Los meses de septiembre y octubre en América Latina y el Caribe han estado signados por la disminución notable de casos de COVID-19 en muchos países, producto del avance de la vacunación. Por otro lado, hay algunos países que están sufriendo nuevas alzas, como Uruguay, Chile y Bolivia, y en el Caribe insular varios se encuentran afectados por picos, producto de las nuevas cepas y los bajos niveles de vacunación. La excepción en esta zona es Cuba, que se convirtió en el país de América Latina y el Caribe con mayor porcentaje de población vacunada, con el agregado de que lo hace con sus propias vacunas.
Esta mejora general del contexto de la pandemia ha resultado en una mayor visibilidad de las problemáticas sociales y económicas, que también se expresó en un aumento de las movilizaciones. A este respecto, OXFAM alertó que las muertes por hambre superan ya las producidas por la COVID.
Un hecho que ha salpicado a varios poderosos del continente fue la difusión de los Pandora Papers, en los que destacan los nombres de tres presidentes en ejercicio (Lasso, Piñera y Abinader) y once ex mandatarios, además de funcionarios de segundas líneas y una gran cantidad de empresarios, en general invisibilizados. Destaca el lugar que ocupa Argentina en cantidad de beneficiarios de empresas offshore —es la tercera después de Rusia e Inglaterra—, acompañada por Brasil y Venezuela en la lista. Se ha señalado que la región pierde más de 40 mil millones de dólares en impuestos por este tipo de estructuras offshore y que el 27% de la riqueza financiera de la región es desviada en este tipo de sociedades.
En términos de integración, tuvo lugar la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se volvió a reunir después de cuatro años. A pesar de algunos desacuerdos, se logró emitir un posicionamiento conjunto en contra del bloqueo a Cuba. Además, se acordó avanzar en un postura común hacia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26, que se inició el domingo 31 de octubre, y se comenzó a construir un plan de autosuficiencia sanitaria. También se rechazaron las políticas de carácter colonial en el continente.
En términos de movilizaciones a nivel continental, se destacaron las del bicentenario de algunos países de Mesoamérica, el 15 de septiembre; la Marcha global por el clima, el 24; el Día Internacional por el Derecho al Aborto, el 28 (con consiguientes avances normativos en Chile, México y Colombia) y las realizadas en torno al 12 de octubre.
Si recorremos los hechos políticos más relevantes, vemos que en los Andes ha predominado la crisis de gobernabilidad, que afecta principalmente a Perú, donde ya ha renunciado la mayoría de los ministros más importantes que habían asumido a partir de la presidencia de Castillo y se vislumbra un quiebre entre la figura de Vladimir Cerrón, dirigente de Perú Libre, y la del propio presidente. En este marco, la derecha sigue a la ofensiva buscando desestabilizar al nuevo gobierno. Por su parte, Castillo anunció la Segunda Reforma Agraria. El gobierno de Bolivia, a un año de haber asumido, también se encuentra bajo las amenazas golpistas de la oposición de derecha, expresadas en el paro nacional y movilización del pasado 11 de octubre, cuya narrativa fue contrarrestada con la del “Wiphalazo” al día siguiente.
En Ecuador las movilizaciones han sido contra la suba del precio del combustible y del llamado “paquetazo” económico, a través del cual el presidente Lasso pretende iniciar la implementación de medidas de ajuste en concordancia con las exigencias del FMI. Además, se destaca en este país una ola de violencia que ha incluido varios asesinatos y agrava la que venía ocurriendo en los centros penitenciarios. Frente a esto, el presidente decretó el estado de excepción por sesenta días.
Por su parte, en Colombia se aprobó la reforma tributaria que había provocado el gran paro y las movilizaciones de abril, mayo y junio de este año. Esta medida beneficia a las entidades financieras y aumenta el nivel de tributos en el sector de pequeños y medianos empresarios.
Finalmente, en Venezuela se acercan las elecciones municipales, que recibirán misiones de observación de la Unión Europea y de la ONU, mientras que la mesa de diálogo con la oposición que venía desarrollándose en México se vio suspendida por la extradición ilegal del diplomático Alex Saab desde Cabo Verde a Estados Unidos.
En Brasil, cobraron relevancia las acusaciones a Bolsonaro y al grupo empresario Prevent Senior en la comisión parlamentaria que investiga las políticas ante la COVID-19 (CPI). La CPI imputó al presidente por nueve delitos. Además, la situación socioeconómica viene agravándose y manifestándose en escenas cotidianas. En este escenario de gravedad socioeconómica, Bolsonaro pone fin al Programa Bolsa Família (PBF) y prepara otro programa para reemplazarlo.
Argentina y Chile están marcados por escenarios de campaña electoral. En el primero, el dato saliente fue la derrota, en las elecciones primarias hacia las legislativas, del Frente de Todos, que gobierna actualmente. Esto es indicador del descontento por la crisis socioeconómica que —al igual que otros países del continente— está viviendo el país, y que es agravada por la cuantiosa deuda con el FMI, contraída por el gobierno de Mauricio Macri.
Por su parte, en Chile a fines de octubre, el candidato presidencial con mejores números en las encuestas es el ultraderechista José Antonio Kast, seguido por Gabriel Boric y luego (con bastante diferencia) Yasna Provoste. Además, el país está en el medio de un rebrote de casos de COVID-19, continúa en sesiones la Asamblea Constituyente y hubo avances legislativos en relación con la despenalización del aborto. A los dos lados de la Cordillera se agravó el conflicto en relación con las comunidades mapuche.
Paraguay también estuvo signado por un contexto de elecciones, en este caso municipales, en las que el gobernante Partido Colorado – ANR triunfó en la mayoría de las ciudades. Pero también hubo movilizaciones en este país. La primera, contra la llamada “ley contra las invasiones”, y la segunda en defensa de la soberanía de la represa hidroeléctrica Itaipú.
Asimismo, en Uruguay el empeoramiento de la situación económica ha tenido su correlato en luchas sociales, con un paro general acompañado por una masiva movilización llevados a cabo el 15 de septiembre por el PIT-CNT, la central sindical unitaria, y por el movimiento cooperativo, el movimiento estudiantil y organizaciones sociales. Además, distintos sectores del campo social también se aglutinan contra la Ley de Urgente Consideración, de cara al futuro referéndum.
Con respecto al Caribe insular, el foco está en la crisis de migrantes haitianxs y también en la crisis interna de ese país, que incluye una huelga por el aumento de la violencia y una nueva suspensión de las elecciones.
Bahamas también se incluye en el panorama electoral del continente, con un recambio de mandatarios que, en principio, no pareciera significar un cambio drástico en el tipo de políticas; mientras Barbados votó finalmente convertirse en República, dejando así de ser una monarquía constitucional. En Antigua y Barbuda hay una polémica por la intención del gobierno de instalar Zonas Económicas Especiales, donde podrían radicarse empresas con beneficios tributarios. Se destaca en Puerto Rico la serie de protestas en relación con la privatización del sistema eléctrico y la deuda externa. Las tres alternativas para resolver la situación territorial de la isla por ahora han quedado trabadas en el Congreso estadounidense.
Es de destacar la situación en Cuba de cara a las próximas semanas. Mientras el gobierno –ya con más tranquilidad en relación con la pandemia– estaba enfocado en la recuperación y ordenamiento de la economía, se anunció una nueva marcha opositora que tendrá lugar el 15 de noviembre y a la cual los medios internacionales le vienen dando cobertura desde un mes antes del evento.
En Mesoamérica se destaca la crisis migratoria y el bicentenario de independencia de los países. La primera con dos focos: la frontera de México con Estados Unidos (con un nuevo acuerdo firmado entre los dos gobiernos cuyos detalles se conocerán en diciembre) y la de Panamá con Colombia. En cuanto al bicentenario, resaltaron las movilizaciones que denuncian la dependencia que todavía tienen los países con respecto a los poderes oligárquicos locales y el Norte global.
En México se despenalizó el aborto y el Estado está llevando a cabo una iniciativa para controlar el 54% del sistema eléctrico. En El Salvador se aprobó la reelección presidencial, lo que le permite a Bukele postularse para continuar su mandato, mientras en los meses de septiembre y octubre hubo varias movilizaciones que expresaron resistencia a sus ambiciones de poder y sus políticas.
En Guatemala, donde también se movilizaron organizaciones indígenas y populares el 15 de septiembre, la población maya Q’eqchi’ resiste por estos días a la extracción minera por parte de una compañía de capitales rusos.
Honduras está atravesada por el proceso de lucha contra las ZEDE y la campaña de cara a las elecciones presidenciales del 28 de noviembre. El dato a destacar es que se anunció una alianza entre Xiomara Castro (LIBRE) y Salvador Nasralla (Partido Salvador de Honduras, alianza UNOH, que declinó su candidatura), a la que se sumó el Partido Innovación Unidad. De esta manera, Castro fortalece su candidatura, en un escenario donde la alianza de sectores progresistas puede recuperar el gobierno del que fueron desalojados con el golpe de Estado en 2009.
Nicaragua también tendrá elecciones presidenciales este mes (el 7 de noviembre) en el marco de una complicada situación sanitaria y social por el proceso de enjuiciamiento a dirigentes opositores. Las encuestas anuncian un probable triunfo y reelección de Ortega – Murillo.
También en Panamá hubo movilizaciones; en este caso contra la reforma electoral y la corrupción. El Congreso aprobó la ley 544 de reforma del código electoral, acusada de reducir la transparencia. Sin embargo, la misma fue objetada parcialmente por el presidente y volvió al Poder Legislativo.
El continente amaga con vencer a una pandemia que pareciera no terminar de superarse. Y en este marco, las crisis económicas y sociales —producto de desigualdades previas pero agravadas por la parálisis de la crisis sanitaria— están manifestándose desde el cabo de Hornos hasta el río Bravo. En algunos casos, los escenarios electorales resultan prometedores para canalizar demandas populares. Pero siempre será necesario seguir fortaleciendo la lucha, la resistencia y la articulación de los pueblos para que cualquier cambio sea posible.
Con, al menos, 46 118 000 contagios y 1 523 000 muertes a fin de octubre, América Latina y el Caribe sigue siendo la región a nivel global más castigada por la COVID-19 (concentrando el 33% de la mortalidad mundial con el 8,4% de la población). En este escenario, sin embargo, los anuncios de la llegada de una nueva ola vinculada a la expansión de la cepa delta no se cumplieron en la mayoría de los países. Así, el panorama regional actual resulta en general bastante más benigno de lo reseñado en nuestro último informe. En términos regionales, desde el último pico de mediados de septiembre, el número de contagiados y fallecidos viene disminuyendo hasta alcanzar a fines de octubre los niveles de mayo pasado. Esta tendencia, aún con niveles muy bajos, parece estar revirtiéndose en las últimas semanas para ciertos países (Chile y Bolivia, entre otros). Incluso algunos de la región Caribe (como Barbados) se encuentran en un nuevo pico de la pandemia.
Ciertamente, la relativa contención de la cepa Delta está vinculada con los avances de las campañas de vacunación, aunque sus alcances siguen mostrando una profunda desigualdad a nivel regional. Mientras Haití contaba a fin de octubre con solo 0,45% de la población con una dosis y 0,31% con el esquema completo; Chile y Uruguay reportan para la misma fecha 86% y 79% con una dosis y 79-75% con dos, respectivamente. En dicho ranking les siguen Argentina y Brasil (con 75% / 74,39% y 56,91 / 55,27% respectivamente); pero es Cuba la que encabeza los registros. Luego del pico pandémico de septiembre, los contagios en ese país disminuyeron al ritmo del avance de la vacunación, que alcanza hoy al 87,37% y 63,78%. La experiencia cubana no tiene parangón: bajo la guerra híbrida y el bloqueo imperialista, golpeada por la pandemia y la crisis del turismo, pudo desarrollar cinco vacunas contra la COVID-19, liderar el esfuerzo regional y global de vacunación e, incluso, proveer de vacunas a otros países, como Vietnam, Nicaragua y Venezuela.
La relativa mejora en los indicadores de la pandemia hizo que resultaran más visibles sus efectos sociales en términos de la profundización dramática de la desigualdad y, consecuentemente, de la pobreza y la indigencia. Esa pandemia del hambre extiende nuevamente su sombra a nivel global, motorizada por la crisis económica pero también por un patrón distributivo profundamente injusto, que se expresa incluso en el incremento del precio mundial de los alimentos desde 2020, cuya tendencia alcista continuó en los últimos meses. Sobre ello, un reciente informe de OXFAM alertó que las muertes por hambre superaron ya las de la COVID-19 y otro de la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) señaló que una de cada tres personas en el mundo sufren hambre. Ciertamente, esta pandemia no se expresa homogéneamente a nivel global. Mientras que a principios de 2021 el gobierno chino anunció que había logrado erradicar la pobreza extrema; América Latina y el Caribe ha sido una de las regiones más castigadas por la recesión económica y la pauperización social.
En este contexto, el 23 de septiembre tuvo lugar la Cumbre de Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, prevista inicialmente para 2020. Parte del Decenio de Acción para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovido por la ONU, la cumbre reunió a gobiernos, empresas y algunas ONG, así como despertó el boicot de la Vía Campesina y decenas de organizaciones de pequeños productorxs, trabajadorxs y pueblos indígenas. Estas organizaciones denunciaron que, tras un disfraz progresista, las políticas debatidas en la cumbre avanzan en los intentos de las corporaciones transnacionales por usurpar y controlar los espacios institucionales de la ONU, para crear así sus mecanismos de gobernanza global sobre la alimentación. Esta ofensiva del agronegocio se confrontó —casi un mes después, el 16 de octubre— con las numerosas acciones, iniciativas y declaraciones que tuvieron lugar en la región y en el mundo en un nuevo día de acción global por la soberanía alimentaria. En su declaración, Vía Campesina señaló que “frente a una desigualdad sin precedentes, el aumento del hambre y la pobreza extrema, el capitalismo y la ideología del libre mercado continúan dominando los círculos políticos. Peor aún, también se están haciendo nuevos intentos para visualizar un futuro digital (de agricultura sin agricultorxs, pesca sin pescadorxs), todo bajo el disfraz de la digitalización de la agricultura y para crear nuevos mercados para los alimentos sintéticos. A pesar de todos estos desafíos, el Movimiento por la Soberanía Alimentaria, que ahora es mucho más extenso que La Vía Campesina y está compuesto por varios sectores, ha logrado avances significativos”. El documento resalta que no hay futuro para la humanidad sin soberanía alimentaria.
Finalmente, el 22 de octubre el MST (Movimientos de los Trabajadores Rurales Sin Tierra) recibió el Premio Conmemorativo Esther Busser, otorgado por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) por su labor en la garantía de condiciones de vida y trabajo dignas para la población brasileña. En el reconocimiento al MST y a su labor en la preparación y entrega de más de 5000 toneladas de alimentos a sectores populares asediados por el hambre y la COVID-19 se visibiliza también la enorme tarea desarrollada frente a esta doble pandemia por una amplia trama de organizaciones sociales, de la economía popular. La solidaridad comunitaria, presente a lo largo de toda Nuestra América.
A principios de octubre comenzó la divulgación de los llamados Pandora Papers, un conjunto de 11,9 millones de documentos sobre sociedades offshore y paraísos fiscales difundidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y que es considerado como la mayor filtración de secretos financieros de la historia, incluso más grande que la llamada Panamá Papers de abril de 2016. Esta documentación, proveniente de 14 despachos de abogados que gestionan operaciones en paraísos fiscales, permite identificar los mecanismos usados para el ocultamiento de la riqueza, evasión de impuestos y lavado de dinero por varios miles de personas que se encuentran entre las más ricas y poderosas del mundo. Entre ellas, 35 líderes mundiales, más de 330 funcionarios públicos de unos 90 países, 130 multimillonarios que figuran en los rankings de Forbes, artistas, deportistas y una larga lista de evasores que operan en las sombras. En esa lista, la elite latinoamericana también se destaca. Entre los beneficiarios finales de esas empresas offshore, aquellos de nacionalidad argentina ocupan el tercer lugar —con 2521 personas, después de Rusia e Inglaterra— y el quinto lugar si contabilizamos las compañías.
En este ranking latinoamericano luego siguen Brasil con 1897 beneficiarios, Venezuela con 1212; Guatemala, 658; Colombia, 588; Uruguay, 485; México, 434; Panamá, 430; Chile, 325; República Dominicana, 265; Honduras, 261; Perú, 260; Costa Rica, 161; Ecuador, 141; Nicaragua, 75; Bolivia, 39; Haití, 25; Paraguay, 19, Cuba, 15. En los documentos aparecen 14 líderes mundiales en actividad y otros 21 que ya dejaron el poder. Una de las regiones que ocupa un lugar destacado en este rubro es nuevamente América Latina, con tres presidentes en ejercicio (el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader) y once ex mandatarios. También aparecen el ministro de Economía de Brasil (Paulo Guedes) y el presidente del Banco Central (Roberto Campos Neto), entre otros funcionarios; artistas como Shakira y deportistas como Ángel Di María y Javier Mascherano. Asimismo, se destacan los empresarios y ricos de la región entre los que aparecen, entre otros, las personas más ricas de México (el magnate minero Germán Larrea Mota Velasco; la heredera del grupo cervecero Modelo, María Asunción Aramburu Zabala y Olegario Vázquez Aldir, que controla hoteles, aseguradoras y medios de comunicación), y nueve de las diez familias más ricas de la Argentina, según Forbes.
La difusión de estos documentos tuvo consecuencias políticas —particularmente en Ecuador y en Chile, como se analiza en este informe— y también sumó otra evidencia de la conducta de lxs ricxs y la élite política latinoamericana, completamente desvinculada y opuesta a los intereses de sus pueblos. En esta dirección —según un informe publicado por el Tax Justice Project, organización especializada en evasión fiscal— la región pierde más de 40 000 millones de dólares en impuestos cada año por el uso de estas estructuras offshore. La OCDE calcula que el 27% de la riqueza financiera de la región es desviada a este tipo de sociedades, lo que supondría unos 22 000 millones de dólares en impuestos perdidos cada año.
Hemos examinado en informes anteriores el despliegue de la crisis socioambiental en Nuestra América, resultado del proceso de neoliberalización capitalista y, en particular, la profundidad de la crisis climática y sus amenazas. En relación con ello, la COP (Conferencia de las Partes de Naciones Unidas) 26, que se inició el 31 de octubre, en Glasgow (Escocia), y su temario de compromisos nacionales respecto de los Acuerdos de París, han motivado en estos meses diferentes iniciativas y disputas.
Por una parte, el 8 de septiembre tuvo lugar, de forma virtual, el Diálogo de Alto Nivel sobre acción climática de las Américas —llamado también Cumbre Latinoamericana sobre Cambio climático— continuidad regional de la Cumbre de líderes sobre cambio climático promovida en abril por el presidente Biden y el gobierno estadounidense. Abierta por el presidente argentino Alberto Fernandez y convocada también por los gobiernos de Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, contó con la participación de expertos, organismos multilaterales de crédito, ONGs y representantes de 21 gobiernos de la región, además de John Kerry, representante del gobierno estadounidense para esta cuestión.
Asimismo, el 18 de septiembre tuvo lugar, como analizaremos más adelante, la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que volvió a reunir, casi cuatro años después de la V cumbre de 2017, a jefas y jefes de Estado de la región. Entre los acuerdos que surgieron en dicha cumbre, se fortaleció la perspectiva de avanzar en un posicionamiento común de estos países de cara a la COP 26, en la dirección en la que venían avanzando los países del ALBA-TCP con el II Foro Internacional “Reencuentro con la Madre Tierra”, celebrado en Caracas a fines de agosto.
Por otra parte, el 24 de septiembre tuvo lugar la “Marcha global por el clima”. Promovida por las iniciativas globales Fridays for Future (Viernes por el futuro) y Climate Strike (Huelga climática) y por otras coordinaciones y organizaciones, con un protagonismo particular de lxs jóvenes, las movilizaciones recorrieron masivamente las principales ciudades europeas y también se hicieron sentir en EE. UU., en Oceanía y en otras urbes del mundo. América Latina no fue la excepción, y muchas capitales de la región fueron territorio de las demandas de un cambio profundo, rápido y global para responder a la crisis. En su discurso en el foro Youth4Climate, el 28 de septiembre, la activista sueca Greta Thunberg denunció que “no hay un planeta B, no hay planeta bla bla, bla bla bla, bla bla bla, economía verde bla bla, neutralidad de carbono para 2050 bla bla… Eso es todo lo que escuchamos por parte de nuestros llamados líderes: palabras. Palabras que suenan bien pero que no han provocado ninguna acción. Nuestras esperanzas y sueños se ahogan en sus palabras de promesas vacías”.
Esta nutrida agenda de cumbres, movilizaciones y disputas a nivel regional sumó, por lo menos, tres acontecimientos más. Por una parte, el 28 septiembre se celebró el Día Internacional por el Derecho al Aborto con actividades, declaraciones y movilizaciones en todos los países; particularmente, en esta ocasión, en Chile, México, Venezuela, Perú y El Salvador. Así, la marea verde mostró su vitalidad y la fuerza que viene ganando en América Latina y el Caribe, y que en los últimos meses contó en su haber con la declaración de la Suprema Corte de Justicia de México de inconstitucionalidad respecto de la criminalización del aborto y de reconocer el derecho a la vida desde la concepción y con la aprobación en general por la Cámara de Diputados de Chile de un proyecto que despenaliza el aborto dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Además, se prevé que la Corte Constitucional colombiana resuelva en noviembre una demanda para eliminar la prohibición del aborto, que hoy solo esta permitido bajo tres causales. Sin embargo, junto a esos avances, la pandemia supuso un periodo especialmente violento para las mujeres, así como en El Salvador y Honduras se ratificó la prohibición total del aborto.
Por otra parte, el 12 de octubre se conmemoró un nuevo Día de la Resistencia Indígena. El recuerdo del inicio de la conquista y colonización de las tierras y pueblos del Abya Yala motivó actos y movilizaciones y también una pública disputa por su interpretación. Ya a principios de año, el presidente mexicano López Obrador había reclamado en una carta pública “que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas o resarcimientos políticos que convengan”. Esta carta motivó la respuesta de la derecha española. En igual sentido, también la derecha latinoamericana —con sus vinculaciones con VOX y el Partido Popular— volvió a repetir los cuestionamientos a una “ideología indigenista” entendida como expresión contemporánea del atraso y del comunismo, tal como dijo en octubre la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Esta vez la carta fue del presidente venezolano Maduro; en la que señaló «inaceptable que en pleno siglo XXI una nación que se precia de ser civilizada rinda culto a lo peor de su pasado: el latrocinio, el expolio, el racismo y los crímenes de odio» y reclamó que «Europa debe reconocer que su modernidad y su vertiginoso crecimiento industrial, comercial y financiero, es decir, el auge del capitalismo occidental, tuvo sus cimientos en un crimen de lesa humanidad contra los pueblos de Indoamérica y África, y en un despojo material de sus riquezas que inició el 12 de octubre de 1942».
En el marco de estos debates, los movimientos indígenas y progresistas se movilizaron a lo largo y ancho de Nuestra América en defensa de sus derechos políticos, sociales y económicos y en cuestionamiento al renovado ciclo de despojo y violencia que sigue castigando a nuestros pueblos. Así, tuvo lugar la “marcha de las Wiphalas” o “Wiphalazo” en Bolivia ante los intentos de sectores de derecha de desestabilizar el gobierno y reponer su racismo y explotación que animaron el golpe de 2019; las movilizaciones en Chile castigadas por una feroz represión que cobró la vida de la abogada de DD.HH. Denisse Cortez; o en Guatemala donde indígenas, campesinos y activistas contra el racismo y por la dignidad indígena, negra y popular.
Finalmente, el 16 de octubre se celebró la segunda sesión virtual del IV Encuentro Mundial de Movimientos Populares, siete años después del primero, donde estos movimientos reafirmaron su “lucha por tierra, techo y trabajo para todos y todas y en todo lugar” y concluyeron que “volver a la normalidad anterior al Coronavirus sería suicida”, así como propusieron “un nuevo paradigma de desarrollo humano integral para superar los dilemas de la humanidad”.
En dicha sesión se destacó también la extensa carta que leyó el Papa Francisco donde, frente a la magnitud de la crisis actual, reivindicó su derecho a volverse pedigüeño y demandó: “a los grandes laboratorios que liberen las patentes”, “a los grupos financieros y organismos internacionales de crédito que permitan a los países pobres garantizar ‘las necesidades básicas de su gente’ y condonen esas deudas”, “a las grandes corporaciones extractivas —mineras, petroleras, forestales, inmobiliarias, agro negocios— que dejen de destruir los bosques, humedales y montañas, dejen de contaminar los ríos y los mares, dejen de intoxicar los pueblos y los alimentos”; “a las grandes corporaciones alimentarias que dejen de imponer estructuras monopólicas de producción y distribución que inflan los precios”; “a los fabricantes y traficantes de armas que cesen totalmente su actividad”; “a los gigantes de las telecomunicaciones que liberen el acceso a los contenidos educativos y el intercambio con los maestros por internet”; “a los medios de comunicación que terminen con la lógica de la posverdad, la desinformación, la difamación, la calumnia”; “a los países poderosos que cesen las agresiones, bloqueos, sanciones unilaterales contra cualquier país”. Y concluyó invitando a soñar juntos no sólo sobre “la integración urbana, la agricultura familiar, la economía popular” sino también con las propuestas del “salario universal y la reducción de la jornada de trabajo”.
Como ya señalamos, finalmente, después de casi cinco años, el 18 de septiembre se realizó en México la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el primer organismo de integración en la historia que reúne a los países de América Latina y el Caribe sin la participación de EE. UU. y Canadá. Luego de un período de gran vigor en el comienzo de la década pasada, la CELAC atravesó un momento de parálisis, en consonancia con el avance de los sectores pro-estadounidenses en toda la región, pero especialmente en América del Sur, entre 2015 y 2019. Desde esta perspectiva, la sola realización de la cumbre se convirtió en un hecho político importante para Nuestra América.
Mientras que la razón de la Cumbre refiere al cambio de gobiernos y relaciones de fuerza reciente en la región, su organización y temario resultaron la contracara de una OEA en crisis bajo la dirección de Luis Almagro y su política ofensiva contra los gobiernos populares, particularmente con su complicidad en el golpe de estado en Bolivia de 2019. Precisamente, el rechazo a las medidas coercitivas unilaterales fue uno de los puntos destacados de la declaración de consenso salida de la Cumbre, además de la elaboración de una declaración especial sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos de América contra Cuba. Los gobiernos aliados de EE. UU. no tuvieron la fuerza suficiente para oponerse a estas declaraciones y ensayaron dos tipos de estrategias: la ausencia del gobierno brasileño y, a último momento, del colombiano; los de Uruguay y Paraguay concurrieron para cuestionar a los adversarios de EE. UU.; críticas que fueron respondidas por Díaz Canel y Maduro.
Otros temas importantes que se discutieron fueron la necesidad de asumir acciones concretas para afrontar el cambio climático que ya mencionamos, el rechazo a las políticas coloniales en el continente, la crisis de salud con el acuerdo con un plan de autosuficiencia sanitaria. Ciertamente, de cara al futuro, quedó planteado con más fuerza el interrogante sobre cómo se resolverán los cuestionamientos a la OEA y el papel que en ello y a nivel regional habrá de alcanzar la CELAC. Un análisis más extenso de este punto realizamos en el artículo CELAC vs. OEA: la integración en disputa, publicado en ARG Medios.
A principios de septiembre, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció en rueda de prensa que su país y China iniciaron un proceso hacia un Tratado de Libre Comercio. “Hemos recibido una respuesta formal del gobierno chino aceptando avanzar en un tratado de libre comercio: avanzar en un estudio de prefactibilidad y posteriormente, si hay acuerdo, avanzar en el TLC propiamente dicho”, informó el mandatario. “El Uruguay pasa de las palabras a la acción porque queremos prosperidad para nuestros compatriotas”, agregó. Se espera que el estudio de prefactibilidad se inicie antes de finalizar el año. Presumiblemente, el acuerdo beneficiará en particular a los exportadores, es decir, a los empresarios ligados a la tenencia de la tierra y la producción agropecuaria. A los pocos días, el canciller Fernando Bustillo señaló que podría haber otros TLC en proceso. El Reino Unido es uno de los países con los que se debate la posibilidad.
Si bien las primeras respuestas por parte de los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay fueron en general de cautela, el anuncio uruguayo tensa un poco más la situación al interior del bloque. En el Mercosur habitan diferentes orientaciones, que en el último tiempo están comenzando a chocar abiertamente, como lo expresó el cruce de marzo pasado entre el presidente argentino Alberto Fernández y su par uruguayo, quien consideró que el Mercosur es “un lastre” para su país. Luego del anuncio sobre el TLC con China, el ministro de la Producción de Argentina, Matías Kulfas, respondió a una consulta periodística de esta manera: “Uruguay puede hacer un acuerdo bilateral con China por fuera del Mercosur o puede seguir en el Mercosur. La normativa es muy clara. Los acuerdos se hacen en bloque, no se hacen de manera bilateral. Es una decisión que tomará el gobierno uruguayo y estaremos observando qué es lo que hace”.
En medio de esta situación, Brasil y Argentina acordaron la rebaja de un 10% en el arancel externo común —con la excepción de algunos sectores como el automotriz, textil y calzado—, luego de intentos por una liberalización mayor por parte de Brasil y preocupación de las cámaras de empresarios industriales de los cuatro países. Desde hace tiempo casi todas las señales evidencian una creciente debilidad y fragmentación del bloque. El panorama es de incertidumbre. En este contexto, consultamos a la docente e investigadora de la Universidad de la República, Daiana Ferraro, quien consideró que “2021 nos encuentra con propuestas muy enfrentadas en cuanto a cómo manejar el Mercosur, que no se aíslan de las respuestas de política nacional y agenda de cada uno de sus miembros. Sumamos pandemia y caída de todos los indicadores económicos y sociales y estamos ante una situación por demás compleja”.
Según Ferraro, “pareciera que los objetivos a más largo plazo están siendo postergados”. “Parte de la explicación es de corte coyuntural: está en la escasa sintonía que existe entre los liderazgos de los países, fundamentalmente en la relación de Argentina y Brasil. Otra parte está en el abandono del liderazgo del proceso por parte de Brasil. Y otra parte está en que existen múltiples agentes a quienes les interesa mantener la situación actual y se dedican a hacer mínimas reformas que no hacen a la sustancia del problema. Si vamos a las explicaciones más estructurales, los intereses económicos que sustentan alguno de estos gobiernos, como el agronegocio, tiene una fuerte orientación contraria a la integración y dedicados a su principal socio exportador, que es China”. La situación del bloque, para la analista, se explica a partir de “una escasa lectura de lo que sucede en el orden internacional y cómo posicionarse. Pensar la inserción internacional de cada uno de estos países en solitario es no aprovechar el momento en el que nos encontramos. Esta es una de las miradas que hay que levantar, conjuntamente con repensar los objetivos y la estrategia, pero aún no están dadas las condiciones para esto en el Mercosur”.
Con horas de diferencia, el gobierno chino dio un guiño a otro país del Mercosur, con la invitación al embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, al Foro BRICS Partnership for the New Industrial Revolution y en este marco, la realización de una reunión donde se debatió la posible incorporación del país sudamericano al bloque de los BRICS, en el que ya está Brasil, junto a Rusia, India, China y Sudáfrica.
En los primeros días de septiembre, también, se realizó la reunión anual de presidentes del bloque, de manera virtual a causa de la pandemia. En ella, uno de los datos salientes es que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, mostró un tono más conciliador respecto a China, al punto de considerar “esencial” la cooperación con este país frente a la pandemia, a contramano de sus habituales declaraciones, negacionistas de la pandemia y confrontativas con el país asiático.
En el anterior informe del OBSAL, el #14, uno de los puntos destacados en el análisis de la coyuntura brasileña fue la tensión de Bolsonaro con la democracia. El ápice de esta tensión se alcanzó en las manifestaciones pro gubernamentales del 7 de septiembre, lo cual analizamos en un texto para ARGmedios. Después de esa fecha, lo que vimos fue una disminución de las puñaladas entre Bolsonaro y los miembros del Tribunal Supremo (STF), que constantemente intercambiaban acusaciones. Esta aparente calma parece estar bastante alejada de los hechos que salieron a la luz en el escenario político y social del país durante septiembre y octubre.
La gravedad de las acusaciones de la Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI) sobre COVID-19 en relación con el gobierno y el grupo Prevent Sênior es un ejemplo de cómo se han ido agudizando los problemas políticos en el país. El 28 de septiembre en la CPI declaró la abogada Bruna Morato, representante de doce médicos de la empresa. Bruna afirmó que, según los informes de los médicos, muchos pacientes con posibilidades de sobrevivir fueron dirigidos a un sector específico, donde recibieron hidroxicloroquina e ivermectina y se les indicó que se medicaran con fármacos ineficaces para tratar la COVID-19. Según los médicos, Prevent Sênior utilizó a los pacientes como conejillos de indias para el tratamiento precoz y redujo el suministro de oxígeno a los pacientes hospitalizados durante más de 14 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).. Aún así, Bruna dijo que Prevent Sênior se unió al gabinete paralelo del gobierno (mencionado en nuestro informe #13) y se alineó con respecto a la prescripción de cloroquina, ivermectina y azitromicina. En una entrevista realizada el 3 de octubre, tres médicos de Prevent Sênior expusieron que en los hospitales de la empresa se daban altas antes de tiempo, se evitaban procedimientos más complejos para reducir costes y se presionaba para liberar camas de UCI. El 7 de octubre, un expaciente de Prevent Sênior declaró en la CPI y dijo que la empresa trató de convencer a su familia para apagar los dispositivos con los registros médicos de otro cliente. También expresó que si no fuera por la presión de la familia en ese momento podría haber muerto. El 26 de octubre, la CPI sobre COVID-19 dio a conocer el informe final que acusa al presidente Jair Bolsonaro de nueve crímenes. La semana previa, antes de que se cerrara el informe, uno de los delitos por los que se acusaba a Bolsonaro era el de genocidio contra la población indígena. Esto molestó a uno de los principales periódicos del país, O Globo. El 19 de octubre, el periódico se tomó la molestia de reservar su editorial para afirmar que «es un abuso acusar a Bolsonaro de genocidio».
El empeoramiento de la situación socioeconómica es otro ejemplo del agravamiento de los problemas del país. La inflación brasileña, medida por el IPCA, fue del 1,14% en septiembre/21. Fue el mayor avance del índice en el mes desde 1994. En el acumulado de doce meses, el índice alcanzó el 10,05%. La tasa de desempleo de agosto de 2021 sigue en un nivel muy alto, el 13,2% llegando a 13,7 millones de brasileños. Estas cifras repercuten en la pobreza y la extrema pobreza de la población. El número de familias beneficiarias del Programa Bolsa Familia, en septiembre de 2021, era de 14 655 264. Muy cerca del récord alcanzado en julio de este mismo año, cuando 14 694 962 familias recibieron la prestación.
La gravedad de la situación socioeconómica de Brasil se manifiesta más allá de las cifras. Las escenas cotidianas expresan el problema del hambre que afecta a millones de brasileños.
Ante esta tragedia social que vive el país, se hace más que urgente ofrecer políticas sociales para combatir el hambre y la pobreza. El gobierno aplazó el anuncio de la Ayuda Brasil, un programa que sustituiría al Programa Bolsa Familia y que aumentaría el número de beneficiarios. Su inclusión en el presupuesto supondría el incumplimiento de la política fiscal actual, de techo de gasto público. Esto dejó a los agentes del mercado financiero agitados. La bolsa cayó en la semana entre el 18 y el 22 de octubre y el gobierno decidió posponer el anuncio. Aquí no vamos a entrar en los méritos de la calidad del nuevo programa del gobierno, que ya ha recibido críticas de los especialistas, ni el hecho de que Bolsonaro pusiera fin a Bolsa Família, un programa reconocido a nivel mundial.
Ante tantas atrocidades reveladas con el caso de Prevent Senior y la calamitosa situación socioeconómica del país, el efecto en la sociedad, incluso para quienes se oponen a Bolsonaro, parece haber sido el de la anestesia. Esto se expresó, por ejemplo, en las manifestaciones por #ForaBolsonaro del 2 de octubre, que no se expandieron en relación a las anteriores, restringiéndose principalmente a la militancia de los movimientos sociales y los partidos políticos del campo progresista. Los manifestantes ocuparon las calles en más de 300 ciudades del país, con un total de aproximadamente 700 000 personas, según los organizadores de los actos.
En el escenario electoral, Lula continúa liderando en las encuestas para la disputa presidencial de 2022. En la encuesta do Poder Data 360 de finales de septiembre, el expresidente alcanzó el 56% de intención de voto frente al 33% de Bolsonaro para una posible segunda vuelta.
La posible victoria de Lula parece preocupar a algunos más que la grave situación socioeconómica del país. En una entrevista del 17 de octubre, Roberto Setubal, co-presidente del consejo de administración de Itaú Unibanco, refrendó el falso discurso de que Lula y Bolsonaro representan extremos diferentes y dijo que le gustaría que hubiera una tercera vía mucho más fuerte. Aun así, dejando de lado las privatizaciones y reformas realizadas en los gobiernos de Temer y Bolsonaro, dijo que Brasil necesita entrar en una fuerte agenda de reformas. Las clases dirigentes brasileñas no están dispuestas a compartir ni siquiera un pequeño trozo del pastel. Las declaraciones de Setubal son un claro mensaje de los objetivos del capital en Brasil, que no dará tregua a nadie que se atreva a escapar de su tutela.
Un poco más al sur, en Argentina, el tema excluyente es la performance electoral del Frente de Todos en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), realizadas el 12 de septiembre. La coalición en el gobierno quedó por debajo del bloque opositor Juntos por el Cambio, que gobernó hasta diciembre de 2019. Si bien no tienen valor en cuanto a lugares legislativos —porque los cargos se eligen en las elecciones generales del 14 de noviembre— es inocultable que representa un indicador político bastante claro del grado de adhesión o rechazo a las políticas del gobierno encabezado por Alberto Fernández, por un lado, y por otro lado anticipa y quizás influye en un posible mal resultado en las elecciones por diputados, senadores y concejales de todo el país.
Aunque la magnitud de la derrota sí fue imprevista —las consultoras y empresas que realizan encuestas volvieron a fallar, incluso en el boca de urna del mismo día de la elección—, lejos está de ser inexplicable. En informes anteriores de este Observatorio, así como en trabajos especiales de la oficina Argentina del Instituto Tricontinental, señalamos la importancia de la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de la mayoría de la población, a causa de la elevada tasa de inflación y los ajustes nominales insuficientes en los ingresos salariales.
Un segundo dato relevante de la elección tiene que ver con el resultado obtenido en la capital del país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), por Javier Milei, de la alianza de ultraderecha Avanza Libertad, que alcanzó en este distrito el 14%. Milei es parte del entramado afín a los sectores ultraconservadores referenciados en Trump, espacio que incluye también a líderes ultraderechistas como Jair Bolsonaro en Brasil y a espacios como Vox, que reivindica abiertamente a la colonia española en América.
Otro tema que nos interesa destacar sobre estas elecciones es que por primera vez, el padrón electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) incluyó a toda la población migrante. Antes las personas tenían que anotarse en el padrón y votaban muy pocas. Un dato interesante que surge de un estudio poselectoral es que la población migrante (que votó) expresa posiciones más hacia la izquierda que el promedio de la población votante en general.
Volviendo al análisis general, el resultado de las elecciones golpeó a la coalición en el gobierno, que incluye a varios sectores del peronismo y a muchos otros partidos y espacios políticos y sociales, entre los que se destacan los principales movimientos populares. La principal expresión de la crisis emergió en la semana siguiente a las elecciones e incluyó una carta abierta de la vicepresidenta Cristina Fernández al presidente Alberto Fernández. Los debates principales tienen que ver con la orientación de la política económica del gobierno.
“El gobierno apostó durante todo el período a tratar de cerrar la grieta con los principales sectores de poder económico, pero igualmente no encontró receptividad a esas propuestas conciliadoras”, analizó Emiliano López, investigador de nuestro Instituto. El economista y docente de la Universidad de La Plata sostuvo que “en ese marco, las medidas del último tiempo no hacen más que tratar de resolver cuestiones urgentes, sobre todo la que tiene que ver con el control de precios de los alimentos”. “Se trata de una medida necesaria —agrega López—; obviamente la mayor parte del empresariado concentrado y fijador de precios está en desacuerdo y los efectos todavía están por verse”. Este tema, central en la economía y la política argentina a causa de los importantes aumentos de precios, es abordado en el El precio de los alimentos: dinámicas globales y soluciones locales, cuaderno elaborado por el Instituto Tricontinental.
En cuanto a la deuda, para algunos sectores del Frente de Todos hay un exceso de complacencia con el Fondo Monetario Internacional. Recuerdan que esta institución violó su propia normativa para acordar un préstamo al expresidente Mauricio Macri por un monto de 57 mil millones de dólares (se hicieron efectivos 44 mil millones), decisión que hoy condiciona a la economía argentina con la amenaza de una abultada cuenta de intereses y amortizaciones de capital. La deuda se encuentra en proceso de negociación desde hace más de un año. En los últimos días de octubre, el gobierno dio señales de cierto endurecimiento, al menos discursivo. Sobre el tema, se puede leer la intervención del ministro de Economía Martín Guzmán en una actividad junto a Yanis Varoufakis y Andrés Arauz, organizada por la revista Crisis.
De cara a las elecciones del 14 de noviembre, el escenario más esperado es la ratificación del triunfo opositor por derecha, aunque el gobierno aspira a crecer algunos puntos y remontar el resultado, por lo menos en algunos distritos como provincia de Buenos Aires. Un eventual triunfo de la alianza derechista Juntos por el Cambio podría implicar la pérdida del control de las cámaras legislativas, obligándolo a negociar bajo la presión de no otorgar quórum.
En un marco de competencia por la banda derecha entre Juntos por el Cambio y Avanza Libertad, en la campaña emergen abiertamente propuestas neoliberales, como un mayor grado de flexibilización laboral y en general, menos derechos para la clase trabajadora, ofensiva a la que se sumó con gusto gran parte del empresariado local. Desde los principales medios de comunicación se privilegia e instrumentaliza una agenda dirigida a deslegitimar las luchas sociales y las diferentes alternativas populares. En las últimas semanas, en esta agenda cobró relevancia la estigmatización de las luchas de los pueblos originarios, en particular las del pueblo mapuche en la Patagonia. Mientras esmerilan de múltiples formas al gobierno, la mayoría de los medios privados minimizan escándalos de gravedad institucional, como la causa que investiga el espionaje estatal sobre familiares de marinos del ARA San Juan, desaparecidos con el submarino en noviembre de 2017. Esta causa se suma a otras, entre las que se destaca la que se sigue por el contrabando de material bélico a Bolivia en noviembre de 2019, durante los primeros días del golpe de Estado, para apoyar la represión de la dictadura encabezada por Jeanine Añez.
En cuanto a la política internacional, además de las idas y vueltas del Mercosur, tema que se analiza en el apartado Imperialismo e integración, otros asuntos importantes son la disputa con Chile por el límite de la plataforma continental de cada país y la eventual instalación de una base del Comando Sur en Neuquén: el 1º de octubre se realizó una caravana de protesta luego de que se reactivaran los trabajos de construcción en el lugar.
Al cierre de ese informe, el primer día de noviembre, el presidente Alberto Fernández anunció desde la COP26 que la empresa australiana Fortescue Future Industries invertirá 8400 millones de dólares en el marco de un proyecto de hidrógeno verde, que se producirá en la Patagonia a partir de energía eólica y solar.
En Chile la carrera hacia las elecciones presidenciales del 21 de noviembre no para de ofrecer titulares. De acuerdo a un estudio de la encuestadora CADEM, al 24 de octubre, cuando restan apenas cuatro semanas de campaña, el candidato mejor posicionado es el ultraderechista José Antonio Kast, del Partido Republicano, con el 23% de intención de voto. Detrás aparece Gabriel Boric (Frente Amplio), por la coalición Apruebo Dignidad, con el 20%. Bastante más abajo estaría Yasna Provoste (Partido Demócrata Cistiano), por la ex Concertación, ahora llamada Nuevo Pacto Social, con el 12%; y recién aparecería en cuarto lugar Sebastián Sichel, el candidato de la coalición gobernante Chile Vamos, con apenas el 7%.
Con todo, se trata de encuestas que se realizan en un panorama de alta incertidumbre y como vimos durante el año, de mucha volatilidad, con cambios inesperados. A dos años del comienzo del estallido social conocido como #ChileDespertó, resulta paradójico que la principal figura posicionada en las encuestas sea la ubicada más a la derecha del arco político. mientras transcurre la campaña, por otro lado suceden cosas importantes en múltiples planos. Por un lado, en los últimos días de octubre se vive un rebrote de los casos de COVID-19, que ya parecía superada a partir de la vacunación. Por otro lado, continúa en sesiones la Asamblea Constituyente, que definió sus principales reglamentos. En el ámbito legislativo, una noticia importante es el avance en la despenalización del aborto en la Cámara de Diputados.
A su vez, el conflicto social no cede y al igual que del otro lado de la Cordillera, tiende a agravarse en relación con las comunidades mapuche que luchan por el territorio. Precisamente el 12 de octubre el presidente decidió la militarización de la zona a través de un decreto que establece el “Estado de Excepción constitucional” en las provincias de Arauco, Biobío, Malleco y Cautín, “para enfrentar con mejores instrumentos el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado que se ha enraizado en esos territorios”. Una diferente manifestación del conflicto social se dio en Iquique, el norte del país, con el ataque de grupos derechistas a un acampe realizado por familias migrantes venezolanas.
Por último, las revelaciones de Pandora Papers vuelven a golpear al presidente Sebastián Piñera, que había detenido su espiral descendente en los meses previos y ahora afronta un proceso de destitución por un posible conflicto de intereses relacionado con la propiedad y posterior venta de un megaproyecto minero. El 13 de octubre la oposición inició el proceso de acusación constitucional, que puede llevar a la destitución de Piñera por medio del juicio político. De acuerdo al sondeo de Pulso Ciudadano, casi el 70% apoya la acusación contra el mandatario.
En Paraguay el dato saliente tiene que ver con la realización de las elecciones municipales, donde en la mayoría de las ciudades alcanzó la victoria el gobernante Partido Colorado – ANR (Asociación Nacional Republicana). El resultado más importante, sin dudas, fue el de la capital, Asunción, donde Oscar “Nenecho” Rodríguez, de la ANR, alcanzó la victoria por escaso margen contra el candidato del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Eduardo Nakayama, apoyado también por el derechista Patria Querida. El Partido Colorado también ganó en las principales ciudades del Departamento Central, como Luque, la tercera del país en cantidad de población, donde triunfó el “cartista” Carlos Echeverría Estigarribia.
Sin embargo, un resultado importante también fue el de Ciudad del Este. En esta ciudad fronteriza trinacional triunfó nuevamente el independiente Miguel Prieto, quien se impuso por amplio margen contra los principales partidos, como la ANR y el PLRA. También hay que destacar los malos resultados del Frente Guasú, que en algunos casos perdió escaños a causa de no alcanzar consenso en el apoyo a las candidaturas, como en la capital, donde el FG se dividió entre la candidatura de Johanna Ortega y la de Luis Narvaja. Tal vez su único festejo fue en Ciudad del Este, donde el espacio de izquierda acompañó a Prieto.
La campaña se desarrolló en un clima de creciente violencia que alcanza el país. En los últimos meses y en particular durante las semanas previas a las elecciones han ocurrido varios casos de sicariato y otras formas violencia. Este es un fenómeno que crece en el país junto al narcotráfico, con complicidad de las fuerzas militares y de seguridad, de acuerdo a lo que denunció públicamente el gobernador del departamento de Amambay, Ronald Acevedo, luego de que un grupo de sicarios asesinara a su hija, Haylee Carolina Acevedo.. En el cierre de esta edición, el 1º de noviembre, la Fiscalía de Holanda informó sobre una incautación de 4200 kilos de cocaína que se encontraban en el interior de dos contenedores que partieron desde Paraguay. Recientemente se dio a conocer un informe que sitúa a Paraguay solo detrás de Brasil entre los países de América del Sur con mayor presencia del crimen organizado.
Débil con los poderosos intereses detrás de los cárteles, el Estado paraguayo se hace fuerte con las más débiles. El 2 de septiembre se cumplió un año del asesinato de dos niñas de 11 años, las primas Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta, grupo especializado del Estado paraguayo que manipuló el cuerpo de las niñas para presentarlas como guerrilleras. «Hemos tenido un operativo exitoso en contra del EPP en el campamento que el grupo guerrillero tenía en una zona selvática del norte de Paraguay. Tras un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado fueron abatidos», anunció en tono de celebración el presidente Mario Abdo Benítez en su momento. El Estado aún no ha pedido perdón ni ha impulsado una investigación sobre el tema, aunque por fin permitirá que una comisión del Equipo de Antropología Forense investigue.
Apenas habían pasado unos días de las elecciones del 10 de octubre cuando el escándalo Pandora Papers alcanzó a Horacio Cartes. El expresidente aparece mencionado entre los propietarios de fondos en guaridas fiscales, tema por el que debió brindar explicaciones en un comunicado, algo inusual para el hombre fuerte de la política guaraní. De todos modos, es improbable que la investigación tenga algún efecto interno.
En opinión del periodista y excandidato a vicepresidente Leo Rubin, consultado para este informe, el panorama político a partir de estas elecciones está marcado por el 2023, año en que se elige presidente. Y la gran incógnita que se abre es respecto a las posibilidades de unidad de la oposición, en un contexto de lucha interna entre las dos facciones de la ANR. “Paraguay está en una crisis enorme por la pelea que hay entre el ex presidente Cartes —que maneja la Cámara de Diputados, maneja la Fiscalía, maneja la Contraloría, todavía no puede manejar el Senado— y el presidente Abdo Benítez. Son dos facciones del Partido Colorado, un ex presidente y un actual presidente muy debilitado, que es rehén prácticamente de Cartes. Y esa pelea lleva a un país sin liderazgo, a la deriva y con alguien que tiene más poder que el propio presidente. Para 2023, por un lado está Velázquez, el actual vicepresidente, que tiene el apoyo de Abdo, por otro está Santiago Peña, que es el caballo de Cartes”. En la oposición, Rubin señala como posibles candidatos a Efraín Alegre por el PLRA y habla de varias personas con posibilidades en el Frente Guasú: “Esperanza Martínez, Sixto Pereira, Jorge Querey, puede ser otra gente”, señaló. La estrategia del Frente Guasú pasa por unificar el campo de la izquierda progresista y desde ahí dialogar con el PLRA.
Otros temas relevantes, ya habituales en esta sección, tienen que ver con zonas clave de la estructura económica y social de Paraguay. Una es la cuestión agraria. La otra, la cuestión energética. Sobre la primera, la principal novedad tiene que ver con la aprobación legislativa y promulgación, a fines de septiembre, de la llamada “ley contra las invasiones”, impulsada por la ANR y el ruralista Patria Querida (PPQ). Las organizaciones campesinas consideran que esta ley legitimará las tierras malhabidas de las que disfrutan los terratenientes, entre ellos dirigentes políticos. La ley se aprobó entre protestas de organizaciones campesinas y críticas de espacios de investigación sobre la temática rural. Sobre la cuestión energética, el 5 de octubre se realizó una movilización “en contra de la entrega de la soberanía en [la represa hidroeléctrica binacional] Itaipú, con la participación de organizaciones sociales y las campañas ‘Itaipú 2023 Causa Nacional’ e ‘Itaipú es también Soberanía’. La marcha incluyó paradas frente a la sede de Itaipú y frente a la Embajada de Brasil en Paraguay.
Para cerrar el informe de Cono Sur, en Uruguay hay signos de reactivación de las luchas sociales y cierto nivel de cuestionamiento al gobierno de Lacalle Pou, que transita su segundo año de gestión de todos modos con razonables niveles de aprobación, del orden del 47%. En un contexto de empeoramiento de la situación económica, el 15 de septiembre el PIT-CNT, la central sindical unitaria del país realizó un paro general, que fue acompañado por una masiva movilización.
Con el referéndum sobre la Ley de Urgente Consideración en el horizonte como único tema electoral de importancia hasta 2024, los diferentes sectores se preparan para ese debate y algunos, como el Frente Amplio, se reorganizan luego de las derrotas de 2019 y 2020. El histórico espacio de unidad de la izquierda uruguaya se encuentra en proceso de elección interna, que tuvo un momento fundamental en el Congreso del 2 y el 3 de octubre, cuando se lanzaron las candidaturas a presidente del Frente, y se completará el próximo 5 de diciembre, cuando se realizará la votación de afiliadas y afiliados. Las candidaturas que se proclamaron en el Congreso fueron las de Fernando Pereira, Ivonne Passada y Gonzalo Civila, quienes coincidieron en ubicar a la lucha contra la LUC como la máxima prioridad.
El entramado opositor a la Ley de Urgente Consideración aglutina también a un amplio campo social. El 23 de octubre se lanzó en Montevideo la campaña por el Sí a la derogación de la LUC, señalando que la ley ómnibus, base de las políticas del gobierno derechista, tiene un “claro objetivo desestatizador”. La derecha también se apronta para encarar esa instancia plebiscitaria, que será en marzo de 2022.
En la agenda internacional, los capítulos más destacados son el anuncio de un Tratado de Libre Comercio con China y la participación del presidente Lacalle Pou en la cumbre de la CELAC en México, temas que se abordan en el apartado Imperialismo e integración.
El último punto que nos interesa mencionar, como un telón de fondo estructural que va apareciendo cada vez con mayor presencia, tiene que ver con el narcotráfico, en particular en el departamento Rivera, en la frontera norte, que linda con el estado brasileño de Rio Grande do Sul. Este estado es más extenso que todo el pequeño país rioplatense y desde allí provienen grupos narcos como Os Tauras, Bala na Cara y Os Manos. Estos grupos, que están enfrentados por el control de las rutas de drogas y armas en torno a la frontera, han protagonizado varios hechos de violencia también del lado uruguayo. A fines de octubre, la policía local detuvo a un líder de Os Manos en la ciudad de Rivera.
La crisis de gobernabilidad de la región Andina, y en particular de Perú no deja de ser noticia. Antes de las elecciones, vacancia presidencial; durante las elecciones, intentos de golpe institucional y desconocimiento de los resultados, y después de las elecciones, cambios permanentes en el gabinete e importantes conflictos entre los diferentes espacios dentro del gobierno. En el último informe del OBSAL comentábamos la fragilidad institucional del gobierno de Pedro Castillo, quien por presiones de la derecha peruana y la necesidad de que el parlamento de mayoría opositora aprobara el gabinete, había comenzado a ceder en algunos de los ministros nombrados inicialmente con la posesión presidencial, que mostraban un gobierno de izquierda, con perfiles más radicales vinculados con la propuesta de la Asamblea Constituyente, entre otras.
Dos meses después la situación es aún más aguda: Pedro Castillo pidió la renuncia de su premier, Guido Bellido, quien lo había acompañado desde la posesión y que garantizaba para el partido de gobierno su rol protagónico, con el argumento de tener una “personalidad controvertida que dificultaba la construcción de acuerdos”. Después del cambio de Bellido por la actual premier Mirtha Vásquez, el dirigente de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, afirmó que no quedaba ninguna figura dentro del gabinete que asegurara la pertenencia del gobierno a PL, a lo que se sumaron las declaraciones de la nueva premier en las que afirmó que la Asamblea Constituyente no es una prioridad para el gobierno, lo que llevó a la bancada del partido de gobierno a, paradójicamente, desaprobar el nuevo gabinete al quitarle su voto de confianza en el Congreso y tomar nuevamente este mecanismo como un arma de doble filo que puede poner en vilo —aún más— la gobernabilidad del país.
Es importante destacar tres elementos principales que enmarcan las diferencias entre el presidente Castillo y el partido de gobierno: por un lado, la dificultad que hemos comentado en informes anteriores sobre la necesidad que tiene el gabinete ministerial de ser aprobado por medio de un voto de confianza del congreso que, tal y como estaba diseñado, no iba a conseguir la aprobación de los partidos de oposición que desde el triunfo electoral se encontraban en una ofensiva permanente. Por otro lado, las diferencias políticas y la perspectiva de gobierno entre el presidente y Perú Libre, evidenciadas en temas sensibles de campaña como fue la necesidad de la Asamblea Constituyente y la nacionalización del gas, que a pesar de ser fundamentales para el Partido fueron banderas omitidas en un primer momento por Bellido para evitar la confrontación con los partidos de oposición de quienes necesitaba el voto de confianza, y producto de esto el tercer elemento que determinará seguramente la disputa entre PL y media docena del nuevo gabinete, y es la tensión entre la denominada izquierda “puka”, más identificada con una izquierda radical o confrontativa, y la izquierda “caviar”, limeña y urbana que se acerca más al progresismo políticamente correcto, que antepone el diálogo a la confrontación.
Mientras esta disputa política —y en muchos casos ideológica— se profundiza en el bloque en el gobierno, la oposición continúa a la ofensiva buscando, vía Congreso, la tan anhelada —y utilizada— vacancia presidencial para poder hacer lo que a todas luces sería un golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo, a partir de la aprobación de la ley que modifica la cuestión de confianza y limita las facultades del Ejecutivo. En este marco, cobra una importancia aún mayor la eventual resolución de las diferencias entre el partido de gobierno y el presidente Castillo, en especial teniendo en cuenta la fragilidad institucional que caracteriza al Perú y las facilidades burocráticas que facilitarían ese proceso de vacancia presidencial. Por ahora, el 4 de noviembre el Congreso se la República le otorgó —por fin— el voto de confianza al gabinete de gobierno con 68 votos a favor, pero con los votos en contra de 16 diputados de Perú Libre, dentro de los que se encontraron Guillermo Bermejo, Waldemar Cerrón y el ex premier, Guido Bellido.
Entretanto, Castillo anunció a inicios de octubre el lanzamiento de lo que denominó la Segunda Reforma Agraria del Perú, un proyecto que tiene como objetivo poner el Estado al servicio de los agricultores familiares relegados durante décadas. La primera medida fue la creación de un gabinete de desarrollo agrario y rural, que impulsará políticas para el desarrollo agropecuario y medidas de apoyo directo e inmediato para las y los agricultores.
La segunda reforma agraria busca dar un acceso más justo a los mercados a los pequeños productores, promover la protección y cuidado del agua, brindar un apoyo directo para la compra de fertilizantes por parte de pequeños agricultores, incentivar la producción de fertilizantes para el abastecimiento nacional como regional, el reconocimiento a las comunidades campesinas y originarias “no solo como organizaciones sociales, sino también productivas y empresariales con plenos derechos económicos”, entre otros objetivos. Adicionalmente, también instó al Congreso a trabajar en una ley que disponga la nacionalización del gas de Camisea, una zona de explotación ubicada en el departamento de Cusco, y que constituye una de las más importantes del continente.
La ofensiva antidemocrática parece una lamentable característica en común contra los gobiernos progresistas o populares de la región . En el caso de Bolivia, a pesar de cumplirse este noviembre un año del retorno de la democracia, el gobierno de Luis Arce se encuentra en medio de las amenazas golpistas de los mismos sectores de la oposición que en 2019 lograron consolidar el golpe de Estado.
Producto de investigaciones de The Intercept, el gobierno de Bolivia pudo acceder a una serie de pruebas documentales —audios, correos electrónicos y contratos— que sugieren la participación de Fernando López, el entonces ministro de Defensa de la presidenta de facto Jeanine Añez, en la preparación de un plan de desestabilización que tuvo como objetivo el intento de magnicidio del entonces presidente electo Luis Arce.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, denunció que el gobierno golpista contrató al mismo grupo de mercenarios y paramilitares que asesinaron al presidente de facto de Haití, Jovenel Moïse, el pasado mes de julio, lo que constituye una alerta preocupante a nivel regional de los límites que están dispuestos a alcanzar los sectores golpistas del continente que han configurado sin dudas, una organización mercenaria de alcance regional.
Esta denuncia fue publicada por el ministro de Gobierno días después de que los denominados “Comités Cívicos”, con la nostalgia golpista a flor de piel, citaran para el pasado 11 de octubre un Paro Nacional de 24 horas contra el proyecto de Ley de investigación de ganancias ilícitas. Los principales focos de concentración fueron en Santa Cruz y Cochabamba, y en las movilizaciones fue protagonista la narrativa golpista y racista contra los pueblos originarios en el día previo al 12 de octubre. Según la evaluación de Eduardo del Castillo, el paro “institucional y político” fracasó en 7 de los 9 departamentos.
Frente a esto, desde los movimientos sociales, indígenas y campesinos dentro de los que destacan la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), las Bartolinas, entre otros, se convocó al siguiente día al Gran Wiphalazo en conmemoración de “Día de la descolonización”, como se denomina el 12 de octubre, que recuerda la resistencia de los pueblos originarios ante la ocupación del imperio español en los territorios del continente americano. En esta movilización participó además el presidente Arce, quien hizo un fuerte llamado a la defensa de la democracia y a la consolidación del proceso de cambio en Bolivia.
Por otra parte, y como mencionamos al inicio, la publicación de los Pandora Papers movió la arena política de nuestra región, en especial en aquellos países donde importantes líderes y funcionarios públicos se encontraban en los listados de evasores fiscales. Tal es el caso de Guillermo Lasso en Ecuador, con el agravante de que es el presidente recientemente electo con un fuerte discurso anti corrupción en el que levantaba banderas de democracia y transparencia —como toda la derecha regional—.
Su aparición en los Pandora Papers complicó la ya inestable situación política y social de Ecuador, que se movilizó durante los dos últimos meses en contra de las diversas medidas neoliberales que ha querido implementar el gobierno y que afectan principalmente a los sectores más empobrecidos del país. Nuevamente, como en un deja vu de octubre de 2019, se convocaron importantes manifestaciones en contra del alza del precio de los combustibles y del denominado “paquetazo económico” que Lasso busca implementar como parte de las medidas necesarias para recibir el más reciente desembolso del FMI.
Desde diferentes gremios como el Frente Unitario de Trabajadores y la Unión Nacional de Educadores entre otros, junto a organizaciones indígenas como la Confederación Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) se declararon en resistencia nacional contra el paquetazo económico del gobierno, dentro del cual se encuentran los decretos 1054 y 1158 de aumento de los combustibles, las medidas vía decreto que permiten la expansión petrolera y minera, el alza de precios de insumos, el bajo presupuesto para la educación y la salud y la continuación de medidas de precarización laboral; y convocaron para el 26 de octubre un paro nacional que tuvo varios días de duración y se hizo eco en las diferentes regionales del país.
Las movilizaciones estuvieron protagonizadas por una fuerte represión policial en diferentes puntos del país, que incluyó disparos con balas de goma y gases lacrimógenos contra los manifestantes. En ese marco, hubo numerosas denuncias contra la Policía Nacional de Ecuador (PNE) por repetidos abusos del uso de la fuerza contra niños, niñas y personas de la tercera edad que se encontraban en sus casas y también fueron víctimas de la represión, así como más de una treintena de denuncias por detenciones arbitrarias a manifestantes.
Estas movilizaciones se dan después de los intentos de diálogo entre la CONAIE y el gobierno nacional que tenían el objetivo de lograr resolver las principales demandas de las organizaciones y que no fueron satisfechas en los encuentros. Vale la pena resaltar que la situación social en Ecuador, además de ser grave en materia económica, se encuentra profundizada por una ola de violencia que ha dejado más de una docena de muertes en el lapso de una semana dentro de las que se encuentran la muerte de un menor de 11 años, y el asesinato del velocista olímpico Alex Quiñónez en la ciudad de Guayaquil. Al respecto, Lasso decretó el estado de excepción en todo el territorio nacional el pasado 18 de octubre, por un plazo de sesenta días, y ordenó la movilización de las Fuerzas Armadas en las provincias de El Oro, Guayas, Santo Domingo de los Tsáchilas, y Pichincha entre otros, para complementar las funciones de la Policía Nacional. A la difícil situación en este marco se suma la dramática situación carcelaria en diferentes centros penitenciarios del país en los que, solo en 2021, van más de 200 personas muertas por las políticas de abandono y hacinamiento en estos establecimientos carcelarios.
En medio de esta crisis, Guillermo Lasso se niega a comparecer ante la Asamblea Nacional para responder por la investigación abierta por la fiscalía en su contra, por el presunto delito de defraudación tributaria evidenciado en los Pandora Papers donde se señala que Lasso habría tenido 14 sociedades offshore con sede en Panamá. Pareciera que la corrupción y evasión fiscal en los gobiernos alineados a la derecha de la región no son un problema tan preocupante, ni siquiera para el gobierno de Estados Unidos, ya que a pesar de las denuncias contra Lasso, el presidente se reunió con el secretario de Estado Antony Blinken para conversar sobre “gobernabilidad democrática, cooperación antinarcóticos, las crecientes oportunidades bilaterales de comercio e inversión y el avance de la seguridad regional” entre otros temas de agenda.
Blinken, después de su reunión en Ecuador, viajó a Colombia como parte de su misión de visita en estos países andinos, donde se reunió con el presidente Iván Duque y la vicepresidenta canciller Marta Lucía Ramírez para conversar sobre “el apoyo de EEUU a los gobiernos democráticos fuertes en toda la región, el apoyo a la paz y la reconciliación sostenible, narcotráfico, migración, y derechos humanos”. Aquí, nuevamente, parece que la corrupción en las altas esferas de la política local son un elemento secundario. En el caso de Colombia, importantes figuras del círculo cercano al presidente Duque aparecieron también en los listados de los Pandora Papers: los expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana, e inclusive el mismo director de la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales DIAN, Lisandro Junco.
Durante los últimos meses Colombia vio aprobado, finalmente, el proyecto de Reforma Tributaria que llevara a las enormes movilizaciones de abril, mayo y junio de 2021. Con algunas modificaciones menores, el proyecto continúa priorizando beneficios para las entidades financieras que tendrá una sobretasa adicional del Impuesto de renta de 3%, contrastado con el sector de pequeños y medianos empresarios que deberá pagar un 35% más. El Senado aprobó 64 artículos de la reforma tributaria que busca recaudar alrededor de 4 mil millones de dólares. Frente a esto, la bancada de oposición se retiró del recinto parlamentario en muestra de su rechazo a la aprobación express de un reforma que mantuvo movilizado al país durante tres meses consecutivos.
Esta aprobación de la reforma tributaria se da en el marco de la ya permanente crisis social y humanitaria que se vive en el país, que a la fecha cuenta ya con 142 líderes y lideresas, además de 41 firmantes del acuerdo asesinados/as, a los que se suman 78 masacres cometidas solo durante 2021. A esto se suma el asesinato de un menor de edad y un adolescente que aparecieron sin vida horas después de haber sido descubiertos cometiendo un robo en un almacén, una práctica común de los grupos paramilitares en el territorio nacional que denomian “limpieza social”. Esta crisis social contrasta con el quinto aniversario de la firma del Acuerdo de Paz que, producto del sistemático incumplimiento del Estado, aún continúa sin poder transformar la situación de violencia y exclusión que sufren a diario millones de colombianos/as, y que es uno de los elementos principales a resolver en la carrera electoral de 2022.
Por otra parte, en el caso de Venezuela se aproximan las elecciones municipales de noviembre en un clima regional marcado por los comicios en diferentes países del continente. Después de varias conversaciones y visitas, la Unión Europea y la ONU confirmaron el envío de una misión técnica de observación electoral a Venezuela para seguir las elecciones del 21 de noviembre, un elemento importante que abona al reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro y al desarrollo de las elecciones como unos comicios transparentes y democráticos. En ese marco es importante resaltar que durante los últimos meses, además de la participación de los sectores de la oposición en las elecciones y el reconocimiento de la UE y la ONU de las mismas, Venezuela ha tenido una participación importante en diferentes escenarios multilaterales que vuelven a ubicarla como un actor decisivo en la política internacional, y como un miembro indiscutido de los mecanismos de integración, después de la fuerte ofensiva de bloqueo diplomático impulsado por el Grupo de Lima y la OEA desde 2015 en adelante. De esta manera se dio su participación protagónica en la Cumbre de la CELAC, como mencionamos en el informe anterior.
La carrera electoral se da en el marco de una crisis en la mesa de diálogo con sede en México entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición nucleada en la Plataforma Unitaria de Venezuela, producto del secuestro y extradición del diplomático Alex Saab, quien se encontraba detenido ilegalmente en Cabo Verde desde el 2020, y fue trasladado recientemente, también de manera ilegal, a Estados Unidos.
El secuestro de Alex Saab amenaza con afectar las negociaciones que hasta el momento se han desarrollado en México, ya que para el gobierno de Venezuela es una figura clave que ha sido fundamental en la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero contra el país. Saab fue importante para traer alimentos y medicinas desde diversos países hacia Caracas, y que han sido fundamentales para la política de los Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), que garantizan el acceso de insumos básicos a una parte importante de la población venezolana.
Nicolás Maduro, además de denunciar las torturas y violaciones de los derechos humanos a los cuales ha sido sometido el diplomático venezolano, anunció que llevará a instancias internacionales a EE. UU. por esta violación al derecho internacional y que la delegación del gobierno bolivariano no asistiría a la siguiente ronda de conversaciones de la mesa de negociación mientras Estados Unidos no se aparte del proceso y deje sus acciones injerencistas. Instancias como el Tribunal de la Comunidad Económica de Estado de África Occidental y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas piden la suspensión de la extradición del diplomático venezolano a EE. UU. por ser una detención ilegal. Es importante recordar que Alex Saab, además de ser delegado diplomático para los países de África —función que cumplía cuando fue ilegalmente detenido en Cabo Verde—, también hacía parte de la delegación del gobierno de Nicolás Maduro en las conversaciones de México.
El pasado 1 de noviembre el juez Robert Scola Jr. de Estados Unidos retiró siete cargos de lavado de dinero contra el diplomático venezolano ya que no encontró evidencias que señalen a Alex Saab de haber cometido el delito. Sin embargo, continúa detenido y proceso bajo el presunto delito de «conspiración de lavado».
Si bien la situación general con respecto a la COVID-19 parece estar mejorando en América Latina y la cepa delta no ha hecho los estragos que podrían haberse esperado, en el Caribe la situación es un poco diferente. Como mencionamos en el informe anterior, hay reticencia de la población a vacunarse y durante estos últimos meses hubo picos de contagios e ingreso de nuevas cepas en algunas de las Antillas. Estos picos son aún bajos por la escasa población que vive en la mayoría de las islas; sin embargo, las autoridades locales han venido mostrando preocupación al respecto. El lugar en donde esta situación tiene mejores números es, obviamente, Cuba, que ha avanzado a pasos agigantados con su plan de vacunación con sus propias vacunas y ya ha empezado a vacunar a menores de edad.
En los países del Caribe Oriental, la cantidad de casos pasó de 4200 en agosto a aproximadamente 8000 en el mes de septiembre, y principalmente fue en personas no vacunadas, con creciente preponderancia de la cepa delta, pero hay preocupación por la aparición de casos —por ahora aislados— de la cepa Mu. San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Antigua y Barbuda fueron de los más afectados en septiembre. En octubre, República Dominicana, Haití y Barbados han sufrido mayores alzas de casos.
Esto llevó al consiguiente aumento de las hospitalizaciones y la tensión por el nivel de ocupación y de utilización de oxígeno, así como el cansancio extremo del personal de salud. Los países han venido recibiendo insumos médicos de parte de la Organización Panamericana de la Salud y también fueron enviados equipos de personal médico desde México y España a Granada y Dominica, respectivamente. San Cristóbal y Nieves, por su parte, recibió la donación de dos hospitales de campaña por parte de Estados Unidos a mediados de octubre.
En cuanto a la vacunación, los países del Caribe insular tienen niveles relativamente bajos de dosis aplicadas, principalmente por la desigual distribución de las mismas a nivel mundial, falta de jeringas y problemas logísticos, pero también por la reticencia de grandes sectores de la sociedad a vacunarse. Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Haití tienen un porcentaje menor al 20 por ciento de población vacunada y, la mayoría de las islas del Caribe no llegan al 50 por ciento de población con al menos una dosis.
Algunos países como Jamaica y Guyana están recibiendo dosis donadas por Estados Unidos, Canadá, Alemania y España, a través de la Organización Panamericana de la Salud, y se siguen gestionando donaciones a través del mecanismo COVAX, que ya ha demostrado ser insuficiente para paliar la desigualdad global de vacunas.
Los gobernantes han mostrado preocupación por la reticencia de la población a vacunarse. En el informe pasado hablamos de las manifestaciones en contra de la posible obligatoriedad de las vacunas y, si bien esta no se ha implementado aún, es una posibilidad que no se descarta. Como ejemplos, el primer ministro de Jamaica dijo a la población que quienes no se vacunaran, eventualmente quedarían “solos”, haciendo alusión a que si se enferman, no serán prioridad en la búsqueda de camas en un hospital. San Vicente y las Granadinas estableció la obligatoriedad de las vacunas para todo el personal educativo, mientras que Antigua y Barbuda lo hizo para lxs trabajadores del gobierno. Por su parte, el canciller de San Cristóbal y Nieves no descartó la posibilidad de que la vacunación se haga obligatoria si los porcentajes de población vacunada no suben. Y en Granada también expresaron preocupación al respecto.
Por su parte, Cuba es desde el 24 de septiembre el país de Latinoamérica con mayor porcentaje de vacunación y hoy ya tiene la vacunación diaria más rápida en el mundo. Según el portal Our World in Data, al 21 de octubre el 86% de la población ya contaba con una dosis de la vacuna y el 61% estaba inmunizada en forma completa. Los casos bajaron de agosto (265.121) a septiembre (223.000) y de septiembre a octubre siguieron bajando. La vacunación en niños, niñas y adolescentes también sigue avanzando a la vanguardia del continente, siempre con vacunas propias y, además, Cuba ya está exportando sus vacunas para uso pediátrico.
En otro orden de cosas, los países del Caricom firmaron a principios de octubre un acuerdo para combatir la pesca ilegal y sin regulaciones, y recibirán colaboración de Noruega para abordar el tema que afirman está relacionado con otros tipos de crímenes transnacionales.
El gobierno cubano, ya con más tranquilidad en relación con la pandemia, viene desde hace meses enfocado en las medidas económicas que puedan paliar la crítica situación que incluye el bloqueo endurecido por Donald Trump y el cierre del turismo durante los últimos dos años. Se abrirán las fronteras al turismo a partir del día 15 de noviembre y se espera que eso colabore con la recuperación.
Pero además se han ido profundizando algunas de las medidas del ordenamiento económico a partir de la constitución de 2019, que incluye decisiones tomadas desde inicios de 2021, como la eliminación del peso convertible cubano (CUC); las reformas salarial y de la seguridad social; las nuevas normas de funcionamiento de las empresas estatales, que amplían sus facultades; y la diversificación de las formas de comercialización de los productos de la agricultura. En agosto, ya pasada la tormenta de las movilizaciones del 11J, se emitieron nuevas regulaciones para el trabajo por cuenta propia, las cooperativas y se autorizó la creación de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) privadas y estatales, con limitaciones al tipo de actividad que pueden hacer y a la cantidad de trabajadores o socios que pueden tener.
Además, el gobierno estableció una regulación para el uso de criptomonedas, autorizándolas en determinadas transacciones pero dejando en claro que “las personas naturales asumen los riesgos y responsabilidades” derivadas de utilizar “activos virtuales que funcionan al margen del Sistema Bancario y Financiero, aun cuando no están prohibidas las transacciones”.
A la vez, se está gestando una marcha opositora para el mismo 15 de noviembre que, como era de esperarse, desde más de un mes antes de que la misma tenga lugar, está teniendo una cobertura mediática internacional desproporcionada. La misma fue anunciada en un principio por el grupo Archipiélago para el 20 de noviembre. Ante el anuncio del gobierno de la reanudación del Ejercicio Moncada (ejercicio militar para la autodefensa en el que participan los mandos de dirección) para los días 18 y 19 de noviembre y la celebración del Día Nacional de la Defensa para el día 20, la plataforma anunció que se marchará finalmente el 15 de noviembre.
Respecto a esta cuestión, es importante resaltar tres datos.
El primero: la marcha del 15N, en el marco de lo que se denominó “Jornada cívica por el cambio” del 14 y 15 de noviembre, y que viene utilizando en redes los hashtags #15N, #YoMarcho, #El15NYoMarcho, y #CubaEsDeTodos, ha sido ya difundida por medios de todo el continente e incluso de Europa, a más de un mes de su realización. El gobierno estadounidense la está alentando de manera oficial a través de sus funcionarios y ha amenazado con sanciones al país si Cuba no permite su realización o procesa a sus promotores, quienes ya han dicho cosas como que “habrá derramamiento de sangre”.
El segundo: las autoridades de algunas municipalidades, como por ejemplo las de La Habana Vieja, han denegado el permiso a manifestarse para ese día, aludiendo al artículo 4 de la Constitución que “define que el sistema socialista (…) es irrevocable, por lo tanto, cualquier acción ejercida en su contra es ilícita”. En este mismo sentido, se conoció recientemente la condena de 10 años que se le dio a uno de los manifestantes de las protestas de julio, acusado de haber arrojado piedras a un oficial y un vehículo de la policía y de no haber acatado el confinamiento dictado en el marco de la pandemia.
El tercero: recientemente se publicó un informe sobre el financiamiento de la USAID a organizaciones opositoras al gobierno cubano. En septiembre, el dinero entregado fue de casi 7 millones de dólares a proyectos que alegan “monitorear abusos a los derechos humanos, asistir a prisioneros políticos, exponer explotación laboral, financiar periodistas independientes y construir objetivos comunes para la democracia”. Seis de estas organizaciones tienen base en Florida, cuatro en Washington, una en Texas y una en España. Ninguna en Cuba.
Además, el Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba ya había publicado y denunciado el financiamiento del “periodismo independiente” (opositor al gobierno cubano) por parte de la Fundación Nacional para la Democracia (NED), entre los que se incluyen organizaciones radicadas en Argentina, Perú, Chile, Colombia y México.
Y pareciera que cuando hablamos de Haití no podemos dejar de usar la palabra “crisis”. Además de la creciente violencia y la crisis institucional y humanitaria que venimos relevando hace meses, se agregó el mes pasado la visibilidad de la crisis migrante. Decimos que se agregó la visibilidad porque la situación de lxs migrantes haitianxs es preocupante desde hace varios años ya, como hemos analizado en la nota que realizamos para ARG Medios, donde conversamos con Mamyrah Dougé-Prosper, militante y académica haitiana. Sin embargo, en septiembre se visibilizó porque llegó al extremo de los maltratos en la frontera con Texas, Estados Unidos. Muchxs de esxs migrantes venían de Brasil o Chile, países que tuvieron un rol preponderante en la ocupación de la ONU y que en algún momento acogieron a ciudadanos y ciudadanas haitianas. Por distintos motivos (entre ellos el endurecimiento de medidas regulatorias en Chile y las cada vez más difíciles condiciones de vida en Brasil), ya hace varios meses salieron caravanas de caminantes migrantes desde estos países hacia el norte. Se encontraron con violencia, discriminación y racismo a lo largo de todo el recorrido y particularmente en las distintas fronteras que tuvieron que atravesar.
Por su parte, en la propia isla caribeña la violencia sigue en aumento y se produjo una nueva huelga contra esta situación, posteriormente al asesinato de un pastor y el secuestro de otro. Desde hace meses se viene pidiendo la renuncia del jefe policial, cuya presencia en el funeral de Jovenel Moïse causó enfrentamientos entre los presentes, porque consideran que no fue capaz de proteger al expresidente y por la creciente inseguridad que vive el país. Por su parte, Martine Moïse, la esposa del expresidente asesinado, presentó una denuncia contra el actual primer ministro, Ariel Henry, por haber hablado con uno de los acusados el día del magnicidio.
Respecto de la crisis institucional, Henry revocó al Consejo Electoral Provisorio (CEP), que había establecido que las elecciones y el pospuesto referéndum serían el 7 de noviembre. Con este recambio, nuevamente se aplazan los comicios y el primer ministro anunció que finalmente no se harán en noviembre, sino recién el segundo semestre de 2022. Sin embargo, anunció que quiere realizar el referéndum constitucional antes de esa fecha. Pero está buscando formar un nuevo Consejo Electoral, órgano encargado de organizar las elecciones, y ya varias organizaciones rechazaron formar parte del mismo.
Mientras tanto, la investigación sobre el magnicidio avanza de a poco; hay un nuevo exmilitar colombiano que fue detenido en Jamaica y extraditado a Haití, donde será juzgado por participar del hecho.
En las últimas semanas, además de la huelga por la inseguridad, en Puerto Príncipe ha habido protestas por escasez de combustible que ya viene desde hace al menos tres meses, producto de la acción de las bandas armadas en la ciudad.
Como si todo esto fuera poco, los secuestros en el país siguen en aumento. En solamente la mitad del mes de octubre, fueron secuestradas 119 personas (y al menos 782 en lo que va del año, cifra equivalente a todo el 2020), entre las que se incluyen 17 estadounidenses, un canadiense y el chofer haitiano que los llevaba. Estaban en una misión del grupo Christian Aid Ministries de Ohio. La pandilla reclama un millón de dólares por cada persona secuestrada y amenazó con asesinarlos si no recibe el dinero.
Días después de este secuestro, la comitiva del primer ministro haitiano fue atacada por grupos armados mientras se dirigían a una conmemoración por el aniversario del asesinato del libertador Jean Jacques Dessalines.
Como sabemos, cuando las crisis se agravan en Haití, desde el exterior quieren intervenir. Por un lado, el presidente de la Cámara de Diputados de República Dominicana, Alfredo Pacheco, pidió a las potencias mundiales una intervención internacional, a lo que varias organizaciones ya se manifestaron en contra. Iván Duque apoyó el pedido y además propuso hacer un censo de migrantes. Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la resolución presentada por México y Estados Unidos para extender el mandato de la Oficina Integrada de este organismo en Haití, la BINUH.
Hagamos un breve recorrido para ver qué otras cosas pasan en las Antillas. El Parlamento de Barbados finalmente votó convertirse en República y dejó de ser una monarquía constitucional.
El 16 de septiembre se llevaron a cabo elecciones adelantadas en Bahamas. Deberían haber sido en mayo de 2022, pero el primer ministro decidió adelantarlas debido a las reiteradas renuncias y polémicas que llevaron a una casi disolución del Parlamento. Finalmente ganó el Partido Liberal Progresista, liderado por Philip Davis, que competía con el Movimiento Nacional Libre, que estaba en el poder hasta ese momento. El partido de Davis obtuvo 32 de los 39 escaños parlamentarios. Según diversos análisis, no hay una diferencia ideológica radical y no se espera un cambio rotundo del tipo de políticas que venía teniendo el partido en el poder hasta el momento.
En Antigua y Barbuda hay un debate abierto por las Zonas Económicas Especiales que el gobierno decidió habilitar para que las empresas que allí operen no paguen impuestos.
Con respecto a la situación del estatus de Puerto Rico, tres alternativas planteadas para resolver o reformar la situación territorial quedaron trabadas en el Congreso estadounidense. La primera es una propuesta de jóvenes puertorriqueños que viven en Estados Unidos para establecer la elección de congresistas con voz y voto. La segunda es la alternativa por la estadidad. Y la tercera es la convocatoria a una asamblea constituyente para negociar con Estados Unidos una nueva condición. Ninguna de las tres propuestas ha avanzado en el debate.
Mientras tanto, distintas crisis aquejan al país. Una de ellas es la relacionada con el sistema eléctrico recientemente privatizado, que sufre de reiterados apagones y el consorcio LUMA (impuesto por Estados Unidos) no entrega información financiera transparente. Por otra parte, hay un gran problema con la deuda externa. La junta de control impuesta por Estados Unidos intenta que el congreso local acepte una nueva emisión de deuda que en el futuro sería impagable y exige recortes sociales. Pero la voz del pueblo se escucha en las calles, por parte de grupos diversos y con distintas banderas.
Según Jesús Dávila, varias de las fuerzas políticas están sufriendo crisis internas:
De todos los sectores políticos grandes y pequeños, sin embargo, el único que da muestras de estar creciendo en el apoyo popular es el Partido Independentista Puertorriqueño. Además de su cargada agenda de apoyo a grupos sociales y proyectos en defensa de las costas, la cultura, la educación, los derechos civiles y otras causas por parte de sus legisladores, la senadora María de Lourdes Santiago y el representante Dennis Márquez, la figura clave parece ser Juan Dalmau Ramírez, actual secretario general.
Durante los meses de septiembre y octubre, dos sucesos marcaron la coyuntura política y social de la región de Mesoamérica: la crisis migratoria y el bicentenario de la independencia de los países. Con respecto a lo primero, observamos en estos meses una agudización de la problemática que venimos describiendo en informes anteriores y que tiene su epicentro en la frontera de México con Estados Unidos. El continuismo de las políticas migratorias de la administración Trump por parte de Biden —sobre todo de la que se conoce como Título 42— hacen que la frontera sea un espacio muy peligroso y de violación a los derechos humanos para las personas migrantes. Al incremento de las deportaciones, en particular de niños y niñas no acompañados, se sumó el incremento del flujo migrante irregular de haitianos y haitianas que sufrieron detenciones y represiones por parte de la patrulla fronteriza norteamericana como de la Guardia nacional y Ejército mexicano, tal como ya fue señalado en este informe. De octubre del 2020 a septiembre de este año se registran más de 1 millón 700 mil detenciones por parte de autoridades norteamericanas, y se hace el cálculo que por día entre 90 y 120 personas cruzan el Río Bravo desde México hacia EE. UU. Entre las principales causas de las migraciones forzadas se encuentran la pobreza, la crisis climática y la violencia social como consecuencia de la crisis estructural que atraviesan sus países de origen.
Otra de las zonas donde se agudizó en los últimos meses la crisis migratoria es la región del Darién, en la frontera de Panamá con Colombia. En el informe anterior señalamos el incremento del flujo migrante y en particular de estos últimos meses de haitianos y haitianas. Se estima que en lo que va del año 90 000 migrantes han cruzado el territorio selvático, siendo un incremento de casi un 40% del flujo migratorio con respecto al bimestre anterior. El peligro de atravesar esta zona fronteriza se debe tanto a las condiciones geográficas y naturales como a la presencia de grupos armados y del crimen organizado.
El 15 de septiembre los gobiernos de los países de la región llevaron a cabo celebraciones oficiales en el marco de los 200 años de la independencia de sus países. La impronta festiva que algunos mandatarios quisieron darle a esta fecha fue opacada por una serie de movilizaciones que se suscitaron para denunciar la perspectiva colonialista y racista de las celebraciones y la crisis estructural que atraviesan los países de la región en la actualidad. En El Salvador, Honduras y Guatemala estas jornadas de lucha fueron motorizadas por las poblaciones originarias y acompañadas por las organizaciones sociales para visibilizar que los Estados criollos y oligárquicos de sus países se constituyeron a partir de la opresión y exterminio de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Las movilizaciones tuvieron un nuevo impulso en el día de la resistencia indígena, el 12 de octubre.
En México, el mes de septiembre inició con una importante victoria del movimiento feminista tras la despenalización del aborto sancionada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si bien el fallo de los jueces hace referencia a la inconstitucionalidad de la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Coahuila, esto habilita a los demás jueces del país a fallar de la misma manera. Hasta el momento el aborto está despenalizado en Ciudad de México (desde 2007), Oaxaca (2019), Veracruz, Hidalgo y Baja California (2021).
Durante septiembre y octubre, el contexto político mexicano estuvo marcado por las exigencias al gobierno de López Obrador para que dé respuestas a la crisis migratoria. México es un país de paso y asentamiento de las personas que migran hacia Estados Unidos. Los dos espacios fronterizos más críticos son la frontera con EE. UU. y la que limita con Guatemala. El 18 de octubre se llevó a cabo una vigilia de migrantes en Tapachula, ubicado en el sur de México, como reclamo y exigencia al gobierno federal de AMLO y al Instituto Nacional de Migraciones para que se les otorgue documentos para poder transitar por el país. La jornada se dió a días de la caravana migrante que se llevó a cabo el sábado 23 de octubre hacia Ciudad de México. En la visita a México de John Kerry —Enviado Presidencial Especial de Estados Unidos para el Clima—, López Obrador insistió en la necesidad de implementar en los países de Centroamérica dos programas que actualmente se están llevando a cabo en su país, “Sembrando Vida” y “Jóvenes construyendo futuro”, y así garantizar oportunidades de trabajo y frenar las migraciones.
El 8 de octubre se llevó a cabo un nuevo acuerdo en materia de seguridad entre los gobiernos de México y Estados Unidos, denominado “Acuerdo Bicentenario”. Desde el inicio de su gobierno, la gestión de López Obrador busca cambiar el paradigma de la política de seguridad de sus antecesores y así poner fin a la Iniciativa Mérida. Dicha política resultó de un acuerdo entre los presidentes Felipe Calderón y George W. Bush, en 2008, para combatir militarmente al narcotráfico. El fracaso de esta estratégia tuvo como consecuencia el incremento de la violencia social, la expansión de viejos y nuevos cárteles y violaciones a los derechos humanos. El nuevo acuerdo entre ambos gobiernos tiene entre sus objetivos construir una red de prevención del homicidio, fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de armas. Si bien el plan de acción se dará a conocer el 1 de diciembre y hay incertidumbre sobre los programas que se desprenden de esta iniciativa, desde la cancillería mexicana se apuntala a que el abordaje al problema de la seguridad se hará de forma integral buscando atacar sus causas. La experta en seguridad, Eunice Rendón, en diálogo con ARG Medios, señaló que si bien el acuerdo implica un cambio importante debe “ir más de la mano del gobierno mexicano”, contraponiendo a la unilateralidad de la política que implicó la iniciativa Mérida en favor del gobierno estadounidense.
En nuestro informe #13 habíamos señalado que AMLO buscaría profundizar su proyecto político de las 4T tras las elecciones intermedias, para avanzar en una serie de transformaciones como la electoral, eléctrica y de seguridad. Es la segunda de estas reformas la que está copando la agenda pública del gobierno. El proyecto de ley de reforma eléctrica ingresó el 30 de septiembre al Congreso de la Unión y consiste en modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución mexicana y convertir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en un solo organismo encargado de la producción y administración de energía eléctrica en el país. La Jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó al respecto que “de lo que se trata es que la CFE vuelva a tener las atribuciones y funciones que tenía antes de las reforma neoliberal del 2013 (…) con esto se recupera una empresa pública del Estado”. La iniciativa de reforma propone que el Estado mexicano tendrá el 54% del mercado de electricidad y el 46% restante será para el sector privado. Además se busca que la tarifa eléctrica esté a un precio justo por debajo de la inflación. Otro de los temas centrales que trata la legislación propuesta es la explotación del litio, sobre la cual López Obrador señaló que no habrá concesiones a privados y solo lo podrá hacer el Estado. Para que la reforma sea aprobada se necesita una mayoría calificada en las cámaras de Diputados y Senadores, por lo cual el bloque oficialista de MORENA necesitará del apoyo de partidos de la oposición. Desde el gobierno se busca llegar a un acuerdo con el PRI. Desde el Consejo Coordinador Empresarial se oponen a la propuesta de AMLO y acusan a la reforma de expropiación y de “poner en riesgo” sus inversiones.
En El Salvador, Nayib Bukele sigue con sus andanzas y cada vez acumula más poder, pero de a poco encuentra resistencias sociales que buscan ponerle límite al poder casi absoluto de su gobierno. En los informes anteriores analizamos la cooptación de Bukele de los poderes legislativo y judicial, quebrando así el Estado de derecho. A esto se sumó la sanción el 31 de septiembre de la reforma a la ley de carrera judicial, jubilando a los jueces mayores de 60 años o con 30 años de ejercicio, y la sustitución de estos por jueces designados por el presidente tras la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Esta misma institución es la que el 4 de septiembre falló a favor de la reelección presidencial, lo que permite al líder del partido Nuevas Ideas postularse para un nuevo mandato en 2024.
El 15 de septiembre, el vicepresidente Félix Ulloa entregó a Bukele una propuesta de anteproyecto de reforma constitucional, que busca hacer 216 cambios a la constitución salvadoreña, entre modificaciones, supresiones y creación de nuevos artículos. Entre las modificaciones se destacan la ampliación del mandato presidencial de 5 a 6 años y la incorporación de mecanismos institucionales como el plebiscito, el referéndum y la revocación del mandato. Entre las medidas descartadas por el presidente se encuentran el aborto terapéutico y el matrimonio igualitario. El 28 de septiembre, en el marco del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, entró el proyecto de reforma del Código Penal —Artículo 133— para la despensalización del aborto. El proyecto fue elaborado y presentado por varios colectivos feministas, pero fue archivado por una comisión de la Asamblea Legislativa.
El pueblo salvadoreño comenzó a mostrar resistencias a la ambición de poder de Bukele y sus políticas de gobierno. Las movilizaciones se sucedieron los días 7, 15 y 30 de septiembre y el 12 y 17 de octubre, y expresaron el descontento social de miles de salvadoreños y salvadoreñas. La jornada de protesta del 15 de septiembre se dió en el marco del rechazo a la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y aglutinó a distintos sectores: feministas, estudiantes, jóvenes, excombatientes de la Guerra Civil, funcionarios(as) del Poder Judicial y simpatizantes del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Esta movilización tuvo como consignas la crítica a la Ley Bitcoin que entró en vigencia el 7 de septiembre y las políticas represivas y persecutorias del gobierno, sobre todo a dirigentes del FMLN.
El 17 de octubre se realizó una nueva jornada de lucha contra el gobierno convocada por un conjunto de organizaciones políticas y movimientos sociales bajo la consigna “¡Marchamos contra la dictadura!”. La movilización estaba impulsada por el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRPP) que agrupa a 34 organizaciones del campo popular salvadoreño. También se sumó a la medida el gremio de jueces independientes, que salió a la calle contra lo que considera que es un golpe a la independencia judicial por parte de Bukele. Entre las principales reivindicaciones de los y las manifestantes están: la derogación de la Ley Bitcoin, aprobación de una Ley General de Aguas no privatizadoras, restauración de la democracia y en contra del aumento en los precios de la canasta básica y servicios básicos, y contra el despido de trabajadores. La respuesta de Bukele no se hizo esperar: entre burlas y autoritarismo el mandatario ironizó en sus redes sociales considerándose como “el Dictador más cool del mundo mundial”, a la par que la Asamblea Legislativa sancionó un decreto anticoncentración que prohíbe la protesta callejera.
Las movilizaciones se hicieron también presentes en Guatemala. En continuidad con la serie de manifestaciones contra el gobierno de Giammattei y el reclamo por una Asamblea Plurinacional Constituyente, el 15 de septiembre se movilizaron en todo el territorio guatemalteco organizaciones indígenas, campesinas, sociales, estudiantiles y políticas con la consigna “200 años nada que celebrar”. Las manifestaciones obligaron al gobierno a suspender varios de los actos conmemorativos que tenían previstos. Entre las organizaciones que se manifestaron contra la celebración del “bicentenario criollo” se encontraban el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), el Comité de Unidad Campesina (CUC), las Autoridades Ancestrales de las poblaciones originarias, la Asociación de Estudiantes Universitarios y otras, que denunciaron el carácter racista y patriarcal del Estado criollo instituido en 1821. Daniel Pascual Hernandez, del CUC, señaló en conferencia de prensa:
Lo que nosotros hacemos es constatar la farsa del Estado, porque se habla de la independencia, de la soberanía del país y de gestas democráticas, cuando fue más bien un pacto que hicieran elites para salirse de la corona española y crear un Estado a su sabor y antojo; donde hablan del Estado guatemalteco, pero lo que ha sido fue que los criollos se apoderaron de la riqueza del país, y que crearan un Estado para sus intereses y así apropiarse del país. Lo que ha habido en 200 años es esta farsa, una narrativa falsa, un engaño al pueblo haciéndole aceptar un Estado que lo ha dominado, un Estado que es racista y patriarcal, opresor de los pueblos indígenas, y nos han impuesto una serie de leyes, normas e instituciones. Nos damos cuenta que ha sido desde ese entonces un Estado corrupto y de impunidad y que estas élites se han aliado en varios momentos contra el gobierno democrático, en tiempos de la guerra y ahora están unidos en el pacto de corruptos. Por eso no tenemos nada que celebrar en este bicentenario, pero sí mucho que protestar y reclamar.
Las movilizaciones también se hicieron presentes el 12 de octubre en la marcha por la Dignidad, Resistencia Indígena, Negra y Popular con la consigna “De la resistencia al poder ¡Estado Plurinacional Ya!”. También varias organizaciones indígenas presentaron el 21 de septiembre ante la Corte de Constitucionalidad una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Electricidad, ya que consideran que contradice a la Constitución porque vulnera derechos fundamentales referentes a la realización del bien común, la vida, justicia, seguridad, el desarrollo integral, el principio de igualdad, las formas propias de organización de los pueblos y comunidades indígenas; entre otros derechos. El 16 de septiembre, en medio de la crisis sanitaria que atraviesa Guatemala y las medidas restrictivas anunciadas por el gobierno, renunció la ministra de Salud Amelia Flores, cuestionada por la falta de acceso a vacunas. En su reemplazo asumió Francisco Coma.
En el municipio de El Estor, desde principios de octubre, la población maya Q’eqchi’ viene llevando a cabo una protesta pacífica contra la extracción minera que realiza la Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A. (PRONICO) vinculada a capitales extranjeros y específicamente a empresarios mineros rusos. La jornada de lucha, que al cierre de este informe lleva más de 25 días, articuló el apoyo de las comunidades indígenas y de las organizaciones sociales guatemaltecas. La respuesta del gobierno por el momento ha sido represiva: tanto manifestantes como periodistas han sido agredidos por las fuerzas de seguridad y el Congreso declaró el estado de sitio en el municipio por 30 días. A esto se suman las desafortunadas declaraciones del presidente Giammattei, amenazando y criminalizando a la comunidad Q’eqchi’. Como se señala desde Prensa Comunitaria: “Las autoridades de los Cuatro Consejos Ancestrales Q’eqchi’ aseguran que en ningún momento se ha respetado la decisión de las comunidades que rechazan la minería, porque contamina el lago de Izabal, destruye la flora y fauna regional y pone en peligro la salud y vida de la población”.
Es importante remarcar que se ha excluido a la población Q’eqchi’ de la consulta sobre la instalación del proyecto minero Fénix en sus territorios, tal como lo establece la Corte de Constitucionalidad y legislaciones internacionales. La reacción del gobierno contrasta con lo sucedido los días previos, el 19 de octubre, cuando exmilitares tomaron el Congreso de la República e incendiaron partes del edificio en reclamo de compensación económica por prestar sus servicios en la guerra interna entre 1960 y 1996, que dejó más de 250 000 muertos y desaparecidos. Exigen la aprobación de la iniciativa 5664, denominada ley de dignificación económica por la prestación de servicio militar durante el Conflicto Armado Interno.
En Honduras encontramos dos procesos que se están desarrollando en paralelo pero que tienen muchos puntos en contacto. Por un lado, la lucha de las organizaciones sociales, campesinas e indígenas contra la instalación de las ZEDE y por otro lado, la campaña electoral de cara a las presidenciales del 28 de noviembre. Uno y otro tienen que ver porque la resistencia a la instalación de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico es una de las principales problemáticas que está en discusión en la agenda pública y se vincula directamente con el modelo de país de los proyectos políticos en pugna. La iniciativa de las ZEDE es impulsada por el presidente Juan Orlando Hernandez y defendida por el candidato presidencial de su partido Nasry Asfura. A su vez, es rechazada por sus dos contendientes Xiomara Castro y Yani Rosenthal. El Movimiento Nacional contra las ZEDE y en defensa de la soberanía de Honduras se movilizó el 15 de septiembre en el marco del bicentenario con la consigna “200 años ¿dónde está la independencia?”.
En lo que respecta a las elecciones presidenciales, el escenario político se reconfiguró tras la alianza anunciada entre Xiomara Castro, de LIBRE, y Salvador Nasralla del Partido Salvador de Honduras y candidato por la alianza UNOH. A la alianza de los dos candidatos se sumó el Partido Innovación Unidad. El acuerdo se denomina Alianza con el pueblo y llevará como candidata a la presidencia a Xiomara Castro. Nasralla será el primer designado presidencial (vicepresidente). La unidad realizada entre ambos dirigentes es la fórmula inversa a la que se llevó a cabo en el 2017, cuando el periodista fue el candidato a presidente y la líder de LIBRE declinó su postulación.
Son 14 las candidaturas para presidente, pero la disputa está polarizada entre Nasry Asfura del Partido Nacional y Xiomara Castro de LIBRE, relegando al tercer puesto al candidato del Partido Liberal, Yani Rosenthal. Las primeras encuestas publicadas tras la unidad entre Castro y Nasralla, ubican a la líder de LIBRE en primer lugar con 17 puntos de diferencia sobre el candidato del partido gobernante. Si bien parece amplia la ventaja de la dirigente de izquierda, el alto porcentaje de indecisos que ronda un 20%, sumado a la amenaza latente de fraude, tiñen de incertidumbre la contienda electoral.
Al respecto del panorama electoral dialogamos con Gilberto Ríos, candidato a diputado por LIBRE, quien señaló que “la alianza entre Xiomara y Nasralla muestra que la crisis que produjo años de gobiernos del Partido Nacional, hicieron que comerciantes, empresarios, sectores de centro y de derecha opten por una alianza que ponga fin al régimen”. Además, indicó que “el problema no es ganarle a la derecha, sino al fraude”. Por último, el referente social dejó en claro que si Xiomara Castro llega a la presidencia “retomaremos el proceso de transformación iniciado por Zelaya que quedó trunco con el golpe de Estado del 2009, nos vincularemos con los gobiernos progresistas y de izquierda de la región, se eliminarán las ZEDE, se recuperarán empresas públicas que fueron privatizadas y plantearemos la necesidad de una renta básica para los trabajadores y trabajadoras de la economía informal”.
Otro de los países de la región que tiene elecciones presidenciales en noviembre es Nicaragua. La contienda electoral es el 7 de noviembre y los candidatos son: Daniel Ortega por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Walter Espinoza del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Mauricio Orúe del Partido Liberal Independiente (PLI), Marcelo Montiel de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Guillermo Osorno de Camino Cristiano Nicaragüense (CCN) y Gerson Gutierrez Gasparín de la Alianza por la República (APRE).
Las elecciones están marcadas por la situación sanitaria, por lo cual los partidos acordaron que la campaña transcurrirá principalmente en las redes sociales; y por el proceso de detención y enjuiciamiento a dirigentes opositores, acusados en algunos casos de lavado de dinero y en otros de recibir financiamiento extranjero que atenta contra la soberanía del país. El panorama político y las encuestas anuncian un fácil triunfo y reelección de la fórmula Ortega – Murillo, del FSLN. En los últimos días suscitó la polémica por el bloqueo a cuentas de Facebook y Twitter pertenecientes a simpatizantes del sandinismo. Mientras que por parte de la multinacional META se aduce que se trataban de perfiles que tenían el objetivo de atacar a opositores, por el lado del FSLN denuncian censura política por parte del gobierno de EE. UU.
Las miradas están puestas no solo en el resultado electoral sino también en los días posteriores al escrutinio, ante un posible desconocimiento del proceso electoral por parte de actores internacionales, como es el caso de la OEA. Este organismo convocó a una reunión del Consejo Permanente para el 20 octubre para discutir sobre la situación política de Nicaragua. En dicho encuentro, veintiséis países votaron para exigir la liberación de los candidatos presidenciales y los presos políticos en Nicaragua, mientras que siete se abstuvieron. La Cancillería nicaragüense repudió dicha convocatoria en un comunicado, en el que aludió que implica una “violación al principio de autodeterminación de los pueblos y de no intervención en los asuntos internos”, y acusó así de ilegítima la mencionada reunión. Además de presidente y vicepresidente se eligen 90 diputados nacionales y otros 20 ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
Por último, el gobierno nicaragüense entró en disputa con su par colombiano por el diferendo marítimo de las aguas que en el Caribe bañan al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y otros tantos cayos. Si bien tiene varias décadas, en términos legales el conflicto tomó mayor carácter desde 2001, cuando el asunto escaló a los tribunales internacionales. Ambos países acudieron nuevamente el 20 de septiembre a la Corte Internacional de La Haya para argumentar por qué les pertenece esa parte del mar Caribe.
En Panamá, el 14 de septiembre se llevó a cabo una masiva movilización contra la reforma electoral y la corrupción. Organizaciones sociales, sindicatos y ciudadanos autoconvocados se movilizaron contra la ley 544 de reforma del código electoral, a la cual acusan por reducir la transparencia y garantizar la impunidad de la clase política. Bajo las consignas de “¡Basta Ya!” y “un país sin políticos corruptos” las protestas hicieron foco en la corrupción. En gran parte esto se debe a los casos de funcionarios, dirigentes políticos y expresidentes que fueron denunciados por corrupción vinculados al caso Odebrecht. A pesar de esto, el Congreso panameño aprobó la reforma electoral el 15 de octubre pero fue objetada parcialmente por el presidente, Laurentino Cortizo, y por lo que volvió al Poder Legislativo para su nuevo tratamiento.
En el último bimestre del año, el panorama general estará condicionado por la resolución de las crisis políticas en procesos tan disímiles como Brasil y Perú, así como por los resultados en los procesos electorales de Nicaragua y Honduras, en Mesoamérica, y de Argentina, Venezuela y sobre todo, Chile, en América del Sur. Por otro lado, también es importante seguir la situación en Cuba, ante el renovado asedio de EE. UU., así como la situación sanitaria en el resto de las islas del Caribe y en algunos países del Cono Sur.
La disputa que se expresa en los organismos de integración tendrá entre otros acontecimientos el encuentro general de la OEA en la primera quincena de noviembre. Más allá de la reunión en sí, se trata de otro capítulo de una confrontación estratégica que continuará trayendo novedades.
A estos acontecimientos, acaso más previsibles, habrá que sumarles otros que surjan de la dinámica social y política, que atraviesa la región con gran intensidad. En este sentido, la actividad de movimientos, gobiernos y dispositivos geopolíticos ofrecerá, hacia fin de año, un nuevo momento para el análisis.
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