“Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa.
Desaparezca el hambre y no el hombre.”Fidel Castro
Ningún proceso popular de cambio, nunca jamás, fue lineal ni pasó desapercibido. No hay manera de transformar lo injusto, lo que incomoda y destruye, sin hacer ruido, sin estar en movimiento y sin repensar lo que hasta acá fue normal y ya no queremos que siga siéndolo.
Las formas que elijamos para redireccionar esos caminos nos definen, nos diferencian y nos dan identidad. No da lo mismo la manera, ni los motivos. Esa síntesis carga de sentido todas nuestras conquistas y luchas.
La exploración offshore en las costas del mar argentino irrumpió en la calle, en la agenda pública y mediática, en los temarios de las organizaciones y en los intercambios de la academia. Cristalizó las obsolescencias de la matriz productiva, la necesidad irremediable de cuidar los bienes comunes y la complejidad de construir consensos cuando los posicionamientos mayoritarios son diametralmente opuestos.
También evidenció que el extractivismo, incluso al servicio de financiar políticas públicas, excluye siempre dos dimensiones que se interrelacionan: la local y la informativa. La local, porque esas prácticas impactan de lleno en las instituciones y en la vida de quienes habitan los territorios y por ende merecen un lugar central en el proceso de decisión. Y la informativa, porque acceder a información detallada de los proyectos extractivistas no solo es un derecho de las comunidades, sino una responsabilidad del Estado en pos de garantizar participación ciudadana y promover, entonces, políticas públicas con respaldo social.
A todas luces, la forma en que se compartieron las intenciones hidrocarburíferas offshore del Estado nacional no contemplaron, acabadamente, ninguna de estas dimensiones. De otra manera no se explica que luego de un año de debates, el Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón, del que formo parte, haya realizado una audiencia pública municipal que, pese a no ser vinculante, tuvo un extraordinario nivel de convocatoria.
Frente a este escenario, queda en claro que la discusión exige repensar las formas y ampliar los márgenes: ya no alcanza con encolumnarse en el sí o en el no a las petroleras. El debate es por la transición energética.
Y digo esto inscripta en el #NoALasPetroleras, convencida de que el extractivismo nos trajo hasta acá, destruyendo nuestra Casa Común y multiplicando las desigualdades. Sin embargo, estoy cada vez más segura de que la salida no es por un lado o por el otro: es en síntesis y con todes adentro.
Es tiempo de ensanchar el debate, incluir todas las dimensiones y asumir que la manera de gestionar la crisis climática traerá contradicciones: si miramos la peli entera, notaremos que el camino común, necesario e impostergable es el de un plan nacional de transición energética justa.
Aunque la dicotomía existe desde siempre, la posibilidad de las petroleras offshore en el Atlántico reeditaron a nivel local la postal de los opuestos: por un lado, un sector que en nombre del desarrollo prioriza lo económico y relativiza la crisis climática. Por el otro, los ecologismos que no admiten matices o que son funcionales a los discursos ambientales hegemónicos y que no ofrecen —en ningún caso y por fuera de las consignas— caminos posibles o alternativos.
Sin embargo, en el medio, y aún inscriptos en el sí o en el no a las petroleras, hay muchísimas personas, instituciones y organizaciones que están convencidas —como dice Julián Monkes— de que hay que
discutir lo económico y lo ambiental, pero en el marco de la justicia social y la potestad soberana que tenemos sobre nuestros bienes comunes [porque] la tensión no es ambiente-desarrollo, sino perpetuación de un modelo excluyente, devastador y cuasi colonial, o construcción de un modelo para todes, con un crecimiento económico planificado, soberano y sustentable.
Para arrancar a pensar una transición es probable que primero haya que abandonar la comodidad de lo rotundo, reconocer la complejidad del estado actual de situación y asumir que para garantizar planeta, ambiente y desarrollo no solo se necesita un modo más integrador y común de hacer, sino que se precisa tiempo. Sería muy ingenuo creer que algo de todo esto puede resolverse de la noche a la mañana: hay que ser conscientes de que la transición es un proceso a largo plazo.
En esa misma línea, es fundamental cuestionar la matriz productiva, en cuanto contamina y multiplica la desigualdad, pero sin perder de vista que también es la que genera —directa e indirectamente— miles de puestos de trabajo y produce muchos de los insumos que son esenciales para la vida de millones de personas y hogares en Argentina y el resto del mundo.
Cuestionar este modelo de producción es determinante. Y generar insumos para el que queremos gestar es fundamental. El tema es que tenemos que definir qué hacer en el mientras tanto: tenemos que tener un plan para migrar de un modelo a otro.
Y en ese marco, el ambientalismo popular surge como posibilidad no sólo de forjar una nueva trama, sino de fundar —mediante un proceso transicional energético— una nueva urdimbre para nuestra matriz productiva y social, en clave ambiental.
Si hay algo que dejó en claro la discusión por la exploración y explotación petrolera offshore es la necesidad —también del ambientalismo popular— de construir un capítulo sobre energías para el Plan de Desarrollo Humano Integral, donde la planificación debe ser desde la perspectiva de los trabajadores y la comunidad organizada, y no desde la superioridad intelectual de las universidades o la ambición financiera de las empresas concentradas.
Partiendo de esa base, y asumiendo que lo que hagamos o lo que dejemos de hacer reproduce solo dos escenarios posibles —el de la profundización de la muerte o el de la regeneración de la vida—, la primera pregunta que aparece es cómo remediar el desastre, poniendo la vida en el centro, achicando las desigualdades, pero también reconociendo que hoy existe una dependencia —a pequeña y gran escala— en relación al uso de las energías, particularmente de las fósiles.
La respuesta inmediata es la transición energética justa, que exige un cambio de paradigma y que por ende conlleva un gran proceso de disputa, que no solo debe incluir los análisis y las proyecciones para el presente y el futuro del planeta, sino que también requiere revisar y asumir cómo fue que llegamos hasta acá.
Aunque ahora pretendan horizontalizar las responsabilidades para compartir los esfuerzos para la mitigación y adaptación al cambio climático, hay que decir —y repetir hasta el hartazgo— que fueron los países del Norte los que históricamente y en clave imperialista depredaron los bienes comunes y cosificaron todos los territorios y comunidades que pudieron. Pese a que la situación planetaria hoy es muy delicada y realmente requiere del aporte de todos para reducir—por ejemplo— la huella de carbono y disminuir el calentamiento global, es muy importante advertir que no todos los países contaminaron igual, ni que todos tienen los recursos para encarar una transición que además de energética es social.
Si algo queda en claro es que sin construir memoria del desastre y la depredación ambiental no habrá posibilidad de encarar una transición justa.
Por ende, un primer buen ejercicio para pensar el contenido y los límites de una transición nacional posible es formularnos preguntas: ¿Por qué estamos en una crisis climática? ¿Cómo pasó? ¿Qué responsabilidad tiene nuestro país? ¿Qué entendemos por el cuidado de los bienes comunes? ¿Qué políticas hubo y cuáles están faltando? ¿Qué justifica una petrolera offshore si no hay un plan de transición?
¿De qué transición estamos hablando? ¿Hacia qué energías deberíamos migrar? ¿Para qué matriz productiva? ¿Cuánto tiempo implicaría este cambio? ¿Desde qué perspectiva tendría que ser? ¿Qué rol debería asumir el Estado? ¿Y las comunidades y los ambientalismos y los empresarios? ¿Sería una estrategia nacionalizar YPF por completo? ¿Cómo se financiaría la transición? ¿Qué aportarían los que ganan contaminando? ¿Lo mismo que los que son contaminados? ¿Cómo incluimos la dimensión social de la crisis climática y en la transición energética para que sea justa, con todes adentro y con perspectiva ambiental y de desarrollo?
Alvaro García Linera hace un planteo que sirve de disparador para nutrir los debates que devienen de esos cuestionamientos y que ayudan a pensar el contenido y los márgenes de un posible plan nacional de transición energética. El exvicepresidente de Bolivia sostiene que el camino es construir una
política de transición gradual hacia otras formas de producción de la riqueza, en las que los excedentes queden en manos del Estado para que sea redistribuido y genere salud, educación y alimento para formar una nueva generación de trabajadores, profesionales y técnicos que nos lleven al tránsito hacia una economía no extractiva.
Sin dudas, precisamos definir un plan de transición energética justo y soberano; correr los límites de lo posible. La crisis climática está en curso y el mundo no (nos) aguanta más.
Suscríbase a nuestro boletín semanal, una nota curada que ofrece una ventana a algunas de las luchas y conflictos de nuestro tiempo.
