmente la que sucede en los países centroamericanos y México. Estos son Estados destinatarios, territorios de tránsito y origen de los procesos migratorios. En el 2022 se registró un aumento del treinta por ciento de los desplazamientos migratorios hacia Estados Unidos. Datos recientes de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) de la ONU indican que en el último año fueron asesinados 433 migrantes en la frontera de México y EE. UU. a causa de las peligrosidad en el tránsito migratorio por la presencia de bandas criminales, el hacinamiento en los establecimientos y centros de detención migrantes, por la militarización de la frontera y la política de control fronterizo por parte de las políticas de la administración estadounidense. La principal medida de expulsión de migrantes es la trumpista Título 42 , que desde su vigencia en 2020, expulsó alrededor de dos millones y medio de migrantes. Esta política caducará el 11 de Mayo y desde EE. UU. ya han informado que movilizarán cerca de 1 500 soldados a la frontera, ya que se prevé el aumento de los cruces irregularizados.
El 27 de marzo murieron 40 migrantes y más de 26 resultaron heridos a causa de un incendio sucedido en un centro de detención del Instituto Nacional de Migraciones de México (INM) ubicado en Ciudad Juárez, al noroeste de la frontera México y Estados Unidos. La tragedia no es un hecho aislado, sino que es consecuencia de la crisis migratoria y la respuesta securitaria por parte de los gobiernos, como hicimos mención anteriormente. Estas medidas de control fronterizo impuestas por la Casa Blanca hacia México generan un proceso de inmovilidad de los grupos migrantes que buscan traspasar la frontera e incertidumbre a partir de la irregularidades a las que se ven sometidos por falta de documentación y políticas que regularicen su situación por parte del gobierno mexicano.
La muerte de los migrantes expuso las condiciones inhumanas de las instalaciones migratorias y la situación crítica en que viven estas personas. Esto viene siendo denunciado hace muchos años por organizaciones migrantes y de derechos humanos. Migrantes y familiares de las personas fallecidas reclamaron ante el INM y el gobierno federal por la desidia institucional que causó las muertes, denunciaron el no aprovisionamiento de agua y comida y el encierro ilegal que sufrieron los migrantes. Estos en reclamo a las pésimas condiciones de atención y cuidado se manifestaron quemando varios colchones del establecimiento, lo que causó el incendio en todo el albergue. Según el presidente López Obrador, la acción se llevó a cabo luego de que se enteraran que iban a ser deportados a su país de origen. Los cuarenta migrantes eran de diferentes nacionalidades: dieciocho guatemaltecos, siete salvadoreños, siete venezolanos, seis hondureños y un colombiano . Como respuesta, más de tres mil personas se dirigieron en un “viacrucis migrante” desde el sur de México hacia la capital del país en pedido de justicia por el asesinato de los migrantes.
Las responsabilidades de lo sucedido están apuntadas tanto hacia el INE como a la empresa de seguridad privada, Grupo de Seguridad Privada CAMSA, que estaba a cargo del control del establecimiento. Hasta el momento son cinco los detenidos: tres agentes de Migración, dos policías de seguridad privada y un migrante.
En México, el 18 de febrero López Obrador firmó el decreto que nacionaliza el litio y de esta manera asegurar la protección de este mineral y la soberanía sobre los recursos naturales. La normativa establece que cerca de 234 mil hectáreas de reservas pasarán a ser consideradas como una reserva mineral de litio. La firma del decreto viene a completar el proceso que el gobierno comenzó en abril del año pasado, cuando consiguió una modificación de la Ley Minera que reconocía al litio como un recurso exclusivo del pueblo de México y determinó que la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento quede a cargo del Estado a través de la creación de LitioMx, empresa pública a cargo de la Secretaría de Energía.
EL 27 de marzo se cumplió un año del régimen de excepción en El Salvador. El gobierno de Nayib Bukele tras conseguir la mayoría en el Congreso Nacional y destituir a los miembros del Poder judicial por jueces afines, consolidó su modelo autoritario a partir del discurso de «guerra contra las pandillas». Esto se llevó a cabo con una fuerte política publicitaria hacia el interior del país como a nivel internacional donde se intenta vender como exitoso el modelo de combate contra las maras impulsado por el mandatario.
Recapitulando lo sucedido doce meses atrás, el punto de inflexión que llevó a decretar el estado de excepción fue la ola de homicidios que terminó con 87 muertos en un día. Si bien, investigaciones prueban que las matanzas fueron producto de la ruptura del acuerdo que el Presidente tenía con algunas pandillas, esta situación fue usada para avanzar por medio de la Asamblea Legislativa en la suspensión de los principales derechos civiles. El derecho a tener un abogado defensor ante la detención por la Policía fue suspendido, al igual que ser presentado ante un juez en un plazo de 72 horas después de la captura y el de asociarse con otras personas, que estuvo restringido durante cinco meses, entre el 27 de marzo y el 17 de agosto de 2022 —la Asamblea Legislativa lo restituyó cuando prorrogó el régimen por quinto mes consecutivo— .
Además, el año pasado, la Asamblea aprobó un decreto que liberó al gobierno de la obligación de someter a concurso y licitaciones contrataciones y compras públicas mientras esté vigente el régimen de excepción, lo cual permitió Bukele adjudicar contratos directos y ocultar toda información sobre montos y compras. Por esto, no se conoce la cifra millonaria de la adjudicación del Centro de Confinamiento del Terrorismo – CECOT -, el establecimiento tiene la capacidad para cuarenta mil presos y es la cárcel más grande del continente.
Tras un año, con la duodécima extensión del estado de excepción, los saldos arrojados de esta política represiva y autoritaria son los siguientes: más de 65 mil personas detenidas, cientos de muertos en las cárceles y múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos. Amnistía Internacional y organizaciones de derechos humanos han denunciado las torturas, desapariciones forzadas y muertes propiciadas por el régimen de Bukele a civiles. Human Rights Watch y la organización salvadoreña Cristosal presentaron un informe en diciembre de 2022, en el que documentaron cientos de arrestos ilegítimos. Calificaron esta práctica como “masiva” y las violaciones a los derechos humanos de los detenidos como “generalizadas y graves”. En enero de este año, la organización internacional dijo haber tenido acceso a una base de datos del Ministerio de Seguridad y Justicia y haber confirmado cientos de casos publicados en la prensa o denunciados por otras organizaciones.
Consultado por OBSAL sobre la situación social y política que atraviesa El Salvador, el periodista Leonel Herrera, indicó que
la propaganda gubernamental señala que se terminaron las pandillas, y la gente percibe también una situación de relativa tranquilidad, calma en los lugares donde las pandillas operaban con total impunidad. Lo que sucede es que hay muchas dudas al respecto. La primera es si realmente ha habido una ofensiva orientada a aniquilar a las pandillas o si ha sido una estrategia focalizada y relativizada, porque, por ejemplo, los líderes de las pandillas están fuera de las cárceles, muchos están en México y hay información periodística que confirma que los cabecillas, la “ranfla” le llaman, andan libres. Bukele los protegió, no los quiso extraditar a Estados Unidos y andan libres. Hay audios de funcionarios del gobierno que reconocen el traslado de dirigentes de las pandillas hacia Guatemala. Entonces pareciera que la ofensiva ha sido contra la base de las pandillas y no hacia la dirigencia de las pandillas. La propaganda de Bukele que exhibe a los pandilleros detenidos no ha mostrado a dirigentes de las pandillas detenidos. Entonces ahí hay una gran duda, es decir, de verdad ha sido una ofensiva o ha sido más un simulacro y focalizó hacia la base pandilleril.
Lo otro que preocupa al comunicador salvadoreño es la continuidad del estado de excepción y el objetivo por el cual Bukele lo está implementando:
el estado de excepción lleva más de un año y hay serias sospechas de si realmente fue para perseguir a las pandillas o si fue para otra cosa. Esto es importante porque para perseguir a las pandillas había suficiente marco legal, no era necesario un régimen de excepción. Hay una ley de proscripción de las pandillas, hay una sentencia de la sala de lo constitucional que las declara grupos terroristas, o sea, hay marco legal para perseguir a las pandillas. El régimen de excepción probablemente fue para otra cosa, ¿verdad? Para tener cancha libre, para detener arbitrariamente a cualquier persona, para anular los requisitos para las compras gubernamentales, para profundizar el carácter autoritario del gobierno, para intimidar a la gente, porque mucha gente hasta se ha callado por temor a que lo detengan. Entonces no se sabe cuál es la política real.
La incógnita, tras un año del estado de excepción, es cómo va a seguir esta ofensiva contra las pandillas y la manera en que la sociedad se va a recuperar de sus consecuencias. La duda está puesta en las intenciones reales de Bukele de solucionar esta problemática de violencia o si es sólo una estrategia electoral en busca de su reelección. Para Herrera, “la narrativa gubernamental es que los detenidos en las cárceles nunca van a salir. Esa es la perspectiva de la rehabilitación que tiene este gobierno. Todo termina siendo represión, no hay rehabilitación. Entonces, una política de ese tipo es insuficiente”. El periodista indica que no se están abordando las causas estructurales de la violencia como es la marginación social, la exclusión económica y la falta de oportunidad, que son el germen de las pandillas:
“el régimen puede detener a todos los pandilleros y meterlos presos y nunca sacarlos de la cárcel, pero dentro de 5, 10, 15 años va a tener otra generación de otros 100 mil pandilleros porque no se abordó las causas estructurales y la niñez que va creciendo va a seguir encontrando en las pandillas o en la migración hacia Estados Unidos los escapes y las salidas para la situación difícil que enfrentan”, señala Herrera.
A pesar de las violaciones a los derechos humanos denunciadas por muchas organizaciones y del avasallamiento del estado de derecho, es alta la aprobación popular del presidente salvadoreño. Todo indica que Bukele va a reelegir en el 2024, aunque para algunos analistas esto sería inconstitucional. Para Elizeo Herrera, la “guerra contra las pandillas” es el principal caballo de batalla electoral del gobierno y buscarán seguir cinco años más en el poder con el discurso “ya terminamos con las pandillas, ahora vamos con el desarrollo económico y si gana la oposición, las pandillas van a volver a las calles a robar, extorsionar y violar”.
Guatemala es el primer país de la subregión que va a las urnas. El pasado 10 de enero se presentaron las candidaturas para las elecciones presidenciales a desarrollarse el 25 de junio. Se inscribieron 23 binomios de los que participan 29 partidos políticos. Para entender el contexto crítico en el cual se realizarán los comicios es fundamental adentrarse en tres elementos, la situación social y económica del país, la precariedad institucional y la fragmentación política. Para esto, desde OBSAL entrevistamos al dirigente social Carlos Barrientos.
El país centroamericano tiene los mayores niveles de desnutrición infantil del continente. Casi el cincuenta por ciento de los niños y niñas padece de desnutrición infantil crónica. La pobreza se aproxima al sesenta por ciento, situación que empeoró con la pandemia de la Covid 19. Guatemala es de los países con menor porcentaje de población vacunada y afronta una crisis educativa debido a la ausencia de presencialidad por tres años en el nivel primario y la falta de inversión pública por parte del gobierno. Además, la economía guatemalteca depende de las remesas que ingresan desde EE. UU. por la migración:
El año pasado, el ingreso de remesas familiares era igual al total de las exportaciones y se prevé que para este año el ingreso de remesas familiares sea superior en 2 500 millones de dólares, es decir, la economía del país se mantiene gracias a las remesas, gracias a que el “principal” producto de exportación son seres humanos que van a trabajar en Estados Unidos y que envían sus remesas familiares. Y eso da lugar a un círculo perverso, decimos nosotros, porque resulta que la gente de distintos lugares sale del país huyendo de la pesadilla, no buscando el sueño americano, sino huyendo de la pesadilla, que es la situación en Guatemala, Señala Barrientos.
La precariedad del estado de derecho se debe a que las instituciones están cooptadas por lo que las organizaciones sociales denominan el “pacto de corruptos”. Se denomina así al entramado de negocios e intereses que vincula a un amplio sector de la política, la justicia, ex militares, empresarios y bandas del crimen organizado. Para el dirigente social, este pacto de corruptos “ha tomado control del Congreso, del sistema judicial, de algunos espacios de la Universidad estatal y , lo que en este momento es relevante, del Tribunal Supremo Electoral, que es el organismo encargado de la organización de las elecciones”.
El tercer elemento es la fragmentación política tanto en la derecha como en la izquierda. De los 29 partidos que participarán de las elecciones, 25 son de derecha, 3 son partidos de izquierda y 1 de centro, socialdemócrata. Esta gran cantidad de partidos se debe a que en realidad cada una de estas organizaciones funcionan como “franquicias electorales”, en palabras de nuestro entrevistado,
se ofrecen al mejor postor, al que ofrezca más dinero y entonces se convierten en vehículos de cualquier candidatura. La oligarquía financia distintos partidos porque al final de cuentas más de alguno gana y después se cobran con los negocios que hacen con el Estado. Hay un nivel de corrupción bastante grande y además hay una presencia del narcotráfico ya en el proceso electoral desde hace ya algunas elecciones.
En lo que respecta al panorama electoral, es importante señalar como por parte de los sectores dominantes, mediante la cooptación del Tribunal Supremo Electoral están configurando un escenario para que la ciudadanía opte entre candidaturas de derecha afines a sus intereses. Esto se da a partir de la exclusión por parte del Tribunal de la fórmula presidencial del partido de izquierda Movimiento por la Liberación de los Pueblos – MLP, que lleva como candidata a la líder indígena Thelma Cabrera, que aparecía bien posicionada para alcanzar la segunda vuelta. Esto se debe a que su compañero de fórmula Jordán Rodas, ex procurador de los Derechos Humanos, no fue habilitado por denuncias de irregularidades. Si bien el MLP apeló el fallo y varios movimientos sociales se movilizaron contra la exclusión del binomio presidencial, la decisión fue ratificada y queda por esperar la respuesta de la Corte de Justicia. Al respecto de la situación de la izquierda y los movimientos populares de cara a estas elecciones, Barriendo señaló:
Hace dos años varias organizaciones estuvimos insistiendo a los partidos de izquierda para que se unieran y formaran una coalición para disputar en el proceso electoral actual. Sin embargo, esto se logró únicamente con dos partidos. Uno es la Unidad Revolucionaria Nacional guatemalteca, la URNG, la antigua guerrilla, y el otro es un partido que se llama Winaq, que es una palabra en idioma maya k’iche’ que quiere decir persona y que fue fundado entre otras por la premio nobel de la paz Rigoberta Menchú. Estos dos son los únicos partidos que van en coalición y que además aceptaron que se hiciera una alianza con organizaciones sociales. Lamentablemente no es la coalición que se hubiera esperado, porque queríamos la alianza de las tres izquierdas y el partido de centro Semilla. Este partido está participando con el hijo de Juan José Arevalo que fue presidente en Guatemala de 1945 a 1950, es la década que se le conoce aquí como la única década democrática del país. En algunos municipios sí fue posible la coalición entre URNG, Guinac y las organizaciones sociales para disputar diputaciones o algunas alcaldías entre ellas en la ciudad de Guatemala donde se constituyó una alianza entre URNG, Winaq y este partido que se llama Semilla.
Una de las principales candidatas de la derecha, como dijimos, es Zury Ríos, hija del dictador Ríos Montt, quien derrocó al general Lucas Garcia el 23 de marzo de 1982, agudizando así la guerra civil que duró más de 30 años y dejó doscientos mil muertos y desaparecidos. Las responsabilidades militares ante las torturas y genocidio perpetrado sobre la población siguen siendo juzgadas. El Frente de Resistencia contra el fraude electoral y la dictadura denunció la candidatura de Ríos por ser familiar del dictador, pero la justicia electoral desestimó la acusación.
Si bien los sondeos de intención de voto no arrojan una tendencia clara, las distintas encuestas colocan a tres candidatos con posibilidad de llegar a la segunda vuelta del 20 de agosto, debido a que no se prevé que alguno alcance al menos el 50 por ciento más uno de los votos necesarios para imponerse en primera ronda. Estos son Zury Ríos (UNE) , Sandra Torres (Valor y Unionista) y Edmond Mulet (CABAL).
Además de Presidente y Vicepresidente, se elegirán 160 diputados al Congreso, 340 corporaciones municipales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.
Cumpliendo con una de las principales promesas de campaña, en lo que respecta a la política exterior de su país, Xiomara Castro restableció las relaciones diplomáticas entre Honduras y China. El 25 de marzo el canciller Enrique Reina anunció el acuerdo con su par asiático, lo que puso fin a más de ochenta años de vínculo entre el país centroamericano y Taiwán, cuyas relaciones datan desde 1941. Honduras era uno de los pocos países que reconocían a Taiwán. El principio de “una sola China” es la condición puesta por el gobierno Chino para cualquier acuerdo comercial o financiero. El acuerdo tiene una enorme importancia, por un lado muestra el reordenamiento geopolítico del continente hacia una multipolaridad que da cuenta del aumento de la influencia de China en la región y, en particular, en Centroamérica. Desde 2007 a esta parte varios países han roto la diplomacia con Taipei y acordado con el gigante asiático: Costa Rica (2007), Panamá (2017), El Salvador (2018) y Nicaragua (2021). Por otro lado, esto cobra trascendencia por el no alineamiento a EE. UU. que se venía reclamando desde sectores vinculados al gobierno de Libre, la administración norteamericana había expresado su rechazo a cualquier acuerdo con China por parte del gobierno hondureño.
El 27 de enero se cumplió un año de la asunción de Xiomara Castro como Presidenta de Honduras. Con una aprobación de su gobierno que se aproxima al 62 por ciento, la mandataria ha logrado importantes avances en medidas anunciadas en su programa de campaña, pero afronta una institucionalidad precaria, con la mayoría de las instituciones estatales cooptadas por la narcopolítica y con funcionarios que siguen respondiendo a la estructura de poder del Partido Nacional. Además, las tensiones al interior del partido oficialista Libre y la ruptura de la alianza de gobierno con Salvador Nasralla, abren un clima político de incertidumbre en un contexto social y económico crítico que plantea enormes desafíos para la presidencia de Castro.
Entre los logros del gobierno se encuentran el subsidio a la energía eléctrica para los sectores más vulnerables, la derogación de las ZEDE, el regreso a la presencialidad y la regularización del ciclo lectivo en las escuelas, ley contra la minería a cielo abierto, el impulso hacia políticas orientadas a la soberanía alimentaria, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con China, el saneamiento de las cuentas públicas y el rescate de empresas públicas que estaban en manos de privados. Se avanzó en el acuerdo para la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad —CICIH— en conjunto con la ONU, organismo que se instalará en el país en las próximas semanas. Entre los debe del gobierno se encuentran algunas promesas de reformas estructurales como las consultas populares y el llamado a asamblea constituyente. Además, medidas que hagan frente a los altos índices de desempleo, pobreza y violencia social que afectan a los hondureños y hondureñas. Ante el incremento de la ola de homicidios que sacude al país desde el año pasado, el 31 de marzo el gobierno lanzó la segunda etapa del Plan Nacional de Seguridad “Solución Contra el Crimen” (SCC), algunas de estas medidas son la prórroga, hasta finales de mayo, del estado de excepción en 123 municipios, la intervención de los principales centros penales del país y la disposición de jueces y fiscales para acompañar las decisiones tomadas.
Datos relevados sobre los índices de homicidios muestran una tendencia a la baja desde fines del año pasado y que continua en los primeros meses del 2023, un 26 por ciento menos que si se compara con los números de enero a marzo del 2022. La contracara es el aumento de los femicidios que según el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), la tasa de femicidios de 2022 es de 7.9 por cada 100 000 mujeres, no disminuye al ritmo de los homicidios. Uno de los datos más preocupantes es el segmento de niñas asesinadas (10%), siendo el doble con relación al de los niños (4%).
Otro de los asuntos importantes de los primeros meses del año en Honduras es la presentación por parte del gobierno del proyecto de ley de justicia tributaria. Esta medida se propone poner fin a un periodo que va desde el 2009 al 2022 donde se concedió un “feriado tributario a los ricos”, con aumento de la carga impositiva hacia gran parte del pueblo y exoneraciones fiscales y condonación de deudas tributarias para el sector privado y empresarial. Según el documento difundido por el gobierno se busca
construir un sistema tributario más justo y equitativo, donde paguen más los que más ganan (…) Estas acciones permitirán recaudar más ingresos, sin crear nuevos impuestos ni aumentar tasas, y dotar al Gobierno de los recursos suficientes y necesarios para hacer frente a las históricas demandas sociales y generar el desarrollo integral del pueblo hondureño.
Uno de los desafíos más importantes que tiene el gobierno de Xiomara Castro es dotar de gobernabilidad a su gestión. Las internas que se abrieron al interior de Libre en el comienzo de su presidencia y la ruptura con su compañero de fórmula Salvador Nasralla —quien preside el Partido Salvador de Honduras (PSH)— en octubre del año pasado generan la necesidad de construir acuerdos y alianzas amplias para avanzar con las políticas urgentes que necesita la sociedad hondureña. Al igual que otros gobiernos progresistas de la región, las tensiones al interior de coaliciones de gobiernos que contienen expresiones de izquierda y centro derecha, cumplen su objetivo de la victoria electoral pero encuentran limitaciones a la hora de gobernar. Es por esto, que en los primeros días de abril se produjeron intentos de alianza entre Libre y el Partido Liberal para obtener la mayoría en el Congreso Nacional, queda por ver si este intento llegará a buen puerto, ya que genera tensiones en las bases de ambos partidos.
Por último, Xiomara Castro denunció intentos de desestabilización y golpistas por parte de sectores conservadores aliados a los intereses de la oligarquía y Estados Unidos y que protagonizaron el golpe de Estado a Manuel Zelaya en 2009. Esto fue reiterado en su video dirigido a los trabajadores y las trabajadoras en vísperas del 1 de mayo donde indicó que “hoy conspiran para desestabilizar mi gobierno, su meta es separar al gobierno del pueblo. Crear confusión, descontento y desesperanza. Existen señales claras de quienes nos consideran sus súbditos o sus colonias”.
En Haití el panorama sigue estando signado por un clima de violencia, inseguridad alimentaria y sanitaria y crisis político-institucional, además de los intentos de intervención extranjera que siguen estando presentes.
En un contexto en el que más de la mitad del territorio del país está controlado por pandillas, la ONU informó que al 21 de marzo ya habían muerto más de 530 personas a causa de la violencia de las bandas. Solamente los enfrentamientos de la primera quincena de marzo dejaron más de 208 personas muertas, 164 heridas y 101 secuestradas.
Las consecuencias de la violencia se agravan en términos de vivienda (más de 160.000 personas desplazadas), los precios de los alimentos que siguen aumentando y la educación. Esto último incluye desde ataques directos a las escuelas o secuestros y asesinatos a miembros de las comunidades educativas o consecuencias derivadas de ellos como el cierre de muchos establecimientos o la decisión de las familias de dejar de mandar a sus niños y niñas a estudiar por el peligro que podría conllevar.
Esta situación también limita el acceso a servicios sanitarios, en un contexto en el que desde octubre de 2022 ya hubo 600 muertes por el rebrote de cólera (cifras a inicios de marzo de 2023) y más de 33 mil casos sospechosos (de los cuales 2400 han sido confirmados).
En este contexto de violencia, se destacan algunos hechos puntuales por su magnitud o por el carácter público de sus víctimas.
A principios de enero, el presidente del Senado, Joseph Lambert, fue herido en un atentado unos días antes de la finalización de su mandato.
Semanas después, se hicieron públicas las imágenes de cuerpos desnudos, ensangrentados y asesinados de seis agentes policiales con sus armas sobre el pecho. Fueron diez los policías asesinados por pandillas durante el mes de enero y al menos 55 en 2022. Ante esto, grupos de policías atacaron la residencia oficial del primer ministro Ariel Henry y le bloquearon por algunas horas su salida del aeropuerto cuando regresaba de Argentina. Además, se manifestaron en las calles de Puerto Príncipe y bloquearon varias localidades.
Entre los secuestros de más de 30 personas ocurridos durante enero, se encontraban el exministro de Educación y un exdiputado. En enero, además, una de las bandas más famosas secuestró un ómnibus dominicano cerca de Puerto Príncipe y en febrero, un periodista fue secuestrado, lo que también provocó protestas de sus colegas. En 2022, las muertes violentas a causa de bandas armadas fueron más de dos mil y hubo más de mil secuestros.
“Al no haber monopolio y tentativas de legitimar el uso de la fuerza, y al resultar desconocido el origen de los más diversos crímenes –el caso más emblemático es el de los secuestros y las masacres–, la justicia y la reparación resultan imposibles”, dijo Lautaro Rivara, periodista y ex brigadista en Haití, en un artículo de análisis publicado por La Tinta.
Y ante situaciones como esta, es esperable el surgimiento de fenómenos que incluyen a la sociedad civil organizándose para defenderse. Durante las últimas semanas, destacó la acción de brigadas de jóvenes que patrullan zonas, bloquean calles o salen por las noches armados a vigilar los barrios y no permitir el acceso de las bandas.
En este marco, en una reunión del Consejo Permanente de la OEA, el gobierno haitiano –esta vez representado por su embajador en ese organismo– pidió “el apoyo de una fuerza internacional en el terreno” con el objetivo de contener la violencia y llevar a cabo un proceso electoral. Y es que a eso se comprometió el gobierno desde que asumió luego del magnicidio de Moïse: a convocar a elecciones.
Luego de que a fines de diciembre de 2022 el primer ministro Ariel Henry firmara un acuerdo con distintos partidos y organizaciones para organizar elecciones y lograr un Consenso Nacional hacia una Transición Inclusiva y Elecciones Transparentes, a principios de febrero de este año designó formalmente al consejo de transición, que se encargará de elegir a los miembros de un consejo electoral provisional. Para ello nombró a un miembro de la Federación Protestante de Haití como representante de la sociedad civil, a la ex primera dama y candidata presidencial Mirlande Manigat como representante de los partidos políticos y al presidente de la Cámara de Comercio por el sector privado. La promesa es celebrar elecciones generales este año, para que un nuevo gobierno tome posesión el 7 de febrero de 2024. Se pretende también que este consejo trabaje en una reforma de la Constitución y apoye al gobierno en reducir la violencia.
En enero, por su parte, finalizaron los mandatos de los únicos 10 senadores electos que quedaban en sus cargos, por lo que hoy el país no cuenta con autoridades electas en su gobierno.
Luego del pedido de Henry, Canadá envió un avión militar de vigilancia sobre territorio haitiano para “apoyar los esfuerzos para establecer y mantener la paz y la seguridad para el pueblo de Haití”. Permaneció en la región por unos días. Luego, en el marco de la reunión anual de la Caricom, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, reforzó sus ansias intervencionistas y, de forma unilateral, anunció que enviaría buques con objetivos similares. Ante esto, organizaciones sociales y políticas haitianas escribieron una carta abierta a los jefes de Estado participantes de la conferencia en la que les pidieron que rechazaran una posible intervención militar en el país. Las autoridades de los demás países del Caribe se manifestaron en contra de las intenciones del primer ministro canadiense.
Por su parte, a fines de enero, Haití extraditó a Estados Unidos a cuatro de los detenidos acusados por el asesinato de Moïse y en febrero, otros cuatro fueron detenidos en Florida, departamento en donde están siendo procesados once de los acusados del magnicidio.
Ante la situación que vive Haití hace años, la actitud del gobierno dominicano viene siendo de deportar migrantes y reforzar las fronteras, a través de la construcción del muro y aumentar la seguridad. En febrero de este año, detuvo a 400 migrantes haitianos en distintos sectores del país con el objetivo de deportarlos.
Mientras tanto, el país está inmerso en un caso de corrupción en el que quedaron detenidos veinte exministros y exfuncionarios de la gestión del expresidente Danilo Medina, que ejerció su cargo por dos períodos consecutivos, entre 2012 y 2020. Se trata de la Operación Calamar, resultado de una investigación que realizó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). En este marco, el Ministerio Público acusó a los exfuncionarios de formar parte de una red que estafó al Estado por 19 mil millones de pesos.
Estos meses Cuba estuvo atravesada por un proceso eleccionario que culminó el día 19 de abril, con la ratificación de Miguel Díaz-Canel como presidente por parte de la Asamblea legislativa. Fueron las primeras elecciones desde que se aprobó la nueva Constitución en 2019. Si bien este proceso eleccionario no traerá grandes cambios institucionales en sí mismo, vale analizar algunas implicancias y debates relacionados; y también es momento propicio de poner sobre la mesa algunos otros debates que se vienen dando en la isla desde hace algunos años.
El proceso inició en diciembre pasado con las comisiones de candidaturas, que proponen la nómina de candidatas y candidatos que luego son aprobados o no en las elecciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). Esta instancia se dio el 26 de marzo pasado.
Se eligió a 470 diputados y la participación fue del 75,92% del padrón, diez puntos menos que en las elecciones parlamentarias anteriores, en 2018, y la más baja desde los inicios de la Revolución. Si bien sigue siendo un número alto en comparación con otros países de la región, vale poner la lupa en su descenso.
Para analizar eso, OBSAL conversó con Gabriel Vera Lopes, periodista y editor de ALAI, actualmente trabajando desde Cuba:
Hay una combinación de elementos. Uno es la crisis que se viene acarreando desde hace ya mucho tiempo; es un primer elemento que genera desmoralización. Un segundo elemento tiene que ver con momentos generacionales. Si la crisis económica más importante que vivió Cuba fue en los noventa, también es cierto que la década de 1980 había sido de grandes conquistas y mejoras de la calidad de vida, a tal punto que seguramente haya sido el país en que mejor se vivía en Latinoamérica. Ahora, los jóvenes que están atravesando esta crisis son gente que nació en los noventa, en el peor de los casos en los ochenta, o sea que tampoco vivió los ochenta. Vivió siempre de crisis en crisis. Es decir, hay una desafección con relación a un proyecto materializado en la vida cotidiana que es cada vez más evidente. Eso también se ve en los niveles de migración. Porque la situación económica es mala en todos lados, no solo en Cuba.
Por otro lado, el sistema político mantiene un conjunto de inercias que lo hace muy refractario a escuchar las demandas del pueblo. Creo que tiene un lenguaje que solamente se habla a sí mismo, está perdiendo capacidad de interpelación más allá de sus viejos rituales, y eso lo es en la participación en los organismos de masas, que no logran convocar masivamente jóvenes, hacer que participen políticamente.
No necesariamente la gente tiene un malestar con la noción de socialismo. Pero el problema es que el sistema político no les permite la misma participación, no permite alojar esos malestares y de alguna manera los empuja a sectores o a narrativas más liberales, que encuentran un correlato en los cambios en la vida práctica de la gente.
El porcentaje de diputados que renueva en la práctica es mínimo. La gran mayoría de las bancas ya eran las de la anterior Asamblea. Hay una cierta inercia o dificultad para generar modificaciones, para abrir otros espacios. Las bancas que se renuevan son siempre las candidaturas de base, que son el momento más democrático, donde la gente vota directamente.
Otro elemento para analizar de estas elecciones es que fueron en un marco de crisis económica agravada y en el marco de un bloqueo por parte de Estados Unidos que solo ha sido incrementado por la administración Trump y mantenido por Biden. Y fueron las primeras elecciones luego de las revueltas de 2021, en el marco de un clima de fragilidad económica y también política. Además, este proceso eleccionario se dio en el marco de una serie de reformas económicas que se vienen acelerando en el país. ¿Cuánto puede dar cuenta / acompañar el sistema político todas estas modificaciones?
Vale recuperar algunas reflexiones esbozadas recientemente por Claudio Katz relacionadas a la actual situación política, económica y social de la isla.
En un artículo publicado por ALAI, habló, por un lado, de las demoradas reformas económicas que preveía el ordenamiento. Las mismas estaban orientadas a impulsar la economía en términos productivos y estar acompañadas por políticas estatales de redistribución de ese crecimiento y de desarrollo productivo que le diera al país soberanía en algunos sectores como la alimentación.
Una de las medidas con las que se esperaba esa reactivación era la unificación monetaria que, según el autor, “no logró su objetivo”:
Las reformas no solo implican un aumento de la incidencia el mercado. Suponen la presencia de una corriente de inversores que modificaría el status de la propiedad. Las demoras en esos cambios provienen del potencial desemboque de esas transformaciones en una restauración capitalista. Esa regresión afectaría los grandes logros de la Revolución.
Esa amenaza sobrevuela a todas las iniciativas en curso. La unificación monetaria, por ejemplo, está concebida para facilitar el ingreso de dólares y reducir la agobiante falta de divisas. Pero esa llegada de fondos ampliaría las brechas sociales, si no se logra establecer una compensación fiscal a la inequidad que genera esa afluencia. Los que reciban dólares quedarían situados en la pirámide superior, frente a los sectores desprovistos de esos recursos.
El reordenamiento desdobló el sistema cambiario y hay un dólar no oficial con una brecha cambiaria importante que genera presión inflacionaria. A esto se le sumó la escasez de combustible y la vuelta de los apagones. Esto ha generado una desigualdad social muy grande, particularmente entre los sectores privados de pequeños y medianos empresarios (sector que ha crecido mucho en los últimos tiempos) y quienes no trabajan para el sector privado.
La disyuntiva se plantea entre el avance de la implementación de las reformas económicas, que implican una mayor apertura a los sectores privados de la economía, y la conservación de los logros de igualación social de la Revolución. El nuevo modelo propone modalidades combinadas de acumulación que permitan dar aire en un contexto económico de bloqueo y trae aparejado el surgimiento de un sector privado de la economía, que también conlleva la posibilidad de nuevas identidades políticas. Katz habla de un “escenario político más diversificado”, que se vio cristalizado en las movilizaciones callejeras de 2021.
Gabriel Lópes afirmó que hay un crecimiento de ideas liberales pero también de prácticas liberales en la vida de la gente: “Hay un sector de la sociedad en el que la protección del Estado es cada vez más un estorbo más que una forma de acceder a derechos. Un pequeño comerciante, su relación con el Estado son los impuestos. Entonces, eso configura nuevas ideologías que tienen nuevas materialidades”.
Respecto de cómo la política podría incorporar estas nuevas identidades, Katz decía:
El sistema institucional vigente es flexible y permite incorporar a todos los actores del nuevo contexto, luego de su revitalización con la nueva Constitución. Opera como una estructura anclada en el poder popular, mediante un modelo contrapuesto al constitucionalismo burgués. (…) Pero ese régimen se forjó bajo la conducción y el arbitraje de Fidel. El mismo sistema desprovisto de ese comando, ya no cuenta con el viejo resguardo y opera con otra dinámica. La rotación de los dirigentes y la asimilación de los jóvenes al sistema político son asignaturas pendientes, que Cuba procesa en la compleja adversidad impuesta por el asedio estadounidense.
Estos debates al interior de la isla se dan en un contexto de crecimiento a nivel global de la ultraderecha y de mayor asedio político y económico, en el que sectores externos aprovechan la heterogeneidad política y la crisis para generar un contexto de inestabilidad cada vez mayor al interior del país. Frente a eso, se vuelve necesario reafirmar la solidaridad hacia la Revolución y el pueblo cubano y seguir denunciando el bloqueo en cada espacio, en cada organismo, en cada lucha.
En el mes de enero hubo elecciones generales en Antigua y Barbuda. El Partido Laborista obtuvo el triunfo con 9 de los 17 escaños en el Parlamento y la reelección como primer ministro de Gaston Browne, quien inició su tercer mandato en el cargo. El Partido Progresista Unido (UPP) obtuvo cinco escaños y el Movimiento Popular de Barbuda, uno.
Como mencionamos en nuestro informe #19, Browne había anunciado en septiembre pasado que, de ser reelecto, impulsaría —dentro de los primeros tres años de mandato— un referéndum para convertir al país en una república presidencialista y ganar soberanía respecto a la corona británica.
Surinam es otro país que está atravesando una crisis económica y social. En 2021 y 2022, tuvo altos índices de inflación (52,4 y 59,1 por ciento respectivamente) y el año pasado su presidente, Chandrikapersad Santokhi, firmó un acuerdo con el F.M.I. por un préstamo de 690 millones de dólares, lo que causó malestar en la población y los primeros pedidos de renuncia.
En febrero, Santokhi anunció que cedería a la presión del FMI para el desembolso de una parte del préstamo e implementaría el ajuste exigido. Se trataba de la eliminación de subsidios al gas, la electricidad y el combustible y reducir el gasto público.
Conjuntamente con la intención del presidente de modificar la ley electoral y el alto costo de vida, esto desató protestas y saqueos en febrero pasado y los manifestantes irrumpieron en la sede del Parlamento. El gobierno respondió con represión policial y un toque de queda que resultó en un muerto, veinte heridos y más de cien personas detenidas.
En marzo volvieron las protestas y se volvió a exigir la renuncia del presidente. Además de las demandas por la situación económica, se acusa al presidente de intentar posponer las elecciones que deberían realizarse en 2025, a través de una ley electoral que está siendo revisada. La demanda de los manifestantes es que haya una ley que prevea “una persona, un voto”.
Como hemos visto en los informes del OBSAL, durante los últimos años la región andina vivió una transformación radical que impactó en la correlación de fuerzas a nivel continental. De ser uno de los principales reservorios de gobiernos neoliberales ininterrumpidos, en el campo de la política exterior claramente alineadas con los intereses de los Estados Unidos —como sucedía en Perú y Colombia principalmente—, para ser protagonista en proyectos populares. Primero, con gobiernos que llevan a cabo alternativas al modelo neoliberal, como los casos de Perú y Colombia, y también proyectos revolucionarios que han resistido los peores embates del imperialismo, como es el caso de Venezuela y el retorno del MAS a Bolivia, para continuar el proceso de cambio iniciado por Evo Morales en 2006.
Sin embargo, este escenario fue modificado nuevamente a fin de 2022 con el desarrollo del golpe parlamentario contra Pedro Castillo en Perú, que de nuevo modificó la correlación de fuerzas a nivel regional, y que tiene hoy al país sumido en una crisis profunda, que se agrava de forma permanente. De la misma forma, el caso de Ecuador, que optó en 2021 por la presidencia de Guillermo Lasso, se ha mantenido en las calles desde el inicio de su gobierno en rechazo de sus medidas neoliberales, y lo tiene hoy atravesando un proceso de juicio político impulsado por numerosos sectores de la sociedad.
El 2022 cerraba con la noticia del golpe parlamentario en Perú perpetrado por la derecha local, el empresariado y los sectores aliados a la política exterior estadounidense. Finalmente, después de numerosos intentos de diferente naturaleza, consiguieron sacarse de encima el molesto lugar de un maestro rural representante de los sectores populares en el palacio presidencial. Dina Boluarte, quien se desempeñaba como vicepresidenta, demostró paulatinamente la previa preparación que tuvo el golpe parlamentario y la proyección de ella ocupando el lugar de la presidencia.
La visita de Lisa Kenna, embajadora de EEUU, y el silencio de los organismos multilaterales frente al desarrollo propio del golpe, sumado a los centenares de casos de violaciones de derechos humanos perpetrados por la Fuerza Pública en contra de las y los manifestantes, terminan de cerrar el cuadro de situación que se agrava además con la detención ilegal del presidente Pedro Castillo. Solamente para evidenciar el interés del capital transnacional en avanzar en el golpe contra Castillo, a inicios de abril el ministro de Energía y Minas del gobierno de facto, Oscar Vera, anunció que está próximo a entregar los permisos de exploración de litio a la empresa Macusani Yellowcake —filial en Perú de Plateau Energy Metals Inc. de propiedad canadiense—, para que inicie los trabajos de perforación en Perú.
En nuestro informe anterior, detallamos el curso de los acontecimientos, que durante los primeros cuatro meses del 2023 no han hecho más que agravarse. A pesar de las masivas movilizaciones que se han llevado adelante en el país, exigiendo principalmente la renuncia del gobierno ilegítimo, el llamado inmediato a elecciones, y a un proceso constituyente que convoque a redactar unas nuevas reglas democráticas, el gobierno de Dina Boluarte ha respondido con niveles de violencia y represión inusitados. Desde el inicio del golpe hasta la fecha, hay más de 76 personas asesinadas y más de 442 heridas dentro de las cuales se encuentran centenares de jóvenes y periodistas, según cifras de las misiones internacionales que han visitado el país y que inclusive en el caso de la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, sufrieron la negación del ingreso al mismo por las autoridades migratorias, marcando un grave precedente en materia de veeduría internacional.
Al respecto, el OBSAL conversó con Lucía Alvites, militante y docente universitaria peruana quien afirmó que el golpe contra Castillo “gatilló que la crisis política que vive el Perú desde hace años, se trasladara a la calle, teniendo como protagonistas de las protestas a los sectores populares y excluidos, que por primera vez se sentían representados por alguien como ellos, a través de Pedro Castillo (rondero, sindicalista, profesor rural, campesino) y que con este golpe de Estado le quitaban lo único que tenían que los igualaba a la élite: el voto”.
Según Alvites, “La respuesta del Estado fue la violación sistemática a los derechos humanos, con masacres en las regiones como Puno, Ayacucho, Apurímac, entre otras. La dictadura Boluarte tiene bajo su responsabilidad casi 70 peruanos y peruanas asesinadas, entre ellos varios menores de edad. La mayoría por balas de fuego. Si bien en la actualidad hay un reflujo del movimiento social, el nivel de conciencia sobre la necesidad de un cambio de fondo, que incluye prioritariamente el cambio de constitución. Perú vive una crisis profunda que constata una vez más que el modelo neoliberal en sus fórmulas políticas y económicas, está agotado, siendo hoy su única forma de sobrevivir bajo el autoritarismo, la dictadura y la ilegitimidad de su régimen”
La gravedad de los casos de violaciones de DDHH fue también comprobada por la visita de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que declaró que las fuerzas armadas peruanas han empleado un ejercicio desproporcionado de la fuerza a partir de la utilización de munición letal contra personas desarmadas durante las manifestaciones, como afirmó el delegado de la CIDH Joel Hernández a The New York Times. Dichas afirmaciones fueron rechazadas por el embajador de Perú en la OEA, quien afirma que el país ha actuado bajo las normas internacionales. La misma fiscalía general de la nación abrió un proceso de investigación a Boluarte por genocidio. Boluarte, por su parte, defendió el accionar de las fuerzas de seguridad e inclusive premió a los efectivos con bonificaciones económicas.
A esto se suma la grave crisis diplomática que se ha desarrollado a partir del llamado de Boluarte a sus embajadores en países que han manifestado su rechazo al tratamiento que Boluarte ha dado a la protesta social, y han exigido la restitución de los derechos al presidente Castillo, convocando a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgue medidas cautelares. Ya son los casos de la embajada de Perú en Colombia, México, en los que Boluarte ha solicitado que los embajadores se retiren de los países, tensando una relación diplomática, así como la categorización de Evo Morales como persona no grata por parte del parlamento peruano. La verdadera discusión política radica en la consolidación de un sistema político excluyente de las grandes mayorías, que reprime, asesina, o “terruquea” a quienes se le oponen, y a quienes niega sistemáticamente el cambio de la constitución en una que no garantice solamente los privilegios para la clase blanca limeña. El mes de abril cerró con las declaraciones de la presidenta de facto sobre el inicio del estado de emergencia en las fronteras del país, para evitar el ingreso de extranjeros/as a quienes catalogó como principales responsables del aumento de casos delincuenciales en el Perú, y ha impulsado escenarios de represión por parte de las fuerzas de seguridad en las diferentes fronteras, y mantiene detenidos a la fecha cerca de 300 migrantes de diferentes nacionalidades, especialmente en la frontera sur del país.
En el caso de Ecuador, el gobierno de Guillermo Lasso parece acercarse a la posibilidad de no continuar en el poder. Producto de las diversas medidas neoliberales tomadas por el presidente, alineadas con las necesidades del FMI, y la profunda crisis en materia de seguridad con graves índices de violencia, homicidios y el sufrimiento de bandos criminales vinculados al narcotráfico, que inclusive llevaron a Lasso a poner toques de queda durante 2022, numerosos sectores sociales han salido de forma permanente a las calles exigiendo la reducción del precio de los combustibles -misma consigna que en las enormes movilizaciones de 2019 contra el gobierno de Moreno), que se han agudizado en los últimos meses, y tienen la imagen del presidente con menos del 20% de aprobación de su gestión.
En medio de la crisis, como supuesta solución a los graves problemas de seguridad, Lasso propuso la realización de un referéndum que proponía permitir la extradición de ciudadanos ecuatorianos requeridos por narcotráfico, enfocando con un discurso militarista la necesidad de modificar artículos de la constitución nacional. De esa forma, el 05 de febrero se desarrolló la votación con fuertes críticas por parte de los sectores sociales que aseguraban que las medidas propuestas no resolvían los problemas profundos que aquejan al pueblo ecuatoriano.
La campaña por el No, impulsada por La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), finalmente salió victoriosa y la derrota del referéndum, propuesto por el ejecutivo, marcó el inicio de un camino que por ahora parece concluir con el gobierno del presidente Lasso.
En ese marco, en el mes de marzo, la mayoría opositora del parlamento de la Asamblea ecuatoriana presentó la solicitud de juicio político contra el presidente por la presunta comisión de delitos de malversación de fondos contra la administración pública en el manejo de contratos de la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec). En abril se inició el proceso para dar curso a la misma, que incluye la recepción de pruebas por parte de la Comisión de Fiscalización del Congreso, quien después elabore un informe ante el Legislativo y termine definiendo o no la destitución presidencial.
En ese contexto, con un sostenimiento de la ola de violencia y criminalidad, el presidente Lasso autorizó el porte de armas para ciudadanos y ciudadanas.
Las dificultades no son una realidad solamente en los casos de los gobiernos neoliberales que por medio de la represión y el disciplinamiento fiscal afectan la vida de los pueblos. En los casos de Bolivia, Colombia y Venezuela las dificultades que incluyen desde debilidades y contradicciones internas, hasta la profundización de medidas unilaterales de EEUU en su contra muestran un escenario conflictivo para la solidez de estos procesos.
En el caso Boliviano, a pesar de haber cerrado el 2022 con buenos saldos en materia económica, que dejaron una inflación del 3.1% en 2022, la más baja de la región, un buen desempeño en la exportación de la Urea, un agro fertilizante que alcanzó un récord histórico de 228,7 millones de dólares y de nuevos proyectos de exploración de hidrocarburos en el Tarija, la situación política parece compleja al interior del partido de gobierno.
La denominada “interna del MAS” ha tenido diferentes episodios donde las figuras de Evo Morales, el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca representan diferentes sectores al interior del partido de gobierno que, a pesar de mostrarse aún unidos en actos públicos, se hacen cuestionamientos, como sucedió en el mes de marzo en Ivirgarzama, en la celebración del aniversario número 28 del Movimiento Al Socialismo, donde el ex presidente Morales increpó a ministros del actual gobierno de seguir recetas del FMI.
La unidad del campo popular boliviano alrededor del instrumento sindical e indígena que representa el MAS y que ha impulsado el Proceso de Cambio en Bolivia parece un escenario difícil, pero fundamental para la consolidación de un proceso regional de carácter soberano, especialmente teniendo en cuenta los intereses imperialistas sobre los bienes comunes que tiene el país, como sucede con el Litio, abiertamente deseado por los EEUU, según las declaraciones de la Jefa del Comando Sur Laura Richardson. En ese sentido, a finales del mes de abril, Bolivia firmó con Venezuela 13 acuerdos de cooperación en áreas estratégicas como energía y petróleo, gas, educación, cultura, minería, salud entre otros.
En el caso de Colombia, el gobierno de Gustavo Petro ha experimentado varias dificultades que contrastan con la gran cantidad de medidas que ha buscado implementar en sus primeros seis meses de gobierno. Con el objetivo general puesto en dos grandes ejes temáticos, el primero vinculado con la denominada Paz Total, y el segundo con el tridente de reformas que ya mencionaba en campaña era necesario impulsar para empezar el prometido Cambio de la situación social y política en Colombia.
Respecto a la Paz Total, Petro se ha enfrentado con una serie de tropiezos vinculados con el anuncio en la primera semana del año de un supuesto Cese al Fuego acordado entre el gobierno y los diferentes actores armados que hacen vida en el país, que incluyen a las guerrillas del ELN y las diversas disidencias de las FARC-EP, hasta los grupos paramilitares vinculados al narcotráfico. En ese marco, el ELN con quien el gobierno adelanta unas negociaciones de paz como mencionamos en el último informe, manifestó públicamente que nunca había sido consultado sobre ningún cese al fuego generando un cortocircuito que debilitó la postura dialoguista del gobierno.
Sin embargo, una vez superado el traspié, continuaron las negociaciones que llegaron a un segundo punto crítico en el mes de marzo cuando el ELN impulsó una acción militar en el municipio de El Carmen —región del Catatumbo— donde murieron nueve soldados del ejército, que fue ampliamente rechazada por el gobierno y la sociedad en general.
Por otro lado, las propuestas de reformas del gobierno de Petro han sido uno de sus principales caballos de batalla en la intención de transformar la estructura desigual del país para garantizar la universalidad de los derechos en materia laboral, pensional y de salud.
La reforma laboral apunta al pago de las horas extra y al reconocimiento de contratos a aquellos que actualmente trabajan bajo la fórmula de “prestación de servicios” figura utilizada por las empresas para no garantizar la totalidad de los derechos laborales, respecto la reforma pensional busca fijar un ingreso mínimo para las personas mayores, y en materia sanitaria, el proyecto de reforma, que finalmente fue desaprobado por el parlamento, se enfoca en el fortalecimiento de la atención primaria en las regiones más periféricas del país, impulsando un aumento en los ingresos de los profesionales, buscando llevar médicos/as a las zonas rurales, entre otras medidas. Producto de esta derrota en el Congreso —uno de sus principales proyectos de gobierno—, el presidente Petro solicitó a fin de abril la renuncia protocolaria a todo su gabinete ministerial, cambiando finalmente siete ministros, entre ellos, el Ministerio de Salud. Dentro de sus argumentos para el cambio de las carteras ministeriales, afirmó que “A pesar de que mi gabinete, y su apuesta por el diálogo y el pacto, fue rechazado por alguna dirigencia política tradicional y del establecimiento, vamos a persistir con nuestro programa y nuestra vocación de grandes acuerdos nacionales”.
Adicionalmente, a inicios de marzo finalmente fue aprobado en el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, Potencia mundial de la vida” que, aunque tuvo algunas modificaciones importantes respecto su texto original especialmente en materias de género, ambiental y energética, logró avanzar con los artículos que permitían la compra de tierras para el cumplimiento en materia de Reforma Rural Integral y reparación de víctimas, la aprobación de los recursos para la creación de Ministerio de Igualdad liderado por la vicepresidenta, entre otros artículos fundamentales.
Respecto a la política exterior, el gobierno de Petro continúa marcando un camino de diálogo y vínculos comerciales y diplomáticos con su par venezolano, con el objetivo de reactivar económicamente la zona de la frontera entre ambos países, que fue una de sus principales propuestas de campaña. Por otra parte, como mencionamos anteriormente, se ha enmarcado en una política exterior que lo ubican como una de las principales figuras progresistas de la región, donde por un lado, sido uno de los principales defensores de que se le restituyan los derechos polçiticos al presidente Castillo y ha pedido la intervención de la CIDH con medidas cautelares, como sucedió en su propio caso cuando a través de montajes judiciales lograron destituirlo de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Asimismo, Petro ha tenido una fuerte postura de rechazo frente a la creación del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, que constituye el centro penitenciario más grande la región y que ha calificado como un campo de concentración donde miles de detenidos se encuentran en condiciones inhumanas, y que el presidente Bukele ha querido mostrar como uno de sus principales triunfos en materia de seguridad.
Una muestra más de la política exterior del gobierno de Petro, fue la convocatoria realizada el 25 de abril para la Conferencia Internacional sobre el proceso político en Venezuela, con participantes de 20 delegaciones entre las que se encontraron Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Honduras, México y San Vicente y las Granadinas, Türkiye, Sudáfrica, e invitados de Alemania, España, Francia, Italia, Noruega, Portugal y el Reino Unido y el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Unión Europea. Las principales conclusiones fueron la necesidad de establecer un cronograma electoral en el país vecino, la exigencia del levantamiento de las medidas unilaterales mal llamadas sanciones, y la continuación del proceso de negociación impulsado en México y Noruega y la implementación del fondo fiduciario para la inversión en Venezuela. Frente a estos resultados, el presidente Nicolás Maduro recordó que para el reinicio de las negociaciones es fundamental que el gobierno de los EE.UU. cumpla lo pactado, y devuelva a Venezuela los 3.200 millones de dólares que tiene secuestrados en bancos internacionales.
Finalmente, en el caso de la Revolución Bolivariana, el pasado mes de marzo se cumplieron diez años de la partida física del Comandante Hugo Chávez, y en el país la fecha se convirtió en una oportunidad de reflexionar sobre el rumbo que el proyecto bolivariano ha tomado a diez años de la partida de su líder natural. En ese sentido, en el marco de numerosos homenajes a la memoria de Chávez, el presidente Nicolás Maduro y diferentes Ministros de gobierno enfatizaron en la enorme dificultad que tiene que atravesar a diario el país para poder sobrevivir con el marco de medidas coercitivas unilaterales que los EE.UU. impulsan contra la Revolución Bolivariana.
Todos coincidían en que fue a partir de la muerte de Chávez que el imperialismo norteamericano apuntó con toda su fuerza los cañones contra Venezuela con el objetivo de destruir el proceso revolucionario, utilizando todo tipo de mecanismos que van desde los ataques terroristas, intentos de magnicidios, presidentes interinos autoproclamados, y el ahogamiento económico, financiero, comercial y diplomático al que condenaron al país caribeño.
En ese marco, resaltaron la importancia del diálogo con la oposición política, y la urgencia de la libertad de uno de los miembros de la delegación del gobierno a la mesa, el diplomático Alex Saab quien se encuentra ilegalmente detenido en Miami, y que era uno de los principales funcionarios que lograba llevar adelante acuerdo comerciales para sortear el bloqueo al país.
Producto también de la necesaria profundización revolucionaria en el gobierno de Maduro, se inició una fuerte campaña en contra de la corrupción de funcionarios públicos, en particular del Poder Judicial y la industria petrolera en PDVSA. La investigación, impulsada desde el fiscal general, Tarek Saab, ha logrado hasta la fecha la detención de 55 personas, y ha generado toda una reestructuración de la estatal Petróleos de Venezuela inclusive con la renuncia del entonces ministro Tareck El Aissami. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó hace semanas una ley que permitirá al Estado el uso de los bienes incautados a los acusados por el delito de corrupción.
Como es característico de la dinámica política del continente americano, el 2023 inició de manera intensa y promete ser un año convulsionado por las tensiones y disputas que se dan en los países de la región a causa de la crisis del capitalismo neoliberal, de la respuesta que buscan dar los gobiernos latinocaribeños para paliar sus consecuencias y la dificultad en la integración que impide por el momento hacer frente a fenómenos y problemáticas de escala global.
En este primer informe del año, hemos recuperado las tendencias, preguntas y escenarios abiertos con que cerramos el 2022 y que sin defraudar, los primeros meses están dando continuidad. El interrogante por la etapa política que estamos atravesando en la región está abierta y en disputa. Por un lado, los gobiernos progresistas como los del Mas en Bolivia, el Frente de Todos en Argentina y Libre en Honduras que enfrentan debates internos que asoman como destructivos en un contexto donde la derecha de esos países busca aprovechar cada oportunidad para golpear y desestabilizar. Otros como los de Boric en Chile, Petro en Colombia y Lula en Brasil, deben lidiar con los limitantes institucionales heredados de gobiernos neoliberales o por la presencia de sectores conservadores que obligan a girar hacia el centro. Además, enfrentan la embestida norteamericana por los recursos naturales y la presión por lineamientos geopolíticos que favorezcan a la Casa Blanca y contrarresten la presencia de China en la región. Las medidas que avanzan en la nacionalización del Litio como en México y Chile, que se suman a Bolivia, son señales de políticas soberanistas, pero que aparecen como limitadas si no hay una articulación regional. El liderazgo de Lula aparece como una ráfaga de oxígeno en la búsqueda de rehabilitar instancias de integración como UNASUR, y la apuesta por la multipolaridad en el orden internacional.
Por otro lado, los gobiernos de derecha no la tienen más sencillo que los progresistas. Lacalle Pou en Uruguay y Lasso en Ecuador afrontan procesos de desgastes por parte de las organizaciones sociales y gremiales. El mandatario ecuatoriano se encuentra actualmente en la cuerda floja teniendo que enfrentar un juicio político. Pero lo que prima en la derecha y sectores conservadores, son la presencia de gobiernos autoritarios como el caso de Bukele que busca sostener su popularidad mediante la “guerra contra las pandillas” y publicitando su modelo internacionalmente. También está el gobierno ilegítimo de Boluarte en Perú, que mostró lo poco que los sectores dominantes están dispuestos a respetar la democracia y los derechos humanos para imponer sus intereses, y lo van a hacer a cualquier costo sin importar la sangre derramada y las vidas asesinadas. La victoria del Partido Colorado en Paraguay cortó con una serie de derrotas electorales de los oficialismos y dió una razón de festejo a los liderazgos de las derechas en la región.
Nuestra América afronta problemáticas estructurales que parecen agudizarse con el desenlace de la crisis civilizatoria del capitalismo neoliberal. La crisis migratoria y la violencia social afectan a los países centroamericanos y caribeños de manera particular. El colonialismo norteamericano sobre estas regiones dejó consecuencias gravísimas que condenan a sus pueblos a sufrir altos porcentajes de pobreza, desigualdad sin que las instituciones estatales puedan dar respuestas a las problemáticas urgentes por estar cooptados por la corrupción, el narcotráfico y bandas del crimen organizado. La violencia se volvió estructural y las altas tasas de homicidios, así como el control territorial por parte de las pandillas, se volvieron fenómenos habituales en estas sociedades, donde muchos huyen no en busca del sueño americano, sino para escapar de la realidad que los atraviesa.
La resistencia heroica de los pueblos latinoamericanos y caribeños, así como de procesos políticos revolucionarios que vienen resistiendo las medidas coercitivas del imperialismo y el propio desgaste del tiempo, como el venezolano y el cubano, son faros que iluminan en este presente turbulento. En esta etapa abierta, de hegemonías imposibles, la lucha de los movimientos populares en la defensa de la vida y la naturaleza contra la embestida del capital, se vuelve fundamental. En este contexto, ninguna victoria es completamente victoria, y ninguna derrota es completamente derrota, pero lo que persevera es la lucha inclaudicable por un futuro más justo. Las tintas del 2023 comenzaron a escribirse y esperamos que el final de su trazado sea desde abajo y a la izquierda.
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