El Informe #17 de OBSAL es el primero del 2022. Desde una mirada sintética, aquí analizamos los principales movimientos políticos entre enero y principios de mayo en la región de América Latina y el Caribe. Lo más destacado de estos cuatro meses fueron los efectos de la Guerra de Ucrania en los países de la región, conflicto que entendemos como una de las manifestaciones de la transición hegemónica y de la nueva estrategia estadounidense impulsada por el gobierno de Biden, caracterizada por el intento de reconstruir una globalización unipolar a través de una estrategia de guerra híbrida, como hemos analizado en varios de nuestros informes anteriores.
Si por un lado las cifras de la pandemia están descendiendo y los contagios por las nuevas cepas no evolucionan, al menos en este período, hacia situaciones graves —debido a los alcances de la vacunación—, por otro lado los efectos del conflicto en Ucrania potencian los problemas socioeconómicos de los países de América Latina y el Caribe, que ya se encontraban en una situación frágil.
Rusia y Ucrania son responsables de una parte importante del suministro mundial de materias primas, insumos de producción, alimentos y combustible, por ende el efecto inmediato de este conflicto fue el alza de los precios internacionales de productos de primera necesidad, como el petróleo y el gas natural, lo que provocó una aceleración de la inflación en los países de la región. En este contexto, la FAO advirtió en su último informe sobre la posibilidad real de una crisis alimentaria mundial y la CEPAL rebajó su pronóstico de crecimiento para la región a 1,8%, lo que indica una recesión económica en 2022 para algunos países. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos aumentó las tasas de interés con el fin de frenar el alza de precios en su economía. Esto tiene como principal efecto potenciar la fuga de capitales de los países de América Latina y el Caribe, en general muy vulnerables frente a las crisis cambiarias. Finalmente, cabe destacar la injerencia externa de los intereses de países y empresas extractivas en torno a las reservas mineras de Nuestra América, en el contexto de la guerra, alza de precios y búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento.
Viajando por nuestra coyuntura continental, nos encontramos con una región andina con posibilidades y esperanzas de cambio, en medio de crisis generalizadas. En el caso de Colombia, el escenario lo protagoniza el contexto electoral, ya que en marzo se realizaron las elecciones legislativas y la coalición del Pacto Histórico (PH) logró consolidarse como la principal fuerza política del país. Las elecciones presidenciales, por su parte, se llevarán a cabo el domingo 29 de mayo y las campañas se desarrollan en un contexto de creciente violencia. Las encuestas muestran que Gustavo Petro, del PH, está por delante de su principal contrincante, Federico Gutiérrez, el candidato por el uribismo.
En Venezuela, en estos primeros meses de 2022, se manifestaron signos de fortaleza de la Revolución Bolivariana. A pesar de la pandemia y la injerencia imperialista para desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro, las buenas noticias son, en el campo económico, la disminución de la dependencia de las importaciones de alimentos, lo que ha tenido un impacto positivo en el control de la inflación y la perspectiva de crecimiento, estimada por CEPAL, de 5,5%, con ventanas de oportunidad para exportar su petróleo. En el campo de las relaciones internacionales, la importancia diplomática y económica de Venezuela se manifestó, en el contexto de la guerra, en el hecho de que Estados Unidos decidió flexibilizar algunas de las medidas del bloqueo impuestas de forma unilateral contra el país.
La inestabilidad política en Perú sumó nuevos capítulos con los efectos de la guerra en Ucrania. El aumento de los precios de los combustibles y servicios llevó a innumerables personas a las calles a protestar contra la situación socioeconómica del país. Ante el grave escenario social, la oposición continúa profundizando la crisis política a través de la herramienta de la vacancia presidencial, con la justificación de que Castillo no tiene capacidad moral para dirigir el país.
El escenario bélico global abrió la posibilidad de discutir la soberanía energética en Bolivia. Este país cuenta con ricos yacimientos de gas y una de las principales reservas de litio. En abril, el Estado Plurinacional de Bolivia fue sede de un foro virtual para discutir el litio en América Latina y el Caribe, que contó con la participación de la CEPAL y de las máximas autoridades en materia energética de Argentina, Chile y México.
Lo más destacado para Ecuador es el aumento de la violencia urbana en estos primeros meses de 2022. El país enfrenta una crisis humanitaria dentro de los centros penitenciarios que mantienen una preocupante cifra de personas asesinadas y heridas de gravedad. Además, es notoria la ausencia de políticas del gobierno de Lasso para mitigar los efectos de la crisis ante el alza del costo de vida.
Los principales hechos del Cono Sur se desarrollaron entre los efectos de la guerra de Ucrania y los movimientos políticos de los escenarios electorales. En Brasil, la situación socioeconómica sigue castigando a los más pobres, con precios al alza y una alta tasa de desempleo. El proyecto de destrucción puesto en práctica por el gobierno de Bolsonaro sigue con sus intenciones, en particular contra el respeto de los bienes comunes y la violación a los derechos de las y los indígenas en sus territorios. En el frente electoral, Lula sigue liderando las encuestas. A pesar de que Bolsonaro creció en el marcador durante estos primeros meses del año, algunas encuestas aún apuntan a la posibilidad de victoria del candidato del PT en primera vuelta. En la segunda vuelta, los números muestran la victoria de Lula en todos los escenarios.
En Chile, la intensidad política continúa en los primeros meses de 2022. El presidente Gabriel Bóric asumió en marzo y según los sondeos, en estas pocas semanas de gestión ha sufrido una caída en la imagen de gobierno, en un panorama de cierta derechización del escenario político. En este contexto, los debates sobre la nueva Constitución dividen opiniones: en los últimos meses el rechazo creció y por el momento se encuentra por encima del Apruebo. En Argentina, la crisis política en el gobierno se relaciona con los diferentes enfoques dentro del Frente de Todos ante la crisis social y económica —en un marco de alta inflación— y en este contexto, con el acuerdo con el FMI por la deuda externa que dejó el último gobierno neoliberal.
En Paraguay, también con la crisis económica y social de fondo, el panorama político está atravesado exclusivamente por los movimientos de cara a las presidenciales de 2023, con intentos de reagrupamiento en todos los espacios políticos. En Uruguay, en un contexto de crecimiento de la inflación y deterioro de los ingresos populares, lo más destacado de los primeros meses del año fue el Referéndum por la Ley de Urgente Consideración, realizado en marzo, que culminó con el triunfo de la derogatoria por un pequeño margen: 49,9% a 48,8% del Sí, con un 1,3% de votos en blanco.
En Mesoamérica, la cuestión migratoria es uno de los problemas más importantes y urgentes que enfrenta la región. En los primeros meses de 2022 se realizaron varias caravanas de migrantes, registrándose en marzo la mayor cantidad de flujos migratorios en la frontera de México y EE. UU. desde el año 2000. Los desafíos políticos que en México enfrenta la llamada “cuarta transformación” (4T) del presidente Andrés Manuel López Obrador se suman a la necesidad de impulsar una democracia participativa en una población para minar el arraigo neoliberal de las instituciones y la sociedad mexicana.
El 27 de noviembre Xiomara Castro asumió la presidencia de Honduras, doce años después del régimen del Partido Nacional impuesto tras el golpe de Estado a Manuel Zelaya en 2009. La mandataria, en su discurso de investidura, prometió una serie de medidas para mejorar la vida del pueblo hondureño y cambios en la política internacional, acercando al país a nuevos marcos multipolares en medio de la transición hegemónica. Por otra parte, Costa Rica también tiene nuevo presidente. El 8 de mayo, Rodrigo Chávez asumió como presidente luego de ganar las elecciones en la segunda vuelta en abril. Chávez salió de debajo de las estructuras partidistas y construyó un perfil outsider de la política. Durante treinta años fue empleado del Banco Mundial y ocupó el cargo de Ministro de Hacienda durante 2019.
Episodios de violencia marcaron los primeros meses de 2022 en El Salvador. Esta violencia ha sido protagonizada por grupos criminales y por la política del gobierno de Nayib Bukele, que el 27 de marzo declaró el estado de excepción. En Guatemala, grupos de campesinos y sindicalistas organizaron protestas contra el gobierno de Giammattei. Las demandas giran en torno a mejores condiciones de vida, frente a la creciente inflación y contra la corrupción gubernamental. En marzo se aprobó la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que aumenta las penas por el aborto y define a la familia nuclear como la única familia viable, integrada por padre, madre e hijos. Finalmente, la legislación fue vetada por el Ejecutivo tras la movilización de organizaciones feministas y sociales. Por último, en el caso de Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega anunció en abril que el país saldrá de la OEA por su política injerencista y excluyente, alineada con Estados Unidos.
En Cuba entre febrero y abril se realizó un proceso de consulta popular sobre el Nuevo Código de las Familias, que busca legalizar la unión civil entre personas del mismo género y la posibilidad de adopción, lo cual fue aprobado por mayoría. En el cierre de este informe, a principios de mayo se registró una explosión por una fuga de gas en el Hotel Saratoga, con un saldo de 45 personas fallecidas. El hecho impactó fuertemente a las y los habaneros, quienes dieron nuevas muestras de solidaridad con la atención a las decenas de heridos y la ayuda al rescate de sobrevivientes. También a principios de mayo el gobierno de Biden anunció la eliminación del límite de las remesas entre Cuba y Estados Unidos, así como la reanudación de vuelos comerciales y privados.
El año 2022 en Haití ha estado marcado por la continuación de la violencia que ha estado en incremento durante los últimos años. Hasta el mes de marzo se registraron 225 episodios de violencia en el país, 58% más que en 2021. La violencia proviene del estamento paramilitar y tiene como principal objetivo paralizar a la población, impedir el movimiento popular, romper el tejido social y la resistencia para que el gobierno pueda continuar implementando políticas antidemocráticas. Ante el escenario de creciente violencia en Haití, el gobierno de República Dominicana da la espalda a los haitianos al ratificar la construcción de un muro fronterizo entre los dos países. En Jamaica, en cambio, soplan vientos republicanos con el crecimiento de ideas para dejar atrás la monarquía, como sucedió en noviembre pasado en Barbados.
En síntesis, como mencionamos al inicio de este resumen, la coyuntura continental ha estado marcada en los primeros meses del 2022, por una parte, por el desarrollo de la guerra en Ucrania y sus efectos económicos, y por otra, por un clima de intenciones de reactivación de la integración regional. En medio de las diferentes particularidades, se empieza a articular una postura de soberanía e integración impulsada por algunos países de la región que plantean la necesidad de fortalecer la unidad latinoamericana y caribeña en esta etapa, como se ha evidenciado en la postura común frente a la exclusión hecha por Estados Unidos a Cuba, Venezuela y Nicaragua de no convocarlos a participar en la próxima edición de la Cumbre de las Américas.
Esta edición del Informe de Coyuntura nos deja con la pregunta abierta de las posibilidades de cambio y refuerzo del proyecto de soberanía continental, en el marco de un mundo con tendencias cada vez más multipolares y donde las recetas de Washington se evidencian como antagónicas de las necesidades de los pueblos de nuestra región.
Luego del último pico de contagios de la COVID-19, hacia finales de enero, la evolución de la pandemia a nivel regional comenzó una senda de caída en su circulación, marcada además por el creciente predominio de una cepa de efectos menos graves. Ciertamente, en ello contribuyeron decisivamente los avances de la vacunación y también el incremento de la inmunidad comunitaria. Así, a partir de febrero, en la mayoría de los países de Nuestra América pareció haberse cerrado un largo período de casi dos años en el que las poblaciones, particularmente los sectores populares, sufrieron todo tipo de privaciones, dolores y pérdidas. Un trágico balance que sumó más de 68 millones de contagios documentados y más de 1 millón 600 mil fallecidos.
Sin embargo, el alivio social que trajo el relativo fin del período más intenso de la pandemia no se prolongó por mucho tiempo. El 24 de febrero, con el inicio de la invasión rusa a Ucrania y el despliegue de la primera guerra en territorio europeo en casi dos décadas —tras el conflicto que asoló a Yugoslavia entre principios de los ´90 y los 2000—, los efectos socioeconómicos del enfrentamiento bélico comenzaron a descargarse sobre los pueblos de Nuestra América. De la pandemia a una guerra europea y global, entre el agravamiento de la crisis socioeconómica y la progresión de la crisis climática, los movimientos populares deben afrontar lo que ha sido llamado el momento catastrófico de una crisis propia del neoliberalismo y la civilización dominante.
En esta dirección, la guerra en Ucrania —como examinamos en otra oportunidad— ha tenido importantes consecuencias en la región, el Sur global y el mundo. Rusia y Ucrania son importantes productores mundiales de petróleo y gas, de minerales como el aluminio, el cobre, el hierro, el titanio, el fosfato, entre otros y también de cereales como el trigo, el girasol y el maíz. Las llanuras rusas y ucranianas representan el 7% de la producción mundial y el 24% de las exportaciones de cereales. El conflicto bélico disminuyó o amenazó la provisión de esos bienes estratégicos y desencadenó un incremento de sus valores en el mercado mundial. Por otra parte, la política de sanciones y bloqueos económicos sobre las exportaciones rusas —promovida por EE. UU. y aceptada por sus socios europeos— profundizó la ruptura y reorganización de las cadenas globales de suministros de dichos bienes y potenció el aumento de sus precios[1]. Así, la proyección global de la guerra impactó en un sistema internacional multipolar, hiperconectado y en estado crítico, atravesado por un proceso de transición hegemónica de Occidente a Oriente.
De esta manera, según la medición del Banco Mundial, entre diciembre de 2021 y abril de 2022 los precios mundiales del petróleo subieron más del 41%; del gas (proveniente de EE. UU.), un 75%; del aceite de palma, un 32%; de la soja, un 30% y del aceite de soja, un 38%. También se incrementó un 31% el valor de cambio del maíz y del trigo (según cotización de US HRW) un 154% el cloruro de potasio; un 41% el fosfato; un 20% el aluminio; un 29% el hierro; un 7% el cobre; un 29% el algodón; un 33% la carne de pollo y un 3% la carne vacuna; un 8% el oro y un 9% la plata; entre los más significativos.
Con este panorama, puede anticiparse el impacto de este incremento de los precios de la mayoría de los bienes comunes naturales sobre los países que son importadores netos de los mismos. En este sentido hay que señalar sus consecuencias sobre los pueblos del sur global, en particular sobre los sectores populares en torno al acceso a los alimentos. Este problema puede extenderse incluso a EE. UU. y Europa: un reciente informe de The Food Foundation señala que en Gran Bretaña, en los últimos tres meses, aumentó un 57% la cantidad de familias que tienen dificultades para alimentarse y más de siete millones de adultos redujeron el tamaño de sus comidas. El Secretario General de Naciones Unidas, autoridades de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y funcionarios del Banco Mundial, entre otros, han alertado sobre la presencia de una crisis alimentaria global, que agrava la crítica situación evidenciada hasta el año pasado. Según un nuevo Informe Global sobre Crisis Alimentarias, en 2021 alrededor de 193 millones de personas de 53 países y territorios sufrían inseguridad alimentaria aguda. Esto ya implicaba un aumento de casi 40 millones de personas en comparación con los datos de 2020.
Diferentes organismos internacionales también han alertado sobre un escenario socioeconómico global de inflación y recesión, particularmente gravoso sobre el Sur global y también en América Latina y el Caribe. En nuestra región, las previsiones de crecimiento para 2022 se redujeron a 1,8%, según la CEPAL, al tiempo que se acelera la inflación, particularmente en el sector de alimentos. Incluso el FMI viene advirtiendo sobre la posibilidad de grandes conflictos sociales como resultado del impacto de esta situación. La propia Directora del Fondo, Kristalina Georgieva, alertó sobre ello en su alocución en la reunión del Foro Económico de Doha, a fines de marzo. En este escenario afirmó que las tensiones económicas causadas por la invasión rusa de Ucrania podrían provocar convulsiones sociales en Medio Oriente y otras regiones del mundo, asemejando la actual situación a la antesala de las protestas de 2011 conocidas como «la primavera árabe». Un documento del mismo FMI, fechado en abril, señaló que América Latina y el Caribe enfrenta riesgos inusitadamente altos, sumando a los ya mencionados la contracción o encarecimiento de los flujos financieros hacia la región, agravado por el endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos a partir de una orientación más restrictiva por parte de la Reserva Federal.
Ello sería un nuevo golpe sobre los pueblos latinoamericanos y caribeños, ya afectados por el incremento de la desigualdad, de la pobreza y la indigencia bajo la pandemia. Sin embargo, América Latina y el Caribe se destaca justamente por ser uno de los territorios más importantes a nivel mundial en reservas y producción de petróleo y gas, de metales y minerales y de alimentos; lo que ha motivado incluso que diferentes instituciones y analistas señalen que la guerra actual, como en otras oportunidades en el siglo XX, plantea oportunidades beneficiosas para la región. Un beneficio que en la mayoría de los casos está lejos de abarcar al conjunto de la población.
En esta dirección, la guerra global se ha proyectado al interior de nuestros países bajo otra guerra, esta vez interna, la de la ofensiva de los productores y exportadores de estos bienes comunes naturales (en general, el gran capital transnacional y local) por la apropiación de las ganancias extraordinarias devenidas de la nueva situación global, descargando y sosteniendo este lucro, incluso sobre las mayorías sociales nacionales y, en particular, sobre los sectores populares. Se trata de una grave situación, que interpela a los gobiernos —particularmente a aquellos que en la región se identifican con un ideario progresista o popular— sobre la necesidad de contener la escalada de precios, desacoplar los precios internacionales de los internos e imponer tributos especiales sobre esas ganancias. En relación con ello, ya algunos países europeos y de otras regiones del mundo han implementado medidas en este sentido, algunas de las cuales también se plantean en nuestra región, aunque hasta al momento sin concreción en la mayoría de los países donde los precios del pan y de los combustibles —por citar dos de los bienes de alto impacto popular— vienen escalando en los últimos meses.
Simultáneamente, el incremento de los precios de estos bienes naturales en el mercado mundial también implica un impulso adicional a las actividades y emprendimientos extractivistas. Por su tecnología orientada exclusivamente al lucro empresario, estas actividades antagonizan con las comunidades rurales e indígenas, sobre todo con la agricultura familiar y campesina y los pobladores que habitan los territorios donde avanza el extractivismo. Por contrapartida, este nuevo escenario, así como el agravamiento de la crisis climática, posiciona a la transición ecológica no sólo como necesaria sino incluso más razonable desde la perspectiva de la racionalidad económica capitalista, particularmente en el terreno de los combustibles y la provisión de energía.
Los desafíos populares nuestroamericanos también señalan limitaciones y urgencias de los procesos de integración regional. En el pasado, la prédica y la política de Hugo Chávez, así como su impulso a la UNASUR, abarcaron los proyectos de integración en el terreno de la producción e intercambio de los bienes naturales propios de la región. Hoy, esos proyectos permitirían a los pueblos del Abya Yala avanzar más rápidamente hacia el autoabastecimiento regional de energía, la transición energética y la soberanía alimentaria.
En la tercera semana de febrero, el gobierno de la Federación Rusa inició una vasta operación militar sobre el territorio ucraniano y dio paso a una guerra abierta en Europa. Esta escalada bélica fue un salto cualitativo de un extenso conflicto que venía desplegándose en las últimas décadas en relación con el alineamiento económico y militar de Ucrania —tensionada entre la OTAN y Rusia—, que había tomado la forma de la disputa geopolítica por el gobierno de dicho país. La confrontación implicó intervenciones políticas, económicas y de inteligencia de ambos bandos y alcanzó su cúspide desde 2014, con el golpe suave atlantista (“revolución de color”) en Kiev, en febrero de ese año; con el posterior despliegue de una guerra irregular de limpieza étnica de más de ocho años en la región prorrusa del Donbass y con la respuesta rusa con la anexión de Crimea y el apoyo a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.
En este proceso, la invasión rusa de Ucrania y el inicio de la guerra abierta resultó una respuesta al proyectado despliegue de armamento ofensivo por parte de la OTAN en territorio ucraniano. Trágicamente, como sucede siempre, la guerra —extendida temporalmente más allá de lo que estimaban algunos analistas— dejó y deja su dolorosa huella de varios millones de desplazados o exiliados y miles de heridos y muertos entre las fuerzas militares y la población civil, además de su cuota de destrucción de ciudades y territorios. Examinamos los efectos globales de la guerra en la sección anterior.
Pero si la responsabilidad inmediata por el comienzo de la guerra apunta a la Federación Rusa, su promoción señala directamente al gobierno estadounidense y su estrategia global. Sobre ello, se ha señalado un documento de la RAND Corporation —un think tank estadounidense— de 2019 que desarrolla una planeada estrategia para sobre-extender y desbalancear a Rusia y que incluye la ocupación de Ucrania y la provocación militar. Este y otros antecedentes han llevado a denunciar el carácter fabricado del conflicto bélico por parte del poder estadounidense. No solo por sus efectos de desgaste y deslegitimación que un conflicto prolongado traería sobre Rusia, sino también por las consecuencias geopolíticas y económicas que resultan del realineamiento subordinado de Europa bajo el mandato estadounidense. En esta dirección, también se han señalado los ingentes beneficios económicos que el complejo militar estadounidense y su industria gasífera y petrolera —entre otros— ya obtienen y obtendrán del conflicto y de las sanciones económicas a Rusia, incluyendo la suspensión del gasoducto Nord Stream 2. Esa obra de infraestructura vital para Europa, que en la gira de 2021 Biden intentó bloquear y la canciller alemana Merkel continuó.
La guerra de desgaste en Ucrania se inscribe en la nueva estrategia estadounidense impulsada por el gobierno de Biden, que se caracteriza por el intento de reconstrucción de una globalización recortada y agresiva, que hemos analizado en varios de nuestros informes anteriores. Japón y Australia en el este y Europa en el oeste conforman los territorios y aliados subordinados de un espacio económico y militar que EE. UU. busca preservar bajo su dominio. Perdida su hegemonía económica y tecnológica a manos de la emergente China, la globalización recortada y defensiva de la fracción “globalista” de la elite estadounidense solo puede adoptar una forma militar y agresiva. Los efectos de este proyecto sobre América Latina y el Caribe no se hacen esperar. Si durante 2021 el gobierno de Biden había desplegado una intensa actividad diplomática sobre la región, que analizamos en informes anteriores, el contexto bélico refuerza sus presiones para disminuir o bloquear las relaciones con Moscú —y, por supuesto también con Beijing—; promover el despliegue militar estadounidense y fortalecer su presencia política y económica. Y ciertamente, como ha sido señalado, la reciente gira de la nueva Jefa del Comando Sur Gral. Laura Richardson no escapa a estas maniobras, así como tampoco la próxima Cumbre de las Américas.
Para principios de junio, en Los Ángeles (EE. UU.), se encuentra convocada una nueva Cumbre de las Américas, el que fuera un instrumento privilegiado de alineamiento geopolítico durante la década de 1990 y principios del siglo XXI, hasta que pueblos y gobiernos populares irrumpieran en las calles y en las instituciones poniendo algunos límites significativos a la agenda del neoliberalismo. Además, es continuidad de la Cumbre por la Democracia —esta última de alcance más global— que organizó EE. UU. en diciembre de 2021.
La activa política hacia estos foros es un aspecto central de la estrategia de la administración Biden en este candente escenario de “nueva guerra (cada vez menos) fría”. Como si quisiera despejar dudas sobre esta cuestión, el gobierno norteameicano anunció que a la Cumbre de las Américas estaban invitados todos los países del continente excepto Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, esta vez no parece haberle salido del todo bien. De inmediato estas exclusiones despertaron el rechazo activo del gobierno de Bolivia y de los países del Caribe, al que más tarde se sumaron los de México y Argentina. Al momento del cierre del informe, estos gobiernos advirtieron que, de no invitarse a todos los países de la región, podrían no asistir al encuentro, lo que podría significar sin dudas una derrota política importante para el gobierno de Biden. Esta posición contrasta con las señales del gobierno de Chile a través de su canciller, que se manifestó en desacuerdo con las exclusiones pero defendió el supuesto derecho del “dueño de casa” a invitar o no, una expresión al menos desafortunada, que pinta las dificultades para establecer una estrategia de relaciones exteriores soberana. Con todo, también muestra las dificultades del gobierno de EE. UU. para construir hegemonía con un patrón propio de otras épocas.
A este panorama intenso en las relaciones gubernamentales hay que sumar un listado de encuentros y reuniones que expresan la vitalidad de los movimientos populares en este continente. Entre ellas, el 17 de abril —en un nuevo aniversario de la masacre de Eldorado dos Carajás, ocurrida en 1996 en el estado de Pará, al norte de Brasil— la Vía Campesina Internacional dio inicio a las celebraciones por sus primeros treinta años de vida. Con la consigna de “30 años de luchas colectivas, esperanza y solidaridad”, el evento central se desarrolló entre el 23 y el 28 de abril en Managua, la capital nicaragüense.
A fines de abril también, pero en la provincia de Buenos Aires se desarrolló la III Asamblea Continental de ALBA Movimientos. El espacio, que reúne movimientos populares de todo el continente, reunió entre el 27 de abril y el 1º de mayo a dirigentes de movimientos sociales y populares de 23 países “para diseñar nuevas estrategias de lucha y resistencia”. En la declaración final, los movimientos hacia el ALBA destacaron que “desde el sur del mundo, lanzamos un llamado continental a la organización y la lucha. Estamos seguras y seguros de que, aún en tiempos difíciles, o mucho más en ellos, es tiempo de Nuestra América, porque el tiempo de América, el tiempo de los pueblos, nunca acaba”.
Por último, ya sobre el cierre de este informe, entre el 1 y el 6 de mayo se realizó en México la edición 2022 del Foro Social Mundial, espacio que ha perdido arraigo en movimientos de masas pero aún reúne a espacios diversos de diferentes regiones, bajo el lema “Otro mundo es posible”.
Estos son solo algunos eventos que dan cuenta de la actividad de las organizaciones populares, en una región muy dinámica.
A su vez, muchos de estos grupos nucleados en las diferentes articulaciones y encuentros como CLOC-Vía Campesina, ALBA Movimientos, el Foro Social Mundial y/o en otros espacios se reunirán en la Cumbre de los Pueblos por la Democracia. Este encuentro de repudio y alternativa a la Cumbre de las Américas “oficial” se realizará entre el 8 y el 10 de junio en Los Ángeles, California. Las organizaciones convocantes confían en reunir allí a movimientos de toda la región.
Mayo tendrá hacia fin de mes uno de los principales acontecimientos políticos de la región del primer semestre de 2022: se desarrollarán, el próximo domingo 29, las elecciones presidenciales en Colombia, que podrían, por fin, dar inicio a un nuevo período en la historia del país, y del continente, dada la importancia geopolítica de Colombia. Sin embargo, los comicios se realizarán en un contexto de aumento de la violencia política y social a un nivel que no se veía desde antes de la firma de los acuerdos de paz. Así lo revela el Informe la Misión de Observación Electoral, que indica que son las elecciones más violentas de los últimos años.
En marzo se realizaron las elecciones legislativas en el país, con un saldo realmente positivo para las fuerzas alternativas. A pesar de no haber conseguido las mayorías en las cámaras, la coalición del Pacto Histórico (PH) logró consolidarse como la principal fuerza política del país, desplazando hasta un quinto lugar al Centro Democrático, partido de gobierno y criatura del ex presidente Uribe Vélez.
Por otra parte, los resultados electorales permitieron consolidar el binomio con el que el Pacto espera lograr el triunfo en las presidenciales de mayo: Gustavo Petro y Francia Márquez compitieron en la consulta interna del PH y con la victoria contundente de Petro, hubo numerosas especulaciones de la posibilidad de una ruptura al interior, en caso de que el candidato no optara por Márquez como fórmula vicepresidencial. Sin embargo, en un acto lleno de organizaciones y expresiones populares, Petro anunció que iría junto a Márquez a competir por la presidencia.
Desde entonces, la campaña ha estado caracterizada por las operaciones mediáticas de los grandes conglomerados que buscan ubicar al candidato del uribismo y las fuerzas conservadoras del país, Federico Gutiérrez, como un importante contendor electoral y el único posible de derrotar a Petro para —en sus palabras— evitar que Colombia se “convierta en Venezuela”. Sin embargo, este viejo recurso, utilizado en la campaña de 2018, quedó desgastado y los resultados de las diversas encuestas muestran otro escenario. Según la última encuesta, realizada por YanHass, Gustavo Petro cuenta con un 40% de favorabilidad frente al 21% de Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia.
A pesar del buen desempeño en las encuestas, para el PH es fundamental consolidar la victoria en primera vuelta, ya que de ir al ballotage con Federico Gutiérrez, es muy posible que se repita el escenario de cuatro años atrás, cuando todas las fuerzas conservadoras del país movieron maquinarias, influencias, dinero y violencia para garantizar la derrota de cualquier posibilidad de cambio, situación en la que está en riesgo la vida misma de Petro y Márquez.
Esto es aún más importante teniendo en cuenta el contexto de violencia en el que se desarrollan las elecciones. Desde el 5 de mayo se encuentra en vigencia un paro armado declarado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el brazo armado del grupo narcoparamilitar Clan del Golfo (heredero de las Autodefensas Unidas de Colombia). La acción paramilitar se desarrolla en cerca de 120 municipios de 11 departamentos del país. Este paro ha implicado el amedrentamiento de la población civil, atentados, restricciones al transporte y comercio, asesinatos selectivos y disciplinamiento con toques de queda, señalamiento público de objetivos militares, ente otros episodios. El grupo armado lo presenta como consecuencia de la extradición a Estados Unidos de su jefe Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, quien fue capturado en medio de una dudosa operación.
A la fecha, van alrededor de 125 ataques paramilitares en diferentes regiones del país, que se orientan específicamente a simpatizantes del Pacto Histórico y a figuras de campaña en las regiones donde se está desarrollando el paro armado. Hechos que ponen en evidencia las intenciones políticas detrás de las acciones paramilitares de las AGC, que buscan resolver por medio de la violencia lo que temen sean los resultados favorables para el Pacto Histórico en las elecciones presidenciales, después del precedente de las elecciones legislativas de marzo. Desde inicio de 2022 la cifra de líderes, lideresas y firmantes de paz asesinados/as asciende a 76 personas, que se suman a las 36 masacres que se han producido desde el mes de enero.
La posibilidad de pasar la página del uribismo parece cada vez más real para el pueblo colombiano, y solo en unos días podremos ver las consecuencias que esto traería, no solo para un país que ha luchado sin descanso por conseguir la paz con justicia social, sino para un continente que tenga una Colombia con un gobierno popular, que mire en vez de al norte, hacia el sur.
Por otra parte, en lo que va del 2022, en Venezuela se han develado algunos escenarios que hace un año parecían imposibles pero que hoy permiten un fortalecimiento de la Revolución Bolivariana y un reimpulso de lo que fue siempre su objetivo continental de unidad e integración latinoamericana y caribeña.
A pesar de ser permanente, la ofensiva imperialista ha cambiado nuevamente en sus formas híbridas y no convencionales. De los fallidos intentos de 2019 y 2020 con intentos de ocupación militar y magnicidios —en los cuales participó activamente el entonces gobierno de Mauricio Macri en Argentina, como denunció la investigación de El Cohete a la Luna—, la estrategia estadounidense volvió a replegarse y utilizar principalmente la carta de la ayuda humanitaria para continuar profundizando el estrangulamiento sobre la vida política venezolana. En particular la USAID ha reimpulsado una estrategia en contra de Venezuela bajo la nueva gestión de Samantha Power, autodenominada “halcón humanitario”, quien se ha caracterizado por explotar la narrativa del éxodo venezolano, incluso con algunas puestas en escena, y mostrar con ello la necesidad de la intervención.
Sin embargo, con el desarrollo de la guerra en Ucrania, la prohibición del gobierno de Estados Unidos a las empresas norteamericanas de comprar petróleo ruso y las modificaciones geopolíticas que empezaron a presentarse a nivel global, Venezuela nuevamente volvió a aparecer como una tabla salvavidas para el acceso al petróleo para varios compradores en el mundo, entre ellos, las mismas petroleras de Estados Unidos. En ese marco, el 17 de mayo Estados Unidos anunció la flexibilización de algunas medidas del bloqueo impuesto sobre Venezuela, que incluyen la autorización a la petrolera Chevron de negociar su licencia con la petrolera estatal venezolana PDVSA. Estas definiciones del gobierno de Biden se dan luego de las reuniones que desde el mes de marzo sostuvieron asesores estadounidenses con delegados del gobierno de Nicolás Maduro para explorar posibilidades de negociación. Varias firmas petroleras de Estados Unidos habían presentado apelaciones al congelamiento de sus operaciones comerciales con Venezuela, producto de las sanciones.
Lo anterior implica el reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro y una derrota de la estrategia de Estados Unidos en la última etapa, simbolizada en la presidencia fake de Guaidó.
Según las declaraciones que hicieron dos altos funcionarios norteamericanos a AP, las flexibilizaciones se dan con el objetivo de impulsar un reinicio de la mesa de diálogo entre el gobierno bolivariano y la oposición. Frente a esto, Jorge Rodríguez, representante de la delegación del gobierno de Venezuela para los procesos de diálogo, declaró que para el reinicio de las conversaciones es fundamental la presencia de Alex Saab, miembro pleno de la delegación bolivariana, quien se encuentra secuestrado hace más de 700 días y hoy está detenido en Estados Unidos.
Estos elementos marcan sin duda una profunda modificación en el rol de Venezuela en el escenario geopolítico, que va recuperando su lugar central en términos políticos, económicos y diplomáticos. De esta manera, se conformaron 18 grupos de amistad parlamentaria en la Asamblea Nacional, cuyo objetivo es fortalecer las relaciones políticas y económicas con el mundo, después de los difíciles años de intento de aislamiento diplomático por parte de Estados Unidos, a lo que se suman las declaraciones de presidente de Argentina, Alberto Fernández, en carácter de titular pro-tempore de la CELAC de convocar a todos los países de la región a restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela; y las declaraciones del candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, que anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en caso de conseguir la victoria electoral.
Esta recuperación política se da de la mano de la recuperación económica, que avanza también de la mano de las modificaciones del mapa global en términos geopolíticos, las decisiones en la materia por parte del gobierno para sortear más de siete años de bloqueo y la capacidad de resistencia del pueblo venezolano contra los intentos de ahogamiento que han implicado las medidas unilaterales de Estados Unidos.
En conversación con ARG Medios, Carlos Ron, viceministro venezolano para América del Norte, afirmó que “el bloqueo mejoró nuestra propia organización popular, nuestra producción interna. Por ejemplo, a nuestro CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción) que le llega una vez por mes a las familias venezolanas. El 80 por ciento de esos alimentos eran importados y ahora el 80 por ciento es de producción nacional”. En el mismo sentido, la CEPAL pronosticó un crecimiento económico del 5% anual, en el marco también del fin de la hiperinflación en el país y del incremento de las exportaciones. Según la vicepresidenta Delcy Rodríguez, las ventas al exterior crecieron un 182% en el primer trimestre de 2022, respecto al mismo lapso del año pasado.
Bajando por los Andes, y con un clima político de crisis permanente, Perú continúa en su inestabilidad gubernamental, y con las permanentes ofensivas de la derecha local que continúa buscando, por todos los medios, destituir al presidente Pedro Castillo. Durante abril, producto del paro de transportistas de la Unión de Gremio de Transporte Multimodal de Perú por el aumento del precio de los combustibles, se dieron lugar masivas movilizaciones de alcance nacional, que incluían reclamos sobre los altos precios de los servicios y productos básicos en el país. A estas manifestaciones se sumaron sectores en oposición a Pedro Castillo que exigían su renuncia por ser “moralmente incapaz” de gobernar el Perú. Ante esto, el gobierno tomó la decisión de decretar un toque de queda por algunos episodios de violencia y saqueos que se presentaron en diferentes puntos del país, hecho que fue repudiado por diversos sectores.
La debilidad demostrada por el gobierno de Castillo en la gestión de las protestas fue un elemento más que se sumó a la difícil gobernabilidad que ha caracterizado su gestión, que ya va por el cuarto gabinete ministerial juramentado. A su vez, el partido de gobierno Perú Libre presenta una fragmentación cada vez más profunda, que puede implicar una división de fuerzas que Castillo necesita para esquivar los intentos de vacancia presidencial.
Durante el mes de abril nuevamente se presentó un intento de vacancia en su contra, que logró sortear pero que no elimina el peligro de la utilización de esta herramienta constitucional por parte de la oposición. Como OBSAL desarrollamos las particularidades del mecanismo de vacancia y otros elementos del contexto peruano en Un ABC para entender qué pasa en Perú.
Dos elementos centrales para pensar el contexto peruano en adelante son, por un lado, la necesidad de continuar con el proyecto de una nueva constitución que permita transformar la institucionalidad del país. A pesar de que Castillo presentó el proyecto para avanzar con la constituyente, el Congreso, de mayoría opositora, terminó rechazándolo, archivando uno de los principales proyectos de campaña del presidente. El otro elemento fundamental que desde los sectores sociales que acompañaron a Castillo en las elecciones plantean desarrollar de forma urgente —y manifiestan su preocupación por el aparente olvido del presidente en la materia— es el impulso de la denominada segunda reforma agraria. A pesar de haber sido otro de sus ejes de campaña y tener un especial vínculo con el la base social rural y agraria de Pedro Castillo que terminó asegurando su victoria a la presidencia, no ha presentado ningún avance y por el contrario parece estar abandonada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Oscar Zea.
Otro de los principales escenarios producto del conflicto en Ucrania ha sido la necesidad de instalar el debate sobre la soberanía energética en nuestra región, y en particular, el fortalecimiento de los lazos políticos y económicos entre los países del continente que pueden garantizarla.
En ese marco, el rol de Bolivia es central teniendo en cuenta que concentra una de las mayores reservas de litio y gas, y que con su concepción de integración latinoamericana ha iniciado el camino de fortalecer acuerdos con varios países del continente para favorecer sus necesidades energéticas. De esa manera, el Estado Plurinacional de Bolivia fue anfitrión en abril del foro virtual “Perspectivas del litio desde América Latina”, que contó con la participación de las máximas autoridades en materia energética de Argentina, Chile, México, además de la CEPAL. También en abril, Luis Arce visitó Argentina para firmar un acuerdo con Alberto Fernández para asegurar al país austral un suministro de gas diario de 14 millones de metros cúbicos, y un compromiso para que Argentina tenga prioridad para importar excedentes de las cuencas bolivianas. En lo nacional, en medio de un contexto de reorganización política de liderazgos del MAS en diferentes regiones del país, el gobierno de Luis Arce y la Central Obrera Bolivia (COB) acordaron un incremento del 4% al Salario Mínimo Nacional (SMN).
En el caso de Ecuador, la crisis política y económica se empalma con una profunda crisis humanitaria en los centros penitenciarios donde la violencia y las masacres caracterizan la coyuntura, y evidencia los altos niveles de desigualdad y abandono del Estado con la población privada de la libertad.
Respecto a esta crisis carcelaria, la alta comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, emitió un comunicado señalando “la responsabilidad del Estado en la seguridad de todas las personas que están bajo su custodia”, y exigiendo al gobierno de Lasso que tome medidas en el marco de los derechos humanos para frenar la ola de violencia en las cárceles del país. La última masacre sucedió en la prisión de Santo Domingo, donde al menos 44 presos murieron y 13 resultaron heridos.
Los niveles de conflictividad y violencia han aumentado en más del 100% durante el 2022, con un alto número de asesinatos y muertes violentas por hechos de inseguridad vinculados con redes de narcotráfico y complicidad policial, junto a un aumento de los costos de vida que profundizan la pobreza en el país. La CONAIE publicó un comunicado rechazando los altos costos de los bienes y servicios, como parte de los paquetazos impuestos por el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso para privilegiar a los grandes proveedores y perjudicar a las mayorías, mientras continúa bajo los lineamientos del FMI.
A este contexto se suma la renuncia de cuatro ministros del gabinete de Lasso en las últimas semanas y el decreto de un estado de sitio a nivel nacional producto de la escalada de los niveles de violencia que no ha significado una disminución de la misma.
Por otra parte, el ex vicepresidente Jorge Glas recuperó su libertad producto de la aceptación de un Habeas Corpus, después de más de cuatro años de estar preso por razones políticas, un caso más de lawfare contra las figuras de confianza del ex presidente Rafael Correa, impulsado desde el entonces gobierno de Lenin Moreno y vigente hasta la fecha.
En Brasil, la situación socioeconómica sigue castigando la vida de los brasileños, especialmente de los más pobres. La inflación en marzo de 2022, medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) – IBGE, aumentó el 1,62%. La tasa de marzo no se observaba en el país desde 1994, antes de la implementación del Plan Real. En los últimos doce meses, el aumento de la inflación alcanzó el 11,30%. Si bien hay un proceso inflacionario a nivel mundial, debido a los efectos de la pandemia del COVID-19 y la guerra de Ucrania, hay particularidades en la economía brasileña que merecen ser destacadas. El primero son los factores climáticos, en los que precipitaciones superiores a la media afectaron a los cultivos de zanahoria y tomate, reduciendo la oferta de estos productos. El segundo es el alza en los costos de transporte, influenciado por el alza en los precios de la gasolina y el diesel.
El aumento de los precios de los combustibles está directamente relacionado con la política de precios hacia este sector adoptada en Brasil desde 2016, cuando Michel Temer asumió la presidencia, que es Precios de Paridad de Importación. Los precios en el país fluctúan de acuerdo con el precio del barril de petróleo, que en los últimos años ha ido subiendo. Aun así, el precio del barril de petróleo está dado en dólares y las devaluaciones se convierten en un agravante del aumento de los precios de los combustibles. En el mercado laboral, la tasa de paro del primer trimestre de 2022 fue del 11,1%, lo que supone 11,9 millones de parados. La población desanimada fue de 4,6 millones de personas y la tasa de subutilización fue de 23,2%, lo que representa 26,8 millones de personas.
En la parte del proyecto destructivo, que pone en práctica el gobierno de Bolsonaro, se destacaron los ataques al medio ambiente en estos primeros meses de 2022. A principios de marzo, la Cámara de Diputados aprobó que el Proyecto de Ley (PL) 191/2020 sea tramitado con carácter de urgencia. El PL autoriza la explotación minera y la construcción de represas hidroeléctricas en tierras indígenas (TI’s). En la Constitución brasileña se recomienda prohibir la minería en TI. El proyecto, tras quedar expuesto cuando se aprobó su régimen de emergencia, sufrió un gran rechazo por parte de la sociedad. Indígenas, artistas y políticos expresaron su descontento y el PL perdió prioridad en la Cámara. Lo cierto es que la aprobación de la PL 191 interesa a parte del capital extranjero.
En un informe de principios de marzo se mostró información que denunciaba la participación de empresarios y representantes gubernamentales de Australia, Canadá, EE.UU. y Reino Unido, presionando por la aprobación de la legislación. La minería, además de deforestar, contaminar las aguas, impacta directamente en la vida de los indígenas, provocando escenas de horror. A fines de abril, el líder yanomaní, Júnior Hekurari Yanomami, denunció la violación y muerte de una mujer indígena de 12 años, de la comunidad de Aracaça, por parte de mineros auríferos en el norte del estado de Roraima. Tras la denuncia, veinticuatro indígenas de la misma comunidad continúan desaparecidos y sus viviendas fueron encontradas quemadas.
Respecto al escenario electoral, en el mes de abril, el Partido de los Trabajadores (PT) aprobó la candidatura de Lula para la carrera presidencial, con Geraldo Alckmin como vicepresidente. Alckmin era un antiguo rival político, cuando estaba afiliado al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). Ahora, Alckmin pertenece al Partido Socialista Brasileño (PSB). A fines del mismo mes, el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) oficializó su apoyo a la precandidatura de Lula, luego del acuerdo entre los partidos sobre 12 puntos del plan de gobierno, con destaques: la derogación de la Reforma Laboral y la gasto público, aprobado por el gobierno de Michel Temer; Agenda Ambiental Audaz, con transición energética y deforestación cero; una reforma fiscal progresiva; cambio en la política de precios de Petrobras. El lanzamiento oficial de la fórmula Lula-Alckimin tuvo lugar el 7 de mayo.
En las últimas encuestas electorales, difundidas en abril, Lula sigue liderando, con un pequeño aumento en la intención de voto de Bolsonaro, desde el momento en que las encuestadoras dejaron de tomar en cuenta la candidatura de Moro. En la encuesta FSB Pesquisa, encargada por BTG Pactual, Lula aparece con el 41% de las intenciones de voto y Bolsonaro con el 32%. En una posible segunda vuelta, Lula le ganaría a Bolsonaro por 52% a 37%. En la encuesta Poder Data 360, el expresidente tiene el 41% de las intenciones de voto frente al 36% de Bolsonaro. En una posible segunda vuelta Lula le ganaría a Bolsonaro por 48% a 39%. En la encuesta del IPESP, publicada el 6 de mayo, encargada por XP Investimentos, Lula aparece con el 44% de los votos, mientras que Bolsonaro tiene el 31%. La encuesta, a pesar de mostrar una caída en la distancia entre Lula y Bolsonaro —a mediados de marzo, Bolsonaro aparecía con el 26% de las intenciones de voto y Lula, con el mismo 44%—, muestra posibilidades reales de que Lula gane en la primera vuelta, ya que la suma de todos los demás candidatos es del 46%.
Las intenciones de voto para la segunda vuelta muestran que Lula ganaría con una diferencia de veinte puntos porcentuales: aproximadamente 54% a 34%. La consolidación de Lula en los sondeos electorales hizo que Bolsonaro retomara un discurso antidemocrático, contra el Supremo Tribunal Federal (STF) y ensalzando la dictadura militar. La estrategia inicial de Bolsonaro parece ser fortalecer su núcleo de simpatizantes para llevar la disputa a la segunda vuelta. Es importante seguir el efecto electoral, en las intenciones de voto en las próximas encuestas, del aumento de valor del Auxílio Brasil para 400 reales aprobado por el Senado, faltando solamente la sanción presidencial. Antes de este aumento, el monto promedio pagado era de doscientos diecisiete reales.
En Chile, el mapa político se muestra una vez más con gran intensidad. El primer cuatrimestre del año fue un momento de renovación institucional, con el cambio en la presidencia y las vicepresidencias de la junta directiva de la Convención Constitucional en enero y la asunción del presidente Gabriel Boric el 11 de marzo. Sorpresivamente, la expectativa que rodeó a los primeros días del presidente más joven de la historia pareciera desvanecerse cuando todavía no se cumplen ni siquiera cincuenta días en la presidencia. Según dos de las encuestadoras más tradicionales, el escenario parece girar rápidamente a la derecha, con un gobierno que pierde aprobación semana a semana y la creciente posibilidad de que la opción del rechazo gane en el plebiscito constitucional, previsto para septiembre.
Para Pulso Ciudadano, el presidente alcanzó a fines de abril una desaprobación del 57,8% (seis puntos más que en la anterior medición, a mediados de abril) y una aprobación de apenas el 24,2%. Otra de las encuestadoras, Cadem, ofrece números mejores para Boric, del 36% de fines de abril al 38% de principios de mayo, aunque números de desaprobación que también superan la mitad de la población (53%). Esta consultora destacó en uno de sus informes que este nivel de desaprobación recién fue alcanzado a las 33 semanas por Michelle Bachelet y a las 37 semanas por el segundo mandato de Sebastián Piñera. Ambas encuestadoras otorgan una ventaja de entre 11 y 13 puntos a la opción por el rechazo de la nueva constitución.
Mientras tanto, la Convención Constituyente trabajó este cuatrimestre con gran intensidad, con el objetivo de avanzar en la propuesta de texto para la nueva Constitución, que será sometida a consideración del pueblo chileno. El plebiscito “de salida” se realizará en septiembre de 2022. En las últimas semanas la Convención aprobó incluir en el borrador normas de gran importancia, como el reconocimiento de derechos fundamentales de las personas —entre los cuales se encuentran el derecho a la salud, a la vivienda, a la seguridad social, al trabajo, a la participación en las decisiones de las empresas—, de protección de la naturaleza y de reconocimiento de derechos de los pueblos originarios, entre los que se cuenta el derecho a la restitución de tierras. Al cierre de este informe, se aprobó también el nuevo Poder Legislativo, que eventualmente tendrá como novedad el reemplazo del Senado por una Cámara de las Regiones.
Como era de esperar, muchos de estos cambios levantaron opiniones de preocupación por parte de los sectores más conservadores. El debate sobre los derechos de los pueblos originarios, en particular, es la manifestación institucional de una herida abierta en la historia chilena, que adquiere materialidad en un conflicto territorial en desarrollo en el que no están ausentes narrativas y prácticas bélicas. Este es un conflicto de primer orden para la Carta Magna, pero todavía más para el Ejecutivo. El gobierno de Boric propone una suerte de tercera vía entre los reclamos de las organizaciones del pueblo mapuche, como la CAM, y las presiones de gremios rurales y de transportistas, que piden la continuidad de la militarización en la macrozona sur.
En el caso de Argentina, en el centro del panorama político se encuentra por un lado la situación económica y por otro, aunque relacionada, la interna en la coalición de gobierno, el Frente de Todos, que incluso opaca la disputa al interior de la principal alianza opositora, Juntos por el Cambio.
En el gobierno, las tensiones enfrentan a los dos bloques principales, liderados respectivamente por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La disputa es manifiesta al menos desde las elecciones de medio término del año pasado, que el gobierno perdió claramente. Pero se profundizó a medida que avanzaba la negociación con el Fondo Monetario Internacional por la cuantiosa deuda contraída por el gobierno anterior, encabezado por Mauricio Macri. Uno de los numerosos momentos en que esos debates alcanzaron volumen público fue cuando Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta y referente de la agrupación La Cámpora, renunció a la jefatura del bloque oficialista en la Cámara de Diputados. Luego no concurrió a la sesión donde una mayoría oficialista y opositora aprobaron el acuerdo, con importantes disidencias.
La discusión de fondo que se expresa en esta pelea entre el “kirchnerismo” y el “albertismo” es por la orientación de la política económica y el alcance de las políticas de concentración y redistribución, en un contexto de grave crisis social, agravada mes a mes por la inflación. Desde el sector vinculado al presidente Fernández destacan la recuperación económica en marcha. En las filas más identificadas con Cristina responden que eso tiene que notarse en el bolsillo de los sectores populares. Esta es una aspiración que se contrapone con las recetas del FMI, que a partir del acuerdo con va a monitorear los números de la economía argentina, en particular el cumplimiento de las metas.
El cogobierno junto al FMI invariablemente trae a la memoria coyunturas asociadas con el ajuste y con la concentración, más que con el bienestar de las poblaciones. Por eso un amplio arco de personalidades de diferentes sectores se articulan en diferentes espacios contra el FMI, la deuda fraudulenta y las políticas de ajuste, como son la Autoconvocatoria contra la Deuda Externa y el recientemente creado Comité de Acreedores de la Deuda Interna. Este último tiene el objetivo de “visibilizar la deuda con el pueblo y promover acciones de investigación, denuncia y reparación social en torno a la deuda con el Fondo Monetario Internacional”, además de apoyar «el impuesto a los capitales fugados, el levantamiento del sector bancario y revisiones trimestrales de las principales deudas sociales».
En esta situación paradójica en la que un gobierno más identificado con la centroizquierda paga sin chistar la deuda récord que tomó el gobierno de su principal opositor de derecha también se abren nuevos y más paradójicos escenarios. Entre ellos está el crecimiento, aparentemente imparable, de la figura de Javier Milei, un economista autodenominado “libertario” pero afín a las ideas de ultraderecha conservadora al estilo de Bolsonaro o Trump.
De cara al futuro, este año es par y por lo tanto no electoral —las elecciones son todos los años impares—, lo cual no es un obstáculo para que las presidenciales se sientan en el tablero político muy cerca. A mediados de 2023 se realizarán las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en cada coalición. Esa tal vez sea una manera de dirimir las grandes orientaciones sin concurrir divididos. Precisamente por eso durante este año es que se verán los principales movimientos en grandes y pequeños espacios políticos, de cara a reordenar las fuerzas al interior de cada espacio.El escenario general estará marcado por el tono y la magnitud de estas disputas semipúblicas, así como de las ingenierías que faciliten o impidan las síntesis y determinen, por lo tanto, el grado de posibilidades en la carrera presidencial.
Por parte del gobierno, parece claro que una ruptura definitiva entre los bloques principales puede herir cualquier aspiración seria de victoria. Por parte de la oposición de derecha, las posibilidades de fragmentación y de reunión son múltiples. Confiados en el castigo electoral que surja del descontento social, tendrán igualmente que construir una coalición con capacidad de imponerse primero en su propio campo: esto exigirá un incierto equilibrio entre un discurso enfocado a su propia base política —donde priman las voces más radicales— y la capacidad de convencer de políticas derechistas a la mayoría de la población electoral. En este marco, todas las mediciones enfatizan la tendencia hacia la desafiliación o el descontento con el sistema político, dato que hay que tener en cuenta en un país que ha alternado períodos de estabilidad con etapas de inestabilidad institucional, más aún en momentos de crecimiento de la desigualdad.
En Paraguay, también con crisis económica y social de fondo, el panorama político está atravesado por los movimientos de cara a las presidenciales de 2023, con internas e intentos de reagrupamiento en todos los espacios políticos. Hasta el momento, la oposición al gobernante Partido Colorado se organiza en dos grandes espacios. Por un lado, a la izquierda se encuentra Ñemongeta por un Patria Nueva, articulación que reúne a los partidos del Frente Guasú junto a otras formaciones como el P-MAS, Kuña Pyrenda y Paraguay Pyahura. Hacia el centro, la Concertación, impulsada por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) junto a partidos a derecha —como el ruralista Paraguay Patria Querida– y de centroizquierda —como Encuentro Nacional y el Frente Amplio—. Precisamente una de las grandes incógnitas es la posibilidad de que haya una sola candidatura opositora, que unifique a ambos espacios.
Por el lado de Nemongetá, la candidata será la actual senadora Esperanza Martínez, quien reunió el apoyo de la mayoría de los delegados y venció por pocos votos al también senador Sixto Pereira. La Concertación tiene lanzadas varias precandidaturas: se anotan Efraín Alegre y Martín Burt por el PLRA, Kattya González por Encuentro Nacional y Sebastián Villarejo por Patria Querida, entre otras postulaciones. También aspira a ser candidata de la Concertación Soledad Núñez, ex ministra de Vivienda del gobierno de Mario Abdo. Aún más curioso es que el mismo objetivo tiene Euclides Acevedo, quien fue el canciller hasta fines de abril, cuando renunció al gobierno para iniciar su campaña por la principal alianza de oposición.
En relación con el Partido Colorado, la ya tradicional interna entre Honor Colorado, liderado por el ex presidente Horacio Cartés, y Colorado Añetete, por el actual mandatario Mario Abdo, tendrá como expresión la disputa entre por lo menos dos candidaturas: por el cartismo ya se encuentra en campaña el exministro de Hacienda Santiago Peña y por Añetete el actual vicepresidente Hugo Velázquez. Sin embargo, al cierre de este informe comenzó a cobrar fuerza la posibilidad de una tercera lista, encabezada por Luis Pettengill, titular de la Cámara Paraguaya de [empresas de] Carnes.
Los reacomodamientos hacia la principal instancia electoral que tiene el escenario paraguayo en el corto plazo se da en un contexto donde ya es inocultable el avance del narcotráfico. Mientras terminamos este informe, dos hechos dan cuenta de la situación. Uno es el atentado contra el intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, baleado por sicarios y al cierre de esta edición, al borde de la muerte. El otro es más grave aún: se trata del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia, lo cual muestra por añadidura el grado de articulación regional de las bandas criminales, en particular en los países donde operan con mayor injerencia las fuerzas militares y de seguridad norteamericanas, como el Comando Sur y la DEA.
Ante el asesinato, el Frente Guasú difundió un duro comunicado, en el que señaló que “el sicariato, el crimen organizado y el poder del narcotráfico ganan fuerza en nuestro país, evidenciándose como una fuerza trasnacional que opera con estrecha relación con organizaciones extraterritoriales”. Además de destacar “el total grado de poder e impunidad con el que operan”, la fuerza de izquierda denunció que “estos poderes permean cada vez más en nuestro país y al propio Estado paraguayo […] que se encuentra en gran medida controlado por los mismos poderes políticos y económicos que se benefician y aceitan con el dinero sucio proveniente de negocios ilícitos y el lavado de dinero”. Para finalizar, el texto lamenta que “Paraguay se haya posicionado como el principal exportador de cocaína a Europa y uno de los principales puntos de lavado de dinero en la región”.
En Uruguay, el hecho político de la primera parte del año es sin dudas el Referéndum por la Ley de Urgente Consideración, realizado en marzo, que culminó con el triunfo del No (a la derogación) por un escaso margen: 49,9% a 48,8% del Sí, con un 1,3% de voto en blanco. A nivel territorial, el Sí se impuso en la capital Montevideo y en los departamentos de Canelones y Paysandú, el No en el resto del país.
A partir de ese momento se desató un debate por la interpretación de estos datos. Por un lado, el presidente Luis Lacalle Pou logró mantener su ley ómnibus, dato no menor porque la alternativa a esa victoria hubiera significado una derrota muy fuerte desde lo simbólico, escenario que la coalición multicolor logró conjurar. Por otro lado, el carácter ajustado del margen de ventaja obtenido por el No es también un dato político inocultable. En un contexto de pérdida de ingresos de la mayoría de la población, a lo que se suma un 2022 con inflación, el gobierno derechista no logra ampliar su base de hegemonía y se empieza a percibir un desgaste. El bloque opositor, expresado por el campo de la izquierda política y social que se nucleó en torno a la campaña por el referendum—el Frente Amplio, el PIT-CNT, los espacios sociales y de derechos humanos— sostiene un importante caudal de adhesión, aunque tampoco logra imponerse. Dos bloques antagónicos en un virtual empate.
El gobierno de Lacalle Pou promedia su mandato y aunque todavía falta, la fecha de la próxima elección presidencial —octubre de 2024– comienza a aparecer relativamente cercana. A partir de ahora el gobierno parece tener más para perder que para ganar. En un contexto de crecimiento de la inflación y deterioro en los ingresos populares, su desafío principal estará en la economía y luego en la política, a sabiendas de que un Frente Amplio renovado puede capitalizar un eventual crecimiento del descontento social.
La cuestión migratoria es una de las problemáticas más importantes y urgentes que tiene la región mesoamericana. En los primeros meses del 2022 se sucedieron varias caravanas migrantes, registrando en el mes de marzo el número más alto de flujo migratorio en la frontera de México y EE. UU. desde el año 2000. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) se reportaron 209 906 migrantes en dicha frontera. La principal política antimigratoria estadounidense es Título 42, creada durante el gobierno de Donald Trump bajo la excusa de la pandemia de Covid 19 para detener y expulsar a las personas migrantes y suspender los asilos. El 23 de mayo dejaría de tener efecto esta medida, por lo que se espera el incremento del flujo migrante hacia Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas sostienen que las deportaciones seguirán mediante la política Título 8, lo que da cuenta del consenso bipartidista en torno a cómo encarar esta problemática.
A la política antimigratoria de Estados Unidos se complementa la presión ejercida por la Casa Blanca a los gobiernos de México, Guatemala, Honduras y El Salvador para que refuercen el control en sus fronteras y tengan una política de “disuasión” de las caravanas migrantes. La consecuencia de esto es la militarización de las fronteras y la represión a quienes intenten cruzarlas, forzando a los migrantes a transitar de un país a otro de manera ilícita y peligrosa para sus vidas.
Una de las polémicas en torno a la agenda migratoria es la decisión tomada por el gobierno estadounidense de dar permiso humanitario para acoger migrantes ucranianos. Esto generó el repudio de muchos migrantes latinoamericanos que vienen solicitando permiso de asilo. Desde el inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania han llegado alrededor de 10 mil migrantes ucranianos a México.
En México, el 2022 está marcado por los desafíos políticos encarados por la denominada “cuarta transformación” (4T) del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). A la par que se proponen una agenda de reformas que buscan limar las estructuras neoliberales enraizadas en las instituciones y sociedad mexicana, también buscan impulsar prácticas democráticas en una población con una cultura democrática en desarrollo. El 10 de abril se llevó a cabo la consulta popular por la revocación del mandato de AMLO, es la primera vez que un mandatario lo convoca, siendo una de las promesas de campaña del actual Presidente. La ciudadanía debía elegir por la continuidad o no del mandato del primer mandatario, teniendo que llegar al 40 por ciento de participación electoral para ser vinculante.
El proceso previo al referéndum estuvo marcado por tensiones entre el gobierno, los partidos opositores, medios de comunicación y el Instituto Nacional Electoral (INE). Al respecto dialogamos con Elisa Godínez, politóloga y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien señaló:
“La derecha fue cambiando de discurso con respecto a la figura del presidente, primero pedían que se vaya del gobierno y ahora con respecto al referéndum revocatorio llamaron a no votar, lo cual resulta contradictorio con la postura anterior. El INE, que es nuestro máximo órgano a cargo de organizar las elecciones y consultas, boicoteó la consulta popular. Utilizaron un recurso jurídico legal para suspender la consulta, lo cual fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia; luego acusaron falta de presupuesto para colocar las casillas electorales correspondientes y por último, no brindaron la información suficiente a la ciudadanía.”
La participación electoral de la consulta fue de un 18 por ciento, no pudiendo ser vinculante. El 91,87 por ciento votó a favor de la continuidad del mandato de AMLO, mientras que solo el 6,47 por ciento lo hizo en su contra. Sobre los resultados, Elisa Godínez analizó:
“Si bien el total de participación popular no alcanzó para que sea vinculante el referéndum, el obradorismo logró movilizar a la base dura de votantes que ronda entre 15 y 16 millones de personas, lo cual no es nada desdeñable ya que con eso se gana una elección presidencial. Además, la oposición quedó expuesta en su faceta no democrática, al no llamar a participar de la iniciativa,. No pudieron ofrecerle nada a la ciudadanía. Por último, la revocación de mandato quedará como parte del legado de López Obrador junto a otras políticas que buscan generar prácticas de participación popular, como así también que esta consulta se pueda implementar para otros cargos electivos, como gobernadores”.
En la agenda de la 4T destacan tres reformas. La primera es la reforma eléctrica que implicaba cambios constitucionales y buscaba derogar la reforma de Peña Nieto de 2013 que implicó una privatización en la producción y distribución de la energía. La nueva legislación se proponía fortalecer al sector público de energía para que las empresas estatales sean las que abastezcan la mayor parte del mercado de energía, pudiendo así garantizar la estabilidad energética a un precio justo. Además se iban a revisar algunos contratos de empresas privadas. La iniciativa fue rechazada en diputados ya que no alcanzó la mayoría calificada —dos terceras partes— necesaria para su aprobación. Morena y sus aliados necesitaban votos de los partidos opositores (PRI, PAN, PRD y MC), que se unieron para bloquear la reforma, respondiendo así a los intereses de los grupos económicos nacionales y extranjeros que se mostraron fuertemente en contra de este proyecto de ley. Tanto AMLO como sus seguidores consideraron a los diputados que votaron en contra como “traidores a la patria”.
Como respuesta al rechazo de la reforma eléctrica, el Presidente mexicano envió el 18 de abril al Congreso un proyecto de reforma de la Ley minera para la nacionalización del litio. Esta resultó aprobada ya que necesitaba una mayoría simple para su sanción. La reforma garantiza el control del Estado sobre uno de los recursos en pugna en el continente como es el litio. Además, AMLO anunció que buscará articular con otros países como Argentina, Bolivia y Chile la explotación del mineral.
La tercera reforma es la política – electoral y está siendo tratada actualmente por el Congreso Federal. La misma consiste en modificar dieciocho artículos constitucionales y busca garantizar procesos electorales más limpios y económicos. Entre las principales reformas se encuentran la reconversión del INE hacía el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), eliminar las representaciones plurinominales —reduciendo 200 diputados y 32 senadores— y modificar la forma en que se eligen los legisladores federales.
Entre el 5 y 8 de mayo, López Obrador emprendió una gira diplomática por América Central. Se reunió con los mandatarios de Estado de Belice, Cuba, El Salvador, Guatemala y Honduras. Los principales temas abordados fueron la problemática migratoria, el desarrollo energético, acuerdos económicos entre los países y la integración regional. En lo que respecta a la crisis migratoria que atraviesa Mesoamérica, se acordó implementar dos programas sociales que impulsa AMLO, “Sembrar vida” y “Jóvenes construyendo futuro”, buscando incentivar a las personas para que permanezcan en sus países de origen. Además, el presidente mexicano exigió a Estados Unidos que sea parte de la solución y no de los problemas ante esta problemática. También se destaca el acuerdo de cooperación en el campo de la salud con Cuba. En su gira AMLO planteó la necesidad de fortalecer la unidad latinoamericana, señalando que “tenemos que ver hacia el sur y no darle la espalda a los países de Nuestra América”.
El 27 de enero asumió Xiomara Castro la presidencia de Honduras, dejando atrás 12 años de régimen del Partido Nacional tras el golpe de Estado a Manuel Zelaya en 2009. La amplitud de la victoria electoral, la profunda crisis social, económica y política que atraviesa el pueblo hondureño y las promesas de campaña generaron grandes expectativas y esperanzas en el proceso de cambio. Pero tras los festejos electorales de noviembre del año pasado, los problemas al interior del nuevo bloque de gobierno no tardaron en llegar. Días antes de asumir la mandataria electa, unos veinte diputados de su partido Libertad y Refundación (LIBRE) comandados por Jorge Cálix se declararon en disidencia con la definición oficial de elegir a Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras (PSH), como presidente del Congreso. Así, la legislatura se dividió en dos, una presidida por Cálix y acompañada por los tradicionales partidos Nacional (PN) y Liberal (PL) y la otra dirigida por Redondo, apoyado por la alianza de gobierno entre Libre y el PSH. Tras arduos días de negociación, los disidentes del partido de gobierno declinaron sus posturas y se logró la unidad del Congreso.
Sobre los sucesos descritos anteriormente, Mario Membreño, analista político y miembro de la Convergencia contra el Continuismo, indicó lo siguiente:
“La derecha se ha movido inteligentemente y de entrada buscó condicionar el control del Poder Legislativo atrayendo a los diputados de Libre más débiles en términos del proyecto histórico que el partido de gobierno busca representar. Así, el sector disidente generó un entendimiento con los partidos Nacional y Liberal. Pero gracias al liderazgo de la presidenta de la República el conflicto se encauzó tras expulsar a los disidentes del partido. Esta posición firme hizo que los implicados se sentaran a negociar y llegaran a un acuerdo. Las secuelas de la disputa interna continúan, ya que esto demoró la conformación del gabinete de gobierno e hizo que se actúe lentamente ante algunos problemas urgentes. Además, la división al interior de Libre permanece en el Congreso, con 30 diputados que se mantuvieron firmes desde un principio y 17 que mantienen cierta distancia con la bancada del gobierno”.
En su discurso de asunción, la presidenta anunció importantes medidas: 1 millón de hondureños y hondureñas no pagarán la tarifa de energía y pagarán más quienes más consumen, la prohibición de la explotación minera y de los ríos, la eliminación de las ZEDE y exigió justicia por Berta Cáceres y la necesidad terminar con la impunidad y corrupción en el país. También se manifestó en pos de una democracia participativa, por lo cual va impulsar las consultas populares para que la población sea partícipe de las decisiones políticas. Xiomara denominó al proyecto político de su gobierno como “socialismo democrático”.
Consultado por los primeros meses de gobierno, Membreño señaló:
“A diferencia de lo que puede ocurrir en otros países, en Honduras los primeros cien días de gobierno no son parámetro de análisis, tanto por los problemas estructurales e históricos que afronta el país como por los condicionamientos coyunturales tras años de gobierno de la dictadura del Partido Nacional. Estos son la profunda desigualdad que hay en la sociedad, con el 74 por ciento de la población viviendo en condiciones de miseria, más del 50 por ciento que no tienen trabajo, el endeudamiento externo, un Estado cooptado por la corrupción y el narcotráfico y el Poder Judicial y el Ministerio Público controlados por el PN. Además, a los problemas que señalamos que hay en la legislatura, se añade que tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal tienen la mayoría de los municipios”.
A pesar de estos determinantes, el analista explica que se han llevado a cabo medidas muy importantes como la mencionada de la gratuidad de la tarifa eléctrica para los sectores populares, la libertad de los presos políticos que resistieron todos estos años a la dictadura del PN, la derogación de la Ley de empleo por hora, la declaración de Honduras libre de minería a cielo abierto y sobre todo, la eliminación de las ZEDE. Sobre esto último, el activista indicó:
“Las ZEDE comenzaron a ser una amenaza desde 2013, se consideraba que había doce zonas del país que estaban en condiciones de constituirse en zonas especiales bajo control del capital transnacional. Esto desencadenó una importante lucha y resistencia contra este proyecto. En los últimos años muchos municipios se declararon como territorios libres de ZEDE. En el país esta lucha generó un sentimiento nacionalista. Que su derogación se haya aprobado por mayoría calificada en el Congreso es de suma trascendencia en favor de la soberanía nacional”.
Otra de las políticas soberanistas que está en agenda en Honduras es la Ley Nacional de Energía enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Esta se propone rescatar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y recuperar un elemento estratégico para la soberanía del país, garantizando el servicio de las energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social.
En el plano internacional, el nuevo gobierno anunciaba cambios en las relaciones diplomáticas en comparación con los gobiernos que le antecedieron. Las expectativas estaban puestas en retomar relaciones con la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China. En el caso del país latinoamericano se restablecieron las relaciones diplomáticas, pero en lo que respecta a China no se ha avanzado. Además, según Mario Membreño, se observa un entendimiento entre el gobierno y el Departamento de Estado estadounidense. Honduras tiene un rol importante en el reposicionamiento que busca la Casa Blanca en Centroamérica. Por parte de EE. UU., el objetivo es abordar con el gobierno la problemática migratoria. Por parte del gobierno se busca ganar estabilidad teniendo una relación de no confrontación directa con EE. UU. y poder avanzar en una renegociación de la deuda externa con el FMI.
Parte de la agenda pendiente está en regularizar la situación laboral de trabajadores del sector salud, garantizar el retorno a clases en las escuelas, solucionar el problema del transporte y abordar de manera urgente la creación de empleo y recuperación de la economía. Para esto, afirma el analista, es indispensable que el gobierno se termine de organizar internamente. Por último, indica que Honduras está atravesando “un proceso de transición, no hay que esperar grandes cambios, pero sí es el momento de generar condiciones para las grandes transformaciones”.
El 28 de marzo, la Corte Suprema de Justicia ratificó la extradición de Juan Orlando Hernandez (JOH), quien será judicializado en un Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, EE. UU. El exmandatario enfrenta cargos por narcotráfico y tráfico de armas. La extradición se realizó el 21 de abril.
En Costa Rica se dieron las primeras elecciones presidenciales del 2022. La primera vuelta se llevó a cabo el 6 de febrero. Dos elementos caracterizaron al proceso electoral, la fragmentación de candidaturas con 25 postulantes para la presidencia y el nivel de abstencionismo, un 40 por ciento, que llegó a porcentajes históricos para el país. Ningún candidato alcanzó los votos necesarios para imponerse en primera ronda, siendo el ex presidente José María Figueres —27, 28 por ciento— y Rodrigo Chaves —16, 78 por ciento— los más votados. El dato de color lo dió el hasta entonces partido de gobierno —Partido de Acción Ciudadana (PAC)—, a cargo de las últimas dos presidencias, que optuvo menos del 1 por ciento de los votos y no alcanzó ninguna diputación. Por parte de la izquierda, el Frente Amplio sacó casi el 9 por ciento, obteniendo 6 diputados.
La segunda vuelta fue el 3 de abril donde triunfó Chaves sobre Figueres, con el 52,84 por ciento sobre el 47,16 por ciento. Contrariamente a su contrincante, Rodrigo viene por fuera de las estructuras partidarias y construyó un perfil outsider de la política. Durante treinta años fue funcionario del Banco Mundial y ocupó el cargo de ministro de Hacienda durante el 2019, en el gobierno de Carlos Alvarado, renunciando al año siguiente por diferencias con el presidente. El nuevo mandatario asumió el 8 de mayo. Sus desafíos centrales son bajar el costo de vida y alcanzar la recuperación económica.
Para analizar las elecciones costarricenses dialogamos con Héctor Solano, politólogo de la Universidad de Costa Rica. En relación al contexto electoral y la situación social y económica que vive el país indicó:
“Las elecciones se desarrollaron en un contexto complejo, marcado por una profundización de la desigualdad social y del desempleo, acrecentados producto de la reforma fiscal de 2018 y por la pandemia. Durante estos años se afianzaron las posturas autoritarias y antipolíticas”.
Además, el politólogo señaló que el abstencionismo récord de estas elecciones
“se explica en gran parte por el fracaso de los gobiernos del PAC. Este partido emergió con un perfil de centroizquierda con la expectativa de construir los pilares para una transición hacia un modelo posneoliberal, pero ha implantado feroces políticas neoliberales y de ajuste. Esto afianzó el sentimiento antipolítica, a lo que se sumó la desesperanza que se vive en las zonas más empobrecidas de la periferia rural. Hay provincias como Guanacaste, Puntarenas y Limón en las que el abstencionismo ha sido mayor a la media nacional, que fue del 41%. Recordemos que en Costa Rica no es obligatorio el voto. La izquierda también ha sido incapaz de posicionarse como una opción en esos sectores. Se trata de localidades con una presencia estatal venida a menos y muy desgarradas desde lo social. También hay penetración del crimen organizado”.
Solano señala que si bien Rodrigo Chaves irrumpió como una opción electoral contra los privilegios de la clase política, su campaña fue financiada por la banca privada. Y que en términos de programa de gobierno no había mayores diferencias entre Figueres y Chaves: para el poder económico las elecciones fueron el 6 de febrero. De cara al balotaje, la opción de voto había quedado entre dos candidatos de la derecha, lo cual permitía cualquier tipo de acuerdo.
El Salvador atraviesa una ola de violencia extrema a partir del asesinato de varias personas por parte de las pandillas y el recrudecimiento de la polítca autoritaria y represiva del gobierno de Nayib Bukele. El 27 de marzo el ejecutivo decretó el Estado de excepción por un mes, que luego fue extendido por otro mes más. La medida se tomó luego de que unas 90 personas hayan aparecido asesinadas. El estado de excepción suspende garantías legales y judiciales de la población civil, lo cual fue denunciado por organizaciones nacionales e internacionales como un atropello a los derechos humanos por parte de Bukele. Esto se da en un contexto en el cual el partido de gobierno, Nuevas Ideas, tiene cooptado todos los poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— y busca profundizar su modelo neoliberal.
El analista y periodista de ARPAS, Leonel Herrera, señaló que las pandillas son bandas criminales y que tienen un importante poder político, sobre todo por el control que ejercen sobre sus territorios:
“Las pandillas tuvieron un gran crecimiento en la primera década del 2000, siguen creciendo y llegaron en un momento a ser tan poderosas que controlan ciertas partes del territorio nacional y descubren que tienen un poder político y que pueden entrar a negociaciones con el gobierno. En el año 2012, durante el gobierno de Mauricio Funes, el primer gobierno del FMLN, se promueve un proceso de pacificación donde las pandillas se comprometían a no matar, y así se logró a bajar el nivel de asesinato, pero esta tregua fracasó y lo que vino después fue una subida terrible de los asesinatos y de la actividad pandillera. Luego, el gobierno del entonces presidente Sánchez Cerén decide llevar a cabo un combate frontal contra estos grupos”, explica.
Herrera señala que gracias al periodismo de investigación se descubrió el pacto de Bukele con la maras, acuerdo que el Presidente niega rotundamente:
“Bukele negoció con las pandillas que a cambio de mejorar las condiciones en las cárceles y darles prebendas a sus familiares lo apoyasen electoralmente. Esto implicaba que en todas aquellas zonas donde controlan obligan a la gente a votar por el partido de Bukele y no dejen entrar a esas comunidades a otros candidatos”, detalló.
Además, el mandatario había acordado la disminución del nivel de asesinatos, lo cual lo adjudicó a su política de seguridad, el plan de control territorial. Pero el periodista indica que es mentira que hayan dejado de matar: “Es bien curioso que cuando baja el nivel de asesinatos, suben las desapariciones. Lo que sucede es que matan pero no dejan tirado ahí en la calle el cadáver, sino que lo van a enterrar a un cementerio clandestino y entonces aparece como desaparecido”. En febrero se descubrió un cementerio clandestino con 23 cadáveres a quinientos metros de la casa del presidente Bukele.
Varios análisis sostienen que la “guerra contra las pandillas», es en realidad contra uno de los grupos criminales y no sobre todas las bandas. En particular se hace referencia a la Mara Salvatrucha (MS). Además se denuncia que esta ofensiva por parte del gobierno es un montaje para profundizar la escalada autoritaria y represiva sobre las organizaciones sociales, estudiantiles, de derechos humanos y periodistas. Según datos del gobierno, se han detenido a más de veinticinco mil personas sindicadas como integrantes de pandillas o terroristas.
Desde organizaciones sociales se viene denunciando que la mayoría de las personas detenidas son población civil que fueron arrestadas de manera arbitraria por la policía. No hay garantías judiciales ni derecho a defensa y las fuerzas represivas no están obligadas a llevar a los detenidos a un juez en las primeras 72 horas. Pueden detener a las personas y dejarlas en libertad a los quince días o un mes. Por el momento no se avizora una salida al conflicto, si se pactará un nuevo acuerdo entre las pandillas y el gobierno o se profundizan las detenciones y represiones. La estrategia de Bukele parece estar en jugar a ambas puntas.
En los primeros días de marzo, el Congreso de Guatemala aprobó la Ley de protección de la vida y la familia. La legislación fue rechazada por las organizaciones feministas y sociales que se movilizaron en la calle para exigir su derogación. La Ley agrava las penas por aborto, en el país solamente está permitido el aborto terapéutico. Además, definía legalmente como única familia viable a la familia nuclear, constituida por padre, madre e hijos. Negando otras formas posibles de configuración familiar. Prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, la educación sexual acusando a esta de “ideología de género” y todo aquello que promueva la diversidad sexual. La contundente respuesta de las movilizaciones contra la “ley de odio”, debido a que esta viola artículos constitucionales y tratados internacionales, presionó para que finalmente el ejecutivo tenga que vetar la legislación y vuelva al Congreso, donde ha sido archivada.
Durante los días de abril diversas organizaciones campesinas, sociales, sindicales, políticas, entre otras, organizaron distintas jornadas de lucha contra el gobierno de Giammattei. Estas movilizaciones se llevaron a cabo en distintas ciudades del país. “Las principales reivindicaciones fueron el rechazo a la corrupción, crítica al gobierno porque no tomó ninguna medida para reducir el impacto de la subida inflacionaria, lo que impactó en el incremento del costo de vida, y también se exigió la transparencia en la elección de la persona que va a estar a cargo del Ministerio Público”, declaró Carlos Barrientos, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC).
Dos son los ejemplos de cómo funciona el “pacto de corruptos”, que es definido por Barrientos como “una alianza entre el ejecutivo, diputados, funcionarios, empresarios y políticos que buscan desarmar todas aquellas iniciativas que intentan investigar los casos de corrupción”. El primer caso tiene que ver con la ya mencionada elección para presidir el Ministerio Público. La fiscal general Consuelo Porras es la candidata por parte del gobierno. La funcionaria se ha encargado de desmantelar aquellas fiscalías que investigaban casos de corrupción, como también de deshacerse de fiscales y jueces que no formaban parte del pacto de corrupción. El segundo caso es la fraudulenta elección del Rector de la Universidad San Carlos de Guatemala. La importancia de la institución reside en que maneja el 5 por ciento del presupuesto nacional y tiene presencia en un serie de instituciones importantes —como la junta monetaria que define la política monetaria del país—, así como en la elección de jueces y magistrados.
El 24 de abril, el gobierno de Nicaragua anunció la decisión de abandonar efectivamente la Organización de Estados Americanos (OEA) y expulsó a la sede de dicho organismo de su país. El comunicado publicado por el canciller Denis Moncada expresa:
“Ratificamos nuestra invariable decisión de abandonar la OEA, según lo expresado el día 19 de Noviembre del 2021, y al confirmar nuestra denuncia y renuncia irrevocables, ante esta calamitosa, truculenta y mentirosa dependencia del Departamento de Estado del Imperialismo yanqui, también comunicamos que a partir de esta fecha dejamos de formar parte de todos los engañosos Mecanismos de este engendro, llámense Consejo Permanente, llámense Comisiones, llámense Reuniones, llámense Cumbre de las Américas”.
Para absorber el impacto económico del alza internacional de los hidrocarburos como consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el gobierno sandinista decidió subsidiar el precio de los combustibles y el gas licuado. La medida fue de aplicación desde el 27 de marzo hasta el 7 de mayo y se extenderá al menos una semana más. Se estima que el gobierno destinará alrededor de 17 millones de dólares en esta política, buscando que la suba de los precios internacionales no impacte en la población nicaragüense.
En el marco del cumplimiento de los sesenta años de la oficialización del bloqueo estadounidense a Cuba, el 3 de febrero en la isla comenzó un proceso de consulta popular que se ha destacado por su carácter participativo y democrático. Entre esa fecha y el 30 de abril se llevó a cabo la consulta popular sobre el nuevo Código de Familias que busca legalizar la unión civil entre personas del mismo género y la posibilidad de adopción. El 61% de la población apoyó la propuesta y dentro del 39% restante hubo una parte que propuso modificaciones (20,36%); otra, adiciones (3,47%) y otra, la eliminación del mismo (12,69%). Pero más allá de los resultados, es interesante la forma en que se llevó a cabo. Asambleas en las que se explicaba el código y sus implicancias, debates y propuestas de modificación por parte de los y las participantes fueron algunos de los elementos que incluyó el proceso. Se realizaron en total más de 79 mil reuniones y participaron aproximadamente 6,5 millones de personas, con más de 330 mil intervenciones y 397 mil propuestas. Terminado el proceso de consulta se entregan las propuestas a la Comisión Redactora del Código de las Familias, para su posterior trabajo en un documento final que será sometido a la aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Paralelamente a esto, el gobierno cubano y el estadounidense comenzaron a tener algunas conversaciones (no sin mediar tensiones) sobre la situación de migrantes cubanxs y los servicios consulares de la Embajada de EE. UU. en Cuba. A principios de marzo, Estados Unidos informó que reabriría estos servicios en La Habana, luego de haber sido suspendidos en 2017. En ese momento se había retirado al personal cuando Donald Trump acusó a Cuba de atacar a sus funcionarios mediante “armas sónicas”, lo que además llevó a endurecer las medidas de bloqueo económico. A partir de mayo —informaron— se atenderán en La Habana solamente las solicitudes de visas de madres o padres de ciudadanxs estadounidenses, sin certezas de en qué momento se ampliarán los servicios para todas las demás personas. Mientras tanto, las solicitudes deberán seguir siendo tramitadas en Guyana como hasta ahora, con el consiguiente gasto que eso implica para quien desee solicitarla.
Paralelamente a estos anuncios, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla acusó al gobierno de Biden de estimular la emigración irregular de ciudadanos y ciudadanas cubanas y a la vez ejercer presiones sobre gobiernos de la región para que les dificulten el tránsito. Recordó en sus redes sociales que todavía Estados Unidos incumple su obligación de otorgar al menos 20 mil visas anuales a cubanos y cubanas. El 21 de abril funcionarios de ambos países se reunieron para tratar el tema, donde se revisó el cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales y Cuba expresó su preocupación por “las medidas del gobierno estadounidense que estimulan la migración, impiden la migración legal y ordenada, y generan las condiciones socioeconómicas que incitan a la emigración”, según informó el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. Además, insistió en la obligación del gobierno de Estados Unidos de garantizar la emisión en La Habana de no menos de veinte mil visas anuales y en la necesidad de retomar los servicios consulares en La Habana.
¿Podría ser esta reunión consular un indicio de una voluntad de cambio por parte del gobierno estadounidense? Esta fue la primera ocasión en la que altos funcionarios del gobierno de Biden se reunieron con el gobierno cubano, y este no es un dato menor. Sin embargo, las recientes exclusiones del gobierno estadounidense de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la próxima Cumbre de las Américas son un elemento para pensar que nada ha cambiado ni está por cambiar en las decisiones de bloqueo unilaterales del país del norte.
Recientemente, y al cierre de este informe, el 16 de mayo el gobierno estadounidense anunció algunas medidas que podrían ser consideradas en dirección de acercar posiciones en su relación con Cuba. Son medidas “positivas pero de alcance muy limitado”, afirmó la Cancillería cubana en su comunicado. Se trata del restablecimiento de vuelos comerciales y facilidades para viajes y visitas, suspensión del límite a las remesas, restablecimiento de un programa de reunificación familiar, se amplían los servicios consulares, se amplía el acceso a servicios de internet y de comercio electrónico en plataformas estadounidenses.
Según el Minrex, “los anuncios no modifican en lo absoluto el bloqueo, ni las medidas principales de cerco económico tomadas por Trump. Se trata, sin embargo, de un paso limitado en la dirección correcta. Para conocer el alcance real de este anuncio, deberá esperarse por la publicación de las regulaciones que las implementen”.
Por su parte, Cuba anunció que la Asamblea General de las Naciones Unidas volverá a tratar este año la resolución cubana que demanda el fin del bloqueo impuesto por Estados Unidos.
El viernes 6 de mayo se produjo una explosión en el hotel Saratoga de La Habana. Hasta el día 11, se sabía que el accidente había dejado 43 personas fallecidas y otras tantas heridas, mientras que las fuerzas de rescate seguían buscando a dos personas que continuaban desaparecidas. A causa de la explosión, fueron dañadas viviendas vecinas al edificio del hotel y sus habitantes están alojados temporalmente en hoteles o casas de familias cercanas, mientras se pone en marcha la construcción de nuevas viviendas para esas familias desde el municipio de La Habana. Se construirán dos edificios para poder alojar a las y los damnificados.
Si el 2021 fue un año turbulento para Haití, el 2022 no parece prometer menos. Ya enero empezó con la elección de un nuevo presidente interino por parte de la Comisión Nacional de Transición (CNT), que fue desconocida por el primer ministro Ariel Henry. Henry anunció que planea convocar a una Convención Constituyente (idea que venía impulsando —con poco apoyo— el expresidente asesinado Jovenel Moïse) y luego a elecciones, a fines de 2022. Y es que en febrero se cumplió lo que Moïse entendía como su mandato oficial y muchos desconocían, pidiendo su dimisión en 2021.
Alrededor de esta fecha, se organizaron manifestaciones para pedir la renuncia del primer ministro. Y en esa misma semana inició una serie de manifestaciones de los obreros textiles —que constituyen la segunda fuerza laboral más grande del país, con más de 50 000 trabajadores— para pedir mejoras de salarios y condiciones laborales que terminó, después de tres semanas, en una desmedida represión por parte de las fuerzas policiales en la que asesinaron a un periodista. El salario del sector estaba congelado desde hacía tres años y la inflación en el país provoca que la canasta básica sea cada vez más inaccesible.
En el mes de marzo, luego de varios episodios de violencia que incluyeron el asesinato de un profesor universitario, volvieron a llevarse a cabo protestas contra la inseguridad, cuyas reacciones dejaron nuevamente un muerto y varios heridos, además de una aeronave de un grupo misionero estadounidense incendiada en el aeropuerto de Los Cayos.
A fines de abril, la violencia recrudeció y la situación de distintos barrios de Puerto Príncipe y alrededores estuvo teñida por una guerra de pandillas que controlan las zonas y que, desde el 24 de abril dejó 148 personas muertas (que incluyen decapitaciones, incendios, ataques con machete y víctimas de tiroteos, entre otros), y otras tantas desaparecidas y heridas, además de 81 viviendas y 57 vehículos incendiados, según la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH). Esta red también informó que, desde el 6 de mayo, los ataques han cesado y se vive una “aparente calma”.
Los hechos de violencia fueron causados por enfrentamientos entre las bandas 400 Mawozo y Chen Mechan, e incluyeron asesinatos, incendios de casas, violaciones de mujeres y niñas y la necesidad de alrededor de nueve mil personas de escapar de sus hogares y la imposibilidad de otras de salir. Además, se vio afectado el funcionamiento de negocios, escuelas, servicios, centros médicos y medios de transporte en los barrios aledaños. Este conflicto tiene lugar en la llanura de Cul-de-Sac y provoca que las autoridades del país pierdan control de la ruta que conecta la capital con cuatro departamentos hacia el norte del país. Por su parte, la cuestionada Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh) expresó preocupación por el “reclutamiento de menores en pandillas, una de las seis violaciones graves de los derechos de los niños”.
En el marco de estos enfrentamientos, fue secuestrado el diplomático dominicano Carlos Guillén Tatis (liberado a los cuatro días), un miembro de la Secretaría de Estado para la integración de las personas con discapacidad en Canapé-Vert, y una médica pediatra, lo que provocó que cerraran más hospitales. Desde enero a marzo se registraron 225 secuestros en el país, un 58% más que en 2021.
Como venimos analizando y relevando en nuestros informes, el objetivo principal del entramado paramilitar en Haití es paralizar a la población, impedir la movilización popular, romper el tejido social y la resistencia para que se puedan seguir implementando políticas impopulares. En este sentido, Camille Chalmers, dirigente popular haitiano y coordinador de la Plataforma para el Desarrollo Alternativo de Haití (PAPDA), consideró:
“Hay una conexión muy clara, demostrada, entre estas bandas y los sectores de poder. Están articuladas a este proyecto de extrema derecha. Y son grupos que tienen financiamiento y armamento que viene de Estados Unidos. Muchos de sus líderes son haitianos que han sido repatriados por Estados Unidos, pertenecen a las redes transnacionales del crimen organizado, con altos niveles de formación militar. En resumen, tienen vínculos comprobados con el gobierno haitiano, son dirigidos desde Washington y tienen además el apoyo de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Es el mismo modelo que se utilizó en Centroamérica con los escuadrones de la muerte, y más recientemente muy vinculado al tráfico de drogas en Colombia y México”.
En el marco de la creciente violencia en Haití, la actitud del gobierno dominicano ha sido de expresa hostilidad hacia sus ciudadanos y ciudadanas. Por un lado, el presidente Luis Abinader ratificó la pronta construcción del muro fronterizo (que ya tiene 20 km desde hace más de un año) pero cuyo inicio oficial se dio en febrero pasado en la provincia de Dajabón. Por otro lado, jóvenes haitianos y haitianas que estudian en universidades dominicanas denunciaron que las autoridades de ese país retuvieron sus pasaportes durante meses (desde noviembre de 2021 cuando se generó un cruce de palabras en redes sociales entre los más altos funcionarios de ambos países) y suspendieron el programa de visados que les permite permanecer y estudiar en el país.
En cuanto a las demás Antillas, destacamos algunos hechos relacionados con la adquisición de mayor autonomía frente a las potencias de las cuales, en varios casos, todavía son colonias. La reciente República de Barbados —que dejó de ser monarquía en noviembre pasado— tuvo elecciones nacionales en enero y fue reelecta la primera ministra Mia Mottley. Por su parte, en Jamaica, como ya habíamos anticipado en informes anteriores, crece la idea de seguir los pasos de Barbados y convertirse en república. En marzo, los príncipes Guillermo y Catalina viajaron al Caribe y visitaron varios de los países que todavía forman parte de la Mancomunidad de Naciones en ocasión del 70º aniversario de la coronación de la reina Isabel II. No tuvieron el recibimiento que esperaban. Un claro ejemplo de ello fueron las protestas que su presencia produjo en Jamaica. Por un lado, el primer ministro jamaiquino, Andrew Holness, recibió a la pareja y les recalcó que su nación está “avanzando” y que tiene la intención de convertirse en república y dejar atrás la monarquía. Pero la protesta social fue aún más allá: se produjeron manifestaciones que reclamaban que la monarquía reconozca, se disculpe e indemnice el pueblo jamaiquino por su rol en el comercio de esclavizados africanos en la época en la que eran colonia.
Por su parte, los departamentos franceses del Caribe eligieron presidente y se produjo un fenómeno que, en principio, llama la atención. En la primera vuelta fue Jean-Luc Mélenchon (referente de la izquierda, por el partido Francia Insumisa) quien lideró ampliamente el conteo: obtuvo 56,16% en Guadalupe, 53,10% en Martinica, 50,59% en Guyana y 28,13% en San Bartolomé y San Martín. En el balotaje entre Marine Le Pen y Emmanuel Macron, la exponente de la extrema derecha obtuvo más del 61% en promedio en los cuatro departamentos. Todavía quedan instancias electorales importantes en Francia —y, por lo tanto, en sus “territorios de ultramar”— ya que un mes después de la elección del presidente se llevan a cabo las elecciones de la Asamblea. Es posible que ese momento aporte claridad respecto de si la gran elección que había hecho Mélenchon en la primera vuelta en el Caribe tenía relación con algún grado de convicción o un “voto ideológico” o si, más bien, era solo una opción posible para votar en oposición a Macron. Con los elementos que hay hasta el momento, la tesis que pareciera más apropiada es que fue una especie de “voto castigo” a Macron más que un giro a la izquierda y luego otro rotundo a la derecha. Es que la desigualdad entre las condiciones de vida en las islas francesas con relación al continente europeo es notoria y a esto se agrega el descontento por las políticas de sanidad implementadas por Macron durante la pandemia, como la obligatoriedad de vacunarse para algunos trabajadores o el pase sanitario, que fueron ampliamente rechazados en el Caribe bajo control francés.
El creciente voto a Le Pen es también parte de un contexto global en el que están en ascenso fuerzas de extrema derecha con candidatos outsiders (y ya no tanto) que hacen críticas a los partidos tradicionales. Patricia Braflan-Trobo, socióloga guadalupense, analizó: “Lo que triunfó fueron los teóricos de la conspiración y los antivacunas. Estoy convencida de que los ciudadanos caribeños franceses no apoyan las posiciones de la Agrupación Nacional (partido al que pertenece Marine Le Pen)».
Finalmente, cabe mencionar la crisis política que está viviendo San Cristóbal y Nieves, cuyo primer ministro Timothy Harris, del Partido Laborista Popular (People’s Labour Party) ha disuelto el Parlamento en las primeras semanas del mes de mayo, después de destituir a seis ministros. Es que la alianza de gobierno que ganó las elecciones en 2020, Equipo de Unidad (Team Unity), está crujiendo desde hace tiempo y un grupo de legisladores había pedido la destitución del primer ministro —que fue rechazada por el gobernador—, cuyo partido solo tiene dos bancas en el poder legislativo. Harris anunció que llamará a elecciones en los próximos meses. La pregunta es si su partido tiene la suficiente fuerza como para ir a elecciones sin la unidad que le permitió llegar al poder.
Esta coalición está formada por el Partido Laborista Popular (PLP); el Movimiento de Acción Popular (PAM), que lidera el viceprimer ministro Shawn Richards; y el Movimiento de Ciudadanos Comprometidos (CCM), encabezado por Mark Brantley, primer ministro de Nieves. Se creó en 2015 para conformar una coalición de gobierno que derrotara al Partido Laborista.
Los primeros meses del 2022 muestran una vez más a un continente en permanente movimiento. Elementos de continuidad y de cambio respecto al año anterior configuran una región con elementos de incertidumbre en su porvenir político, social y económico. Cuando parecía que lo peor de los efectos sociales, económicos y sanitarios de la Covid 19 se atenuaban y los países debatían las estrategias para la recuperación económica, vino un acontecimiento que modificó las perspectivas de reconstrucción y crecimiento no sólo en Nuestra América, sino a nivel mundial: el conflicto bélico en Ucrania.
Analizamos como América Latina y el Caribe deben hacer frente a problemas coyunturales —producto de la guerra y los efectos de la pandemia— como también estructurales, muchos de los cuales se profundizaron por los dos acontecimientos globales anteriormente mencionados. A la profundización de la desigualdad, el incremento de la pobreza y el aumento de la violencia social se suman la suba de precios de los combustibles, alimentos y bienes de primera necesidad, como también la recesión económica y la inflación, siendo estos condicionantes los grandes molinos de vientos sobre los que deben cabalgar los gobiernos latinocaribeños. Pero, como vimos, la crisis no es para todos, incluso para algunos es una oportunidad para acrecentar sus riquezas. Y los Estados deberán intervenir políticamente para que la puja distributiva se redireccione en favor de los sectores populares, quienes, en los últimos años, han visto deterioradas sus condiciones materiales de vida.
A lo largo del informe observamos cómo el capital político de los gobiernos parece licuarse en un contexto de crisis donde los Estados no están pudiendo dar respuestas —o lo hacen de manera limitada— a las necesidades de sus poblaciones. Los escenarios políticos se polarizan hacia el extremo, mientras que las estrategias electorales de las opciones progresistas y de izquierda buscan incrementar la base de apoyo hacia el centro. Además, asistimos a un contexto de desafección política y la canalización del descontento social por liderazgos de extrema derecha, al tiempo que se producen movilizaciones sociales en distintas regiones ante el deterioro de la situación económica y social.
En el 2021, los gobiernos progresistas fueron ganando terreno en el continente con las victorias electorales que se dieron en Perú, Chile y Honduras. Este año las expectativas están puestas en lo que pueda suceder a fines de mayo con Petro en Colombia y en octubre con Lula en Brasil. Alvaro García Linera señala que los progresismos latinoamericanos marchan a dos velocidades. Por un lado aquellos países que están atravesando sus primeras oleadas de gobiernos progresistas —Chile, Perú y México— y quienes están en la segunda —Bolivia, Argentina y Honduras—. Ambas oleadas parecen marchar más lento que rápido. Los primeros deben satisfacer las expectativas puestos en ellos al tiempo que limar las estructuras e instituciones neoliberales de larga data; los segundos, deben avanzar en nuevas transformaciones, a la vez que lidian con las internas del bloque de gobierno y la embestida de la derecha. También deben señalarse los desafíos que afrontan los proyectos de cambio más radicales, nucleados en ALBA-TCP, como Bolivia, Nicaragua, Cuba y Venezuela, luego de haber sobrevivido a la ofensiva neoliberal e imperialista de los últimos años. Una de las deudas de todos estos gobiernos desde el centro hacia la izquierda está en avanzar hacia un proceso de integración regional que fortalezca la unidad de los pueblos latinoamericanos. Las confrontaciones en Colombia y en Brasil de los próximos meses también incidirán en este escenario.
Por el lado de la derecha y los sectores conservadores, vemos cómo al tiempo que intentan rearticularse regionalmente, el extremismo gana terreno de la mano de liderazgos que buscan capitalizar el descontento social, y con el avance de un neoliberalismo destructivo, como es el caso tanto de Bolsonaro como de Bukele. Además, las derechas partidaria, judicial y mediática se ensamblan para bloquear las políticas populares de los gobiernos progresistas y en muchos casos, desestabilizarlos.
La política imperial estadounidense lanzó una ofensiva a nivel global que repercute en nuestro continente, ante el intento de reconstruir una globalización recortada y agresiva. Esto tiene que ver con el objetivo de desestabilizar al gobierno de Putin, condicionar al hegemón emergente chino y favorecer a grupos económicos norteamericanos ligados a la industria armamentística e hidrocarburífera. Como contrapoder al imperialismo se tejen articulaciones que dan esperanza a los pueblos de Nuestra América, como fueron el encuentro de ALBA Movimientos, que reunió a dirigentes de más de 23 países, la reunión de la Vía Campesina por sus treinta años, el encuentro del Foro Social Mundial y la respuesta de muchos países latinoamericanos y caribeños ante la tentativa de EE. UU. de excluir de la Cumbre de las Américas a Venezuela, Cuba y Nicaragua.
En el desarrollo del informe dimos cuenta de varias de las problemáticas y agendas urgentes que deben afrontar los gobiernos y movimientos populares, y que seguiremos con atención durante todo el año. Entre estas se encuentran la violencia social presente en varios países —Haití, El Salvador, Colombia, entre otros—, producto del incremento de las desigualdades, del fortalecimiento de discursos reaccionarios y de odio, del crecimiento del crimen organizado de las pandillas y los grupos paramilitares, que ponen en peligro la vida de millones de personas en el continente. Será clave seguir de cerca la disputa por los bienes comunes, ante el avance de proyectos extractivistas y las políticas soberanistas de los países por el control de los recursos naturales. También la problemática migratoria parece ser un fenómeno en ascenso, que profundiza la crisis humanitaria en un contexto donde proliferan las políticas antimigratorias acompañadas de discursos xenófobos. Por último, queda por ver los efectos que tendrá en los próximos meses una nueva escalada de contagio de casos de la Covid 19, que se comienza a manifestar en varios países.
Durante el 2021 sostuvimos en nuestros análisis que América Latina y el Caribe está en disputa y estos primeros meses del año 2022 no hacen más que afirmar esa hipótesis. Pero la disputa parece acelerarse a un ritmo frenético a medida que se acrecienta la crisis del capitalismo neoliberal y sus consecuencias destructivas para el ambiente y la reproducción de la vida. Primero la pandemia y ahora la guerra entre Rusia y Ucrania parecen ser el prolegómeno de un porvenir incierto sobre el que nadie se anima a hacer predicciones muy concluyentes. La única certeza es que habrá lucha. El impulso por avanzar hacia asambleas constituyentes en varios países y procesos de descolonización como en el Caribe son muestra de esto. Y siempre que los pueblos luchen hay esperanzas. Frente a la política de muerte y destrucción masiva del capitalismo se levanta la potencia de la vida de quienes —desde las periferias hacia el centro y de abajo hacia arriba— ponen en movimiento la Patria Grande.
Referencias
[1] En el caso de América Latina y el Caribe es necesario tener en cuenta la dinámica de exportaciones e importaciones desde y hacia la Federación Rusa y Ucrania. En ese sentido, es importante señalar que la producción rusa representa el 15% del comercio mundial de fertilizantes nitrogenados y el 17% de fertilizantes potásicos con su impacto en la producción agrícola regional. Además, el conflicto impacta en el turismo de la región del Caribe, sobre todo de Cuba y de República Dominicana, quienes eran destinatarios de turistas rusos. Otro de los sectores afectados por el contexto económico internacional son las industria tecnológica —por ejemplo la producción de microchips— y automotriz. Esta última tiene cierta relevancia en la generación de empleo e ingresos en muchos países de América Latina.
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