La humanidad asiste a una de las crisis sanitarias más graves de su historia moderna. La pandemia de Covid-19 ha infectado a más de 10 millones de personas, causando más de 500 mil muertes a nivel mundial y actualmente tiene su epicentro en América Latina. Desde la región, en un escenario dramático donde aún no se ha dejado atrás el aislamiento social y las economías están colapsando, es desde donde debemos pensar alternativas estructurales para salir de esta profunda crisis.
Entre las alternativas que se han instalado a nivel internacional en la agenda de los Estados Unidos y Europa se destaca la idea de un Green New Deal (GND) o Nuevo Pacto Social Verde para un escenario global de la post-pandemia. En sus aspectos fundamentales dicha propuesta plantea una profunda transformación en el modo de producción y consumo de nuestras sociedades, promoviendo cambios estructurales a nivel económico y social, con el objetivo de redistribuir la riqueza y dar respuestas superadoras a las apremiantes amenazas del calentamiento global. En coincidencia con el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030) de Naciones Unidas, la propuesta del GND considera imprescindible revertir las causas principales de estas amenazas: la industria de los combustibles fósiles y la deforestación.
Entre otros objetivos fundamentales se considera necesario descarbonizar la matriz energética -dejando atrás los combustibles de gas, petróleo y carbón- y llevar adelante una transición hacia energías renovables y un esquema de matriz energética sustentable y democrática. Para lograr dicha transición se prevé que el Estado tenga un rol central de políticas públicas que promuevan una fuerte inversión a escala masiva, comparada con la dinamización económica promovida con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Si bien la propuesta del New Deal del presidente norteamericano Franklin Roosvelt se implementa antes de la guerra, al finalizar la misma, en la mayoría de los países occidentales se promueven modelos económico-sociales con un papel central del Estado en la dinamización de la economía y en la garantía del bienestar del conjunto de la sociedad. Entre otros aspectos, estos modelos propiciaron derechos laborales, con un incremento de los salarios reales y una sensible disminución de la jornada laboral, inspirados en el New Deal de Roosvelt. En su diagnóstico actual, el Green New Deal aborda simultáneamente la crisis climática y ecológica provocada por el calentamiento global, con el problema de la desigualdad social y económica predominante en el mundo.
Comprender la magnitud de la crisis a la que asistimos permite valorar y dimensionar el acierto de una visión integral de transición hacia un modelo sustentable. Es preciso considerar que la pandemia actuó como un detonante de la crisis de las políticas neoliberales y de la globalización que se venía anunciando tanto en los países centrales como periféricos de Occidente, entre otros, con el Brexit en Inglaterra; los chalecos amarillos y las grandes huelgas en Francia; la larga recesión en Italia; y el vuelco hacia el proteccionismo en Estados Unidos. Al mismo tiempo, en América Latina la crisis socio-económica golpeaba a Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Una crisis anunciada incluso por Cristalina Georgieva del FMI quien señaló a principios de 2020 que, si la desigualdad en el mundo y el accionar del sector financiero no se revertían, podría producirse una crisis similar a la de 1929-1930.
No obstante, la actual crisis es aún más grave que la de 1930, a causa de la pandemia y, en especial, de las amenazas del calentamiento global y la prevista crisis del agua a escala mundial que, en palabras del Secretario General de las Naciones Unidas Antonio Guterrez: «son aún más graves que la pandemia». En lo económico-social, durante las tres últimas décadas, la globalización neoliberal ha generado un crecimiento exponencial del desempleo, la precarización laboral, la pobreza y la indigencia, que contrasta con el crecimiento también exponencial de la concentración y polarización de la riqueza. En la actualidad, el 80% de la población mundial -unos 6.500 millones de personas- sólo dispone del 4% de la riqueza del mundo, y de ellos, 4.500 millones están bajo la línea de pobreza. Para los grupos de poder económico-financiero que dominan la globalización neoliberal, esta población es sobrante: no resultan útiles ni como mano de obra barata al ser reemplazados por tecnologías de avanzada; ni como consumidores, por sus niveles de pobreza. El Papa Francisco denuncia que los grupos de poder dominantes que conciben un mundo donde el «Dios Dinero» en el centro, consideran a más de la mitad de los habitantes del planeta como «población descartable».
Por su parte, el 20% más rico concentra el 95.5% de la riqueza; pero éste es un mercado excesivamente reducido para el incremento de la productividad y la presencia de la producción china en el mercado mundial: se gestan de este modo las condiciones para una crisis de sobreproducción por carencia de demanda. Las políticas neoliberales agudizan aún más esta crisis, promoviendo medidas de ajuste estructural, mayor desempleo y precarización, baja de salarios reales y beneficios previsionales; mientras los capitales se desplazan desde la producción hacia la especulación financiera, en una dinámica similar a la de 1929, que culminó en el «jueves negro» de Wall Street.
La crisis económico-social se conjuga a su vez con las amenazas del calentamiento global y la anunciada crisis mundial del agua, cuya gravedad es advertida por numerosos estudios científicos. Entre otros, poco antes de morir en marzo de 2018, el astrofísico Stephen Hawking alertó que, si no se revierten los factores que alimentan el calentamiento global, la Tierra puede llegar a un punto de inflexión con un proceso acelerado e irreversible de calentamiento hasta superar los 150ºC; lo cual significaría el fin de la vida en el planeta. En el mismo sentido, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático-IPCC de las Naciones Unidas señala que es urgente reducir en más de un 30% las emisiones de gases de efecto invernadero en las dos próximas décadas, producidas por los combustibles fósiles y la deforestación, en tanto las consecuencias del calentamiento global, con fenómenos meteorológicos extremos -entre otros, olas de frío polar y de calor extremo; sequías y grandes tormentas; deshielo de los polos; calentamiento y crecimiento del nivel del mar- pueden generar consecuencias catastróficas e irreversibles.
El planteo del Green New Deal y la conformación de una Internacional Progresista, convocan a la confluencia de fuerzas políticas, movimientos sociales, climáticos y ambientales, intelectuales, periodistas, científicos, académicos, sindicatos, sectores juveniles y universitarios para la construcción, desde las propias perspectivas particulares, de nuevas alternativas capaces de revertir las desigualdades e injusticias sociales, así como la crisis climática y ambiental. Nuevos modelos democráticos de sociedad y Estado con amplia participación ciudadana, capaces de revertir las injusticias sociales existentes del sistema socio-económico mundial capitalista, racista, patriarcal y depredador de los ecosistemas y los recursos naturales. Se propone además, desmantelar las estructuras neocoloniales del presente en el Sur Global, considerando que la actual crisis debe ser un punto de inflexión en la historia, en tanto gran parte del crecimiento del modelo económico predominante en el Norte Global se ha sustentado y se sustenta en la extracción de recursos materiales y financieros provenientes del Sur Global.
La característica principal de la economía verde es que está promocionada por los grandes grupos económico-financieros -corporaciones, bancos y fondos de inversión- responsables principales de la crisis económico-social, climática y ecológica. Cien grandes empresas generan el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del calentamiento global y la contaminación del aire, la tierra y el agua. El capitalismo verde es fruto de la iniciativa de las principales empresas que monopolizan el mercado de la energía, como Exxon, British Petroleum, Chevron, Shell, Total; el mercado de la agroindustria, Unilever, Cargill, DuPont, Monsanto, Bayer, Procter&Gamble; las grandes farmacéuticas como Roche y Merk; y las de la rama química Dow Chemical, DuPont y BASF.
Esta propuesta es parte de una nueva ofensiva del capitalismo global que, ante las crecientes denuncias y demandas sobre su responsabilidad en el calentamiento global y las evidencias de su gravedad, proponen superarlos mediante la privatización y mercantilización masiva de los bienes comunes, en un intento por frenar las críticas y recuperar sus tasas de ganancia. Pretenden convertir a los ecosistemas y recursos hídricos en mercancías, anteponiendo una vez más sus intereses económicos particulares a las necesidades colectivas de la población mundial y al futuro del planeta.
El primer gran desafío para Argentina y América Latina es desmantelar las estructuras neocoloniales, responsables principales del saqueo de sus recursos y de los altos niveles de pobreza e indigencia, en un continente donde, a similitud de África, la desigualdad social adquiere sus manifestaciones más crudas y padecen más gravemente los efectos del calentamiento global.
Dada la debilidad económica de la sociedad civil, a causa de las políticas de saqueo neoliberal desde las dictaduras militares de los años 70´ y los procesos de privatización de los 90´, es preciso otorgar un papel central al Estado de Bienestar, como promotor y orientador de la economía. Con este objetivo y en tanto el equilibrio fiscal no se alcanza exclusivamente -como pretende el neoliberalismo- por políticas de ajuste, sino por la recuperación de ingresos legítimos, será preciso plantear una recuperación del control y administración públicos de recursos estratégicos privatizados, junto a un estricto control del comportamiento de las empresas y del sector financiero privados, a fin de erradicar las distintas y muy extendidas modalidades de estafas al fisco.
Se trata de una forma de Estado capaz de cogestionar las distintas actividades, con una amplia participación de los movimientos sociales y la sociedad civil, además de promover y respaldar las iniciativas que surjan desde los diversos sectores y organizaciones libres del pueblo. En grandes líneas, el objetivo principal es impulsar una reorientación de la riqueza social, desde los grupos económico-financieros concentrados, nacionales y transnacionales, hacia las mayorías sociales, con el fin de superar un modelo económico-social que en Argentina ha generado más de un 45% de pobreza, mientras en niños y jóvenes menores de 17 años, ronda el 60%.
Sin pretender abarcar la totalidad de las políticas que deberían abordarse, en lo referido al corto y mediano plazo, nos parece significativo mencionar las propuestas en Argentina de distintas organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que congrega a más de cuatro millones de trabajadores excluidos, la CTA Autónoma o el Movimiento Arraigo, entre otros, que a través de la cooperación, la solidaridad y la organización, han logrado definir nuevas formas de trabajo legítimo para garantizar su subsistencia. Entre sus propuestas, plantean el objetivo de alcanzar la soberanía alimentaria garantizando una independencia en la producción, transporte y comercialización de alimentos respecto de las cadenas globales de especulación financiera. Asimismo proponen la creación de un millón de chacras mixtas combinadas con la industrialización del campo, y reemplazar al capital concentrado extranjero preponderante en los supermercados, por capital público que garantice el abastecimiento justo para enfrentar la crisis alimentaria.
Plantean además propuestas referidas a la soberanía monetaria y financiera; la soberanía fiscal que, entre otros aspectos contempla un “impuesto solidario” como mecanismo para que el 5% más rico del país contribuya a atender la situación de pobreza estructural. A su vez, la soberanía productiva impulsa una estrategia de sustitución y control estricto de importaciones, promoviendo el desarrollo de la industria nacional. La soberanía energética propone recuperar el control sobre YPF y atender a que el proceso de producción y distribución energética sea un sistema centralizado con la estatización de las empresas de servicios público. A esta propuesta debe incorporarse además un eje central de promoción de energías renovables con inversiones públicas para impulsar la transición verde que revierta la actual dependencia de la matriz fósil presente en la mayoría de los países de América Latina.
A ello se agregan las propuestas de soberanía marítima con promoción de flota mercante de bandera nacional y nacionalizar los puertos, para un más estricto control de las exportaciones e importaciones. En el área de transportes, se plantea el desarrollo de una industria pública ferroviaria con el fin de reconstruir el sistema de nacional de ferrocarriles. Se propone además la necesidad de instrumentar una universalización del “Salario social de Empleo y Formación” para todos los jefes y jefas de hogar desocupados; ampliar la Asignación Universal por Hijo y fijar una jubilación universal para la población adulta mayor equivalente al 82% del salario social y poner en marcha un plan de construcción de un millón de viviendas populares por año. A lo que debe agregarse la discusión sobre la legitimidad y la necesidad de condonar la totalidad o parte de las deudas externas de las naciones periféricas, en este escenario de crisis humanitaria.
Estas propuestas no pueden desconocer las tensiones y resistencias de los grupos de poder y de las fuerzas políticas nacionales presentes en cada uno de los países de América Latina, que pretenden reconstruir los modelos neoliberales con persistencia de la marginación social. No obstante, dada la magnitud de la crisis generada por el neoliberalismo en nuestro continente, consideramos que esas propuestas no tienen viabilidad histórica en el mediano plazo, más allá de los intentos de los sectores del poder real de Estados Unidos, que intentarán fortalecer a líderes de las derechas con perfiles similares a los Bolsonaro o Piñera, sin descartar eventuales intentos de golpes militares como en el caso de Bolivia, o estrategias de Lawfare como el caso de Brasil, Ecuador y Argentina, entre otros. Por estos motivos, debemos trabajar por la confluencia de las fuerzas progresistas de América Latina y el mundo en un frente común capaz de anteponer una propuesta de solidaridad internacional y una transformación de carácter civilizatorio, ante los eventuales intentos de reconfiguración de las fuerzas de derecha y ultra derecha a nivel mundial.
Suscríbase a nuestro boletín semanal, una nota curada que ofrece una ventana a algunas de las luchas y conflictos de nuestro tiempo.
