Omar Príncipe[1]

En los últimos días, la palabra Vicentín fue seguramente la más escuchada, la más escrita y cubrió la agenda política y mediática del país con opiniones de todos los colores a favor o en contra de la intervención y expropiación de la empresa.

Pero ¿cuál es el rol de Vicentín?, o ¿cómo impacta Vicentín en los pequeños y medianos productores?, ¿qué consecuencias puede traer que Vicentín quiebre, se desguace y quede en manos de privados o sea rescatada y quede en manos del Estado? ¿Es indiferente la salida para los pequeños agricultores?

Seguramente no. A partir de Vicentín podemos pensar en cambiar el modelo agropecuario argentino. Por eso es fundamental saber o recordar cómo estamos hasta hoy, o hasta diciembre de 2019 cuando Vicentín se declara en stress financiero y preguntarnos ¿cuál es el papel que tenemos los pequeños agricultores en la famosa cadena agroindustrial?.

El modelo agropecuario argentino es de concentración, van desapareciendo productores y al mismo tiempo producimos cada vez más granos. Según los últimos censos nacionales agropecuarios, en la década del ’80 éramos  421.000 productores y producíamos 40.000.000 de toneladas de granos; en 2002 éramos 330.000 productores y producíamos 80.000.000 de toneladas; y para 2018 quedábamos 237.000 productores y producimos 147.000.000 de toneladas.

Hay otros datos a tener en cuenta, que agravan esta situación: expansión de las áreas cultivadas; consolidación del modelo de monocultivo con más de 20.000.000 de hectáreas sembradas de soja; deforestación de bosques nativos. A este panorama productivo extractivista, hay que sumarle otro análisis sobre quiénes son los que producen esas 147.000.000 toneladas de granos. Del total de productores de granos, 56.000 somos pequeños productores, representamos el 80% del total de productores pero solo producimos el 20% del volumen total de granos.

Este es el modelo que se consolidó con grandes fondos de inversión, pooles de siembra que trabajan, por ejemplo, hasta 258.000 hectáreas como ADECOAGRO o el Grupo “Los Grobo” que trabajan 187.000 hectáreas, y pooles medianos que abarcan miles de hectáreas y reemplazan y desplazan a centenares de chacareros en cada localidad del interior del país.

Entender que el negocio de producir granos a gran escala deja de ser el de trabajar la tierra para convertirse en un negocio financiero, en el que la ventaja de tener esta gran escala es conseguir financiamiento de privados, de la banca nacional pública o privada y también de fondos del exterior; llegar a acuerdos comerciales con semilleros, empresas de agroaquímicos, fertilizantes; y, también, comercializar los granos que producen directamente con los exportadores.

Estas ventajas que tienen los grandes actores del sector agropecuario posibilita que paguen precios de arrendamiento muy altos al dueño de la tierra, realizando contratos que se renegocian anualmente, elevando la renta del dueño de la tierra y desplazando a los pequeños y medianos productores arrendatarios.

La concentración agropecuaria no es solo en la producción de granos, se ve reflejada en toda la cadena; en la comercialización, la industrialización y, también en el comercio exterior de granos. El complejo agroexportador es un reflejo de esta concentración de tierras y de la producción que se da en los territorios.

Entre el 75% y el 80% de las exportaciones de granos es realizado por empresas transnacionales: Cargill, Dreyfuss, ADM, COFCO. El resto se realiza mediante Vicentín, AGD o ACA. Volvemos y recordamos el dato de que los pequeños y medianos agricultores de granos solo producimos menos del 20% de los granos. La comercialización de esos granos la hacemos a través de nuestras cooperativas agropecuarias y el movimiento cooperativo solo realiza el 4,5% de las exportaciones de granos, retrocediendo del 9% al 4,5% en los últimos años.

Para graficar esta situación, podemos referirnos al caso de la cooperativa agropecuaria de primer grado más grande del país, Agricultores Federados Argentinos -AFA SCL-, que con 18.000 asociados activos, acopia y comercializa 5.000.000 de toneladas de soja (el 10% del total que se produce en el país) pero al no tener puerto propio, la exportación de los granos de miles de pequeños agricultores, se termina realizando en un puerto de Cargill, Dreyfuss o Vicentín.

En este contexto de los últimos años -de concentración de la producción, de la industrialización y el comercio de granos- se da el crecimiento de la empresa Vicentín, diversificando sus actividades, convirtiéndose en un actor importante en la exportación de granos, que llegó a tener el 9% de participación y teniendo la industria de molienda más importante de la Argentina, llegando a un 22% de participación.

Mucho de ese crecimiento es originado por los créditos sucesivos que le fueron otorgando. Una política de financiamiento que no fue igual para las cooperativas, que en ese mismo período, que tuvieron que pagar tasas desorbitantes, a las que les bajaban las calificaciones bancarias o no le otorgaban los créditos necesarios para que pudieran trasladar el financiamiento a sus productores asociados para la adquisión de insumos (semillas, fertilizantes) o continuar con las inversiones previstas para la infraestructura y el agregado de valor.

La intervención es acertada, considerando a Vicentín de interés público, para evitar que se produzca un vaciamiento y extranjerización de la empresa y para garantizar la continuidad de los puestos trabajo y que 2.600 productores, más de 200 cooperativas y la banca pública (el Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior) y privada cobren sus acreencias.

También para garantizar las pruebas para la investigación respecto al otorgamiento de créditos a Vicentín por fuera de las normativas del Banco Nación y saber cuál fue el destino de los fondos con los que se benefició Vicentín, si hubo fuga de capitales, si se cometió una estafa, un fraude, con el dinero de todos los argentinos.

Estar de acuerdo con la intervención se basa también en la expectativa de que el Estado comience a promover cambios en la política agropecuaria. Son necesarios esos cambios también en el comercio exterior y se puede comenzar con el desarrollo de una política en este sentido desde Vicentín.

¿Por qué el Estado no puede tener una participación en el complejo agroexportador? ¿Por qué no puede tener un Puerto propio? Si aceptamos que el Estado chino, mediante su empresa pública COFCO, sea el mayor exportador de granos de nuestro país y que tenga su propio puerto en Rosario, ¿por qué no puede tenerlo el Estado argentino en nuestro propio país?

Si queremos cambiar el modelo agroexportador de nuestro país la expropiación de Vicentín puede ser una herramienta válida si tenemos claros cuáles son los objetivos de la misma: tener una empresa pública en el comercio exterior de granos, con puerto propio, con participación necesaria de las cooperativas, de los trabajadores y el Estado.

Que esto posibilite mayor participación de las cooperativas en el comercio de granos, que lo utilicen pequeños y medianos agricultores de todo el país que estén cooperativizados, y que a través de esta empresa pública el Estado pueda generar políticas públicas activas, que garantice precios de referencia, tanto en el mercado exterior como en el mercado interno, que pueda realizar convenios con otras empresas o países dentro de los acuerdos comerciales (por ejemplo, MERCOSUR), generar sistemas de financiamiento (por ejemplo, canje de granos para cooperativas y pequeños productores) con plazos y tasas de interés diferenciadas.

Tener una empresa pública es dejar de estar ausente en el complejo que mayor ingreso de divisas le da al país. Esta medida, de ser aislada, no garantizará la soberanía alimentaria pero puede marcar una tendencia sumada a otras políticas públicas para visibilizar qué produce nuestro país, quiénes lo producen y definir políticas integrales de planificación del modelo productivo agropecuario que genere una diversidad de alimentos y que genere valor agregado en origen, potenciando un desarrollo territorial.

Pasando esta coyuntura, después de Vicentín, más allá de lo que pase con la intervención o la expropiación, esta es la oportunidad para que se incorpore en la agenda política el debate sobre cuál es el rol del Estado en el sector agropecuario y sobre la necesidad de un cambio de todo el modelo que frene el proceso de concentración, la extranjerización y que de oportunidades a miles de pequeños productores.

Referencias

[1] Productor agropecuario cooperativo de Santa Fe, dirigente de la “Agrupación Bases Federadas” de la Federación Agraria Argentina (FAA), fue presidente de dicha Federación entre 2014 y 2018.