Los crímenes de Israel en Cisjordania

Oslo II y el Territorio Palestino Ocupado

En septiembre de 1995, la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y el gobierno israelí firmaron el Acuerdo Provisional Palestino-Israelí sobre Cisjordania y la Franja de Gaza (Oslo II), que inició un proceso orientado a la eventual creación de un Estado palestino en partes del Territorio Palestino Ocupado, colindante con Israel. El TPO representa apenas el 22% de la Palestina histórica (definida como el territorio bajo el mandato británico). Es decir, al pueblo palestino le quedó menos de una cuarta parte de su tierra ancestral, y ni siquiera sobre esa porción ejerce una verdadera autoridad. Tras la firma del acuerdo provisional, Cisjordania se dividió en tres zonas:

1. Zona A, técnicamente bajo control civil y de seguridad palestino a través de la Autoridad Palestina, abarca aproximadamente 18% de Cisjordania o 3,96% de la Palestina histórica.
2. Zona B, bajo control civil palestino de la Autoridad Palestina pero con control efectivo de la seguridad israelí, ocupa 22% de Cisjordania o 4,62% de la Palestina histórica.
3. Zona C, totalmente controlada por Israel, comprende más del 60% de Cisjordania o 13,42% de la Palestina histórica.

En la práctica, según la lógica de Oslo II y tras la anexión de Jerusalén Este y la ocupación de Gaza, Israel controla el 97% de la Palestina histórica.

La opresión asfixiante del pueblo palestino en Cisjordania

Las operaciones israelíes en Cisjordania están diseñadas para hacer la vida insoportable para la población palestina. Los controles y restricciones a la movilidad han vuelto prácticamente imposible educar a la juventud y dar empleo a las personas adultas. Antes de octubre de 2023, Israel operaba 590 puestos de control y bloqueos viales en Cisjordania. Desde entonces, esta cifra ha aumentado a casi 900, lo que ha provocado una paralización casi total de las actividades humanas más básicas. Para las y los palestinos se ha vuelto imposible acceder al agua y a la tierra para producción agrícola, así como al agua potable necesaria para llevar una vida digna. La criminalización de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA por su sigla en inglés) ha interrumpido gravemente su funcionamiento, impidiendo que la población refugiada palestina (que representa aproximadamente una cuarta parte de quienes habitan en Cisjordania) acceda a servicios básicos de educación, salud y empleo.

Desplazamiento y confiscación

Israel está llevando a cabo una limpieza étnica en Cisjordania mediante tácticas como disparos, pogromos, violencia sexual y la destrucción de hogares y tierras agrícolas, acelerando así el desplazamiento forzado. Desde el inicio de la Operación Muro de Hierro en enero de 2025, el ejército israelí ha expulsado por la fuerza a 8.255 familias palestinas de los campos de refugiadxs de Jenín (3.840 familias desplazadas), Nur Shams (1.910 familias desplazadas) y Tulkarem (2.505 familias desplazadas). Estas familias son descendientes directos de los refugiadxs palestinxs expulsadxs de sus hogares durante la Nakba de 1948 y a quienes se les ha negado el derecho al retorno desde entonces.

Además de estos campos de refugiados, las fuerzas de ocupación israelíes —que incluyen tanto al ejército formal como a colonos armados— han expulsado a 28 comunidades palestinas de sus tierras, entre enero de 2022 y septiembre de 2023. Entre octubre de 2023 y abril de 2025, han destruido más de 3.500 estructuras, incluyendo viviendas, corrales para ganado y cisternas de agua en Cisjordania.

Muerte, arresto y tortura

Desde octubre de 2023, las fuerzas de ocupación israelíes han asesinado aproximadamente a 900 palestinxs en Cisjordania, incluyendo al menos 190 niñas y niños, y han herido a 8.400 más. Estas cifras podrían ser mucho mayores, dada la falta de organizaciones humanitarias que documenten adecuadamente la violencia israelí en un territorio cuyas instituciones han sido devastadas por el genocidio y la ocupación.

A finales de 2023, las fuerzas de ocupación israelíes han arrestado a 15.000 palestinxs, muchos bajo la figura de “detención administrativa”, que no requiere cargos formales (estas cifras también podrían estar subestimadas debido a las graves restricciones al derecho a la defensa). Desde el 7 de octubre de 2023, se han documentado más de 65 casos de personas palestinas asesinadas en cárceles, centros de detención y campos de concentración israelíes. La violencia sexual es una práctica sistemática en estos centros.

El Centro Bisan para la Investigación y el Desarrollo, la Asamblea Internacional de los Pueblos y el Instituto Tricontinental de Investigación Social hacen un llamado a intelectuales, organizaciones de la sociedad civil y movimientos políticos y sociales para que centren su atención no solo en Gaza, sino también en el resto del Territorio Palestino Ocupado. El genocidio en curso y los crímenes de lesa humanidad no pueden ignorarse ni continuar impunes.