Patricio Vértiz[1]

 

El gobierno nacional ha transitado en las últimas semanas el peor momento desde el inicio de su mandato, al menos así lo fue hasta la jornada del 17 de Octubre, en la cual recibió un fuerte apoyo popular que puede modificar el escenario político en los próximos meses.

 

Capeando la tormenta

Si bien la renegociación de la deuda externa con los acreedores privados parecía traer un poco de oxígeno y que el panorama se empezaba a encarrilar, los acontecimientos de las últimas semanas abren nuevos interrogantes sobre el futuro próximo. Por un lado, los indicadores sanitarios respecto al manejo de la pandemia de COVID-19 ya muestran valores sumamente preocupantes. Más allá de las responsabilidades concretas que puedan atribuirse al gobierno por la situación, la sensación de sacrificio en vano pesa y mucho en buena parte de nuestro pueblo y hasta en las propias filas del oficialismo. Flanco que aprovechan diariamente los operadores mediáticos de las clases dominantes.

Por otro lado, el revés en la Corte Suprema respecto al pedido de anulación del traslado de los jueces macristas durante la gestión anterior, implicó un golpe anímico en dos sentidos, levantando la moral de las fuerzas opositoras y oradando la autoestima de las heterogéneas filas oficialistas que parecen combinar sensaciones de pesimismo, victimización, impotencia e impaciencia.

Y por supuesto la creciente brecha entre el dólar oficial y el resto de las cotizaciones que representa la madre de las batallas. Junto a la inflación, la cotización del dólar es una de las variables macroeconómicas de mayor impacto en el humor social de nuestro país, incluso quizás la más significativa. En ese sentido, el desacierto en las medidas de las últimas semanas, que provocaron fuertes cruces entre las autoridades del Ministerio de Economía y del Banco Central, no hicieron más que contribuir con la presión devaluatoria.

En ese marco, ante una sed de dólares el gobierno nacional tomó la decisión de disminuir unos puntos porcentuales las retenciones a las exportaciones de soja para fomentar su liquidación e ingreso de divisas. La medida establece la disminución de 3 puntos porcentuales en las retenciones a la exportación de porotos de soja, que quedaron en un 30% e irán incrementándose de forma gradual hasta volver a ubicarse en un 33% en enero del 2021. En cuanto a los productos procesados (aceite y harina) la disminución sería de 5 puntos, quedando en un 28% con leves incrementos mensuales -29,5% en noviembre, 30% en diciembre- hasta alcanzar una alícuota permanente del 31% en enero del 2021, dos puntos porcentuales debajo de su valor actual.

Esa pequeña diferencia no es producto de un simple descuido ni tampoco pareciera ser una decisión estrictamente técnica, sino un intento del gobierno nacional de fortalecer su relación con una parte de los sectores vinculados al campo, en particular a la agroindustria, y dejar en posición “fuera de juego” a otros estratos de la producción primaria más asociados al proyecto político de la gestión anterior.

 

De la Resolución 125 hasta el caso Vicentín

Una de las conclusiones que nos dejó el conflicto agrario allá por 2008 fue la marcada heterogeneidad de agentes vinculados a la producción agropecuaria que se identifican con el campo y son capaces de abroquelarse en defensa del sector ante amenazas urbanas y en particular de los sectores tradicionales de “la política”.

Al recordar las acaloradas jornadas que hace más de una década tuvieron en vilo al país durante varios meses, podemos remarcar que tal nivel de adhesión no sucedió de forma automática. Tras el carácter acéfalo de las primeras jornadas hizo falta una ingeniería logística y organizativa de parte de las entidades rurales tradicionales, una parte del poder mediático, el apoyo de fuerzas opositoras y algunos errores del oficialismo para que, con el correr de los días, las filas agrarias fuesen adquiriendo cierta organicidad. Asimismo tampoco implica que la convocatoria haya logrado reunir a la totalidad de los agentes productivos y organizaciones sectoriales, no obstante ante el incremento de las tensiones, la exacerbación en los tonos discursivos y el bombardeo mediático, buena parte de ellos (quizás la mayoría) se encolumnó detrás de la “Mesa de enlace”.[2]

El kirchnerismo tomó nota de la mayor derrota que tuvo que enfrentar durante sus años de gobierno y hacia fines del segundo mandato de CFK, de la mano del Ministro de Economía Axel Kicillof, se impulsaron algunas medidas que buscaron desarticular el bloque agrario. Pero ya era demasiado tarde, con mucha desconfianza el grueso del campo lo miraba como un gobierno hostil a sus intereses.

Desde el inicio de la nueva gestión, el Frente de Todos hizo un esfuerzo por no chocar nuevamente con la misma piedra. Comprendiendo perfectamente la alta adhesión de buena parte de las capas agrarias al proyecto político de Juntos por el Cambio, una de las primeras medidas fue la propuesta de segmentación de las retenciones en función de las escalas de producción, lo cual provocó no pocas discrepancias entre sectores y fracciones de algunas entidades agrarias.

Unos meses más tarde, ya en pleno desarrollo de la pandemia, se dio la discusión sobre la intervención/expropiación de la firma Vicentín[3] que al interior del sector agroindustrial cosecharía algunas adhesiones pero también fuertes críticas. Las organizaciones que apoyaron la medida se circunscriben básicamente al conjunto heterogéneo de organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena, algunas fracciones chacareras y organizaciones de trabajadores rurales y agroindustriales. Entre estas últimas cabe mencionar el apoyo decidido de la Federación de Trabajadores Aceiteros,  directamente vinculados con actividades del grupo Vicentín.

Entre los sectores que condenaron la medida se encuentran las entidades rurales tradicionales que conforman la Mesa de Enlace –que, salvo por algunas filiales de la FAA, se opuso enfáticamente a la medida-, las organizaciones del sector agroindustrial y por supuesto buena parte de las instituciones y asociaciones de perfil más “técnico” –Aapresid, AACREA, etc.[4]-, que en este tipo de situaciones no desaprovechan la oportunidad de inmiscuirse también en cuestiones de índole político.

En cuanto a la posición de los sectores vinculados a las actividades agroindustriales “no organizados” –profesionales, vendedores de insumos, productores no alineados a ninguna de las entidades- en su mayoría acompañaron la condena a la medida. Una situación totalmente previsible considerando la capacidad hegemónica de los grandes capitales del sector agroindustrial, quienes de manera sistemática trabajan en función de la uniformidad de “el campo”, en la defensa de los principios liberales en términos económicos y en los riesgos que representa la denominada “voracidad impositiva” de los sectores de “la política”. Ante ello, la mención del término expropiación activó los mecanismos de defensa y una serie de consignas inundaron las redes de información –radios, canales de T.V., páginas web- ganando buena parte de la opinión pública en ciudades y pueblos del interior.

Como respuesta, el gobierno nacional primero buscó una opción más moderada activando el “Plan Perotti”, pero ante la ausencia de resultados finalmente decidió abandonar la idea de intervenir y expropiar la empresa dejando que el caso se dirima en los ámbitos judiciales.

 

El Consejo Agroindustrial Argentino: ¿un nuevo capítulo?

Hace unos meses, la foto de Cristina Fernández de Kirchner junto a algunos referentes de la agroindustria movió el avispero. ¿Hay chances reales de contar con el apoyo de uno de los núcleos fundamentales del complejo agroalimentario? ¿Qué piden a cambio?

En Julio de este año se lanzó el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), espacio conformado por más de 50 cámaras y entidades de diferentes rubros agroalimentarios que busca establecer una hoja de ruta para el desarrollo de las actividades agroindustriales durante la próxima década. Mediante una propuesta ambiciosa que buscará convertirse en ley antes que finalice el 2020, los referentes del CAA aseguran que, en ese lapso de tiempo, el sector agroindustrial puede generar 210.000 empleos directos en el interior del país y un total de 700.0000 empleos indirectos. Asimismo se propone alcanzar los U$S 100.000 millones anuales en concepto de exportación, lo que significaría un incremento del 54% respecto a los U$S 65.000 millones que exporta en la actualidad.

La propuesta denominada “Estrategia de Reactivación Agroindustrial, Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal” busca crear un marco de estabilidad fiscal y financiera por un período no menor a diez años (2020-2030) mediante la formación de una Mesa Nacional Exportadora, que implemente herramientas de política institucional, de relaciones internacionales, impositivas, financieras y técnicas con efectos fiscales neutros.

Pese a incluir una diversidad de cadenas agroalimentarias, la iniciativa es conducida por el sector vinculado a la industria aceitera y el complejo agroexportador, de allí que sus principales voceros sean José Martins, presidente  de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC).

Tras las discusiones del caso Vicentín, se puso en el centro de la agenda pública durante varios meses la relevancia en términos económicos del sector vinculado al comercio exterior de granos, aceites y derivados, controlado por un puñado de corporaciones en su mayoría de capital transnacional. Su lugar en la estructura económica les permite incidir de forma directa en el flujo de divisas y por ello contar con un arma crucial en las discusiones sobre el tipo de cambio. Asimismo algunos de estos agentes han adquirido la habilidad de combinar una serie de maniobras para eludir la “elevada” presión impositiva local como saliera a la luz en el primer semestre del año.

Contar con su apoyo implicaría dialogar directamente con los “titulares” es cierto, pero como dice el refranero popular “cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía” ¿cuál es su pliego de demandas?

En la última semana el Gobierno nacional y los representantes del CAA consensuaron los ejes centrales de un acuerdo que será plasmado en una Estrategia Nacional Agroalimentaria (ENA), cuyo objetivo principal apunta a aumentar la producción, incrementar el valor agregado, generar empleo y promover las exportaciones, en el marco de un sendero de desarrollo con inclusión.

Más allá del consenso general con dicho objetivo, como parte de los lineamientos centrales de la ENA, el gobierno dejó en claro la necesidad de mantener la recaudación tributaria en un contexto en el que se debe garantizar la sostenibilidad fiscal para alcanzar la estabilidad macroeconómica, asimismo que se garantice el abastecimiento del mercado interno y se resguarde el impacto sobre los precios domésticos de los alimentos.

Por su parte las cámaras agroindustriales solicitaron la simplificación administrativa de los trámites vinculados a las exportaciones, involucrando diversas agencias y ministerios en función de eliminar trabas burocráticas y facilitar el acceso a los mercados internacionales.

En cuanto a los derechos de exportación, si bien la conducción del CAA considera a las retenciones como impuestos distorsivos, a diferencia de los usuales discursos de la dirigencia rural, admiten que ante la magnitud de la crisis que atraviesa el país sería imposible eliminarlas en el corto plazo. De esta manera, si el acuerdo prospera el gobierno podría desactivar uno de los frentes de tormenta que suelen traer varios dolores de cabezas a los proyectos populares.

 

Por la senda de los buenos modales

Nuevamente ante el delicado cuadro de situación el gobierno nacional vuelve a hablarles con el corazón a una parte del empresariado; en este caso, a la cúpula del complejo agroexportador; invocándolos a ser parte en la reconstrucción del país, que si bien arrastra inconvenientes desde hace décadas quedó literalmente devastado tras cuatro años de políticas neoliberales implementadas por el gobierno de Juntos por el Cambio.

Hay que reconocer que el acuerdo es sumamente prometedor por al menos dos razones; en primer lugar, significa negociar directamente con los dueños de los dólares en un contexto en que prácticamente no hay posibilidades de ingreso de divisas por otra vía. En segundo lugar, unificar diversos sectores vinculados a las actividades agroalimentarias –por lo general reticentes a los proyectos nacional-populares en nuestra historia- en un mismo ámbito de negociación, implica que deban acordar y alinear previamente sus posiciones, obligando a los sectores más díscolos a bajar algunos reclamos y matizar parte de sus críticas o tener que retirarse de la mesa. De hecho la Sociedad Rural Argentina, la entidad representativa de la cúpula terrateniente de nuestro país, no forma parte del CAA.

Pero no todo es color de rosa, también se avizoran algunos riesgos producto de este acuerdo. En primera medida, si bien tras la rebaja temporal de las retenciones a la soja hubo un incremento en el ingreso de divisas, las cifras aún se encuentran muy alejadas de lo esperado. Las firmas exportadoras, nucleadas en CIARA y CEC, dieron a conocer un informe que detalla que en la semana posterior a la entrada en vigencia de la medida, los envíos de aceite superaron en 35% a los embarques de todo Septiembre y los de harina equivalen al 88% de dicho mes, representando ingresos por U$S 620 millones.[5] No obstante, el incremento de la brecha entre el dólar oficial y el resto de las cotizaciones, implica un fuerte desaliento para que los sectores vinculados a la producción primaria se desprendan de los granos. Por ello, más allá de las buenas intenciones de Martins e Idígoras, sin materia prima es imposible producir aceites y harinas para continuar con las operaciones de exportación y la liquidación de divisas.

En segunda medida, considerar que las propuestas planteadas lleguen a buen puerto y se alcancen los objetivos en los plazos establecidos como mínimo implicaría pecar de ingenuidad. La secuencia señalada en esos términos por los referentes del CAA -aumento de producción, agregado de valor, incremento de las exportaciones y generación de puestos de trabajo- implica adscribir a la teoría del derrame. Más allá que la idea de sentar las bases para construir un capitalismo inclusivo, y su esquema ganar-ganar, pueda redituarle en términos discursivos al presidente de la nación, no es necesario ser un erudito en los escritos de Marx para comprender que en pleno siglo XXI ni siquiera es posible defender esas hipótesis en buena parte de los países centrales, qué decir en las periferias.

En ese sentido, la puja distributiva por la riqueza social producida implica inevitablemente un endurecimiento de las tensiones en la relación capital/trabajo, pero también intensas disputas entre diversas fracciones del capital vinculado a las actividades agroindustriales. Además de la pugna en términos económicos, los objetivos señalados requieren abrir un gran interrogante respecto a las posibles consecuencias ambientales de la propuesta. Teniendo en cuenta los fuertes impactos ambientales que producen las actividades agropecuarias bajo los planteos tecnológicos predominantes, no se puede minimizar esta dimensión.

¿Bajo qué esquemas tecnológicos se pretende alcanzar los incrementos en los volúmenes de producción?, ¿En qué regiones?, ¿Mediante qué tipo de escalas de producción?, ¿Qué papel se les asignará a los diferentes agentes agrarios? Estos son algunos de los interrogantes que en nuestra opinión es necesario incluir en los debates. En ese sentido, consideramos indispensable que el sector conformado por organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena, junto a fracciones de la producción chacarera y por supuesto las organizaciones de trabajadores rurales y agroindustriales, deben ser una parte fundamental en las discusiones entabladas entre el gobierno nacional y el CAA. Su ausencia, es un pésimo indicador en función de los resultados concretos que puedan alcanzarse producto de los acuerdos.

Asimismo, como interrogante de cierre nos queda la cuestión de los buenos modales. ¿Es posible mantener la misma táctica en todo momento? ¿Podrá prescindirse de la disputa al menos con una parte del establishment? Comprendemos el enorme grado de dificultad que implica tomar las riendas de un país herido de muerte tras cuatro años de políticas antipopulares y por la llegada de una pandemia que ha profundizado la crisis global existente. No se trata de apuntar con el dedito desde la comodidad de la platea. No obstante, más allá de la recurrente línea discursiva de amplitud, llegará un momento en el cuál habrá que tomar posición en los conflictos que se avecinen, para ello es fundamental redoblar los esfuerzos en construir las correlaciones de fuerzas favorables para que no haya otro Vicentin, y que la próxima caiga a favor de las grandes mayorías.

 


Referencias

[1] Ingeniero Agrario y Doctor en Ciencias Sociales (FCAyF-UNLP). Es integrante del Colectivo sobre la crisis Socioambiental del Instituto Tricontinental de Investigación Social

[2] La Mesa de enlace fue el nombre otorgado a la comisión conformada por las cuatro entidades rurales tradicionales -la Sociedad Rural Argentina (SAA), Confederaciones Rurales de Argentina (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO)- que encabezó la representación de los productores agropecuarios en las negociaciones con el gobierno nacional en el marco del conflicto agrario del año 2008.

[3] Para más información consultar el documento “El caso Vicentín. Debates sobre agronegocios y soberanía alimentaria”. Fuente: https://www.thetricontinental.org/es/ba-research/despojocuaderno1/

[4] La sigla Aapresid refiere a la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, la de AACREA a la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola.

[5] Datos del 16 de octubre. Recuperado de: https://www.ambito.com/economia/dolar/agroes-los-exportadores-incrementaron-ventas-pero-no-lo-que-necesita-el-gobierno-n5140754

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