En Argentina estamos asistiendo a los resultados del último préstamo y acuerdo de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El proyecto neoliberal de Cambiemos, encabezado por Mauricio Macri, volvió a arrimarse a este organismo con el fin de pedir un crédito sin precedentes en la historia del país. En este texto recuperamos los elementos históricos de la relación tristemente célebre de Argentina con la entidad financiera global, como muestra de una operatoria propia del poder financiero hacia los diferentes países. Esta operatoria que el Fondo adoptó desde el momento de su fundación a través del acuerdo de Bretton Woods pone en tensión no solo la soberanía de los Estados nacionales y sus proyectos de desarrollo, sino incluso los derechos humanos y las posibilidades de reproducción de la vida de las poblaciones de los países endeudados.
La Argentina no formó parte de la creación del FMI; se unió recién en 1956 por decisión de la dictadura que había desplazado del poder a Juan Domingo Perón el año anterior. Desde su ingreso, el país accedió a diversos programas de financiamiento, incluyendo 21 acuerdos de condicionalidad fuerte: 19 acuerdos Stand By y 2 acuerdos de Facilidades Extendidas. Estos acuerdos asocian desembolsos de dinero a un conjunto de condicionalidades sobre la política económica del país deudor, centrados en la consolidación fiscal y, en el último caso, las reformas estructurales. En Argentina, más que la excepción, el condicionamiento del FMI a la política soberana es la regla: pasó cuarenta y un de los sesenta y cinco años desde que ingresó al Fondo hasta la actualidad bajo programas del organismo (Brenta, 2021b). De los veinticuatro años sin acuerdos, quince corresponden a las primeras décadas del siglo XXI.
Los resultados de estos acuerdos fueron recopilados por Brenta (2021) y conviene citarlos aquí:
En definitiva, en ningún caso han favorecido estos acuerdos un mayor dinamismo económico y, mucho menos, distributivo.
Un momento clave de esta historia fue durante la dictadura cívico-militar que empezó en 1976. El Fondo se negó a entregar un desembolso al gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón y accedió a girarlo al mes siguiente, cuando tomó el poder el gobierno militar. En esa acción, el FMI omitió las normas más básicas del Estado de derecho. La deuda contraída por la dictadura con la banca privada entre 1976 y 1979 formó parte de la tendencia regional, basada en la llegada masiva de dólares sobrantes en los países centrales. La dictadura argentina no sólo contrajo masivamente deuda sin uso productivo, sino que estatizó deuda privada a instancias del Banco Central. La deuda pública se quintuplicó en el período.
Luego de un período inicial del gobierno de Raúl Alfonsín en el cual se intentó sin éxito desde 1983 señalar el carácter ilegal e ilegítimo de la deuda de la dictadura, los acuerdos de planes de estabilización Baker (1985) y Brady (1989) fueron la puerta grande de la nueva estrategia del FMI y el gobierno de Estados Unidos, ligada a la implementación del programa conocido como Consenso de Washington en toda América Latina. Este sería el signo de la década de los noventa en la región. Las prioridades de este consenso fueron: a) Desregular ciertos mercados, en particular, vinculados a las finanzas y al trabajo; b) abrir las economías al mundo, tanto en lo comercial como en los movimientos de capitales; y c) darle nuevas funciones al Estado, que debía hacer a un lado la protección de ciertos derechos sociales para garantizarles en cambio negocios a los grandes capitales. En este sentido, se destacó el impulso a la privatización de bienes comunes y estatales.
Entre los años 1980 y 2000, el FMI realizó con el Estado argentino diez acuerdos por 27 651 millones de dólares, incluyendo dos acuerdos de Facilidades Extendidas. En ese período, en anuencia o por demanda del organismo, se limitaron los derechos laborales, lo que facilitó el aumento del desempleo a merced de los despidos y la caída del salario real. Las privatizaciones fueron un fuerte impulso al aumento del desempleo, y en particular la vinculada al sistema previsional supuso un desfinanciamiento severo del Estado, y esto limitó la capacidad de pagar jubilaciones dignas.
Un punto interesante es ver hasta qué punto el FMI pretendía sostener el proyecto neoliberal en Argentina como uno de sus alumnos modelo: el 61% de los fondos que el FMI puso a disposición en esos años llegaron los últimos dos años de crisis de la etapa de la convertibilidad (2000-2001). En esos años, el FMI apoyó tres operaciones de reestructuración financiera (el “Blindaje financiero”, el “Megacanje” y el canje con préstamos garantizados), cuestionados en el poder judicial argentino. Los compromisos financieros excesivamente caros con el organismo dinamitaron las cuentas públicas del país. En diciembre de 2001, el Fondo súbitamente cortó el flujo de dinero hacia Argentina, pero la cuestión clave radica en que por una década el organismo apoyó explícitamente el mismo modelo económico que llevó a un contexto inédito de alto desempleo y niveles récord de pobreza.
Luego de 2003, el modelo macroeconómico de esos años se contradecía fuertemente con los preceptos del FMI. El gobierno argentino decidió el pago adelantado de toda su deuda con el organismo en enero de 2006, abonando el equivalente a 9600 millones de dólares. De este modo, el gobierno proponía quitar la presión del organismo en materia de condicionalidades.
Así, durante los gobiernos del kirchnerismo (2003-2015) la gestión de la deuda pública se orientó en un sentido divergente del rol que ocupaba durante los años noventa. La estrategia de sostenibilidad de la deuda fue la que primó en las decisiones estatales en materia de finanzas públicas. Esto se expresó en una serie de cambios entre los cuales se destacan:
En 2015 asumió un nuevo gobierno con un nuevo proyecto económico político con signo neoliberal, pro-empresarial y ubicado en la derecha del espectro político. Este gobierno, encabezado por Mauricio Macri, en junio de 2018 cerró un acuerdo Stand By con el FMI, quince años después del último acuerdo firmado. Este acuerdo fue pautado por 50 000 millones de dólares, y luego ampliado a 57 100 millones en la revisión de octubre. Entre ambos momentos, y a pesar de que el resultado —que era previsible— contravenía el estatuto del FMI, en lugar de suspender los desembolsos, el organismo los amplió. Se trataba de una cifra inédita en la historia del Fondo, que volcaba la mitad de sus recursos prestables a un solo país, excediendo un 1100% los montos asignados según la cuota aportada. Existen fundadas sospechas para considerar que los motivos del acuerdo no eran las dificultades económicas del país sino el apoyo al gobierno de turno por parte de Estados Unidos, que incluso en la figura de su presidente Donald Trump presionó al directorio del Fondo para lograr concretar el préstamo. Según expresó el comunicado del acuerdo, se buscaba poner a disposición fondos para que el gobierno pudiera lidiar con la crisis, devolviendo la confianza inversora en el país.
Al margen de la normativa local, el préstamo del organismo financió básicamente la continuidad de la corrida cambiaria, algo que contraviene el artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI[1]. Al cabo de los meses que transcurrieron hasta que se suspendieron los desembolsos del acuerdo en octubre de 2019, la salida de capitales del país fue equivalente a 45 100 millones, cifra equivalente a los 44 500 millones girados por el organismo (BCRA, 2020). Las sucesivas revisiones por parte del FMI habilitaron nuevos desembolsos, a pesar de la evidencia disponible en cuanto a la continuidad de la salida de capitales, corriendo contra el sistema financiero y las reservas internacionales del país.
De conjunto, durante el gobierno de Cambiemos la deuda pública pasó de los 240 665 millones de dólares en 2015 a 323 065 millones en 2019. De representar el 53% del PBI pasó a ser 89% en 2019. Se tomó deuda mayormente en moneda extranjera: en 2015 representaba el 36% del PBI, en 2019 el 70%. La nueva deuda se tomó bajo jurisdicción extranjera. Estos montos financiaron la fuga de capitales. Antes de terminar el mandato, se dejó en cesación de pagos la deuda bajo jurisdicción local, se perdió el acceso al mercado de capitales internacional desde 2018 y se dejó el acuerdo con el FMI suspendido.
Veamos algunos resultados del último acuerdo llevado a cabo durante el gobierno de Mauricio Macri y finalmente avalado por el acuerdo de facilidades extendidas alcanzado por el Frente de Todos con el organismo.
Con todo, según los comunicados del acuerdo original, la presencia del FMI en la economía argentina suponía tener por objetivo la estabilización, para lograr la confianza de los inversores que permitiera salir de la crisis. El FMI giró un total equivalente a 44 500 millones de dólares. Esos recursos deberían haber resultado suficientes para torcer el rumbo de la economía, o permitirle sortear la crisis global con otras herramientas. Nada de esto sucedió.
Desde el momento de entrada en vigencia del acuerdo Stand By hasta el dato disponible más reciente en el segundo trimestre de 2021, el PBI argentino cayó un 5,2%. El siguiente gráfico muestra los movimientos del consumo privado y el público. Este último se mostró más estable en el tiempo, aunque aun así disminuyó un 1,6% en todo el período. En rigor, considerando hasta el final de 2019, la caída era muy superior, del orden del 4,5%, lo cual representa un factor contractivo, en línea con lo requerido por el FMI para estabilizar la economía.
Figura 1. Agregados macroeconómicos desestacionalizados, en índice con II-2018 = 100
Fuente: elaboración propia con datos del INDEC.
Respecto de la estabilización del tipo de cambio, el acuerdo tampoco tuvo efectos positivos. El dólar pasó de cotizar $25 a inicios de junio de 2018 a valer $60 al finalizar el mandato de Cambiemos en diciembre de 2019, alcanzando los $104 dos años después, a fines de 2021. A ello debe sumarse la existencia de una brecha cambiaria, que alcanzó un 100% de diferencia con el tipo de cambio oficial y que afecta a la certidumbre general de la economía. Esta dinámica de devaluación tiene un impacto severo sobre la suba de precios en el país. Entre junio de 2018 y diciembre de 2019, el índice general de precios subió 94%, mientras dos años después la suba total alcanzó 278%. Esta aceleración del proceso inflacionario durante el período de vigencia del acuerdo fue particularmente cruenta en el capítulo de alimentos, que subió 303% respecto de su valor en junio de 2018.
Esto afectó negativamente las condiciones de vida de la población. De hecho, el deterioro de las condiciones de vida fue más severo entre quienes peor están, algo que contradice los preceptos de derechos humanos en materia de protección ante las crisis.
Este impacto en materia de deterioro de las condiciones de vida es compatible con la caída generalizada de los salarios en el país. El gráfico 2 muestra la caída de los salarios en el país en términos reales (descontando la inflación). Si bien el trabajo privado registrado logró detener su caída a partir de diciembre de 2019, de conjunto, todos los segmentos del mercado han perdido poder adquisitivo. La pérdida del salario fue en promedio de 14%, mientras que el segmento más afectado fue el de empleo no registrado, justamente el sector más vulnerable, cuyos ingresos cayeron 18% a diciembre de 2019 y 25% a septiembre de 2021.
Gráfico 2. Salarios reales, con junio de 2018 = 100.
Fuente: Elaboración propia con datos de INDEC.
De conjunto, la remuneración al trabajo pasó de representar el 46% del ingreso nacional a ser el 40%, de modo que se produjo una redistribución contraria al trabajo asalariado en el período bajo análisis.
Sobre los autores
Francisco Cantamutto es investigador de CONICET en la Universidad Nacional del Sur y miembro de la Sociedad Argentina de Economía Crítica.
Emiliano López es investigador de CONICET en la Universidad Nacional de La Plata y coordinador del Instituto Tricontinental de Investigación Social.
Referencias
Brenta, Noemí (09 de enero de 2021). “Los acuerdos entre la Argentina y el FMI, 1956-2021”. Voces en el fénix. Disponible en https://vocesenelfenix.economicas.uba.ar/los-acuerdos-entre-la-argentina-y-el-fmi-1956-2021/
Notas
[1] El Artículo VI Transferencias de capital; Sección 1. Uso de los recursos generales del Fondo para transferencias de capital; Inciso a) “Salvo en el caso previsto en la Sección 2 de este Artículo, ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin”.
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