Ain Mora[1], Damaris Pacchiotti[2], Jesica Pellegrini[3] y Natalia Pérez Barreda[4]

 

La intervención y posible expropiación de la empresa Vicentín se ha puesto en el centro del debate en la coyuntura actual. Una empresa del complejo exportador más dinámico de la economía argentina entra en una crisis financiera sin explicación. Deja en incertidumbre a trabajadores y trabajadoras de la industria aceitera y de otras empresas afines, a miles de productores agropecuarios, a los Estados nacionales y subnacionales por endeudamiento bancario y fiscal y a acreedores internacionales de importancia.

La discusión social emergente se presenta con muy diversos dispositivos discursivos que sin embargo delinean dos grandes debates subyacentes que disputan concepciones diferentes sobre la organización económica y social. La defensa de la propiedad privada como forma excluyente de organizar la producción o la posibilidad de pensar modelos alternativos en los cuales el Estado y la gestión social sean los protagonistas. Un modelo productivo de concentración, uso intensivo de agroquímicos y orientado a la exportación; o la posibilidad de poner en el centro a la función social de la tierra y a los alimentos como bien común, para avanzar hacia la soberanía alimentaria con sustentabilidad ambiental.

En el primer punto, en tramos generales, podemos hablar de un gran acuerdo entre la mayoría de las organizaciones sociales y partidos políticos populares. En este plano, la intervención del Estado en la empresa Vicentín es un piso para asegurar múltiples objetivos: a) la continuidad laboral de cerca de 6 mil puestos de trabajo; b) evitar la mayor concentración y extranjerización de un sector estratégico en la economía argentina, ya altamente concentrado y extranjerizado (8 empresas reúnen el 94% de las exportaciones de derivados de soja y girasol, las nacionales Vicentín, AGD, y Molinos Agro, y extranjeras Cargill, Cofco, Bunge, Dreyfus y Oleaginosa Moreno); c) contar con una empresa pública testigo -si se expropiara- en un sector central en términos de generación de divisas (45% de las exportaciones argentinas), con la posibilidad de arbitrar en precios y evitar maniobras especulativas comunes en el sector (reticencia a liquidar divisas, posibles triangulación de exportaciones para evitar carga fiscal, entre otras); y por supuesto, d) investigar los motivos del fuerte endeudamiento y crisis financiera y garantizar el pago de las deudas a 1895 productores y cooperativas por compra de granos, 586 personas físicas y jurídicas por bienes y servicios, 37 entidades financieras y 19 organismos fiscales y aduaneros, entre las cuales se destacan los conocidos préstamos del Banco Nación con las irregularidades conexas.[5]

En el segundo punto, el debate desatado en relación con la empresa Vicentín abre una oportunidad histórica para aquellas organizaciones que venimos impulsando modelos productivos alternativos y poniendo en el centro de la escena a los alimentos y a la soberanía alimentaria. En consonancia, la posible expropiación de Vicentín permitiría discutir la posibilidad de usar los excedentes y renta agraria generadas por el sector agroexportador a fines de impulsar y desarrollar modelos productivos más democráticos e integrados, con apoyo a los y las pequeñas productoras y cooperativas agrícolas y a la producción agroecológica; o la posibilidad de profundizar y diversificar la actividad de la empresa, para incursionar en el mercado de alimentos, empezando por el aceite de girasol de calidad para las mayorías, y pudiendo avanzar en otros productos, junto a distintos actores del mundo productivo.

En este sentido venimos trabajando desde Ciudad Futura, y en abril de este año en el marco de la pandemia COVID-19, junto a Patria Grande, anunciamos un proyecto para crear una Empresa Pública de Alimentos a nivel nacional, cuya primera planta fraccionadora de alimentos para asistencia alimentaria estaría en la ciudad de Rosario. Estos proyectos, ya en marcha, son muestra de que con voluntad política y desde abajo se pueden generar alternativas. En lo que sigue profundizaremos sobre estas iniciativas.

 

La necesidad de crear una Empresa Pública de Alimentos (EPA)

En el marco de la crisis social y económica generada por la pandemia, desde Ciudad Futura y Patria Grande empezamos a elaborar una propuesta para desarrollar estrategias nacionales y locales que garanticen el derecho a la alimentación, a la seguridad alimentaria y nutricional de la población y al fortalecimiento de la producción de alimentos y las economías regionales, así como nos lanzamos a la ambiciosa apuesta de intentar saldar una deuda que tiene nuestro sistema jurídico con el estatus que se le asigna a los alimentos para que dejen de ser meras mercancías y poder concebirlos desde una lógica completamente transformadora.

Comenzamos a elaborar colectivamente un proyecto de ley que establezca las bases para la constitución de la EPA declarando a la soberanía alimentaria como objetivo prioritario del estado nacional, pero que además conciba al alimento como un bien público, un derecho personal y social de las personas del cual el Estado debe hacerse cargo.

En nuestra Constitución Nacional (a diferencia de, por ejemplo, las constituciones de Bolivia y Ecuador), no está expresamente consagrado el derecho a los alimentos, pero gozan de jerarquía constitucional distintos instrumentos que reconocen el derecho a la alimentación adecuada en el marco de otros derechos como el derecho al agua, a vivir en un ambiente saludable, a la salud, vale decir, el derecho a la alimentación aparece vinculado a todos los derechos que conducen a una existencia digna. No obstante ello, es hora de avanzar en lo que la FAO y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General 12 vienen requiriendo a los estados: una ley marco de derecho a la alimentación.

En el proyecto de ley, nos encaminamos a dar ese marco dejando de concebir al alimento como un bien privado y que pase a tener status de bien público, lo cual nos permitiría, por ejemplo, concebir una renta alimenticia básica universal, revisar las reglas del comercio alimentario, prohibir la especulación financiera de alimentos. Este nuevo paradigma se emparenta con los conceptos de salud y educación públicas, que así como ellas tienen carácter público pero pueden materializarse a través de la gestión pública, privada y de gestión social, en esta materia se abriría la posibilidad de promocionar experiencias locales de producción y consumo que puedan desarrollarse combinando reglas del mercado, regulaciones públicas y acciones colectivas de gestión social.

El primer paso, consiste en montar plantas locales que fraccionen, empaqueten y construyan unidades nutricionales básicas, como primer eslabón de una Empresa Pública de Alimentos. El sistema funciona esencialmente con una red de pequeños y medianos productores y productoras de alimentos que venden a granel a la planta que se encarga de fraccionar y envasar para su distribución como política alimentaria. Los alimentos saldrán de la planta con una marca propia y en dos formatos: de forma mayorista en grandes bultos, para instituciones, escuelas y comedores o centros comunitarios o directamente al consumidor/a en cajas nutricionales especialmente diseñadas.

De este modo, proponemos desarrollar una experiencia de escala para abastecer de alimentos a los sectores populares de los grandes centros urbanos durante lo que dure la crisis, pero desde una perspectiva estratégica y de largo plazo. Una forma de experimentar en la emergencia una manera distinta de organizar el mundo para cuando todo vuelva a la normalidad. Una normalidad que de normal tenía bastante poco y de justa mucho menos.

 

El primer paso: una planta fraccionadora local de alimentos en Rosario

El primer paso es la construcción de la primera planta de fraccionamiento local que fraccione, empaquete y construya unidades nutricionales básicas. Esta planta estará ubicada en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, uno de los grandes centros urbanos del país, donde la crisis social y económica viene de larga data y se vio profundizada por la pandemia.

Así pues, se comenzó a diagramar a nivel local una primera experiencia para pensar a la Empresa Pública de Alimentos como algo posible a gran escala, donde el eje central de la construcción territorial esté puesto en las plantas de fraccionamiento ubicadas en diferentes puntos geográficos, constituyendo una red que permita consolidar a los alimentos como un bien público en nuestro país. Concretamente se avanzó en articular la idea con los tres niveles del estado: la intendencia de Rosario facilita la cesión de uso del inmueble; el Gobierno de la Provincia de Santa Fe asume el compromiso de comprar nuestros alimentos; y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación provee las maquinarias necesarias para comenzar a desarrollar la actividad productiva a través de la formalización del proyecto técnico.

 

Objetivos y beneficios sociales de la EPA

Este primer eslabón tiene como objetivo armar una red de pequeños y medianos productores y productoras de alimentos que venden a granel a la planta, la cual se encarga de fraccionar y envasar para su distribución. De esta forma, se reducen costos por distintos motivos: en primer lugar, porque se eliminan intermediarios asegurando una mayor asistencia y, en segundo lugar, al tratarse de producciones de cercanía, se garantiza un menor traslado de los productos.

Sin embargo, debemos destacar que la planta fraccionadora tiene beneficios económicos que van mucho más allá de la reducción de costos. En ese aspecto, le asegura al Estado una empresa testigo clave en la elaboración de alimentos y, al mismo tiempo, un sistema eficiente de asistencia alimentaria. En la actualidad, mientras los precios de los alimentos aumentan, los distintos niveles de gobierno no pueden garantizar un sistema eficiente de asistencia, recurren a asignaciones directas de dinero a comedores o compras directas de alimentos en precios y cantidades variadas y de forma descoordinada. Si bien se puede destacar que los gobiernos tienen voluntad en asistir, se evidencian problemas en la etapa de la compra, la gestión y la distribución. Se superponen áreas, iniciativas y mecanismos lo cual da como resultado que muchas veces se termina pagando caro y comprando a unos pocos distribuidores. Todo esto repercute en que la asistencia no llega a todos y a todas, llega tarde e impacta de forma injusta en el territorio. Con esta primera plata, los distintos niveles del gobierno y las organizaciones sociales dejan de “ir al mercado” a comprar productos y se garantizan un aliado en el combate contra el hambre, evitando costos adicionales y movimientos especulativos en precios y cantidades.

Sumado a este aspecto económico central que tiene que ver con la relación entre el mercado y el Estado, el hecho de tener proveedores cercanos significa un apoyo mayor para las economías regionales, con la ampliación de la oferta local y la reinversión de las ganancias en los territorios, lo que tiene como consecuencia una mejora en la diversidad productiva.

Esta enumeración de los aspectos económicos se entrelazan con las ventajas ambientales que tiene el proyecto. A través de la EPA se garantiza un proceso más sustentable en la mayoría de productos que comercializa ya que reduce la huella de carbono de los mismos debido al achicamiento de las distancias recorridas y la reducción de las necesidades de acondicionamiento para el traslado y almacenamiento. Asimismo, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la menor degradación de alimentos ya que mediante el traslado corto se evita la pérdida de los productos. Además, se está trabajando en una línea experimental de envasado ecológico, con el fin de sustituir el plástico tradicional en el envasado de los productos a distribuir.

Este segundo aspecto ambiental nos permite discutir y ampliar el debate sobre soberanía alimentaria. La planta se instala en una zona en donde abunda la producción agroecológica con otra lógica de producción que va más allá de la maximización de ganancias. En una segunda etapa, se pretende implementar la molienda de distintos productos (trigo, maíz y arroz) para garantizar toda la cadena de valor de los alimentos y potenciar los beneficios antes descritos. Asegurar la demanda a escala de estos productos agroecológicos será un primer paso para profundizar el cambio de los modelos productivos imperantes. La producción y el consumo de alimentos acorde con las necesidades de las comunidades locales que no acceden a los alimentos, otorgando prioridad a la producción para el consumo local y doméstico. La soberanía alimentaria y la sostenibilidad se constituyen como políticas prioritarias en este proyecto.

Por último, la planta de fraccionamiento y envasado promueve una mejora en el aspecto nutricional que se otorga en la asistencia alimentaria. La amplia oferta de productos envasados mejora la propuesta que hacen los gobiernos en los distintos niveles actualmente. En el año 2020, el gobierno provincial de Santa Fe compró directamente aceite, arroz, harina de trigo, harina de maíz y yerba ante la emergencia social. Las licitaciones del gobierno municipal solo agregan fideos y salsa de tomate.

A través de diversos productos se pretende crear diferentes canastas que no sólo compitan con lo que se compra hoy sino que, además, presenten una alternativa superadora. En esta dirección se trabajó de manera articulada con nutricionistas, militantes sociales que llevan adelante políticas alimentarias en territorios y profesionales de la salud, a los fines de construir una canasta alternativa. Además de los criterios de inclusión de alimentos económicos y de calidad de las economías regionales, las canastas fueron construidas con tres criterios adicionales: módulos nutricionales atendiendo a los requerimientos nutricionales de acuerdo a una familia tipo (dos adultos/as, un adolescente y un niñe); empoderarse del hecho alimentario con una visión integradora, reconociendo y respetando los patrones culturales, pero animándonos también a proponer otras alternativas sanas y nutritivas (agregando avena, garbanzos, cereales, frutos secos a modo de ejemplo); nutrir la identidad abordando la dimensión simbólica, aportando a la construcción de nuevas subjetividades (elementos a trabajar en la marca y packaging).

La planta se propone garantizar las canastas necesarias para 25.000 hogares cifra que, según datos del segundo semestre de 2019 del Indec en el Gran Rosario, muestra la cantidad de familias que no cuentan con ingresos suficientes como para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas.

 

Buenos Aires:Organizaciones sociales, sindicales y trabajadores del Frigorífico Penta, llevan a cabo una jornada de lucha y difusión, en la rotonda de Pasco, partido de Quilmes, en favor de la expropiación e intervención de Vicentin. Foto: Carlos Brigo (Télam)

La implementación

En esta primera instancia de construcción de la planta, hemos armado distintos niveles de decisión para la puesta en marcha:

Diseño y Armado de Planta: compuesto por un equipo interdisciplinario de ingenieros/as, técnicos/as y arquitectos/as que lleva adelante el desarrollo de la planta local, incluyendo la definición de la ubicación del inmueble, la distribución y disposición del interior y la selección de la maquinaria adecuada para la actividad.

Relevamiento de productores/as: este grupo comenzó a relevar información de las diferentes cadenas de valor que involucran a los alimentos básicos y secos definidos como esenciales para la actividad de la planta fraccionadora.

Definición del modelo de gestión: en vistas de que superar las miradas binarias y dicotómicas entre lo público (entendido como Estatal) y lo privado. La propuesta es avanzar en modelos de gestión que busquen fortalecer los lazos público – público, comprendiendo a los distintos niveles del Estado, pero también entendiendo que lo público desborda al Estado e incluye a la gestión social, cooperativas y organizaciones e instituciones de la sociedad civil.

El grupo enunciado en primer término se centró en encontrar el lugar adecuado para ubicar la fraccionadora siempre en diálogo directo con el gobierno municipal que es quien garantiza este espacio. Paralelamente, se hizo un análisis de costos de las maquinarias y equipos necesarios para la producción y se desarrollaron las distintas etapas de funcionamiento. Por último, se calcularon los costos operativos de la planta (mano de obra, servicios, almacenamiento y packaging, costos administrativos, servicios e impuestos).

En el relevamiento de productores/as, nos encontramos con diferentes niveles de concentración y distribución geográfica. Priorizamos establecer contacto con aquellas unidades productivas que si bien deben tener capacidad para poder proveer a la planta, se constituyan como alternativas dentro del esquema tradicional de las cadenas, como cooperativas de trabajo, pequeños/as y medianos/as productores/as y aquellos/as en transición agroecológica, asimismo, priorizamos proveedores de nuestra provincia para lograr promover y potenciar la economía de cercanía y regional.

En esta dirección, se creó un registro de abastecedores/as para poder dinamizar y promover políticas vinculadas al sector productivo a fin de contribuir a la mejora de la rentabilidad y la calidad de los productos de quienes participen del proceso. Se comenzó con productores/as de la Provincia de Santa Fe en la mayoría de los productos[6] y luego se continuó el relevamiento con productos que requieren mayor logística[7] ya que son de otras provincias. Este trabajo permite generar un presupuesto alternativo a las compras directas formado por estos 14 productos que garantizan el nivel nutricional adecuado para las familias o comedores que obtienen la asistencia. Sumado a ello, se analizaron los costos de una primera compra de materias primas.

A partir de la formulación de este registro de abastecedores de los 14 productos, se nos permite ofrecer al estado provincial diferentes formatos de cajas alimentarias, siempre respetando el aspecto nutricional antes mencionado. Esta oferta permite también la asistencia directa a comedores escolares y/o comunitarios y otras organizaciones (sindicatos, empresas, entre otros). De esta forma, consolidamos la implementación de políticas desde abajo y de producción de alimentos que puedan asegurar la alimentación de todos y todas.

 

Conclusiones

La intervención de Vicentín es necesaria considerando que la empresa opera con gran volumen e importancia en una actividad que tiene relevancia productiva, cambiaria y alimentaria para la Argentina. Pero es un primer paso, o un piso, para poder pensar en políticas integrales, federales y territorializadas, que aseguren la soberanía alimentaria y el equilibrio productivo y ambiental en el país. Por ello la Empresa Pública de Alimentos que proponemos.

La EPA pone en el centro de la escena a los alimentos, los cuales son concebidos desde nuestras organizaciones como uno de los principales temas estratégicos de la agenda para el siglo XXI. Discutir los alimentos supone discutir al mismo tiempo el qué comemos, cómo accedemos a los alimentos, cómo se producen y qué efectos producimos en el medio ambiente.

La propuesta de EPA sintetiza en una sola iniciativa al menos cuatro problemáticas centrales: potenciar a los pequeños productores y cooperativas regionales; ampliar la asistencia alimentaria en un contexto de crisis socioeconómica inédita; abordar las políticas alimentarias desde una perspectiva nutricional para asegurar la seguridad alimentaria de la población; y fomentar la producción agroecológica y la sustentabilidad ambiental.

Al mismo tiempo, este proyecto busca unir con inteligencia los esfuerzos que están haciendo por separado distintos sectores: los y las que producen alimentos que no pararon durante el ASPO, los movimientos sociales que vienen desplegando una solidaridad enorme, y los distintos niveles del estado que muchas veces no alcanzan y se ven desbordados ante emergencias como las que estamos viviendo.

En definitiva, en el marco de la discusión social emergente por el tema Vicentín, la Empresa Pública de Alimentos brinda una herramienta concreta para, por un lado, generar un modelo alternativo en la gestión de los alimentos en donde el Estado y la gestión social son los protagonistas; y por otro lado, garantizar que el discurso sobre soberanía alimentaria tengan un anclaje real con lo territorial. Si la expropiación de una gran exportadora es el piso, la Empresa Pública de Alimentos es la política concreta para despegar hacia un modelo donde los alimentos sean un bien común.

 


Referencias

[1] Economista e integrante de Ciudad Futura

[2] Diputada Provincial, Provincia de Santa Fe, por Ciudad Futura.

[3] Concejala, Ciudad de Rosario, por Ciudad Futura

[4] Economista e integrante de Ciudad Futura

[5] Además de otras posibles defraudaciones como la venta de Renova, la compleja red de empresas adquiridas y creadas por Vicentín en los últimos años y las operaciones intrafirma derivadas, con posibilidad de fuga de divisas y capitales y evasión de retenciones y otras cargas tributarias.

[6] Harina de trigo, harina de maíz, arroz, aceite, legumbres (lentejas, garbanzos, arvejas y porotos), cereales (copos de maíz, avena), y fideos. Los sólidos acondicionados en el formato de big bag de 1.000kg.

[7] Azúcar, yerba, frutos secos y puré de tomate.

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