En el segundo cuatrimestre de 2023 se han visto acentuadas en el mundo y en nuestro continente algunas tendencias previas, que son objeto de relevamiento y análisis en este informe número 21 del Observatorio de América Latina y el Caribe (OBSAL), del Instituto Tricontinental de. Investigación Social.
A nivel global, observamos, por un lado, la progresión acelerada del cambio climático como una de las dimensiones principales de la crisis civilizatoria ―de la civilización del capital―. Con olas de calor que rompieron los máximos históricos y tuvieron consecuencias como deshielos, incendios y sequías, se manifiesta de forma cada vez más urgente la necesidad de mitigar los efectos de esta era del “hervor global” ―como la calificó el secretario general de las Naciones Unidas― escuchando las propuestas de cambio inspirado en la justicia social y climática planteadas por los movimientos populares.
A su vez, el cambio climático está teniendo un impacto significativo en la producción agrícola, y esto ha llevado a un incremento en los precios de los alimentos. En ese marco, países como India y Rusia han limitado de distintas maneras su participación en el mercado mundial. Los precios del petróleo también han subido en los últimos meses. Estos eventos ocurren en un contexto en el que se espera una desaceleración de la economía mundial, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), con una caída en las economías de los países desarrollados y un repunte en los países en desarrollo. La inflación mundial aún es alta, aunque ha disminuido. En este marco, la adopción de políticas económicas ortodoxas ha aumentado la desigualdad y el sufrimiento de los sectores populares y los países del sur global.
La segunda tendencia mundial que analizamos en este informe es la transición hegemónica global hacia un mundo multipolar, de la que ya hemos venido hablando y que ha sido reconocida ya por los líderes mundiales. Esta transición, sin embargo, choca con la dinámica guerrerista y la política imperialista de Estados Unidos, particularmente en nuestro continente, pero que también está presente en las guerras que están teniendo lugar en Europa y África, con gran participación de los países de la OTAN.
El foco del escenario guerrerista se viene desplazando desde Europa hacia África, luego de una contraofensiva ucraniana apoyada por la OTAN que no tuvo avances significativos. El golpe de Estado ocurrido en julio en Níger y la asunción de un gobierno crítico a la intervención francesa han aumentado la posibilidad de una tercera guerra en el continente. Este golpe se sitúa en una serie de golpes militares en los países de la región africana del Sahel ocurridos durante los últimos años. Muchos de estos nuevos gobiernos militares han adoptado posturas antiimperialistas respecto de los intereses de Francia y Estados Unidos y se han mostrado más cercanos a Rusia, en lo que parecieran presentarse como tensiones locales que expresan una confrontación geopolítica global.
Esta tendencia a la multiplicidad de focos de poder en el mundo también se ha expresado en las distintas cumbres internacionales que ocurrieron en los últimos meses, a nivel mundial y a nivel continental.
La más significativa de estas fue la Cumbre de los BRICS, en la que se definió ampliar el bloque, incorporando a seis países nuevos. Argentina es el único de nuestra región en incorporarse. Además de lo que el nuevo bloque BRICS+ va a representar a nivel mundial ―el 46% de la población mundial, el 36% del PBI y el control de la mayor parte de la producción de granos e hidrocarburos― resulta ineludible el debate sobre el dólar como moneda de intercambio global y su potencial declive, ya expresado en algunas cuestiones prácticas en intercambios que empiezan a realizarse en yuanes en países como Bolivia, Brasil y Argentina, por ejemplo.
Otra de las Cumbres relevantes a nivel geopolítico para nuestra región fue la realizada entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que, si bien no cristalizó avances específicos, de por sí expresa el interés de Europa en asegurarse mercados y recursos estratégicos y pone de relevancia el rol de la CELAC como organismo que tiene el potencial de ser un interlocutor que exprese las voces de la región.
En el marco del Mercosur volvieron a expresarse las diferencias que ya venían poniendo sobre la mesa países como Uruguay ―que no firmó el documento de la cumbre realizada en julio y quiere firmar un Tratado de Libre Comercio con China por su cuenta― y Paraguay, que no tiene relaciones diplomáticas con China por su reconocimiento a Taiwán. Un tema importante para el Mercosur es la implementación del acuerdo con la Unión Europea, bajo negociaciones en este momento.
Cobra relevancia en el marco de estas tendencias globales descritas ―y especialmente en relación con la aceleración del cambio climático― la Cumbre de presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), realizada en agosto, en la que se planteó una agenda de cooperación regional en relación con la Amazonía y su desarrollo.
La tendencia al multipolarismo se expresó también en la imposibilidad ―por el momento― de cerrar un acuerdo de intervención en Haití, donde varios países del Caribe y también Rusia y China expresaron reparos a una solución que no contemple la voluntad del propio pueblo haitiano.
En cuanto a movimientos populares, destacamos la realización de la Conferencia regional del encuentro Dilemas de la Humanidad, previa al encuentro global que se llevará a cabo en Sudáfrica en octubre. Es un espacio en el que referentes de movimientos populares de la región debaten sobre la coyuntura geopolítica actual y la construcción de un proyecto emancipatorio y de unidad para la región.
En cuanto a las subregiones que abordamos en nuestros informes, se ha observado en el Cono Sur una tendencia a la derechización general, caracterizada principalmente por el sorpresivo triunfo de la ultraderecha en las elecciones primarias de Argentina pero matizada por las políticas que viene implementando Lula Da Silva en Brasil.
En las elecciones primarias de Argentina en agosto, el candidato de la ultraderecha obtuvo un inesperado 30% y quedó en primer lugar en una elección dividida en tercios, en la que el oficialismo quedó en tercer lugar por un escaso margen. En un marco de crisis económica creciente y de tensiones con el FMI ―que ejerce prácticamente un cogobierno en el país―, al gobierno argentino le queda intentar revertir esta situación con políticas compensatorias o de redistribución del ingreso. La elección ―crucial para la orientación que tendrá nuestra región en los próximos años― tendrá su primera vuelta en octubre y, en caso de haber segunda vuelta, se realizará en noviembre.
En Brasil, el tercer gobierno de Lula está logrando algunos avances, aunque con las limitaciones propias de una alianza amplia que tenía el primer objetivo de sacar a Bolsonaro de la presidencia. Algunas políticas recientes incluyen la ampliación del acceso a la educación y el Programa de Aceleración del Crecimiento con inversiones en diversas áreas. Hay mejoras en los indicadores socioeconómicos, una tasa de desempleo baja y una inflación controlada. Sin embargo, persisten limitantes como las altas tasas de interés, la rigidez fiscal y la reforma tributaria que no termina de atacar la desigualdad.
En Chile, la derecha, liderada por Juan Antonio Kast, ha ganado terreno en las elecciones de consejeros constituyentes, donde obtuvo un primer puesto, obteniendo 23 de los 50 lugares. El gobierno de Gabriel Boric ha visto nuevamente una disminución en su popularidad en las encuestas. Ha propuesto medidas tributarias para fortalecer la recaudación y que eso permita mejorar el sistema de salud, las pensiones y el servicio de justicia y seguridad. Pero del otro lado, enfrenta un escándalo de corrupción que llevó a la renuncia de un ministro, tensión con los docentes y la mala noticia de que el país ingresó en una etapa recesiva, caracterizada por la caída del PBI en los últimos tres trimestres. En este marco, el gobierno busca acuerdos con la derecha para garantizar su gobernabilidad, y está entablando conversaciones para generar consensos para llevar a cabo reformas impositivas. También ha expresado una posición conservadora en relación con el conflicto entre comunidades originarias y empresarios.
En Paraguay, Santiago Peña asumió la presidencia, para la cual había sido electo en marzo. Si bien hay una continuidad en términos partidarios, el nuevo presidente pertenece a otra corriente interna del Partido Colorado. Ni en su discurso inicial ni en la composición de su gabinete pareciera haber muestras de abordar uno de los problemas estructurales del país, que es la distribución desigual de tierras y la situación del campesinado. Miembro fundador del «Grupo Libertad y Democracia», espacio alineado con la derecha y considerado un contrapeso al Grupo de Puebla, Peña inició su gobierno en el plano internacional en tensión con el gobierno argentino y con desafíos en sus relaciones con Estados Unidos, debido a las acciones legales que el gobierno de Biden llevó a cabo contra miembros de su partido durante el último año.
En Uruguay, el período se destacó por la crisis hídrica en Montevideo, que se convirtió en la primera capital del mundo en quedarse sin agua para consumo humano. Esto fue precedido por una sequía y no hubo infraestructura suficiente para abordarlo a tiempo. En lo político, este país también está atravesado por la tendencia a la derechización general y, en ese marco, el gobierno firmó un acuerdo militar de “apoyo mutuo” con Estados Unidos. El año que viene hay elecciones, y esto habilita a que, junto con las candidaturas, se propongan temas a llevar a plebiscito, por lo cual ya hay sectores planteando cuestiones a ser llevadas a esa instancia. Uno de ellos es el PIT-CNT, que impulsará un plebiscito contra la reforma de seguridad social que impulsa el gobierno. De cara a las elecciones, por ahora el tablero político aparece dividido en dos mitades, una hegemonizada por la Coalición Multicolor liderada por el Partido Nacional y otra hegemonizada por el Frente Amplio. Cada frente político se encuentra en debates internos respecto a propuestas, estrategias y candidaturas.
En la región andina, el centro de atención está puesto en las elecciones presidenciales de Ecuador. En un contexto crítico para el país, como consecuencia de las políticas neoliberales de Guillermo Lasso y la escalada de violencia y asesinato a uno de los candidatos presidenciales, el proceso electoral desembocó en una segunda vuelta. La candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, se medirá con el derechista Daniel Noboa, en un balotaje que marcará el rumbo no solo de los ecuatorianos y ecuatorianas, sino que tendrá su impacto en el proceso de integración regional. Además, el pueblo ecuatoriano votó masivamente en rechazo a la explotación petrolífera en el Parque Nacional Yasuní.
Otro país que se prepara para su contienda electoral es Venezuela. Las presidenciales del 2024 enfrentarán a la revolución bolivariana liderada por Nicolas Maduro, que representará nuevamente al Gran Polo Patriótico ante una oposición difusa, sin candidatos claros, pero con la brújula hacia la derecha y al norte cada vez más acentuada.
Cruzando la frontera venezolana nos encontramos con Colombia, cuyo gobierno encabezado por Gustavo Petro cumplió un año. La bocanada de esperanza que representó la llegada del actual Presidente tuvo sus primeros efectos en materia de política internacional y nacional. Sus intervenciones en cumbres internacionales, en particular en temas como la lucha contra el narcotráfico y la justicia ambiental, son muy importantes. Además, está teniendo un rol destacado en el impulso de procesos de integración regional. En el plano interno, viene promoviendo una agenda de justicia social de inclusión hacia los excluidos y excluidas. Y promueve una serie de reformas de salud, laboral y de pensiones que encontró un fuerte rechazo en la oposición. Estos sectores, articulados mediática y judicialmente buscan desestabilizar al gobierno con acusaciones falsas, mientras callan las atrocidades cometidas por el gobierno de facto de Dina Boluarte en Perú, que enfrenta una dura resistencia por parte del pueblo peruano que busca frenar la escalada represiva y extranjerizante.
Bolivia sigue su camino por políticas soberanistas, buscando industrializar sectores estratégicos como el Litio. Además, el partido gobernante —MAS— debe resolver tensiones a su interior, que al decir de García Linera, pueden ser destructivas o creativas. La disputa por el liderazgo entre Arce, Choquehuanca y Evo Morales amenaza no sólo la unidad política del partido, sino también del propio gobierno.
Yendo hacia Mesoamérica, en México nos encontramos con una realidad política con miras a las elecciones presidenciales de 2024. Oficialismo y oposición definieron candidaturas en procesos de elección interna que no estuvieron exentos de tensiones y, como en el caso de Morena, amenazan la unidad política. Claudia Sheimbaum representará al partido liderado por López Obrador y Xóchitl Gálvez lo hará por el frente opositor Frente Amplio por México, que reúne a los tradicionales partidos PRI, PAN y PRD. Resta por ver el papel que tendrá el ex canciller Marcelo Ebrard en la contienda electoral ante los rumores de una posible candidatura por fuera del morenismo, luego de perder su interna.
Una tendencia siempre analizada en nuestros informes es la crisis migratoria que golpea a la región mesoamericana. Contra toda esperanza de los grupos migrantes que se encuentran de uno y otro lado de la frontera que separa el Río Bravo, el fin del Título 42 devino en un recrudecimiento de las políticas antimigratorias por parte de EE UU. Una problemática que amenaza con agudizarse en un contexto de crisis social, económica e inestabilidad política.
Los procesos electorales y el sistema político en los países centroamericanos penden de un hilo fino, en un contexto de múltiples crisis sociales y económicas que generan descontento social y unas oligarquías que no están dispuestas a perder su poder. Tanto en Guatemala como en Honduras la amenaza de un golpe de Estado acecha a sus democracias. En el caso del país que preside Xiomara Castro, los militares responsables del golpe a Zelaya en 2009 vuelven a amenazar con atentar contra el orden constitucional, al tiempo que la oposición se reorganiza en el Bloque de Oposición Ciudadana para desgastar en la calle al gobierno y bloquear en el Congreso Nacional sus iniciativas. Castro se encuentra en uno de los momentos más delicados desde que es Presidenta, pero con un fuerte apoyo social y demostración en la movilización popular.
El pueblo guatemalteco expresó su voluntad de cambio eligiendo como nuevo presidente a Bernardo Arévalo del partido Semilla. Las elecciones estuvieron atravesadas por la judicialización electoral que entre proscripciones y no aceptación de los resultados electorales amenazaron con clausurar la voluntad popular que dijo basta del «pacto de corruptos». Si bien la victoria de Arévalo ha sido oficializada, el camino a su asunción como mandatario no será fácil, ya que entre bambalinas —y no tanto— sectores judiciales, políticos y empresariales mueven sus fichas para evitar que esto suceda; o en todo caso condicionar al próximo gobierno.
En El Salvador, el autoritarismo de Bukele se consolida a medida que quiebra toda legalidad del Estado de derecho. A la vez que sigue extendiendo el régimen de excepción enmarcada en su «guerra contra las pandillas», se postula para la reelección presidencial de 2024. La nueva postulación del mandatario es inconstitucional pero fue avalada por miembros del Poder Judicial elegidos por su partido.
Yéndonos para las aguas del Caribe, este informe detalla el agravamiento de la crisis social, sanitaria y política en Haití, a dos años de un magnicidio cuya investigación sigue sin avanzar, y en el marco de un gobierno de facto que aún no ha llamado a elecciones. En ese contexto, avanzan las propuestas injerencistas de Estados Unidos y sus aliados desde distintos organismos internacionales, en los que Rusia y China son quienes vienen jugando un rol de contrapeso, poniendo nuevamente en jaque a la hegemonía del mundo unipolar de la que venimos hablando.
Por otro lado, Cuba sigue surfeando la ola de cambios que son parte del reordenamiento económico que empezó con la Reforma Constitucional de 2019 y que están produciendo modificaciones en la estructura económica y estatal del país. Este informe analiza en detalle la situación macroeconómica actual, atravesada por la inflación, el desdoblamiento del tipo de cambio y la reciente constitución de pequeñas y medianas empresas privadas. Estas reformas se dan en el marco de una crisis provocada principalmente por el bloqueo económico, profundizado durante el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y que no ha retrocedido en la gestión Biden.
Así entonces, presentamos en este informe los principales acontecimientos, tensiones y análisis del panorama regional, buscando sumar un aporte desde el Tricontinental y la visión de los movimientos sociales al debate sobre los escenarios posibles a nivel continental y global.
Lo sucedido en el segundo cuatrimestre del 2023 —periodo que examinamos en este informe— en relación con la evolución de la crisis climática arroja evidencias sumamente preocupantes. Por una parte, la Organización Meteorológica Mundial señaló que atravesamos los dos meses de julio y agosto más cálidos de la historia de la humanidad. Por otra parte, también en los últimos meses se alcanzaron nuevos récords en la elevación de la temperatura de superficie en el Atlántico Norte, en la de los océanos a nivel global y en la retracción del hielo antártico, que alcanzó un nuevo límite, superando la disminución histórica del 2016 pero varios meses antes, en plena temporada fría. La combinación de estos registros motivó incluso que los científicos alertaran sobre el peligro de estar frente a un cambio profundo de las corrientes marinas que regulan la temperatura y la vida a nivel global.
Mientras tanto, en la superficie terrestre, una ola de calor recorrió y recorre el hemisferio norte, superando marcas históricas de temperatura, secando territorios y desplegando un cinturón de fuego que asoló el bosque boreal en Canadá (todavía ardiendo), la isla Maui en Hawai, las islas griegas (Corfu) y el continente, y las islas españolas (Tenerife) en el Mediterráneo, entre los casos más trágicos y conocidos.
La situación es tan grave que el propio Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en una conferencia de prensa especialmente convocada sobre el tema el pasado 27 de julio, afirmó dramáticamente que “la era del calentamiento global ha terminado; ha llegado la era del hervor global. […] El cambio climático está aquí. Es aterrador. Y es sólo el principio. […] La única sorpresa es la velocidad del cambio. […] Las consecuencias son claras y trágicas”. Y dirigiéndose a los líderes mundiales, tomando como propias las claras advertencias formuladas por tantos activistas y movimientos sociales en el pasado, exclamó: “No más vacilaciones. No más excusas. Basta de esperar a que otros actúen primero. Ya no hay tiempo para eso. Todavía es posible […] evitar lo peor del cambio climático. […] Pero sólo con una acción climática drástica e inmediata. […] No más green washing [maquillaje verde]. No más engaños” (la traducción del inglés es nuestra).
Nuestra América no escapa a esta emergencia climática. Mientras en el norte de la región se sufre una intensa ola de calor y un ciclo de tormentas y diluvios extraordinarios, en Sudamérica también se experimenta otra ola de calor más tenue pero en plena temporada invernal, que supera varias marcas históricas anteriores. No es necesario señalar sus consecuencias negativas sobre los glaciares y nieves andinas, sobre la disponibilidad de agua dulce y sobre el rendimiento de los cultivos. Y lamentablemente, todo ello no es una novedad. La prolongación del evento climático de “La Niña» a lo largo de los últimos tres años, tras la intensificación de estos fenómenos bajo la crisis climática, ya descargó sobre parte de la región intensas olas de calor y sequías, agudizadas a su vez por el extractivismo. Allí se cuenta la escasez de agua dulce que obligó a utilizar de manera creciente fuentes salobres volviendo imbebible el agua de grifo para los habitantes del área metropolitana de Montevideo, donde se concentra casi el 60% de la población del país. O la sequía que impactó en la producción agrícola en Argentina, reduciendo las cosechas —con casi un 50% de pérdidas— y las exportaciones entre 2022 y 2023, acentuando la difícil situación económica que vive este país. O la disminución del volumen del agua del lago Titicaca —centro de la vida social y económica del altiplano desde el imperio Inca—, que hoy se acerca a niveles críticos.
Hoy esta progresión acelerada del cambio climático se constituye en una de las dimensiones principales de la crisis civilizatoria —de la civilización del capital—, que venimos examinando en esta sección en los últimos informes. En esta dirección, las previsiones científicas estiman que el 2023 puede convertirse en el año más cálido desde que se tienen registros. Ya en el informe anterior habíamos citado el documento de la Organización Meteorológica Mundial (OMM, Global Annual to Decadal Climate Update) que alertaba que muy probablemente la temperatura media mundial anual superará los 1,5 °C al menos en un año de los próximos cinco y, posiblemente, en todo ese periodo. En este caso, frente a la llegada del fenómeno del Niño a la región, con las estimaciones de que sea en realidad un “super Niño”, otras estimaciones señalan la posibilidad de alcanzar nuevos récords de temperaturas, secuencias de olas de calor continuas y lluvias torrenciales. Esos diluvios castigaron, en los inicios de septiembre, a Grecia, Turquía, Brasil y convocaron las grandes tormentas que avanzaron desde el Caribe hacia el continente. Así también, en esas fechas, el secretario general de Naciones Unidas volvió a afirmar que “el colapso climático ha comenzado…[y] nuestro clima está implosionando más rápido de lo que podemos hacer frente a los fenómenos meteorológicos extremos que afectan a todos los rincones del planeta”. Las banderas de un cambio inspirado en la justicia social y climática y los caminos efectivos de una transición socio-ecológica planteados por los movimientos populares se tornan hoy más imperiosos y apremiantes. En esta dirección, es posible y necesario desarrollar un plan de mitigación y adaptación popular de emergencia frente al avance de la crisis climática.
Por lo señalado hasta aquí, pueden percibirse las consecuencias sociales y económicas que trae aparejado el cambio climático. Entre todas ellas, su impacto en la producción agrícola conlleva un incremento de los precios de estos bienes. En estos meses, eso llevó al gobierno indio a prohibir la exportación de arroz blanco no basmati (27/7), cuyo cultivo había sido afectado por la corriente de “El Niño”, para asegurar el abastecimiento de su mercado interno, siendo el principal comercializador mundial de esta gramínea (aproximadamente el 40% del mercado). Sumada la decisión de Rusia de no renovar su participación en la iniciativa de cereales del Mar Negro (17/7), los precios de algunos alimentos comenzaron a incrementarse en las últimas semanas, aunque todavía están lejos de alcanzar los valores records del año pasado. En similar dirección, también el precio del petróleo aumentó en los últimos meses, aún sin llegar a los niveles récords del 2022.
Estos acontecimientos tienen lugar cuando los organismos internacionales, por ejemplo el FMI, estiman para este año una desaceleración de la economía mundial, aunque menor a la esperada en abril pasado, que pasaría de un crecimiento del Producto Bruto global del 3,5% en 2022 a 3% en 2023. Pero este pronóstico global promedia situaciones muy diferentes. Así, se estima una caída significativa en las economías de los países del antiguo centro del capitalismo (un 1,5% respecto del año anterior) y, por otro lado, un repunte de las de los países considerados “emergentes y en desarrollo” (del 3,1 al 4,1 en 2023). Asimismo, los pronósticos del FMI respecto de la inflación mundial para 2023 continúan siendo altos, aunque también menores que los del año pasado (del 8,7 al 6,8%).
Sin embargo, más allá de estas estimaciones de que “la economía mundial está encaminada”, la afirmación de una política económica ortodoxa como respuesta a la crisis ha incrementado los padecimientos de los sectores populares y los países del sur global. Así, según el reciente informe de OXFAM y ActionAid, 722 de las mayores empresas del mundo obtuvieron conjuntamente más de 1 billón de dólares anuales en beneficios extraordinarios en los últimos años, un incremento del 89% respecto al periodo pre pandemia, “aprovechando para subir precios y obtener beneficios desmedidos, saqueando a las personas bajo el pretexto de una policrisis”. La intensificación de este proceso de polarización (desigualdad) social se refleja en que “la riqueza extrema y la pobreza extrema se han incrementado simultáneamente por primera vez en 25 años”. En similar dirección, en 2023 un número creciente de países del sur global han adoptado planes de ajuste estructural bajo la orientación del Fondo Monetario Internacional. Asimismo, la política de incremento de las tasas de interés ha supuesto una nueva amenaza para las familias y para los países altamente endeudados.
En el teatro de la guerra europea, en los inicios del segundo cuatrimestre del año comenzó finalmente la esperada contraofensiva ucraniana. Sin embargo, más allá de los anuncios, a lo largo de estos meses esta ofensiva militar no obtuvo ningún avance ni éxito significativo. El fracaso de esta operación, reconocido hoy incluso por medios y especialistas “occidentales”, supuso, de cierto modo, la prolongación de la estrategia rusa de guerra de desgaste que examinamos en nuestro informe anterior. Así, basado en el control aéreo y el poder de fuego de su artillería y misiles, las fuerzas rusas han rechazado hasta ahora todos los intentos de romper su frente, sometiendo a sus oponentes a una pérdida repetida de soldados y equipos. El conflicto entre el Grupo Wagner y el gobierno ruso acontecido en junio no alteró esta situación. Por otra parte, las limitaciones de la ofensiva ucraniana implicaron un mayor involucramiento de EE. UU. y Europa tanto en la dirección, entrenamiento y provisión de fuerzas militares —de modo directo o indirecto— como en el financiamiento, inteligencia y entrega de armamento —por ejemplo, los tanques Challenger y Leopard a partir de marzo; los sistemas Patriot en abril; las bombas de racimo prohibidas internacionalmente en julio; y el anuncio de entrega próxima de aviones F 16—. Un involucramiento que transparenta trágicamente la participación de la OTAN en el conflicto y amenaza permanentemente con su mutación en guerra global o nuclear. Estos peligros se hicieron presentes particularmente a principios del mes de junio con la voladura de la represa de Kajovka y, a principios de julio, con las amenazas de ataque a la central nuclear Zaporiyia, ambas bajo control ruso.
A fines de julio un golpe de estado en Níger y la asunción de un gobierno crítico de la intervención francesa desplazó el escenario guerrerista al África, haciendo sonar los tambores de una tercera guerra africana, tras la primera (1996-1997) y segunda (1998-2003) guerras del Congo. Agravados por la intervención militar de la OTAN en Libia y la profundidad de la crisis social, las tensiones y conflictos en diferentes países de la región del Sahel desembocaron en los últimos años en una serie de golpes y enfrentamientos militares (al ya mencionado en Níger deben sumarse los acontecidos en Malí, Chad, Guinea, Sudán y Burkina Faso, y el reciente en Gabón). En muchos de estos casos, los nuevos gobiernos militares adoptaron una orientación antiimperialista contraria a los intereses estadounidenses y franceses. Centrales en la provisión de minerales críticos a estos países y en su operatividad militar en la región; el acercamiento a Rusia y la presencia del Grupo Wagner muestran cuánto de estos cambios políticos y la creciente tensión militar expresan localmente también una confrontación geopolítica global y la dinámica de la transición hegemónica que examinamos en el punto siguiente. En este caso, la amenaza de intervención militar desatada contra el nuevo gobierno militar de Níger por la Comunidad de Estados de África Occidental (CEDEAO) —particularmente por la alianza entre Nigeria, Benin, Ghana y Senegal— apoyada por EE. UU. y Francia desembocó en las declaraciones de Mali y Burkina Faso de apoyo y disposición de intervenir en la posible guerra a favor de Níger. Así, mientras se ejercen múltiples presiones económicas y diplomáticas e intentos de desestabilización sobre el nuevo gobierno militar, el escenario de una nueva guerra africana sigue abierto, dando cuenta de la trágica dimensión guerrerista de la crisis civilizatoria que afrontan hoy los pueblos.
“Nos encontramos ahora en un punto de inflexión. El período posterior a la Guerra Fría ha terminado. Se está produciendo una transición hacia un nuevo orden mundial. Aunque sus contornos aún están por definir, dirigentes de todo el mundo se han referido a la multipolaridad como uno de sus rasgos definitorios. En este momento de transición, las dinámicas del poder se han fragmentado cada vez más a medida que surgen nuevos polos de influencia, se forman nuevos bloques económicos y se redefinen los ejes de las disputas. Existe una mayor competencia entre las grandes potencias y una pérdida de confianza entre el Norte Global y el Sur Global. Distintos Estados tratan cada vez más de reforzar su independencia estratégica, al tiempo que intentan maniobrar por encima de las líneas divisorias existentes. La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la guerra en Ucrania han acelerado este proceso”. Estas palabras del Secretario General de Naciones Unidas, escritas en la introducción del documento Nueva Agenda de Paz de julio pasado, dan cuenta del reconocimiento internacional de que nos encontramos en un período de cambio de la hegemonía global aunque, como lo señala Vijay Prashad, al “no proporcionar un análisis específico de la situación actual […], acaba aportando el tipo de soluciones vagas”.
En esta dirección, la convocatoria de la ONU para una Cumbre para el Futuro a celebrarse en septiembre de 2024 para construir una transición negociada tropieza con la dinámica guerrerista desplegada por EE. UU. en respuesta a su declinación hegemónica; la reorganización de la globalización neoliberal y sus cadenas globales de producción y consumo en términos de bloques regionales cada vez más cerrados bajo políticas proteccionistas; y la aceleración y tensión creciente entre los procesos de desdolarización e intervencionismo imperialista en el sur del mundo.
Todo esto se relaciona centralmente con la estrategia del imperialismo estadounidense, así como con la dinámica —compleja, dinámica, pero donde se observan ciertas tendencias significativas— de los procesos de integración y de disputas que atraviesan el continente y el mundo. Estos temas los abordamos en el punto 2 de este informe.
Una confirmación del giro hacia un mundo multipolar lo ofreció la ampliación del bloque de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), con la decisión sobre la incorporación de Argentina, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán.
La decisión fue tomada —luego de algunas vacilaciones y matices entre los presidentes— en la XV Cumbre del bloque, desarrollada en Johannesburgo el 23 y el 24 de agosto. De esta manera, de no haber imprevistos, a partir del 1º de enero de 2024 la asociación de países se convertirá en BRICS+ y reunirá el 46% de la población mundial, el 36% del PBI y una enorme potencialidad estratégica, al controlar la mayor parte de la producción de granos e hidrocarburos. Este perfil podría incluso consolidarse con una eventual incorporación de países como Bolivia, Venezuela, Nigeria, Argelia y Bahréin, algunos de los muchos países interesados en sumarse [1, 2].
Respecto al alcance de la incorporación en el continente americano, en primer lugar hay que destacar que Argentina es el único de los países invitados que pertenece a la región. Su ingreso al bloque en esta primera etapa de ampliación se debe en gran parte al trabajo del presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” Da Silva. La presión del líder sudamericano llegó incluso a ser explícita, mientras se desarrollaba la propia reunión y circulaban versiones extraoficiales respecto a que no habría avances en ese sentido. El apoyo de China habría desequilibrado la balanza a favor del país sudamericano.
El segundo punto a señalar es que la incorporación se hace efectiva el 1º de enero de 2024. Esto tiene su relevancia particular, porque en esa fecha habrá un nuevo gobierno en Argentina. Hasta el momento, de los tres espacios políticos con posibilidades de alcanzar el gobierno a través de las elecciones generales de este año, los dos de oposición —expresados por las candidaturas de Javier Milei y Patricia Bullrich— se manifestaron en contra de la incorporación del país al BRICS+. Se trata de un posicionamiento que va a contramano de los intereses económicos de grandes empresarios y en general de los propios indicadores de la economía argentina, como lo recordó el candidato del peronismo, Sergio Massa, en la reunión anual del Consejo de las Américas, expresión de los intereses norteamericanos en el país. El proceso de acercamiento al bloque atravesó diferentes gobiernos en los últimos quince años: fue impulsado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, continuó tibiamente incluso con el de Mauricio Macri —que participó de la X Cumbre de presidentes, también realizada en Sudáfrica en julio de 2018— y luego con el de Alberto Fernández, que culmina su mandato el 10 de diciembre.
Para Argentina, se trata de una noticia importante no solo para fortalecer su comercio exterior, sino también por la posibilidad de acceder a financiamiento del Nuevo Banco de Desarrollo, que dirige la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff y que algunos analistas señalan que puede jugar un papel importante como alternativa al FMI.
Por su peso específico, la potencialidad del bloque es ineludible en muchos aspectos económicos y políticos, pero hay un debate en particular al que hay que prestarle mucha atención y tiene que ver con el potencial declive del dólar como moneda de intercambio a nivel global. En este sentido, hay movimientos de varios países en función de reducir su dependencia de la moneda estadounidense. Por ejemplo, en los últimos meses fue notorio el aumento en la importancia del yuan para países como Bolivia, Brasil y Argentina, en este último caso además con el agregado —de alta carga simbólica, además de práctica— de que en julio comenzó a utilizar la moneda china para afrontar vencimientos de deuda con el FMI.
En los días previos a la Cumbre de Johannesburgo, desde diferentes enfoques algunos analistas [1, 2] especularon con la posibilidad del lanzamiento de una moneda común del bloque. Esto no sucedió, pero el tema cobra cada vez más importancia pública y fue incluido en temas a trabajar: “Encomendamos a nuestros Ministros de Finanzas y/o Gobernadores de Bancos Centrales, según proceda, a que examinen la cuestión de las monedas locales, los instrumentos de pago y las plataformas y nos informen al respecto antes de la próxima Cumbre”, señala el punto 45 de la declaración final.
Precisamente, el flanco financiero es el que destaca el profesor José Lui Fiori en una entrevista publicada dos días después de la Cumbre de Sudáfrica. El profesor de Economía Política Internacional sostiene que el mayor golpe económico a los intereses estadounidenses y del G7 vendrá por el lado de la desdolarización, lo cual “golpeará duramente al dólar y al poder monetario y financiero de Estados Unidos”.
Sobre el punto, Fiori analiza que “en la reunión de Johannesburgo no se creó una nueva moneda ni se discutió abiertamente sobre su creación. Pero sí anticipó discretamente la sustitución del dólar en las transacciones energéticas entre los países miembros del grupo y entre éstos y todas sus ‘zonas de influencia’. Y éste es quizás el mayor golpe hasta la fecha contra la hegemonía del dólar desde los Acuerdos de Bretton Woods en 1944, y desde el gran acuerdo firmado entre Estados Unidos y Arabia Saudí poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se estableció y garantizó la intermediación del dólar en todas las grandes operaciones del mercado mundial del petróleo”.
Para calibrar la importancia de los debates y las acciones en curso, Fiori plantea que lo sucedido en la Cumbre supone “una verdadera ‘explosión sistémica’ del orden internacional construido y controlado por los europeos y sus descendientes directos hace al menos tres siglos”. Aunque aclara que se trata de un proceso donde los efectos y las consecuencias más importantes no serán inmediatos, “sino que se manifestarán en forma de oleadas sucesivas y cada vez más poderosas”.
Por último, y en retroalimentación con este proceso que podemos caracterizar de aceleración de la transición hacia un mundo multipolar, también hay que mencionar el permanente crecimiento de las relaciones comerciales, económicas y financieras entre China y la región, en particular a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, como indican diversos reportes [1, 2].
A pesar de que oficialmente la respuesta del gobierno de EE. UU. fue restarle importancia a la Cumbre, la evolución de los acontecimientos necesariamente debe ser materia de seguimiento por parte de todos los organismos vinculados al análisis de la política internacional. También es terreno donde ya se juegan operaciones discursivas tendientes a impulsar una narrativa de “buenos” y “malos”, en la cual por un lado estaría la civilización occidental —expresada por EE. UU. y Europa Occidental— y por otro el “mundo autoritario”, cuya expresión serían China, Rusia e Irán. Se trata de la narrativa de la Nueva Guerra Fría, que EE. UU. intenta instalar en el contexto de este momento particular de disputa geopolítica.
Otro de los temas relevantes del segundo cuatrimestre de 2023 fue la realización, por primera vez en ocho años, de una Cumbre entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). El encuentro se desarrolló en Bruselas a mediados de julio y no ofreció grandes novedades respecto a avances concretos, aunque en estos casos la propia realización del evento es de por sí una señal política relevante.
En este sentido, hay que destacar el esfuerzo en la Unión Europea por retomar su vínculo con los Estados surgidos del proceso de liberación de sus ex colonias en América Latina y el Caribe. Estos esfuerzos se dan en momentos en que Europa como espacio geopolítico aparece como una deslucida infantería de la diplomacia norteamericana, sujeta a los costos directos sin recibir los beneficios de ponerle el pecho a las balas de la factura energética, el éxodo de empresas y el riesgo de la desindustrialización [1, 2, 3, 4].
Desde la UE destacaron el relanzamiento de la relación y un importante nivel de inversiones en América Latina y el Caribe, que alcanzará un monto de 45 mil millones de dólares, de acuerdo a lo que indicó la presidenta del organismo europeo, Ursula von der Leyen, en su discurso. También señalaron su satisfacción por la inclusión en una declaración conjunta del rechazo a la guerra en Europa, punto que fue acompañado por todos los Estados presentes, excepto Nicaragua. Previo al encuentro, se rechazó la participación del presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky.
Otros puntos destacados tuvieron que ver con el asedio de los sectores conservadores de Europa hacia Cuba, rechazados enérgicamente por el gobierno caribeño, y por el reconocimiento de una disputa por soberanía sobre las Islas Malvinas, archipiélago del Atlántico Sur ocupado ilegalmente por el Reino Unido.
Para América Latina y el Caribe, la propia negociación en conjunto, incluso con las complejidades que significa eso y las tendencias diversas que se manifiestan detrás de cámara, el reconocimiento del rol de la CELAC significa un hito importante, en particular en momentos de reconfiguración del orden global y considerando que se trata de un organismo que hasta hace unos escasos tres años y medio estaba sin actividad. De cara al futuro inmediato, desafiada por los propios procesos internos, la región tiene el desafío de consolidar este organismo como un interlocutor privilegiado, en un marco de diversas iniciativas, no todas exentas de tensiones.
A principios de julio se realizó la cumbre presidencial de cada semestre y nuevamente Uruguay se diferenció del resto de los integrantes del bloque y no firmó el documento acordado por las cancillerías de Argentina, Brasil y Paraguay. El principal punto de diferencia es el intento de Uruguay por firmar un Tratado de Libre Comercio con China por su cuenta, posibilidad que está vetada por la normativa del Mercosur. El resto de los países está de acuerdo en iniciar conversaciones pero de conjunto.
Una complejidad adicional es la política exterior de Paraguay, que no tiene relaciones diplomáticas con el país asiático por su reconocimiento a Taiwán, aunque este tema está puesto en debate por los propios empresarios paraguayos, como reconoció en julio el presidente Santiago Peña en Taipei, al defender su alineamiento con la provincia separatista, respaldada también por EE. UU.
El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado hace ya cuatro años, todavía continúa sin implementarse, a partir de diferencias en la letra chica. La última novedad, en este sentido, tiene que ver con el anuncio por parte de la Unión Europea de nuevas normas ambientales, que se encuentran en discusión por parte de los países sudamericanos. En sintonía con el rol global de Brasil en esta nueva etapa, Lula es el presidente que encabeza las declaraciones más fuertes por parte del Mercosur. Y presiona para una definición. “Brasil quiere y necesita el acuerdo. Pero quiere ser tratado en igualdad de condiciones”, señaló a principios de septiembre, en una enérgica protesta.
Algunos análisis destacan la importancia que tiene en particular para la Unión Europea la posibilidad de este acuerdo, que le permitiría consolidar una asociación ventajosa en varios sectores industriales y asegurarse la provisión de bienes estratégicos, sin olvidar que todo esto se desarrolla con el telón de fondo de la transición global y el reposicionamiento de diferentes bloques geopolíticos, con bordes que por momentos parecen difusos. “Una cooperación más estrecha en términos de materias primas críticas sobre la base del acuerdo podría estimular una dinámica de inversión positiva en el sector de materias primas y contrarrestar, así, las ambiciones de China en Sudamérica”, señala un artículo firmado por analistas alemanes.
Al cierre de este informe, imprevistamente se sumó un tema conflictivo a la relación entre los países del Cono Sur y tiene que ver con la navegación de uno de sus ríos más importantes: el Paraná. Tras un reclamo inicial de Paraguay contra el cobro de peajes por parte de Argentina a las embarcaciones de esa nacionalidad, a principios de septiembre se sumaron a la posición paraguaya los gobierno de Brasil, Uruguay y Bolivia, reabriendo el debate sobre el rol de la llamada Hidrovía Paraguay – Paraná, estratégica para la subregión.
Convocada por Lula en Belém do Pará, a principios de agosto se realizó la Cumbre de presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), con la participación de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. El objetivo declarado es «rescatar» los principios contenidos del Tratado de Cooperación Amazónica de 1978, en el marco de la crítica situación del pulmón del planeta, a causa de la deforestación.
Un detallado informe publicado en CELAG luego del encuentro destaca que “se inaugura una nueva etapa en la cooperación entre los países de la Amazonía, con una política común para el desarrollo sostenible, basado en relaciones simétricas que garanticen que los recursos se exploten en beneficio de todos y no sólo de unos pocos”.
La realización de la Cumbre fue acordada a principios de 2023 por Lula y el presidente de Colombia Gustavo Petro. “Ambos presidentes colocan la cuestión ambiental en el centro de la agenda, con un contrapunto importante en cuanto a la explotación o no de hidrocarburos en áreas de selva”, señala el análisis.
Entre los puntos más relevantes de la reunión, las investigadoras Tamara Lajtman y Silvina Romano incluyen el establecimiento de una nueva agenda común de cooperación regional a favor del desarrollo sostenible de la Amazonía, el lanzamiento de la Alianza Amazónica de Lucha contra la Deforestación, la creación de un centro de cooperación policial y un sistema integrado de tráfico aéreo, la revitalización del Parlamento Amazónico, la creación de mecanismos financieros para promover el desarrollo sostenible y la refundación de la propia OTCA. Entusiasmado con estos avances, el presidente Lula se refirió al nacimiento de “un nuevo sueño amazónico».
En el marco del 50º aniversario de la Comunidad del Caribe (Caricom), se llevó a cabo la 45a Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno del 3 al 5 de julio en Trinidad y Tobago.
Las dos cuestiones tratadas más destacables son la propuesta de reactivación de un Espacio Doméstico Único para la libre circulación de sus ciudadanos y ciudadanas y la continuidad del debate respecto de qué tipo de apoyo brindar a Haití (esto se desarrolla en el apartado de Caribe Insular). En el aspecto económico, se viene trabajando por el establecimiento de un Mercado y Economía Únicos de CARICOM (CSME). Estuvo presente también la cuestión del cambio climático y el financiamiento de acciones para abordar su impacto, y se estableció un subcomité para definir un enfoque regional de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023 (COP 28). Se trabajó también sobre cómo viene avanzando la propuesta de un sistema agroalimentario regional para garantizar la seguridad alimentaria. En términos geopolíticos, la declaración final incluye una expresión de rechazo hacia las “sanciones” a Venezuela y el “embargo” a Cuba y piden su eliminación y levantamiento. También se posicionaron sobre los conflictos de fronteras entre Guyana y Venezuela y Belice y Guatemala, apoyando la “preservación de la soberanía y la integridad territorial de Guyana y Belice”.
La cumbre tuvo diversos invitados, entre los que vale destacar la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a quien se le señaló la preocupación por el aumento de flujo de armas ilegales desde Estados Unidos hacia la región.
Semanas después de la cumbre, el presidente de Ucrania, Volodímyr Zelensky, quien había estado presente en la cumbre anterior, envió un mensaje de agradecimiento por el apoyo recibido de la región.
Los diferentes reacomodamientos y proyectos de integración en curso forman parte de un heterogéneo paisaje de acuerdos y tensiones superpuestos, sobre la superficie de una disputa central por el papel que la región en su conjunto puede jugar en la geopolítica global.
En este sentido, en este cuatrimestre hay que destacar la visita de la presidenta de la Unión Europea, Ursula Von der Leyen a Argentina, Chile, Brasil y México, todos países con reservas de litio. La gira de la mandamás europea se suma a las amenazantes declaraciones de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, respecto a los objetivos del dispositivo militar de EE. UU. en la región, difundidas a principios de 2023, en las que destaca las riquezas naturales de América del Sur.
Richardson, por su parte, visitó en julio Colombia y destacó la sociedad en materia de seguridad y defensa entre ambos países. EE. UU. posee siete bases militares en territorio colombiano y una larga historia de injerencia a través de la cooperación, es decir: provisión de financiamiento, equipos y entrenamiento conjunto, en particular bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico.
Pocas semanas después, el presidente Petro destacó el fracaso de la política de la “guerra contra las drogas” y a través de sucesivas publicaciones convocó a debatir el enfoque de seguridad sobre el tema, lo que podría provocar en el corto plazo novedades en la relación entre EE. UU. y Colombia, en este intenso contexto de disputas y reconfiguraciones.
Sobre el cierre de esta edición, a principios de septiembre se desarrolló en Santiago de Chile la Conferencia Regional del encuentro Dilemas de la Humanidad. Se trata de un espacio que reúne todos los años a dirigentes/as de movimientos populares y a analistas vinculados a espacios académicos y de investigación, en torno al debate sobre los temas centrales de la situación política global. En este caso, el encuentro desarrollado en Santiago representó un momento previo al encuentro global, que se desarrollará en Johannesburgo entre el 14 y el 18 de octubre de este año.
La actividad fue organizada por ALBA Movimientos, el Partido Popular de Chile y la Municipalidad de Recoleta, gobernada por Daniel Jadue. El alcalde participó personalmente en varios momentos del encuentro, que contó con la participación de más de 200 delegados/as de 23 países. La conferencia se propuso debatir cómo llevar adelante un proyecto emancipatorio y de unidad para la región, en este contexto geopolítico, global, y se desarrolló a través de mesas temáticas y paneles de debate en los que participaron referentes sociales de la casi totalidad de los países de la región.
En Argentina, el 13 de agosto se realizaron las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) con un sorpresivo resultado para la ultraderecha, que se ubicó en primer lugar, y con un imprevisto tercer lugar para la coalición liderada por el peronismo, Unión por la Patria, cuyo candidato principal, el ministro de Economía Sergio Massa, apenas superó individualmente el 21%.
A partir de estos resultados, el panorama político argentino se acomoda al nuevo tablero, a la expectativa de los posibles escenarios que pueden darse en torno a las presidenciales, que serán el 22 de octubre.
Tras las PASO, quedan en carrera cinco postulantes que ganaron sus internas y además superaron el piso mínimo de votos exigible para pasar a las generales. Se trata de Javier Milei de La Libertad Avanza; Sergio Massa de Unión por la Patria; Patricia Bullrich por Juntos por el Cambio; Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País y Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. De ellas, solo las tres primeras candidaturas aspiran a alcanzar la presidencia.
En los fríos números de las estadísticas, apenas cuatro puntos separan al primero del tercero: 30% tiene La Libertad Avanza, con la candidatura de Javier Milei; 28% reúne Juntos por el Cambio con la suma de las candidaturas de Patricia Bullrich (17%) y Horacio Rodríguez Larreta (11%); y 27% suma Unión por la Patria a partir del 21% de Massa y el sorprendente 6% del dirigente social Juan Grabois. Por eso se habla de un escenario de partida que se encuentra dividido en tres tercios.
De conjunto, esos tres principales espacios concentran casi el 90% de los votos y se disputarán la presidencia en la primera vuelta; o al menos un lugar en el balotaje, previsto para noviembre en caso de ser necesario.
Este escenario de paridad objetiva entre los tres tercios que brinda la foto de agosto puede de todas maneras relativizarse si incorporamos una mirada dinámica. No todos los tercios llegan de la misma manera a las generales. Hay elementos de coyuntura inesperados pero que se superponen a tendencias estructurales.
En términos electorales, los números son elocuentes: la fuerza de Milei pasó de un 17% en la capital federal en 2021 a un 30% en 2023, en su primera presentación a unas presidenciales. La coalición en el gobierno, liderada por el peronismo, cayó del 48% que obtuvo Alberto Fernández en las PASO de 2019 al 27% de 2023.
También hay que atender especialmente a la compleja situación para la (hasta ahora) principal oposición de derecha, que aparece desplazada a un segundo lugar con peligro de un eventual tercero, cuando hace pocos meses parecía tener la presidencia prácticamente asegurada.
La espectacular elección de Milei no es completamente sorpresiva, aunque sí estaba fuera de las consideradas más probables en los días previos a las PASO. Luego de un período de apoyo de los medios masivos de comunicación, en los últimos meses diferentes referentes mediáticos cargaron contra la candidatura de Milei, mientras se acumulaban denuncias contra él, su hermana y sus principales armadores, por venta de candidaturas en diferentes provincias. En ese contexto, la mayoría de las encuestadoras instalaron la idea de que había un desinfle de su candidatura. Esto convenía a Juntos por el Cambio, en particular a Patricia Bullrich si lograba ganar en su pulseada interna, como finalmente ocurrió.
Contrariando a los pronósticos, Milei hizo una esperable y relativamente buena elección en la ciudad de Buenos Aires (18%), un poco mejor en la provincia de Buenos Aires (24,5%) pero donde rompió todos los pronósticos fue en la mayoría de las provincias del llamado “interior del país”, ola que alcanzó incluso a varias provincias del Noroeste, región tradicionalmente más peronista.
Milei fue el candidato más votado en 16 provincias: Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (35%), Santa Cruz (29%), Chubut (39%), Río Negro (37%), La Pampa (33%), Neuquén (39%), Mendoza (45%), San Juan (34%), San Luis (48%), La Rioja (36%), Salta (49%), Jujuy (40%), Tucumán (36%), Córdoba (34%), Santa Fe (36%) y Misiones (43%). De conjunto, el número fue apenas superior al 30%. El voto al candidato autodenominado “libertario” atravesó todas las regiones y tuvo un componente policlasista, con una llegada importante también a los sectores de bajos ingresos.
Se trata de un fenómeno global cuyo crecimiento se asienta en una coyuntura local muy específica. Esta última incluye el blanqueo en los medios durante los últimos tres o cuatro años, una vocación decidida por dar la batalla de ideas para instalar como verdades absolutas los tópicos recurrentes del neoliberalismo y —último pero no menos importante— la magnitud y la dinámica de la crisis económica, que lleva al menos cinco años en ascenso y lleva a la acumulación de mucha bronca contra el gobierno actual y en especial contra sus figuras más visibles.
A su vez, la semana previa a la elección estuvo cargada de episodios violentos transmitidos en tiempo real y sobre los que se montaron una serie de operaciones mediáticas con el objetivo de instalar noticias falsas y responsabilizar al gobierno o a dirigentes populares vinculados.
En la celebración en la noche de su primer puesto, Milei articuló un discurso que apuntó a profundizar su enfrentamiento con el campo del socialismo y el populismo. En particular, cargó contra el concepto de “justicia social” y se mostró elocuente y radicalizado. Sin embargo, con el correr de las semanas su discurso pareció apuntar a limar las aristas más polémicas del candidato, como por ejemplo su propuesta de dar libertad para la compra venta de órganos, que ha llegado a defender en entrevistas periodísticas.
El ascenso de la ultraderecha amenaza la posición de la candidata Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri (2015-2019) y una de las dirigentes con un discurso más violento en torno a la represión al conflicto social y la persecución contra el movimiento nacional popular, en particular contra su principal dirigente, Cristina Fernández de Kirchner, así como contra los movimientos populares organizados.
Milei apunta a ubicar a Bullrich como su segunda marca, con la idea de atraer a sus simpatizantes hacia un “voto útil”, concentrando adhesiones en la candidatura mejor posicionada. Posiblemente con este sentido declaró que espera sumar a su eventual gobierno al expresidente Macri, en una suerte de “representación ante el mundo” sobre la que no dio mayores precisiones. Por otro lado, Bullrich tiene el desafío de sumar también los votos que en las primarias fueron hacia su contrincante interno, Horacio Rodríguez Larreta. Al alcalde de la ciudad de Buenos Aires no le alcanzó con su importante inversión publicitaria y el favor de los medios de casi todas las tendencias. Tampoco con haber sumado como candidato a vicepresidente a Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy y dirigente del histórico partido de centro Unión Cívica Radical. La incorporación de Morales a la campaña se realizó mientras sostenía una intensa represión ilegal, con reminiscencias de la dictadura militar, para acallar las protestas contra una reforma constitucional a su medida.
Por parte del oficialismo, y luego de varios días de desconcierto tras el resultado —y de un primer día posterior a las elecciones en los que la devaluación fue del 20%, contribuyendo a empeorar aún más el clima económico y político—, el ministro candidato Sergio Massa parece haber registrado que su única posibilidad de al menos llegar al balotaje pasa porque las medidas de gestión dialoguen con los malestares concretos de amplios sectores de la población, en especial los de menores ingresos.
En ese sentido, en los últimos días de agosto y primeros de septiembre lanzó varios paquetes de medidas que tienen por objetivo explícito revertir los efectos de la última devaluación, con políticas de asistencia a jubilados y pensionados, a trabajadores/as de la economía popular, de bajos ingresos y/o precarizados (conocidos como “monotributistas”, por su encuadramiento impositivo), a pequeñas y medianas empresas y a trabajadores/as con empleo formal.
El gobierno se encuentra con un desafío mayúsculo: en menos de dos meses tiene que revertir la mirada mayoritaria respecto a su responsabilidad o su ineficacia para resolver la crisis económica. Esto implica la posibilidad de realizar algunas políticas compensatorias, en un contexto de redistribución regresiva del ingreso, en particular a través de una inflación que supera el 115% anual.
Pero esta posibilidad choca contra el freno del FMI, que ejerce un virtual cogobierno desde el préstamo récord asumido por Macri y luego ratificado por el gobierno de Alberto Fernández. En este escenario, no faltan los tironeos reales o ficticios con el organismo de crédito, así como diferentes intentos por afrontar los vencimientos de deuda y la caída de reservas a partir de vínculos internacionales más heterodoxos, como por ejemplo a través de la asistencia de China o del apoyo de Brasil. En este último sentido hay que considerar el anuncio, a fines de agosto, de un acuerdo estratégico entre ambos países, por el cual Brasil y la Corporación Andina de Fomento financiarán parte del intercambio comercial entre ambos países. También, desde ya, el apoyo de Lula al ingreso de Argentina al bloque BRICS+ y con ello la posibilidad —acaso tardía— de acceder a financiamiento a través del Banco de Desarrollo que desde abril dirige Dilma Rousseff.
En las próximas semanas se verá el grado de efectividad que tiene por un lado la campaña que advierte sobre los riesgos de un salto al vacío con el apoyo a Milei, pero sobre todo, de las medidas redistributivas definidas por el gobierno, con enorme demora y ante el hecho casi consumado. Al cierre del próximo informe analizaremos los resultados de las elecciones, que sin dudas serán centrales para el devenir de América del Sur en su conjunto.
En Brasil, el gobierno de Lula III persigue su objetivo de reconstruir el país y está logrando éxitos en algunos ámbitos de la sociedad. A principios de agosto se aprobó un proyecto de ley (PL) que reformula la ley de cuotas. Además de arrojar luz sobre una cuestión central en la lucha contra las desigualdades históricas del país, este proyecto de ley propone cambios que pretenden profundizar en la democratización de la educación. Prevé que los estudiantes de cupo puedan luchar por las plazas en concurso abierto y reduce de 1,5 a un salario mínimo la renta familiar per cápita máxima para que los estudiantes accedan a la universidad por cupo. En el mismo período, el gobierno federal lanzó el nuevo Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que ya tuvo otras dos versiones, bajo Lula y Dilma. En la actualidad, aunque en valores reales prevea un nivel de inversión inferior a las anteriores, las inversiones previstas pueden garantizar un crecimiento económico razonable. Entre las áreas que recibirán inversiones públicas y privadas están: ciudades, energía, transportes, defensa, educación, salud y saneamiento.
Los datos socioeconómicos han ido mejorando. La tasa de desempleo en el segundo trimestre de 2023 fue del 8,0%, la más baja del período desde 2014. El número de personas subempleadas disminuyó un 17,8% en comparación con el mismo periodo de 2022 y el número de personas desocupadas cayó un 13,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
El comportamiento de los precios es otro elemento que aporta buenas noticias. Los niveles de inflación son bajos. En mayo y junio, el IPCA se situó en el 0,23% y el -0,08%, respectivamente. En julio, último índice disponible hasta el momento, la tasa fue del 0,12%, lo que supone un acumulado del 3,99% en los últimos 12 meses.
Las bajas tasas de inflación ejercen aún más presión sobre la tasa Selic, el tipo de interés básico del país. Esto se debe a que el actual presidente del Banco Central de Brasil (Bacen), Campos Neto, alineado con el pensamiento económico convencional, defiende altos tipos de interés como forma de combatir la inflación. En la última reunión del Comité de Política Monetaria (COPOM), se aprobó una caída del 0,5 por ciento en la tasa, con el voto del presidente del Bacen. El recorte del tipo de interés se produjo después de muchas manifestaciones públicas de empresarios, movimientos sociales y personas del gobierno que pedían su bajada. En el gobierno, Lula era la figura que más chocaba con las posiciones de Campos Neto, pero Alckmin y Haddad habían criticado la postura del Bacen sobre los tipos de interés. Incluso con la bajada del 0,5%, Brasil sigue teniendo los tipos de interés reales más altos del mundo.
A pesar de los cambios positivos hasta ahora en el gobierno Lula III, hay una serie de estructuras que actúan como limitantes de un proceso de desarrollo nacional en consonancia con las necesidades reales del pueblo brasileño. Podemos destacar el mantenimiento de altas tasas de interés, a pesar de la caída en la última reunión del COPOM, la rigidez de las metas de la política fiscal, a pesar del fin de la política de techo de gasto público, y el proyecto de reforma tributaria que no ataca el núcleo de la desigualdad en el país, aunque la propuesta de Reforma Tributaria mejora las condiciones para un proceso de reindustrialización del país. Vale recordar que no podemos perder de vista que las elecciones presidenciales de 2022 fueron las más calientes de la historia política brasileña y para derrotar a Bolsonaro fue necesario construir un Frente Amplio que involucre diferentes posiciones políticas y que estas tengan incidencia en el gobierno. Por lo tanto, como escribimos en Brasil de Fato, para lograr mejoras profundas en las condiciones de vida de nuestros pueblos y madurar proyectos económicos alternativos, serán necesarias movilizaciones sociales permanentes y de gran escala.
Por último, lo que hemos destacado en estos últimos cuatro meses en Brasil es la erosión de la imagen política de Bolsonaro. El 30 de junio, el TSE inhabilitó a Bolsonaro por ocho años y sólo podrá presentarse a cargos políticos en 2030. La decisión fue que Bolsonaro, en una reunión con embajadores en julio de 2022, al atacar el sistema electoral brasileño cometió abuso de poder político y mal uso de los medios de comunicación. Esta reunión fue transmitida por TV Brasil y las cuentas de Bolsonaro en las redes sociales. La decisión aún puede ser apelada ante el TSE y el STF.
En Chile, el panorama no presenta grandes cambios respecto a los últimos períodos, aunque sí una acentuación de las tendencias previas.
El acontecimiento principal en ese sentido es el triunfo de la derecha en las elecciones de consejeros constituyentes del 7 de mayo. En particular, el primer puesto del Partido Republicano liderado por Juan Antonio Kast, que alcanzó el 35% de los votos y obtuvo 23 de los 50 lugares en la Convención. A estas fuerzas conservadoras hay que agregarle otros 11 escaños de la alianza Chile Seguro, formada por los partidos UDI (6), Renovación Nacional (4) y Evópoli (1). Este último espacio es el de la derecha más establecida, que antes se llamó Chile Vamos mientras condujo el gobierno —con Sebastián Piñera como presidente— hasta las elecciones de 2021. Tras la crisis social y política iniciada en octubre de 2019 (#ChileDespertó), esta formación perdió mucho terreno ante el ascenso de las fuerzas de ultraderecha que encarna Kast. También hay que señalar que la participación en estas elecciones fue alta (casi el 85%), pero también el número de votos nulos y blancos, que se acercaron a los 2,7 millones de personas (equivalente a más del 20% de los votos emitidos).
Si en algún momento el gobierno de Gabriel Boric parecía haber revertido la tendencia al descenso en su aprobación, con el avance del segundo cuatrimestre de 2023 los sondeos [1, 2] volvieron a mostrar una caída en los índices. Como analizamos en el informe anterior, el campo de la derecha en general salió fortalecido de los últimos grandes conflictos sociales y políticos y pese a algunos intentos, el gobierno no logra recuperar la ofensiva.
Entre las iniciativas del gobierno hay que incluir una propuesta de nuevo Pacto Fiscal, paquete de medidas con las que el Ejecutivo espera fortalecer la recaudación para aumentar las pensiones, mejorar el sistema de salud y el servicio de justicia y seguridad pública, de acuerdo a sus objetivos declarados. La propuesta llega unos meses después de que la Cámara de Diputados rechazara la propuesta oficial de reforma tributaria, tras lo cual el director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk, planteara públicamente la necesidad de que oposición y oficialismo lleguen a un acuerdo tributario “lo antes posible”.
En el escenario político, un escándalo de corrupción —vinculado a presuntos manejos de fondos a través de fundaciones dirigidas por dirigentes oficialistas— golpeó la figura de referentes importantes de Revolución Democrática. Entre otras consecuencias, esto llevó a la renuncia del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, el colaborador más estrecho del presidente, ocurrida a mediados de agosto.
A esto hay que sumarle tensiones con el magisterio, cuyos representantes gremiales convocaron a un paro por tiempo indefinido a partir del 29 de agosto.
Por otro lado, la mala noticia del último período es el ingreso en una etapa recesiva, con la caída del PBI en los últimos tres trimestres.
En este contexto el gobierno asume su debilidad y se orienta a sostener la opción hacia el centro, en búsqueda de algún acuerdo con la derecha que tal vez le ofrezca mayores márgenes de gobernabilidad a costa de consolidar la renuncia a cualquier grado de transformación. En este sentido, a fines de agosto el presidente convocó a reuniones a representantes del Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y el Partido de la Gente (PDG) con el fin de alcanzar consensos para hacer reformas, en particular en materia de pensiones e impuestos.
Desde el campo popular algunos sectores se proponen salir de la situación de extrema defensiva a partir del regreso a los grandes temas y propuestas nacionales. El 23 de julio la Coordinadora No+AFP convocó a una movilización para recuperar la seguridad social como política pública, a siete años de la marcha histórica, que reunió a un millón de personas. A las pocas semanas, presentó su propuesta transitoria, “que busca mejorar las pensiones sin entregar ni un peso más a las AFP”. Sin embargo, el panorama sigue hegemonizado por la agenda de la derecha política y este tipo de iniciativas, si bien dialogan con problemas reales e incluso históricos de la sociedad chilena, no logran por el momento hacer pie de forma extendida.
Otro de los temas en el que el gobierno adopta una posición cercana a la derecha es en la gestión del conflicto social. Esto se puede ver con claridad en relación con el conflicto entre comunidades originarias y empresarios: una y otra vez se prorroga el estado de excepción, vigente desde mayo de 2022, en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.
De cara al futuro inmediato, uno de los temas principales es el devenir del proceso constituyente, una verdadera rareza que quedará para la historia. Por la composición del Consejo Constituyente, lo más posible es que el nuevo proyecto de Constitución mantenga en esencia los elementos más conservadores del orden jurídico actual, e incluso que los acentúe. De tal manera, en el plebiscito de salida de diciembre se puede dar el caso en que la ciudadanía —y lo que es más extraño, la izquierda y el progresismo político y social— tenga que optar entre apoyar la nueva propuesta de Constitución conservadora o por mantener la Constitución de Pinochet. En cuanto a los pronósticos, algunos sondeos advierten sobre la posibilidad de un nuevo rechazo, pero es difícil especular cuando faltan más de tres meses, no está disponible el texto y la campaña todavía no empezó.
Por último, no podemos dejar de mencionar que todo esto sucede en el marco del 50 aniversario del golpe contra Salvador Allende, que además de ejercer el terrorismo de Estado contra la población, inauguró la aplicación de políticas neoliberales en el continente. Medio siglo después, sectores que defienden abiertamente la represión y el neoliberalismo vuelven a ocupar el centro del escenario político y van por más, con un discurso abiertamente negacionista por parte de buena parte de sus dirigentes, mientras sueñan el sueño posible de su regreso al comando del Estado a partir de 2025.
El negacionismo explícito respecto a la responsabilidad en los crímenes de la dictadura alcanza a figuras políticas del rango del expresidente Sebastián Piñera, quien adjudicó la mayor responsabilidad a la propia Unidad Popular por el golpe en su contra. Entrevistado a fines de agosto en un programa político televisivo, Piñera convocó a “preguntarse por qué llegamos al 11 de septiembre, para así nunca más llegar a esas circunstancias”. Y agregó: “Por eso, la principal responsabilidad es del gobierno de la Unidad Popular, que con una minoría quiso imponer un modelo de una sociedad marxista”.
Sobre este tema, un dato institucional relevante es que la Cámara de Diputados aprobó solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores que realice las gestiones para que Estados Unidos informe sobre sus acciones de intervención en torno al golpe. “Más allá de la opinión que diversos sectores políticos puedan tener sobre el gobierno de la Unidad Popular, el golpe de Estado y la dictadura, parece de toda lógica que esta Cámara de representación popular solicite que el pueblo de Chile conozca la verdad sobre la intervención de una potencia extranjera en nuestra soberanía”, sostuvieron los parlamentarios que lo promovieron. El pedido fue aprobado casi por unanimidad.
En Paraguay, el tema más importante del período es la asunción del nuevo presidente, Santiago Peña, ocurrida el 15 de agosto. El cambio de mando se da entre dos dirigentes del mismo partido (el Colorado, aunque de corrientes internas diferentes); e implica el comienzo de un gobierno con perfil propio aunque con muchos lazos de continuidad.
Joven economista con estudios en EE. UU. y antecedentes laborales en el FMI, en el Banco Central de Paraguay y en el Grupo Cartes, “Santi” Peña fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Horacio Cartes, el hombre fuerte de la Alianza Nacional Revolucionaria (ANR) – Partido Colorado. Peña llegó a la presidencia tras ganar con amplitud en las elecciones generales de marzo de este año, frente a la alianza conducida por el Partido Liberal Radical Auténtico, de perfil más centrista.
Curiosamente, el ahora mandatario estuvo hasta hace pocos años afiliado a este partido. Debió renunciar a la afiliación al PLRA en 2015, cuando fue nombrado ministro. En ese momento se afilió a la ANR. Luego de ser ministro pasó a ser uno de los principales colaboradores del ex presidente Cartes. Fue el candidato del histórico partido paraguayo porque en diciembre de 2022 le ganó —en representación de Honor Colorado, el sector que lidera Cartes— una interna relativamente pareja a Arnoldo Wiens, candidato del entonces presidente Mario Abdo, del sector Colorado Añetete.
En su discurso de asunción, el nuevo presidente prometió centrarse en la creación de empleo para atender la crítica situación social del país. Otros temas importantes para el pueblo de Paraguay no fueron mencionados en el acto. Así lo plantea la editorial del periódico E’a, que realiza un análisis del primer discurso presidencial. “En ningún párrafo de su discurso mencionó otros problemas estructurales del país como el reclamo de tierras de los campesinos, recordando siempre que el 3% de los propietarios tiene el 88% de las tierras. El país exhibe el peor índice GINI de tenencia de la tierra del mundo: 0,93. Cuando el 1 es desigualdad perfecta. El GINI europeo es de 0,57 y el de América Latina es de 0,79 para dar una idea”. En el gabinete inicial de Peña se destaca como ministro del Interior Enrique Riera, uno de los autores de la controvertida ley Zavala-Riera (el otro autor es Fidel Zavala, del partido del partido ruralista Patria Querida). Esta norma criminaliza la lucha campesina.
Sorpresivamente, Peña inauguró su gobierno con una polémica con el gobierno argentino, en particular con el ministro de Economía y candidato a la presidencia, Sergio Massa, a partir de un malentendido por el cobro de peaje a las embarcaciones de bandera paraguaya que transitan por la parte del río Paraná que se encuentra en el territorio argentino. Este es, a su vez, el tramo más extenso de la llamada “Hidrovía Paraná Paraguay”, ruta estratégica en varios sentidos, y por donde se transporta alrededor del 70% de las exportaciones de Paraguay, según estimaciones privadas, y más del 80% de los granos, harinas y aceites de exportación de Argentina, de acuerdo a informes (1, 2) de la Bolsa de Comercio de Rosario, Argentina.
En el plano internacional, el nuevo gobierno tiene como desafíos dos temas sensibles. El primero es la relación con EE. UU., luego que en el último año el gobierno de Joe Biden emprendiera una ofensiva judicial (y diplomático-mediática, desde la propia Embajada en Asunción) contra Horacio Cartes y otros referentes del Partido Colorado, bajo la acusación de corrupción y lavado de activos. El segundo es la relación con China y con Taiwán. Paraguay es el último país de América Latina que no tiene relaciones con China, porque prioriza el reconocimiento de Taiwán, la provincia rebelde amparada por EE. UU. desde hace siete décadas.
Peña es miembro fundador del denominado “Grupo Libertad y Democracia”, formado en marzo de 2023 y liderado por el escritor y activista Mario Vargas Llosa y los ex presidentes Mauricio Macri, Sebastián Piñera e Iván Duque, de perfil claramente derechista, alineado con el Partido Popular del Reino de España —de hecho, figuras como Rajoy y Aznar estuvieron en el lanzamiento— y que fuera anunciado como “contrapeso” del Grupo de Puebla.
En relación con Uruguay, el tema más importante del último cuatrimestre fue la crisis hídrica que golpea al país, y que alcanzó altos niveles de dramatismo cuando Montevideo se convirtió en la primera capital del mundo en hacer realidad una de las peores previsiones respecto al riesgo climático: la falta de agua potable para consumo humano. La eclosión de la crisis llegó luego de una sequía histórica y un déficit de la infraestructura necesaria para afrontar las consecuencias del cambio en nuestro ambiente.
Al respecto de causas y perspectivas, es interesante consultar el registro de una mesa de debate organizada por la Universidad de la República, con participación de científicos que analizan el fenómeno desde diferentes puntos de vista. En el momento más crítico de la crisis, y en medio del debate sobre responsabilidades y tareas, el gobierno uruguayo rechazó la ayuda de su par argentino, lo cual generó sorpresa a ambos lados del Río de la Plata.
Otro tema destacado es el debate parlamentario en torno a la firma de un acuerdo militar con EE. UU., que tiene varios años en tratamiento y que plantea como objetivo “la adquisición de suministros y la prestación recíproca de servicios”. Entre estos se encuentra “facilitar el apoyo logístico recíproco” entre ambos países, en especial para “ejercicios combinados, adiestramiento, desplazamientos, escalas y operaciones”. El acuerdo fue acompañado por el Frente Amplio luego de la visita al Parlamento del ministro de Defensa, Javier García. Sin embargo, es resistido por sectores del propio FA, que señalan que “abre las puertas a la instalación de una Base militar del país norteamericano en Uruguay”.
En relación con el escenario político, un tema importante es que sectores de derecha y de izquierda se proponen someter a debate diferentes temas en las elecciones generales de octubre de 2024. La legislación uruguaya permite que junto con la elección de representantes se organicen plebiscitos o referéndums sobre asuntos controvertidos, en caso de que sus promotores logren reunir un número de firmas entre la población. Por esa razón quienes proponen un proyecto tienen que comenzar a instalar entre la población el debate con cierta anticipación.
A fines de agosto, el partido pro dictadura Cabildo Abierto —que forma parte de la coalición en el gobierno, con perfil propio y habituales puntos de tensión— lanzó una campaña para prohibir la usura y reestructurar las deudas de las familias. Sobre este punto también hay un debate parlamentario en curso.
Por su parte, el PIT-CNT decidió por mayoría impulsar un plebiscito contra la reforma de seguridad social impulsada por el gobierno. La central sindical tomó esta definición a mediados de agosto, con tensiones internas porque los sectores ligados a la conducción del Frente Amplio —en particular al Movimiento de Participación Popular— no están de acuerdo en la oportunidad para usar este mecanismo. El presidente del FA (y anterior presidente del PIT-CNT), Fernando Pereira, tomó distancia pública de la iniciativa, aunque planteó que el tema se debatiría en el seno del espacio político. Más crudo había sido el Pepe Mujica, quien declaró que la propuesta del plebiscito es como “afeitarse con un hacha”. Otros sectores del FA han planteado mayor sintonía con la propuesta sindical, como es el caso del senador Óscar Andrade, referente del Partido Comunista.
Por último, el Movimiento Uruguay Soberano, creado hace tres años con este fin, reactivó una campaña para limitar la posibilidad del Ejecutivo para realizar contratos sobre los bienes comunes, en particular en referencia al agua.
El 22 de agosto el PIT-CNT convocó a un paro en todo el país, con una movilización en Montevideo. En el acto central, Marcelo Abdala, el presidente de la central, planteó la necesidad de aumento del salario real, “un justo reparto del trabajo a través de la reducción de la jornada laboral o de la semana laboral” y la defensa de las empresas públicas, propuestas que contrapuso al “modelo de la desigualdad” del gobierno de Lacalle Pou.
Falta poco más de un año para las elecciones que definirán el próximo período de gobierno pero todos los sectores se encuentran pendientes de ese escenario, en una situación que aparece como de relativo equilibrio entre los dos grandes componentes del sistema político. De acuerdo a lo que señalan, con matices, algunos sondeos [1, 2, 3], el presidente Luis Lacalle Pou parece haber sorteado hasta ahora varios escándalos importantes con algo de desgaste pero sin una afectación importante en el respaldo de su base original. En principio, el tablero político aparece dividido en dos mitades entre la Coalición Multicolor liderada por el Partido Nacional y el Frente Amplio, que definirá en internas su candidatura a la presidencia y cuenta entre sus principales aspirantes a figuras como el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.
Los escenarios electorales marcan, sin duda, un sinsabor a nivel continental, como vimos anteriormente en el caso de Argentina. Por otra parte, aparece la posibilidad de que por fin, después de un período de derechización y represión contra su pueblo, un gobierno cercano a los intereses populares regrese al gobierno en Ecuador.
La primera vuelta electoral se desarrolló el pasado 20 de agosto en medio de un contexto crítico en materia de seguridad y violencia social que ya hemos venido desarrollando en informes anteriores. El asesinato de Fernando Villavicencio, uno de los candidatos días anteriores a las elecciones, y de diferentes refetentes políticos de Revolución Ciudadana marcaban incertidumbre y violencia en el panorama electoral.
El desempeño de Luisa González, por más de 10 puntos porcentuales por encima de su contrincante, la ubicó como la principal fuerza política a disputar contra Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional, la presidencia el próximo 20 de septiembre. El clima social es de inestabilidad, con la presencia de grupos vinculados al narcotráfico y a la violencia generada por los gobiernos neoliberales de Lenin Moreno y de Guillermo Lasso. En los últimos años, se conformó un corredor de la ruta del narcotráfico que va desde la costa pacífica hasta el interior del país, aumentando los niveles de violencia en el país.
El pasado 20 de agosto también se eligió la composición de la Asamblea Nacional, en la que también quedó ubicada Revolución Ciudadana como la principal fuerza política del país con un 39,3% de los votos, y se desarrolló la votación a la Consulta Popular sobre la extracción petrolífera en el parque nacional Yasuní (un espacio de la Amazonía ecuatoriana que es considerado uno de los más biodiversos del planeta) en la que ganó por un 58% el rechazo por la misma, marcando un precedente en la protección de los bienes comunes en el país. Sin embargo, una vez se conocieron los resultados de la consulta, el Ministerio de Energía comunicó que el gobierno no acatará los resultados y continuará desarrollando la exploración petrolífera.
El poder político y la disputa electoral se desarrollan en el peligroso terreno de la captación del narcotráfico de la vida a nivel nacional: con antecedentes como México o Colombia a nivel regional, nuestra región ha visto las consecuencias en términos de violencia y criminalidad de la presencia de estos grupos que modifican profundamente las dinámicas territoriales y convierten cualquier escenario en uno de riesgo para la vida de quienes cuestionan las dinámicas de poder del narcotráfico, y sus prácticas de dominio y control de la vida social. Aquí vale la pena mencionar además el preocupante escenario de violencia política contra la candidata Luisa González atacada por los sectores opositores a Revolución Ciudadana donde desconocen su referencia política y buscan quitarle mérito con argumentos misóginos y reproductores de la violencia política de género.
Es importante resaltar la importancia a nivel continental que tienen las elecciones presidenciales en Ecuador. En especial en el contexto de fortalecimiento de los bloques de integración regional y la emergencia de proyectos progresistas en diferentes países. En los dos años que estuvo Guillermo Lasso en la presidencia, se encargó de mantener fuerza en el bloque de países alineados a los intereses de EE.UU. en el continente, demostrado claramente en las políticas de “cooperación en materia de seguridad” firmadas por los gobiernos de Lasso y Biden. En ellas se acordó la inclusión de la participación de los Departamentos de Estado y Defensa de Estados Unidos, así como el Ministerio de Defensa Nacional de Ecuador en “comabtir las serias amenazas planteadas por el narcotráfico, el crimen transnacional y el terrorismo” a través del “intercambio de información, fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas, entrenamiento y capacitación, y adquisición de los recursos necesarios” entre otros.
El eventual triunfo electoral de Revolución Ciudadana en Ecuador fortalecería de manera significativa el panorama regional reimpulsado por gobiernos vecinos como el de Gustavo Petro en Colombia, que durante su primer año de gobierno ya ha marcado importantes cambios en el rumbo de la política de integración regional, y ha posicionado, junto a otros liderazgos de la región, banderas de soberanía y transformaciones radicales para los pueblos del continente.
En ese sentido, el pasado 07 de agosto se cumplió un año del gobierno del Pacto Histórico en Colombia, que ha buscado avanzar en tres pilares fundamentales para darle concreción al proyecto de país con el que llegó Petro a la Casa de Nariño: justicia social, justicia ambiental e integración regional para consolidar el proyecto de Colombia como potencia mundial de la vida.
Así, como hemos mencionado en informes anteriores, y a pesar de diversos reveses, el gobierno ha continuado ―con decisión y voluntad política― impulsando los proyectos de justicia social e inclusión de diversos sectores históricamente excluidos en el país en las políticas prioritarias de gobierno como es el caso del campesinado a nivel nacional a quienes reconoció como sujetos políticos a través de un acto legislativo que modificó la constitución nacional, y para quienes está llevando adelante iniciativas en materia de la Reforma Rural Integral. En ese mismo sentido, continúa impulsando la mesa de negociaciones con el ELN buscando desarrollar un esquema de participación ciudadana en el país que permita un acompañamiento nacional a los acuerdos en curso. Toda esta agenda se enfrentará en el próximo mes de octubre con las elecciones regionales y la posibilidad de que la fuerza del Pacto Histórico consolide liderazgos regionales más allá del triunfo a nivel nacional en 2022.
La agenda de justicia social ha incluído igualmente iniciativas en materia de reformas en materia de salud, laborales y pensionales, que aunque han tenido oposición en el congreso, buscan ser aprobadas en el período legislativo inaugurado recientemente. Por otra parte, la agenda de justicia ambiental ha estado protagonizada por una prioridad en materia de defensa de los bienes comunes no solo a nivel nacional, sino en la prioridad que el gobierno Petro ha dado a la defensa y cuidado de la Amazonía en las recientes Cumbres Amazónicas donde participó junto a los presidentes de los países amazónicos de la región, y la iniciativa del canje de deuda por acción climática.
Finalmente, en el plano internacional, ha destacado el rol protagónico que ha tenido Colombia en los escenarios de integración, como fue su postura de fortalecimiento de la CELAC, la decisión del retorno de Colombia a la UNASUR, y la defensa permanente de América Latina y el Caribe como una zona de paz, con un llamamiento a la solución política del conflicto en Ucrania, fuera de las imposiciones geopolíticas de la OTAN. En este plano destaca especialmente la convocatoria hecha por el gobierno de Gustavo Petro a la Cumbre latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, en la que se propuso transitar a nivel regional hacia una política de lucha contra el narcotráfico que tenga su foco en “combatir a las grandes mafias y al consumo, pero que dé oxígeno a los productores cocaleros”, desde un paradigma de reconocimiento del fracaso de la política de guerra contra las drogas impulsada por Estados Unidos en la región. La Cumbre fue clausurada por el presidente de Colombia, junto a su homólogo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quien afirmó:
Tenemos que luchar primero contra la pobreza, contra la desigualdad para enfrentar el problema de la violencia, hay que ofrecer empleos, buenos salarios, atender a los jóvenes, garantizarles la oportunidad de estudio, de trabajo (…) Atenderlos, darles opciones es quitarles el semillero a las bandas de la delincuencia, que no los enganchen.
La oposición política, económica y mediática, como era de esperarse, ha intentado por todos los medios enlodar el desempeño del gobierno con operaciones mediáticas y judiciales con el objetivo de desestabilizarlo. En ese sentido, fue resonado el intento de utilizar un proceso judicial abierto contra Nicolás Petro, hijo del presidente, para intentar establecer vínculos de Petro con hechos delictivos que terminaron siendo desmentidos por el mismo hijo del presidente.
La inestabilidad política que los medios de comunicación masivos tratan de instalar en el contexto colombiano contrasta con el feroz silencio que hacen sobre la crisis política y social que vive Perú en el marco del gobierno ilegítimo e inconstitucional de Dina Boluarte, quién continúa la política de represión contra el pueblo peruano que sigue exigiendo la libertad del presidente Castillo, la renuncia de la presidenta ilegítima, y la convocatoria a elecciones en el marco de una Asamblea Constituyente.
En ese contexto, el pueblo peruano continúa ampliamente movilizado en el país con el objetivo de denunciar el accionar del gobierno de Boluarte, como sucedió en el mes de agosto en la tercera Toma de Lima que tuvo como epicentro la capital del país pero que se replicó en diferentes puntos a nivel nacional congregando a centenares de manifestantes de organizaciones políticas y sociales. Respondiendo a las exigencias populares, congresistas de la bancada Cambio Democrático – Juntos por el Perú, presentaron un nuevo proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales a julio de 2024, producto de la crisis política y social que atraviesa el país y en especial vinculado al más del 90% de desaprobación que tienen Congreso y el Ejecutivo.
Durante sus meses de gobierno, Dina Boluarte ha abierto las puertas del país a la intervención extranjera y a la ruptura de los intentos de integración y soberanía regional. Según el último acuerdo aprobado por el gobierno y el Congreso de Perú, más de 1.000 militares estadounidenses llegarán a suelo peruano durante el 2023, con el objetivo de desarrollar ejercicios con el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta, la Fuerza Especial Conjunta y el Grupo de Fuerzas Especiales de la Aérea de Perú (FAP), afectando la soberanía del país y la región en materia de defensa.
Este escenario de desembarco de tropas estadounidenses se plantea como una preocupación para la estabilidad regional en materia de sostener al continente como una zona de paz, y se erige como una amenaza especialmente contra los procesos de cambio en el continente como son los casos de Bolivia y Venezuela respectivamente, además de lo mencionado anteriormente respecto Colombia y el escenario abierto en Ecuador.
Muy por el contrario del caso de Perú, Bolivia continúa, a pesar de un difícil contexto de tensiones políticas al interior del MAS, avanzando en decisiones de industrializar áreas económicas estratégicas para garantizar la redistribución en el país como es el caso de las negociaciones con Rusia y China en materia de exploración de Litio. Con un interés claro en fortalecer el lugar de Bolivia en el escenario económico y comercial global, el presidente Arce solicitó el ingreso del país al bloque de los BRICS, argumentando la condición del país andino de primera reserva mundial de litio, así como su importante nivel como productor de alimentos, minerales e hidrocarburos.
Estas iniciativas se dan en el marco de las tensiones internas dentro del MAS, que han venido profundizándose con el pasar de los meses y tienen hoy al partido de gobierno en una encrucijada entre los liderazgos del sector del presidente Arce, el sector del vicepresidente David Choquehuanca, y los sectores más vinculados al ex presidente Evo Morales. Estos últimos han señalado públicamente de un riesgo de ruptura y división del instrumento de gobierno, escenario que preocupa la estabilidad política de las fuerzas progresistas y revolucionarias a nivel regional y pone en alerta las posibilidades de división de un proceso estandarte en el proyecto continental como es el Proceso de Cambio en Bolivia.
Al respecto, el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, manifestó la urgencia de resolver “a nivel de Evo y Arce” para evitar un escenario de ruptura que para su criterio solo dejaría “arrepentimientos”, y los llamó a volver a crear una estructura de unidad a nivel nacional para combatir los intentos de la derecha de desestabilizar nuevamente el país después del golpe de Estado de 2019.
Por su parte, el escenario en Venezuela se prepara para el proceso electoral que tendrá lugar en 2024 para elegir el próximo presidente del país, y las tensiones locales se dan alrededor de las dispersas y poco claras referencias de oposición (que tienen su inspiración en las fuerzas de los nuevos fascismos de España o Italia), y la fuerza de la coalición del gobierno del Gran Polo Patriótico para los comicios que ha decidido continuar con la candidatura del presidente Nicolás Maduro como continuación del proyecto para el próximo período, quien demostró superar todo tipo de dificultades que desde los diseños imperialistas se impulsaron en su contra con el objetivo de debilitar el proyecto bolivariano.
A pesar de estos permanentes intentos diseñados desde Estados Unidos, que encontraron su punto cumbre en los intentos desestabilizadores de las guarimbas de 2014 y 2017, así como el único objetivo y proyecto de la oposición en la Asamblea Nacional de destituir al presidente Nicolás Maduro -y no mostrar al país ningún proyecto alternativo a la sumisión a la política estadounidense- el gobierno bolivariano logró correr el escenario de la guerra y la desestabilización al escenario del diálogo y la solución política a nivel nacional e internacional.
En ese sentido, el fortalecimiento de los polos emergentes de poder en el escenario de la multipolaridad han sido fundamentales para que Venezuela pudiera, en estos años, a pesar de la guerra económica en su contra impuesta por los Estados Unidos, fortalecer su economía y sortear las innumerables restricciones puestas en su contra. Inclusive el secuestro ilegal de fondos públicos en Europa como había sucedido en el caso de Portugal cuya Justicia finalmente ordenó la devolución de los fondos pertenecientes a la República Bolivariana. De esa forma, el vínculo de Venezuela con “Türkiye, Irán, China, Rusia o India, por ejemplo, ayudaron a sortear las sanciones euro atlánticas y garantizar el sostenimiento de una economía al borde del colapso”, según analiza Eder Peña en Misión Verdad.
Este rol de Venezuela va más allá, inclusive del fortalecimiento de su propia economía, y apunta a consolidar el lugar de América Latina y el Caribe en el panorama multipolar, pues ha sido una voz líder en los escenarios regionales como la CELAC, UNASUR, y ALBA-TCP para fortalecer la unidad regional, a pesar de los matices ideológicos dentro del bloque latinoamericano y caribeño en el concierto de voces Sur – Sur.
En los sucesivos informes venimos señalando cómo la cuestión migratoria es una de las problemáticas urgentes de los países mesoamericanos. Dos son las zonas de mayor flujo migratorio en la región, la del Darién en la frontera Colombia-Panamá, donde se registra el paso de más de 281 399 migrantes irregularizados, y la frontera sur entre México y Estados Unidos, donde supera al millón de personas que buscan traspasar de manera irregular de una frontera a la otra. Además, esta agenda es instrumentalizada por EE.UU. como parte de su política injerencista en el continente.
El 11 de mayo Joe Biden puso fin a la política antimigratoria Título 42 implementada por Donald Trump en marzo del 2020, durante la pandemia del Covid 19. Esta medida de salud que data de 1944 ―cuyo propósito originario fue la suspensión de la entrada de personas y bienes desde el exterior ante la existencia de cualquier enfermedad contagiosa en un país extranjero― se implementó para expulsar fuera de sus fronteras a las personas extranjeras que intentaran cruzar hacia aquel país con el argumento de que representan un riesgo de contagio, imposibilitando la búsqueda de asilo para quienes lo solicitaran en aquel país y exponiendo a miles de personas migrantes a mayores situaciones de riesgo. Hasta mayo de 2023, bajo el Título 42 se han llevado a cabo más de tres millones de eventos de expulsión de personas por las diferentes fronteras de EE. UU. y se estima que entre agosto del 2022 y el final de su aplicación se registran 564 443 detenciones en la frontera sur estadounidense.
Lejos de representar un alivio para miles de migrantes que buscan atravesar el Río Bravo, ante la suspensión de esta medida el gobierno de Biden recrudeció las políticas represivas, de control fronterizo y securitaria ante el posible incremento de la ola migratoria, lo cual pone en peligro la vida de las personas migrantes. Un ejemplo de esto es la continuidad de la política Título 8, que es la responsable de la mayoría de las expulsiones migratorias ―acumula 1 408 649 de personas en lo que va del último año fiscal―. Esta medida autoriza una expulsión acelerada de migrantes y, para aquellos que reciben una orden final de deportación, una prohibición de regreso de al menos cinco años con el riesgo de enfrentar procesos penales si se intenta volver a entrar antes de ese plazo.
Distintos organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch y Médicos Sin Fronteras, entre otros, han manifestado preocupación por las medidas tomadas por la administración Biden ante el fin del Título 42. Avizoran una agudización de la crisis migratoria y del peligro de vida para miles de migrantes. Una de las mayores alertas está en la restricción de las solicitudes de asilo y el límite del acceso de las personas migrantes a otros mecanismos para regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos, lo que podría generar riesgos que aumenten su situación de vulnerabilidad.
El incumplimiento de las promesas de campaña de poner fin a las políticas antimigratorias de Trump por parte del actual mandatario da cuenta del consenso bipartidista que sostiene la política estadounidense en este tema. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, avaló en el mes de junio la construcción de un «muro acuático» formado por boyas y alambres de púas que tiene como objetivo “disuadir” a las familias migrantes para que no entren al país. El gobierno federal de México manifestó su repudio a la medida y denunció a la soberanía nacional ya que el 75 por ciento de las boyas se encuentra en el lado mexicano. Además, en la zona del muro se encontraron dos cuerpos de personas que intentaron cruzar el Río Bravo. Mediante un comunicado las autoridades mexicanas indicaron:
El Gobierno de México reitera que la instalación de dicho muro de boyas alambradas viola nuestra soberanía e impacta en la seguridad, integridad y derechos humanos de las personas migrantes.
A esta reacción del gobierno de Texas se suman a otras medidas tomadas por gobernadores de estados norteamericanos y de la administración central ante la finalización del Título 42, que no hicieron más que duplicar los efectivos de fuerzas de seguridad en la frontera y empeorar las condiciones inhumanas por el laberinto que deben pasar los y las migrantes para trasladarse de una frontera a otra. Esto recrudece la crisis social por la que atraviesan los países del denominado Triángulo Norte ―Guatemala, Honduras y El Salvador― y México. Alrededor de mil personas provenientes de distintos países fueron rescatadas a lo largo del territorio mexicano (Veracruz, Oaxaca y Puebla) durante los meses de julio y agosto por el Instituto Nacional de Migración (INM). Los migrantes se encontraban hacinados en camiones intentando traspasar la zona fronteriza. Son miles de inmigrantes irregularizados que deben recurrir a mecanismos o grupos ilegales ante las políticas restrictivas y securitarias de las fronteras.
El 20 de agosto se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala. Unos comicios de enorme trascendencia en la región, ya que el país atraviesa una crisis social muy importante, atravesado por la problemática migratoria y una fuerte impugnación al sistema político. Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, resultó electo presidente con el 58 por ciento de los votos, imponiéndose a Sandra Torres de UNE (Unión Nacional de la Esperanza), quien obtuvo el 37 por ciento. El proceso electoral estuvo atravesado por una fuerte judicialización, incertidumbre y sorpresa política. El 29 de agosto recién se oficializaron los resultados, tras días de intentos por parte de sectores de la derecha y judiciales que intentaron bloquear la proclamación. Lo que sí lograron estos grupos es que se le quite la personería al partido Semilla, dando señales de presión hacia el futuro gobierno.
Una vez oficializado el resultado electoral, Arévalo denunció un golpe de Estado en curso, apuntando contra el Ministerio Público y su titular, Consuelo Porras; además del Congreso, compuesto en su mayoría por representantes de los partidos de derecha. “Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia”, denunció el Presidente electo. Importantes movilizaciones se dieron en la capital guatemalteca en defensa del nuevo mandatario. Si bien la transición presidencial inició en los primeros días de septiembre, los grupos de poder del “pacto de corruptos” siguen jugando sus cartas para que Arévalo no asuma, o lo haga condicionado.
La judicialización de las elecciones inició con la proscripción de cuatro candidaturas a presidentes, entre la que se encontraba la líder indígena Thelma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). En el 2019 había alcanzado los 10 puntos y las encuestas la ubicaban con posibilidades de entrar al balotaje. En este contexto y con un escenario de fragmentación política ―21 candidatos y 30 partidos presentándose a elecciones― se llevó a cabo el 25 de junio la primera vuelta presidencial. Allí, Sandra Torres se impuso con el 14,9 por ciento de los votos y en segundo lugar quedó Bernardo Arévalo, con el 12 por ciento, siendo el líder de Semilla la sorpresa de la jornada electoral, ya que ninguna encuesta lo ubicó en esa posición y todas las expectativas del establishment político y económico estaban puestas en que el próximo presidente saliera de alguno de los partidos de la derecha. Así lo indicó Carlos Barrientos, dirigente del CUC, en una entrevista con OBSAL:
El pacto de corruptos, que es como llamamos aquí a la alianza de la oligarquía junto a políticos corruptos de derecha y ex militares contrainsurgentes, que tiene cooptadas las instituciones del Estado, diseñaron todo para que las elecciones se diriman entre candidatos de derecha, sea Torres, Mulet o Zury Ríos ―hija del ex dictador Ríos Montt―. En las encuestas, el candidato de Semilla aparecía en octavo lugar y con una intención de voto de 2,5 puntos. Sin embargo, fueron altamente votados, captando parte del descontento. Otra parte no fue a votar o votó nulo. La base electoral del partido de Arévalo estuvo en los centros urbanos y en particular en la capital del país donde sacó el 24 por ciento, mientras que Torres tuvo mejor desempeño en las zonas rurales.
Además de la sorpresiva segunda posición de Arévalo, el otro dato central de la primera vuelta fue el alto porcentaje de rechazo al sistema político, que se manifestó en el 17 por ciento de voto nulo, 7 por ciento de voto en blanco y el 40 por ciento de abstencionismo. El candidato del partido oficialista ―Vamos―, apoyado por el actual presidente Alejandro Giammattei, obtuvo solamente 8 puntos. Como ningún candidato logró superar el 50 por ciento de los apoyos, Torres y Arévalo fueron a la segunda vuelta. El mismo día de la primera vuelta se eligieron 160 diputados para el Congreso de la República. Los resultados arrojaron un Legislativo fragmentado, donde ninguna fuerza política logra tener mayoría, pero con una fuerte presencia de los partidos de derecha. El partido con mayor escaños es Vamos con 39 diputados, le sigue UNE con 28 y luego Semilla con 23, entre los principales partidos con representación legislativa.
El intervalo entre la primera ronda y el balotaje estuvo atravesado por una fuerte incertidumbre política, ya que varios de los partidos de la derecha presentaron amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por irregularidades en la transmisión del conteo de votos, por lo cual la CC suspendió temporalmente la oficialización de los resultados. Desde los medios de comunicación dominantes y algunos partidos políticos se pidió la repetición del proceso electoral. Si bien esta medida y el intento de suspender la personería jurídica de Semilla quedaron truncas, Barrientos advierte que es una clara muestra de las dificultades que tendrá un gobierno de Arévalo, sin mayoría en el Congreso y con un sistema judicial cooptado por el “pacto de corruptos”. No obstante, la victoria de Semilla representa un aire de esperanza para el pueblo guatemalteco. Así lo expresa el dirigente del CUC:
Es importante para detener la involución que se viene, ya que el gobierno de Giammattei terminó de aniquilar las instituciones del acuerdo de paz y el pacto de corruptos de cooptar el Estado y la Justicia.Y sería un gobierno con el que se podría dialogar.
El movimiento Semilla es un partido de posiciones progresistas, centristas y socialdemócratas. Surge como un movimiento ciudadano de origen urbano donde convergen profesionales y sectores de la clase media, que se comienzan a movilizar en 2015 a partir de los hechos de corrupción que terminan con la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina. En el 2017 deciden conformarse como partido político y se presentan por primera vez a elecciones en 2019. Bernardo Arévalo es hijo del expresidente Juan José Arévalo Bermejo, que gobernó el país entre 1945 y 1951, y fue uno de los dos mandatarios de la “primavera democrática” (1944 – 1954) resultado del proceso de lucha por la recuperación democrática del pueblo guatemalteco denominado la “Revolución de Octubre” (1944). En 1954 se produjo el golpe de Estado perpetrado por Estados Unidos contra Jacobo Arbenz.
En México, tanto oficialismo como oposición miran al 2 junio de 2024, fecha en que el Instituto Nacional Electoral ―INE― estableció la elección presidencial. Con este horizonte, ambos espacios eligieron a sus candidatas para la contienda electoral. Claudia Sheimbaum representará al partido de gobierno Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) y sus aliados Partido Verde y Partido de los Trabajadores. La candidata del Frente Amplio por México, que congrega a los tradicionales partidos PRI, PAN y PRD, será Xóchitl Gálvez. Por primera vez en su historia, una mujer presidirá el ejecutivo del Gobierno Federal.
En Morena y en el frente que reúne al PRIAN se han llevado a cabo procesos internos de discusión y decisión de candidaturas. En el caso de los primeros, ante la imposibilidad de reelección de Andrés Manuel López Obrador, iniciaron un proceso de elección interna, que tuvo como base una serie de acuerdos y reglamentaciones, que finalizó el 6 de septiembre. Los principales precandidatos fueron Claudia Sheimbaum ―jefa de gobierno de la Ciudad de México―, Marcelo Ebrard ―canciller―, Adán López ―secretario de la presidencia― y Ricardo Monreal ―senador―. Este proceso puso a prueba la institucionalización del morenismo y amenaza con la ruptura de la unidad política. La encuesta —método utilizado por el partido para definir la candidatura— que dió victoriosa a la ex Jefa de gobierno de CDMX con un 38 por ciento, fue impugnada por Ebrard acusando de parcialidad a quienes estuvieron a cargo del relevamiento de datos.
La incógnita pasa por saber cuál será, en el corto plazo, el futuro político del ex Ministro de Relaciones Exteriores y su rol en las próximas elecciones. Hasta el momento sigue el proceso interno del partido al presentar ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las inconsistencias registradas y el pedido de anulación de la encuesta y su repetición, así lo hizo saber en la conferencia de prensa del 11 de septiembre, donde además anunció la creación de su movimiento nacional. Según sus dichos, el nuevo espacio político seguirá dentro de Morena, salvo que no sean atendidos sus reclamos:
Esperamos la respuesta de Morena, su dirigencia, sus órganos directivos. Si para su propio punto de vista, todo lo que acabamos de describir, no ocurrieron, no pasó nada, entonces sí, la decisión sería no participar porque no avalamos esas conductas.
Algunos analistas políticos sostienen que esto es una estrategia de Ebrard para negociar alguna candidatura legislativa como la senaduría y desde allí fortalecerse para las presidenciales del 2030. Otros alertan sobre la posibilidad de que sostenga su candidatura por fuera de Morena, ya sea con su nuevo movimiento político o dentro de alguno de los partidos opositores como Movimiento Ciudadano.
Si bien el mayor activo de Morena es la imagen positiva de Amlo, cuya aprobación ciudadana alcanza el 60 por ciento, el mayor desafío es construir un nuevo liderazgo que siga el camino trazado por el actual mandatario, lo que no será fácil, por el carisma, personalismo y centralidad de tiene. Si bien no está muy claro a quién podría perjudicar o beneficiar una candidatura por fuera de Ebrard, lo seguro es que debilita las intenciones de Sheimbaum de erigirse como la garante de unidad partidaria. Es por esto, que en uno de sus primeros discursos como candidata oficial llamó a la unidad y ampliación de la 4T: “Debemos fortalecer la unidad y siempre tender la mano a quien quiera seguir siendo y ser parte de este gran movimiento de transformación”.
En la vereda de enfrente, la priista Beatriz Paredes renunció a su postulación y allanó el camino para que la panista Xóchitl Gálvez sea la candidata. Si bien el PRIAN luce renovado con su nuevo nombre, cuentan con amplio rechazo en la ciudadanía. Sus expectativas están puestas en que el liderazgo de Gálvez les permita oxigenar la imagen de sus partidos y apuestan a que lo que suceda con Ebrard y un desgaste mediático del gobierno de Amlo les acerque a la disputa por la presidencia.
El 4 de junio se llevaron a cabo las elecciones a gobernadores en dos Estados, México y Coahuila. Esta fue la última contienda electoral antes de las presidenciales. El PRI perdió ante Morena uno de sus bastiones políticos, el Estado de México que gobernaba hace 94 años. Delfina Gomez es la nueva gobernadora; obtuvo el 53 por ciento de los votos. Por su parte, la alianza opositora del PRI, PAN y PRD retuvo Coahuila, donde ganó Manolo Gimenez con el 56 por ciento de los apoyos. El mapa federal de México muestra que 23 de las 32 gobernaciones están en manos de Morena o aliados (San Luís de Potosí por el Partido Verde) y la oposición ―Movimiento Ciudadano― gobierna en Jalisco y Nuevo León. El PAN gobierna en Chihuaua, Aguascalietes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán y el PRI mantiene Durango y Cohauila.
Honduras atraviesa uno de los momentos más delicados desde que está Xiomara Castro en la presidencia. Las tensiones al interior del Partido LIBRE ―Libertad y Refundación―, la ruptura del bloque de gobierno con Salvador Nasralla, la crisis heredada por el Partido Nacional y la reorganización de sectores opositores y oligárquicos generan una situación de inestabilidad política. La situación económica y social es delicada, el gobierno decidió militarizar zonas del territorio hondureño para hacer frente a la crisis de seguridad y aumento de los homicidios.
En los primeros días de agosto se filtró un video de exmilitares en el que se observa al exgeneral Mario Hung Pacheco, responsable del golpe de estado a Zelaya en 2009, alentando un golpe contra el actual gobierno constitucional de Xiomara Castro. Como respuesta, en el aniversario de la fuerza naval hondureña, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), José Jorge Fortín, instó a algunos generales a mantener el orden constitucional y condenó cualquier tentativa de golpe de Estado: “General Hunt Pacheco, no a los golpes de Estado, General Isaias Barahona, no a los golpes de Estado, General Romeo Vasquez, no a los golpes de Estado, General Maldonado Barreras, no a los golpes de Estado”.
Esta amenaza contra el gobierno de Castro se da en un contexto de ofensiva por parte de la oposición de derecha, que busca volver a articularse. El Partido Nacional ―PN―, sectores del Partido Liberal ―PL― y el ex designado presidencial Salvador Nasralla, conformaron el Bloque de Oposición Ciudadana ―BOC― y llevaron a cabo una masiva movilización como demostración de fuerza, con consignas contra la presidencia de LIBRE y sus principales referentes. Esto fue alentado por medios de comunicación, empresarios y sectores vinculados a intereses estadounidenses que aprovecharon la publicación del informe del Consejo Nacional Anticorrupción ―CNA― que denuncia al oficialismo por concentración de poder en el Estado. Esta acusación fue desmentida por Castro quien respondió: «mientras la dictadura llenaba sus bolsillos con contratos lesivos de corrupción público-privada y aprobados por ese régimen, el CNA guardó un silencio cómplice (…) Yo les pregunto, ¿cuál concentración de poder? Si en el Congreso Nacional ni siquiera podemos aprobar o ratificar un acta porque el poder lo siguen teniendo los mismos que continúan saqueando este país”.
Respecto de la situación política del país, entrevistamos al escritor y analista político hondureño Mario Membreño, quien analizó:
Para entender la situación política actual tenemos que remitirnos a las elecciones en las cuales ganó ampliamente Xiomara Castro, pero no sucedió lo mismo en el Congreso Nacional y en las gobernaciones locales, donde los tradicionales partidos Nacional y Liberal tienen una fuerte presencia. La presencia de LIBRE en la Legislatura perdió fuerza por sus propios conflictos internos y la ruptura con Salvador Nasralla, que era aliado. Y como no se supo reconstruir los marcos de alianzas, por ejemplo con un sector del Partido Liberal, no tiene mayoría para avanzar en leyes y la derecha esto lo entendió perfectamente, bloqueando políticas importantes para el proceso de cambio como la Ley de justicia tributaria o la adhesión a la CAF, que era necesario para fortalecer las finanzas del Estado.
Según Membreño, la debilidad del gobierno ha permitido que la oposición tome la delantera, pero la alianza de los sectores de derecha está “pegada con chicle”, y señala que hay tensiones a su interior que ponen en riesgo la unidad. “El Partido Nacional no tiene liderazgos claros, y los que hay tienen mala imagen. El Partido Liberal no está seguro de ser parte de ese espacio y Nasralla no pudo encolumnar a su partido detrás del BOC”, indicó el escritor. Nasralla, de buenas relaciones con la embajada de EE. UU., aparece como el único que puede capitalizar esta situación.
En la demostración de fuerzas entre oposición y gobierno, los partidarios de LIBRE convocaron a una movilización para el 29 de agosto en apoyo al gobierno, la democracia y la justicia. Xiomara Castro apoyó la marcha con la frase “la movilización va”. La convocatoria resultó masiva y miles de hondureños y hondureñas se volcaron a las calles movilizándose desde la casa presidencial hasta el Congreso Nacional como forma de presión para que el Legislativo elija al Fiscal General y Fiscal general adjunto que la oposición viene bloqueando. Con la iniciativa el partido de gobierno buscó recuperar la iniciativa y mostrar fortaleza ante la embestida de los sectores opositores y amenazas golpistas.
Consultado sobre lo que depara el devenir político de los próximos meses y los pasos a seguir de LIBRE para contener el ataque de la derecha y continuar el proceso de cambio democrático, Membreño indicó:
La amenaza de golpe va a estar latente, no tanto porque vaya a hacerse efectivo, aunque para la oligarquía siempre es una posibilidad, sino como forma de condicionar al gobierno y generar un clima desestabilizador. No parece que Estados Unidos esté jugando esa carta, ya que buscan reconstruir su hegemonía en centroamérica y necesitan generar estabilidad en la región para hacer frente a la crisis migratoria. Al respecto del gobierno, debe rectificarse y volver a las bases, al programa de gobierno de LIBRE, que es avanzar hacia un proceso de cambio democrático. El partido debe estrechar su vínculo con los movimientos populares, lo cual hoy no está sucediendo. Esperemos que la movilización del día 29 sirva para eso.
El gobierno acordó un préstamo con el FMI de 830 millones de dólares, y busca de esta manera paliar parte de la delicada situación económica que heredó del PN y así poder atraer inversiones. El organismo internacional presionó para una devaluación de la moneda, pero fue rechazada, logrando que esa cláusula no sea parte del acuerdo. Además, se busca un préstamo de la Corporación Andina de Fomento ―CAF― y avanzar en un Tratado de Libre Comercio con China. Ante la delicada situación económica que atraviesa el país, el Ejecutivo decretó el subsidio del 50 por ciento del precio del combustible, debido a que su valor tuvo un fuerte aumento por la rebaja de producción en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
Como venimos dando cuenta en los sucesivos informes, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha logrado concentrar gran parte del poder político y estatal: cooptó los poderes legislativo y judicial, construyó un importante aparato comunicacional y propagandístico y llevó a cabo una política represiva y autoritaria criminalizando y silenciando voces críticas. Su principal acumulado político se centra en la denominada “guerra contra las pandillas” y en los resultados que el gobierno publicita con esta política.
El 11 de julio, la Asamblea Legislativa amplió por decimosexta vez el “régimen de excepción” por 30 días, en el marco del conflicto contra las pandillas que sostiene el gobierno. Esta medida suspende varias garantías constitucionales, como el derecho a la defensa de las personas detenidas, ya que en muchos casos esto se da de manera arbitraria. Se detuvieron a más de 71 mil personas, según datos del Ministerio de Seguridad. En una nota publicada en diariocolatino, el periodista Leonel Herrera señala que denominar a esto régimen de excepción es equivocado, porque lo que hay es “un estado permanente de suspensión (y violación) sistemática de derechos y garantías constitucionales”. Luego, sigue: “si la propaganda gubernamental es que las pandillas ya están desarticuladas ¿para qué se mantiene el estado de excepción? ¿Es para mantener un estado de impunidad para detener a cualquier persona sin causa justificada y sin seguir el debido proceso?”.
Organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales han denunciado la escalada autoritaria del gobierno, persecución política y violaciones a los DD. HH. desde el robustecimiento de las políticas represivas. Desde Amnistía se denunció miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso en el país, así como tortura, malos tratos y la muerte de al menos 18 personas bajo tutela del Estado. Referentes de la ONG manifestaron que “la magnitud de las violaciones a los derechos humanos demanda una respuesta contundente e inmediata de la comunidad internacional. Es urgente que se permita el acceso al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos de protección de la ONU”.
Otro de los avasallamientos institucionales por parte de Bukele es su objetivo de ser reelecto como presidente. A pesar de que la constitución lo prohíbe, el actual mandatario anunció que se presentará a las próximas elecciones presidenciales a llevarse a cabo el 4 de febrero del 2024. Para eso, deberá renunciar el 1º de diciembre, seis meses antes de terminar su mandato. Son siete artículos constitucionales que prohíben la reelección, pero una interpretación de la Sala de lo Constitucional habilita al líder de Nueva Ideas a postularse nuevamente como candidato. Los magistrados de este organismo de la Corte Suprema de Justicia fueron designados por la Asamblea Legislativa mediante la mayoría oficialista. Además, de cara a los comicios del año que viene, Bukele llevó a cabo una reforma política – administrativa que modifica el mapa político del país, y buscará que se implemente antes de las elecciones. La medida implica una reducción de 262 municipios para dejarlos en 44 gobiernos locales y se pasaría de 84 a 60 diputados en la Asamblea Legislativa, cambiando el sistema de reparto de escaños. Críticos al gobierno indican que estas reformas podrían favorecer a la concentración del poder de Bukele en caso de resultar victorioso en las urnas.
En las sombras del discurso y propaganda oficial se revela una realidad social y económica complicada para el país. Una investigación llevada adelante por El Faro mostró que el 50 por ciento de los salvadoreños padece inseguridad alimentaria y un 14 por ciento se encuentra en una situación crítica. Los datos alarmantes indican que 210 456 personas cayeron en la pobreza extrema en los últimos tres años y casi un millón de personas están al borde de la hambruna y sus ingresos no alcanzan para alimentarse dignamente. En los últimos dos años hubo un acelerado aumento en el precio de los alimentos de la canasta básica, sin que el gobierno implemente políticas para paliar esta situación.
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular junto a otras organizaciones anunció una movilización para el 15 de septiembre, día en que se celebra la independencia del pueblo salvadoreño. La marcha es en “repudio a la dictadura del clan Bukele que intenta consolidarse”, y entre sus puntos reivindicativos se encuentran: 1) rechazo al intento inconstitucional de reelección de Bukele, 2) rechazo a las reformas que reducen el número de municipios, de diputados y modifica el método de distribución de escaños, 3) rechazo al régimen de excepción , 4) voluntad de luchar para rescatar al país del retroceso y crisis social y económico en que se encuentra y 5) “llamado a las fuerzas revolucionarias, democráticas y progresistas a crear un frente amplio, que trascienda la lucha electoral y procure la derrota de la dictadura y el establecimiento de un gobierno democrático y al servicio del pueblo”. Adhieren a la iniciativa, el Movimiento de víctimas del régimen, el Comité de familiares de presos y presas políticas de El Salvador, el Movimiento universitario de pensamiento crítico, el Movimiento por la defensa de la tierra, el Magisterio en resistencia, el Movimiento cinquera en resistencia y el Movimiento de izquierda salvadoreña.
En el marco de la ola de calor vivida en el Caribe y sufrida por el hemisferio norte y la temporada de tormentas y ciclones, veinte países de Centroamérica y el Caribe emitieron una declaración en conjunto en la Asamblea General de la OEA de junio, en la que pidieron “priorizar la provisión de fondos y recursos para apoyar los esfuerzos de Centroamérica y el Caribe para enfrentar el cambio climático, reconociendo la urgencia y magnitud de los desafíos que enfrentan estas regiones”. La misma fue presentada por el embajador de Antigua y Barbuda ante Estados Unidos y la OEA, Ronald Sanders.
La situación en Haití sigue estando atravesada por la crisis política, institucional, humanitaria, alimentaria, sanitaria y de seguridad, que se sostiene desde hace varios años y se intensificó en 2021 luego del magnicidio de Jovenel Moïse, del cual acaban de cumplirse dos años y en cuya investigación no ha habido avances significativos. Cuatro jueces que estuvieron a cargo de la misma renunciaron o fueron sustituidos alegando razones personales o de seguridad. Más de cuarenta personas fueron detenidas por el caso (entre ellas, quince exmilitares colombianos) y once han sido procesadas en Estados Unidos. El único que ha sido declarado culpable es un empresario haitiano-chileno que confesó su participación en la entrega de armas.
Durante los últimos meses, el país ha sido tema de agenda en diversos foros y espacios internacionales, entre los cuales destacamos el tratamiento del tema en la Caricom.
Algunos datos:
En lo que respecta a la salud, preocupa el aumento de casos de cólera desde el brote iniciado en octubre del año pasado. Según el Ministerio de Salud Pública y Población de Haití, al 25 de julio de 2023, había un total de 56 580 casos sospechosos (52 608 de los cuales son hospitalizaciones); 10 116 casos testeados, de los cuales 3612 fueron confirmados; 567 muertes en instituciones y 247 muertes por la enfermedad fuera de instituciones. El promedio de edad de las personas hospitalizadas por la enfermedad es de 17 años y la mayor afectación es sufrida por niños y niñas de entre 1 y 4 años, en primer lugar, y de entre 5 y 9 años, en segundo lugar. Según datos de Unicef, 5,2 millones de personas en Haití (de las cuales 3 millones son niños y niñas) necesitan ayuda humanitaria urgente y 4,9 millones tienen dificultades para alimentarse. El organismo también calcula que “este año más de 115 000 niños menores de cinco años sufrirán casos de desnutrición potencialmente mortales, lo que supone un aumento del 30% desde el año pasado” y casi uno de cada cuatro niños y niñas padece desnutrición crónica. Se trata de las cifras más altas registradas en la historia, incluso comparándolas con las posteriores al terremoto de 2010. A la vez, la organización denuncia falta de financiación por parte de los países y afirma que recibió solo un 15% de los fondos que necesita para esta cuestión. Esta situación se da en un contexto de aumento de la violencia, que también influye en el acceso a los servicios sanitarios (por desplazamientos y bloqueo de caminos, entre otros).
Según un informe del Colectivo Défenseurs Plus, entre enero y junio de 2023, hubo 600 asesinatos y 271 secuestros producto de la violencia de las bandas armadas y, según la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), entre abril de 2022 y abril de 2023, hubo 734 muertos en 6 masacres entre los departamentos Oeste y Artibonite.
Según un informe de la ONU, en los tres primeros meses de 2023, 846 personas fueron asesinadas (en el trimestre anterior, el número había sido de 541). En el mismo período se contaron 393 personas heridas y 395 secuestradas. Esto supone un aumento de la violencia del 28% con respecto al trimestre anterior. Además, 600 personas fueron asesinadas solamente en el mes de abril. En lo que va del año (hasta el 15 de agosto), la ONU ha documentado más de 2400 personas asesinadas, más de 900 heridas y 951 secuestradas, en el marco de un pico de violencia experimentado durante las primeras semanas de agosto.
De acuerdo a datos publicados por el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (Cardh, por sus siglas en francés) de la ONU, solo en julio hubo alrededor de 83 secuestros.
De acuerdo a datos que publicó la organización feminista Nègès Mawon, 652 mujeres y niñas fueron víctimas de violencia sexual en cuatro barrios de Puerto Príncipe entre mayo de 2022 y marzo de 2023.
Las bandas armadas controlan actualmente más del 80 por ciento de la capital del país y ganan cada vez más terreno en otros departamentos, impidiendo el acceso a derechos básicos como la salud, la educación y la vivienda. Según la Plataforma de Organizaciones Haitianas de Derechos Humanos (Pohdh), en el último año 100 mil personas tuvieron que huir de sus hogares.
Más de 165 000 personas se encuentran desplazadas internamente debido a la violencia de los grupos armados y 30 000 han tenido que desplazarse debido a las inundaciones que tuvieron lugar a principios de junio y afectaron a casi 40 000 familias, con un saldo de más de 50 muertos.
A todo esto se le suma el movimiento de autodefensa en contra de las pandillas del que hablamos en el informe anterior, Bwa kale, que desde abril viene atacando a integrantes de las bandas armadas y a agosto ya lleva cometidos más de 350 asesinatos documentados por la O.N.U. y otras organizaciones de derechos humanos.
Por último, las cifras de migrantes retornados y retornadas al país también van en aumento. En lo que va de 2023, entre 62 000 y 78 000 (según la fuente) personas han vuelto al país por tierra, aire o mar. Los destinos principales de donde han sido deportados son República Dominicana y Estados Unidos. El experto independiente de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Haití, William O’Neill, llamó al gobierno dominicano a cumplir con los acuerdos migratorios bilaterales y expresó que “algunos métodos de repatriación utilizados no cumplen con los estándares de derechos humanos” e incluyen a menores no acompañados.
En el contexto de violencia, destacan los secuestros y ataques a periodistas (por parte de las bandas pero también de las fuerzas de seguridad) que vienen teniendo lugar, con sus consiguientes respuestas y protestas. En lo económico, destaca el alza en el precio del petróleo, que también ha llevado a huelgas por parte de los transportistas.
En este contexto, que pareciera habérsele escapado de las manos no solamente al gobierno sino a todos los países que históricamente han intentado tener intervenciones en el país, el Consejo de Seguridad de la O.N.U. decidió prorrogar por un año el mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) hasta el 15 de julio de 2024 (vencía, originalmente, el 15 de julio de 2023).
Durante los últimos meses ha destacado la presencia del tema en distintos foros, conferencias y encuentros internacionales. Destaca, como novedad, la presencia del tema en las distintas instancias de la Caricom (Comunidad del Caribe), que permite pensar que es posible abordar la problemática desde una mirada de la integración regional, ofreciendo una alternativa a las miradas injerencistas. Esto no significa que desde este espacio esté necesariamente abordándose el tema desde una perspectiva anticolonial y de la autodeterminación de los pueblos, pero hasta ahora, ha habido algunas instancias en las que se vio la intención de que participen sectores de la sociedad civil haitiana.
Recapitulemos algunos de los espacios internacionales en los que se ha tratado el tema:
En mayo, durante la ceremonia por el Día de Europa, Ariel Henry pidió ayuda a los países europeos para “desarrollar su fuerza policial”, a la vez que Canadá anunció que enviaría 5 de los 100 millones de dólares prometidos previamente para la compra de armas y municiones para equipar a la policía. Unos días después, el secretario general de la O.N.U. António Guterres viajó a Jamaica a reunirse con su primer ministro y uno de los temas abordados fue “el rol mediador de Jamaica en la situación de Haití” y expresaron la intención de seguir teniendo conversaciones bilaterales al respecto. A la vez, la O.N.U anunció que enviaría una ayuda económica de 9 millones de dólares de ayuda humanitaria.
En junio, por otro lado, se realizó en Jamaica una reunión de tres días con distintos actores con el objetivo de consultar a los distintos actores involucrados sus perspectivas y posibles caminos a seguir en Haití. Allí participaron representantes del gobierno haitiano y de distintas organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, el sector privado y la iglesia. Además, el primer ministro de Bahamas, Philip Davis, la secretaria general de la Comunidad del Caribe (Caricom), Carla Barnett y el llamado Grupo de Personas Eminentes, formado por el exprimer ministro de Bahamas, Perry Christie; de Jamaica, Bruce Golding y de Santa Lucía, el Dr. Kenny Anthony, así como representantes de países donantes de Haití. El primer ministro jamaiquino resaltó su postura de no injerencia. Si bien se llegó a proponer un documento en conjunto que preveía la instauración de un poder ejecutivo bicéfalo en un gobierno de unidad y transición, no se llegó a acordar y firmar y Henry fue claro en el rechazo a la propuesta. Sin embargo, es posible pensar que este encuentro, luego del realizado en febrero por la Caricom, muestra un avance en conversaciones que empiezan a incluir actores haitianos y caribeños más que extranjeros representantes de potencias imperialistas.
Declaraciones de la Caricom posteriores a la reunión mantuvieron una postura no injerencista y una “solución liderada por Haití” y el comunicado final de la organización afirmó que “el primer ministro interino, Dr. Ariel Henry, se comprometió a lograr una mayor inclusión en la gobernanza mediante el establecimiento de un gobierno de unidad nacional, comenzando por trabajar con los socios del Acuerdo del 21 de diciembre para aumentar el número de miembros del Alto Consejo de Transición (HCT) para incluir representantes de un grupo más amplio de partes interesadas”.
Unos días después de esa cumple, Henry participó de otra en Francia, llamada “Por un nuevo pacto financiero global”, en la que se reunió con representantes de otros países para seguir pidiendo apoyos internacionales. Entre ellos, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, y el presidente de Kenia, país que en abril ya había expresado a Canadá su disposición a enviar policías kenianos a Haití. Henry también se reunió con el presidente de la Unión Africana, Azali Assoumani, para pedir apoyo. En el mismo sentido y unas semanas más tarde, el presidente de Rwanda, Paul Kagame, afirmó que está dispuesto a apoyar la fuerza multilateral que pidió el gobierno haitiano en sus distintas intervenciones.
Al mismo tiempo, una delegación haitiana participó del 53° período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, en la que representantes de distintos países (entre ellos Canadá y Estados Unidos) volvieron a hablar de la necesidad de “apoyo internacional urgente” a Haití. Desde febrero de este año existe el Grupo de Trabajo del Consejo Permanente sobre Haití en la OEA, al cual el gobierno haitiano viene pidiendo asistencia en materia de seguridad.
A principios de julio, el secretario general de la ONU, António Guterres, visitó Haití y pidió al Consejo de Seguridad de ese organismo “y a todos los países contribuyentes potencialmente relevantes que creen las condiciones que permitan el despliegue de una fuerza multinacional de ayuda a la Policía Nacional de Haití, “una fuerza de seguridad sólida que trabaje mano a mano con la Policía Nacional de Haití para derrotar y desmantelar a las pandillas y restablecer la seguridad en todo el país”. A la vez, también reconoció que “no se puede encontrar una solución sin el pueblo haitiano”.
En la reunión de la Caricom celebrada entre el 3 y el 5 de julio en Trinidad y Tobago también estuvo el tema de Haití muy presente en la agenda. Hubo una declaración especial al respecto en la que los jefes de Estado propusieron la creación de un Corredor de Estabilización Humanitaria y de Seguridad bajo el mandato de una Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), con apoyo financiero de socios internacionales. Además, concluyeron en la necesidad de entablar diálogos con algunos países que ofrecieron su apoyo a la Policía Nacional Haitiana como Ruanda y Kenia.
Nuevamente en julio, una delegación de Caricom visitó Haití para seguir manteniendo conversaciones con el gobierno y otros sectores políticos y sociales, como el Sector Democrático y Popular (SDP) y la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH).
Luego del llamado de Guterres, varios de los miembros del Consejo de Seguridad se expresaron al respecto. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, después de reunirse con Ariel Henry en Trinidad y Tobago, afirmó que Estados Unidos es “el mayor donante internacional a la Policía Nacional de Haití, por eso apoyamos el llamado del gobierno de la nación para una fuerza multinacional que nos ayude a restaurar la seguridad”.
Por su parte, Rusia y China fueron las voces disidentes que hicieron contrapeso a estas declaraciones. El embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitri Polianski, expresó: “Algunos consideran que la panacea es una fuerza multinacional, cuando la historia demuestra que esas intervenciones extranjeras han hecho más mal que bien en Haití”, mientras que el embajador chino, Zhang Jun, consideró la necesidad de analizar otras alternativas y reafirmó la necesidad de que los haitianos puedan decidir.
La discusión respecto de enviar tropas a Haití en una fuerza multinacional no ha tenido consenso en el Consejo de Seguridad de la ONU, principalmente por las posturas de Rusia y China que se oponen. Sin embargo, durante las últimas semanas, el secretario general António Guterres ha reforzado junto a Estados Unidos el pedido de conformar una fuerza multinacional que apoye a la policía de Haití.
Ya con Canadá apartada de esta empresa, países como Kenia, Las Bahamas y Jamaica se han mostrado dispuestos a liderar o colaborar con esta intervención que, según el portavoz de la ONU, Farhan Haq, “no será una fuerza de Naciones Unidas en el sentido clásico de las fuerzas de paz conocidas como cascos azules”, sino que se limitaría a apoyar a la policía haitiana.
En ese marco, un conjunto de organizaciones populares hizo pública una declaración en la que expresan su oposición a esta fuerza y piden especial solidaridad a Kenia y a los países africanos para que revean su posición de ofrecerse a contribuir con esta fuerza injerencista, ya que “tal empresa que va en contra de lo proclamado solemnemente en el Acta Constitutiva y la Carta de la Unión Africana (UA)”, que plantea explícitamente la no injerencia en los asuntos internos de los Estados y el respeto a la soberanía e integridad territorial. En la misma, además, denuncian el suministro de armas por parte de Estados Unidos a las pandillas haitianas, confirmado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC) en marzo de este año.
Por último, hay que destacar que el tema también estuvo presente en la cumbre de los BRICS, en cuya declaración final los y las representantes del grupo expresaron su preocupación y abogaron por la creación de consensos entre las fuerzas políticas locales.
Desde hace algunos años, Cuba está atravesando cambios significativos en su estructura económica y en su estructura estatal. A partir de la Reforma Constitucional de 2019, se ha iniciado el proceso de reordenamiento económico en el marco del cual, en septiembre de 2021, se permitió la constitución de pequeñas y medianas empresas privadas que ya forman parte del entramado productivo del país.
En ese marco, hay algunos temas y preocupaciones recurrentes relacionados al aspecto económico que abordaremos en este informe: el crecimiento del sector privado, la producción y distribución de los alimentos, la inflación y las fluctuaciones en el tipo de cambio, y también problemas de abastecimiento de agua, electricidad y combustible. Todo esto en el marco de un bloqueo por parte de la administración estadounidense que no se ha movido un ápice desde las 240 medidas de Trump, cuyos daños acumulados se calculan en 154 217,3 millones de dólares. Al bloqueo se le agrega una de las últimas medidas de Trump, que fue designar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo en enero de 2021.
En términos macroeconómicos, se observa una recuperación de algunos índices con relación a los años de pandemia, aunque no la esperada. El P.I.B. en 2020 fue negativo en un 11 por ciento, en 2021 se recuperó y fue de 1,3 por ciento positivo y en 2022 de un 1,8 por ciento (con una proyección inicial del 4 por ciento). Esta recuperación fue asimétrica; fue protagonizada por sectores como el turismo, el transporte, la educación, cultura y deportes, mientras que sectores como la agricultura, la ganadería, la industria manufacturera, el comercio y la electricidad experimentaron caídas significativas. Para 2023 se había proyectado un aumento a 3 por ciento del P.I.B., pero todavía no alcanza los niveles prepandemia, con las actividades primarias reportando valores negativos. Se proyecta un aumento del 1,5 por ciento.
Uno de los índices más preocupantes de la realidad cubana es el de inflación que, entre enero y abril de este año, había sido de un 11,39 por ciento y, al cierre de junio, de un 18 por ciento, con una inflación interanual del 45,48 por ciento a julio (el índice que más contribuye a este número es el de alimentos, bebidas y transporte, que constituye un 80 por ciento). En 2022 había sido de 40 por ciento, mientras que en 2021 del 70 por ciento. Se estima que en 2023 termine superando el 40 por ciento.
Además de los factores externos relacionados con la inflación a nivel mundial, hay tres factores internos que contribuyen al aumento de precios, según el ministro de Economía y Planificación cubano, Alejandro Gil Fernández: la falta de disponibilidad de divisas, la disminución de los planes de producción y, por lo tanto, el déficit de oferta y la especulación, la reventa y el enriquecimiento ilícito.
Las fuentes más importantes de ingresos de divisas son las exportaciones, el turismo y las remesas y, si bien esos sectores vienen recuperándose, aún no han alcanzado los ingresos previstos. Una de las preocupaciones que esto genera es la dualidad económica y el tipo de cambio paralelo que va creciendo en el mercado ilegal y que casi duplica al tipo de cambio oficial.
En cuanto al nuevo segmento del mercado y la producción, que comprende especialmente al sector de las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), a junio de este año se habían aprobado más de 8 mil nuevos actores (en 2022 este número fue de casi 6 mil), que emplean a más de 212 mil personas.
Si bien este sector va creciendo y el Estado pretende orientarlo principalmente a la producción de alimentos, todavía hay una cuota muy alta de alimentos (el 65 por ciento) que son importados y la producción nacional no logra satisfacer la demanda. Esto contribuye a la dependencia de los precios internacionales. En 2023 el nivel de producción agropecuaria está siendo inferior a la del año anterior. El caso más paradigmático es el de la zafra, que este año enfrentará un rendimiento inferior a la demanda, que no solamente no generará divisas sino que probablemente requiera que se importe azúcar.
Un factor a destacar es que incluso los actores privados de la economía opositores al gobierno reconocen que el bloqueo estadounidense afecta a la producción del sector privado.
Respecto a los servicios, la limitación en el ingreso de combustibles debido al bloqueo estadounidense hace que desde ya hace varios años el transporte y el abastecimiento de energía eléctrica constituyan un problema cotidiano. Este año se planificaron los cortes y se realizaron obras para la recuperación del nivel de generación y distribución de energía que se tradujeron, según el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en una disminución de las afectaciones de un 35 por ciento, si se compara, por ejemplo, mayo de 2023 con mayo de 2022 y de un 38 por ciento en junio.
Lo que viene siendo un problema mayor esta temporada húmeda (entre junio y octubre, en la que hay con más frecuencia tormentas y fallas eléctricas) es el abastecimiento de agua, que responde principalmente a equipamientos de bombeo antiguos que pueden distribuir menor cantidad de agua con el mismo consumo energético y la imposibilidad de entrar al país recursos para su mantenimiento o sustitución.
A principios de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano emitió un comunicado rechazando el ingreso de un submarino nuclear en la base estadounidense en Guantánamo. El mismo permaneció allí desde el 5 de julio hasta el 8 de julio, “lo que constituye una escalada provocadora de los Estados Unidos, cuyos motivos políticos o estratégicos se desconocen”.
Los meses de junio y julio fueron meses de encuentros internacionales para las autoridades cubanas. Primero, el presidente Díaz-Canel se juntó con el presidente iraní en Cuba. Luego, previo a su participación en la mencionada cumbre en París, se reunió con el papa Francisco en el Vaticano, con el presidente, el viceprimer ministro y ministro de Defensa de Serbia y en París también tuvo un encuentro bilateral con Lula da Silva. En la cumbre en París, el presidente cubano afirmó que “urge un nuevo y más justo orden internacional” y consideró que es necesaria una reforma de las instituciones financieras internacionales.
Unos días antes de realizarse la Cumbre entre la CELAC y la Unión Europea, el 10 de julio, Cuba denunció falta de transparencia y conducta manipuladora de la UE en la organización, afirmando que se intentaban imponer formatos restrictivos que imposibilitarían discusiones y ocultando debates a la prensa.
El 12 de julio, el Parlamento europeo aprobó una resolución contra Cuba, en la que se pedían sanciones contra quienes señaló como responsables de atentar contra los derechos humanos en ese país, incluyendo a Díaz-Canel. A esta resolución, la Presidencia de Cuba respondió con un comunicado en el que rechazó dicha resolución y afirmó que tal órgano europeo “carece de autoridad moral, política y jurídica” y que el texto “muestra un alto contenido injerencista”.
Previo a su participación en la cumbre, el presidente cubano visitó Portugal y se reunió con su presidente.
En su discurso en la cumbre, Díaz-Canel reclamó que “la asociación estratégica América Latina y el Caribe – Europa no existe. Debemos construir mejores relaciones, más justas, solidarias y cooperativas”. También apeló a la necesidad de reformar la arquitectura financiera mundial, discutir las políticas de migración y respetar los principios de igualdad soberana y no injerencia. Agradeció, por último, el rechazo al bloqueo estadounidense contra Cuba expresado en diversas oportunidades por los países de América Latina y el Caribe y la Unión Europea.
En el marco de la Cumbre de los BRICS llevada a cabo en agosto, a la que Díaz-Canel fue invitado como presidente del G77+China, el presidente cubano celebró la ampliación del bloque y la propuesta de creación de un mecanismo de reserva de monedas del sur que permita líneas de crédito mutuas. En su discurso, convocó a una cumbre de jefes de Estado de ese grupo sobre tecnología, ciencia e innovación, a realizarse en septiembre en La Habana. Además, durante ese viaje visitó otros países africanos como Angola, Mozambique y Namibia.
El 26 de julio se cumplieron setenta años de los asaltos a los cuarteles Moncada y Céspedes, tras los cuales encarcelaron a Fidel Castro, en una gesta que vería el triunfo de la Revolución, seis años después. En homenaje, se llevó a cabo ese día un acto por el hoy llamado Día de la Rebeldía Nacional en la antigua fortaleza militar de Santiago de Cuba, encabezado por Miguel Díaz-Canel y con la presencia del general de Ejército Raúl Castro, uno de los combatientes de hace 70 años y 10 mil ciudadanos y ciudadanas cubanas.
A principios de agosto, un conjunto de organizaciones sociales de la región lanzó un llamamiento global para juntar un millón de firmas con el objetivo de presionar al gobierno de EE. UU. para que saque a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.
La campaña, llamada “¡Cuba vive y resiste!” es impulsada por la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, el Foro de São Paulo, la Asamblea Internacional de los Pueblos, la Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo, la Marcha Mundial de las Mujeres, ALBA Movimientos, La Vía Campesina y la Red Continental Latinoamericana y Caribe. La idea es poder llegar a Washington a entregarle al presidente Joe Biden la lista de firmas.
Los efectos que la inclusión en esta lista tienen sobre las personas cubanas han sido reconocidos, incluso, por organizaciones internacionales que no simpatizan con la Revolución. Entre otros, se incluye el aislamiento al ejército cubano, la limitación al envío de ayuda humanitaria desde organizaciones en Estados Unidos, así como la limitación al comercio de productos fabricados en Estados Unidos o con componentes que provengan de ese país. Se agregan restricciones a los visados de entrada a Estados Unidos de ciudadanos cubanos o de otros países que hayan estado en Cuba, congelamiento o denegación de cuentas bancarias en el extranjero, así como el límite a uso de instrumentos de pagos y cobros internacionales, así como restricciones a intercambios o becas de índole académico, científico o artístico.
América Latina y el Caribe es un continente en permanente movimiento, con tendencias que se vinculan a un mundo globalizado e hiperconectado, donde las crisis y guerras producidas por las políticas del imperialismo de un lado del globo afectan al conjunto. Además, el continente tiene sus propias crisis, con la escalada de violencia producto de las disputas narcos y del crimen organizado, la presencia de grupos paramilitares y una problemática migratoria en aumento. En este contexto de inestabilidad, los gobiernos progresistas y de izquierda enfrentan una ardua tarea para hacer pie y avanzar en políticas transformadoras. Enfrentan dos procesos complejos: por un lado, las embestidas de sectores opositores, que en muchos casos están representados por personalidades vinculadas a la extrema derecha. Y por el otro, los conflictos internos dentro de los partidos y alianzas gobernantes que amenazan la unidad política y en muchos casos el futuro de la gobernabilidad de sus países. En ese marco, seguimos con especial atención el desenvolvimiento de la agenda electoral en la región, en particular en los casos de las elecciones presidenciales en Ecuador y Argentina que como hemos mencionado, pueden cambiar de forma radical el panorama continental.
Los pueblos de Nuestra América resisten y luchan para cortar las cadenas del norte y generar salidas soberanistas y de justicia social, que alumbren caminos de esperanza en una etapa abierta y en disputa.
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