La problemática de la deuda externa ha marcado a fuego la historia de Nuestra América de las últimas décadas. De su incremento y crisis entre las décadas de 1970 y de 1980 al crack de los años 90 y principios del nuevo siglo, la deuda se constituyó en uno de los mecanismos centrales de la dominación y el saqueo de nuestros pueblos. Ciertamente, la subordinación al capital trasnacional y las potencias centrales no es una novedad en la memoria latinoamericana, pero en las décadas recientes asumió una singularidad que debe ser precisada. Sobre estas continuidades y rupturas reflexiona el presente texto.
Por otra parte, como lo evidencia la experiencia argentina reciente, el peso del endeudamiento externo y sus efectos económicos y políticos han regresado trágicamente a la región. Y con este, en su papel de promotor de las reformas estructurales en el marco de la ofensiva neoliberal que se desplegó desde 2015 o en las renegociaciones de los créditos impagables en los últimos años, volvió a nuestros países también el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sobre ello, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) señaló a fines del año pasado, en el contexto de la pandemia, que en todos los países de la región, sin excepción, la situación fiscal se ha deteriorado y el nivel de endeudamiento del gobierno general ha aumentado, y se espera que dicho endeudamiento se incremente del 68,9% al 79,3% del PIB entre 2019 y 2020 a nivel regional, lo que convierte a América Latina y el Caribe en la región más endeudada del mundo en desarrollo y la que tiene el mayor servicio de deuda externa en relación con las exportaciones de bienes y servicios (57%). (Citado en CEPAL, 2021)
Esta es la actualidad y significación del endeudamiento en la región. Sobre esos desafíos y amenazas también reflexionan estas líneas.
Como ya señalamos, la historia de la subordinación y expoliación de nuestros pueblos está lejos de haber comenzado con el endeudamiento externo. La conquista y colonización española, portuguesa, inglesa y francesa del Abya Yala contribuyó con ingentes cantidades de oro y plata, que dinamizaron y aceleraron las transformaciones sociales que signaron la transición del feudalismo al capitalismo en Europa. En ese tiempo trágico, al despojo de esos bienes comunes naturales se sumó el sometimiento, explotación y genocidio de los pueblos originarios. Decenas de millones de personas pagaron con sus vidas el enriquecimiento del llamado “viejo continente”.
La magnitud del saqueo y del ecocidio se extendió por varios siglos y da cuenta de la enorme deuda que tuvo y tiene el bienestar europeo con nuestros pueblos. Las revoluciones independentistas iniciadas a fines del siglo XVIII y los procesos de independencia política del siglo XIX pusieron fin a la dominación colonial en casi toda la región. Pero tras la pérdida del control político, militar e imperial de nuestros territorios, la subordinación se prolongó bajo nuevas formas, particularmente la económica. Cereales, carnes, cobre, café, guano, salitre, azúcar, caucho fueron algunos de los nombres de las llamadas “materias primas” que en el nuevo período la región de América Latina y el Caribe proveyó al progreso de los centros del capitalismo.
Mientras viejas y nuevas elites en la región se enriquecían con ese comercio, la subordinación de los pueblos tomó una dimensión económica signada por la división internacional del trabajo y el lugar que ocupaban los países en el mercado mundial. La subordinación fue resultante del carácter desigual del intercambio planteado —donde los precios de los bienes naturales caían y los de las manufacturas se incrementaban—; de la promoción de un desarrollo local que solo suponía profundizar las características propias del subdesarrollo; y de la acentuación de los efectos sociales, políticos, tecnológicos e ideológicos de la dependencia socioeconómica. Ciertamente, cuando esta subordinación fue puesta en cuestionamiento —con rebeliones y movimientos populares—, el imperialismo recurrió a la intervención militar, a la invasión o a la promoción de golpes militares y cruentas represiones. Una misma memoria del saqueo y de la dominación.
En esta misma dirección, los países latinoamericanos han tenido tradicionalmente el papel de deudores en el sistema financiero internacional. Éric Toussaint (2003) señala que durante los siglos XIX y XX la economía de la región fue golpeada por cuatro crisis de deuda: la primera en 1826 y se prolongó hasta la mitad del siglo XIX. La segunda inició en 1876 y terminó en los primeros años del siglo XX. La tercera comenzó en 1931 y se terminó a finales de la década de 1940. La cuarta crisis estalló en 1982 y se extendió hasta los primeros años del siglo XXI. Estas crisis estuvieron ligadas a la dinámica de la economía mundial y a los vaivenes económicos de las potencias europeas y/o estadounidense. Los contextos de crisis coincidieron con el ciclo expansivo de las economías industrializadas previamente a haber sufrido una recesión o un crack financiero.
Así, la historia de la deuda externa latinoamericana se remonta al siglo XIX y a los procesos de independencia política que conquistaron los pueblos en esos años, cuando los nuevos gobiernos criollos solicitaron importantes empréstitos en Londres, primero para sostener los esfuerzos de guerra y al mismo tiempo para facilitar su reconocimiento por parte de la potencia hegemónica de la época; y luego, para financiar las obras de infraestructura (puertos, caminos, ferrocarriles) que el propio capital inglés llevó adelante para asegurar la exportación de los bienes naturales. Esta relación entre diplomacia y finanzas fue acompañada por el reconocimiento británico de casi todos los nuevos gobiernos latinoamericanos; aunque resultó extremadamente costosa en términos socioeconómicos, provocando largos procesos de subordinación y renegociaciones. Vale recordar sobre ello el ejemplo del primer préstamo externo solicitado por Argentina —bajo el gobierno del presidente Bernardino Rivadavia, en 1823— a la banca inglesa Baring Brothers, que pesó sobre el país durante ciento veinte años hasta que fuera cancelado completamente, luego de sucesivas renegociaciones, en 1947, bajo el primer gobierno peronista. La considerada “deuda más larga del mundo”, que implicó además el primer default argentino, no fue la excepción en la región: muchos de nuestros países durante el siglo XIX también solicitaron préstamos cuantiosos a la banca inglesa.
Sin embargo, la declinación de la hegemonía británica durante el siglo XX, la emergencia de EE. UU. y la nueva fase del capitalismo abierta tras la Segunda Guerra Mundial bajo su liderazgo hicieron disminuir radicalmente el papel colonial del endeudamiento externo del Sur del mundo. En esta dirección, ya desde la crisis internacional del 1930 el flujo de fondos financieros al Sur prácticamente se congeló. Recién a partir de los años cincuenta comenzó un suave incremento de la oferta de dinero a la periferia. La misma estuvo protagonizada casi exclusivamente por los bancos oficiales de los países centrales y por las instituciones internacionales creadas en el marco de los Acuerdos de Bretton Woods para gestionar el nuevo orden internacional emergente. Entre ellas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial (BM), el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo y el Acuerdo general sobre Aranceles (GATT), que cumplieron un papel importante en la promoción del capitalismo keynesiano de posguerra. Habiendo comenzado su labor en diciembre de 1945, el FMI fue creado con el objetivo de establecer un sistema internacional de pagos y contribuir a resolver las restricciones cambiarias para fomentar el comercio internacional. En el plano geopolítico, la meta era clara: consolidar la hegemonía de Estados Unidos en el nuevo orden mundial[1] (Ugarteche, 2016).
Durante la primera parte de la posguerra, la deuda externa no implicó un problema de primer orden para los países latinoamericanos. Previamente a los años 70, el principal inconveniente estaba centrado en el control (o no) de la explotación y precio de las materias primas que exportaban. Como señalan Damien Millet y Éric Toussaint (2005), las dos principales manifestaciones de la subordinación al mercado internacional eran por entonces el intercambio desigual y la degradación de los términos de intercambio.
Las transformaciones neoliberales —iniciadas en América Latina y el Caribe de la mano de las trágicas dictaduras contrainsurgentes de Chile y Argentina— abrieron un nuevo período y un nuevo papel para el endeudamiento externo en la región (ver gráfico 1). A base de una cruenta represión, desapariciones y asesinatos, implantaron un modelo de acumulación basado en la especulación financiera y en la liberalización de la economía. La deuda creció exponencialmente, sobre todo en términos nominales, en el curso de la década de 1970. Por ejemplo, al momento del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en Argentina, la deuda externa del país era de 7800 millones de dólares. Entre marzo de 1976 y diciembre de 1983, escaló un 364%, llegando a 45 100 millones de dólares. Sobre ello resuenan los ecos de la carta a la Junta Militar escrita por Rodolfo Walsh en 1977:
Un descenso del producto bruto que orilla el 3%, una deuda exterior que alcanza a 600 dólares por habitante, una inflación anual del 400%, un aumento del circulante que en solo una semana de diciembre llegó al 9%, una baja del 13% en la inversión externa constituyen también marcas mundiales. (…) Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la Esso, las automotrices, la U.S. Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los miembros de su gabinete. (…) Desnacionalizando bancos se ponen el ahorro y el crédito nacional en manos de la banca extranjera, indemnizando a la ITT y a la Siemens se premia a empresas que estafaron al Estado, devolviendo las bocas de expendio se aumentan las ganancias de la Shell y la Esso, rebajando los aranceles aduaneros se crean empleos en Hong Kong o Singapur y desocupación en la Argentina. Frente al conjunto de esos hechos cabe preguntarse quiénes son los apátridas de los comunicados oficiales, dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos, cuál es la ideología que amenaza al ser nacional.
En este período, los gobiernos latinoamericanos se encontraron con enormes facilidades —que no habían existido nunca antes— para tomar dinero en el mercado financiero internacional. Esta abundancia de capitales líquidos en el mercado mundial era resultado, por una parte, de la derivación a la especulación financiera del capital por la caída de la tasa de ganancia industrial desde fines de los años 60, y por la otra, de los excedentes captados por las naciones productoras de petróleo a partir de los nuevos precios alcanzados en 1974, los llamados “petrodólares”. Pero ciertamente este proceso hubiera sido imposible sin los avances en la liberalización de los movimientos del capital en su forma financiera —inicialmente en la plaza londinense— y los procesos de liberalización financiera creciente en el Sur, que signaron las transformaciones neoliberales.
Los grandes bancos transnacionales estaban desesperados por prestar el dinero acumulado con escasas condiciones e incitaron a hacerlo a los países del Sur, particularmente a los llamados “países de desarrollo intermedio”, entre los que se contaban la mayoría de los de América Latina. Pero las motivaciones que llevaban a unos a tomar deuda y a otros a prestar no eran las mismas. La mayor parte del endeudamiento de nuestros países no sirvió para financiar obras o infraestructura alguna; bajo la libertad concedida al movimiento de capitales, la deuda sirvió para sostener la fuga de capitales, construyendo el primer paso de un ciclo de especulación financiera, despojo y concentración del ingreso y la riqueza característica de la nueva fase neoliberal. Karl Marx, en el estudio de la llamada acumulación originaria en El Capital, ya había señalado para ese período histórico similar papel cumplido por la extensión del crédito, entre otros factores. En esa dirección, el pensamiento crítico contemporáneo ha señalado el papel de esa acumulación originaria —ahora llamada “acumulación por desposesión» (Harvey, 2005)— en el capitalismo neoliberal.
El ciclo de endeudamiento que venimos describiendo colapsó a fines de 1979 a partir de una serie de factores. Entre ellos se encuentra la decisión del gobierno estadounidense de Ronald Reagan de incrementar la tasa de interés, que alcanzaría valores de los más elevados desde 1929, para así contrarrestar —o mejor dicho, hacer recaer sobre los países del Sur global— el aumento de la inflación, con el objetivo de recuperar el liderazgo mundial tras la derrota en Vietnam en 1975 y la revolución sandinista en 1979. El fuerte incremento de la tasa de interés redireccionó las inversiones hacia EE. UU., afectando enormemente a los países deudores, ya que provocó un importante aumento en los intereses de deuda de los países latinoamericanos. Otro factor que jugó en contra a las economías latinoamericanas y su capacidad de pago fue la abrupta caída de los precios internacionales de las materias primas, en particular de los productos agrícolas. Así, la posibilidad de adquirir dólares mediante las exportaciones para hacer frente a los vencimientos de deuda se vio limitada, lo que llevó a muchos países a contraer más deuda.
A diferencia de las crisis anteriores —como la que tuvo lugar en la década de 1930—, en esta los organismos internacionales de crédito, bancos y EE. UU. tuvieron un rol fundamental para exigir el cumplimiento de los pagos (Ocampo, 2014). Contrariamente a ello, durante la Gran Depresión, los países de la región entraron en moratoria, suspendiendo o pagando parcialmente la deuda contraída y llevando a cabo políticas económicas proteccionistas y monetarias y fiscales expansivas, que permitieron encarar un proceso de sustitución de importaciones y crecimiento económico. Todo lo contrario sucedió en los años 80. Un aparato institucional internacional mucho más desarrollado —sobre todo el FMI y el BM—, una mayor organización y articulación de los acreedores y una mayor presión por parte de Estados Unidos y de las potencias europeas se desplegaron sobre los países de América Latina para que no decretaran moratorias y renegociaran la deuda[2]. La refinanciación de la misma implicó una enorme transferencia de capital hacia los países del Norte, el incremento de la vulnerabilidad internacional y la pérdida de soberanía. El programa de ajuste del Fondo persiguió tres objetivos: 1) garantizar el reembolso de la deuda contraída; 2) establecer reformas estructurales que tenían por fin liberalizar la economía, abrir a los mercados internacionales y reducir la presencia del Estado; y 3) permitir progresivamente a los países endeudados tener acceso a los préstamos privados por medio de los mercados financieros, aunque sin dejar de estar endeudados (CADTM, 2015). Mientras la crisis financiera de los años 30 impactó mundialmente, la de los 80 afectó en gran medida a los países del Sur global. La implementación de las políticas mencionadas provocó la contracción del PBI, desindustrialización, reprimarización de la economía e incremento de la pobreza y de la desigualdad.
En este contexto, el pago o refinanciación de la deuda se volvió cada vez más difícil y la crisis de la deuda externa estalló en la región. El primer país que entró en cesación de pagos fue México en agosto de 1982, al cual luego siguieron otros países[3]. Lejos de afectar a los propios bancos prestadores, dicha crisis descargó sus consecuencias sobre los pueblos y sirvió para presionar y condicionar a los gobiernos de la recuperación democrática a que adopten las recetas neoliberales más radicales. Así, la crisis de la deuda de los años 80 fue una de las palancas para la imposición del llamado “Consenso de Washington», verdadero decálogo de las reformas neoliberales exigidas por EE. UU. en los 90. No es menor señalar que gran parte de la deuda contraída en estos años fue deuda privada en moneda extranjera por parte de grupos económicos nacionales[4], lo que llevó a los distintos gobiernos a estatizarlas[5] y así salvar a un pequeño grupo de empresarios a costa de las grandes mayorías populares.
Si la crisis de la deuda de los 80 (junto con las crisis hiperinflacionarias) potenció la agenda neoliberal del Consenso de Washington, luego de otro ciclo regional de incremento de la deuda la crisis de fines de los años 90, combinada con un ciclo de luchas populares creciente en el continente, profundizó la deslegitimación del neoliberalismo y abrió pasó a la emergencia de gobiernos populares o de izquierda en la región: Venezuela en 1999 con Hugo Chávez; Argentina y Brasil entre 2002 y 2003 con Néstor Kirchner y Lula Da Silva, respectivamente; Bolivia con Evo Morales en 2006; y Ecuador con Rafael Correa en 2007.
Uno de los casos destacables de impugnación de la deuda contraída por los gobiernos anteriores mediante participación popular fue el de Ecuador. Allí, en 2007, el gobierno tomó la iniciativa de realizar una auditoría integral de la deuda. Sobre la base de esa auditoría se suspendió el reembolso de una parte de la deuda, que se identificó como ilegítima. Un caso distinto es el argentino, que logró renegociar la deuda y disminuir su peso en el PBI. En 2001, el país se declaró en cesación de pagos en un contexto de rebelión popular, impugnación al modelo neoliberal y crisis institucional tras la renuncia del entonces presidente Fernando De La Rúa. Con la economía en estado crítico —default, megadevaluación de la moneda local, pesificación asimétrica y contracción del producto interno (Basualdo, 2017)—, el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y luego los de Cristina Fernández[6] (2007-2015) llevaron a cabo un proceso de reestructuración y canje de la deuda pública con los acreedores privados y la cancelación del capital adeudado con el FMI. Esto provocó un acentuado desendeudamiento: en 2001 la deuda pública total representaba el 49,5% del PBI y el 48% en moneda extranjera; con el estallido de la crisis la deuda representaba el 125,3% del PBI y el 109,6% en moneda extranjera, hacia el 2002; en 2015, la deuda total y en divisas disminuyó hasta alcanzar el 35,3% y el 23,6% del PBI respectivamente. En lo que respecta a la deuda externa con privados en moneda extranjera, se pasó de un 87,5% del PBI en 2004 al 13,1% en 2015.
Tras la crisis financiera del 2008 y la desaceleración del crecimiento económico en la región, a partir del 2013 una nueva ofensiva neoliberal comenzó a gestarse. Con el retorno del FMI, promovió en Nuestra América un programa de amplias reformas estructurales (laboral, jubilatoria, energética, educativa, sanitaria, entre otras) que retomaba —para profundizar y renovar— el Consenso de los 90. El caso más paradigmático sucedió en Argentina, con la llegada al gobierno de Mauricio Macri en 2015. Esta recaída neoliberal implicó la vuelta de un modelo económico centrado en la especulación y valorización financiera que había predominado en el período 1976-2001. Así, los intentos de reestructuración o “modernización” del Estado, ajuste fiscal y reformas estructurales —como la jubilatoria en 2017— estuvieron al orden del día. Esto se agravó con la deuda contraída a espaldas del pueblo argentino con acreedores privados y sobre todo con el FMI en 2018 por US$ 57 mil millones, de los cuales se transfirieron US$ 44,5 mil millones, siendo así el préstamo más grande dado por el organismo a un país en toda su historia y violando su propio estatuto. Gran parte de esta deuda se usó para pagar deudas contraídas anteriormente, para la fuga de capitales y especulación financiera, viéndose beneficiados grupos económicos ligados a la coalición gobernante Cambiemos. La deuda, los intereses y los plazos de pagos contraídos son uno de los grandes condicionantes del gobierno del Frente de Todos que asumió en 2019, a lo que luego se sumó el deterioro de la situación económica y social por la pandemia y, más tarde, el precario contexto internacional con el conflicto entre Rusia y Ucrania.
El problema de la deuda es uno de los debates necesarios y urgentes de Nuestra América. En los últimos sesenta años, el endeudamiento de los países de la región ha aumentado de manera dramática, vinculado a un modelo de acumulación basado en la valorización financiera. Los gobiernos progresistas y de izquierda de la región no pudieron o no se propusieron modificar la matriz productiva y el modo de inserción de sus países en el mercado mundial. La deuda externa se volvió un mecanismo de control de las políticas sociales, económicas y monetarias de los gobiernos, de dominación por parte de los organismos internacionales y de las potencias imperialistas, profundizando así la dependencia. Además, es un mecanismo de transferencia de recursos de los países del Sur global hacia los del Norte, de los trabajadores y el pueblo hacia el gran capital y de explotación de los recursos naturales. Esto último profundiza los modelos extractivistas en contextos de endeudamiento, ya que se presenta como una manera rápida de atraer inversiones extranjeras y generar divisas. Todo esto se vuelve más crítico en medio de la crisis ecológica y civilizatoria que estamos atravesando.
Así como se puede contar la historia de la deuda externa como dominación, también es necesario dar cuenta de las resistencias y luchas de los pueblos contra las políticas de austeridad y ajuste y frente a la intervención de los organismos internacionales como el FMI en sus países. Igualmente, es necesario examinar los intentos de algunos gobiernos de la región de llevar a cabo procesos de desendeudamiento, de decisión soberana de no pago de la deuda y/o de auditarla para establecer su ilegitimidad y tratar de hacer pagar sus responsabilidades a los grupos económicos y a los políticos que se beneficiaron con ella. En esa perspectiva, la historia de la deuda sigue abierta.
Sobre los autores
José Seoane es investigador del Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe (GEAL), IEALC, UBA e integrante del OBSAL.
Carlos Ferolla es estudiante avanzado Lic. en Ciencia Política (UNR), integrante del OBSAL y militante del Frente Patria Grande
Referencias
Basualdo, Eduardo (1999). Acerca de la naturaleza de la Deuda Externa y la definición de una estrategia política. Buenos Aires: Página 12-Flacso-Unqui.
Basualdo, Eduardo y Manzanelli, Pablo (2017). “La era kirchnerista”, en Eduardo Basualdo (Ed.), Endeudar y fugar, un análisis de la historia económica argentina, de Martínez de Hoz a Macri (1a Ed., pp. 75 – 110). Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo XXI Editores.
Brenta, Noemí (2019). Historia de la deuda externa argentina, de Martinez De Hoz a Macri. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Capital Intelectual.
CEPAL (2021). “La pandemia provoca aumento en los niveles de endeudamiento de los países de la región y pone en peligro la reconstrucción sostenible y con igualdad”. Disponible en: https://www.cepal.org/es/comunicados/la-pandemia-provoca-aumento-niveles-endeudamiento-paises-la-region-pone-peligro-la
CADTM (2015). Las cifras de la deuda 2015. Disponible en: https://www.cadtm.org/IMG/pdf/las_cifras_de_la_deuda_2015.pdf
Elizondo, Jorge (27 de marzo de 2022). “La herencia de la dictadura. El vínculo indisoluble con el FMI y el abandono del proyecto nacional”. El Cohete a la Luna. Disponible en https://www.elcohetealaluna.com/la-herencia-de-la-dictadura/
Harvey, David (2005). “El ‘nuevo’ imperialismo : acumulación por desposesión”. En Socialist register 2004. Buenos Aires: CLACSO. Disponible en http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20130702120830/harvey.pdf
Ocampo, José Antonio (2014). “La crisis latinoamericana de la deuda a la luz de la historia” en La crisis latinoamericana de la deuda desde la perspectiva histórica (pp. 19 – 51). Santiago de Chile: CEPAL.
Toussaint, Éric (2003). Las crisis de la deuda externa de América Latina en los siglos XIX y XX. Seminario internacional CADTM–CNCD “América Latina y el Caribe : salir del impasse de la deuda y del ajuste”. Bruselas, Bélgica.
Toussaint, Éric y Millet, Damien (2005). Deuda externa, Banco Mundial y FMI: 50 preguntas / 50 respuestas (2a Ed.). Quito: Ediciones Abya – Yala. Disponible en: https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/46526.pdf
Schvarzer, Jorge (1988). “Orígenes poco mencionados de la deuda externa de América Latina”. Caravelle, N°50, pp. 11-33. Disponible en: https://doi.org/10.3406/carav.1988.2355
Ugarteche, Oscar (2016). Historia crítica del FMI, el gendarme de las finanzas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Capital Intelectual.
Notas
[1] Como expresión de la hegemonía estadounidense surgida en el período de entreguerras y consolidada luego de la Segunda Guerra Mundial, el FMI se configuró dando cuenta de las nuevas relaciones de poder a nivel mundial, profundizando la relación asimétrica Norte-Sur. Hasta el día de hoy las decisiones del Fondo deben adoptarse por una mayoría del 70% y las más importantes por el 85%. EE. UU. posee el 16,74% de los votos, detentando de facto un poder de veto.
[2] Dos planes de reestructuración promovido por EE. UU. destacan en los años 80: el Plan Baker (1985) y el Plan Brady (1989). Ambos implicaron políticas de austeridad y ajuste fiscal para los países deudores y un rol importante del FMI.
[3] Según los datos de la CEPAL, entre 1982 y 1984 doce países participaron de la ronda de negociaciones de la deuda: Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Otros países lo habían hecho en años anteriores.
[4] El caso argentino es paradigmático en la estatización de la deuda privada durante la última dictadura cívico-militar. Entre los grupos económicos se encuentran: SOCMA, Bridas, Pérez Companc, Bulgheroni, Renault Argentina, Grupo Clarín, Diario La Nación; por un monto total de 23 000 millones de dólares. El Grupo Macri se benefició con una deuda estatizada de 236 millones de dólares (Elizondo, 27/03/2022).
[5] Un ejemplo claro de estatización de la deuda externa privada es la del régimen dictatorial argentino. En 1979 el 52% de la deuda externa correspondía al sector público y el 48% al privado. De 1981 a 1983 la dictadura “colectivizó las pérdidas al trasladar a la República la deuda de los privados con acreedores extranjeros” (Brenta, 2019), representando la deuda del sector público el 72% y de los privados el resto, en el último año del régimen de facto.
[6] Durante el último tramo del segundo mandato de Cristina Fernandez, el gobierno tuvo que afrontar una ardua batalla judicial contra los fondos buitre. En 2012 el Juez de Nueva York (EE. UU.) Thomas Griesa falló a favor de los holdouts —acreedores externos que no entraron a los canjes de deuda de 2005 y 2006—, poniendo en peligro las reestructuraciones de deuda. En 2014 la Corte Suprema de EE. UU. decide no tomar el caso y el país entra en un default selectivo. Durante la presidencia de Mauricio Macri se decide pagar a los fondos buitre por un monto de 9300 millones de dólares. Este es un claro ejemplo de las consecuencias cuando un país renuncia a su soberanía como condición de la deuda contraída, al permitir que los litigios judiciales con agentes extranjeros no se lleven a cabo en sus propios países.
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