El cierre de este 2023 llega con baldazos de agua fría que nos convocan a reflexionar como región sobre las causas de la profunda crisis que atravesamos, y a diseñar, a como dé lugar, salidas viables que resuelvan en lo cotidiano el presente y futuro de nuestros pueblos. Este año, donde paradójicamente conmemoramos 200 años de la proclamación de la Doctrina Monroe, se configuró como un parteaguas en  el desarrollo de la correlación de fuerzas a nivel regional y global entre los proyectos de unidad desde una perspectiva soberana vs. los proyectos alineados con la ultraderecha y el conservadurismo a nivel global. 

Hace apenas un año una serie de triunfos electorales nos marcaban un horizonte de esperanza para los pueblos de nuestra región, proceso que hoy contrasta con una tendencia adversa. Así, el mapa de Nuestra América que aquellas fuerzas populares habían pintado mayoritariamente de un color progresista, hoy empieza a tener tonos variopintos en algunos países clave para la consolidación del proyecto regional de soberanía y emancipación.

Desde el OBSAL, como parte del Instituto Tricontinental a nivel global, nos preguntamos de forma permanente en este 2023 cómo comprender las características de este momento de simultaneidad entre la “nueva ola progresista” y la restauración neoliberal conservadora. Así como reflexiona el último Dossier del Instituto, tal vez estas categorías no son suficientes para analizar nuestra realidad regional en la que cada vez se presentan, con matices y mixturas, propuestas políticas que parecen estar fuera de las formulaciones más recientes de proyectos de izquierda o derecha en el continente, y nos obligan a comprender los nuevos fenómenos desde otras dimensiones.

Como prueba del dinamismo de esa correlación de fuerzas, pareciera que la realidad de nuestra región se desarrollara en dos líneas paralelas que cada vez parecen más antagónicas, y difíciles de cruzar entre sí: con escenarios regionales y globales –como el desarrollo de reuniones de mecanismos de integración como el MERCOSUR, la CELAC, la UNASUR, los BRICS+ e inclusive de negociación sobre el cambio climático como la COP28– que conviven con otros escenarios como el genocidio profundizado por el Estado de Israel sobre el pueblo palestino, la progresión de la crisis climática y ambiental, la acentuación de la desigualdad, la inestabilidad económica signada por la inflación, los procesos de restricción de la vida democrática y la expansión de neofascismos y racismos.

En este Informe de Coyuntura #22 trabajamos sobre estas dos líneas paralelas que nos llevaron inclusive a no poder caracterizar de forma unívoca el último período del año como solemos hacer en los títulos de nuestros informes. Así, por un lado, examinamos el desarrollo del triunfo del proyecto fascista y neoliberal de Javier Milei en Argentina, uno de los países que fueron protagonistas en esta denominada “nueva ola” de los últimos cuatro años, cuyas primeras medidas de gobierno han devaluado la moneda nacional y han empujado en un nivel acelerado el desarrollo de la ya alta inflación en el país solo en su primera semana de gestión, además de intentar arrogarse la suma del poder público para tratar de modificar cientos de leyes de manera ilegal en la siguiente semana. Este triunfo se suma a las victorias de candidatos de corte similar en Ecuador y en Paraguay; y al permanente intento de golpe de Estado en Guatemala a través de sectores derechistas que pretenden desconocer los resultados electorales que no los favorecen.

En este mismo sentido, en Perú la continuidad del gobierno golpista de Dina Boluarte –que cumple un año de masacres e ilegitimidad– se suma a la orden de libertad del dictador Alberto Fujimori; a la decisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de aprobar el envío de tropas de Kenia hacia Haití –pueblo que continúa reclamando el respeto por su autodeterminación ante los oídos sordos de la ONU, que decidió impulsar de nuevo las invasiones al mejor estilo MINUSTAH y MINUJUSTH–; a la dramática situación invisibilizada de las y los millones de migrantes en el Darién o en la frontera norte de México; a la cada vez más abierta intervención de los dispositivos militares de EE. UU. en todo tipo de temas internos de otros países; y –con otras características– a la división cada vez más profunda al interior del MAS en Bolivia, situación que parece vaticinar un escenario de ruptura irreconciliable en uno de los principales procesos de cambio de nuestro continente, entre otros elementos que nos señalan las dificultades para el campo popular.

La otra línea, mientras tanto, nos presenta avances en los derechos de los pueblos y en el camino hacia un proyecto de soberanía regional: con Colombia, Bolivia y Chile alzando la voz en el concierto global en defensa del pueblo palestino y señalando el accionar terrorista del Estado de Israel; con el pueblo guatemalteco y especialmente las comunidades originarias en defensa del respeto a la voluntad popular que dio la victoria a Bernardo Arévalo en las elecciones presidenciales; con la victoria del pueblo panameño contra la privatización minera; con la derrota de la constituyente presentada por la mayor parte de las fracciones de derecha en Chile el pasado 17 de diciembre e inclusive, con el camino de diálogo abierto gracias a la CARICOM y la CELAC entre Guyana y Venezuela por la controversia territorial del territorio Esequibo.

El cierre del 2023 nos proyecta un 2024 de mayores tensiones aún, con escenarios electorales fundamentales, como las elecciones presidenciales en México, El Salvador, República Dominicana, Panamá, Uruguay y Venezuela, que continuarán configurando la compleja y variopinta realidad continental. Como mencionamos, el análisis de coyuntura durante este año que termina nos lleva a preguntarnos, ¿cómo ha sido posible un cambio del panorama regional de forma tan radical en tan poco tiempo? ¿Qué elementos que hoy son críticos para las y los trabajadores de nuestra región están escapando al accionar y el discurso de los progresismos a nivel regional, y están siendo capturados por las propuestas más neoliberales y fascistas del espectro político? ¿Cómo entendemos que en las urnas, e inclusive en las calles, se acompañe desde los sectores populares a aquellos proyectos que van directamente contra sus propios intereses?

El inicio de 2024 nos ubica en la urgencia de ahondar en estas preguntas desde un análisis más completo, que tenga en cuenta además de las dimensiones clásicas, también aquellas que apuntan hacia la disputa del plano cultural, discursivo, emotivo, que configura cada vez más un amplio campo de batalla en el que esta correlación de fuerzas se modifica con intensidad, y que termina definiendo los destinos de nuestra Patria Grande hacia futuros cada vez más inciertos.

América Latina y el Caribe tuvo este 2023 un rol fundamental en el escenario global, y seguramente continuará teniéndolo el año que está por iniciar. Tenemos como región una multiplicidad de potencialidades en términos productivos, económicos y humanos, así como una larga historia de lucha y resistencia de nuestros pueblos ante los peores escenarios. El reto mayor –construir utopías posibles, que trasciendan lo meramente discursivo y se materialicen en mejoras concretas de las condiciones de vida de nuestros pueblos– se presenta como una urgencia de primer orden no sólo para quienes habitamos Nuestra América, sino también para el futuro de la humanidad en su conjunto. 

Panorama general

La dinámica de la crisis civilizatoria en el contexto de la transición hegemónica global

A lo largo de este año que concluye hemos examinado en esta sección la evolución y dinámica de una crisis múltiple, convergente y sistémica emergida y desplegada en esta etapa neoliberal del capitalismo pero que cuestiona los propios fundamentos de la civilización del capital y su modernidad colonialidad. Así, analizamos la progresión de la crisis climática y ambiental, la acentuación de la desigualdad y pauperización social, la inestabilidad económica signada por la inflación y la caída del crecimiento, los procesos de restricción de la vida democrática y la expansión de neofascismos y racismos. Asimismo, reseñamos el desenvolvimiento de la guerra en Europa, la amenaza permanente de su escalada nuclear y su efectiva proyección mundial señalando la creciente afirmación del momento bélico en la gestión de la transición hegemónica global que está en curso. De este modo, las formas que adopta esa transición, signada por la recreación del conflicto Occidente-Oriente, sirvió para potenciar la propia crisis civilizatoria, desplegando una serie de eventos catastróficos que parecen agigantarse hacia adelante. Repasemos algunos de estos hechos acontecidos en el último cuatrimestre del 2023.

La gravedad de la crisis climática y los resultados ambiguos de la COP 28

El registro de incrementos récord de la temperatura terrestre a lo largo del año despertó nuevamente la alerta en la comunidad científica y las instituciones y movimientos sociales que siguen la crisis climática. En esta dirección, el 2023 concluye siendo el año más cálido desde que se tienen registros: en el periodo entre noviembre de 2022 y octubre de 2023, la elevación de la temperatura superó los 1,32ºC por encima del clima preindustrial. En algunos días de noviembre, dicho incremento superó los 2°C. 

Asimismo, la retracción en la creación de hielo antártico motivó la advertencia de un cambio en las corrientes marinas y el riesgo de la retroalimentación incontrolable de estos fenómenos. En ese contexto, cinturones de fuego recorrieron el globo, consumiendo, por ejemplo, más de 18 mil hectáreas del bosque boreal en Canadá. Además, tormentas excepcionales se descargaron en el Norte y en el Sur. Entre ellas, la tragedia sufrida por poblaciones costeras en Libia sigue señalando las consecuencias desgarradoras de esta crisis climática. 

La gravedad de la situación llevó al Secretario General de Naciones Unidas António Guterres a afirmar en diferentes y sucesivas declaraciones que ya entramos en la “era del hervor global” (27/7), que el “colapso ecológico ha comenzado” (6/9) y que se han abierto “las puertas del infierno” (20/11). Así, advirtió que “si nada cambia, nos dirigimos hacia un aumento de la temperatura de 2,8 grados, hacia un mundo peligroso e inestable”. También señaló que “las naciones más pobres tienen todo el derecho a estar enojadas. Enojadas porque son las que más sufren una crisis climática que no hicieron nada para crear. Enojadas porque la financiación prometida no se ha materializado. Y enojadas porque sus costos de endeudamiento están por las nubes. Necesitamos una transformación para reconstruir la confianza”. En el mismo sentido, también a principios de octubre, el Papa Francisco dio a conocer su segunda encíclica sobre la problemática ambiental, en este caso dedicada especialmente a la crisis climática. Así, en la encíclica Laudaute Deum afirmó que “por más que se pretenda negar, esconder, disimular o relativizar, los signos del cambio climático están ahí, cada vez más patentes”.

Sin embargo, más allá de estas advertencias y exigencias, la crisis climática y las causas que la provocan no han dejado de intensificarse en los últimos meses del año. Así, las emisiones de gases de efecto invernadero no han dejado de crecer en los últimos años. Sobre ello la Organización Metereológica Mundial de las Naciones Unidas informó que el promedio mundial de dióxido de carbono en la atmósfera en 2022 superó en un 50% el nivel preindustrial por primera vez; y un informe difundido por la ong Carbon Global Project señaló que el dióxido de carbono (CO₂) expulsado por el sector fósil aumentará un 1,1% este 2023 respecto al pasado año, un nuevo récord histórico.

Por otra parte, el último informe sobre la brecha de emisiones del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) señaló que “si las políticas vigentes se mantienen, el calentamiento global se limitará a 3°C. [Por otra parte, de] hacer efectivos todos los compromisos condicionales e incondicionales de aquí a 2030”, la elevación de la temperatura llegaría a 2,5°C y si se cumplieran todos los compromisos de emisiones cero podría reducirse a 2°C, superando en todos estos casos los 1,5°C ambicionados en el Acuerdo de París.

En ese contexto, entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre tuvo lugar la Conferencia de las Partes N.° 28 (COP, la instancia de Naciones Unidas de negociación sobre el cambio climático). Las expectativas despertadas antes de su realización resultaban preocupantes, ante el incumplimiento de los compromisos de financiamiento del Norte al Sur y siendo que la sede elegida fue la ciudad de Dubai, capital de Emiratos Árabes Unidos, el décimo productor petrolero mundial, y que la presidencia de la COP estuvo ejercida por el Sultán Al Jaber, director ejecutivo de la compañía nacional de petróleo de dicho país. Asimismo, la difusión de una declaración de este Sultán respecto de que la ciencia no afirmaba que había que abandonar los combustibles fósiles para revertir el calentamiento global dio cuenta de las enormes presiones que ejercían las corporaciones y países petroleros para evitar un compromiso efectivo sobre ello en la COP.

Finalmente, dichas presiones no alcanzaron para evitar que, por primera vez en un acuerdo climático de Naciones Unidas, se plantee la necesidad de una transición energética orientada a abandonar los combustibles fósiles; aunque sí fueron suficientes para que se conviniera un lenguaje débil que no habla de su eliminación y no fija compromisos obligatorios. Esta ambigüedad fue reconocida incluso por el  Secretario Ejecutivo de Naciones Unidas para el Cambio Climático Simon Stiell en su discurso de clausura, al afirmar que «aunque en Dubái no hemos pasado la página a la era de los combustibles fósiles, este resultado es el principio del fin».

Por otra parte, se aprobó  el primer «balance mundial para la acción climática” que pide triplicar la capacidad de las energías renovables y duplicar las mejoras de la eficiencia energética para 2030; acelerar los esfuerzos hacia la eliminación progresiva del carbón, eliminar progresivamente los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles y otras medidas que impulsen una transición energética “justa, ordenada y equitativa, con los países desarrollados continuando a la cabeza”. Sin embargo, la flexibilidad y laxitud de estos compromisos no aseguran su cumplimiento efectivo; más allá del acuerdo, considerado histórico por las Naciones Unidas, sobre la puesta en marcha del fondo de pérdidas y daños y de mecanismos de financiación del Norte al Sur que, aparentemente ya ha sumado anuncios de más de 700 millones de dólares.

Desigualdad social y crisis climática ¿Quienes son los responsables?

Una de las dimensiones más gravosas de la actual crisis de la civilización del capital ha resultado la significativa acentuación de la desigualdad social a escala global y nacional durante los últimos años, desde la pandemia hasta la actualidad, que hemos ido analizando periódicamente en estos informes. En el anudamiento dinámico de las diferentes dimensiones de esta crisis múltiple, también el cambio climático se cruza con este procesos de desigualación social, señalando a los verdaderos beneficiarios y responsables del deterioro socioambiental y potenciando el entrelazamiento de las demandas de justicia social y ambiental. En esta dirección, el informe 2022 sobre la brecha de emisiones producido por el PNUMA señala que los países del G20 representan el 76% de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta, emisiones que aumentaron un 1,2% en 2022. Asimismo, refiere que el “10% de la población con la renta más alta produjo casi la mitad de las emisiones (el 48%). Dos tercios de estas personas residen en países desarrollados. Por el contrario, el 50% más pobre de los habitantes de la Tierra solo es responsable del 12% del total de las emisiones”. Y en relación con la acumulación histórica de las emisiones, el informe recuerda que casi el 80% de las mismas provino del G20, mayoritariamente de EE. UU., la Unión Europea y China; siendo que “los habitantes de EE. UU. equivalen al 4% de la población mundial, pero puede atribuírseles el 17% del calentamiento global entre 1850 y 2021… en cambio, la India concentra el 18% de la población mundial, pero hasta ahora solo le corresponde el 5% del calentamiento”.

En similar dirección, el reciente informe “Igualdad climática: un planeta para el 99 %”, realizado por Oxfam junto al Stockholm Environment Institute (SEI), revela la enorme brecha entre las huellas de carbono de los más ricos –cuyo estilo de vida e inversiones en industrias contaminantes como los combustibles fósiles impulsan el calentamiento global– y el grueso de la población mundial. Así, el 1% más rico (77 millones de personas) fue responsable del 16% del total de emisiones según sus hábitos de consumo en 2019, una cifra mayor que la totalidad de las emisiones generadas por desplazamientos en coche y el transporte por carretera y similar a las emisiones del 66% más pobre (5000 millones de personas). Sobre ello, el director ejecutivo interino de Oxfam Internacional, Amitabh Behar afirmó que “los más ricos están destruyendo el planeta, saqueándolo y contaminándolo, mientras el calor extremo, las inundaciones y las sequías asfixian a la humanidad”, para concluir que “llevamos años luchando para poner fin a la era de los combustibles fósiles, y salvar así el planeta y millones de vidas. Ahora es evidente que no lo lograremos a menos que también pongamos fin a la era de la riqueza extrema”.

De la guerra en Europa y los conflictos en África, al conflicto en Medio Oriente y el genocidio palestino

La guerra, y en general los procesos de militarización social, resulta otra de las dimensiones de esta crisis múltiple de la civilización del capital, acentuada por el modo que adopta la transición hegemónica global y el carácter bélico y violento que asume la defensa de los intereses estadounidenses frente al debilitamiento de sus posiciones en el terreno de la competencia económica y científico-tecnológica. Así, el escenario de guerras regionales (el despliegue de una guerra fragmentada) y la creciente rivalidad militar entre los viejos y nuevos centros del poder mundial signan el tiempo presente, con sus consecuencias gravosas sobre los pueblos del Sur y la amenaza permanente de una escalada que abra un conflicto amplio y directo entre los reales contendientes o que, incluso, derive en una conflagración nuclear. Sobre esta dimensión, a lo largo de este año que concluye hemos asistido al despliegue de la guerra en Ucrania, a una serie de golpes militares antiimperialistas y amenazas de invasión en Africa, y hasta el estallido de un nuevo episodio del conflicto en Medio Oriente, signado por el genocidio del pueblo palestino. Examinemos brevemente la actualidad de estos hechos.

En relación con la primera cuestión, en nuestro último informe ya reseñamos el creciente fracaso de la contraofensiva ucraniana en la guerra de la OTAN contra Rusia, más allá de la creciente ayuda e intervención estadounidense y europea. Una situación que no se ha modificado en los últimos meses, que supuso ciertos avances del ejército ruso en el intento, aún no obtenido, de lograr el control de nuevas localidades en el frente de guerra. Esta situación de relativo estancamiento del combate, reconocida incluso por diferentes medios y funcionarios europeos, acentuó el debate en el campo otanista ante el reclamo del gobierno ucraniano de mayor ayuda e involucramiento (incluida nuevamente su solicitud de incorporación oficial a la Unión Europea) y las dudas y disidencias entre una mayor intervención o la convalidación, explícita o implícita, de un nuevo status quo.

Por otra parte, en julio un golpe de Estado en Níger se sumó a una serie de golpes, enfrentamientos y cambios de gobierno en diferentes países africanos, particularmente de la región del Sahel (entre ellos, Malí, Chad, Guinea, Sudán, Burkina Faso, y Gabón). Con una orientación antiimperialista, muchos de estos nuevos gobiernos cuestionaron la presencia francesa y estadounidense, abriendo un escenario de crecientes tensiones y amenazas de intervención externa o nueva guerra africana. Finalmente, las peores previsiones no se cumplieron hasta ahora, abriendo un proceso de compleja negociación entre estos diferentes actores.

Tampoco la creciente tensión militar en torno a Taiwán y el sudeste asiático desembocó en un conflicto franco, pero en octubre estalló la confrontación en Medio Oriente. El ataque del 7 de octubre realizado por Hamás –con apoyo de la Yihad Islámica palestina– en distintos puntos del territorio israelí próximos a Gaza, con el posible propósito de dinamitar la normalización de las relaciones entre Israel y el mundo árabe (particularmente, Arabia Saudita) y responder a la política de asedio y avance promovida por el gobierno israelí, así como a su posible profundización en el caso de triunfar Trump en las próximas elecciones estadounidenses. El ataque de Hamas y sus consecuentes víctimas civiles y captura de rehenes fue el preludio a una agresiva respuesta del gobierno de Netanyahu, que estaba bajo un fuerte cuestionamiento de la sociedad israelí. Bombardeos sistemáticos sobre Gaza ―un territorio urbano que concentra una de las mayores densidades de población a nivel mundial―; bloqueo al ingreso de alimentos, medicinas y otros bienes y ayudas; restricción a la salida de los habitantes y promoción de la migración forzada de la población palestina del norte al sur, todo combinado con incursiones militares terrestres configuraron una política más orientada a retrotraer la situación en Gaza a la etapa previa a los acuerdos de Oslo –de los que se cumplen 30 años– que a recuperar a los rehenes y derrotar a la organización Hamas.

Los ataques y detenciones de activistas en Cisjordania, territorio bajo control de la autoridad palestina, señalan similares intenciones. Casi 20 mil palestinos han sido asesinados, de los cuales más de 8 mil son niñas y niños; cerca de 50 mil personas fueron heridas y alrededor de dos millones obligadas a abandonar sus hogares en migración forzosa. Todo ello da cuenta de una guerra contra el pueblo palestino, acompañada por su deshumanización simbólica para justificar, en el odio y el racismo, esta política de exterminio. Frente a ello, reiteradas condenas y solicitudes de un alto el fuego fueron desoídas, tanto de la Asamblea General de Naciones Unidas como de diferentes instituciones del sistema de Naciones Unidas y de su Secretario General Guterres que, entre otras manisfestaciones, señaló que “Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños” (7/11), que “estamos siendo testigos de una matanza de civiles que no tiene paralelo ni precedentes en ningún conflicto desde que soy Secretario General” (20/11), y en boca del portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia James Elder a principios de diciembre, «la interminable matanza de niños tras una noche de bombardeos totalmente implacables”. Contra el reclamo de la comunidad internacional, como ha sucedido trágicamente en otras oportunidades, y con el apoyo del gobierno estadounidense y de la Unión Europea, el gobierno israelí continuó con su política de bombardeos. Esta política, además de las víctimas palestinas, se ha llevado la vida de alrededor de 130 funcionarios de Naciones Unidas y de más de 60 periodistas.

Ante esta situación, a principios de diciembre (6/12), el secretario general de la ONU invocó por primera vez desde 1971 el Artículo 99 de la Carta de la Naciones Unidas pidiendo nuevamente un alto al fuego en Gaza pero el representante de EE.UU. en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas vetó una vez más dicha solicitud. Días después, el 12/12, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución pidiendo nuevamente un «alto el fuego humanitario inmediato» en Gaza con 153 a favor, diez en contra y 23 abstenciones. Y, al día siguiente, el propio presidente estadounidense Biden señaló que Israel “está empezando a perder ese apoyo por los bombardeos indiscriminados que se producen” y le sugirió a Netanyahu modificar su gobierno, “el más conservador de la historia de Israel”, lamentando que «no quiere una solución de dos Estados». Sin embargo, más allá de esta creciente tensión entre el gobierno estadounidense e israelí alrededor de la lógica de intervención en Gaza, hasta ahora no se ha modificado centralmente la política israelí.

Transmitido globalmente por las grandes cadenas mediáticas y replicado sin fin en las redes sociales, este genocidio del pueblo palestino interpela las raíces más hondas de la humanidad y muestra la barbarie profunda de la actual crisis civilizatoria del capital. Como ayer, parafraseando los dichos de Adorno frente a Auschwitz, resultará imposible ser plenamente humanos sin detener y hacer justicia en Medio Oriente.

Finalmente, otra amenaza pende de esta guerra asimétrica y desigual; con los reiterados bombardeos israelies en Siria y el Líbano y los ataques de los hutíes yemenitas sobre Israel y los buques estadounidenses en el mar Rojo, el conflicto corre el peligro permanente de involucrar a los países de la región, particularmente a Irán, por una parte; y a las fuerzas de la OTAN, por la otra.  En esta dirección, el 18 de diciembre, el gobierno estadounidense anunció la creación de una coalición de diez países (que incluye a Francia, Reino Unido, Bahréin, Canadá, Italia, Países Bajos, Noruega, España y las islas Seychelles) para responder a los ataques y amenazas de las milicias hutíes contra los buques que se dirijan a puertos israelíes o que naveguen frente a las costas de Yemen.

La restricción democrática y el neofascismo neoliberal en el escenario regional

El 17 de noviembre el ballotage presidencial en Argentina dio ganador al candidato Javier Milei, un economista de la escuela austríaca de reciente intervención en la política partidaria, acompañado en la vicepresidencia por Victoria Villarruel defensora de los militares genocidas y negacionista de la dictadura. En esta dirección, los anuncios de una dura política de ajuste ortodoxa se combinan con la amenaza de una escalada represiva y autoritaria. Un mes después, el 17/12, tuvo lugar el (segundo) referéndum sobre la nueva propuesta de Constitución en Chile surgida de una serie de organismos con poderes constituyente dominados por la derecha ―y con gran presencia de los convencionales del partido de ultraderecha de José Antonio Kast―. La realización del plebiscito puso fin a la reforma constitucional progresista y popular devenida del estallido social de 2019 y de un largo, histórico y radical ciclo de conflicto en el país trasandino. El triunfo del voto en contra, promovido por las fuerzas de izquierda, significó una derrota del proyecto constitucional gestado por la ultraderecha, pero implicó de facto la continuidad de la Constitución forjada por el pinochetismo.

Asimismo, entre noviembre y diciembre, la fiscalía general de Guatemala avanzó con la impugnación de los resultados de las elecciones que dieron la presidencia a Bernardo Arevalo, un candidato progresista que rompió décadas de dominio oligárquico, exigiendo que se le retire la inmunidad al nuevo presidente electo. Así progresa el golpe blando en Guatemala confrontado por movilizaciones masivas en las calles.  Por otra parte, en Perú, bajo un gobierno ilegítimo surgido de un golpe parlamentario en diciembre del año pasado, el Tribunal Constitucional rehabilitó el indulto dictado en 2017 en beneficio del dictador Alberto Fujimori  que recuperó rápidamente su libertad. Cuatro hechos que dan cuenta del carácter profundamente autoritario y conservador de la actual ola neoliberal en la región que incapaz de asegurar algún mínimo beneficio social y signada por un proceso de despojo y polarización social que se acentúa; busca sostenerse en el reverdecimiento de neofascismos y racismos promovidos para gestionar la desigualación social; y se asienta en la expansión de la violencia y la guerra como ordenador de las relaciones sociales.

Este enflaquecimiento de la vida democrática y su reconfiguración autoritaria ―tanto en el terreno del estado como en los procesos de promoción de una subjetivación social neofascista, racista, conservadora y violenta en el campo de la sociedad civil― se constituyen así en otra de las dimensiones de la crisis del capitalismo moderno colonial en curso. Ciertamente, ésta y las otras dimensiones de la crisis civilizatoria del capital plantean enormes desafío a las fuerzas y movimientos populares, progresistas y de izquierda en el sentido de articular la defensa de conquistas y demandas pasadas con un renovado proyecto de transformación capaz de postular los nuevos horizontes que la crisis de este mundo requiere.

Tendencias contradictorias en el Cono Sur

Como señalamos en el panorama general, una de las noticias del año para el continente, sin dudas, es la elección de Javier Milei como mandatario de Argentina. Su acceso a la presidencia consagra una meteórica carrera personal y de ascenso en el debate público de las ideas “liberal libertarias”, lo que se tradujo en un inédito acompañamiento popular a los proyectos políticos de ultraderecha en el proceso electoral desarrollado entre agosto y noviembre.

El crecimiento de Milei y su fuerza política llamada La Libertad Avanza (LLA) forma parte de un fenómeno global, que tiene sus particularidades locales. Si bien coexisten varios factores para explicar el resultado electoral, la principal razón es la amplitud y extensión de la crisis económica, que no pudo ser resuelta por el gobierno de Alberto Fernández en todo su mandato y que incluso se agravó especialmente en 2022 y 2023, con el peso del acuerdo con el FMI y su drenaje de dólares, crecientes tasas de inflación y un imparable crecimiento de la pobreza, que, de acuerdo a datos oficiales, en el primer semestre del año superó el 40% de la población.

Por eso no resultaron sorpresivas las dificultades electorales de la coalición gobernante, hasta mediados de año llamada Frente de Todos y luego Unión por la Patria (UxP), que agrupó a diferentes sectores del peronismo y de otros espacios políticos, incluyendo a los principales movimientos sociales y sindicales. Lo sorpresivo sí fue el desempeño al interior del campo de la derecha, con una caída electoral de la centroderecha más tradicional de Juntos x el Cambio, que esperaba volver al gobierno luego del fracaso de Macri pero en las elecciones generales obtuvo apenas el tercer puesto, detrás de LLA y UxP.

Es importante observar la secuencia del proceso electoral, porque se relaciona con la reconfiguración del escenario político en curso. Según la legislación argentina, el proceso de elecciones generales nacionales tiene tres instancias: 1. las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en todos los frentes políticos; 2. las elecciones generales propiamente dichas, de legisladores y presidencial; y si en esta última elección ninguna candidatura alcanza el triunfo en la primera vuelta (es decir, no llega al 45% de los votos, o al 40% con más de diez puntos de ventaja sobre la segunda candidatura), hay 3. un balotaje entre las dos candidaturas más votadas. 

En las primarias del 13 de agosto Massa sacó apenas el 21% y su rival interno, Juan Grabois, cerca del 6%, con lo que UxP alcanzó el 27%. Sumando las precandidaturas de la ex ministra de Seguridad de Macri, Patricia Bullrich (17%) y del alcalde de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta (11%),  Juntos por el Cambio lo superó por poco y obtuvo el segundo lugar con un acumulado de 28%. La Libertad Avanza con la candidatura única de Milei alcanzó el 30% y tuvo un claro primer lugar, que lo posicionó de forma decisiva hacia las elecciones generales.

En las presidenciales del 22 de octubre, Massa creció hasta acercarse al 37%, Milei se mantuvo con el 30% y Bullrich no logró siquiera retener los votos de su coalición y se derrumbó por debajo del 24%. A los pocos días, una parte de Juntos por el Cambio liderada por Macri y Bullrich alcanzó un acuerdo con Milei y llamó a votar por el candidato derechista en el balotaje. Esto fue decisivo. Si bien fracturó a Juntos por el Cambio —porque no logró conducir ni contener en la decisión a amplios sectores y dirigentes de esa coalición opositora–, sí pareció sintonizar con los deseos de su base electoral. En todos los distritos se verificó para el balotaje una sumatoria casi total de los votos que en primera vuelta se dispersaron entre Milei y Bullrich. De manera que la estrategia por parte de las representaciones políticas principales de este espectro para impedir el triunfo de Massa e imponer un gobierno de derecha fue acertada. Además, Milei sumó también parte de los votos de Juan Schiaretti, un peronista de derecha que salió cuarto con 7%. Esto fue particularmente importante en su principal bastión, la provincia de Córdoba, donde los votos de Milei en segunda vuelta triplicaron a los de Massa.

A partir de su asunción, ocurrida el 10 de diciembre, el nuevo gobierno impulsó una serie de políticas regresivas, directamente apuntadas a garantizar el pago de la deuda con el FMI y a incrementar los beneficios de los grandes empresarios a costa de los ingresos de la gran mayoría de la población, en particular sus fracciones asalariadas, jubiladas, cuentapropistas, desocupadas o con empleos precarizados.

Entre los primeros anuncios del ministro de Economía Luis Caputo –uno de los responsables del endeudamiento externo desde su cargo de ministro de Finanzas de Macri, en 2018– se destaca un aumento en el valor del dólar oficial expresado en pesos del 118%. El dólar oficial es la unidad de medida utilizada para el comercio exterior de bienes y servicios, por lo que esta medida puede agravar el proceso inflacionario, en particular empujando más todavía los aumentos de precios en alimentos y energía. A esto se suma la reducción de subsidios a las tarifas, con un fuerte impacto en el valor del boleto de transporte y de las facturas de servicios públicos (privatizados en casi todos los casos), mientras se licúa el poder adquisitivo de las transferencias directas a los hogares de menores ingresos, a travé de aumentos nominales por debajo de la inflación cuando no el congelamiento de programas de salario complementario. Además, Caputo también informó que se reducirá al mínimo la obra pública y también anunció la reducción de la cantidad de ministerios y secretarías y el despido de empleados públicos nacionales. También se decidió una reducción al mínimo de las transferencias del Estado nacional hacia las provincias, medida que agravará las crisis presupuestarias locales.

Estas y otras medidas, de conjunto, suponen un profundo shock recesivo, de impacto seguro en las condiciones de vida de enormes sectores de la población. En los próximos meses veremos crecer los ya malos índices de pobreza e indigencia, y muy posiblemente, también empeoren otros indicadores que evolucionaron favorablemente en el mandato de Alberto Fernández, como el índice de desempleo, que incluso en medio de la crisis alcanzó mejoras. Entre otras cuestiones, agudizará problemas sociales como el del acceso a la vivienda.

La contracara en este proceso de estanflación puede ser visualizada en otras noticias de coyuntura, como por ejemplo la que brinda el tradicional diario La Nación sobre el boom inmobiliario en sectores de altos ingresos. El hecho particular que retrata –de récord de venta de lotes en un futuro barrio privado, ocurrido precisamente en momentos de sucesión presidencial y shock recesivo– es un pequeño ejemplo que puede graficar el modelo de sociedad dual implícito en las nuevas viejas políticas del ajuste neoliberal, ahora con barniz libertario.

Ante un previsible incremento de la movilización social, el 14 de diciembre la ministra de Seguridad Patricia Bullrich lanzó el “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público”, en un contexto de sucesivas amenazas represivas. 

Entre los muchos interrogantes que despierta la reflexión sobre el momento político se encuentra la viabilidad social e incluso estrictamente política del programa anunciado por el gobierno. Además de las negociaciones que ya debió hacer con sectores que estaban en Juntos por el Cambio, se destaca la debilidad institucional de su formación política, que existe hace apenas dos años y no posee gobernaciones ni intendencias propias, y tampoco experiencia en gestión estatal de ningún tipo. Aunque es un hecho que contará con el apoyo de gobernadores ligados a Mauricio Macri, su número se avizora escaso. Más determinante todavía puede ser su debilidad parlamentaria, porque tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, Unión por la Patria tendrá la primera minoría y el bloque oficialista es muy minoritario. Necesariamente todas las fuerzas deberán negociar para poder aprobar proyectos, o decidirse por un nivel de confrontación enorme con el sistema político establecido por la propia Constitución Nacional. Esta última parece ser la opción inicial del experimento ultraderechista, si nos guiamos por la firma de un Decreto presidencial “de Necesidad y Urgencia” que pretende modificar cientos de leyes, en su mayoría con un sentido regresivo para la mayoría de la población.

El decreto, presentado como un cambio histórico, intenta modificar puntos sensibles para favorecer a las corporaciones económicas en los temas centrales de la organización social y económica del país, como por ejemplo cambios en la legislación laboral, la conversión de las empresas públicas con el objetivo de privatizarlas, el poder de las instituciones financieras sobre los usuarios, la ley de alquileres, la ley de Tierras para incentivar la compra por parte de extranjeros, regímenes de promoción industrial y compre nacional, entre muchas otras. El anuncio en cadena nacional mereció un repudio espontáneo que sorprendió por su masividad a altas horas de la noche. Lo que comenzó como un cacerolazo en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires rápidamente se convirtió en una importante movilización y concentración en el Congreso Nacional que desafió, de hecho, las normativas represivas que acababa de impulsar el gobierno a través de la ministra de Seguridad.

Al cierre de este informe la situación continúa abierta: mientras comienzan a crecer las voces favorables a empujar protestas contundentes, incluso para la convocatoria a un paro general, voceros del gobierno anunciaron que cumplirán la exigencia constitucional —que prohíbe al poder ejecutivo asumir atribuciones del legislativo— y enviarán el DNU al Parlamento para su consideración. La suerte allí no parece fácil para un conjunto de medidas que concentran los beneficios en unos pocos empresarios y perjudican especialmente a los sectores de trabajadores/as, en particular a la “clase media”, todavía relativamente importante en los centros urbanos.

De todos modos, cualquier especulación es provisoria. El resultado electoral supone un sacudón político de grandes proporciones, que casi con seguridad tendrá su correlato en otros terrenos. Entre otras consecuencias del proceso, desde las elecciones generales del 22 de octubre el sistema de representación entró en una brusca reconfiguración. Si bien a grandes rasgos se puede esperar el mantenimiento de una estructura de tres tercios, como la que caracterizó el último período, la dinámica de salida implica algunos puntos importantes, que sintetizamos en términos generales: a. un reagrupamiento de la derecha más dura en el eje Milei–Macri, b. la eventual conformación de un espacio de centroderecha más moderado, asentado en los demás partidos de Juntos por el Cambio y c. las incógnitas respecto al peronismo, principal movimiento vertebrador de Unión por la Patria, con heterogéneas tendencias a su interior. De todos modos, todo se encuentra en plena ebullición y será impactado por la propia dinámica de acontecimientos de aquí en más.

Esta reconfiguración del escenario general de fuerzas políticas tiene su epicentro hacia fines de 2023 pero será clave en el despliegue de un nuevo ciclo político que impactará al menos 2024 y 2025. Si bien al cierre de este informe pueden verse algunas tendencias de reagrupamientos, como las que mencionamos, las disputas inter y entre coaliciones políticas, incluso entre partidos, estarán a la orden del día y pueden modificar mayorías y minorías en diferentes terrenos –parlamentarios, sectoriales, sociales– así como condicionar o estimular intervenciones políticas con sucesivas respuestas sociales. De manera que el panorama está lejos de ser previsible.

Se trata de un momento político que seguramente brindará una multitud de grandes y pequeños conflictos, algunos muy diversos y otros muy comunes. De las múltiples combinaciones de su resolución dependerá la suerte y el destino del experimento autopercibido liberal libertario, así como el alcance de sus costos y la irreversibilidad de sus políticas. Nada está escrito, aunque es evidente que el punto de partida es muy negativo para la mayoría de la población y para las representaciones políticas de izquierda y/o el campo nacional popular, que ingresará en un momento de análisis, autocrítica y reorientación con las tareas simultáneas de a. Comprender una etapa que tiene aristas de enorme complejidad y b. Actuar para revertir la situación (o al menos para limitar sus efectos).

En relación con la política exterior, el nombramiento de Diana Mondino como canciller confirma el impulso a una política de alineamiento subordinado a EE. UU. e Israel.

Con una narrativa que funciona como puente entre la vieja y la nueva Guerra Fría, Milei se destacó en la campaña al declarar en reiteradas oportunidades que no sostendrá relaciones con Brasil y con China, que son los principales socios comerciales del país. También había anticipado su negativa al ingreso al bloque BRICS+, que debería hacerse efectivo a partir de enero de 2024, como analizamos en nuestro Informe de Coyuntura #21, donde mencionamos la posibilidad de que esta incorporación, clave para la economía argentina, se viera bloqueada por el triunfo de Bullrich o Milei.

Si bien la abierta hostilidad hacia las naciones con una política exterior soberana y en general opuesta a EE. UU. fue relativizada luego del balotaje, e incluso Milei tuvo una reunión de alto nivel con una representación de China, las declaraciones iniciales de la canciller confirmaron que Argentina no se sumará al menos en este momento a los BRICS+, un hecho de una importancia histórica innegable.

Al cierre de esta edición, circuló la información de que China no está dispuesta a renovar el swap con el que se pensaba afrontar parte de los próximos vencimientos con el FMI, pese a que Milei moderó su discurso notablemente respecto a los días previos a las elecciones y que incluso gestionó una reunión no publicitada por el gobierno con el embajador chino en Buenos Aires y con enviados de Xi Jinping.

En Chile, la noticia más importante del período es el rechazo a la propuesta de nueva Constitución elaborada por el segundo proceso constituyente, esta vez hegemonizado por sectores de la derecha y la ultraderecha. Las encuestas previas anticipaban esta situación: el proyecto contaba con el apoyo mayoritario del empresariado pero también con un importante rechazo popular. A pesar de que en los últimos meses se acortó la distancia entre la opción del Rechazo y el Apruebo, la diferencia fue clara: 56% en contra del texto, 44% a favor, con una participación superior al 84% del padrón electoral.

De tal manera, los principales derrotados son sus impulsores más destacados, como la ultraderecha del Partido Republicano de José Antonio Kast y la derecha de la coalición Chile Vamos, que ya gobernó dos veces con Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022) y está formada por los partidos UDI, Renovación Nacional y Evopoli. La formación encabezada por Kast sale herida no solo por el resultado electoral sino también porque en medio de la campaña sufrió una ruptura con un sector encabezado pro el senador Rojo Edwards, que llamó a votar en contra de la propuesta de Constitución con críticas por derecha y anunció que creará un nuevo partido, de carácter “libertario”.

Por el lado del Rechazo se encontraba la coalición de gobierno y sectores afines, lo que incluye al Frente Amplio —formado por Revolución Democrática, Convergencia Social y Comunes—, el espacio denominado Socialismo Democrático —integrado por el Partido Socialista, el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Radical y el Partido Liberal—, y Chile Digno, la alianza que articula al Partido Comunista con la Federación Regionalista Verde Social y el Partido Acción Humanista. Además, también convocaron a vota en contra otros partidos políticos de izquierda, críticos del gobierno, como el Partido Popular y el Partido Igualdad, así como una gran cantidad de organizaciones de diferentes sectores sociales.

La derrota del proyecto no se traduce, sin embargo, en una situación política venturosa para el gobierno, que cada vez gira más desde la centroizquierda hacia el centro. “Es una derrota de la derecha, pero no hay nada que festejar”, señaló el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, apenas conocidos los resultados. “Yo espero que después de esta derrota y esta paliza, la derecha se digne a dejar de obstruir la acción del gobierno y que efectivamente ponga los votos para discutir los cambios que Chile necesita”, expresó.

Un problema central de la sociedad chilena es la desigualdad estructural, que se manifiesta en la concentración de ingresos y en muchos otros conflictos originados en inequidades. Uno de ellos atravesó el país en el mes de octubre, con el inicio de un paro convocado por la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud ante el anuncio por parte del gobierno del despido de 6300 trabajadoras/es del sector que habían sido incorporados en el contexto de la pandemia de COVID-19. Finalmente, tras casi dos semanas de conflicto, el 15 de octubre el gremio anunció un acuerdo para retrotraer los despidos e incorporar los contratos al presupuesto 2024.

Otro de los temas importantes de cara al próximo año es el futuro debate por el sistema de pensiones, desde hace décadas a cargo de las AFP, compañías privadas que administran los fondos y se quedan con importantes beneficios. Apenas un día después del plebiscito constitucional, el presidente anunció: “He instruido a mi gabinete a que retomemos cuanto antes el trámite legislativo de la reforma de pensiones, para poder sacarla adelante”. Y luego la ministra de Trabajo Jeannette Jara Román desde su cuenta en una red digital ofreció algunas precisiones respecto al impulso a una nueva fórmula de distribución del 6% de cotización adicional conocida como “1, 2, 3”: un 1% para fortalecer el empleo formal de las mujeres mediante sala cuna y modificando las expectativas de vida; un 2% para el ahorro individual y un 3% para el seguro social.

De todos modos, cada iniciativa tendrá que ser debatida en un contexto que no es favorable para los cambios progresistas. El escenario para el gobierno presidente Gabriel Boric continúa con un bajo nivel de aprobación y algunas encuestas registran un extendido pesimismo respecto a la situación del país. A la lista de preocupaciones, casi siempre encabezada por los problemas económicos, en los últimos meses se le ha sumado la situación de inseguridad, con manifestaciones de xenofobia. Según un informe de la consultora CADEM, “el temor a la delincuencia llega a 84% y es el nivel más alto desde octubre de 2014. Además, 85% cree que la delincuencia ha aumentado en los últimos 3 meses, 93% considera que es más violenta, 55% lo atribuye al aumento de la inmigración y 54% está de acuerdo con decretar estado de excepción en la Región Metropolitana”.

La conmemoración de los 40 años del golpe de Estado contra Salvador Allende, por otro lado, mostró un escenario donde las fuerzas conservadoras de la sociedad todavía guardan una fortaleza que le permite marcar agenda y reivindicar, en ocasiones sin disimulo, la herencia pinochetista, al punto de animarse a culpar a Allende por su propio derrocamiento, como hizo el ex presidente Piñera en septiembre.

En medio de ese contexto contradictorio también hay que señalar la vigencia de la lucha por la memoria, que se mantiene por generaciones y que continúa logrando avances judiciales, como sucedió en noviembre con la confirmación por parte de la Corte Suprema en noviembre y en diciembre de 24 condenas a represores de la Dirección de Inteligencia (DINA), por diferentes hechos de secuestro, tortura y asesinato, que en varis casos ocurrieron en el exterior, como parte de la coordinación de fuerzas con otras dictaduras y gobiernos alineados con el plan Cóndor.

En octubre, la lucha por la justicia alcanzó un nuevo logro con la detención, ocurrida en Florida (EE. UU.), del ex militar Pedro Barrientos, acusado de torturar y asesinar a Víctor Jara. Barrientos, quien fue formado desde muy joven en la Escuela de las Américas, formaba parte de un grupo especial de oficiales encargados de la represión a los detenidos inmediatamente después del golpe de septiembre de 1973. El 1 de diciembre, Barrientos llegó a Chile en calidad de deportado y fue detenido e incomunicado. En las próximas semanas se realizará el juicio, que seguramente reavivará un debate sobre una herida abierta en la sociedad chilena, que no pocos sectores intentan ocultar, en su búsqueda por garantizar la impunidad. Sin embargo, esa visión negacionista se enfrentará con la obstinada lucha por la memoria, que abarca no solo los crímenes de la dictadura sino también la reivindicación del estallido popular contra el neoliberalismo, del que en octubre se cumplieron cuatro años, y también la lucha contra la impunidad por hechos graves protagonizados por Carabineros en estos tiempos más recientes.

En Paraguay, los primeros meses del gobierno confirman su orientación derechista, tanto en política interna como exterior. En cuanto a la primera, el perfil tecnócrata del presidente Santiago Peña se sintetiza con el perfil histórico conservador del Partido Colorado, en una política general que aspira a una continuidad con modernización, en particular de los servicios y procesos estatales. En relación con la política exterior, el nuevo gobierno se mostró con un perfil más activo que las administraciones anteriores. 

Como señalamos en el informe #21, el presidente Santiago Peña enfrentó desde su asunción un conflicto inesperado con el gobierno argentino por el cobro de peajes en la llamada “Hidrovía Paraguay Paraná”. Ampliamos este tema en el apartado de Imperialismo e Integración del presente informe #22. Fuera de este conflicto —que todavía se encuentra pendiente en momentos en que inicia un nuevo gobierno en el país vecino–, Peña se mostró dispuesto a profundizar el vínculo con otros países, así como también a ratificar el alineamiento de Paraguay con las políticas de EE. UU. e Israel. En relación con este último país, 

Respecto a EE. UU., en otros informes hemos analizado la abierta intervención en el plano político local ejecutada desde 2022, en un contexto de enfrentamiento con los dos sectores del Partido Colorado, en particular con el jefe político de Peña, el ex presidente Horacio Cartes. Por medio de conferencias de prensa de su embajador en Asunción y de intervenciones de otros funcionarios del Departamento de Estado, EE. UU. informó que oficialmente declaró como “significativamente corruptos” a Cartés y a otros altos dirigentes políticos y funcionarios administrativos y judiciales. Entre ellos a Hugo Velázquez, entonces vicepresidente y precandidato a la presidencia por el sector de quien era el presidente, Marito Abdo Benítez, rival interno de Cartes (y también de Peña).

Desde ese antecedente se puede ver que los primeros meses de gobierno de Peña muestran una mayor sintonía en la relación bilateral. También que la política de intervención de EE. UU., fundada en gran parte en una supuesta lucha por la democracia y contra la corrupción, continúa vigente. Ambas cosas fueron señaladas por el propio embajador Marc Ostfield el pasado 9 de diciembre, en un artículo titulado “La Impunidad: Puede y debe ser combatida”, a propósito del Día Internacional contra la Corrupción establecido por la ONU. Allí el embajador señala: “He visto señales alentadoras por parte del gobierno del Paraguay, en los esfuerzos contra la corrupción [en itálicas en el original], tales como la promulgación de diversas leyes que han posibilitado la creación de la Jurisdicción Especializada en Delitos Económicos y Crimen Organizado; la Ley que Previene y Sanciona el Conflicto de Intereses en la Función Pública; y la Ley que crea el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas. Observamos también el esfuerzo reciente del gobierno de Santiago Peña por crear una estrategia anticorrupción que incluya a todas las ramas del poder público, reconociendo la naturaleza transversal de esta tarea.  Aunque vemos con optimismo que el gobierno paraguayo está tomando medidas para combatir la corrupción, éstas no serán suficientes si no se aborda también el problema de la impunidad”.

En esta misma línea, en noviembre había visitado el país el coordinador adjunto global en Anticorrupción, Brendan Boundy, en lo que fue publicitado en Paraguay como una muestra de “compromiso en la hoja de ruta en el combate anticorrupción”.

Junto con esa mayor afinidad con EE. UU, la nueva etapa muestra también algunos primeros resultados de esa distensión, entre ellos la apertura del mercado norteamericano a la carne paraguaya, que se oficializó el 14 de noviembre por medio de una resolución del Departamento de Agricultura de EE. UU., que se efectivizó un mes después.

Como señalamos en el apartado de Imperialismo e integración, la agenda militar y –crecientemente– de seguridad también es parte esencial de la “cooperación”, como lo grafica por ejemplo la primera visita al país de la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur, en la primera quincena de diciembre.

Los temas de seguridad y justicia son parte habitual del debate político en Paraguay, al ritmo de repetidos escándalos como el caso del narcotraficante Sebastián Marset, que involucra también a Bolivia y especialmente a Uruguay; los importantes decomisos de cocaína en el exterior que desnudan las falencias en el país y otros episodios ligados a grupos delictivos. La importancia del país como parte de los circuitos de exportación de drogas ilícitas desde América del Sur a Europa está fuera de duda. Entre muchas otras evidencias, lo confirma la incautación, a fines de octubre, de más de tres toneladas de cocaína en un puerto privado en Villeta, sobre el río Paraguay. 

Desde hace tiempo algunos reportes internacionales apuntan al aval político y judicial a actividades  de narcotráfico y el contrabando. En particular, la figura de Horacio Cartes es paradigmática, lo que se ha visto reforzado por la ofensiva de EE. UU. que ya mencionamos y en la última parte del año, luego de una fuerte denuncia que lo involucra en el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Sucede que el ex militar Francisco Correa Galeano implicó a Cartes y al narcotraficante Miguel Ángel Insfrán como participes intelectuales del asesinato del fiscal paraguayo, ocurrido en mayo de 2022 mientras disfrutaba de su luna de miel en la isla Baru, la paradisíaca playa de Cartagena de Indias, Colombia.

En el plano político interno, en líneas generales el oficialismo tiene controlada la situación en el Congreso, lo cual —al menos hasta ahora— le ha permitido sortear sin mucho costo político algunas jugadas polémicas, como el juramento de Alicia Pucheta como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, denunciado por la oposición como violatorio de la Constitución.

A nivel legislativo, en el final del año político el gobierno se orientó a presionar por la sanción de tres proyectos prioritarios: la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, la construcción del denominado “tren de cercanía” y la reforma a la Policía Nacional. El más importante es el primero, “pedido” por el FMI y que el gobierno se planteó aprobar antes de 2024. Con ese objetivo trabajó en la última parte del año para lograr el acuerdo de los gremios empresarios y parte de las centrales sindicales pero cosechó un importante rechazo en la calle de algunos sindicatos, quienes consideran que se trata de un paso hacia el “robo de las jubilaciones” por parte del Estado paraguayo.

Pese a las movilizaciones que atravesaron a diferentes sectores políticos y sociales, el gobierno finalmente logró la aprobación entre el 12 y el 13 de diciembre, primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, en una sesión exprés que duró apenas once minutos. Las marchas y contramarchas legislativas se desarrollaron en un marco de fuertes protestas, que incluyeron cortes de rutas por parte de trabajadores/as y jubilados en varias regiones. También se registraron en algunas zonas cortes de luz realizados por el Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (SITRANDE), uno de los principales opositores al proyecto y cuyo secretario general fue una de las 31 personas detenidas en la represión del 12 de diciembre, día de la media sanción en el Senado. Al día siguiente, tras completar la aprobación de la ley en Diputados también se produjeron enfrentamientos y hechos de represión en el centro de Asunción, la capital del país. Al cierre de esta edición, las asociaciones sindicales prometían continuar la lucha, incluso con la promesa de no comenzar las clases en el ciclo 2024 en caso de avanzar con medidas contra los derechos previsionales.

En Uruguay, que en general ofrece un escenario político mucho más tranquilo que los países vecinos, el último cuatrimestre de 2023 muestra sin embargo una agudización de las tensiones políticas, sobre todo a partir de una serie de escándalos que afectan al gobierno de la coalición derechista, encabezado por Luis Lacalle Pou.

Tres de los principales —los casos Astesiano, Marset, Penades— se encuentran en agenda desde hace meses, algunos incluso desde hace más de un año, pero es en el último cuatrimestre cuando parecen haber adquirido un costo político mayor para el Poder Ejecutivo.

El más cinematográfico de los casos involucra al narcotraficante Sebastián Marset, de nacionalidad uruguaya pero con actividades en varios países de América del Sur. Como señalamos en el informe de coyuntura #19, en los últimos meses de 2021 Marset fue beneficiado por la emisión de un pasaporte uruguayo, a pesar de sus antecedentes, mientras se encontraba detenido en Emiratos Árabes Unidos por utilizar un pasaporte falso (de nacionalidad paraguaya). Por este favor, obtenido por contactos no del todo aclarados, en enero de 2022 Marset fue liberado en Dubai y a partir de ese momento se desconoce su paradero. Esto tomó estado público unos meses después, momento en el que comenzó a desenvolverse una extensa trama de interpelaciones, comunicaciones secretas para acordar declaraciones no incriminatorias y una sucesión de hechos que muestran una gran cantidad de irregularidades y búsqueda de impunidad por parte de varios altos cargos políticos, en una cadena de responsabilidades que —cada vez más— se acercan y comprometen al presidente.

Por el escándalo en ese momento tuvo que renunciar la vicecanciller Carolina Ache Batlle. Pero fue recién a partir del 1 de noviembre de 2023, con la declaración de Ache ante la Fiscalía que el caso empieza a escalar hacia adentro y hacia arriba del gobierno mientras quedan a la luz contradicciones entre ministros y demás funcionarios involucrados, en el marco de una evidente afán por evitar la justicia. Esto provocó la renuncia del canciller Francisco Bustillo y apenas unos días más tarde del ministro del Interior Luis Alberto Heber, el subsecretario del Guillermo Maciel y el asesor presidencial Roberto Laflul.

Los otros dos temas son diferentes pero no menos inquietantes. El caso Astesiano refiere al ex jefe de la custodia del presidente, condenado en febrero de 2023 a cuatro años y seis meses de prisión por organizar una red de adulteración de pasaportes descubierta también en los últimos meses de 2022 y en la que también participaban funcionarios del Ministerio del Interior y policías. Sin embargo, este podría ser el menor de los delitos que implican a Alejandro Astesiano, que aparece involucrado en varios episodios de espionaje político, en algunos casos con vínculos empresariales y de personas vinculadas a las Fuerzas Armadas. Las tareas de espionaje fueron realizadas sobre dirigentes políticos, sindicales y estudiantiles, según surge de diferentes indicios. También, sugestivamente, sobre Lorena Ponce de León, la ex esposa de Lacalle Pou: Astesiano realizó averiguaciones sobre un viaje personal que Ponce León hizo en julio de 2022, cuando ya estaba separada del presidente.

En los últimos días de 2023 se divulgaron los audios de la declaración judicial del presidente, realizada varios meses atrás. Previsiblemente, en ellos niega conocer las actividades ilícitas de Astesiano, aunque el peso de las contradicciones lo dejan bastante mal parado, más aún con la suma de otros hechos que se relacionan con dirigentes del gobierno. Por otro lado, desde el Ministerio del Interior se han dados señales de intentar frenar las investigaciones, como sucede en el caso de espionaje a docentes y estudiantes del liceo 41. Otra señal en el mismo sentido la dio en diciembre la Fiscalía que atiende en el caso, al absolver al ex subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Jorge Berriel, quien brindó en varias ocasiones información a Astesiano. Parece que la trama, por el momento, no se ha develado completamente.

El caso del ex senador Gustavo Penades es igualmente escandaloso que los anteriores. Tras una denuncia inicial de una militante de su mismo espacio político —el Partido _Nacional, donde también milita el presidente— acusando a Penades por abuso sexual, que él inicialmente negó, rápidamente se sumaron varios jóvenes y el caso avanzó con mayor rapidez hasta que en octubre de este año se concretó la detención del político, en forma preventiva y hasta la sustanciación del juicio en el que se lo acusa de 22 delitos sexuales contra menores, que en su mayoría tenían en el momento de los hechos 13 y 14 años. De inmediato, el cuerpo legislativo votó por unanimidad la expulsión del dirigente, que en pleno desarrollo del escándalo había llegado a recibir el respaldo del partido, del gobierno y del propio presidente. Para empeorar el cuadro, el 19 de diciembre fueron condenadas cinco personas que fueron contratadas por Penades para “intimidar, amedrentar, amenazar o pagarles algún dinero a las víctimas para que no declararan” en contra del dirigente blanco.

Como señalamos, todas estas situaciones vienen desde hace varios meses pero tomaron un giro más preocupante para el gobierno en los últimos meses, mientras se acerca el fin de su mandato. El 27 de octubre de 2024 se realizarán las elecciones presidenciales, a las que Lacalle Pou no puede presentarse porque la legislación uruguaya prohíbe la reelección. Hasta hace pocos meses el presidente tenía una aprobación del orden del 50% según algunas encuestas [1, 2, 3], número bastante importante para un presidente que transita su cuarto año de mandato. Sin embargo, una encuesta de diciembre parece señalar que la seguidilla puede afectar la imagen presidencial y eventualmente golpear las chances de la Coalición Multicolor, en el contexto de una elección que se anticipa como competitiva [1, 2, 3].

El último domingo de junio de 2024 habrá internas simultáneas en los frentes políticos. Por parte del oficialismo, el precandidato que aparece con más posibilidades es Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia. Entre otros, por el momento se presentan como precandidatos Laura Raffo y el senador Jorge Gandini, también del Partido Nacional; el ex general retirado Guido Manini Ríos, por el partido reivindicatorio de la dictadura Cabildo Abierto; y varios dirigentes del Partido Colorado, entre ellos el ministro de Turismo Tabaré Viera, el presidente de ANTEL, Gabriel Gurmendez y el expresidente de la ANEP, Robert Silva. Hasta el momento Pedro Bordaberry, el dirigente colorado que obtendría más apoyo, no sería de la partida. Por parte del Frente Amplio las candidaturas más consolidadas son la del intendente de Canelones Yamandú Orsi, que cuenta con el apoyo clave del MPP, y la de la intendenta de Montevideo Carolina Cosse, que tiene el respaldo del Partido Comunista, y el Partido Socialista, entre otros. También están en carrera el senador Mario Bergara y el intendente de Salto, Andrés Lima.

La contracara de este panorama sesgado hacia la derecha en el Cono Sur es lo que sucede en el país más grande de América Latina y el Caribe. ​Mirar la situación brasileña en los últimos meses significa principalmente hacer un balance del primer año del tercer gobierno de Lula da Silva y del año siguiente a la derrota del proyecto de ultra financiarización y fascismo de Jair Bolsonaro.

​Las estrategias del nuevo gobierno Lula fueron (1) recuperar el protagonismo perdido del país en los escenarios diplomáticos internacionales, recuperando el liderazgo entre los países sudamericanos y emergentes, presentándose como líder en la lucha contra la catástrofe climática; (2) retomar el crecimiento económico, restituir programas sociales y revertir las reformas neoliberales de los últimos seis años y; (3) eliminar la coalición militar-milicia bolsonarista del Estado brasileño.

​En la estrategia internacional, Lula da Silva tuvo éxito en su participación en foros internacionales y en convocar la COP 30 a Belém do Pará, en la Amazonía brasileña, y en presentar como tarjeta de presentación la reducción de la deforestación forestal en un año. Sin embargo, la cuestión medioambiental es también una contradicción del propio gobierno que, internamente, busca el apoyo político del agronegocio, sector responsable de la deforestación, además de una política de fortalecimiento de la petrolera estatal Petrobras, central para la recuperación económica. pero que cuestiona el compromiso del país con la transición energética. La posibilidad de exploración petrolera en la desembocadura del río Amazonas, por ejemplo, colocó a Lula da Silva y al presidente colombiano Gustavo Petro en lados opuestos.

​Además, Brasil ocupó la presidencia temporal del Consejo de Seguridad de la ONU cuando estalló el conflicto en la Franja de Gaza, y la propuesta brasileña obtuvo un amplio apoyo, pero fue vetada por Estados Unidos, que necesitaba dar a Israel más tiempo para proceder con la cuestión palestina. genocidio. Brasil también lideró la recuperación de Unasur y Celac, además de enterrar al Grupo de Lima, creado para desestabilizar a Venezuela. Sin embargo, no sólo la diplomacia brasileña no ha logrado salvar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, sino que el destino del bloque también está amenazado por la posibilidad de que Uruguay firme un acuerdo de libre comercio con China y la salida de Argentina, si Javier Milei cumple su promesa de campaña. Finalmente, Brasil es uno de los fundadores de los BRIC y la ex presidenta Dilma Roussef asumió la presidencia del Nuevo Banco de Desarrollo, pero la expansión de los miembros del bloque diluye el peso de Brasil dentro de esta articulación. Al final, la decisión de Venezuela de reclamar parte del territorio de Guyana también generó tensiones entre el gobierno brasileño y otros dos gobiernos aliados.

​Este conjunto de episodios es ilustrativo del nuevo escenario sur y latinoamericano, muy diferente al de las primeras elecciones de Lula, cuando vio el ascenso de gobiernos progresistas en gran parte del continente, fortaleciendo las integraciones regionales y colocándose como líder de esta comunidad en el plano geopolítico. guión. Precisamente en momentos en que la multipolaridad en construcción abre una ventana de oportunidad para los movimientos regionales, no hay suficiente unidad en América Latina para negociaciones conjuntas con Estados Unidos o China.

​En la política interna, el gobierno dejó al poder judicial y policial la responsabilidad de perseguir y juzgar a Jair Bolsonaro y los miembros de su equipo, por los más diversos delitos, desde delitos electorales hasta ataques contra instituciones. Entre bastidores, Lula da Silva buscó pacificar la relación con los militares, ampliando el presupuesto y manteniendo canales de diálogo, a pesar de que este sector estaba directamente vinculado a las manifestaciones del 8 de enero. El gobierno actuó para mantener bajo perfil al Comité Parlamentario de Investigación sobre el episodio. Al mismo tiempo, para construir una mayoría parlamentaria, el gobierno buscó a antiguos aliados de Jair Bolsonaro y construyó el bloque de derecha liderado por el diputado Arthur Lira en la base del gobierno. El gobierno también ha buscado, con menos éxito, alianzas con la agronegocio en el Congreso, el grupo sectorial más grande del Parlamento.

​En economía, la prioridad del gobierno era cambiar las reglas fiscales que congelaban las inversiones estatales y aprobar una reforma tributaria, en discusión desde hace tres décadas, que aumentaría los ingresos y reduciría la brecha de desigualdad de ingresos en el país. Para aprobarlos, el gobierno necesitó negociar y atender frecuentemente al mercado financiero, al mismo tiempo que logró reducir las tasas de interés, pero a un ritmo mucho más lento del deseado. En este aspecto, el año fue muy similar al primer año del gobierno Lula hace veinte años.

Sin embargo, la crisis social es mucho más pronunciada que hace dos décadas y los márgenes de movimiento son más estrechos. Se espera que la economía crezca sólo un 3% este año: más del 1% previsto por el mercado, pero insuficiente para atender a los hambrientos y desempleados. Ambos índices experimentaron reducciones, pero fueron modestas en comparación con el panorama general.

Como resultado, la aprobación al gobierno ha ido cayendo, sin que haya una disminución del sector que rechaza al gobierno desde el primer mes y que coincide con el mapa de votación de Jair Bolsonaro. En otras palabras, la base de apoyo del neofascismo sigue cohesionada, aunque fuera de las calles, incluso aunque sus principales dirigentes tengan problemas legales. Además, la extrema derecha gobierna los tres estados más ricos del país. El año 2024, supuestamente, debería ser de mayor tranquilidad, mientras no se rearticula la oposición fascista, con el mercado financiero más tolerante, pero si no hay recuperaciones más robustas en la economía y los programas sociales, el gobierno enfrentará dificultades en las elecciones municipales del próximo año.

Derrotas electorales, divisiones internas y retrocesos en materia de derechos en los Andes

La región andina también atravesó una coyuntura de avances y retrocesos que tuvieron en algunos casos escenarios electorales y en otros la proyección de un cierre de año que muestra el movimiento de las fuerzas sociales y políticas de la región a una mayor polarización y tensión entre los diferentes proyectos nacionales que se buscan llevar adelante.

Como mencionamos al inicio del informe, el contexto internacional protagonizado por la ofensiva israelí sobre Gaza también tuvo un correlato en nuestra región, y en especial en la zona andina, donde hubo fuertes posicionamientos en defensa del pueblo palestino y en exigencia al cese al fuego como fue el caso de Colombia, Bolivia y Venezuela. Este hecho se presenta como uno de relevancia teniendo en cuenta la fuerte presencia que ha tenido el lobby israelí en la región latinoamericana y caribeña, en especial en aquellos lugares donde hay conflictos armados como es el caso de Colombia.

Por otra parte, en la región andina los escenarios electorales marcaron el último cuatrimestre del año, especialmente en los casos de Colombia, Ecuador y Venezuela, donde se realizaron comicios que evidenciaron la dificultad de los escenarios políticos en la región, y la urgencia de construir otros escenarios de participación política más allá de los escenarios meramente electorales.

En el caso de Colombia, el último cuatrimestre del año estuvo en la sintonía de los meses anteriores donde la oposición al gobierno de Gustavo Petro buscó impulsar una campaña para las elecciones regionales marcadas por la polarización y la instalación mediática de que las mismas constituían una especie de “referendo” de la gestión del presidente Petro. Como mencionamos en informes anteriores, el gobierno ha estado protagonizado por una serie de importantes iniciativas gubernamentales que han priorizado el cumplimiento del programa de gobierno, entre las que destaca la Reforma a la Salud que finalmente fue aprobada por la Cámara de Representantes a inicios de diciembre, y que transformará el sistema sanitario a nivel nacional.

Sin embargo, el desarrollo de las demás propuestas de Reforma, así como de la competitividad de su fuerza política se ha encontrado con la dificultad de constituir un instrumento unitario alrededor de la defensa del gobierno, que fue evidente en el desarrollo de las elecciones regionales del pasado mes de octubre. Aquí uno de los elementos que resaltan es la dependencia que tiene la coalición del Pacto Histórico de la figura personal del presidente, y la ausencia de liderazgos regionales que permitan la construcción de esta cohesión a nivel territorial, más allá de la referencia de Petro.

De 32 departamentos que tiene el país, las candidaturas del Pacto Histórico obtuvieron un escenario de 12 gobernaciones con posibles alianzas, frente a 20 que estarían compuestas por fuerzas opositoras o independientes Al respecto, el presidente convocó a las diferentes expresiones que componen el Pacto Histórico a conformar un partido único a nivel nacional que esté en condiciones de consolidar una fuerza de gobierno, así como ha llamado insistentemente a los movimientos y partidos a mantenerse en movilización constante para defender las iniciativas de gobierno y construir condiciones de soporte para poder profundizar las mismas. El Pacto Histórico continuará su gobierno en 2024 con una presencia en el Congreso de 20 senadores y 31 representantes a la cámara, y tendrá el apoyo de 70 alcaldes y más de 700 concejales, además de los gobernadores electos.

Otro elemento central de la coyuntura nacional que movió la dinámica política en 2023 y se consolida en el cierre del año es la dificultad de continuar con la agenda de Paz Total de manera permanente y satisfactoria, pues durante el año fueron numerosas las interrupciones a la mesa de negociaciones con los diferentes actores armados, especialmente en los casos de las disidencias de las FARC quienes anunciaron la suspensión de los diálogos en el mes de octubre, y del ELN que producto de acciones militares como el secuestro de Luis Manuel Diaz, padre del futbolista Luis Diaz, entraron en un difícil momento en su mesa de diálogos, pero que parece  iniciar un nuevo ciclo después del pasado 30 de noviembre en la Ciudad de México con la reapertura de los diálogos en el marco del proceso de paz.  Otra dimensión crítica para el gobierno de Gustavo Petro ha sido la relacionada a la continuación de la difícil situación humanitaria en el país protagonizada por masacres en contra de líderes sociales y políticos en diferentes regiones. A la fecha, se registran 87 masacres y 153 asesinatos selectivos en 2023, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

En la agenda internacional, el presidente Petro participó de la COP 28 en Dubái, con una importante participación en materia de propuestas alrededor de la transición energética justa vinculada con el tránsito hacia las energías limpias y el proceso de descarbonización global. Como ya es conocido, la postura del presidente de Colombia se dirigió a denunciar la responsabilidad de las grandes potencias en la crisis ambiental a nivel global, y en particular de EE.UU. en las altas emisiones de CO2. Frente al difícil escenario en términos ambientales, Petro presentó la iniciativa del tratado de no proliferación de combustibles fósiles, así como la propuesta de avanzar con un canje de deuda por acciones climáticas en el sur global. Colombia llegó a la reunión de Dubái con importantes logros en materia ambiental, en especial respecto a la reducción de la deforestación en un 29% lograda durante el presente año.

Por su parte, Ecuador también estuvo marcado por la agenda electoral que definió en el mes de octubre el siguiente presidente del país por el período que le restaba a Guillermo Lasso como vimos en el informe anterior. Estas elecciones definidas en el balotaje del 15 de octubre dieron como ganador a Daniel Noboa de Acción Democrática Nacional y candidato de los sectores de la derecha nacional, frente a su contendora Luisa González, representante de Revolución Ciudadana.

Las elecciones fueron un duro revés para la fuerza política progresista, teniendo en cuenta que son las segundas elecciones en balotaje en la que quedan en segundo lugar. Sin embargo este caso resalta teniendo en cuenta la emergencia relativamente nueva de la figura de Noboa, y su clara vinculación con el proyecto neoliberal impulsado los últimos años por Lasso y Moreno. Después de los comicios, Revolución Ciudadana realizó su convención nacional eligiendo como líder a la ex candidata González bajo la consigna de la unidad para reconstruir una fuerza política que pueda llegar a ganar las siguientes elecciones presidenciales.

Vale la pena resaltar que la candidatura de Revolución Ciudadana fue víctima de una campaña de desprestigio por los conglomerados mediáticos que intentaron posicionar la hipótesis de alguna posible vinculación entre la fuerza política y el asesinato del entonces candidato Fernando Villavicencio.  Desde la fuerza política rechazaron las acusaciones denunciando la utilización proselitista de los hechos sobre los cuáles la investigación se vuelve cada vez más compleja, producto de que hallaran muertos en la cárcel a siete de los trece procesados por el asesinato.

En este caso, es fundamental resaltar el lugar que empezado a ocupar Ecuador en la agenda regional de seguridad y defensa, producto de un difícil contexto a nivel nacional en la materia, pero en especial de un lugar geopolítico que busca fortalecer en Ecuador un enclave para la recepción de tropas marítimas y terrestres con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, como afirma la socióloga ecuatoriana Irene León.

Frente al difícil contexto nacional que se avecina, y las consecuencias del gobierno neoliberal que ya son tangibles, numerosos sindicatos del país agrupados en el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) convocaron una movilización para el 19 de diciembre con el objetivo de rechazar la denominada Ley Económica Urgente de Noboa, que propone la creación de zonas francas que profundizan la precarización del trabajo, así como la condonación de deudas a grupos económicos.

Por su parte, Venezuela atravesó una importante jornada electoral sobre el territorio del Esequibo, históricamente en disputa con Guyana inclusive previa a su independencia en 1966 e intensificado por el descubrimiento hace pocos años de yacimientos de gas y petróleos en la región que Guyana ha concesionado a empresas petrolera trasnacionales como es el caso de la Exxon Mobil, según denuncia el gobierno de Nicolás Maduro.

El gobierno de Venezuela ha convocado a mecanismos de diálogo y consenso entre los países, que partan de lo pactado en el Acuerdo de Ginebra en 1966, y no de posteriores definiciones de la Corte Internacional de Justicia que pretende desconocer lo firmado en Ginebra en materia de delimitaciones territoriales y que durante las últimas semanas de noviembre tuvo preocupantes novedades respecto la solicitud del presidente de Guyana, Irfaan Ali, de solicitar la ayuda del Departamento de Defensa de EE.UU. para “defender su territorio”, lo que prende las alarmas de un intento de apertura de una base militar estadounidense en el país vecino. Es importante recordar que tanto el gobierno de Guyana como la empresa Exxon Mobil han violado las leyes internacionales que se refieren a la integridad territorial de Venezuela, permitiendo exploraciones en territorios que están en disputa.

Al respecto, se adelantó el domingo 03 de diciembre un referendo consultivo en Venezuela como una muestra de soberanía y democracia, que se basaba en cinco preguntas relacionadas con la disputa territorial. Finalmente, los resultados del referendo fueron contundentes, pues el 51% de población habilitada para votar ―equivalente a más de 10 millones de electores― acudió a la urnas para dar una respuesta afirmativa a los 5 puntos consultados en la jornada  con un promedio del 95%. Con esta legitimidad popular, el presidente Nicolás Maduro anunció una serie de medidas que incluyen la creación de la nueva Alta Comisión por la Defensa de la Guyana Esequiba integrada por el Consejo de Defensa de la Nación, el Consejo Federal de Gobierno, el Consejo de Seguridad Nacional y todos los sectores políticos, religiosos y académicos, en especial las universidades del país. Asimismo presentó ante la Asamblea Nacional  la Ley Orgánica por la Defensa de la Guyana Esequiba que busca regular la creación del estado Guyana Esequiba, presentó el nuevo mapa físico de Venezuela que incluye al territorio de la Guyana Esequiba,  y propuso una serie de medidas de atención social a la población esequibana, entre otras medidas.

Respecto las tensiones que la controversia por el Esequibo ha generado en el Caribe entre Venezuela y Guyana, líderes de la CARICOM y la CELAC participaron de las conversaciones entre los dos países que se desarrollaron en San Vicente y las Granadinas, en las que estuvieron presentes Nicolás Maduro y Mohamed Irfan Ali, con el objetivo de encontrar una solución justa y pacífica al conflicto territorial.

La convocatoria al referendo se da en medio de un período particular de reagrupamiento político de la oposición de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en el segundo semestre de 2024. Durante el mes de octubre se adelantó una consulta de los partidos de oposición que buscan enfrentarse a la reelección de Nicolás Maduro el próximo año, del cuál salió victoriosa la candidata Maria Corina Machado, referente de la derecha venezolana que actualmente se encuentra inhabilitada para ocupar cargos públicos hasta 2030. Hasta el momento Vente Venezuela, su espacio político, no integra la coalición Plataforma Unitaria que hace parte de la mesa de negociaciones con el oficialismo que ha incluído la discusión sobre las inhabilitaciones en el diálogo entre el gobierno y la oposición.

Venezuela atravesó durante 2023 un importante año de retos económicos para sortear el bloqueo que se vio impactada por la decisión de Chevron de permitir la extracción de crudo de Venezuela, producto del contexto geopolítico de sanciones contra Rusia. El área energética es sin duda una de las principales fortalezas que tiene la Revolución en términos productivos, que puede encontrar en 2024 una mayor potencialidad de lograrse el objetivo de avanzar en proyectos de integración energética con el gobierno de Colombia, como se tiene presupuestado aprovechar con el gasoducto transcaribeño Antonio Ricaurte que actualmente atraviesa el estado de Zulia en Venezuela y el departamento de La Guajira en Colombia, y que podría asegurar energía eléctrica para Venezuela y materias primas fósiles para Colombia en caso de concretarse la alianza entre PDVSA y Ecopetrol.

Al cierre de este informe, y como muestra del éxito de la política exterior del gobierno de Nicolás Maduro que ha llevado al gobierno de Estados Unidos a cambiar su política de ataque permanente hacia la Revolución Bolivariana a una hostilidad que incluye el retiro de algunas de las sanciones impuestas en su contra, el gobierno de Biden liberó al prisionero político Alex Saab a cambio de la liberación de un grupo de prisioneros estadounidenses que se encontraban detenidos en cárceles venezolanas.

Por otro lado, el caso de Perú continúa presentándose como uno de los más claros escenarios de un golpe parlamentario consolidado que cumplió el 07 de diciembre un año de haber logrado terminar de forma ilegal con el gobierno popularmente electo de Pedro Castillo. Como fuimos abordando a lo largo del 2023, el gobierno ilegítimo de Dina Boluarte avanzó en una maquinaria de represión en contra de la movilización social que no escatimó en convocatorias para denunciar la inconstitucionalidad de su mandato, y que nuevamente se encontró en las calles en el marco del repudio al primer aniversario del golpe a Castillo quien sigue detenido sin el cumplimiento de un debido proceso. Al respecto, Castillo solicitó a la Justicia enfrentar el proceso en su contra en libertad, dada la ilegalidad de su detención.

La represión impulsada por las fuerzas policiales y militares  ha sido la clave de gobernabilidad de Boluarte, quien atraviesa una investigación impulsada por la Fiscalía de Perú por las más de 67 muertes causadas por la represión policial en el marco del golpe institucional. A la fecha, el gobierno de Dina Boluarte cuenta con una aprobación de su gestión del 8% de la población, y ha profundizado la caída de índices de pobreza y crecimiento económico. El gobierno de Boluarte además cierra el 2023 con una solicitud de vacancia en su contra presentada por un grupo de congresistas ante el Parlamento por “abandono de cargo”.

Este escenario de la política local se enfrentó hacia el fin del año con el cimbronazo que ocasionó el anuncio del Tribunal Constitucional de Perú en el que ordenó la liberación del dictador Alberto Fujimori quien se encontraba condenado a cumplir 25 años de prisión por los delitos de lesa humanidad cometidos durante su mandato. El Tribunal desconociendo el fallo de la Corte interamericana de Derechos Humanos, ordenó la libertad inmediata de Fujimori, marcando un grave precedente en materia de Derechos Humanos en la región. Vale la pena mencionar que el fallo emitido por la CIDH en la que se ordena la prisión de Fujimori es de carácter vinculante, lo que implica el desconocimiento de una de las principales autoridades a nivel humanitario en la región. 

El repudio por el indulto a Fujimori ha sido generalizado en el país, principalmente por las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura como es el caso de las víctimas de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, así como observatorios de Derechos Humanos como Human Rights Watch para quienes la liberación del ex dictador constituye una “muestra del deterioro del Estado de derecho en el Perú, ya que no se respetan estándares internacionales ni decisiones de cortes internacionales”. Este escenario humanitario cobra aún más preocupación a partir de la compra sin licitación del Ejército Peruano de más de 10 mil fusiles a Israel, y que se presume serán utilizados en la represión contra la movilización social.

Adicionalmente a este panorama preocupante en la región andina, vale la pena destacar la difícil coyuntura interna que atraviesa el proceso de cambio en Bolivia que ya fuimos desarrollando durante este 2023, pero que llega a uno de sus puntos más tensos en este último cuatrimestre. En el mes de octubre se convocó desde el sector del expresidente Evo Morales al 10ª congreso del MAS al cuál no asistió el presidente Arce, y en el que se definió la expulsión de este último del partido que es el partido de gobierno.

Este episodio evidencia la fuerte crisis interna que lleva atravesando el partido durante el último año, donde Evo Morales ha denunciado de manera pública ataques contra el MAS que según él han sido impulsados por Luis Arce y diferentes miembros del gobierno, como el intento de presionar al Tribunal Supremo Electoral de intentar impugnar el congreso del partido del mes de octubre. Producto de estos ataques, Morales anunció su candidatura presidencial para las elecciones de 2025.

Es particularmente preocupante este escenario respecto a la unidad regional, y las experiencias de división que fuerzas internas han impactado en América Latina y el Caribe. Bolivia, a pesar de sus dificultades, sigue constituyendo un proyecto de esperanza para los pueblos de la región que levantan las banderas de la soberanía y las luchas antineoliberales. Muestra de ello es el anuncio hecho por el Estado Plurinacional de integrarse al MERCOSUR, que podría constituir un mayor fortalecimiento del mecanismo de integración regional, pero que con las fracturas internas parece un hecho secundario.

Mesoamérica: Crisis migratoria, ofensiva oligárquica e inestabilidad política con miras a las disputas electorales del 2024

La cuestión migratoria es una de las problemáticas más importantes que afronta la región mesoamericana. Las dos principales rutas migratorias son la región del Darién en la frontera Colombia – Panamá y la zona del Río Bravo que separa a México de Estados Unidos. Esta última es considerada uno de los corredores migratorios más peligrosos del mundo y arroja datos dramáticos sobre la cantidad de migrantes asesinados a raíz de las consecuencias de las políticas deshumanizantes y expulsivas tomadas por la administración norteamericana e impuestas a los países limítrofes. En lo que va del 2023 el número de muertos o desaparecidos alcanza la cifra de 533 personas y en el Darién a 42, según datos del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Entre las causas se encuentran enfermedades por falta de acceso a la salud, ahogamientos, catástrofes ambientales, accidentes, actos de violencia por parte de bandas criminales, entre otros motivos.

Como anunciamos en nuestro informe anterior, el fin de la trumpista Título 42 y la continuación de políticas como Título 8 podría profundizar la crisis humanitaria  en la frontera Sur. El consenso bipartidista antimigratorio entre republicanos y demócratas en Estados Unidos acentúa la permanencia de las políticas securitarias que vienen expulsando a miles de migrantes todos los meses. Tendencia que se acrecienta a medida que el flujo migratorio de las caravanas migrantes incrementan con la expectativa de ingresar a territorio estadounidense sin documentación  o mediante el pedido de asilo con el fin de la mencionada medida impuesta por el ex mandatario Donald Trump. Durante la administración de Biden vimos reforzar la presencia de fuerzas de seguridad y dispositivos represivos que generan un muro fronterizo invisible (además del ya visible muro existente) para contener y expulsar  a los inmigrantes.

En el mes de octubre, el Presidente de EEUU anunció que se ampliará el muro de la frontera sur para detener el ingreso de los migrantes, esta medida incumple con su promesa de campaña cuando afirmaba que el muro no es una respuesta a la problemática migratoria. Biden se excusa en que los fondos para el muro ya había sido sancionado por la gestión precedente y no se puede destinar para otra cosa. Para llevar a cabo esta expansión se tuvieron que eliminar unas 26 leyes federales, entre ellas varias referidas al cuidado del medioambiente. El anunció fue celebrado por Trump en redes sociales.

Esta medida se hizo pública horas antes del encuentro del Secretario de Estado de EEUU, Antony Bklinken, y el Presidente de México, López Obrador, para abordar la problemática migratoria y el fentanilo. El mandatario mexicano dejó en claro su posición contraria a la expansión del muro: «esa autorización para la construcción del muro es un retroceso porque eso no resuelve el problema, hay que atender las causas». México es el principal país implicado en la problemática migratoria tras el endurecimiento de las políticas estadounidenses, ya que es una zona de tránsito y de espera de quienes buscan cruzar el Río Bravo. Se estipula que el 2023 superará al año pasado en cifras de migrantes que llegan a México para ingresar a EEUU por la frontera sur, alcanzando los 2 millones 500 mil. El mes de mayor cruce y expulsiones fue septiembre con 269 735 personas. La otra zona que viene incrementando su flujo migratorio es la del Darién que registró en este año más de medio millón de migrantes que transitaron por la región selvática, superando en un cien por ciento al 2022 cuando alcanzó los 248 mil desplazamientos migratorios.

En este año ha incrementado el flujo migratorio proveniente de sudamérica, sobre todo desde la apertura de la ruta migratoria del Darién. Venezolanos y ecuatorianos junto a haitianos componen el mayor grupo de migrantes que se dirigen hacia Estados Unidos que luego se unen a centroamericanos y caribeños intentando cruzar el Río Bravo desde México en caravanas de migrantes. Muchos toman este camino arriesgando sus vidas viéndose expulsados por las crisis sociales, económicas y violencias que atraviesan sus países. La paradoja es que gran parte de estas inestabilidades que fuerzan a emigrar a miles de personas son provocadas por las políticas injerencistas estadounidenses y de bloqueo económico y medidas coercitivas sobre países, como es el caso de Venezuela y Cuba. Por eso, la cuestión migratoria no podrá ser solucionada si no se abordan sus causas estructurales que tienen como responsable al destinatario de los flujos migratorios pero también al principal responsable, Estados Unidos.

La inestabilidad política viene siendo una constante en la región, donde las oligarquías y grupos dominantes se rehúsan a perder su poder político y privilegios económicos. Así viene siendo en el caso de Guatemala y Honduras que con sus particularidades expresan la llegada al gobierno de fuerzas políticas progresistas, de centro izquierda en un caso y de izquierda en otro. En Guatemala el 2023 estuvo atravesado por el proceso electoral que consagró a Bernardo Arévalo como Presidente. Desde sus inicios las elecciones fueron condicionadas por el Poder Judicial, proscribiendo candidaturas, poniendo en dudas la oficialización de los resultados electorales en la primera vuelta y , luego del ballotage, teniendo una práctica injerencista que las organizaciones sociales y políticas denuncian como una actitud golpista por parte de los órganos judiciales, en particular del Ministerio Público (MP).

En el mes de septiembre inició la transición presidencial entre Giammattei y Arévalo que debe concluir con la asunción de este último el 14 de enero. Pero el diablo metió la cola o mejor dicho los sectores dominantes, amparados en un sector del poder judicial ―el Ministerio Público que encabeza Consuelo Porras― , en la alianza oficialista del actual gobierno y una red de intereses denominados por las organizaciones sociales como “pacto de corruptos”, se niegan a dejar el poder político o buscan condicionar al máximo al nuevo gobierno abriendo las puertas a un golpe institucional antes de que asuma el mandatario electo o durante su gestión. El golpe en curso inició con los intentos de desconocer los resultados de la primera ronda electoral y continúa con la suspensión de la personería jurídica del Partido Semilla ―por supuestas irregularidades en su constitución― , con los pedidos de desafueros de Arévalo y su vicepresidenta Karin Herrera y el pedido de anulación de las elecciones presidenciales.

Tras conocerse las intenciones del MP y de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de anular los comicios, Bernardo Arévalo dió una conferencia de prensa donde denunció el intento golpista:

Guatemalteca, guatemalteco, quieren invalidar tu voto. El voto que hiciste con fe, con esperanza y en libertad. Los votos de todas las personas que participaron en las elecciones del 25 de junio y del 20 de agosto fueron contados de forma limpia, transparente y efectiva. En prácticamente todas las mesas el conteo fue vigilado por los fiscales de los partidos políticos, observadores del sector privado, civil e internacional, dan fe de las certeza del escrutinio.

Además, el mandatario electo manifestó que “el intento de golpe es real… hacemos un llamado a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que detengan las artimañas ilegales de este grupo de golpistas atrincherado en el MP”. Tanto la FECI como el MP han denunciado irregularidades y adulteración de actas electorales sin precisar bien cuales fueron y a quienes pudieron favorecer. La acusación también cae sobre integrantes del Tribunal Supremo Electoral, quienes en su momento habían solicitado la suspensión de la personería partidaria de Semilla, pero indicaron que esto no invalida el resultado electoral. La Presidenta del TSE manifestó:

Los resultados están validados y oficializados y son inalterables (…) tenemos un binomio presidencial con sus credenciales, nuestro Presidente es don Bernardo Arévalo, nuestra Vicepresidenta la señora Karina Herrera, y no tendríamos ninguna facultad salvo una sentencia que devenga de la Corte de Constitucionalidad que nos pueda decir que podemos anular una elección. En estos momentos, hemos terminado con el proceso electoral 2023, las personas están debidamente acreditadas y deben de tomar posesión el 14 y 15 de enero de lo contrario hay rompimiento del orden constitucional.

La respuesta de la bancada oficialista en el Congreso y en sintonía con el MP y la FECI, fue la aprobación del desafuero a cuatro integrantes del TSE para que puedan ser juzgados por supuesto fraude electoral. Esto puso en primer plano al Presidente Giammattei ya que aparece como el principal responsable político del intento golpista.

La respuesta social en defensa de la democracia se hizo sentir. Las organizaciones sociales y políticas salieron a la calle contra el golpe judicial. Hubo distintas jornadas de lucha: manifestaciones, cortes de ruta, acampes y movilizaciones que articularon al movimiento indígena y campesino con estudiantes, trabajadores, partidos políticos y ciudadanos autoconvocados. El 7 de diciembre se produjo una masiva caravana que se dirigió hacia la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público. La movilización fue convocada por las autoridades indígenas y organizaciones sociales que sostuvieron “nuestro compromiso inquebrantable con la democracia, la justicia y el respeto por los derechos y libertades de todos y todas”. La iniciativa fue apoyada por Arévalo, quien participó de la misma junto a otros dirigentes políticos.

La crisis política está teniendo una fuerte repercusión internacional. La Organización de Estados Americanos (OEA) está jugando un rol importante, incluso su secretario general, Luís Almagro, tuvo participación en el inicio de la transición presidencial.  El organismo se pronunció contra el  “intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público de Guatemala (..) El intento de anular las elecciones generales del presente año constituye la peor forma de rompimiento democrático y la consolidación de un fraude político contra la voluntad del pueblo”. El protagonismo de la OEA en sintonía con el posicionamiento de la Casa Blanca tiene el objetivo de evitar que se agudice la crisis política en la región y poder frenar la problemática migratoria que involucra directamente a Guatemala junto a El Salvador y Honduras. Algunos de los mandatarios de otros países que condenaron el golpe y se posicionaron en favor de la asunción de Arévalo y el respeto a lo que el pueblo guatemalteco votó, fueron Petro y Lula Da Silva .

El otro país que atraviesa por senderos políticos inestables es Honduras. En este caso con un gobierno de izquierda liderado por Xiomara Castro que enfrenta tensiones internas, una fuerte ofensiva de sectores opositores y urgencias sociales ante un contexto económico, migratorio y de violencia social difícil. El 28 de noviembre se cumplieron dos años del triunfo electoral de la dirigente del partido Libre, poniendo fin a años del bipartidismo del Partido Nacional y Partido Liberal y de 12 años de un régimen que se instauró tras el golpe de Estado a Zelaya en 2009, y que instaló un narcoestado en las instituciones políticas hondureñas. El autodenominado proceso de “socialismo democrático” avanzó en demandas concretas como la gratuidad energética para 1 millón y medio de hondureños, el fin de las Zedes, aumentó un 40% de su presupuesto para lucha contra la pobreza y el hambre, ha ordenado las finanzas del Estado y se han detenido procesos privatizadores. Además, se restablecieron las relaciones diplomáticas con China. Pero los claroscuros vienen por el lado de que algunas medidas avanzan más lento de lo que se quisiera y muchas están relacionadas con tensiones al interior del bloque de gobierno.

Desde un primer momento el bloque legislativo de Libre se dividió y luego la alianza con el Salvador Nasralla del Partido Salvador de Honduras se rompió debilitando la posición del gobierno en el Parlamento. Durante el 2023 sectores opositores y de la oligarquía hondureña se re organizaron dando señales de amenaza golpistas con sectores ex militares y recuperaron la calle a partir del Bloque de Oposición Ciudadana (BOC) entre quienes se encuentra el ex aliado Nasralla junto, el exministro de Desarrollo Económico Pedro Barquero, integrantes del PN y PL y sectores empresariales. En lo que va este año el BOC se movilizó tres veces, siendo su última presencia callejera el 9 de diciembre donde se manifestaron contra el aumento de la violencia criminal, por la baja del precio de la canasta básica y la generación de empleo. Muchos de los integrantes que vuelven a aparecer fueron parte de los gobiernos del Partido Nacional acusados de corrupción y de penetrar el narcotráfico en las instituciones. 

El 29 de agosto los simpatizantes de Libre dieron una masiva muestra de apoyo a Xiomara Castro, en el contexto de disputa entre oficialismo y oposición por la elección de la Fiscal General y Fiscal Adjunto. El Congreso se encuentra bloqueado debido a que ningún sector alcanza los 84 votos para la elección de los magistrados. El primero de noviembre la Comisión Permanente del órgano legislativo con presencia del oficialismo designó con carácter interino a Johel Zelaya como fiscal general y Mario Morazán como fiscal adjunto. Se eligió ese procedimiento, previsto en la Carta Magna, debido a la falta de consenso. El Gobierno dejó en claro la necesidad de cambiar estas autoridades ya que las que tenían mandato vencido responden a intereses de sectores que tenían privilegios y eran minoría que dirigió el país durante décadas siendo responsables de la corrupción e impunidad que reinó durante años.

El 2023 fue la continuación de un proceso de movilización social y crisis política en Panamá. A raíz de los efectos sociales y económicos que dejó la Covid 19 y las consecuencias de las políticas tomadas por el gobierno, en julio del 2022 se produjeron movilizaciones en respuesta al alza de precios de combustibles, alimentos y medicamentos. Esto articuló a distintos sectores sociales: organizaciones sociales, grupos de profesionales, maestros, trabajadores de la construcción, indígenas y ciudadanos autoconvocados. Esto fue la antesala de lo que sucedió desde el mes de octubre a esta parte cuando la Asamblea Nacional aprobó mediante la Ley 406 el contrato con la Minera Panamá, filial de la empresa canadiense First Quantum Minerals. Esto generó una ola de descontento social, huelgas y movilizaciones con el fin de derogar o declarar inconstitucional la legislación.

El conflicto antiminero viene de larga data, por esto entrevistamos al dirigente social Ronaldo Ortiz, quien indicó:

El conflicto viene desde el 2017 cuando la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional, luego de 20 años, el proyecto minero de esta misma empresa First Quantum. Pero el gobierno de ese entonces decide no acatar el fallo. El Presidente actual Laurentino Cortizo decide negociar un nuevo contrato sin tener en cuenta la inconstitucionalidad. Desde un primer momento vimos como algo nefasto ya que desacata lo que pasó cuatro años antes, sino que también se trata de una empresa transnacional vinculada al tráfico de personas. Además, profundiza el modelo extractivo que está haciendo daños al país. A principios de este año se anunció el nuevo acuerdo y volvimos a movilizar.

Ortiz señala que en el mes de agosto se comenzó a tratar el acuerdo en el Congreso legislativo y que tras idas y vueltas, y cambios mínimos en los articulados el 20 de octubre se aprueba desoyendo la fuerza que iba tomando el movimiento social en contra de la normativa. “El 23 de octubre se convoca a un paro y allí surge todo el proceso de lucha que salió a la luz más públicamente, pero es algo que se venía gestando hace rato”, señaló el dirigente social. Las manifestaciones contaron con la articulación de amplios grupos de la sociedad, desde organizaciones sociales, las comunidades religiosas, sectores de clase media, profesionales, movimiento estudiantiles, las siete comunidades originarias, entre otros. En un principio la principal reivindicación era la derogación de la Ley, pero luego viró hacia el pedido de inconstitucional, sobre esta diferencia el integrante del FRENADESO opinó:

La derogación implicaba que se volviera todo directamente a la inconstitucionalidad del 2017 y era una forma más rápida de solucionar la crisis que se había desatado, por eso fue lo primero que exigimos a las autoridades. Luego, los medios de comunicación y sectores empresariales se focalizaron en dividir al movimiento popular y comenzó a ganar terreno la idea de la inconstitucionalidad, que nosotros también estamos de acuerdo. Pero con la primera había posibilidad de juzgar a los responsables, pedir resarcimiento económico a la empresa por los daños causados y llevar ante el tribunal a los gobiernos que impulsaron este proyecto minero. Con lo segundo se puede hacer esto, pero es más difícil e implica otro proceso. 

La movilización social alcanzada fue muy importante y con el pasar de los días tomaba más fuerza. Hubo más de 250 cierres de carreteras en todo el país, se bloquearon las fronteras con Colombia y Costa Rica, la huelga se extendió a todo el país.

“Sabíamos que noviembre era un mes importante, acá es un mes patrio, el 3 se conmemora la separación de Colombia, el 10 el primer grito de independencia y el 28 de noviembre la independencia de España. Hicimos una vigilia afuera de la Corte Suprema de Justicia y justamente el día 28 se sanciona la inconstitucionalidad. El pueblo tenía razón. En el 2017 fueron 5 los artículos que violentaron a la constitución, ahora 25” , afirmó Ortiz.

Esta lucha antiminera alcanzó a cuestionar el status quo, profundizó la poca credibilidad del gobierno, generó la denuncia del Ministro de Comercio e Industria, se pide la renuncia de todo el gabinete y que los impulsores del acuerdo sean condenados como traidores a la patria. Luego de la sanción de inconstitucionalidad, las organizaciones sociales plantean la discusión del plan de cierre de la mina, sobre todo que se garanticen los derechos laborales de los trabajadores, que se regeneren las tierras dañadas, que se deje de judicializar a los manifestantes ya que algunos se encuentran aún privados de la libertad y que se respete y garantice la libertad sindical. 

Este conflicto se está dando en un contexto de crisis social, donde Panamá es el quinto país más desigual del planeta con altas tasas de informalidad y creciente desempleo. Además, el  5 de mayo de 2024 se desarrollarán las elecciones presidenciales y se abre el interrogante por cómo repercutirá el proceso de lucha de estos meses, con una movilización popular heterogénea y el cuestionamiento a la política. Actualmente hay ocho candidaturas, con una relación de fuerza en favor del establishment panameño, salvo una de las candidatas, Maribel Gordón, que viene del instrumento político de organizaciones sociales nucleadas en el Frente Amplio por la Democracia. 

Otro de los procesos electorales que afrontará la región el próximo año será en México. El 2 de junio del 2024 se llevarán a cabo las elecciones que dirimirán quién reemplazará a López Obrador en el sexenio siguiente. El 1º de diciembre se cumplieron cinco años de la asunción del actual mandatario. Con una imagen positiva que supera el 60 por ciento, AMLO ha logrado que el partido oficialista MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional) se expanda territorialmente por todo el país. Además, gobierna (MORENA y aliados) en 23 de los 32 gobiernos federales. Entre sus logros se destacan algunas reformas que han intentado contrarrestar la lógica neoliberal imperante en varias áreas promoviendo un proyecto soberanista, algunas de estas son reformas eléctricas como las leyes de Hidrocarburos e Industria Eléctrica y el fortalecimiento de la inversión pública en la petrolera PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). También se destacan leyes que apuntan a mejorar el sistema educativo y las políticas sociales como elevar a rango constitucional la pensión para adultos mayores y la creación de programas del estilo de Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, este último para la recuperación forestal. Se prohibió la subcontratación y se aumentó el salario mínimo, revirtiendo la tendencia al estancamiento salarial de los gobiernos anteriores. Además, se llevó a cabo una política de austeridad de los gastos del Estado y contra la corrupción que fueron sus banderas que le permitieron llegar a la presidencia. Destaca también, su política de comunicación, las mañaneras, que consiste en conferencias de prensa todas las mañanas. 

Entre los límites que encontró AMLO están las instituciones como el Instituto Nacional Electoral, en sus intentos de reformarlo, o la  Suprema Corte de Justicia que ha sido un obstáculo en el avance de algunas reformas como la eléctrica y electoral que fueron declaradas inconstitucionales. En los debe del gobierno de la cuarta transformación está la problemática migratoria y la seguridad, al respecto de esto último, sigue habiendo una alta tasa de homicidios, y la desmilitarización que no se pudo cumplir con la creación de la Guardia Nacional.  También, ha recibido críticas por la incompatibilidad de ciertas obras de infraestructura y la perspectiva ambiental, un ejemplo de esto es la construcción del Tren Maya (cuyo primer tramo se inauguró en el mes de diciembre). López Obrador ha tenido un rol destacado en la política exterior, por ejemplo en el asilo político a Evo Morales durante el golpe de Estado en Bolivia, y en poner de pie a la CELAC como un espacio de articulación continental.

Entre los desafíos que tendrá el último año de mandato de López Obrador están una serie de reformas constitucionales que fueron anunciadas por el mandatario en el plano judicial, seguridad y electoral. Los proyectos serán enviados al Congreso de la Unión para su tratamiento en los primeros meses del 2024. La reforma judicial consiste en la elección de los jueces, magistrados y ministros por voto popular; en materia judicial, es el mantenimiento de la Guardia Nacional en la órbita de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que es acusado de sostener la militarización de la fuerza de seguridad. Y, en lo que respecta al sistema electoral se busca modificar el financiamiento del INE.  Además, AMLO anunció que buscará en febrero próximo que se eleve a rango constitucional el beneficio de la pensión que se otorga a las personas con discapacidad, para que se convierta en un derecho, “y llegue quien llegue, no lo pueda quitar”.

Luego del proceso de interna al interior de MORENA, quien tendrá la responsabilidad de seguir los caminos de AMLO, es la ex jefa de Gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheimbaum. Ya pasada las tensiones y amenazas de ruptura de unidad en el partido gobernante por la posible salida de Marcelo Ebrard luego de perder la interna y cuestionar el método de elección, la candidata ha lanzado su equipo de campaña integrando a los aliados Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo. Por el lado de la oposición, la alianza del PRI – PAN – PRD, eligió a Xóchitl Gálvez como candidata. Con las aspiraciones renovadas apunta a desgastar al obradorismo a partir de una ofensiva mediática y movilizaciones que tienen a criticar a AMLO por cierto sesgo autoritario. El Movimiento Ciudadano había elegido a Samuel García como candidato, pero este se bajó de la contienda y volvió a su cargo de gobernador en Nueva León. Las encuestas dan como favorita a Sheimbaum por sobre Gálvez, con un 50 por ciento de las preferencias frente al 31 por ciento. En las últimas semanas el porcentaje de indecisos descendió del 18 al 12 por ciento.

El gobierno mexicano sigue haciendo los esfuerzos para reconstruir y saldar los daños provocados por el huracán Otis sobre Acapulco el pasado 25 de octubre, que dejó más de 50 muertos, según cifras oficiales, y buena parte de la infraestructura destruida. Acapulco es uno de los centros turísticos más importantes del país, por lo cual AMLO ha anunciado un plan millonario de reconstrucción. También, en los primeros días de diciembre se aprobó en las comisiones del Senado para que pase a su tratamiento en el recinto la denominada Ley Silla. La iniciativa obliga a los empleadores a proveer de asientos a sus trabajadores y prohíbe que estén de pie toda su jornada laboral. La autora del proyecto es la senadora de MORENA Patricia Mercado quien indicó que “ya no se permitirá obligar a las trabajadoras y los trabajadores a permanecer de pie toda la jornada laboral”. Recordó que desde 1914 se propone que sea obligatorio que los trabajadores cuenten con una silla para su descanso pero la normativa debió esperar más de 100 años. Además, se está discutiendo en México la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas, que tendrá tratamiento legislativo en febrero del 2024, algunos empresarios como el multimillonario Carlos Slim se han posicionado en contra de la reforma.

El Salvador también afronta un arduo y conflictivo camino hacia las elecciones presidenciales de 2024. El comicio electoral está pautado para el 4 de febrero y cuenta con la polémica y anticonstitucional candidatura para la reelección del actual Presidente Nayib Bukele. Seis artículos de la constitución salvadoreña no habilitan la reelección presidencial y el Poder Judicial cooptado por el partido oficialista Nueva Ideas habilitó la inscripción de su candidatura. Cuatro de los cinco miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE)  lo hicieron el día 3 de noviembre basándose en un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del 2021. Jonathan Sisco, de Cristosal, afirmó para el medio Gato Encerrado:

La decisión del TSE claramente es ilegal, viola la Constitución. Lastimosamente los magistrados han actuado con mucho temor, se han prestado a que el presidente de la República pueda continuar ejerciendo el poder, aunque esto implique que se haya subvertido el orden constitucional (…) Con esto se pueden generar condiciones favorables para que exista corrupción sistémica y generalizada en el Estado, podría ocurrir el cierre de espacios cívicos, reducirse la participación política, la libertad de pensamiento, la libre expresión, el cierre de espacios políticos y podría aumentar la persecución a las voces disidentes.

La Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo aprobó la licencia de Bukele para que seis meses antes del próximo periodo presidencial deje el cargo de Presidente y pueda participar de la contienda electoral. Durante el mes de noviembre se han contabilizado diez pedidos de nulidad de la reelección del mandatario que fueron rechazadas por el TSE. Las movilizaciones contra las violaciones de derechos humanos del régimen y la reelección han copado las calles en los últimos meses del año. A pesar de esto, Bukele aparece por amplia diferencia como el principal candidato para ganar las elecciones ante una oposición fragmentada.

Esto se da en un contexto de continuidad del Estado de excepción y de la suspensión de las garantías constitucionales de los salvadoreños. El modelo de seguridad de Bukele es seguido por dirigentes y gobiernos de derecha que buscan implantar en sus países como forma de disciplinamiento social. Así lo han manifestado el presidente electo de Ecuador Daniel Noboa quien busca construir cárceles como la de El Salvador o la reciente reunión de la Ministra de Seguridad de Argentina Patricia Bullrich con el Ministro de Justicia y Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro.

Caribe insular: resistencias contra bloqueos e injerencias imperialistas

Desde hace algunos años, la economía cubana está atravesando una profunda crisis, que fue agravada, primero, por la profundización del bloqueo económico por parte del gobierno estadounidense de Donald Trump (y con el sostenimiento de estas medidas por parte de Joe Biden); en segundo lugar, por la pandemia de COVID19 y sus efectos en la actividad económica en general y el turismo en particular, que es una de las principales fuentes de divisas del país y aún no ha podido recuperarse a los niveles previos. Esto último se acentuó, además, cuando en enero de 2021, días antes de que Donald Trump terminara su período presidencial, Estados Unidos incluyó a la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo, algo que limita aún más el flujo de gente y también de productos hacia el país.

En septiembre, Joe Biden decretó, como cada año, la extensión del bloqueo económico, comercial y financiero, invocando la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917 y el interés nacional de EE. UU. y a fines de noviembre, se conoció que el Departamento de Estado de Estados Unidos renovó la inclusión de Cuba en la lista de “países patrocinadores del terrorismo”, a través de la publicación de su informe anual sobre terrorismo.

Por su parte, el gobierno cubano denunció que hubo un ataque terrorista contra la Embajada de Cuba en Estados Unidos con bombas molotov, también condenado por el gobierno estadounidense, que se comprometió a iniciar una investigación.

En octubre de este año, el canciller cubano Bruno Rodríguez Padilla presentó ante el Cuerpo Diplomático de la ONU en el país el Informe Nacional sobre afectaciones del bloqueo entre marzo de 2022 y febrero de 2023. En el mismo se detalla que los daños acumulados son de 159.084,3 millones de dólares. Las áreas más afectadas por esta política son la producción energética y el suministro de piezas necesarias para el funcionamiento y distribución del sistema eléctrico. Contabilizó daños al Ministerio de Energía y Minas en 491 millones de dólares, lo que afecta directamente el sistema electroenergético y produce apagones frecuentes que generan malestar en la población. Además, detalló que otras de las áreas afectadas son la producción de alimentos, debido a la falta de financiamiento a la industria para adquirir maquinarias e insumos, y la provisión de insumos médicos. La situación golpeada del turismo por la pandemia se vio agravada por la inclusión de Cuba como patrocinador del terrorismo, dado que personas de 40 países no pueden acceder a visas estadounidenses si anteriormente visitaron Cuba. Esto además dificulta el acceso al crédito y sistema financiero internacional, así como la posibilidad de comerciar con otros países. Las consecuencias de estas políticas se traducen en desabastecimiento de alimentos, insumos básicos y energía para la población.

«Más del 80% de la población cubana actual solo ha conocido una Cuba bloqueada», afirmó. Esto es parte de lo que explica la creciente desconexión de la población cubana joven con la Revolución y los altos índices de migración.

El consenso internacional sobre el daño y lo injusto de estas políticas se volvió a expresar a nivel institucional a principios de noviembre en la Asamblea General de la ONU, que por 31ª vez consecutiva (desde 1992) aprobó una resolución que condena y exige el fin del bloqueo estadounidense a Cuba.

En un documento aprobado con 187 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y una abstención (Ucrania), se señaló que entre marzo de 2022 y febrero de 2023, “el bloqueo causó daños a Cuba estimados en 4.867 millones de dólares”, es decir, 13 millones de dólares por día y 555.000 dólares por hora.

Otras organizaciones internacionales como Oxfam y la Celac también exigieron que termine el bloqueo. Además, sigue la campaña internacional Let Cuba live, para juntar un millón de firmas que firmen una carta a Joe Biden pidiéndole que saque a Cuba de la lista.

Por su parte, abogados de distintos países presentaron en el Parlamento Europeo el caso del bloqueo a Cuba, para ser analizado por un tribunal internacional, que finalmente emitió un fallo a favor del cese del bloqueo. Indicó que “el cerco transgrede la Carta de la ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, entre otras normas” como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Si bien esta medida no es vinculante, es una señal más de la ilegalidad y de la ilegitimidad de la política estadounidense a nivel internacional.

Otra señal internacional de apoyo a Cuba fue su elección como parte integrante del Consejo de derechos humanos de la ONU en octubre. De los 15 lugares totales en este consejo, hay tres reservados para América Latina y el Caribe. Cuba obtuvo 146 votos de los 186 totales. Además de Cuba, los otros dos países de Nuestramérica que serán integrantes de este organismo entre 2024 y 2026 son República Dominicana y Brasil.

Para cerrar con la participación de Cuba en el escenario mundial, en septiembre el país fue anfitrión de la Cumbre del G77 + China. El grupo, que no se juntaba desde 2014, tiene 134 miembros, que representan a dos tercios de los miembros de la ONU y el 80% de la población mundial.

La declaración final del encuentro incluyó la “urgente necesidad de una reforma integral de la arquitectura financiera internacional y de un enfoque más inclusivo y coordinado de la gobernanza financiera mundial”, el fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur» y el pedido de eliminación de las “regulaciones con impacto extraterritorial y todas las demás formas de medidas económicas coercitivas, incluidas las sanciones unilaterales contra los países en desarrollo”.

En el ámbito local, durante los últimos meses la isla vivió un déficit de combustible que hizo que se viera afectada la vida cotidiana de cubanos y cubanas, en particular en lo que respecta al abastecimiento de energía. Desde el gobierno afirmaron que el bloqueo estadounidense obstaculiza la compra de repuestos para reparar las plantas generadoras de electricidad, y que estaban tomando medidas para mitigar el efecto de esta falta. Informaron también que el porcentaje de afectación fue un 51% menor al del año anterior.

La falta de combustible también afectó la distribución de los productos de la canasta básica y, en ese sentido, el gobierno comunicó que estaban priorizando el su utilización para garantizar la distribución de productos de primera necesidad, como leche, pan y arroz.

Otro de los problemas que viene atravesando la economía cubana es la inflación, producida, en parte, por la insuficiencia de divisas. Según el ministro de Economía, la inflación este año superará el 20%.

Respecto del alto nivel de migración cubana hacia Estados Unidos, en noviembre hubo una reunión entre el subsecretario adjunto de Estado del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense, Eric Jacobstein, y el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío Domínguez. “Cuba reiteró preocupación por medidas que estimulan la migración irregular que se mantienen vigentes por decisión política del Gobierno de EEUU”, escribió el canciller cubano en X. La parte cubana afirmó que Estados Unidos incentiva la migración cubana con el bloqueo y con el programa de incentivos para cubanos en ese país. Hubo acuerdo en que ambas partes debían garantizar la migración segura y ordenada. El 25 de noviembre se cumplieron 7 años de la muerte de Fidel Castro y fue recordado con galas y homenajes tanto dentro como fuera de la isla.

Como en nuestros últimos informes, comenzamos la sección de Haití actualizando los datos que representan la violencia de las pandillas y sus consecuencias.

Según datos de Naciones Unidas, entre el 1º de enero y el 9 de septiembre de 2023, ya se habían reportado 3 mil asesinatos y más de 1.500 secuestros, mientras que 200 mil personas tuvieron que desplazarse de sus viviendas. El dato de personas muertas a causa de la violencia asciende a casi 4 mil para fines de noviembre. Las personas heridas sumaban más de 100 mil y las secuestradas, casi 3 mil.

Detrás de estas cifras, hay incendios a comisarías, casas y vehículos, asesinatos de agentes policiales, docentes, ataques a políticos, hospitales, linchamientos y quejas de la población respecto de que la Policía Nacional de Haití no acude a los llamados de emergencia y las autoridades de facto tampoco actúan al respecto. La Policía anunció la creación de una Unidad Temporal Anti-Bandas mientras que Ariel Henry solicitó en la Asamblea General de la ONU el envío de la fuerza multinacional de la que se viene hablando hace meses.

Además, a fines de noviembre la ONU publicó un nuevo informe sobre la situación en localidades rurales 100 kilómetros al norte de Puerto Príncipe, en el Bajo Artibonito. Según el mismo, solo en estas localidades, fueron asesinadas, heridas o secuestradas más de 1690 personas entre enero de 2022 y octubre de 2023. Se cuentan, además, al menos 20 grupos criminales en esta parte del país. En el texto, el organismo urge a desplegar la fuerza multinacional de soporte a la Policía Nacional de Haití.

El 2 de octubre, después de meses de discusiones y reuniones, finalmente el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el despliegue de una fuerza multinacional de seguridad en Haití. Esto sucedió dos semanas después de que en el marco de la Asamblea General del organismo el primer ministro de facto Ariel Henry volviera a pedir la intervención para manejar la crisis de seguridad y de que Estados Unidos anunciara ayuda monetaria para esta misión. Fue necesario para esto destrabar el posible veto de China, para lo cual fue necesario establecer que la misión no dependiera directamente de la ONU y se implementara en colaboración con el gobierno local. Finalmente se obtuvieron 13 votos de los 15 totales, y China y Rusia se abstuvieron.

La misión, establecida en la resolución S/2023/709, duraría un año y estaría liderada por Kenia, aunque otros países también ofrecieron a enviar fondos, personal o equipos para brindar apoyo a la Policía nacional. Algunos de ellos son: Senegal, Burundi, Chad, Belice, Jamaica, Antigua y Barbuda, Surinam, las Bahamas, España, Italia, Mongolia, Guatemala y Perú.

Cabe mencionar que el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas establece que el Consejo de Seguridad puede hacer uso de la fuerza solo en el caso de haber intentado antes otras alternativas que no impliquen el uso de la fuerza armada y si esta resulta necesaria para “mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales”.

Ante esta noticia, un representante de la oposición keniana y excandidato presidencial, Ekuru Aukot, presentó ante la Corte Suprema de ese país una petición para que su gobierno no envíe sus fuerzas, por considerarlo inconstitucional. La Corte prohibió, en principio, el despliegue de fuerzas por dos semanas a partir del 9 de octubre, que luego extendió hasta el 9 de noviembre y luego volvió a ampliarla. En el medio, el día 16 de noviembre, el Parlamento de Kenia aprobó la misión y autorizó enviar mil efectivos de su policía, con la condición de que antes se recibieran los recursos económicos (230 millones de dólares). Finalmente, el juez a cargo anunció que emitirá un fallo al respecto el día 26 de enero de 2024, por lo que hasta ese día por lo menos, la acción no podría iniciarse.

Otra cuestión a ser destrabada para enviar la misión es el financiamiento. Estados Unidos anunció que aportará 100 millones de dólares. Sin embargo, también es necesario que esto lo apruebe su Congreso y aún no lo ha hecho.

Por otro lado, finalmente hay movimiento en las causas de los detenidos por el asesinato del expresidente Jovenel Moïse. El juez a cargo de la investigación ―el quinto desde que sucedió el hecho― inició a principios de septiembre los interrogatorios de los 18 sospechosos colombianos arrestados desde entonces. En total hay 40 arrestados, incluyendo policías haitianos.

Por su parte el expresidente de Haití Michel Martelly fue interrogado por el mismo caso, debido a que existen sospechas de que pudo haber participado indirectamente en los hechos.

De los 11 detenidos en el sur de Florida, Estados Unidos, por el caso, condenaron a un segundo de ellos, Germán Alejandro Rivera García, a cadena perpetua, luego de haberse declarado culpable de participar en la organización del grupo que asaltó la casa del expresidente. El primer condenado había sido el empresario haitiano-chileno Rodolphe Jaar, que se declaró culpable en marzo pasado. Otro detenido en Estados Unidos que se declaró culpable fue el exsenador haitiano John Joel Joseph, que será condenado en diciembre. El juicio de los otros ocho se espera que se realice en 2024.

Estados Unidos, y particularmente los tribunales de Florida, participan en los arrestos, juzgamientos y condenas debido a que la conspiración fue organizada en parte en ese Estado, con participación de empresarios radicados allí.

Además, en octubre en Haití detuvieron a otro sospechoso, el exagente policial Joseph Félix Badio. Estaba prófugo y había trabajado en el Ministerio de Justicia de Haití y en la Unidad Anticorrupción del Gobierno.

A partir de las investigaciones y declaraciones, se van haciendo más certeras algunas hipótesis de la trama y las razones del asesinato. La idea principal era secuestrar a Moïse y reemplazarlo por Christian Sanon, para que los empresarios implicados que estaban en conexión con él pudieran conseguir firmar contratos para la construcción de obras y proveer fuerzas de seguridad al Estado.

Durante estos últimos meses, se agravó la tensión en la frontera entre Haití y República Dominicana. Ya venía habiendo dificultades, particularmente por la migración haitiana y sus visados en el país vecino, pero ahora se agregó un tema más de controversia. Del lado haitiano, se retomó la construcción de un canal para utilizar el agua del río Masacre (o río Dajabón), ubicado en la frontera y perteneciente a los dos países. La construcción había empezado en 2018. En mayo de 2021, el gobierno dominicano exigió parar la obra por considerar que violaba tratados en cuanto al uso del agua del río compartido, y finalmente se detuvo en julio de ese año luego del asesinato de Jovenel Moïse. Las obras se reiniciaron en septiembre de este año y el gobierno dominicano decidió cerrar la frontera y suspender la emisión de visas a haitianos hasta que se detenga la construcción. Además, reactivó una toma de agua en el mismo río para abastecer a los productores dominicanos, lo que a su vez dificulta la toma de agua del lado haitiano. 

Mientras tanto, el gobierno haitiano afirmó, por un lado, que la construcción es de sectores privados y no la está realizando el gobierno y, por otro lado, que la misma no viola acuerdos internacionales. Hubo varias reuniones durante septiembre entre funcionarios de los dos gobiernos pero no llegaron a acuerdos. Organizaciones sociales y de derechos humanos se manifestaron en contra de las medidas del gobierno dominicano hacia los haitianos y afirmaron que se estaban llevando a cabo miles de detenciones arbitrarias. Los gobiernos decidieron aceptar la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y se llegó, a principios de octubre, a un primer compromiso de abrir las fronteras solo para el comercio, de manera provisoria, con el fin de no desabastecer de alimentos a la población haitiana y de no afectar la actividad de los comerciantes de frontera dominicanos. Sin embargo, la reapertura también atravesó incidentes. Grupos de ciudadanos haitianos cavaron una zanja del lado dominicano para impedir el paso de vehículos militares dominicanos, alegando que estaban violando la frontera. Ante incidentes con los militares del país vecino, Haití volvió a cerrar el paso fronterizo, en tensión con sus propios ciudadanos que insistían en cruzar la frontera para comprar alimentos y en una ocasión, rompieron los candados con una motosierra para atravesar camiones de abastecimiento.

En República Dominicana habrá elecciones presidenciales el 19 de mayo de 2024 y en estos últimos meses se definieron los candidatos principales.

El Partido Revolucionario Moderno (PRM), al que pertenece el actual presidente Luis Abinader, celebró elecciones primarias el 1º de octubre, en las que el propio Abinader salió electo con el 91% de los votos. El actual alcalde de la ciudad de Santiago, Abel Martínez, será el candidato por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y el expresidente Leonel Fernández representará al Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS).

En septiembre, comenzó una alerta por un pico de dengue en el país y en noviembre, la coalición de Grupos Populares y Sociales de la región del Cibao, en el norte, organizó una huelga para exigir la mejora en servicios médicos, educativos, obras públicas y precios accesibles de alimentos y combustibles.

Imperialismo e integración

Celebrando a Monroe: el Comando Sur no descansa

En el marco de la disputa por el reparto de poder global, la acción diplomática de EE. UU. de cara a la región está a cargo de una variedad de agencias y funcionarios/as, en un amplio espectro que incluye instancias económicas, políticas y militares. Como hemos señalado en varias oportunidades, en los últimos meses ha sido la propia jefa del Comando Sur, Laura Richardson, quien apareció públicamente sosteniendo una intensa agenda de viajes, además de fuertes declaraciones sobre los intereses de su país en la región. En los últimos días de 2023 esta actividad mostró –involuntariamente o no– un giro en el paradigma de intervención, al ampliar la función del organismo que comanda desde lo militar a la esfera de la seguridad interior.

El 12 de diciembre Richardson visitó al presidente de Paraguay, Santiago Peña y al respecto resultó notoria la discrepancia en el carácter de la visita. Junto con cuatro fotos cargadas de sonrisas, Peña informó desde sus cuentas digitales: “Participé de una reunión bilateral con Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Conversamos sobre los avances en los proyectos conjuntos para el fortalecimiento de la seguridad y la lucha contra el crimen organizado”. Pocas horas más tarde el presidente paraguayo reforzó la misma idea con otra publicación sobre una segunda reunión con la misma temática: “Participé de un encuentro con el Comando de Defensa Nacional y el Comando Sur de los Estados Unidos, donde conversamos sobre los trabajos en conjunto para combatir al crimen organizado en nuestro país y la región”.

En cambio, la embajada norteamericana, de intensa y pública intervención en los últimos meses, prefirió destacar como objeto de la visita a la actividad militar y su enfoque de género. “Richardson participará en eventos enfocados en la creciente contribución de las mujeres a las misiones de paz, defensa y seguridad en todo el mundo, y en conmemorar los 80 años de cooperación en materia de defensa entre los EE. UU. y Paraguay”, informó el comunicado oficial de la US Embassy en Asunción.

Sin embargo, uno de los principales medios privados de comunicación de Paraguay, el ABC Color, realizó una entrevista a Richardson durante su estadía en el país y allí la generala no solo no se mostró distante de la problemática de la seguridad, sino que ante una consulta sobre la existencia o no de una estrategia específica ante la “cuestión transfronteriza” y “el avance de grupos criminales”, explícitamente respondió que el tema es objeto central de su actividad y —según aseguró— también de los responsables militares de los demás países del continente: “Lo que hacemos es trabajar con los jefes de defensa de todos los ejércitos; realizamos ejercicios y conferencias cada año… nos reunimos y hablamos de los retos de seguridad”. Además, en la misma entrevista volvió a reconocer su preocupación por la acción de medios vinculados a Estado rivales: “Creo que Russia Today en español, Sputnik Mundo, y a veces Telesur, no practican el periodsmo de verificación. Eso debilita a las democracias… nuestros adversarios hacen horas extras para socavar el Estado de derecho, fomentar la inseguridad y la inestabilidad…”, señaló.

El caso de Paraguay es interesante porque se trata de un aliado estratégico de EE. UU., con quien ha tenido una relación de cooperación estrecha e ininterrumpida desde mediados del siglo XX. Esto presenta singular importancia en momentos de disputa global y continental y en especial luego de los cambios institucionales del presente siglo. En particular, en los últimos diez años (2013-2023), etapa en la que el tablero político muestra múltiples cambios, marchas y contramarchas, sin mucha estabilidad. En este sentido, la política estadounidense hacia Paraguay parece un paso más allá en el grado de intento de tutelaje, al menos en comparación con sus vecinos de América del Sur. Por esta razón no está de más prestar atención a los objetivos y las funciones que se atribuyen las diferentes agencias gubernamentales de la principal potencia militar, en particular el brazo del ejército asignado a América Latina y el Caribe. De cara a 2024, un tema a analizar será la agenda planteada en esta relación asimétrica, más aún ante el giro político en Argentina, que preanuncia un grado importante de subordinación a la agenda estratégica de EE. UU.

El 2 de diciembre de 2023 se cumplieron dos siglos de que el presidente James Monroe pronunció su célebre discurso, que sintetiza la aspiración de control continental como parte de su disputa como la potencia hegemónica en el orden global. En esa etapa histórica, a este intento de tutelaje inicial se le oponía un proyecto de liberación continental como el soñado por Bolívar y San Martín, entre muchos/as otros/as patriotas, en pie de guerra contra el colonialismo. Doscientos años después, la contradicción entre el proyecto imperialista y la construcción de un proyecto de emancipación sigue vigente y se expresa en múltiples iniciativas y debates. En ese sentido, hay que analizar el despliegue de los dispositivos militares, como por ejemplo el Comando Sur, en relación con un conjunto de políticas y de escenarios más amplio. Este informe da cuenta de algunos temas en los que se expresa —fragmentariamente y de diversas maneras— esa confrontación estratégica que recorre el continente.

Cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas

Una de las principales iniciativas de EE. UU. para la región apunta a revitalizar algún foro de reunión con los países de América Latina y el Caribe. Ante la parálisis de la OEA, sumida en un gran desprestigio a partir de su abierta intervención en la política interna de los Estados miembros en el período 2015-2020 —cuyo clímax fue su participación en el golpe de Estado en Bolivia y la legitimación del gobierno surgido— y el intento de algunos países por revitalizar la CELAC —que no incluye a EE. UU. ni a Canadá—, desde su asunción la Administración Biden se propone desarrollar algún tipo de espacio que le permita participar formalmente en los debates que atraviesan a la región, en particular las discusiones de cooperación económica, campo en el que China le ha sacado varios puestos de ventaja en lo que va del siglo XXI.

El primero de estos intentos fue la fallida IX Cumbre de las Américas convocada en junio de 2022 en Los Ángeles, donde EE. UU. vetó la participación de algunos países de la región, lo que tiñó todo su desarrolló y la hizo fracasar. Sin embargo, fue en esta Cumbre de las Américas cuando Biden presentó lo que en 2023 comenzó a desplegar como uno de sus principales caballitos de batalla en la diplomacia continental: la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas (APEP, por sus siglas en inglés).

Tras un trabajo bastante silencioso, el siguiente hito fue en enero de este año, cuando se reunieron los ministros de Relaciones Exteriores de EE. UU., Canadá y diez países de América Latina y el Caribe: Costa Rica, Panamá, México, República Dominicana, Barbados, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador y Colombia y difundieron una declaración conjunta en la que señalaron su confianza en “cosechar los beneficios de un hemisferio abierto, justo, integrador y próspero”. Finalmente, en noviembre la apuesta tomó la forma de una Cumbre presidencial en Washington en la que los mismos países, aunque en el caso de México y de Panamá no estuvieron presentes los presidentes AMLO y Laurentino Cortizo sino las cancilleres Alicia Bárcena y Janaina Tewaney, respectivamente. En la reunión, realizada en la Casa Blanca, Biden anunció “nuevas estrategias conjuntas que garantizarán la inversión de millones de dólares en proyectos sostenibles en América Latina, la formación de capital humano y soluciones migratorias”, según difundió el medio oficial Voice of Americas (VoA).

Flanqueando a Biden, en la mesa principal tuvieron un lugar destacado los presidentes de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y de Costa Rica, Rodrigo Chaves, en lo que parece una cuidada elección de afines para afrontar las relaciones con un continente que, de cara a 2024, aparece con una heterogeneidad e inestabilidad política a tener muy en cuenta, y donde la administración demócrata aspira a tener más y mejores aliados en un marco de cierta transversalidad política.

BRICS+: Argentina se baja del bloque al que todos se quieren subir

En nuestro informe #21 desarrollamos la trascendental decisión de los BRICS de ampliarse a partir del 1º de enero de 2024 con la incorporación de seis nuevos países. Allí señalamos que uno de los temas a seguir con atención en el caso de nuestro continente era la situación política en Argentina, en particular la posibilidad de un triunfo de alguna candidatura derechista (Milei o Bullrich) que rechazara el ingreso ya aprobado al bloque. Finalmente, tal posibilidad ocurrió: el ultraderechista Javier Milei ganó las elecciones presidenciales y de acuerdo a lo anunciado por su canciller, Diana Mondino, Argentina no hará efectivo el ingreso.

En su lugar, el nuevo gobierno anticipó que pedirá el ingreso a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), organismo cuyo origen remite al Plan Marshall. La OCDE reunió inicialmente a principios de la década de 1960 a EE. UU. y Canadá con dieciocho países de Europa occidental y luego se sumaron otros dieciocho países de Asia, Oceanía, Europa y América Latina, afines a la política de EE. UU. y en general, a la defensa del capitalismo liberal, con sus matices.

El pedido de ingreso, que difícilmente se haga efectivo en el corto plazo, implica de todos modos un intento del nuevo gobierno argentino por consolidar una relación estratégica con Europa, en oposición al heterogéneo conjunto de potencias que apuestan por el BRICS+ y otras iniciativas similares hacia un mundo multipolar.

Si bien el cambio radical en la decisión de Argentina es una noticia negativa para los BRICS+ —y en particular para Lula da Silva, el gran impulsor de la invitación al país sudamericano—, las bases generales del proceso de articulación por fuera de la órbita de EE. UU. se mantienen firmes.

A mediados de octubre se realizó en Beijing el III Foro para la Cooperación Internacional de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés), a diez años de su lanzamiento. En el encuentro participaron veinticuatro jefes y jefas de Estado y representantes de otro centenar de países vinculados a la iniciativa china.

Por su parte, como ya mencionamos, el primer día de enero de 2024 se hará efectiva la ampliación del BRICS con la incorporación de los otros cinco países invitados en la cumbre de Johannesburgo: Arabia Saudí, EAU, Irán, Etiopía y Egipto. El evidente poderío energético del bloque podría ampliarse con otras incorporaciones. Entre ellas cabe incluir la posibilidad del ingreso de Venezuela, que en noviembre recibió el respaldo explícito del canciller de Rusia, Sergei Lavrov.

Mercosur, entre sus propias tensiones y el debate por la firma del TLC con la Unión Europea

A principios de diciembre se realizó en Río de Janeiro la XIII Cumbre del Mercosur, con la participación de los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Una de las novedades más importantes de la reunión es la incorporación de Bolivia, tras más de ocho años de espera. La otra noticia fue la firma de un Tratado de Libre Comercio con Singapur, el primero con un país de la región conocida como “Asia Pacífico”. A su vez, en el encuentro volvieron a aparecer fuertes discrepancias entre los miembros fundadores, a partir de la pretensión de Uruguay de negociar un TLC con China de manera unilateral lo antes posible, lo cual choca con el interés de Brasil, Paraguay y hasta ahora Argentina por avanzar en un TLC con China pero como bloque unificado.

Otro de los temas de tensión entre los países que  integran el Mercosur se desarrolló especialmente en el último cuatrimestre de 2024 y tiene que ver con la utilización del sistema del Paraná, el segundo más grande sistema fluvial de América del Sur. A partir del “Acuerdo de Transporte Fluvial de la Hidrovía”, firmado en 1992 por Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia para la administración de la navegación, el sistema fluvial comenzó a llamarse habitualmente “Hidrovía Paraguay Paraná”. Actualmente, la “hidrovía” es una de las arterias principales para el comercio exterior en América del Sur, clave en particular para Paraguay y para Argentina.

En el segundo semestre de 2022 el gobierno argentino decidió comenzar a cobrar un peaje por el tránsito en el río a partir del primer día de 2023, bajo el argumento de que el costo de las tareas de mantenimiento de la navegabilidad —dragado y balizamiento— recae sobre su país desde 2010. La medida causó especial malestar en Paraguay, ya que una gran parte de las embarcaciones que transitan por el río son de bandera paraguaya. Este país posee la tercera flota fluvial del mundo y la mayor de América del Sur, con unas tres mil quinientas embarcaciones. Mientras crecían las tensiones, Paraguay recibió el apoyo explícito de los demás países firmantes ―Brasil, Uruguay y Bolivia―, quienes también rechazaron la imposición unilateral del peaje.

En agosto, el ministro de Economía argentino, Sergio Massa, visitó Asunción y –de acuerdo al gobierno paraguayo– se comprometió a rever la medida de cobro del peaje, lo que fue desmentido luego por el gobierno argentino, en un ida y vuelta de declaraciones que fueron subiendo de tono. Los ánimos se crisparon todavía más en septiembre, con la detención de barcazas que se negaron a pagar el peaje. Luego, el conflicto siguió escalando cuando Paraguay anunció que dejaba de ceder a Argentina su excedente energético en la central eléctrica de Yacyretá, que comparten ambos países; y más tarde con la retención en Argentina de camiones que transportaban gas hacia Paraguay, todo condimentado con intensos cruces dialécticos.

Finalmente, a fines de septiembre se anunció un acuerdo provisorio: sin renunciar cada parte a su posición, por sesenta días se suspendió el cobro de peaje. Hacia fin de año, el conflicto se encuentra irresuelto pero el cambio de gobierno en Argentina despierta en Paraguay expectativas por un escenario más favorable para sus pretensiones. En ocasión de su visita a Argentina para la asunción del presidente Javier Milei, su par de Paraguay Santiago Peña conversó del tema con la canciller argentina Diana Mondino y señaló que su interés apunta a un debate de alto nivel para trabajar en una “propuesta superadora” que aumente la navegación comercial en el río Paraná. Mientras tanto, en Argentina comienza a hablarse de la posibilidad de una eventual (re)privatización de la hidrovía, a partir del nuevo gobierno.

Por otro lado, el Mercosur sostiene en este fin de año encendidas discusiones con representantes de la Unión Europea. La intención de ambas partes es concluir el TLC UE Mercosur anunciado en 2019, pero subsisten diferencias importantes, sobre todo a partir de nuevas regulaciones ambientales promovidas por los países europeos, que buscan proteger a sus agricultores en lo que interpretan se trata de su principal desventaja competitiva frente al agro sudamericano. Estas diferencias llevaron incluso a que el presidente de Paraguay advierta con la posibilidad de dar por concluido el acuerdo.

Por último, un elemento de incertidumbre en el Mercosur, que cumple ya 32 años, es el cambio de gobierno en Argentina. El nuevo presidente ha criticado duramente el bloque y aunque en principio pareciera haber moderado su posición, son muchas las interrogantes en relación con la coordinación de políticas económicas entre los socios de cara al futuro próximo. En el próximo semestre será el mandatario de Paraguay Santiago Peña quien tenga la presidencia pro tempore del bloque.

Guyana – Venezuela y la disputa por el Esequibo

Otro de los temas que viene generando tensiones entre países de la región es el conflicto territorial entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo, debido a las licitaciones por parte de Guyana para que empresas extranjeras exploten las áreas petrolíferas que corresponden a esa porción de tierra entre los dos países.

La disputa se remonta al Laudo Arbitral de París de 1899, momento en el cual Guyana todavía estaba bajo mandato británico. Venezuela reclama no haber tenido participación en el mismo y alega que fue un proceso fraudulento.

La disputa siguió y en 1966 se firmó el Acuerdo de Ginebra, que estableció la creación de una Comisión Mixta para la búsqueda de soluciones a través del diálogo pacífico. En ella, se dejaba asentado el rechazo de Venezuela al Laudo de 1899 y se reconocía que el conflicto no estaba cerrado. Por la parte de Guyana, el mismo fue firmado por el primer ministro guyanés y por un representante del Reino Unido, ya que Guyana estaba próxima a independizarse.

Hasta 2015, continuaron los diálogos y negociaciones sin llegar a acuerdos. En ese año, se descubrieron yacimientos de petróleo en las costas del Esequibo y se volvió a poner el tema en cuestión.

A fines de 2022, Guyana abrió la primera ronda de licitaciones para explotar algunos de los yacimientos, a lo que Venezuela se opuso, alegando que se estaba violando el Acuerdo de Ginebra y que por lo tanto esas rondas son ilegales por tratarse de áreas marítimas pendientes de delimitación.

Es necesario aclarar en este punto cuáles son los apoyos que tiene Guyana. En primer lugar, la empresa ExxonMobil es la que viene explotando esos recursos, con un nivel de impuestos casi nulo por parte del gobierno guyanés. Es por eso que ni  las empresas ni los gobiernos alineados con la OTAN que están apoyando a Guyana en este reclamo tienen interés de que sea puesto a discusión, dado que de tener que explotarlos con acuerdo del gobierno bolivariano, pagarían más impuestos.

Existe un proceso en curso en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que ha fallado a favor de Guyana y que Venezuela desconoce, alegando que el fallo no cumple con el Acuerdo de Ginebra. Tanto el gobierno estadounidense como Luis Almagro apoyan la postura de Guyana en el litigio.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se propuso como mediador, a la vez que envió tropas a su frontera norte.

Finalmente, se produjo una reunión entre los presidentes de los dos países en San Vicente y las Granadinas, con presencia de la Comunidad del Caribe (Caricom) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Si bien aún no se llegó a un acuerdo, se coincidió en que la resolución debe ser pacífica y deben bajar el nivel de tensión entre los países.

Encuentros al interior del campo popular

En momentos de grandes cambios e incertidumbres, se multiplican los espacios de debate en y entre las diferentes organizaciones y proyectos populares de todo el continente. Por razones de espacio aquí destacaremos apenas cinco, con intenciones de graficar la enorme diversidad y riqueza que atraviesa el campo popular, aún en una coyuntura de muchas dificultades para los proyectos interesados en construir unidad e integración continental.

La primera actividad tiene que ver con el cumpleaños número 10 de Nodal, un proyecto de noticias de América Latina y el Caribe que en esta década se ha convertido en un espacio comunicacional muy valioso, clave para acceder a un panorama de lo que sucede en Nuestra América y a partir de allí contribuir al conocimiento, al reconocimiento y a la construcción de vínculos entre los pueblos, diversos pero con tanto en común. Con motivo de esta celebración, Nodal organizó en septiembre el I Encuentro Internacional “Comunicación, política y poder en el siglo XXI”. El evento contó con varias actividades culturales y de debate, que fueron registradas por el propio proyecto de comunicación y están disponibles en su sitio web.

La segunda actividad que destacamos es el Encuentro Dilemas de la Humanidad, cuyo capítulo de América Latina y el Caribe se realizó en Santiago de Chile a principios de septiembre, como momento previo a la realización del Encuentro global, realizado en Johannesburgo en octubre. Allí, líderes políticos, activistas e intelectuales de todo el mundo participaron, generaron reflexiones y crearon una plataforma para la acción, con el fin de superar los principales retos que enfrenta la humanidad, entre ellos la organización de la clase trabajadora, la defensa de la vida y de la naturaleza, la construcción de sistemas realmente democráticos y el respeto a la soberanía.

La tercera es el 15° Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (EFLAC), que se realizó a fines de noviembre en El Salvador, en el que participaron más de 1600 personas de 29 países. “Con el legado de las ancestras pusimos en palabras las tensiones que nos habitan y acordamos acciones para la soberanía sobre nuestros cuerpos y territorios mientras resistimos y proyectamos un mundo transfeminista”, sostiene la declaración final del encuentro, que en otro párrafo exige “que los Estados reconozcan el derecho a la justicia reproductiva, que garantice el derecho al aborto y a la maternidad, pues junto a la prohibición del aborto coexiste una mirada racista del derecho a gestar, parir y criar con dignidad, en particular a las mujeres negras, indígenas y migrantes”.

A su vez, entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre se desarrolló en Caracas el Foro Internacional Antiimperialista Bolivarianismo vs. Monroísmo, a 200 años de la Doctrina Monroe, en el que participaron funcionarios, intelectuales y militantes de diferentes países del continente. “Las confrontaciones no han terminado todavía. Es la lucha entre un pueblo tratando de ser libre y otro pueblo tratando de dominarlo”, señaló Carlos Ron, viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, y presidente del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos (ISB).

Por último, para fines de febrero de 2024 fue reprogramada la Conferencia por la Integración de América Latina y el Caribe a realizarse en Foz de Iguazú. La actividad, que originalmente estaba prevista para diciembre, fue presentada por los ex presidentes de Uruguay, Pepe Mujica, y de Colombia, Ernesto Samper, junto a movimientos sindicales y sociales como ALBA Movimientos y la Confederación Sindical de las Américas. La convocatoria plantea la “defensa de la democracia, soberanía, los derechos de los pueblos, el antimperialismo, anticolonialismo, el respeto a la diversidad, el antirracismo, el feminismo popular y la lucha por la paz”, en un contexto que las organizaciones convocantes describen como “sumamente complejo para la región y el mundo”.

En perspectiva

El cierre del 2023 nos muestra un escenario atravesado por la inestabilidad política en América Latina y el Caribe. Las marchas y contramarchas, victorias y derrotas, integración y desunión,  estabilidad precaria y crisis caracterizaron a un continente en permanente movimiento, donde las izquierdas y progresismos buscan asentarse y las extremas derechas parecen ganar terreno en contextos de crisis social y puja distributiva. El año termina con no pocas incertidumbres, entre ellas la situación política en Argentina y en Guatemala, por mencionar dos de los procesos más intensos de los últimos meses. 

El 2024 será sin dudas un año donde se intensificarán muchos de los conflictos que fueron analizados en el informe. Habrá que prestar atención a la dinámica que la propia lucha de clases vaya configurando, en una región del mundo que se encuentra en plena disputa, como expresión de sus particularidades históricas y también como expresión no mecánica de conflictividades que trascienden a cada país porque forman parte del conflicto geopolítico a escala global.

En el segundo cuatrimestre de 2023 se han visto acentuadas en el mundo y en nuestro continente algunas tendencias previas, que son objeto de relevamiento y análisis en este informe número 21 del Observatorio de América Latina y el Caribe (OBSAL), del Instituto Tricontinental de. Investigación Social.

A nivel global, observamos, por un lado, la progresión acelerada del cambio climático como una de las dimensiones principales de la crisis civilizatoria ―de la civilización del capital―. Con olas de calor que rompieron los máximos históricos y tuvieron consecuencias como deshielos, incendios y sequías, se manifiesta de forma cada vez más urgente la necesidad de mitigar los efectos de esta era del “hervor global” ―como la calificó el secretario general de las Naciones Unidas― escuchando las propuestas de cambio inspirado en la justicia social y climática planteadas por los movimientos populares.

A su vez, el cambio climático está teniendo un impacto significativo en la producción agrícola, y esto ha llevado a un incremento en los precios de los alimentos. En ese marco, países como India y Rusia han limitado de distintas maneras su participación en el mercado mundial. Los precios del petróleo también han subido en los últimos meses. Estos eventos ocurren en un contexto en el que se espera una desaceleración de la economía mundial, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), con una caída en las economías de los países desarrollados y un repunte en los países en desarrollo. La inflación mundial aún es alta, aunque ha disminuido. En este marco, la adopción de políticas económicas ortodoxas ha aumentado la desigualdad y el sufrimiento de los sectores populares y los países del sur global.

La segunda tendencia mundial que analizamos en este informe es la transición hegemónica global hacia un mundo multipolar, de la que ya hemos venido hablando y que ha sido reconocida ya por los líderes mundiales. Esta transición, sin embargo, choca con la dinámica guerrerista y la política imperialista de Estados Unidos, particularmente en nuestro continente, pero que también está presente en las guerras que están teniendo lugar en Europa y África, con gran participación de los países de la OTAN.

El foco del escenario guerrerista se viene desplazando desde Europa hacia África, luego de una contraofensiva ucraniana apoyada por la OTAN que no tuvo avances significativos. El golpe de Estado ocurrido en julio en Níger y la asunción de un gobierno crítico a la intervención francesa han aumentado la posibilidad de una tercera guerra en el continente. Este golpe se sitúa en una serie de golpes militares en los países de la región africana del Sahel ocurridos durante los últimos años. Muchos de estos nuevos gobiernos militares han adoptado posturas antiimperialistas respecto de los intereses de Francia y Estados Unidos y se han mostrado más cercanos a Rusia, en lo que parecieran presentarse como tensiones locales que expresan una confrontación geopolítica global.

Esta tendencia a la multiplicidad de focos de poder en el mundo también se ha expresado en las distintas cumbres internacionales que ocurrieron en los últimos meses, a nivel mundial y a nivel continental.

La más significativa de estas fue la Cumbre de los BRICS, en la que se definió ampliar el bloque, incorporando a seis países nuevos. Argentina es el único de nuestra región en incorporarse. Además de lo que el nuevo bloque BRICS+ va a representar a nivel mundial ―el 46% de la población mundial, el 36% del PBI y el control de la mayor parte de la producción de granos e hidrocarburos― resulta ineludible el debate sobre el dólar como moneda de intercambio global y su potencial declive, ya expresado en algunas cuestiones prácticas en intercambios que empiezan a realizarse en yuanes en países como Bolivia, Brasil y Argentina, por ejemplo.

Otra de las Cumbres relevantes a nivel geopolítico para nuestra región fue la realizada entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que, si bien no cristalizó avances específicos, de por sí expresa el interés de Europa en asegurarse mercados y recursos estratégicos y pone de relevancia el rol de la CELAC como organismo que tiene el potencial de ser un interlocutor que exprese las voces de la región.

En el marco del Mercosur volvieron a expresarse las diferencias que ya venían poniendo sobre la mesa países como Uruguay ―que no firmó el documento de la cumbre realizada en julio y quiere firmar un Tratado de Libre Comercio con China por su cuenta― y Paraguay, que no tiene relaciones diplomáticas con China por su reconocimiento a Taiwán. Un tema importante para  el Mercosur es  la implementación del acuerdo con la Unión Europea, bajo negociaciones en este momento.

Cobra relevancia en el marco de estas tendencias globales descritas ―y especialmente en relación con la aceleración del cambio climático― la Cumbre de presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), realizada en agosto, en la que se planteó una agenda de cooperación regional en relación con la Amazonía y su desarrollo.

La tendencia al multipolarismo se expresó también en la imposibilidad ―por el momento― de cerrar un acuerdo de intervención en Haití, donde varios países del Caribe y también Rusia y China expresaron reparos a una solución que no contemple la voluntad del propio pueblo haitiano.

En cuanto a movimientos populares, destacamos la realización de la Conferencia regional del encuentro Dilemas de la Humanidad, previa al encuentro global que se llevará a cabo en Sudáfrica en octubre. Es un espacio en el que referentes de movimientos populares de la región debaten sobre la coyuntura geopolítica actual y la construcción de un proyecto emancipatorio y de unidad para la región.

En cuanto a las subregiones que abordamos en nuestros informes, se ha observado en el Cono Sur una tendencia a la derechización general, caracterizada principalmente por el sorpresivo triunfo de la ultraderecha en las elecciones primarias de Argentina pero matizada por las políticas que viene implementando Lula Da Silva en Brasil.

En las elecciones primarias de Argentina en agosto, el candidato de la ultraderecha obtuvo un inesperado 30% y quedó en primer lugar en una elección dividida en tercios, en la que el oficialismo quedó en tercer lugar por un escaso margen. En un marco de crisis económica creciente y de tensiones con el FMI ―que ejerce prácticamente un cogobierno en el país―, al gobierno argentino le queda intentar revertir esta situación con políticas compensatorias o de redistribución del ingreso. La elección ―crucial para la orientación que tendrá nuestra región en los próximos años― tendrá su primera vuelta en octubre y, en caso de haber segunda vuelta, se realizará en noviembre.

En Brasil, el tercer gobierno de Lula está logrando algunos avances, aunque con las limitaciones propias de una alianza amplia que tenía el primer objetivo de sacar a Bolsonaro de la presidencia. Algunas políticas recientes incluyen la ampliación del acceso a la educación y el Programa de Aceleración del Crecimiento con inversiones en diversas áreas. Hay mejoras en los indicadores socioeconómicos, una tasa de desempleo baja y una inflación controlada. Sin embargo, persisten limitantes como las altas tasas de interés, la rigidez fiscal y la reforma tributaria que no termina de atacar la desigualdad.

En Chile, la derecha, liderada por Juan Antonio Kast, ha ganado terreno en las elecciones de consejeros constituyentes, donde obtuvo un primer puesto, obteniendo 23 de los 50 lugares. El gobierno de Gabriel Boric ha visto nuevamente una disminución en su popularidad en las encuestas. Ha propuesto medidas tributarias para fortalecer la recaudación y que eso permita mejorar el sistema de salud, las pensiones y el servicio de justicia y seguridad. Pero del otro lado, enfrenta un escándalo de corrupción que llevó a la renuncia de un ministro, tensión con los docentes y la mala noticia de que el país ingresó en una etapa recesiva, caracterizada por la caída del PBI en los últimos tres trimestres. En este marco, el gobierno busca acuerdos con la derecha para garantizar su gobernabilidad, y está entablando conversaciones para generar consensos para llevar a cabo reformas impositivas. También ha expresado una posición conservadora en relación con el conflicto entre comunidades originarias y empresarios.

En Paraguay, Santiago Peña asumió la presidencia, para la cual había sido electo en marzo. Si bien hay una continuidad en términos partidarios, el nuevo presidente pertenece a otra corriente interna del Partido Colorado. Ni en su discurso inicial ni en la composición de su gabinete pareciera haber muestras de abordar uno de los problemas estructurales del país, que es la distribución desigual de tierras y la situación del campesinado. Miembro fundador del «Grupo Libertad y Democracia», espacio alineado con la derecha y considerado un contrapeso al Grupo de Puebla, Peña inició su gobierno en el plano internacional en tensión con el gobierno argentino y con desafíos en sus relaciones con Estados Unidos, debido a las acciones legales que el gobierno de Biden llevó a cabo contra miembros de su partido durante el último año.

En Uruguay, el período se destacó por la crisis hídrica en Montevideo, que se convirtió en la primera capital del mundo en quedarse sin agua para consumo humano. Esto fue precedido por una sequía y no hubo infraestructura suficiente para abordarlo a tiempo. En lo político, este país también está atravesado por la tendencia a la derechización general y, en ese marco, el gobierno firmó un acuerdo militar de “apoyo mutuo” con Estados Unidos. El año que viene hay elecciones, y esto habilita a que, junto con las candidaturas, se propongan temas a llevar a plebiscito, por lo cual ya hay sectores planteando cuestiones a ser llevadas a esa instancia. Uno de ellos es el PIT-CNT, que impulsará un plebiscito contra la reforma de seguridad social que impulsa el gobierno. De cara a las elecciones, por ahora el tablero político aparece dividido en dos mitades, una hegemonizada por la Coalición Multicolor liderada por el Partido Nacional y otra hegemonizada por el Frente Amplio. Cada frente político se encuentra en debates internos respecto a propuestas, estrategias y candidaturas.

En la región andina, el centro de atención está puesto en las elecciones presidenciales de Ecuador. En un contexto crítico para el país, como consecuencia de las políticas neoliberales de Guillermo Lasso y la escalada de violencia y asesinato a uno de los candidatos presidenciales, el proceso electoral desembocó en una segunda vuelta. La candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, se medirá con el derechista Daniel Noboa, en un balotaje que marcará el rumbo no solo de los ecuatorianos y ecuatorianas, sino que tendrá su impacto en el proceso de integración regional. Además, el pueblo ecuatoriano votó masivamente en rechazo a la explotación petrolífera en el Parque Nacional Yasuní.

Otro país que se prepara para su contienda electoral es Venezuela. Las presidenciales del 2024 enfrentarán a la revolución bolivariana liderada por Nicolas Maduro, que representará nuevamente al Gran Polo Patriótico ante una oposición difusa, sin candidatos claros, pero con la brújula hacia la derecha y al norte cada vez más acentuada.

Cruzando la frontera venezolana nos encontramos con Colombia, cuyo gobierno encabezado por Gustavo Petro cumplió un año. La bocanada de esperanza que representó la llegada del actual Presidente tuvo sus primeros efectos en materia de política internacional y nacional. Sus intervenciones en cumbres internacionales, en particular en temas como la lucha contra el narcotráfico y la justicia ambiental, son muy importantes. Además, está teniendo un rol destacado en el impulso de procesos de integración regional. En el plano interno, viene promoviendo una agenda de justicia social de inclusión hacia los excluidos y excluidas. Y promueve una serie de reformas de salud, laboral y de pensiones que encontró un fuerte rechazo en la oposición. Estos sectores, articulados mediática y judicialmente buscan desestabilizar al gobierno con acusaciones falsas, mientras callan las atrocidades cometidas por el gobierno de facto de Dina Boluarte en Perú, que enfrenta una dura resistencia por parte del pueblo peruano que busca frenar la escalada represiva y extranjerizante.

Bolivia sigue su camino por políticas soberanistas, buscando industrializar sectores estratégicos como el Litio. Además, el partido gobernante —MAS— debe resolver tensiones a su interior, que al decir de García Linera, pueden ser destructivas o creativas. La disputa por el liderazgo entre Arce, Choquehuanca y Evo Morales amenaza no sólo la unidad política del partido, sino también del propio gobierno.

Yendo hacia Mesoamérica, en México nos encontramos con una realidad política con miras a las elecciones presidenciales de 2024. Oficialismo y oposición definieron candidaturas en procesos de elección interna que no estuvieron exentos de tensiones y, como en el caso de Morena, amenazan la unidad política. Claudia Sheimbaum representará al partido liderado por López Obrador y Xóchitl Gálvez lo hará por el frente opositor Frente Amplio por México, que reúne a los tradicionales partidos PRI, PAN y PRD. Resta por ver el papel que tendrá el ex canciller Marcelo Ebrard en la contienda electoral ante los rumores de una posible candidatura por fuera del morenismo, luego de perder su interna.

Una tendencia siempre analizada en nuestros informes es la crisis migratoria que golpea a la región mesoamericana. Contra toda esperanza de los grupos migrantes que se encuentran de uno y otro lado de la frontera que separa el Río Bravo, el fin del Título 42 devino en un recrudecimiento de las políticas antimigratorias por parte de EE UU. Una problemática que amenaza con agudizarse en un contexto de crisis social, económica e inestabilidad política.

Los procesos electorales y el sistema político en los países centroamericanos penden de un hilo fino, en un contexto de múltiples crisis sociales y económicas que generan descontento social y unas oligarquías que no están dispuestas a perder su poder. Tanto en Guatemala como en Honduras la amenaza de un golpe de Estado acecha a sus democracias. En el caso del país que preside Xiomara Castro, los militares responsables del golpe a Zelaya en 2009 vuelven a amenazar con  atentar contra el orden constitucional, al tiempo que la oposición se reorganiza en el Bloque de Oposición Ciudadana para desgastar en la calle al gobierno y bloquear en el Congreso Nacional sus iniciativas. Castro se encuentra en uno de los momentos más delicados desde que es Presidenta, pero con un fuerte apoyo social y demostración en la movilización popular.

El pueblo guatemalteco expresó su voluntad de cambio eligiendo como nuevo presidente a Bernardo Arévalo del partido Semilla. Las elecciones estuvieron atravesadas por la judicialización electoral que entre proscripciones y no aceptación de los resultados electorales amenazaron con clausurar la voluntad popular que dijo basta del «pacto de corruptos». Si bien la victoria de Arévalo ha sido oficializada, el camino a su asunción como mandatario no será fácil, ya que entre bambalinas —y no tanto— sectores judiciales, políticos y empresariales mueven sus fichas para evitar que esto suceda; o en todo caso condicionar al próximo gobierno.

En El Salvador, el autoritarismo de Bukele se consolida a medida que quiebra toda legalidad del Estado de derecho. A la vez que sigue extendiendo el régimen de excepción enmarcada en su «guerra contra las pandillas», se postula para la reelección presidencial de 2024. La nueva postulación del mandatario es inconstitucional pero fue avalada por miembros del Poder Judicial elegidos por su partido.

Yéndonos para las aguas del Caribe, este informe detalla el agravamiento de la crisis social, sanitaria y política en Haití, a dos años de un magnicidio cuya investigación sigue sin avanzar, y en el marco de un gobierno de facto que aún no ha llamado a elecciones. En ese contexto, avanzan las propuestas injerencistas de Estados Unidos y sus aliados desde distintos organismos internacionales, en los que Rusia y China son quienes vienen jugando un rol de contrapeso, poniendo nuevamente en jaque a la hegemonía del mundo unipolar de la que venimos hablando.

Por otro lado, Cuba sigue surfeando la ola de cambios que son parte del reordenamiento económico que empezó con la  Reforma Constitucional de 2019 y que están produciendo modificaciones en la estructura económica y estatal del país. Este informe analiza en detalle la situación macroeconómica actual, atravesada por la inflación, el desdoblamiento del tipo de cambio y la reciente constitución de pequeñas y medianas empresas privadas. Estas reformas se dan en el marco de una crisis provocada principalmente por el bloqueo económico, profundizado durante el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y que no ha retrocedido en la gestión Biden.

Así entonces, presentamos en este informe los principales acontecimientos, tensiones y análisis del panorama regional, buscando sumar un aporte desde el Tricontinental y la visión de los movimientos sociales al debate sobre los escenarios posibles a nivel continental y global.

Panorama general: La dinámica de la crisis civilizatoria: agudización del cambio climático, efectos socioeconómicos y expansión de los tambores de guerra

En la era del hervor global

Lo sucedido en el segundo cuatrimestre del 2023 —periodo que examinamos en este informe— en relación con la evolución de la crisis climática arroja evidencias sumamente preocupantes. Por una parte, la Organización Meteorológica Mundial señaló que atravesamos los dos meses de julio y agosto más cálidos de la historia de la humanidad. Por otra parte, también en los últimos meses se alcanzaron nuevos récords en la elevación de la temperatura de superficie en el Atlántico Norte, en la de los océanos a nivel global y en la retracción del hielo antártico, que alcanzó un nuevo límite, superando la disminución histórica del 2016 pero varios meses antes, en plena temporada fría. La combinación de estos registros motivó incluso que los científicos alertaran sobre el peligro de estar frente a un cambio profundo de las corrientes marinas que regulan la temperatura y la vida a nivel global.

Mientras tanto, en la superficie terrestre, una ola de calor recorrió y recorre el hemisferio norte, superando marcas históricas de temperatura, secando territorios y desplegando un cinturón de fuego que asoló el bosque boreal en Canadá (todavía ardiendo), la isla Maui en Hawai, las islas griegas (Corfu) y el continente, y las islas españolas (Tenerife) en el Mediterráneo, entre los casos más trágicos y conocidos.

La situación es tan grave que el propio Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en una conferencia de prensa especialmente convocada sobre el tema el pasado 27 de julio, afirmó dramáticamente que “la era del calentamiento global ha terminado; ha llegado la era del hervor global. […] El cambio climático está aquí. Es aterrador. Y es sólo el principio. […] La única sorpresa es la velocidad del cambio. […] Las consecuencias son claras y trágicas”. Y dirigiéndose a los líderes mundiales, tomando como propias las claras advertencias formuladas por tantos activistas y movimientos sociales en el pasado, exclamó: “No más vacilaciones. No más excusas. Basta de esperar a que otros actúen primero. Ya no hay tiempo para eso. Todavía es posible […] evitar lo peor del cambio climático. […] Pero sólo con una acción climática drástica e inmediata. […] No más green washing [maquillaje verde].  No más engaños” (la traducción del inglés es nuestra).

Nuestra América no escapa a esta emergencia climática. Mientras en el norte de la región se sufre una intensa ola de calor y un ciclo de tormentas y diluvios extraordinarios, en Sudamérica también se experimenta otra ola de calor más tenue pero en plena temporada invernal, que supera varias marcas históricas anteriores. No es necesario señalar sus consecuencias negativas sobre los glaciares y nieves andinas, sobre la disponibilidad de agua dulce y sobre el rendimiento de los cultivos. Y lamentablemente, todo ello no es una novedad. La prolongación del evento climático de “La Niña» a lo largo de los últimos tres años, tras la intensificación de estos fenómenos bajo la crisis climática, ya descargó sobre parte de la región intensas olas de calor y sequías, agudizadas a su vez por el extractivismo. Allí se cuenta la escasez de agua dulce que obligó a utilizar de manera creciente fuentes salobres volviendo imbebible el agua de grifo para los habitantes del área metropolitana de Montevideo, donde se concentra casi el 60% de la población del país. O la sequía que impactó en la producción agrícola en Argentina, reduciendo las cosechas —con casi un 50% de pérdidas— y las exportaciones entre 2022 y 2023, acentuando la difícil situación económica que vive este país. O la disminución del volumen del agua del lago Titicaca —centro de la vida social y económica del altiplano desde el imperio Inca—, que hoy se acerca a niveles críticos.

Hoy esta progresión acelerada del cambio climático se constituye en una de las dimensiones principales de la crisis civilizatoria —de la civilización del capital—, que venimos examinando en esta sección en los últimos informes. En esta dirección, las previsiones científicas estiman que el 2023 puede convertirse en el año más cálido desde que se tienen registros. Ya en el informe anterior habíamos citado el documento de la Organización Meteorológica Mundial (OMM, Global Annual to Decadal Climate Update) que alertaba que muy probablemente la temperatura media mundial anual superará los 1,5 °C al menos en un año de los próximos cinco y, posiblemente, en todo ese periodo. En este caso, frente a la llegada del fenómeno del Niño a la región, con las estimaciones de que sea en realidad un “super Niño”, otras estimaciones señalan la posibilidad de alcanzar nuevos récords de temperaturas, secuencias de olas de calor continuas y lluvias torrenciales. Esos diluvios castigaron, en los inicios de septiembre, a Grecia, Turquía, Brasil y convocaron las grandes tormentas que avanzaron desde el Caribe hacia el continente. Así también, en esas fechas, el secretario general de Naciones Unidas volvió a afirmar que “el colapso climático ha comenzado…[y] nuestro clima está implosionando más rápido de lo que podemos hacer frente a los fenómenos meteorológicos extremos que afectan a todos los rincones del planeta”. Las banderas de un cambio inspirado en la justicia social y climática y los caminos efectivos de una transición socio-ecológica planteados por los movimientos populares se tornan hoy más imperiosos y apremiantes. En esta dirección, es posible y necesario desarrollar un plan de mitigación y adaptación popular de emergencia frente al avance de la crisis climática.

La dimensión socioeconómica de la crisis civilizatoria: de la inflación y recesión a las políticas de ajuste y la deuda

Por lo señalado hasta aquí, pueden percibirse las consecuencias sociales y económicas que trae aparejado el cambio climático. Entre todas ellas, su impacto en la producción agrícola conlleva un incremento de los precios de estos bienes. En estos meses, eso llevó al gobierno indio a prohibir la exportación de arroz blanco no basmati (27/7), cuyo cultivo había sido afectado por la corriente de “El Niño”, para asegurar el abastecimiento de su mercado interno, siendo el principal comercializador mundial de esta gramínea (aproximadamente el 40% del mercado). Sumada la decisión de Rusia de no renovar su participación en la iniciativa de cereales del Mar Negro (17/7), los precios de algunos alimentos comenzaron a incrementarse en las últimas semanas, aunque todavía están lejos de alcanzar los valores records del año pasado. En similar dirección, también el precio del petróleo aumentó en los últimos meses, aún sin llegar a los niveles récords del 2022.

Estos acontecimientos tienen lugar cuando los organismos internacionales, por ejemplo el FMI, estiman para este año una desaceleración de la economía mundial, aunque menor a la esperada en abril pasado, que pasaría de un crecimiento del Producto Bruto global del 3,5% en 2022 a 3% en 2023. Pero este pronóstico global promedia situaciones muy diferentes. Así, se estima una caída significativa en las economías de los países del antiguo centro del capitalismo (un 1,5% respecto del año anterior) y, por otro lado, un repunte de las de los países considerados “emergentes y en desarrollo” (del 3,1 al 4,1 en 2023). Asimismo, los pronósticos del FMI respecto de la inflación mundial para 2023 continúan siendo altos, aunque también menores que los del año pasado (del 8,7 al 6,8%).

Sin embargo, más allá de estas estimaciones de que “la economía mundial está encaminada”, la afirmación de una política económica ortodoxa como respuesta a la crisis ha incrementado los padecimientos de los sectores populares y los países del sur global. Así, según el reciente informe de OXFAM y ActionAid, 722 de las mayores empresas del mundo obtuvieron conjuntamente más de 1 billón de dólares anuales en beneficios extraordinarios en los últimos años, un incremento del 89% respecto al periodo pre pandemia, “aprovechando para subir precios y obtener beneficios desmedidos, saqueando a las personas bajo el pretexto de una policrisis”. La intensificación de este proceso de polarización (desigualdad) social se refleja en que “la riqueza extrema y la pobreza extrema se han incrementado simultáneamente por primera vez en 25 años”. En similar dirección, en 2023 un número creciente de países del sur global han adoptado planes de ajuste estructural bajo la orientación del Fondo Monetario Internacional. Asimismo, la política de incremento de las tasas de interés ha supuesto una nueva amenaza para las familias y para los países altamente endeudados.

De la guerra en Europa a la amenaza de una nueva guerra en África

En el teatro de la guerra europea, en los inicios del segundo cuatrimestre del año comenzó finalmente la esperada contraofensiva ucraniana. Sin embargo, más allá de los anuncios, a lo largo de estos meses esta ofensiva militar no obtuvo ningún avance ni éxito significativo. El fracaso de esta operación, reconocido  hoy incluso por medios y especialistas “occidentales”,  supuso, de cierto modo, la prolongación de la estrategia rusa de guerra de desgaste que examinamos en nuestro informe anterior. Así, basado en el control aéreo y el poder de fuego de su artillería y misiles, las fuerzas rusas han rechazado hasta ahora todos los intentos de romper su frente, sometiendo a sus oponentes a una pérdida repetida de soldados y equipos. El conflicto entre el Grupo Wagner y el gobierno ruso acontecido en junio no alteró esta situación. Por otra parte, las limitaciones de la ofensiva ucraniana implicaron un mayor involucramiento de EE. UU. y Europa tanto en la dirección, entrenamiento y provisión de fuerzas militares —de modo directo o indirecto— como en el financiamiento, inteligencia y entrega de armamento —por ejemplo, los tanques Challenger y Leopard a partir de marzo; los sistemas Patriot en abril; las bombas de racimo prohibidas internacionalmente en julio; y el anuncio de entrega próxima de aviones F 16—. Un involucramiento que transparenta trágicamente la participación de la OTAN en el conflicto y amenaza permanentemente con su mutación en guerra global o nuclear. Estos peligros se hicieron presentes particularmente a principios del mes de junio con la voladura de la represa de Kajovka y, a principios de julio, con las amenazas de ataque a la central nuclear Zaporiyia, ambas bajo control ruso.

A fines de julio un golpe de estado en Níger y la asunción de un gobierno crítico de la intervención francesa desplazó el escenario guerrerista al África, haciendo sonar los tambores de una tercera guerra africana, tras la primera (1996-1997) y segunda (1998-2003) guerras del Congo. Agravados por la intervención militar de la OTAN en Libia y la profundidad de la crisis social, las tensiones y conflictos en diferentes países de la región del Sahel desembocaron en los últimos años en una serie de golpes y enfrentamientos militares (al ya mencionado en Níger deben sumarse los acontecidos en Malí, Chad, Guinea, Sudán y Burkina Faso, y el reciente en Gabón). En muchos de estos casos, los nuevos gobiernos militares adoptaron una orientación antiimperialista contraria a los intereses estadounidenses y franceses. Centrales en la provisión de minerales críticos a estos países y en su operatividad militar en la región; el acercamiento a Rusia y la presencia del Grupo Wagner muestran cuánto de estos cambios políticos y la creciente tensión militar expresan localmente también una confrontación geopolítica global y la dinámica de la transición hegemónica que examinamos en el punto siguiente. En este caso, la amenaza de intervención militar desatada contra el nuevo gobierno militar de Níger por la Comunidad de Estados de África Occidental (CEDEAO) —particularmente por la alianza entre Nigeria, Benin, Ghana y Senegal— apoyada por EE. UU. y Francia desembocó en las declaraciones de Mali y Burkina Faso de apoyo y disposición de intervenir en la posible guerra a favor de Níger. Así, mientras se ejercen múltiples presiones económicas y diplomáticas e intentos de desestabilización sobre el nuevo gobierno militar, el escenario de una nueva guerra africana sigue abierto, dando cuenta de la trágica dimensión guerrerista de la crisis civilizatoria que afrontan hoy los pueblos.

La dinámica de la crisis de la civilización del capital en la transición global

“Nos encontramos ahora en un punto de inflexión. El período posterior a la Guerra Fría ha terminado. Se está produciendo una transición hacia un nuevo orden mundial. Aunque sus contornos aún están por definir, dirigentes de todo el mundo se han referido a la multipolaridad como uno de sus rasgos definitorios. En este momento de transición, las dinámicas del poder se han fragmentado cada vez más a medida que surgen nuevos polos de influencia, se forman nuevos bloques económicos y se redefinen los ejes de las disputas. Existe una mayor competencia entre las grandes potencias y una pérdida de confianza entre el Norte Global y el Sur Global. Distintos Estados tratan cada vez más de reforzar su independencia estratégica, al tiempo que intentan maniobrar por encima de las líneas divisorias existentes. La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y la guerra en Ucrania han acelerado este proceso”. Estas palabras del Secretario General de Naciones Unidas, escritas en la introducción del documento Nueva Agenda de Paz de julio pasado, dan cuenta del reconocimiento internacional de que nos encontramos en un período de cambio de la hegemonía global aunque, como lo señala Vijay Prashad, al “no proporcionar un análisis específico de la situación actual […], acaba aportando el tipo de soluciones vagas”.

En esta dirección, la convocatoria de la ONU para una Cumbre para el Futuro a celebrarse en septiembre de 2024 para construir una transición negociada tropieza con la dinámica guerrerista desplegada por EE. UU. en respuesta a su declinación hegemónica; la reorganización de la globalización neoliberal y sus cadenas globales de producción y consumo en términos de bloques regionales cada vez más cerrados bajo políticas proteccionistas;  y la aceleración y tensión creciente entre los procesos de desdolarización e intervencionismo imperialista en el sur del mundo.

Todo esto se relaciona centralmente con la estrategia del imperialismo estadounidense, así como con la dinámica —compleja, dinámica, pero donde se observan ciertas tendencias significativas— de los procesos de  integración y de disputas que atraviesan el continente y el mundo. Estos temas los abordamos en el punto 2 de este informe.

Imperialismo e integración en Nuestra América

BRICS+ ¿camino a la desdolarización?

Una confirmación del giro hacia un mundo multipolar lo ofreció la ampliación del bloque de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), con la decisión sobre la incorporación de Argentina, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán.

La decisión fue tomada —luego de algunas vacilaciones y matices entre los presidentes— en la XV Cumbre del bloque, desarrollada en Johannesburgo el 23 y el 24 de agosto. De esta manera, de no haber imprevistos, a partir del 1º de enero de 2024 la asociación de países se convertirá en BRICS+ y reunirá el 46% de la población mundial, el 36% del PBI y una enorme potencialidad estratégica, al controlar la mayor parte de la producción de granos e hidrocarburos. Este perfil podría incluso consolidarse con una eventual incorporación de países como Bolivia, Venezuela, Nigeria, Argelia y Bahréin, algunos de los muchos países interesados en sumarse [1, 2].

Respecto al alcance de la incorporación en el continente americano, en primer lugar hay que destacar que Argentina es el único de los países invitados que pertenece a la región. Su ingreso al bloque en esta primera etapa de ampliación se debe en gran parte al trabajo del presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” Da Silva. La presión del líder sudamericano llegó incluso a ser explícita, mientras se desarrollaba la propia reunión y circulaban versiones extraoficiales respecto a que no habría avances en ese sentido. El apoyo de China habría desequilibrado la balanza a favor del país sudamericano.

El segundo punto a señalar es que la incorporación se hace efectiva el 1º de enero de 2024. Esto tiene su relevancia particular, porque en esa fecha habrá un nuevo gobierno en Argentina. Hasta el momento, de los tres espacios políticos con posibilidades de alcanzar el gobierno a través de las elecciones generales de este año, los dos de oposición —expresados por las candidaturas de Javier Milei y Patricia Bullrich— se manifestaron en contra de la incorporación del país al BRICS+. Se trata de un posicionamiento que va a contramano de los intereses económicos de grandes empresarios y en general de los propios indicadores de la economía argentina, como lo recordó el candidato del peronismo, Sergio Massa, en la reunión anual del Consejo de las Américas, expresión de los intereses norteamericanos en el país. El proceso de acercamiento al bloque atravesó diferentes gobiernos en los últimos quince años: fue impulsado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, continuó tibiamente incluso con el de Mauricio Macri —que participó de la X Cumbre de presidentes, también realizada en Sudáfrica en julio de 2018— y luego con el de Alberto Fernández, que culmina su mandato el 10 de diciembre.

Para Argentina, se trata de una noticia importante no solo para fortalecer su comercio exterior, sino también por la posibilidad de acceder a financiamiento del Nuevo Banco de Desarrollo, que dirige la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff y que algunos analistas señalan que puede jugar un papel importante como alternativa al FMI.

Por su peso específico, la potencialidad del bloque es ineludible en muchos aspectos económicos y políticos, pero hay un debate en particular al que hay que prestarle mucha atención y tiene que ver con el potencial declive del dólar como moneda de intercambio a nivel global. En este sentido, hay movimientos de varios países en función de reducir su dependencia de la moneda estadounidense. Por ejemplo, en los últimos meses fue notorio el aumento en la importancia del yuan para países como Bolivia, Brasil y Argentina, en este último caso además con el agregado —de alta carga simbólica, además de práctica— de que en julio comenzó a utilizar la moneda china para afrontar vencimientos de deuda con el FMI.

En los días previos a la Cumbre de Johannesburgo, desde diferentes enfoques algunos analistas [1, 2] especularon con la posibilidad del lanzamiento de una moneda común del bloque. Esto no sucedió, pero el tema cobra cada vez más importancia pública y fue incluido en temas a trabajar: “Encomendamos a nuestros Ministros de Finanzas y/o Gobernadores de Bancos Centrales, según proceda, a que examinen la cuestión de las monedas locales, los instrumentos de pago y las plataformas y nos informen al respecto antes de la próxima Cumbre”, señala el punto 45 de la declaración final.

Precisamente, el flanco financiero es el que destaca el profesor José Lui Fiori en una entrevista publicada dos días después de la Cumbre de Sudáfrica. El profesor de Economía Política Internacional sostiene que el mayor golpe económico a los intereses estadounidenses y del G7 vendrá por el lado de la desdolarización, lo cual “golpeará duramente al dólar y al poder monetario y financiero de Estados Unidos”.

Sobre el punto, Fiori analiza que “en la reunión de Johannesburgo no se creó una nueva moneda ni se discutió abiertamente sobre su creación. Pero sí anticipó discretamente la sustitución del dólar en las transacciones energéticas entre los países miembros del grupo y entre éstos y todas sus ‘zonas de influencia’. Y éste es quizás el mayor golpe hasta la fecha contra la hegemonía del dólar desde los Acuerdos de Bretton Woods en 1944, y desde el gran acuerdo firmado entre Estados Unidos y Arabia Saudí poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se estableció y garantizó la intermediación del dólar en todas las grandes operaciones del mercado mundial del petróleo”.

Para calibrar la importancia de los debates y las acciones en curso, Fiori plantea que lo sucedido en la Cumbre supone “una verdadera ‘explosión sistémica’ del orden internacional construido y controlado por los europeos y sus descendientes directos hace al menos tres siglos”. Aunque aclara que se trata de un proceso donde los efectos y las consecuencias más importantes no serán inmediatos, “sino que se manifestarán en forma de oleadas sucesivas y cada vez más poderosas”.

Por último, y en retroalimentación con este proceso que podemos caracterizar de aceleración de la transición hacia un mundo multipolar, también hay que mencionar el permanente crecimiento de las relaciones comerciales, económicas y financieras entre China y la región, en particular a través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, como indican diversos reportes [1, 2].

A pesar de que oficialmente la respuesta del gobierno de EE. UU. fue restarle importancia a la Cumbre, la evolución de los acontecimientos necesariamente debe ser materia de seguimiento por parte de todos los organismos vinculados al análisis de la política internacional. También es terreno donde ya se juegan operaciones discursivas tendientes a impulsar una narrativa de “buenos” y “malos”, en la cual por un lado estaría la civilización occidental —expresada por EE. UU. y Europa Occidental— y por otro el “mundo autoritario”, cuya expresión serían China, Rusia e Irán. Se trata de la narrativa de la Nueva Guerra Fría, que EE. UU. intenta instalar en el contexto de este momento particular de disputa geopolítica.

Cumbre CELAC – Unión Europea

Otro de los temas relevantes del segundo cuatrimestre de 2023 fue la realización, por primera vez en ocho años, de una Cumbre entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). El encuentro se desarrolló en Bruselas a mediados de julio y no ofreció grandes novedades respecto a avances concretos, aunque en estos casos la propia realización del evento es de por sí una señal política relevante.

En este sentido, hay que destacar el esfuerzo en la Unión Europea por retomar su vínculo con los Estados surgidos del proceso de liberación de sus ex colonias en América Latina y el Caribe. Estos esfuerzos se dan en momentos en que Europa como espacio geopolítico aparece como una deslucida infantería de la diplomacia norteamericana, sujeta a los costos directos sin recibir los beneficios de ponerle el pecho a las balas de la factura energética, el éxodo de empresas y el riesgo de la desindustrialización [1, 2, 3, 4].

Desde la UE destacaron el relanzamiento de la relación y un importante nivel de inversiones en América Latina y el Caribe, que alcanzará un monto de 45 mil millones de dólares, de acuerdo a lo que indicó la presidenta del organismo europeo, Ursula von der Leyen, en su discurso. También señalaron su satisfacción por la inclusión en una declaración conjunta del rechazo a la guerra en Europa, punto que fue acompañado por todos los Estados presentes, excepto Nicaragua. Previo al encuentro, se rechazó la participación del presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky.

Otros puntos destacados tuvieron que ver con el asedio de los sectores conservadores de Europa hacia Cuba, rechazados enérgicamente por el gobierno caribeño, y por el reconocimiento de una disputa por soberanía sobre las Islas Malvinas, archipiélago del Atlántico Sur ocupado ilegalmente por el Reino Unido.

Para América Latina y el Caribe, la propia negociación en conjunto, incluso con las complejidades que significa eso y las tendencias diversas que se manifiestan detrás de cámara, el reconocimiento del rol de la CELAC significa un hito importante, en particular en momentos de reconfiguración del orden global y considerando que se trata de un organismo que hasta hace unos escasos tres años y medio estaba sin actividad. De cara al futuro inmediato, desafiada por los propios procesos internos, la región tiene el desafío de consolidar este organismo como un interlocutor privilegiado, en un marco de diversas iniciativas, no todas exentas de tensiones.

Mercosur: más diferencias que coincidencias

A principios de julio se realizó la cumbre presidencial de cada  semestre y nuevamente Uruguay se diferenció del resto de los integrantes del bloque y no firmó el documento acordado por las cancillerías de Argentina, Brasil y Paraguay. El principal punto de diferencia es el intento de Uruguay por firmar un Tratado de Libre Comercio con China por su cuenta, posibilidad que está vetada por la normativa del Mercosur. El resto de los países está de acuerdo en iniciar conversaciones pero de conjunto.

Una complejidad adicional es la política exterior de Paraguay, que no tiene relaciones diplomáticas con el país asiático por su reconocimiento a Taiwán, aunque este tema está puesto en debate por los propios empresarios paraguayos, como reconoció en julio el presidente Santiago Peña en Taipei, al defender su alineamiento con la provincia separatista, respaldada también por EE. UU.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado hace ya cuatro años, todavía continúa sin implementarse, a partir de diferencias en la letra chica. La última novedad, en este sentido, tiene que ver con el anuncio por parte de la Unión Europea de nuevas normas ambientales, que se encuentran en discusión por parte de los países sudamericanos. En sintonía con el rol global de Brasil en esta nueva etapa, Lula es el presidente que encabeza las declaraciones más fuertes por parte del Mercosur. Y presiona para una definición. “Brasil quiere y necesita el acuerdo. Pero quiere ser tratado en igualdad de condiciones”, señaló a principios de septiembre, en una enérgica protesta.

Algunos análisis destacan la importancia que tiene en particular para la Unión Europea la posibilidad de este acuerdo, que le permitiría consolidar una asociación ventajosa en varios sectores industriales y asegurarse la provisión de bienes estratégicos, sin olvidar que todo esto se desarrolla con el telón de fondo de la transición global y el reposicionamiento de diferentes bloques geopolíticos, con bordes que por momentos parecen difusos. “Una cooperación más estrecha en términos de materias primas críticas sobre la base del acuerdo podría estimular una dinámica de inversión positiva en el sector de materias primas y contrarrestar, así, las ambiciones de China en Sudamérica”, señala un artículo firmado por analistas alemanes.

Al cierre de este informe, imprevistamente se sumó un tema conflictivo a la relación entre los países del Cono Sur y tiene que ver con la navegación de uno de sus ríos más importantes: el Paraná. Tras un reclamo inicial de Paraguay contra el cobro de peajes por parte de Argentina a las embarcaciones de esa nacionalidad, a principios de septiembre se sumaron a la posición paraguaya los gobierno de Brasil, Uruguay y Bolivia, reabriendo el debate sobre el rol de la llamada Hidrovía Paraguay – Paraná, estratégica para la subregión.

Cumbre Amazónica y relanzamiento de la OTCA

Convocada por Lula en Belém do Pará, a principios de agosto se realizó la Cumbre de presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), con la participación de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. El objetivo declarado es «rescatar» los principios contenidos del Tratado de Cooperación Amazónica de 1978, en el marco de la crítica situación del pulmón del planeta, a causa de la deforestación.

Un detallado informe publicado en CELAG luego del encuentro destaca que “se inaugura una nueva etapa en la cooperación entre los países de la Amazonía, con una política común para el desarrollo sostenible, basado en relaciones simétricas que garanticen que los recursos se exploten en beneficio de todos y no sólo de unos pocos”.

La realización de la Cumbre fue acordada a principios de 2023 por Lula y el presidente de Colombia Gustavo Petro. “Ambos presidentes colocan la cuestión ambiental en el centro de la agenda, con un contrapunto importante en cuanto a la explotación o no de hidrocarburos en áreas de selva”, señala el análisis.

Entre los puntos más relevantes de la reunión, las investigadoras Tamara Lajtman y Silvina Romano incluyen el establecimiento de una nueva agenda común de cooperación regional a favor del desarrollo sostenible de la Amazonía, el lanzamiento de la Alianza Amazónica de Lucha contra la Deforestación, la creación de un centro de cooperación policial y un sistema integrado de tráfico aéreo, la revitalización del Parlamento Amazónico, la creación de mecanismos financieros para promover el desarrollo sostenible y la refundación de la  propia OTCA. Entusiasmado con estos avances, el presidente Lula se refirió al nacimiento de “un nuevo sueño amazónico».

Caricom, 50 años

En el marco del 50º aniversario de la Comunidad del Caribe (Caricom), se llevó a cabo la 45^a Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno del 3 al 5 de julio en Trinidad y Tobago.

Las dos cuestiones tratadas más destacables son la propuesta de reactivación de un Espacio Doméstico Único para la libre circulación de sus ciudadanos y ciudadanas y la continuidad del debate respecto de qué tipo de apoyo brindar a Haití (esto se desarrolla en el apartado de Caribe Insular). En el aspecto económico, se viene trabajando por el establecimiento de un Mercado y Economía Únicos de CARICOM (CSME). Estuvo presente también la cuestión del cambio climático y el financiamiento de acciones para abordar su impacto, y se estableció un subcomité para definir un enfoque regional de cara a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023 (COP 28). Se trabajó también sobre cómo viene avanzando la propuesta de un sistema agroalimentario regional para garantizar la seguridad alimentaria. En términos geopolíticos, la declaración final incluye una expresión de rechazo hacia las “sanciones” a Venezuela y el “embargo” a Cuba y piden su eliminación y levantamiento. También se posicionaron sobre los conflictos de fronteras entre Guyana y Venezuela y Belice y Guatemala, apoyando la “preservación de la soberanía y la integridad territorial de Guyana y Belice”.

La cumbre tuvo diversos invitados, entre los que vale destacar la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a quien se le señaló la preocupación por el aumento de flujo de armas ilegales desde Estados Unidos hacia la región.

Semanas después de la cumbre, el presidente de Ucrania, Volodímyr Zelensky, quien había estado presente en la cumbre anterior, envió un mensaje de agradecimiento por el apoyo recibido de la región.

Disputa estratégica por el rol de América Latina y el Caribe

Los diferentes reacomodamientos y proyectos de integración en curso forman parte de un heterogéneo paisaje de acuerdos y tensiones superpuestos, sobre la superficie de una disputa central por el papel que la región en su conjunto puede jugar en la geopolítica global.

En este sentido, en este cuatrimestre hay que destacar la visita de la presidenta de la Unión Europea, Ursula Von der Leyen a Argentina, Chile, Brasil y México, todos países con reservas de litio. La gira de la mandamás europea se suma a las amenazantes declaraciones de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, respecto a los objetivos del dispositivo militar de EE. UU. en la región, difundidas a principios de 2023, en las que destaca las riquezas naturales de América del Sur.

Richardson, por su parte, visitó en julio Colombia y destacó la sociedad en materia de seguridad y defensa entre ambos países. EE. UU. posee siete bases militares en territorio colombiano y una larga historia de injerencia a través de la cooperación, es decir: provisión de financiamiento, equipos y entrenamiento conjunto, en particular bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico.

Pocas semanas después, el presidente Petro destacó el fracaso de la política de la “guerra contra las drogas” y a través de sucesivas publicaciones convocó a debatir el enfoque de seguridad sobre el tema, lo que podría provocar en el corto plazo novedades en la relación entre EE. UU. y Colombia, en este intenso contexto de disputas y reconfiguraciones.

Dilemas de la Humanidad

Sobre el cierre de esta edición, a principios de septiembre se desarrolló en Santiago de Chile la Conferencia Regional del encuentro Dilemas de la Humanidad. Se trata de un espacio que reúne todos los años a dirigentes/as de movimientos populares y a analistas vinculados a espacios académicos y de investigación, en torno al debate sobre los temas centrales de la situación política global. En este caso, el encuentro desarrollado en Santiago representó un momento previo al encuentro global, que se desarrollará en Johannesburgo entre el 14 y el 18 de octubre de este año.

La actividad fue organizada por ALBA Movimientos, el Partido Popular de Chile y la Municipalidad de Recoleta, gobernada por Daniel Jadue. El alcalde participó personalmente en varios momentos del encuentro, que contó con la participación de más de 200 delegados/as de 23 países. La conferencia se propuso debatir cómo llevar adelante un proyecto emancipatorio y de unidad para la región, en este contexto geopolítico, global, y se desarrolló a través de mesas temáticas y paneles de debate en los que participaron referentes sociales de la casi totalidad de los países de la región.

Derechización en el Cono Sur y Lula como gran esperanza

En Argentina, el 13 de agosto se realizaron las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) con un sorpresivo resultado para la ultraderecha, que se ubicó en primer lugar, y con un imprevisto tercer lugar para la coalición liderada por el peronismo, Unión por la Patria, cuyo candidato principal, el ministro de Economía Sergio Massa, apenas superó individualmente el 21%.

A partir de estos resultados, el panorama político argentino se acomoda al nuevo tablero, a la expectativa de los posibles escenarios que pueden darse en torno a las presidenciales, que serán el 22 de octubre.

Tras las PASO, quedan en carrera cinco postulantes que ganaron sus internas y además superaron el piso mínimo de votos exigible para pasar a las generales. Se trata de Javier Milei de La Libertad Avanza; Sergio Massa de Unión por la Patria; Patricia Bullrich por Juntos por el Cambio; Juan Schiaretti, de Hacemos por Nuestro País y Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. De ellas, solo las tres primeras candidaturas aspiran a alcanzar la presidencia.

En los fríos números de las estadísticas, apenas cuatro puntos separan al primero del tercero: 30% tiene La Libertad Avanza, con la candidatura de Javier Milei; 28% reúne Juntos por el Cambio con la suma de las candidaturas de Patricia Bullrich (17%) y Horacio Rodríguez Larreta (11%); y 27% suma Unión por la Patria a partir del 21% de Massa y el sorprendente 6% del dirigente social Juan Grabois. Por eso se habla de un escenario de partida que se encuentra dividido en tres tercios.

De conjunto, esos tres principales espacios concentran casi el 90% de los votos y se disputarán la presidencia en la primera vuelta; o al menos un lugar en el balotaje, previsto para noviembre en caso de ser necesario.

Este escenario de paridad objetiva entre los tres tercios que brinda la foto de agosto puede de todas maneras relativizarse si incorporamos una mirada dinámica. No todos los tercios llegan de la misma manera a las generales. Hay elementos de coyuntura inesperados pero que se superponen a tendencias estructurales.

En términos electorales, los números son elocuentes: la fuerza de Milei pasó de un 17% en la capital federal en 2021 a un 30% en 2023, en su primera presentación a unas presidenciales. La coalición en el gobierno, liderada por el peronismo, cayó del 48% que obtuvo Alberto Fernández en las PASO de 2019 al 27% de 2023.

También hay que atender especialmente a la compleja situación para la (hasta ahora) principal oposición de derecha, que aparece desplazada a un segundo lugar con peligro de un eventual tercero, cuando hace pocos meses parecía tener la presidencia prácticamente asegurada.

La espectacular elección de Milei no es completamente sorpresiva, aunque sí estaba fuera de las consideradas más probables en los días previos a las PASO. Luego de un período de apoyo de los medios masivos de comunicación, en los últimos meses diferentes referentes mediáticos cargaron contra la candidatura de Milei, mientras se acumulaban denuncias contra él, su hermana y sus principales armadores, por venta de candidaturas en diferentes provincias. En ese contexto, la mayoría de las encuestadoras instalaron la idea de que había un desinfle de su candidatura. Esto convenía a Juntos por el Cambio, en particular a Patricia Bullrich si lograba ganar en su pulseada interna, como finalmente ocurrió.

Contrariando a los pronósticos, Milei hizo una esperable y relativamente buena elección en la ciudad de Buenos Aires (18%), un poco mejor en la provincia de Buenos Aires (24,5%) pero donde rompió todos los pronósticos fue en la mayoría de las provincias del llamado “interior del país”, ola que alcanzó incluso a varias provincias del Noroeste, región tradicionalmente más peronista.

Milei fue el candidato más votado en 16 provincias: Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (35%), Santa Cruz (29%), Chubut (39%), Río Negro (37%), La Pampa (33%), Neuquén (39%), Mendoza (45%), San Juan (34%), San Luis (48%), La Rioja (36%), Salta (49%), Jujuy (40%), Tucumán (36%), Córdoba (34%), Santa Fe (36%) y Misiones (43%). De conjunto, el número fue apenas superior al 30%. El voto al candidato autodenominado “libertario” atravesó todas las regiones y tuvo un componente policlasista, con una llegada importante también a los sectores de bajos ingresos.

Se trata de un fenómeno global cuyo crecimiento se asienta en una coyuntura local muy específica. Esta última incluye el blanqueo en los medios durante los últimos tres o cuatro años, una vocación decidida por dar la batalla de ideas para instalar como verdades absolutas los tópicos recurrentes del neoliberalismo  y —último pero no menos importante— la magnitud y la dinámica de la crisis económica, que lleva al menos cinco años en ascenso y lleva a la acumulación de mucha bronca contra el gobierno actual y en especial contra sus figuras más visibles.

A su vez, la semana previa a la elección estuvo cargada de episodios violentos transmitidos en tiempo real y sobre los que se montaron una serie de operaciones mediáticas con el objetivo de instalar noticias falsas y responsabilizar al gobierno o a dirigentes populares vinculados.

En la celebración en la noche de su primer puesto, Milei articuló un discurso que apuntó a profundizar su enfrentamiento con el campo del socialismo y el populismo. En particular, cargó contra el concepto de “justicia social” y se mostró elocuente y radicalizado. Sin embargo, con el correr de las semanas su discurso pareció apuntar a limar las aristas más polémicas del candidato, como por ejemplo su propuesta de dar libertad para la compra venta de órganos, que ha llegado a defender en entrevistas periodísticas.

El ascenso de la ultraderecha amenaza la posición de la candidata Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri (2015-2019) y una de las dirigentes con un discurso más violento en torno a la represión al conflicto social y la persecución contra el movimiento nacional popular, en particular contra su principal dirigente, Cristina Fernández de Kirchner, así como contra los movimientos populares organizados.

Milei apunta a ubicar a Bullrich como su segunda marca, con la idea de atraer a sus simpatizantes hacia un “voto útil”, concentrando adhesiones en la candidatura mejor posicionada. Posiblemente con este sentido declaró que espera sumar a su eventual gobierno al expresidente Macri, en una suerte de “representación ante el mundo” sobre la que no dio mayores precisiones. Por otro lado, Bullrich tiene el desafío de sumar también los votos que en las primarias fueron hacia su contrincante interno, Horacio Rodríguez Larreta. Al alcalde de la ciudad de Buenos Aires no le alcanzó con su importante inversión publicitaria y el favor de los medios de casi todas las tendencias. Tampoco con haber sumado como candidato a vicepresidente a Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy y dirigente del histórico partido de centro Unión Cívica Radical. La incorporación de Morales a la campaña se realizó mientras sostenía una intensa represión ilegal, con reminiscencias de la dictadura militar, para acallar las protestas contra una reforma constitucional a su medida.

Por parte del oficialismo, y luego de varios días de desconcierto tras el resultado —y de un primer día posterior a las elecciones en los que la devaluación fue del 20%, contribuyendo a empeorar aún más el clima económico y político—, el ministro candidato Sergio Massa parece haber registrado que su única posibilidad de al menos llegar al balotaje pasa porque las medidas de gestión dialoguen con los malestares concretos de amplios sectores de la población, en especial los de menores ingresos.

En ese sentido, en los últimos días de agosto y primeros de septiembre lanzó varios paquetes de medidas que tienen por objetivo explícito revertir los efectos de la última devaluación, con políticas de asistencia a jubilados y pensionados, a trabajadores/as de la economía popular, de bajos ingresos y/o precarizados (conocidos como “monotributistas”, por su encuadramiento impositivo), a pequeñas y medianas empresas y a trabajadores/as con empleo formal.

El gobierno se encuentra con un desafío mayúsculo: en menos de dos meses tiene que revertir la mirada mayoritaria respecto a su responsabilidad o su ineficacia para resolver la crisis económica. Esto implica la posibilidad de realizar algunas políticas compensatorias, en un contexto de redistribución regresiva del ingreso, en particular a través de una inflación que supera el 115% anual.

Pero esta posibilidad choca contra el freno del FMI, que ejerce un virtual cogobierno desde el préstamo récord asumido por Macri y luego ratificado por el gobierno de Alberto Fernández. En este escenario, no faltan los tironeos reales o ficticios con el organismo de crédito, así como diferentes intentos por afrontar los vencimientos de deuda y la caída de reservas a partir de vínculos internacionales más heterodoxos, como por ejemplo a través de la asistencia de China o del apoyo de Brasil. En este último sentido hay que considerar el anuncio, a fines de agosto, de un acuerdo estratégico entre ambos países, por el cual Brasil y la Corporación Andina de Fomento financiarán parte del intercambio comercial entre ambos países. También, desde ya, el apoyo de Lula al ingreso de Argentina al bloque BRICS+ y con ello la posibilidad —acaso tardía— de acceder a financiamiento a través del Banco de Desarrollo que desde abril dirige Dilma Rousseff.

En las próximas semanas se verá el grado de efectividad que tiene por un lado la campaña que advierte sobre los riesgos de un salto al vacío con el apoyo a Milei, pero sobre todo, de las medidas redistributivas definidas por el gobierno, con enorme demora y ante el hecho casi consumado. Al cierre del próximo informe analizaremos los resultados de las elecciones, que sin dudas serán centrales para el devenir de América del Sur en su conjunto.

En Brasil, el gobierno de Lula III persigue su objetivo de reconstruir el país y está logrando éxitos en algunos ámbitos de la sociedad. A principios de agosto se aprobó un proyecto de ley (PL) que reformula la ley de cuotas. Además de arrojar luz sobre una cuestión central en la lucha contra las desigualdades históricas del país, este proyecto de ley propone cambios que pretenden profundizar en la democratización de la educación. Prevé que los estudiantes de cupo puedan luchar por las plazas en concurso abierto y reduce de 1,5 a un salario mínimo la renta familiar per cápita máxima para que los estudiantes accedan a la universidad por cupo. En el mismo período, el gobierno federal lanzó el nuevo Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que ya tuvo otras dos versiones, bajo Lula y Dilma. En la actualidad, aunque en valores reales prevea un nivel de inversión inferior a las anteriores, las inversiones previstas pueden garantizar un crecimiento económico razonable. Entre las áreas que recibirán inversiones públicas y privadas están: ciudades, energía, transportes, defensa, educación, salud y saneamiento.

Los datos socioeconómicos han ido mejorando. La tasa de desempleo en el segundo trimestre de 2023 fue del 8,0%, la más baja del período desde 2014. El número de personas subempleadas disminuyó un 17,8% en comparación con el mismo periodo de 2022 y el número de personas desocupadas cayó un 13,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El comportamiento de los precios es otro elemento que aporta buenas noticias. Los niveles de inflación son bajos. En mayo y junio, el IPCA se situó en el 0,23% y el -0,08%, respectivamente. En julio, último índice disponible hasta el momento, la tasa fue del 0,12%, lo que supone un acumulado del 3,99% en los últimos 12 meses.

Las bajas tasas de inflación ejercen aún más presión sobre la tasa Selic, el tipo de interés básico del país. Esto se debe a que el actual presidente del Banco Central de Brasil (Bacen), Campos Neto, alineado con el pensamiento económico convencional, defiende altos tipos de interés como forma de combatir la inflación. En la última reunión del Comité de Política Monetaria (COPOM), se aprobó una caída del 0,5 por ciento en la tasa, con el voto del presidente del Bacen. El recorte del tipo de interés se produjo después de muchas manifestaciones públicas de empresarios, movimientos sociales y personas del gobierno que pedían su bajada. En el gobierno, Lula era la figura que más chocaba con las posiciones de Campos Neto, pero Alckmin y Haddad habían criticado la postura del Bacen sobre los tipos de interés. Incluso con la bajada del 0,5%, Brasil sigue teniendo los tipos de interés reales más altos del mundo.

A pesar de los cambios positivos hasta ahora en el gobierno Lula III, hay una serie de estructuras que actúan como limitantes de un proceso de desarrollo nacional en consonancia con las necesidades reales del pueblo brasileño. Podemos destacar el mantenimiento de altas tasas de interés, a pesar de la caída en la última reunión del COPOM, la rigidez de las metas de la política fiscal, a pesar del fin de la política de techo de gasto público, y el proyecto de reforma tributaria que no ataca el núcleo de la desigualdad en el país, aunque la propuesta de Reforma Tributaria mejora las condiciones para un proceso de reindustrialización del país. Vale recordar que no podemos perder de vista que las elecciones presidenciales de 2022 fueron las más calientes de la historia política brasileña y para derrotar a Bolsonaro fue necesario construir un Frente Amplio que involucre diferentes posiciones políticas y que estas tengan incidencia en el gobierno. Por lo tanto, como escribimos en Brasil de Fato, para lograr mejoras profundas en las condiciones de vida de nuestros pueblos y madurar proyectos económicos alternativos, serán necesarias movilizaciones sociales permanentes y de gran escala.

Por último, lo que hemos destacado en estos últimos cuatro meses en Brasil es la erosión de la imagen política de Bolsonaro. El 30 de junio, el TSE inhabilitó a Bolsonaro por ocho años y sólo podrá presentarse a cargos políticos en 2030. La decisión fue que Bolsonaro, en una reunión con embajadores en julio de 2022, al atacar el sistema electoral brasileño cometió abuso de poder político y mal uso de los medios de comunicación. Esta reunión fue transmitida por TV Brasil y las cuentas de Bolsonaro en las redes sociales. La decisión aún puede ser apelada ante el TSE y el STF.

En Chile, el panorama no presenta grandes cambios respecto a los últimos períodos, aunque sí una acentuación de las tendencias previas.

El acontecimiento principal en ese sentido es el triunfo de la derecha en las elecciones de consejeros constituyentes del 7 de mayo. En particular, el primer puesto del Partido Republicano liderado por Juan Antonio Kast, que alcanzó el 35% de los votos y obtuvo 23 de los 50 lugares en la Convención. A estas fuerzas conservadoras hay que agregarle otros 11 escaños de la alianza Chile Seguro, formada por los partidos UDI (6), Renovación Nacional (4) y Evópoli (1). Este último espacio es el de la derecha más establecida, que antes se llamó Chile Vamos mientras condujo el gobierno —con Sebastián Piñera como presidente— hasta las elecciones de 2021. Tras la crisis social y política iniciada en octubre de 2019 (#ChileDespertó), esta formación perdió mucho terreno ante el ascenso de las fuerzas de ultraderecha que encarna Kast. También hay que señalar que la participación en estas elecciones fue alta (casi el 85%), pero también el número de votos nulos y blancos, que se acercaron a los 2,7 millones de personas (equivalente a más del 20% de los votos emitidos).

Si en algún momento el gobierno de Gabriel Boric parecía haber revertido la tendencia al descenso en su aprobación, con el avance del segundo cuatrimestre de 2023 los sondeos [1, 2] volvieron a mostrar una caída en los índices. Como analizamos en el informe anterior, el campo de la derecha en general salió fortalecido de los últimos grandes conflictos sociales y políticos y pese a algunos intentos, el gobierno no logra recuperar la ofensiva.

Entre las iniciativas del gobierno hay que incluir una propuesta de nuevo Pacto Fiscal, paquete de medidas con las que el Ejecutivo espera fortalecer la recaudación para aumentar las pensiones, mejorar el sistema de salud y el servicio de justicia y seguridad pública, de acuerdo a sus objetivos declarados. La propuesta llega unos meses después de que la Cámara de Diputados rechazara la propuesta oficial de reforma tributaria, tras lo cual el director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk, planteara públicamente la necesidad de que oposición y oficialismo lleguen a un acuerdo tributario “lo antes posible”.

En el escenario político, un escándalo de corrupción —vinculado a presuntos manejos de fondos a través de fundaciones dirigidas por dirigentes oficialistas— golpeó la figura de referentes importantes de Revolución Democrática. Entre otras consecuencias, esto llevó a la renuncia del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, el colaborador más estrecho del presidente, ocurrida a mediados de agosto.

A esto hay que sumarle tensiones con el magisterio, cuyos representantes gremiales convocaron a un paro por tiempo indefinido a partir del 29 de agosto.

Por otro lado, la mala noticia del último período es el ingreso en una etapa recesiva, con la caída del PBI en los últimos tres trimestres.

En este contexto el gobierno asume su debilidad y se orienta a sostener la opción hacia el centro, en búsqueda de algún acuerdo con la derecha que tal vez le ofrezca mayores márgenes de gobernabilidad a costa de consolidar la renuncia a cualquier grado de transformación. En este sentido, a fines de agosto el presidente convocó a reuniones a representantes del Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y el Partido de la Gente (PDG) con el fin de alcanzar consensos para hacer reformas, en particular en materia de pensiones e impuestos.

Desde el campo popular algunos sectores se proponen salir de la situación de extrema defensiva a partir del regreso a los grandes temas y propuestas nacionales. El 23 de julio la Coordinadora No+AFP convocó a una movilización para recuperar la seguridad social como política pública, a siete años de la marcha histórica, que reunió a un millón de personas. A las pocas semanas, presentó su propuesta transitoria, “que busca mejorar las pensiones sin entregar ni un peso más a las AFP”. Sin embargo, el panorama sigue hegemonizado por la agenda de la derecha política y este tipo de iniciativas, si bien dialogan con problemas reales e incluso históricos de la sociedad chilena, no logran por el momento hacer pie de forma extendida.

Otro de los temas en el que el gobierno adopta una posición cercana a la derecha es en la gestión del conflicto social. Esto se puede ver con claridad en relación con el conflicto entre comunidades originarias y empresarios: una y otra vez se prorroga el estado de excepción, vigente desde mayo de 2022, en la Región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.

De cara al futuro inmediato, uno de los temas principales es el devenir del proceso constituyente, una verdadera rareza que quedará para la historia. Por la composición del Consejo Constituyente, lo más posible es que el nuevo proyecto de Constitución mantenga en esencia los elementos más conservadores del orden jurídico actual, e incluso que los acentúe. De tal manera, en el plebiscito de salida de diciembre se puede dar el caso en que la ciudadanía —y lo que es más extraño, la izquierda y el progresismo político y social— tenga que optar entre apoyar la nueva propuesta de Constitución conservadora o por mantener la Constitución de Pinochet. En cuanto a los pronósticos, algunos sondeos advierten sobre la posibilidad de un nuevo rechazo, pero es difícil especular cuando faltan más de tres meses, no está disponible el texto y la campaña todavía no empezó.

Por último, no podemos dejar de mencionar que todo esto sucede en el marco del 50 aniversario del golpe contra Salvador Allende, que además de ejercer el terrorismo de Estado contra la población, inauguró la aplicación de políticas neoliberales en el continente. Medio siglo después, sectores que defienden abiertamente la represión y el neoliberalismo vuelven a ocupar el centro del escenario político y van por más, con un discurso abiertamente negacionista por parte de buena parte de sus dirigentes, mientras sueñan el sueño posible de su regreso al comando del Estado a partir de 2025.

El negacionismo explícito respecto a la responsabilidad en los crímenes de la dictadura alcanza a figuras políticas del rango del expresidente Sebastián Piñera, quien adjudicó la mayor responsabilidad a la propia Unidad Popular por el golpe en su contra. Entrevistado a fines de agosto en un programa político televisivo, Piñera convocó a “preguntarse por qué llegamos al 11 de septiembre, para así nunca más llegar a esas circunstancias”. Y agregó: “Por eso, la principal responsabilidad es del gobierno de la Unidad Popular, que con una minoría quiso imponer un modelo de una sociedad marxista”.

Sobre este tema, un dato institucional relevante es que la Cámara de Diputados aprobó solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores que realice las gestiones para que Estados Unidos informe sobre sus acciones de intervención en torno al golpe. “Más allá de la opinión que diversos sectores políticos puedan tener sobre el gobierno de la Unidad Popular, el golpe de Estado y la dictadura, parece de toda lógica que esta Cámara de representación popular solicite que el pueblo de Chile conozca la verdad sobre la intervención de una potencia extranjera en nuestra soberanía”, sostuvieron los parlamentarios que lo promovieron. El pedido fue aprobado casi por unanimidad.

En Paraguay, el tema más importante del período es la asunción del nuevo presidente, Santiago Peña, ocurrida el 15 de agosto. El cambio de mando se da entre dos dirigentes del mismo partido (el Colorado, aunque de corrientes internas diferentes); e implica el comienzo de un gobierno con perfil propio aunque con muchos lazos de continuidad.

Joven economista con estudios en EE. UU. y antecedentes laborales en el FMI, en el Banco Central de Paraguay y en el Grupo Cartes, “Santi” Peña fue ministro de Hacienda durante el gobierno de Horacio Cartes, el hombre fuerte de la Alianza Nacional Revolucionaria (ANR) – Partido Colorado. Peña llegó a la presidencia tras ganar con amplitud en las elecciones generales de marzo de este año, frente a la alianza conducida por el Partido Liberal Radical Auténtico, de perfil más centrista.

Curiosamente, el ahora mandatario estuvo hasta hace pocos años afiliado a este partido. Debió renunciar a la afiliación al PLRA en 2015, cuando fue nombrado ministro. En ese momento se afilió a la ANR. Luego de ser ministro pasó a ser uno de los principales colaboradores del ex presidente Cartes. Fue el candidato del histórico partido paraguayo porque en diciembre de 2022 le ganó —en representación de Honor Colorado, el sector que lidera Cartes— una interna relativamente pareja a Arnoldo Wiens, candidato del entonces presidente Mario Abdo, del sector Colorado Añetete.

En su discurso de asunción, el nuevo presidente prometió centrarse en la creación de empleo para atender la crítica situación social del país. Otros temas importantes para el pueblo de Paraguay no fueron mencionados en el acto. Así lo plantea la editorial del periódico E’a, que realiza un análisis del primer discurso presidencial. “En ningún párrafo de su discurso mencionó otros problemas estructurales del país como el reclamo de tierras de los campesinos, recordando siempre que el 3% de los propietarios tiene el 88% de las tierras. El país exhibe el peor índice GINI de tenencia de la tierra del mundo: 0,93. Cuando el 1 es desigualdad perfecta. El GINI europeo es de 0,57 y el de América Latina es de 0,79 para dar una idea”. En el gabinete inicial de Peña se destaca como ministro del Interior Enrique Riera, uno de los autores de la controvertida ley Zavala-Riera (el otro autor es Fidel Zavala, del partido del partido ruralista Patria Querida). Esta norma criminaliza la lucha campesina.

Sorpresivamente, Peña inauguró su gobierno con una polémica con el gobierno argentino, en particular con el ministro de Economía y candidato a la presidencia, Sergio Massa, a partir de un malentendido por el cobro de peaje a las embarcaciones de bandera paraguaya que transitan por la parte del río Paraná que se encuentra en el territorio argentino. Este es, a su vez, el tramo más extenso de la llamada “Hidrovía Paraná Paraguay”, ruta estratégica en varios sentidos, y por donde se transporta alrededor del 70% de las exportaciones de Paraguay, según estimaciones privadas, y más del 80% de los granos, harinas y aceites de exportación de Argentina, de acuerdo a informes (1, 2) de la Bolsa de Comercio de Rosario, Argentina.

En el plano internacional, el nuevo gobierno tiene como desafíos dos temas sensibles. El primero es la relación con EE. UU., luego que en el último año el gobierno de Joe Biden emprendiera una ofensiva judicial (y diplomático-mediática, desde la propia Embajada en Asunción) contra Horacio Cartes y otros referentes del Partido Colorado, bajo la acusación de corrupción y lavado de activos. El segundo es la relación con China y con Taiwán. Paraguay es el último país de América Latina que no tiene relaciones con China, porque prioriza el reconocimiento de Taiwán, la provincia rebelde amparada por EE. UU. desde hace siete décadas.

Peña es miembro fundador del denominado “Grupo Libertad y Democracia”, formado en marzo de 2023 y liderado por el escritor y activista Mario Vargas Llosa y los ex presidentes Mauricio Macri, Sebastián Piñera e Iván Duque, de perfil claramente derechista, alineado con el Partido Popular del Reino de España —de hecho, figuras como Rajoy y Aznar estuvieron en el lanzamiento— y que fuera anunciado como “contrapeso” del Grupo de Puebla.

En relación con Uruguay, el tema más importante del último cuatrimestre fue la crisis hídrica que golpea al país, y que alcanzó altos niveles de dramatismo cuando Montevideo se convirtió en la primera capital del mundo en hacer realidad una de las peores previsiones respecto al riesgo climático: la falta de agua potable para consumo humano. La eclosión de la crisis llegó luego de una sequía histórica y un déficit de la infraestructura necesaria para afrontar las consecuencias del cambio en nuestro ambiente.

Al respecto de causas y perspectivas, es interesante consultar el registro de una mesa de debate organizada por la Universidad de la República, con participación de científicos que analizan el fenómeno desde diferentes puntos de vista. En el momento más crítico de la crisis, y en medio del debate sobre responsabilidades y tareas, el gobierno uruguayo rechazó la ayuda de su par argentino, lo cual generó sorpresa a ambos lados del Río de la Plata.

Otro tema destacado es el debate parlamentario en torno a la firma de un acuerdo militar con EE. UU., que tiene varios años en tratamiento y que plantea como objetivo “la adquisición de suministros y la prestación recíproca de servicios”. Entre estos se encuentra “facilitar el apoyo logístico recíproco” entre ambos países, en especial para “ejercicios combinados, adiestramiento, desplazamientos, escalas y operaciones”. El acuerdo fue acompañado por el Frente Amplio luego de la visita al Parlamento del ministro de Defensa, Javier García. Sin embargo, es resistido por sectores del propio FA, que señalan que “abre las puertas a la instalación de una Base militar del país norteamericano en Uruguay”.

En relación con el escenario político, un tema importante es que sectores de derecha y de izquierda se proponen someter a debate diferentes temas en las elecciones generales de octubre de 2024. La legislación uruguaya permite que junto con la elección de representantes se organicen plebiscitos o referéndums sobre asuntos controvertidos, en caso de que sus promotores logren reunir un número de firmas entre la población. Por esa razón quienes proponen un proyecto tienen que comenzar a instalar entre la población el debate con cierta anticipación.

A fines de agosto, el partido pro dictadura Cabildo Abierto —que forma parte de la coalición en el gobierno, con perfil propio y habituales puntos de tensión— lanzó una campaña para prohibir la usura y reestructurar las deudas de las familias. Sobre este punto también hay un debate parlamentario en curso.

Por su parte, el PIT-CNT decidió por mayoría impulsar un plebiscito contra la reforma de seguridad social impulsada por el gobierno. La central sindical tomó esta definición a mediados de agosto, con tensiones internas porque los sectores ligados a la conducción del Frente Amplio —en particular al Movimiento de Participación Popular— no están de acuerdo en la oportunidad para usar este mecanismo. El presidente del FA (y anterior presidente del PIT-CNT), Fernando Pereira, tomó distancia pública de la iniciativa, aunque planteó que el tema se debatiría en el seno del espacio político. Más crudo había sido el Pepe Mujica, quien declaró que la propuesta del plebiscito es como “afeitarse con un hacha”. Otros sectores del FA han planteado mayor sintonía con la propuesta sindical, como es el caso del senador Óscar Andrade, referente del Partido Comunista.

Por último, el Movimiento Uruguay Soberano, creado hace tres años con este fin, reactivó una campaña para limitar la posibilidad del Ejecutivo para realizar contratos sobre los bienes comunes, en particular en referencia al agua.

El 22 de agosto el PIT-CNT convocó a un paro en todo el país, con una movilización en Montevideo. En el acto central, Marcelo Abdala, el presidente de la central, planteó la necesidad de aumento del salario real, “un justo reparto del trabajo a través de la reducción de la jornada laboral o de la semana laboral” y la defensa de las empresas públicas, propuestas que contrapuso al “modelo de la desigualdad” del gobierno de Lacalle Pou.

Falta poco más de un año para las elecciones que definirán el próximo período de gobierno pero todos los sectores se encuentran pendientes de ese escenario, en una situación que aparece como de relativo equilibrio entre los dos grandes componentes del sistema político. De acuerdo a lo que señalan, con matices, algunos sondeos [1, 2, 3], el presidente Luis Lacalle Pou parece haber sorteado hasta ahora varios escándalos importantes con algo de desgaste pero sin una afectación importante en el respaldo de su base original. En principio, el tablero político aparece dividido en dos mitades entre la Coalición Multicolor liderada por el Partido Nacional y el Frente Amplio, que definirá en internas su candidatura a la presidencia y cuenta entre sus principales aspirantes a figuras como el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse.

Los Andes entre la crisis política y las esperanzas electorales y de procesos de cambio en marcha

Los escenarios electorales marcan, sin duda, un sinsabor a nivel continental, como vimos anteriormente en el caso de Argentina. Por otra parte, aparece la posibilidad de que por fin, después de un período de derechización y represión contra su pueblo, un gobierno cercano a los intereses populares regrese al gobierno en Ecuador.

La primera vuelta electoral se desarrolló el pasado 20 de agosto en medio de un contexto crítico en materia de seguridad y violencia social que ya hemos venido desarrollando en informes anteriores. El asesinato de Fernando Villavicencio, uno de los candidatos días anteriores a las elecciones, y de diferentes refetentes políticos de Revolución Ciudadana marcaban incertidumbre y violencia en el panorama electoral.

El desempeño de Luisa González, por más de 10 puntos porcentuales por encima de su contrincante, la ubicó como la principal fuerza política a disputar contra Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional, la presidencia el próximo 20 de septiembre. El clima social es de inestabilidad, con la presencia de grupos vinculados al narcotráfico y a la violencia generada por los gobiernos neoliberales de Lenin Moreno y de Guillermo Lasso. En los últimos años, se conformó un corredor de la ruta del narcotráfico que va desde la costa pacífica hasta el interior del país, aumentando los niveles de violencia en el país.

El pasado 20 de agosto también se eligió la composición de la Asamblea Nacional, en la que también quedó ubicada Revolución Ciudadana como la principal fuerza política del país con un 39,3% de los votos, y se desarrolló la votación a la Consulta Popular sobre la extracción petrolífera en el parque nacional Yasuní (un espacio de la Amazonía ecuatoriana que es considerado uno de los más biodiversos del planeta) en la que ganó por un 58% el rechazo por la misma, marcando un precedente en la protección de los bienes comunes en el país. Sin embargo, una vez se conocieron los resultados de la consulta, el Ministerio de Energía comunicó que el gobierno no acatará los resultados y continuará desarrollando la exploración petrolífera.

El poder político y la disputa electoral se desarrollan en el peligroso terreno de la captación del narcotráfico de la vida a nivel nacional: con antecedentes como México o Colombia a nivel regional, nuestra región ha visto las consecuencias en términos de violencia y criminalidad de la presencia de estos grupos que modifican profundamente las dinámicas territoriales y convierten cualquier escenario en uno de riesgo para la vida de quienes cuestionan las dinámicas de poder del narcotráfico, y sus prácticas de dominio y control de la vida social. Aquí vale la pena mencionar además el preocupante escenario de violencia política contra la candidata Luisa González atacada por los sectores opositores a Revolución Ciudadana donde desconocen su referencia política y buscan quitarle mérito con argumentos misóginos y reproductores de la violencia política de género.

Es importante resaltar la importancia a nivel continental que tienen las elecciones presidenciales en Ecuador. En especial en el contexto de fortalecimiento de los bloques de integración regional y la emergencia de proyectos progresistas en diferentes países. En los dos años que estuvo Guillermo Lasso en la presidencia, se encargó de mantener fuerza en el bloque de países alineados a los intereses de EE.UU. en el continente, demostrado claramente en las políticas de “cooperación en materia de seguridad” firmadas por los gobiernos de Lasso y Biden. En ellas se acordó la inclusión de la participación de los Departamentos de Estado y Defensa de Estados Unidos, así como el Ministerio de Defensa Nacional de Ecuador en “comabtir las serias amenazas planteadas por el narcotráfico, el crimen transnacional y el terrorismo” a través del “intercambio de información, fortalecimiento de las capacidades de las Fuerzas Armadas, entrenamiento y capacitación, y adquisición de los recursos necesarios” entre otros.

El eventual triunfo electoral de Revolución Ciudadana en Ecuador fortalecería de manera significativa el panorama regional reimpulsado por gobiernos vecinos como el de Gustavo Petro en Colombia, que durante su primer año de gobierno ya ha marcado importantes cambios en el rumbo de la política de integración regional, y ha posicionado, junto a otros liderazgos de la región, banderas de soberanía y transformaciones radicales para los pueblos del continente.

En ese sentido, el pasado 07 de agosto se cumplió un año del gobierno del Pacto Histórico en Colombia, que ha buscado avanzar en tres pilares fundamentales para darle concreción al proyecto de país con el que llegó Petro a la Casa de Nariño: justicia social, justicia ambiental e integración regional para consolidar el proyecto de Colombia como potencia mundial de la vida.

Así, como hemos mencionado en informes anteriores, y a pesar de diversos reveses, el gobierno ha continuado ―con decisión y voluntad política― impulsando los proyectos de justicia social e inclusión de diversos sectores históricamente excluidos en el país en las políticas prioritarias de gobierno como es el caso del campesinado a nivel nacional a quienes reconoció como sujetos políticos a través de un acto legislativo que modificó la constitución nacional, y para quienes está llevando adelante iniciativas en materia de la Reforma Rural Integral. En ese mismo sentido, continúa impulsando la mesa de negociaciones con el ELN buscando desarrollar un esquema de participación ciudadana en el país que permita un acompañamiento nacional a los acuerdos en curso. Toda esta agenda se enfrentará en el próximo mes de octubre con las elecciones regionales y la posibilidad de que la fuerza del Pacto Histórico consolide liderazgos regionales más allá del triunfo a nivel nacional en 2022.

La agenda de justicia social ha incluído igualmente iniciativas en materia de reformas en materia de salud, laborales y pensionales, que aunque han tenido oposición en el congreso, buscan ser aprobadas en el período legislativo inaugurado recientemente. Por otra parte, la agenda de justicia ambiental ha estado protagonizada por una prioridad en materia de defensa de los bienes comunes no solo a nivel nacional, sino en la prioridad que el gobierno Petro ha dado a la defensa y cuidado de la Amazonía en las recientes Cumbres Amazónicas donde participó junto a los presidentes de los países amazónicos de la región, y la iniciativa del canje de deuda por acción climática.

Finalmente, en el plano internacional, ha destacado el rol protagónico que ha tenido Colombia en los escenarios de integración, como fue su postura de fortalecimiento de la CELAC, la decisión del retorno de Colombia a la UNASUR, y la defensa permanente de América Latina y el Caribe como una zona de paz, con un llamamiento a la solución política del conflicto en Ucrania, fuera de las imposiciones geopolíticas de la OTAN.  En este plano destaca especialmente la convocatoria hecha por el gobierno de Gustavo Petro a la Cumbre latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, en la que se propuso transitar a nivel regional hacia una política de lucha contra el narcotráfico que tenga su foco en “combatir a las grandes mafias y al consumo, pero que dé oxígeno a los productores cocaleros”, desde un paradigma de reconocimiento del fracaso de la política de guerra contra las drogas impulsada por Estados Unidos en la región. La Cumbre fue clausurada por el presidente de Colombia, junto a su homólogo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quien afirmó:

Tenemos que luchar primero contra la pobreza, contra la desigualdad para enfrentar el problema de la violencia, hay que ofrecer empleos, buenos salarios, atender a los jóvenes, garantizarles la oportunidad de estudio, de trabajo (…) Atenderlos, darles opciones es quitarles el semillero a las bandas de la delincuencia, que no los enganchen.

La oposición política, económica y mediática, como era de esperarse, ha intentado por todos los medios enlodar el desempeño del gobierno con operaciones mediáticas y judiciales con el objetivo de desestabilizarlo. En ese sentido, fue resonado el intento de utilizar un proceso judicial abierto contra Nicolás Petro, hijo del presidente, para intentar establecer vínculos de Petro con hechos delictivos que terminaron siendo desmentidos por el mismo hijo del presidente.

La inestabilidad política que los medios de comunicación masivos tratan de instalar en el contexto colombiano contrasta con el feroz silencio que hacen sobre la crisis política y social que vive Perú en el marco del gobierno ilegítimo e inconstitucional de Dina Boluarte, quién continúa la política de represión contra el pueblo peruano que sigue exigiendo la libertad del presidente Castillo, la renuncia de la presidenta ilegítima, y la convocatoria a elecciones en el marco de una Asamblea Constituyente.

En ese contexto, el pueblo peruano continúa ampliamente movilizado en el país con el objetivo de denunciar el accionar del gobierno de Boluarte, como sucedió en el mes de agosto en la tercera Toma de Lima que tuvo como epicentro la capital del país pero que se replicó en diferentes puntos a nivel nacional congregando a centenares de manifestantes de organizaciones políticas y sociales. Respondiendo a las exigencias populares, congresistas de la bancada Cambio Democrático – Juntos por el Perú, presentaron un nuevo proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales a julio de 2024, producto de la crisis política y social que atraviesa el país y en especial vinculado al más del 90% de desaprobación que tienen Congreso y el Ejecutivo.

Durante sus meses de gobierno, Dina Boluarte ha abierto las puertas del país a la intervención extranjera y a la ruptura de los intentos de integración y soberanía regional. Según el último acuerdo aprobado por el gobierno y el Congreso de Perú, más de 1.000 militares estadounidenses llegarán a suelo peruano durante el 2023, con el objetivo de desarrollar ejercicios con el Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjunta, la Fuerza Especial Conjunta y el Grupo de Fuerzas Especiales de la Aérea de Perú (FAP), afectando la soberanía del país y la región en materia de defensa.

Este escenario de desembarco de tropas estadounidenses se plantea como una preocupación para la estabilidad regional en materia de sostener al continente como una zona de paz, y se erige como una amenaza especialmente contra los procesos de cambio en el continente como son los casos de Bolivia y Venezuela respectivamente, además de lo mencionado anteriormente respecto Colombia y el escenario abierto en Ecuador.

Muy por el contrario del caso de Perú, Bolivia continúa, a pesar de un difícil contexto de tensiones políticas al interior del MAS, avanzando en decisiones de industrializar áreas económicas estratégicas para garantizar la redistribución en el país como es el caso de las negociaciones con Rusia y China en materia de exploración de Litio. Con un interés claro en fortalecer el lugar de Bolivia en el escenario económico y comercial global, el presidente Arce solicitó el ingreso del país al bloque de los BRICS, argumentando la condición del país andino de primera reserva mundial de litio, así como su importante nivel como productor de alimentos, minerales e hidrocarburos.

Estas iniciativas se dan en el marco de las tensiones internas dentro del MAS, que han venido profundizándose con el pasar de los meses y tienen hoy al partido de gobierno en una encrucijada entre los liderazgos del sector del presidente Arce, el sector del vicepresidente David Choquehuanca, y los sectores más vinculados al ex presidente Evo Morales. Estos últimos han señalado públicamente de un riesgo de ruptura y división del instrumento de gobierno, escenario que preocupa la estabilidad política de las fuerzas progresistas y revolucionarias a nivel regional y pone en alerta las posibilidades de división de un proceso estandarte en el proyecto continental como es el Proceso de Cambio en Bolivia.

Al respecto, el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, manifestó la urgencia de resolver “a nivel de Evo y Arce” para evitar un escenario de ruptura que para su criterio solo dejaría “arrepentimientos”, y los llamó a volver a crear una estructura de unidad a nivel nacional para combatir los intentos de la derecha de desestabilizar nuevamente el país después del golpe de Estado de 2019.

Por su parte, el escenario en Venezuela se prepara para el proceso electoral que tendrá lugar en 2024 para elegir el próximo presidente del país, y las tensiones locales se dan alrededor de las dispersas y poco claras referencias de oposición (que tienen su inspiración en las fuerzas de los nuevos fascismos de España o Italia), y la fuerza de la coalición del gobierno del Gran Polo Patriótico para los comicios que ha decidido continuar con la candidatura del presidente Nicolás Maduro como continuación del proyecto para el próximo período, quien demostró superar todo tipo de dificultades que desde los diseños imperialistas se impulsaron en su contra con el objetivo de debilitar el proyecto bolivariano.

A pesar de estos permanentes intentos diseñados desde Estados Unidos, que encontraron su punto cumbre en los intentos desestabilizadores de las guarimbas de 2014 y 2017, así como el único objetivo y proyecto de la oposición en la Asamblea Nacional de destituir al presidente Nicolás Maduro -y no mostrar al país ningún proyecto alternativo a la sumisión a la política estadounidense- el gobierno bolivariano logró correr el escenario de la guerra y la desestabilización al escenario del diálogo y la solución política a nivel nacional e internacional.

En ese sentido, el fortalecimiento de los polos emergentes de poder en el escenario de la multipolaridad han sido fundamentales para que Venezuela pudiera, en estos años, a pesar de la guerra económica en su contra impuesta por los Estados Unidos, fortalecer su economía y sortear las innumerables restricciones puestas en su contra. Inclusive el secuestro ilegal de fondos públicos en Europa como había sucedido en el caso de Portugal cuya Justicia finalmente ordenó la devolución de los fondos pertenecientes a la República Bolivariana. De esa forma, el vínculo de Venezuela con “Türkiye, Irán, China, Rusia o India, por ejemplo, ayudaron a sortear las sanciones euro atlánticas y garantizar el sostenimiento de una economía al borde del colapso”, según analiza Eder Peña en Misión Verdad.

Este rol de Venezuela va más allá, inclusive del fortalecimiento de su propia economía, y apunta a consolidar el lugar de América Latina y el Caribe en el panorama multipolar, pues ha sido una voz líder en los escenarios regionales como la CELAC, UNASUR, y ALBA-TCP para fortalecer la unidad regional, a pesar de los matices ideológicos dentro del bloque latinoamericano y caribeño en el concierto de voces Sur – Sur.

Mesoamérica: vientos de cambio en Guatemala, en una región atravesada por la crisis migratoria y la inestabilidad política

En los sucesivos informes venimos señalando cómo la cuestión migratoria es una de las problemáticas urgentes de los países mesoamericanos. Dos son las zonas de mayor flujo migratorio en la región, la del Darién en la frontera Colombia-Panamá, donde se registra el paso de más de 281 399 migrantes irregularizados, y la frontera sur entre México y Estados Unidos, donde supera al millón de personas que buscan traspasar de manera irregular de una frontera a la otra. Además, esta agenda es instrumentalizada por EE.UU. como parte de su política injerencista en el continente.

El 11 de mayo Joe Biden puso fin a la política antimigratoria Título 42 implementada por Donald Trump en marzo del 2020, durante la pandemia del Covid 19. Esta medida de salud que data de 1944 ―cuyo propósito originario fue la suspensión de la entrada de personas y bienes desde el exterior ante la existencia de cualquier enfermedad contagiosa en un país extranjero― se implementó para expulsar fuera de sus fronteras a las personas extranjeras que intentaran cruzar hacia aquel país con el argumento de que representan un riesgo de contagio, imposibilitando la búsqueda de asilo para quienes lo solicitaran en aquel país y exponiendo a miles de personas migrantes a mayores situaciones de riesgo. Hasta mayo de 2023, bajo el Título 42 se han llevado a cabo más de tres millones de eventos de expulsión de personas por las diferentes fronteras de EE. UU. y se estima que entre agosto del 2022 y el final de su aplicación se registran 564 443 detenciones en la frontera sur estadounidense.

Lejos de representar un alivio para miles de migrantes que buscan atravesar el Río Bravo, ante la suspensión de esta medida el gobierno de Biden recrudeció las políticas represivas, de control fronterizo y securitaria ante el posible incremento de la ola migratoria, lo cual pone en peligro la vida de las personas migrantes. Un ejemplo de esto es la continuidad de la política Título 8, que es la responsable de la mayoría de las expulsiones migratorias ―acumula 1 408 649 de personas en lo que va del último año fiscal―. Esta medida autoriza una expulsión acelerada de migrantes y, para aquellos que reciben una orden final de deportación, una prohibición de regreso de al menos cinco años con el riesgo de enfrentar procesos penales si se intenta volver a entrar antes de ese plazo.

Distintos organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch y Médicos Sin Fronteras, entre otros, han manifestado preocupación por las medidas tomadas por la administración Biden ante el fin del Título 42. Avizoran una agudización de la crisis migratoria y del peligro de vida para miles de migrantes. Una de las mayores alertas está en la restricción de las solicitudes de asilo y el límite del acceso de las personas migrantes a otros mecanismos para regularizar su estatus migratorio en Estados Unidos, lo que podría generar riesgos que aumenten su situación de vulnerabilidad.

El incumplimiento de las promesas de campaña de poner fin a las políticas antimigratorias de Trump por parte del actual mandatario da cuenta del consenso bipartidista que sostiene la política estadounidense en este tema. El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, avaló en el mes de junio la construcción de un «muro acuático» formado por boyas y alambres de púas que tiene como objetivo “disuadir” a las familias migrantes para que no entren al país. El gobierno federal de México manifestó su repudio a la medida y denunció a la soberanía nacional ya que el 75 por ciento de las boyas se encuentra en el lado mexicano. Además, en la zona del muro se encontraron dos cuerpos de personas que intentaron cruzar el Río Bravo. Mediante un comunicado las autoridades mexicanas indicaron:

El Gobierno de México reitera que la instalación de dicho muro de boyas alambradas viola nuestra soberanía e impacta en la seguridad, integridad y derechos humanos de las personas migrantes.

A esta reacción del gobierno de Texas se suman a otras medidas tomadas por gobernadores de estados norteamericanos y de la administración central ante la finalización del Título 42, que no hicieron más que duplicar los efectivos de fuerzas de seguridad en la frontera y empeorar las condiciones inhumanas por el laberinto que deben pasar los y las migrantes para trasladarse de una frontera a otra. Esto recrudece la crisis social por la que atraviesan los países del denominado Triángulo Norte ―Guatemala, Honduras y El Salvador― y México. Alrededor de mil personas provenientes de distintos países fueron rescatadas a lo largo del territorio mexicano (Veracruz, Oaxaca y Puebla) durante los meses de julio y agosto por el Instituto Nacional de Migración (INM). Los migrantes se encontraban hacinados en camiones intentando traspasar la zona fronteriza. Son miles de inmigrantes irregularizados que deben recurrir a mecanismos o grupos ilegales ante las políticas restrictivas y securitarias de las fronteras.

El 20 de agosto se llevó a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Guatemala. Unos comicios de enorme trascendencia en la región, ya que el país atraviesa una crisis social muy importante, atravesado por la problemática migratoria y una fuerte impugnación al sistema político. Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla, resultó electo presidente con el 58 por ciento de los votos, imponiéndose a Sandra Torres de UNE (Unión Nacional de la Esperanza), quien obtuvo el 37 por ciento. El proceso electoral estuvo atravesado por una fuerte judicialización, incertidumbre y sorpresa política. El 29 de agosto recién se oficializaron los resultados, tras días de intentos por parte de sectores de la derecha y judiciales que intentaron bloquear la proclamación. Lo que sí lograron estos grupos es que se le quite la personería al partido Semilla, dando señales de presión hacia el futuro gobierno.

Una vez oficializado el resultado electoral, Arévalo denunció un golpe de Estado en curso, apuntando contra el Ministerio Público y su titular, Consuelo Porras; además del Congreso, compuesto en su mayoría por representantes de los partidos de derecha. “Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia”, denunció el Presidente electo. Importantes movilizaciones se dieron en la capital guatemalteca en defensa del nuevo mandatario. Si bien la transición presidencial inició en los primeros días de septiembre, los grupos de poder del “pacto de corruptos” siguen jugando sus cartas para que Arévalo no asuma, o lo haga condicionado.

La judicialización de las elecciones inició con la proscripción de cuatro candidaturas a presidentes, entre la que se encontraba la líder indígena Thelma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). En el 2019 había alcanzado los 10 puntos y las encuestas la ubicaban con posibilidades de entrar al balotaje. En este contexto y con un escenario de fragmentación política ―21 candidatos y 30 partidos presentándose a elecciones― se llevó a cabo el 25 de junio la primera vuelta presidencial. Allí, Sandra Torres se impuso con el 14,9 por ciento de los votos y en segundo lugar quedó Bernardo Arévalo, con el 12 por ciento, siendo el líder de Semilla la sorpresa de la jornada electoral, ya que ninguna encuesta lo ubicó en esa posición y todas las expectativas del establishment político y económico estaban puestas en que el próximo presidente saliera de alguno de los partidos de la derecha.  Así lo indicó Carlos Barrientos, dirigente del CUC, en una entrevista con OBSAL:

El pacto de corruptos, que es como llamamos aquí a la alianza de la oligarquía junto a políticos corruptos de derecha y ex militares contrainsurgentes, que tiene cooptadas las instituciones del Estado, diseñaron todo para que las elecciones se diriman entre candidatos de derecha, sea Torres, Mulet o Zury Ríos ―hija del ex dictador Ríos Montt―. En las encuestas, el candidato de Semilla aparecía en octavo lugar y con una intención de voto de 2,5 puntos. Sin embargo, fueron altamente votados, captando parte del descontento. Otra parte no fue a votar o votó nulo. La base electoral del partido de Arévalo estuvo en los centros urbanos y en particular en la capital del país donde sacó el 24 por ciento, mientras que Torres tuvo mejor desempeño en las zonas rurales.

Además de la sorpresiva segunda posición de Arévalo, el otro dato central de la primera vuelta fue el alto porcentaje de rechazo al sistema político, que se manifestó en el 17 por ciento de voto nulo, 7 por ciento de voto en blanco y el 40 por ciento de abstencionismo. El candidato del partido oficialista ―Vamos―, apoyado por el actual presidente Alejandro Giammattei, obtuvo solamente 8 puntos. Como ningún candidato logró superar el 50 por ciento de los apoyos, Torres y Arévalo fueron a la segunda vuelta. El mismo día de la primera vuelta se eligieron 160 diputados para el Congreso de la República. Los resultados arrojaron un Legislativo fragmentado, donde ninguna fuerza política logra tener mayoría, pero con una fuerte presencia de los partidos de derecha. El partido con mayor escaños es Vamos con 39 diputados, le sigue UNE con 28 y luego Semilla con 23, entre los principales partidos con representación legislativa.

El intervalo entre la primera ronda y el balotaje estuvo atravesado por una fuerte incertidumbre política, ya que varios de los partidos de la derecha presentaron amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por irregularidades en la transmisión del conteo de votos, por lo cual la CC suspendió temporalmente la oficialización de los resultados. Desde los medios de comunicación dominantes y algunos partidos políticos se pidió la repetición del proceso electoral. Si bien esta medida y el intento de suspender la personería jurídica de Semilla quedaron truncas, Barrientos advierte que es una clara muestra de las dificultades que tendrá un gobierno de Arévalo, sin mayoría en el Congreso y con un sistema judicial cooptado por el “pacto de corruptos”. No obstante, la victoria de Semilla representa un aire de esperanza para el pueblo guatemalteco.  Así lo expresa el dirigente del CUC:

Es importante para detener la involución que se viene, ya que el gobierno de Giammattei terminó de aniquilar las instituciones del acuerdo de paz y el pacto de corruptos de cooptar el Estado y la Justicia.Y sería un gobierno con el que se podría dialogar.

El movimiento Semilla es un partido de posiciones progresistas, centristas y socialdemócratas. Surge como un movimiento ciudadano de origen urbano donde convergen profesionales y sectores de la clase media, que se comienzan a movilizar en 2015 a partir de los hechos de corrupción que terminan con la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina. En el 2017 deciden conformarse como partido político y se presentan por primera vez a elecciones en 2019. Bernardo Arévalo es hijo del expresidente Juan José Arévalo Bermejo, que gobernó el país entre 1945 y 1951, y fue uno de los dos mandatarios de la “primavera democrática” (1944 – 1954) resultado del proceso de lucha por la recuperación democrática del pueblo guatemalteco denominado la “Revolución de Octubre” (1944). En 1954 se produjo el golpe de Estado perpetrado por Estados Unidos contra Jacobo Arbenz.

En México, tanto oficialismo como oposición miran al 2 junio de 2024, fecha en que el Instituto Nacional Electoral ―INE― estableció la elección presidencial. Con este horizonte, ambos espacios eligieron a sus candidatas para la contienda electoral. Claudia Sheimbaum representará al partido de gobierno Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) y sus aliados Partido Verde y Partido de los Trabajadores. La candidata del Frente Amplio por México, que congrega a los tradicionales partidos PRI, PAN y PRD, será Xóchitl Gálvez. Por primera vez en su historia, una mujer presidirá el ejecutivo del Gobierno Federal.

En Morena y en el frente que reúne al PRIAN se han llevado a cabo procesos internos de discusión y decisión de candidaturas. En el caso de los primeros, ante la imposibilidad de reelección de Andrés Manuel López Obrador, iniciaron un proceso de elección interna, que tuvo como base una serie de acuerdos y reglamentaciones, que finalizó el 6 de septiembre. Los principales precandidatos fueron Claudia Sheimbaum ―jefa de gobierno de la Ciudad de México―, Marcelo Ebrard ―canciller―, Adán López ―secretario de la presidencia― y Ricardo Monreal ―senador―. Este proceso puso a prueba la institucionalización del morenismo y amenaza con la ruptura de la unidad política. La encuesta —método utilizado por el partido para definir la candidatura— que dió victoriosa a la ex Jefa de gobierno de CDMX con un 38 por ciento, fue impugnada por Ebrard acusando de parcialidad a quienes estuvieron a cargo del relevamiento de datos.

La incógnita  pasa por saber cuál será, en el corto plazo, el futuro político del ex Ministro de Relaciones Exteriores y su rol en las próximas elecciones. Hasta el momento sigue el proceso interno del partido al presentar ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las inconsistencias registradas y el pedido de anulación de la encuesta y su repetición, así lo hizo saber en la conferencia de prensa del 11 de septiembre, donde además anunció la creación de su movimiento nacional. Según sus dichos, el nuevo espacio político seguirá dentro de Morena, salvo que no sean atendidos sus reclamos:

Esperamos la respuesta de Morena, su dirigencia, sus órganos directivos. Si para su propio punto de vista, todo lo que acabamos de describir, no ocurrieron, no pasó nada, entonces sí, la decisión sería no participar porque no avalamos esas conductas.

Algunos analistas políticos sostienen que esto es una estrategia de Ebrard para negociar alguna candidatura legislativa como la senaduría y desde allí fortalecerse para las presidenciales del 2030. Otros alertan sobre la posibilidad de que sostenga su candidatura por fuera de Morena, ya sea con su nuevo movimiento político o dentro de alguno de los partidos opositores como Movimiento Ciudadano.

Si bien el mayor activo de Morena es la imagen positiva de Amlo, cuya aprobación ciudadana alcanza el 60 por ciento, el mayor desafío es construir un nuevo liderazgo que siga el camino trazado por el actual mandatario, lo que no será fácil, por el carisma, personalismo y centralidad de tiene. Si bien no está muy claro a quién podría perjudicar o beneficiar una candidatura por fuera de Ebrard, lo seguro es que debilita las intenciones de Sheimbaum de erigirse como la garante de unidad partidaria. Es por esto, que en uno de sus primeros discursos como candidata oficial llamó a la unidad y ampliación de la 4T: “Debemos fortalecer la unidad y siempre tender la mano a quien quiera seguir siendo y ser parte de este gran movimiento de transformación”.

En la vereda de enfrente, la priista Beatriz Paredes renunció a su postulación y allanó el camino para que la panista Xóchitl Gálvez sea la candidata. Si bien el PRIAN luce renovado con su nuevo nombre, cuentan con amplio rechazo en la ciudadanía. Sus expectativas están puestas en que el liderazgo de Gálvez les permita oxigenar la imagen de sus partidos y apuestan a que lo que suceda con Ebrard y un desgaste mediático del gobierno de Amlo les acerque a la disputa por la presidencia.

El 4 de junio se llevaron a cabo las elecciones a gobernadores en dos Estados, México y Coahuila. Esta fue la última contienda electoral antes de las presidenciales. El PRI perdió ante Morena uno de sus bastiones políticos, el Estado de México que gobernaba hace 94 años. Delfina Gomez es la nueva gobernadora; obtuvo el 53 por ciento de los votos. Por su parte, la alianza opositora del PRI, PAN y PRD retuvo Coahuila, donde ganó Manolo Gimenez con el 56 por ciento de los apoyos. El mapa federal de México muestra que 23 de las 32 gobernaciones están en manos de Morena o aliados (San Luís de Potosí por el Partido Verde) y la oposición ―Movimiento Ciudadano― gobierna en Jalisco y Nuevo León. El PAN gobierna en Chihuaua, Aguascalietes, Guanajuato, Querétaro y Yucatán y el PRI mantiene Durango y Cohauila.

Honduras atraviesa uno de los momentos más delicados desde que está Xiomara Castro en la presidencia. Las tensiones al interior del Partido LIBRE ―Libertad y Refundación―, la ruptura del bloque de gobierno con Salvador Nasralla, la crisis heredada por el Partido Nacional y la reorganización de sectores opositores y oligárquicos generan una situación de inestabilidad política. La situación económica y social es delicada, el gobierno decidió militarizar zonas del territorio hondureño para hacer frente a la crisis de seguridad y aumento de los homicidios.

En los primeros días de agosto se filtró un video de exmilitares en el que se observa al exgeneral Mario Hung Pacheco, responsable del golpe de estado a Zelaya en 2009, alentando un golpe contra el actual gobierno constitucional de Xiomara Castro. Como respuesta, en el aniversario de la fuerza naval hondureña, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), José Jorge Fortín, instó a algunos generales a mantener el orden constitucional y condenó cualquier tentativa de golpe de Estado: “General Hunt Pacheco, no a los golpes de Estado, General Isaias Barahona, no a los golpes de Estado, General Romeo Vasquez, no a los golpes de Estado, General Maldonado Barreras, no a los golpes de Estado”.

Esta amenaza contra el gobierno de Castro se da en un contexto de ofensiva por parte de la oposición de derecha, que busca volver a articularse. El Partido Nacional ―PN―, sectores del Partido Liberal ―PL― y el ex designado presidencial Salvador Nasralla, conformaron el Bloque de Oposición Ciudadana ―BOC― y llevaron a cabo una masiva movilización como demostración de fuerza, con consignas contra la presidencia de LIBRE y sus principales referentes. Esto fue alentado por medios de comunicación, empresarios y sectores vinculados a intereses estadounidenses que aprovecharon la publicación del informe del Consejo Nacional Anticorrupción ―CNA― que denuncia al oficialismo por concentración de poder en el Estado. Esta acusación fue desmentida por Castro quien respondió: «mientras la dictadura llenaba sus bolsillos con contratos lesivos de corrupción público-privada y aprobados por ese régimen, el CNA guardó un silencio cómplice (…) Yo les pregunto, ¿cuál concentración de poder? Si en el Congreso Nacional ni siquiera podemos aprobar o ratificar un acta porque el poder lo siguen teniendo los mismos que continúan saqueando este país”.

Respecto de la situación política del país, entrevistamos al escritor y analista político hondureño Mario Membreño, quien analizó:

Para entender la situación política actual tenemos que remitirnos a las elecciones en las cuales ganó ampliamente Xiomara Castro, pero no sucedió lo mismo en el Congreso Nacional y en las gobernaciones locales, donde los tradicionales partidos Nacional y Liberal tienen una fuerte presencia. La presencia de LIBRE en la Legislatura perdió fuerza por sus propios conflictos internos y la ruptura con Salvador Nasralla, que era aliado. Y como no se supo reconstruir los marcos de alianzas, por ejemplo con un sector del Partido Liberal, no tiene mayoría para avanzar en leyes y la derecha esto lo entendió perfectamente, bloqueando políticas importantes para el proceso de cambio como la Ley de justicia tributaria o la adhesión a la CAF, que era necesario para fortalecer las finanzas del Estado.

Según Membreño, la debilidad del gobierno ha permitido que la oposición tome la delantera, pero la alianza de los sectores de derecha está “pegada con chicle”, y señala que hay tensiones a su interior que ponen en riesgo la unidad. “El Partido Nacional no tiene liderazgos claros, y los que hay tienen mala imagen. El Partido Liberal no está seguro de ser parte de ese espacio y Nasralla no pudo encolumnar a su partido detrás del BOC”, indicó el escritor. Nasralla, de buenas relaciones con la embajada de EE. UU., aparece como el único que puede capitalizar esta situación.

En la demostración de fuerzas entre oposición y gobierno, los partidarios de LIBRE convocaron a una movilización para el 29 de agosto en apoyo al gobierno, la democracia y la justicia. Xiomara Castro apoyó la marcha con la frase “la movilización va”. La convocatoria resultó masiva y miles de hondureños y hondureñas se volcaron a las calles movilizándose desde la casa presidencial hasta el Congreso Nacional como forma de presión para que el Legislativo elija al Fiscal General y Fiscal general adjunto que la oposición viene bloqueando. Con la iniciativa el partido de gobierno buscó recuperar la iniciativa y mostrar fortaleza ante la embestida de los sectores opositores y amenazas golpistas.

Consultado sobre lo que depara el devenir político de los próximos meses y los pasos a seguir de LIBRE para contener el ataque de la derecha y continuar el proceso de cambio democrático, Membreño indicó:

La amenaza de golpe va a estar latente, no tanto porque vaya a hacerse efectivo, aunque para la oligarquía siempre es una posibilidad, sino como forma de condicionar al gobierno y generar un clima desestabilizador. No parece que Estados Unidos esté jugando esa carta, ya que buscan reconstruir su hegemonía en centroamérica y necesitan generar estabilidad en la región para hacer frente a la crisis migratoria. Al respecto del gobierno, debe rectificarse y volver a las bases, al programa de gobierno de LIBRE, que es avanzar hacia un proceso de cambio democrático. El partido debe estrechar su vínculo con los movimientos populares, lo cual hoy no está sucediendo. Esperemos que la movilización del día 29 sirva para eso.

El gobierno acordó un préstamo con el FMI de 830 millones de dólares, y busca de esta manera paliar parte de la delicada situación económica que heredó del PN y así poder atraer inversiones. El organismo internacional presionó para una devaluación de la moneda, pero fue rechazada, logrando que esa cláusula no sea parte del acuerdo. Además, se busca un préstamo de la Corporación Andina de Fomento  ―CAF― y avanzar en un Tratado de Libre Comercio con China. Ante la delicada situación económica que atraviesa el país, el Ejecutivo decretó el subsidio del 50 por ciento del precio del combustible, debido a que su valor tuvo un fuerte aumento por la rebaja de producción en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Como venimos dando cuenta en los sucesivos informes, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha logrado concentrar gran parte del poder político y estatal: cooptó los poderes legislativo y judicial, construyó un importante aparato comunicacional y propagandístico y llevó a cabo una política represiva y autoritaria criminalizando y silenciando voces críticas. Su principal acumulado político se centra en la denominada “guerra contra las pandillas” y en los resultados que el gobierno publicita con esta política.

El 11 de julio, la Asamblea Legislativa amplió por decimosexta vez el “régimen de excepción” por 30 días, en el marco del conflicto contra las pandillas que sostiene el gobierno. Esta medida suspende varias garantías constitucionales, como el derecho a la defensa de las personas detenidas, ya que en muchos casos esto se da de manera arbitraria. Se detuvieron a más de 71 mil personas, según datos del Ministerio de Seguridad. En una nota publicada en diariocolatino, el periodista Leonel Herrera señala que denominar a esto régimen de excepción es equivocado, porque lo que hay es “un estado permanente de suspensión (y violación) sistemática de derechos y garantías constitucionales”. Luego, sigue: “si la propaganda gubernamental es que las pandillas ya están desarticuladas ¿para qué se mantiene el estado de excepción? ¿Es para mantener un estado de impunidad para detener a cualquier persona sin causa justificada y sin seguir el debido proceso?”.

Organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales han denunciado la escalada autoritaria del gobierno, persecución política y violaciones a los DD. HH. desde el robustecimiento de las políticas represivas. Desde Amnistía se denunció miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso en el país, así como tortura, malos tratos y la muerte de al menos 18 personas bajo tutela del Estado. Referentes de la ONG manifestaron que “la magnitud de las violaciones a los derechos humanos demanda una respuesta contundente e inmediata de la comunidad internacional. Es urgente que se permita el acceso al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos de protección de la ONU”.

Otro de los avasallamientos institucionales por parte de Bukele es su objetivo de ser reelecto como presidente. A pesar de que la constitución lo prohíbe, el actual mandatario anunció que se presentará a las próximas elecciones presidenciales a llevarse a cabo el 4 de febrero del 2024. Para eso, deberá renunciar el 1º de diciembre, seis meses antes de terminar su mandato. Son siete artículos constitucionales que prohíben la reelección, pero una interpretación de la Sala de lo Constitucional habilita al líder de Nueva Ideas a postularse nuevamente como candidato. Los magistrados de este organismo de la Corte Suprema de Justicia fueron designados por la Asamblea Legislativa mediante la mayoría oficialista. Además, de cara a los comicios del año que viene, Bukele llevó a cabo una reforma política – administrativa que modifica el mapa político del país, y buscará que se implemente antes de las elecciones. La medida implica una reducción de 262 municipios para dejarlos en 44 gobiernos locales y se pasaría de 84 a 60 diputados en la Asamblea Legislativa, cambiando el sistema de reparto de escaños. Críticos al gobierno indican que estas reformas podrían favorecer a la concentración del poder de Bukele en caso de resultar victorioso en las urnas.

En las sombras del discurso y propaganda oficial se revela una realidad social y económica complicada para el país. Una investigación llevada adelante por El Faro mostró que el 50 por ciento de los salvadoreños padece inseguridad alimentaria y un 14 por ciento se encuentra en una situación crítica. Los datos alarmantes indican que 210 456 personas cayeron en la pobreza extrema en los últimos tres años y casi un millón de personas están al borde de la hambruna y sus ingresos no alcanzan para alimentarse dignamente. En los últimos dos años hubo un acelerado aumento en el precio de los alimentos de la canasta básica, sin que el gobierno implemente políticas para paliar esta situación.

El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular junto a otras organizaciones anunció una movilización para el 15 de septiembre, día en que se celebra la independencia del pueblo salvadoreño. La marcha es en “repudio a la dictadura del clan Bukele que intenta consolidarse”, y entre sus puntos reivindicativos se encuentran: 1) rechazo al intento inconstitucional de reelección de Bukele, 2) rechazo a las reformas que reducen el número de municipios, de diputados y modifica el método de distribución de escaños, 3) rechazo al régimen de excepción , 4) voluntad de luchar para rescatar al país del retroceso y crisis social y económico en que se encuentra y 5) “llamado a las fuerzas revolucionarias, democráticas y progresistas a crear un frente amplio, que trascienda la lucha electoral y procure la derrota de la dictadura y el establecimiento de un gobierno democrático y al servicio del pueblo”. Adhieren a la iniciativa,  el Movimiento de víctimas del régimen, el Comité de familiares de presos y presas políticas de El Salvador, el Movimiento universitario de pensamiento crítico, el Movimiento por la defensa de la tierra, el Magisterio en resistencia, el Movimiento cinquera en resistencia y el Movimiento de izquierda salvadoreña.

Caribe: la crisis social en Haití y la situación económica en Cuba en el medio de la ola de calor

En el marco de la ola de calor vivida en el Caribe y sufrida por el hemisferio norte y la temporada de tormentas y ciclones, veinte países de Centroamérica y el Caribe emitieron una declaración en conjunto en la Asamblea General de la OEA de junio, en la que pidieron “priorizar la provisión de fondos y recursos para apoyar los esfuerzos de Centroamérica y el Caribe para enfrentar el cambio climático, reconociendo la urgencia y magnitud de los desafíos que enfrentan estas regiones”. La misma fue presentada por el embajador de Antigua y Barbuda ante Estados Unidos y la OEA, Ronald Sanders.

La situación en Haití sigue estando atravesada por la crisis política, institucional, humanitaria, alimentaria, sanitaria y de seguridad, que se sostiene desde hace varios años y se intensificó en 2021 luego del magnicidio de Jovenel Moïse, del cual acaban de cumplirse dos años y en cuya investigación no ha habido avances significativos. Cuatro jueces que estuvieron a cargo de la misma renunciaron o fueron sustituidos alegando razones personales o de seguridad. Más de cuarenta personas fueron detenidas por el caso (entre ellas, quince exmilitares colombianos) y once han sido procesadas en Estados Unidos. El único que ha sido declarado culpable es un empresario haitiano-chileno que confesó su participación en la entrega de armas.

Durante los últimos meses, el país ha sido tema de agenda en diversos foros y espacios internacionales, entre los cuales destacamos el tratamiento del tema en la Caricom.

Algunos datos:

En lo que respecta a la salud, preocupa el aumento de casos de cólera desde el brote iniciado en octubre del año pasado. Según el Ministerio de Salud Pública y Población de Haití, al 25 de julio de 2023, había un total de 56 580 casos sospechosos (52 608 de los cuales son hospitalizaciones); 10 116 casos testeados, de los cuales 3612 fueron confirmados; 567 muertes en instituciones y 247 muertes por la enfermedad fuera de instituciones. El promedio de edad de las personas hospitalizadas por la enfermedad es de 17 años y la mayor afectación es sufrida por niños y niñas de entre 1 y 4 años, en primer lugar, y de entre 5 y 9 años, en segundo lugar. Según datos de Unicef, 5,2 millones de personas en Haití (de las cuales 3 millones son niños y niñas) necesitan ayuda humanitaria urgente y 4,9 millones tienen dificultades para alimentarse. El organismo también calcula que “este año más de 115 000 niños menores de cinco años sufrirán casos de desnutrición potencialmente mortales, lo que supone un aumento del 30% desde el año pasado” y casi uno de cada cuatro niños y niñas padece desnutrición crónica. Se trata de las cifras más altas registradas en la historia, incluso comparándolas con las posteriores al terremoto de 2010. A la vez, la organización denuncia falta de financiación por parte de los países y afirma que recibió solo un 15% de los fondos que necesita para esta cuestión. Esta situación se da en un contexto de aumento de la violencia, que también influye en el acceso a los servicios sanitarios (por desplazamientos y bloqueo de caminos, entre otros).

Según un informe del Colectivo Défenseurs Plus, entre enero y junio de 2023, hubo 600 asesinatos y 271 secuestros producto de la violencia de las bandas armadas y, según la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), entre abril de 2022 y abril de 2023, hubo 734 muertos en 6 masacres entre los departamentos Oeste y Artibonite.

Según un informe de la ONU, en los tres primeros meses de 2023, 846 personas fueron asesinadas (en el trimestre anterior, el número había sido de 541). En el mismo período se contaron 393 personas heridas y 395 secuestradas. Esto supone un aumento de la violencia del 28% con respecto al trimestre anterior. Además, 600 personas fueron asesinadas solamente en el mes de abril. En lo que va del año (hasta el 15 de agosto), la ONU ha documentado más de 2400 personas asesinadas, más de 900 heridas y 951 secuestradas, en el marco de un pico de violencia experimentado durante las primeras semanas de agosto.

De acuerdo a datos publicados por el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (Cardh, por sus siglas en francés) de la ONU, solo en julio hubo alrededor de 83 secuestros.

De acuerdo a datos que publicó la organización feminista Nègès Mawon, 652 mujeres y niñas fueron víctimas de violencia sexual en cuatro barrios de Puerto Príncipe entre mayo de 2022 y marzo de 2023.

Las bandas armadas controlan actualmente más del 80 por ciento de la capital del país y ganan cada vez más terreno en otros departamentos, impidiendo el acceso a derechos básicos como la salud, la educación y la vivienda. Según la Plataforma de Organizaciones Haitianas de Derechos Humanos (Pohdh), en el último año 100 mil personas tuvieron que huir de sus hogares.

Más de 165 000 personas se encuentran desplazadas internamente debido a la violencia de los grupos armados y 30 000 han tenido que desplazarse debido a las inundaciones que tuvieron lugar a principios de junio y afectaron a casi 40 000 familias, con un saldo de más de 50 muertos.

A todo esto se le suma el movimiento de autodefensa en contra de las pandillas del que hablamos en el informe anterior, Bwa kale, que desde abril viene atacando a integrantes de las bandas armadas y a agosto ya lleva cometidos más de 350 asesinatos documentados por la O.N.U. y otras organizaciones de derechos humanos.

Por último, las cifras de migrantes retornados y retornadas al país también van en aumento. En lo que va de 2023, entre 62 000 y 78 000 (según la fuente) personas han vuelto al país por tierra, aire o mar. Los destinos principales de donde han sido deportados son República Dominicana y Estados Unidos. El experto independiente de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Haití, William O’Neill, llamó al gobierno dominicano a cumplir con los acuerdos migratorios bilaterales y expresó que “algunos métodos de repatriación utilizados no cumplen con los estándares de derechos humanos” e incluyen a menores no acompañados.

En el contexto de violencia, destacan los secuestros y ataques a periodistas (por parte de las bandas pero también de las fuerzas de seguridad) que vienen teniendo lugar, con sus consiguientes respuestas y protestas. En lo económico, destaca el alza en el precio del petróleo, que también ha llevado a huelgas por parte de los transportistas.

En este contexto, que pareciera habérsele escapado de las manos no solamente al gobierno sino a todos los países que históricamente han intentado tener intervenciones en el país, el Consejo de Seguridad de la O.N.U. decidió prorrogar por un año el mandato de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) hasta el 15 de julio de 2024 (vencía, originalmente, el 15 de julio de 2023).

Durante los últimos meses ha destacado la presencia del tema en distintos foros, conferencias y encuentros internacionales. Destaca, como novedad, la presencia del tema en las distintas instancias de la Caricom (Comunidad del Caribe), que permite pensar que es posible abordar la problemática desde una mirada de la integración regional, ofreciendo una alternativa a las miradas injerencistas. Esto no significa que desde este espacio esté necesariamente abordándose el tema desde una perspectiva anticolonial y de la autodeterminación de los pueblos, pero hasta ahora, ha habido algunas instancias en las que se vio la intención de que participen sectores de la sociedad civil haitiana.

Recapitulemos algunos de los espacios internacionales en los que se ha tratado el tema:

En mayo, durante la ceremonia por el Día de Europa, Ariel Henry pidió ayuda a los países europeos para “desarrollar su fuerza policial”, a la vez que Canadá anunció que enviaría 5 de los 100 millones de dólares prometidos previamente para la compra de armas y municiones para equipar a la policía. Unos días después, el secretario general de la O.N.U. António Guterres viajó a Jamaica a reunirse con su primer ministro y uno de los temas abordados fue “el rol mediador de Jamaica en la situación de Haití” y expresaron la intención de seguir teniendo conversaciones bilaterales al respecto. A la vez, la O.N.U anunció que enviaría una ayuda económica de 9 millones de dólares de ayuda humanitaria.

En junio, por otro lado, se realizó en Jamaica una reunión de tres días con distintos actores con el objetivo de consultar a los distintos actores involucrados sus perspectivas y posibles caminos a seguir en Haití. Allí participaron representantes del gobierno haitiano y de distintas organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, el sector privado y la iglesia. Además, el primer ministro de Bahamas, Philip Davis, la secretaria general de la Comunidad del Caribe (Caricom), Carla Barnett y el llamado Grupo de Personas Eminentes, formado por el exprimer ministro de Bahamas, Perry Christie; de Jamaica, Bruce Golding y de Santa Lucía, el Dr. Kenny Anthony, así como representantes de países donantes de Haití. El primer ministro jamaiquino resaltó su postura de no injerencia. Si bien se llegó a proponer un documento en conjunto que preveía la instauración de un poder ejecutivo bicéfalo en un gobierno de unidad y transición, no se llegó a acordar y firmar y Henry fue claro en el rechazo a la propuesta. Sin embargo, es posible pensar que este encuentro, luego del realizado en febrero por la Caricom, muestra un avance en conversaciones que empiezan a incluir actores haitianos y caribeños más que extranjeros representantes de potencias imperialistas.

Declaraciones de la Caricom posteriores a la reunión mantuvieron una postura no injerencista y una “solución liderada por Haití” y el comunicado final de la organización afirmó que “el primer ministro interino, Dr. Ariel Henry, se comprometió a lograr una mayor inclusión en la gobernanza mediante el establecimiento de un gobierno de unidad nacional, comenzando por trabajar con los socios del Acuerdo del 21 de diciembre para aumentar el número de miembros del Alto Consejo de Transición (HCT) para incluir representantes de un grupo más amplio de partes interesadas”.

Unos días después de esa cumple, Henry participó de otra en Francia, llamada “Por un nuevo pacto financiero global”, en la que se reunió con representantes de otros países para seguir pidiendo apoyos internacionales. Entre ellos, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, y el presidente de Kenia, país que en abril ya había expresado a Canadá su disposición a enviar policías kenianos a Haití. Henry también se reunió con el presidente de la Unión Africana, Azali Assoumani, para pedir apoyo. En el mismo sentido y unas semanas más tarde, el presidente de Rwanda, Paul Kagame, afirmó que está dispuesto a apoyar la fuerza multilateral que pidió el gobierno haitiano en sus distintas intervenciones.

Al mismo tiempo, una delegación haitiana participó del 53° período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, en la que representantes de distintos países (entre ellos Canadá y Estados Unidos) volvieron a hablar de la necesidad de “apoyo internacional urgente” a Haití. Desde febrero de este año existe el Grupo de Trabajo del Consejo Permanente sobre Haití en la OEA, al cual el gobierno haitiano viene pidiendo asistencia en materia de seguridad.

A principios de julio, el secretario general de la ONU, António Guterres, visitó Haití y pidió al Consejo de Seguridad de ese organismo “y a todos los países contribuyentes potencialmente relevantes que creen las condiciones que permitan el despliegue de una fuerza multinacional de ayuda a la Policía Nacional de Haití, “una fuerza de seguridad sólida que trabaje mano a mano con la Policía Nacional de Haití para derrotar y desmantelar a las pandillas y restablecer la seguridad en todo el país”. A la vez, también reconoció que “no se puede encontrar una solución sin el pueblo haitiano”.

En la reunión de la Caricom celebrada entre el 3 y el 5 de julio en Trinidad y Tobago también estuvo el tema de Haití muy presente en la agenda. Hubo una declaración especial al respecto en la que los jefes de Estado propusieron la creación de un Corredor de Estabilización Humanitaria y de Seguridad bajo el mandato de una Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), con apoyo financiero de socios internacionales. Además, concluyeron en la necesidad de entablar diálogos con algunos países que ofrecieron su apoyo a la Policía Nacional Haitiana como Ruanda y Kenia.

Nuevamente en julio, una delegación de Caricom visitó Haití para seguir manteniendo conversaciones con el gobierno y otros sectores políticos y sociales, como el Sector Democrático y Popular (SDP) y la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH).

Luego del llamado de Guterres, varios de los miembros del Consejo de Seguridad se expresaron al respecto. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, después de reunirse con Ariel Henry en Trinidad y Tobago, afirmó que Estados Unidos es “el mayor donante internacional a la Policía Nacional de Haití, por eso apoyamos el llamado del gobierno de la nación para una fuerza multinacional que nos ayude a restaurar la seguridad”.

Por su parte, Rusia y China fueron las voces disidentes que hicieron contrapeso a estas declaraciones. El embajador adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitri Polianski, expresó: “Algunos consideran que la panacea es una fuerza multinacional, cuando la historia demuestra que esas intervenciones extranjeras han hecho más mal que bien en Haití”, mientras que el embajador chino, Zhang Jun, consideró la necesidad de analizar otras alternativas y reafirmó la necesidad de que los haitianos puedan decidir.

La discusión respecto de enviar tropas a Haití en una fuerza multinacional no ha tenido consenso en el Consejo de Seguridad de la ONU, principalmente por las posturas de Rusia y China que se oponen. Sin embargo, durante las últimas semanas, el secretario general António Guterres ha reforzado junto a Estados Unidos el pedido de conformar una fuerza multinacional que apoye a la policía de Haití.

Ya con Canadá apartada de esta empresa, países como Kenia, Las Bahamas y Jamaica se han mostrado dispuestos a liderar o colaborar con esta intervención que, según el portavoz de la ONU, Farhan Haq, “no será una fuerza de Naciones Unidas en el sentido clásico de las fuerzas de paz conocidas como cascos azules”, sino que se limitaría a apoyar a la policía haitiana.

En ese marco, un conjunto de organizaciones populares hizo pública una declaración en la que expresan su oposición a esta fuerza y piden especial solidaridad a Kenia y a los países africanos para que revean su posición de ofrecerse a contribuir con esta fuerza injerencista, ya que “tal empresa que va en contra de lo proclamado solemnemente en el Acta Constitutiva y la Carta de la Unión Africana (UA)”, que plantea explícitamente la no injerencia en los asuntos internos de los Estados y el respeto a la soberanía e integridad territorial. En la misma, además, denuncian el suministro de armas por parte de Estados Unidos a las pandillas haitianas, confirmado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNODC) en marzo de este año.

Por último, hay que destacar que el tema también estuvo presente en la cumbre de los BRICS, en cuya declaración final los y las representantes del grupo expresaron su preocupación y abogaron por la creación de consensos entre las fuerzas políticas locales.

Desde hace algunos años, Cuba está atravesando cambios significativos en su estructura económica y en su estructura estatal. A partir de la Reforma Constitucional de 2019, se ha iniciado el proceso de reordenamiento económico en el marco del cual, en septiembre de 2021, se permitió la constitución de pequeñas y medianas empresas privadas que ya forman parte del entramado productivo del país.

En ese marco, hay algunos temas y preocupaciones recurrentes relacionados al aspecto económico que abordaremos en este informe: el crecimiento del sector privado, la producción y distribución de los alimentos, la inflación y las fluctuaciones en el tipo de cambio, y también problemas de abastecimiento de agua, electricidad y combustible. Todo esto en el marco de un bloqueo por parte de la administración estadounidense que no se ha movido un ápice desde las 240 medidas de Trump, cuyos daños acumulados se calculan en 154 217,3 millones de dólares. Al bloqueo se le agrega una de las últimas medidas de Trump, que fue designar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo en enero de 2021.

En términos macroeconómicos, se observa una recuperación de algunos índices con relación a los años de pandemia, aunque no la esperada. El P.I.B. en 2020 fue negativo en un 11 por ciento, en 2021 se recuperó y fue de 1,3 por ciento positivo y en 2022 de un 1,8 por ciento (con una proyección inicial del 4 por ciento). Esta recuperación fue asimétrica; fue protagonizada por sectores como el turismo, el transporte, la educación, cultura y deportes, mientras que sectores como la agricultura, la ganadería, la industria manufacturera, el comercio y la electricidad experimentaron caídas significativas. Para 2023 se había proyectado un aumento a 3 por ciento del P.I.B., pero todavía no alcanza los niveles prepandemia, con las actividades primarias reportando valores negativos. Se proyecta un aumento del 1,5 por ciento.

Uno de los índices más preocupantes de la realidad cubana es el de inflación que, entre enero y abril de este año, había sido de un 11,39 por ciento y, al cierre de junio, de un 18 por ciento, con una inflación interanual del 45,48 por ciento a julio (el índice que más contribuye a este número es el de alimentos, bebidas y transporte, que constituye un 80 por ciento). En 2022 había sido de 40 por ciento, mientras que en 2021 del 70 por ciento. Se estima que en 2023 termine superando el 40 por ciento.

Además de los factores externos relacionados con la inflación a nivel mundial, hay tres factores internos que contribuyen al aumento de precios, según el ministro de Economía y Planificación cubano, Alejandro Gil Fernández: la falta de disponibilidad de divisas, la disminución de los planes de producción y, por lo tanto, el déficit de oferta y la especulación, la reventa y el enriquecimiento ilícito.

Las fuentes más importantes de ingresos de divisas son las exportaciones, el turismo y las remesas y, si bien esos sectores vienen recuperándose, aún no han alcanzado los ingresos previstos. Una de las preocupaciones que esto genera es la dualidad económica y el tipo de cambio paralelo que va creciendo en el mercado ilegal y que casi duplica al tipo de cambio oficial.

En cuanto al nuevo segmento del mercado y la producción, que comprende especialmente al sector de las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), a junio de este año se habían aprobado más de 8 mil nuevos actores (en 2022 este número fue de casi 6 mil), que emplean a más de 212 mil personas.

Si bien este sector va creciendo y el Estado pretende orientarlo principalmente a la producción de alimentos, todavía hay una cuota muy alta de alimentos (el 65 por ciento) que son importados y la producción nacional no logra satisfacer la demanda. Esto contribuye a la dependencia de los precios internacionales. En 2023 el nivel de producción agropecuaria está siendo inferior a la del año anterior. El caso más paradigmático es el de la zafra, que este año enfrentará un rendimiento inferior a la demanda, que no solamente no generará divisas sino que probablemente requiera que se importe azúcar.

Un factor a destacar es que incluso los actores privados de la economía opositores al gobierno reconocen que el bloqueo estadounidense afecta a la producción del sector privado.

Respecto a los servicios, la limitación en el ingreso de combustibles debido al bloqueo estadounidense hace que desde ya hace varios años el transporte y el abastecimiento de energía eléctrica constituyan un problema cotidiano. Este año se planificaron los cortes y se realizaron obras para la recuperación del nivel de generación y distribución de energía que se tradujeron, según el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, en una disminución de las afectaciones de un 35 por ciento, si se compara, por ejemplo, mayo de 2023 con mayo de 2022 y de un 38 por ciento en junio.

Lo que viene siendo un problema mayor esta temporada húmeda (entre junio y octubre, en la que hay con más frecuencia tormentas y fallas eléctricas) es el abastecimiento de agua, que responde principalmente a equipamientos de bombeo antiguos que pueden distribuir menor cantidad de agua con el mismo consumo energético y la imposibilidad de entrar al país recursos para su mantenimiento o sustitución.

A principios de julio, el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano emitió un comunicado rechazando el ingreso de un submarino nuclear en la base estadounidense en Guantánamo. El mismo permaneció allí desde el 5 de julio hasta el 8 de julio, “lo que constituye una escalada provocadora de los Estados Unidos, cuyos motivos políticos o estratégicos se desconocen”.

Los meses de junio y julio fueron meses de encuentros internacionales para las autoridades cubanas. Primero, el presidente Díaz-Canel se juntó con el presidente iraní en Cuba. Luego, previo a su participación en la mencionada cumbre en París, se reunió con el papa Francisco en el Vaticano, con el presidente, el viceprimer ministro y ministro de Defensa de Serbia y en París también tuvo un encuentro bilateral con Lula da Silva. En la cumbre en París, el presidente cubano afirmó que “urge un nuevo y más justo orden internacional” y consideró que es necesaria una reforma de las instituciones financieras internacionales.

Unos días antes de realizarse la Cumbre entre la CELAC y la Unión Europea, el 10 de julio, Cuba denunció falta de transparencia y conducta manipuladora de la UE en la organización, afirmando que se intentaban imponer formatos restrictivos que imposibilitarían discusiones y ocultando debates a la prensa.

El 12 de julio, el Parlamento europeo aprobó una resolución contra Cuba, en la que se pedían sanciones contra quienes señaló como responsables de atentar contra los derechos humanos en ese país, incluyendo a Díaz-Canel. A esta resolución, la Presidencia de Cuba respondió con un comunicado en el que rechazó dicha resolución y afirmó que tal órgano europeo “carece de autoridad moral, política y jurídica” y que el texto “muestra un alto contenido injerencista”.

Previo a su participación en la cumbre, el presidente cubano visitó Portugal y se reunió con su presidente.

En su discurso en la cumbre, Díaz-Canel reclamó que “la asociación estratégica América Latina y el Caribe – Europa no existe. Debemos construir mejores relaciones, más justas, solidarias y cooperativas”. También apeló a la necesidad de reformar la arquitectura financiera mundial, discutir las políticas de migración y respetar los principios de igualdad soberana y no injerencia. Agradeció, por último, el rechazo al bloqueo estadounidense contra Cuba expresado en diversas oportunidades por los países de América Latina y el Caribe y la Unión Europea.

En el marco de la Cumbre de los BRICS llevada a cabo en agosto, a la que Díaz-Canel fue invitado como presidente del G77+China, el presidente cubano celebró la ampliación del bloque y la propuesta de creación de un mecanismo de reserva de monedas del sur que permita líneas de crédito mutuas. En su discurso, convocó a una cumbre de jefes de Estado de ese grupo sobre tecnología, ciencia e innovación, a realizarse en septiembre en La Habana. Además, durante ese viaje visitó otros países africanos como Angola, Mozambique y Namibia.

El 26 de julio se cumplieron setenta años de los asaltos a los cuarteles Moncada y Céspedes, tras los cuales encarcelaron a Fidel Castro, en una gesta que vería el triunfo de la Revolución, seis años después. En homenaje, se llevó a cabo ese día un acto por el hoy llamado Día de la Rebeldía Nacional en la antigua fortaleza militar de Santiago de Cuba, encabezado por Miguel Díaz-Canel y con la presencia del general de Ejército Raúl Castro, uno de los combatientes de hace 70 años y 10 mil ciudadanos y ciudadanas cubanas.

A principios de agosto, un conjunto de organizaciones sociales de la región lanzó un llamamiento global para juntar un millón de firmas con el objetivo de presionar al gobierno de EE. UU. para que saque a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

La campaña, llamada “¡Cuba vive y resiste!” es impulsada por la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, el Foro de São Paulo, la Asamblea Internacional de los Pueblos, la Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo, la Marcha Mundial de las Mujeres, ALBA Movimientos, La Vía Campesina y la Red Continental Latinoamericana y Caribe. La idea es poder llegar a Washington a entregarle al presidente Joe Biden la lista de firmas.

Los efectos que la inclusión en esta lista tienen sobre las personas cubanas han sido reconocidos, incluso, por organizaciones internacionales que no simpatizan con la Revolución. Entre otros, se incluye el aislamiento al ejército cubano, la limitación al envío de ayuda humanitaria desde organizaciones en Estados Unidos, así como la limitación al comercio de productos fabricados en Estados Unidos o con componentes que provengan de ese país. Se agregan restricciones a los visados de entrada a Estados Unidos de ciudadanos cubanos o de otros países que hayan estado en Cuba, congelamiento o denegación de cuentas bancarias en el extranjero, así como el límite a uso de instrumentos de pagos y cobros internacionales, así como restricciones a intercambios o becas de índole académico, científico o artístico.

En perspectiva 

América Latina y el Caribe es un continente en permanente movimiento, con tendencias que se vinculan a un mundo globalizado e hiperconectado, donde las crisis y guerras producidas por las políticas del imperialismo de un lado del globo afectan al conjunto. Además, el continente tiene sus propias crisis, con la escalada de violencia producto de las disputas narcos y del crimen organizado, la presencia de grupos paramilitares y una problemática migratoria en aumento. En este contexto de inestabilidad, los gobiernos progresistas y de izquierda enfrentan una ardua tarea para hacer pie y avanzar en políticas transformadoras. Enfrentan dos procesos complejos: por un lado, las embestidas de sectores opositores, que en muchos casos están representados por personalidades vinculadas a la extrema derecha. Y por el otro, los conflictos internos dentro de los partidos y alianzas gobernantes que amenazan la unidad política y en muchos casos el futuro de la gobernabilidad de sus países. En ese marco, seguimos con especial atención el desenvolvimiento de la agenda electoral en la región, en particular en los casos de las elecciones presidenciales en Ecuador y Argentina que como hemos mencionado, pueden cambiar de forma radical el panorama continental.

Los pueblos de Nuestra América resisten y luchan para cortar las cadenas del norte y generar salidas soberanistas y de justicia social, que alumbren caminos de esperanza en una etapa abierta y en disputa.

En los primeros cuatro meses del 2023, la coyuntura política y social en América Latina y el Caribe ha evidenciado el lugar que ocupa nuestro continente en el contexto de un mundo en transición global y en crisis profunda. Analizar la coyuntura de nuestra región se presenta como un desafío casi inabarcable. Desde el OBSAL hacemos apenas una aproximación a los principales movimientos, a veces con un pequeño análisis, que hubo en el continente en diferentes dimensiones que abarcan el interés de los países de Nuestra América.

El inicio del 2023 ha demostrado lo que hemos mencionado en numerosos informes respecto a la crisis civilizatoria y multidimensional que atraviesa el mundo en los últimos años. Nunca sobra recordar que esta crisis es producto de las dinámicas propias del sistema capitalista, y que ponen en jaque no solamente la existencia de nuestra especie, sino la del planeta en su totalidad. En este informe nos enfocamos en un primer punto en el estado de la crisis ambiental, que ubica a más de 3 mil millones de personas en contextos vulnerables al cambio climático y deja muchas regiones del mundo sufriendo con temperaturas extremas, heladas y sequías que afectan todos los órdenes de la vida. En un segundo punto, destacamos la crisis económica que se profundizó dramáticamente en la pandemia y que ubica a nuestra región como una de las más desiguales del mundo.  En algunos países, como la Argentina, condenando al endeudamiento con los organismos multilaterales de créditos. En un tercer punto, la continuación de la guerra en Ucrania continúa presentándose, por un lado, como un escenario de posibilidades productivas para nuestro continente, y, por otro, evidenciando la inviabilidad de un sistema internacional que prioriza la expansión bélica bajo los cascos de la OTAN.

Con muy malos resultados a nivel ambiental y económico, el capitalismo ha reforzado sus peores rostros para buscar re legitimarse en regiones que han parido procesos alternativos. De esa forma, encontramos a nivel regional una preocupación en el crecimiento de los autoritarismos y los experimentos neofascistas, como si fueran una posible respuesta frente a las consecuencias desastrosas y desesperanzadoras de la desigualdad. A nivel global presenta una concentración de casi dos terceras partes de la nueva riqueza generada desde 2020, en el 1% más rico de la población mundial, según el informe de OXFAM.

Frente a ese escenario global, encontramos en los primeros meses de 2023 un continente movilizado, con retrocesos, pero sobretodo, enfocado en lo que parece ser el resurgimiento de los proyectos de integración a nivel continental, y un reimpulso a escenarios de diálogo y acuerdos comunes entre los países de la región en materia política, económica y comercial, que pueden fortalecer la voz de América Latina y el Caribe en el concierto global de voces. En medio de la crisis de hegemonía que vive el imperialismo, se manifiesta la necesidad de los EE.UU. de asegurar su proyecto en nuestro continente, y que tuvo a la Jefa del Comando Sur de visita por varios países del continente manifestando, sin sonrojarse, su interés de fortalecer la presencia en la que consideran su zona de influencia, en especial por los recursos estratégicos que se encuentran en tierras nuestramericanas. Cabe destacar que en  2023 cumple 200 años desde la proclama de la Doctrina Monroe y su américa para los (norte)americanos.

El triunfo de Lula en Brasil, la continuación del proceso de las 4T con el gobierno de López Obrador en México, más los esfuerzos regionales de Honduras, Colombia, Argentina, Chile, entre otros países que consiguieron gobiernos progresistas en los últimos años, han abierto las posibilidades de que aquellos proyectos de integración como UNASUR, la CELAC y el ALBA, que fueron firmemente atacados por la derecha a nivel regional, tuvieran reuniones o novedades durante los primeros meses del año, y tengan un reimpulso que sin duda sería imposible sin estas modificaciones en términos gubernamentales en países centrales de la región. Esto, como mencionamos, es consecuencia del análisis sobre el lugar relevante que tiene nuestro continente en el contexto global, y sobre todo, en un escenario de multipolaridad donde destaca el fortalecimiento de las relaciones de China con países de nuestra región, y en especial con Brasil que nuevamente lidera un agrupamiento de integración a nivel continental.

En este primer informe de 2023, hacemos un extenso viaje por la región ubicando lo que consideramos lo que fue central en la correlación de fuerzas a nivel continental, que podía en mayor o menor medida modificar este escenario de posible re integración de América Latina y el Caribe en un proyecto de relativa soberanía respecto a los Estados Unidos. Iniciamos, entonces, con el énfasis en un Cono Sur que inició el mes de enero con un ataque al Palácio do Planalto en Brasil de hordas de Bolsonaristas y cerró el mes de abril con el triunfo del Partido Colorado en Paraguay cambiando el signo de victoria de gobiernos alternativos en las últimas elecciones a nivel continental —especialmente después del triunfo de Lula y Petro en 2022—. Argentina atraviesa una fuerte crisis económica que ya aparecía el año pasado, que se profundiza con una incertidumbre en el panorama político electoral de cara a las elecciones de octubre, donde se alerta la posibilidad de una derrota de las fuerzas del peronismo, y la aparición en escena de propuestas de derecha y ultraderecha como principales opciones, y Chile, que a pesar de intensas contradicciones del gobierno Boric, apuesta por la nacionalización del litio.

Por su parte, en Mesoamérica se encuentran dos de las grandes preocupaciones a nivel regional. Una, producto de la crisis económica que venimos mencionando, es precisamente la tragedia que sufren a diario millones de migrantes que buscan mejores condiciones de vida. Esta crisis migratoria dejó durante 2022 el saldo de 433 migrantes asesinados en la frontera de México y EE.UU., y agrava la crisis humanitaria que esto conlleva vinculado al hacinamiento de las y los migrantes en los centros de detención, la militarización de las fronteras y la permanente violación de Derechos Dumanos de las personas que buscan cruzar la línea. Por otro lado, la expansión del fenómeno Bukele, a nivel regional, pareció legitimar en los primeros meses del año la denominada “guerra contra las pandillas” como un modelo exitoso para implementar en diferentes países de la región, reforzando los discursos militaristas y securitizantes que buscan disfrazar con fuertes medidas represivas las consecuencias dramáticas de la desigualdad social en El Salvador y en toda la región. En términos electorales, en esta subregión se avecinan las elecciones en Guatemala en el próximo mes de junio en un panorama de fragilidad institucional, corrupción y fragmentación política que ponen muy difícil un escenario de transformación en el país que se encuentra sumida en una grave crisis de desigualdad y falta de derechos básicos para su población. En esa misma línea, se ubica la grave crisis humanitaria que vive Haití producto de la violencia de las denominadas bandas o pandillas delincuenciales, que en connivencia con las fuerzas de seguridad, y con un gobierno de facto que en vez de convocar a elecciones, busca traer intervencionismo extranjero, ha dejado solo en los 4 primeros meses del año cerca de 500 personas asesinadas.

Los escenarios de violencia producto de la desigualdad, y de la aparición y multiplicación de las bandas vinculadas con el narcotráfico también tienen lugar en los Andes, especialmente en Ecuador donde el incremento de la inseguridad junto a la crisis carcelaria precedente de años atrás, ha llevado la conflictividad social a niveles preocupantes, ubicando al presidente Guillermo Lasso en una crisis sin precedentes que incluye un pedido de destitución en su contra por delitos de corrupción. Asimismo, los escenarios de represión y violencia por parte de las mismas fuerzas de seguridad son moneda corriente en un Perú que continúa sufriendo las políticas de la dictadura parlamentaria de Dina Boluarte, quien se encuentra gobernando para los intereses de la derecha local, y la embajada de EE.UU., dando la espalda a un pueblo que lleva 5 meses movilizado exigiendo su renuncia inmediata y la convocatoria a una Constituyente.

Sin embargo, a pesar del crítico escenario y de las dificultades propias del avance de los procesos progresistas y revolucionarios, este 2023 ha presentado escenarios esperanzadores para fortalecer el proyecto de integración continental que mencionamos anteriormente, y que  estuvieron presentes en la renovación de la Asamblea Nacional en Cuba con la reelección de Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba; el avance del proceso de cambio en Bolivia que, en medio de internas preocupantes, continúa fortalecido económicamente; las medidas de respeto a su programa de gobierno en el caso de Gustavo Petro en Colombia que a pesar de tomar decisiones aparentemente impopulares, está dispuesto a impulsar cambios de gabinete, y a continuar el proyecto de la Paz Total con todos los grupos armados del país, así como desarrollar iniciativas en materia de política exterior como la convocatoria a la Conferencia Internacional sobre el proceso político en Venezuela. Por su parte, la Revolución Bolivariana que el pasado 05 de marzo conmemoró los 10 años de la partida física del Comandante Chávez, continúa su exigencia al levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales.

Como mencionamos al inicio, son apenas cuatro meses en los que parece que hubieran pasado años teniendo en cuenta el movimiento de actores, escenarios, posibilidades y preocupaciones que atraviesan nuestra región. A continuación en profundidad los diferentes elementos que mencionamos y que buscan servir como herramienta para los análisis de coyuntura, y sobre todo, para las estrategias de lucha de los movimientos y organizaciones del campo popular de toda Nuestra América.

Panorama general: Actualidad de la crisis civilizatoria: cambio climático, sismos económicos, crecimiento de los autoritarismos frente a la desigualdad y amenazas de expansión bélica

La crisis multidimensional en el ojo de la élite mundial

En nuestro último informe de fines del año pasado señalamos cómo en los documentos de los organismos internacionales a lo largo del 2022, al compás de los efectos globales de la pandemia y la guerra en Europa, se señalaban la presencia y riesgos de una crisis multidimensional y profunda. Así, por ejemplo, el informe anual 2022 del Banco Mundial advertía sobre el despliegue de “múltiples crisis superpuestas” y la CEPAL hablaba de “una sucesión ininterrumpida de crisis”. En la misma dirección, el informe sobre los riesgos globales difundido en 2023 por el Foro Económico Mundial – FEM (The Global Risks Report 2023) afirmó que “los primeros años de esta década anuncian un periodo especialmente agitado en la historia de la humanidad” y que “las crisis concurrentes, los riesgos profundamente interconectados y la erosión de la resiliencia están dando lugar al riesgo de poli-crisis”, que es “cuando crisis dispares interactúan de tal manera que el impacto global supera con creces la suma de cada una de las partes”.

El reconocimiento por parte de estas instituciones del poder mundial sobre la actualidad de esta “poli-crisis”, para utilizar el neologismo acuñado por el FEM, da cuenta de su magnitud y gravedad. Para el pensamiento crítico emancipatorio y los movimientos populares, sin embargo, ello no es novedad. Desde hace décadas vienen señalando que el despliegue de las transformaciones neoliberales, la etapa presente del capitalismo, implica la progresión de una crisis que atraviesa las diferentes dimensiones sociales y que por su amplitud y profundidad se suele llamar “civilizatoria” o “de la civilización dominante”. Examinemos algunas de las novedades que en estos primeros meses de 2023 jalonan las dimensiones de esta crisis.

Presente y futuro de la crisis ambiental y climática

Los resultados de la última Encuesta de Percepción de Riesgos Globales (GRPS, Global Risk Perception Survey 2023) realizada por el FEM a cientos de líderes políticos; empresarios; funcionarios e integrantes de ONGs da cuenta de la importancia y pesimismo que dicha élite global manifiesta frente al avance del cambio climático. Así, las cuatro primeras amenazas identificadas por este grupo para los próximos diez años advierten sobre: a) el fracaso en la mitigación del cambio climático, b) el fracaso en la adaptación al cambio climático, c) los desastres naturales y eventos climáticos extremos y, d) el colapso de ecosistemas y pérdida de biodiversidad.

La actualidad de la crisis climática resulta fácilmente perceptible en la reiteración y expansión de fenómenos meteorológicos extremos (desde calores sofocantes, sequías e incendios a tormentas intensas y fríos agudos) tal como lo reconoce el último informe de principios de 2023 del Grupos de Expertos Intergubernamentales sobre el cambio climático de Naciones Unidas (IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change). El mismo señala que la “temperatura superficial global alcanza en 2011-2020 1,1 °C por encima de 1850-1900” siendo que “la temperatura de la superficie global ha aumentado más rápido desde 1970 [es decir, en el marco de la neoliberalización capitalista] que en cualquier otro período de 50 años durante al menos los últimos 2000 años”. Sus consecuencias catastróficas ya se dejan sentir. Así, el informe señala que “aproximadamente entre 3.300 y 3.600 millones de personas viven en contextos altamente vulnerables al cambio climático” y que “el aumento de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos ha expuesto a millones de personas a la inseguridad alimentaria aguda  y la reducción de la seguridad hídrica, con los mayores impactos adversos observado en… África, Asia, América Central y del Sur… y a nivel mundial para los Pueblos Indígenas, productores de alimentos a pequeña escala y comunidades de bajos ingresos”. Asimismo, “entre 2010 y 2020, la mortalidad humana por inundaciones, sequías y tormentas fue 15 veces mayor en regiones altamente vulnerables, en comparación con regiones con muy baja vulnerabilidad” y “aproximadamente la mitad del mundo… experimenta una grave escasez de agua durante al menos parte del año debido a una combinación de factores climáticos y no climáticos” (la traducción es nuestra).

Las perspectivas que plantea el informe hacia el futuro resultan también muy preocupantes; incluso “los riesgos relacionados con el clima son más altos que los evaluados en AR5 [el informe anterior] y los impactos a largo plazo proyectados son hasta varias veces mayores que los observados”. Asimismo, más allá de las medidas que se tomen “el calentamiento global seguirá aumentando en el corto plazo (2021-2040) principalmente debido al aumento de las emisiones ya acumuladas de CO2” en la atmósfera. Así, aún si se redujeran significativamente las emisiones —un escenario lamentablemente muy poco probable— el informe estima igual una elevación de 1,4 °C de la temperatura global para 2081-2100; para emisiones intermedias se estima una elevación a 2,7 °C y “4.4°C para un escenario de emisiones de GEI muy alto” siendo que el Acuerdo de París se proponía contener dicha elevación en un rango de 1,5-2 °C en el acuerdo que por encima de ello las consecuencias serían catastróficas.

Crack bancario en el Norte, deuda en el Sur. ¿De la estanflación a la crisis?

El último informe del Banco Mundial de abril de 2023 titulado “Caída de las perspectivas de crecimiento a largo plazo: Tendencias, expectativas y políticas” (Falling Long-Term Growth Prospects: Trends, Expectations, and Policies) prevé para el periodo 2022-2030 una tasa de crecimiento muy baja para la economía mundial (2,2% anual) así como Indermit Gill, economista en jefe y vicepresidente sénior de Economía del Desarrollo del Banco Mundial. alerta que “podríamos estar ante una década perdida”.  En la misma dirección, el Banco Mundial redujo sus expectativas de crecimiento para América Latina y el Caribe a 1,4% para 2023 y prevé para 2024 y 2025 un 2,4 %.

La actualidad y perspectivas de un bajo crecimiento económico, en algunos casos casi en situación de estancamiento, se han combinado en el último tiempo con un incremento de los precios; incluso el propio FMI ha reconocido en marzo que “un año después de que la invasión rusa de Ucrania trastocara los mercados de productos agrícolas básicos, los precios de los alimentos permanecen elevados pesa a haber retrocedido de los máximos registrados a comienzos de 2022”. Este escenario inflacionario llevó en el último año al gobierno estadounidense a adoptar una política de elevación de las tasas de interés, respuesta neoliberal ortodoxa propuesta por todos los organismos internacionales para controlar la inflación. Los resultados funestos de estas políticas han quedado de manifiesto nuevamente en los últimos meses. Por una parte, en los países del Norte Global, desataron una crisis bancaria iniciada con la quiebra del banco estadounidense Silicon Valley Bank en marzo y que, entre sus repercusiones, conllevó la caída y compra del Credit Suisse, mostrando la extrema fragilidad de un sistema financiero configurado por las transformaciones neoliberales. Así, algunos economistas críticos han señalado que “la crisis bancaria aún no ha terminado… podría haber una crisis continua que dure años, haciéndose eco de lo que sucedió durante la crisis de las cajas de ahorro de EEUU de los años 1980-90”, pero “lo que es seguro es que los términos del crédito se están endureciendo, los préstamos bancarios se reducirán y las empresas de los sectores productivos tendrán cada vez más dificultades para recaudar fondos para invertir y los hogares para comprar bienes caros”. También en este caso, el incremento de las tasas de interés traen como resultado azuzar la recesión.

Por otra parte, este incremento en los mercados financieros del Norte ha repercutido negativamente (y repercutirá aún más en el futuro) en el Sur global, particularmente sobre el endeudamiento externo de estos países. Sobre ello, justamente nuestro Cuaderno del OBSAL de marzo del año pasado fue dedicado a la problemática de la deuda y el FMI, así como  el reciente Dossier N° 63 elaborado por el Instituto Tricontinental de Investigación Social, examinan esta cuestión. En este último, que analiza particularmente la situación en África, se señala que “entre 2011 y 2019, el Banco Mundial informó que la deuda pública en una muestra de 65 países en desarrollo aumentó un 18% del PIB en promedio, y mucho más en varios casos. En África subsahariana, por ejemplo, la deuda aumentó una media de 27% del PIB”. Tal es la magnitud del problema que la última reunión de primavera del Banco Mundial realizada a principios de abril estuvo dedicada justamente a “superar el endeudamiento” que a fines de 2021 para las “economías en desarrollo” había aumentado “a más del doble en comparación con la década anterior, hasta llegar a USD 9 billones… [siendo] la situación… aún más grave en los países más pobres”. La conocida crisis en Sri Lanka que estalló en 2022 y las situaciones críticas de Zambia y Ghana también se replican en el continente latinoamericano, particularmente en el caso de Argentina con una monumental deuda contraída directamente con el FMI.

La respuesta autoritaria frente a la crisis social

Si con un crecimiento del PBI del 3,7% en 2022 (CEPAL, 2022), la desigualdad se incrementó en la región; la perspectiva de una disminución de la actividad económica para este año tenderá a agravar inevitablemente la situación social. Una tendencia que viene desplegándose en los últimos años, promovida por las transformaciones neoliberales y agudizada en el contexto de la crisis civilizatoria, la pandemia y la guerra. Así, en su informe de mediados de enero OXFAM señaló que “el 1 % más rico ha acaparado casi dos terceras partes de la nueva riqueza generada desde 2020 a nivel global, casi el doble que el 99 % restante de la humanidad” y que “la fortuna de los milmillonarios está creciendo a un ritmo de 2.700 millones de dólares al día, al mismo tiempo que al menos 1.700 millones de trabajadoras y trabajadores viven en países en los que la inflación crece por encima de los salarios”. Sobre ello, también el Reporte sobre desigualdad global 2022 del World Inequality Lab afirmó que en 2021 el 10% más rico de la población se apropió del 52% de los ingresos y del 76% del bienestar. En igual dirección, el último informe de la OIT señaló que “Las perspectivas mundiales del mercado de trabajo se deterioraron considerablemente en 2022” y “se prevé que el desempleo aumente en 2023 alcanzando los 203 millones de personas”.

Frente a esta crisis social sin límites ni solución —que constituye otra de las dimensiones acuciantes de la crisis civilizatoria— la continuidad de las transformaciones neoliberales se ha revestido de un creciente autoritarismo, incluso como respuesta al crecimiento de las alternativas populares.  Sea con la emergencia de los neofascismos y los Estados securitarios  —que tienen también raíces desde abajo— o de los golpes parlamentarios y la represión —desde arriba—, Nuestra América se encuentra atravesada por esta contradicción entre capitalismo neoliberal y democracia popular que ya hemos examinado en informes anteriores. En estos primeros meses del año, la asunción presidencial de Luiz Inacio Lula da Silva y sus primeros meses de gobierno marcaron la derrota del proyecto bolsonarista y sus intentos desestabilizadores en Brasil; así como el afianzamiento bajo una intensa represión del gobierno autoritario de Dilma Boluarte en Perú signó el regreso a la región del instrumento del golpe parlamentario que en 2016 había destituido a Dilma Rousseff. Así también Centroamérica se destaca en estos primeros meses del año por afrontar el crecimiento de las respuestas autoritarias de cara a la crisis social y a la emergencia de las fuerzas populares. Como examinamos en las páginas que siguen, una región signada por la continuidad del Estado de excepción y el encarcelamiento masivo promovido por Bukele en El Salvador, por las denuncias de amenazas de golpe de estado en Honduras, y por la proscripción de la candidata indígena Thelma Cabrera en Guatemala, quien era una de las favoritas para llegar a la segunda vuelta, entre otros hechos.

A un año de la guerra en Ucrania: amenazas de su expansión mundial y nuclear en la transición hegemónica global

A fines de febrero se cumplió un año de la invasión rusa y la confrontación militar abierta en Ucrania, culminación de un proceso más largo iniciado con el Euromaidan y las intervenciones de “limpieza étnica” en la región ucraniana pro-rusa. Las expectativas rusas de una resolución rápida del conflicto naufragaron en los primeros meses del conflicto, así como la estrategia otanista de que la guerra de desgaste y el bloqueo económico provocaran una crisis interna y caída del gobierno ruso también se mostró ineficaz en el transcurso del 2022. Por el contrario, en el terreno militar, desde fines del 2022 una lenta pero permanente ofensiva rusa mutó el sentido de la guerra de desgaste. Ausente de victorias en el escenario militar, el gobierno ucraniano y la coalición de la OTAN promovieron acciones que amenazaron con la ampliación bélica —incluso en el formato de una III Guerra Mundial— o de su escalada nuclear. El último ejemplo de ello fue la incorporación de Finlandia a dicha organización en abril. Asimismo, la dinámica del conflicto, como ha sucedido en otras ocasiones, supuso un creciente involucramiento de los EE. UU. y Europa que fue de la provisión de financiamiento y armamento; el suministro de información de inteligencia; y la capacitación militar y técnica; hasta la dirección militar directa en el terreno de operaciones y la provisión de fuerzas militares —de modo indirecto o directo—, tal como lo confirma la reciente filtración de papeles del Pentágono.

En esta dirección, la amenaza de la expansión mundial de la guerra rememora las pesadillas de una confrontación nuclear que signó la llamada “Guerra Fría” y resulta, junto a la crisis climática, una de las dimensiones más catastróficas de la actual “crisis civilizatoria”. En el pasado, el pensamiento crítico ya había señalado que, ante la declinación de su hegemonía global, EE. UU. recurriría al momento militar sustentado en la supremacía que todavía detentaba en ese terreno. Como ya analizamos en otros informes anteriores, la estrategia del gobierno de Biden y de la fracción del bloque dominante que representa ha optado por intentar reconstruir una globalización recortada y agresiva fundada, más allá de los buenos modales, en la guerra o la amenaza militar. La subordinación de Europa, la ruptura de sus vínculos con Rusia, el desgaste de ésta y el aislamiento de China, incluso motorizando militarmente sus alianzas en el Pacífico establecen la cuadratura de un plan cuyo capítulo latinoamericano es la reedición del pacto colonial y de la doctrina Monroe. Una América Latina y Caribeña atravesada por un nuevo ciclo de luchas sociales y cambios progresistas se encuentra asimismo en el ojo del huracán de las disputas por la transición hegemónica global y la intervención imperial. Examinamos esta cuestión en el punto siguiente.

Imperialismo e integración

Como se anticipó párrafos atrás, los primeros meses de 2023 mostraron un intenso panorama a nivel global. Al mismo tiempo, algunos hechos confirmaron el papel de relevancia que tiene América Latina y el Caribe en un mundo cada vez más agitado, en el que da la sensación de que cualquier cosa puede pasar.

“O Brasil está de volta”

Diversos analistas han planteado la oportunidad que tiene Brasil, en este tercer gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva y cuarto del PT, para jugar un papel geopolítico importante luego del interregno bolsonarista. Los primeros movimientos del nuevo gobierno parecen confirmar el rumbo del gigante de América del Sur, pieza fundamental en los BRICS y ya histórico aspirante a un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, en caso de una eventual ampliación.

Además de su viaje a EE. UU. para reunirse con Biden, se destaca especialmente la visita de Lula a China para sostener un encuentro con Xi Jinping, hecho que tiene relevancia en sí mismo y más aún con el despliegue de su posición contraria a la supremacía del dólar como moneda de intercambio. A estas visitas a las dos principales potencias en disputa hay que sumarle también los viajes a España y Portugal —en este último país se debatió reimpulsar el acuerdo entre el Mercosur y la UE—, y especialmente la recepción en Brasilia del canciller ruso Sergei Lavrov, en el comienzo de su gira por América, que también lo llevó a Venezuela, Nicaragua y Cuba.

En estos primeros meses, la voz de Lula fue una de las pocas discordantes entre las grandes y medianas potencias “occidentales” respecto a la guerra en Ucrania, planteándose incluso como uno de los vectores de posible mediación en el conflicto. Otro punto de conflicto con EE. UU. como veremos, fue su negativa a suscribir la declaración de la Cumbre de la Democracia precisamente por sus diferencias respecto al abordaje de ese conflicto bélico. Por último, en el plano de la integración el nuevo gobierno tomó algunas decisiones y ofreció signos concretos respecto al reimpulso de su política hacia los nuevos organismos regionales.

OEA, CELAC, Unasur

En el plano continental se consolida una situación de relativa debilidad de la OEA, que a 75 años de su fundación atraviesa una situación inédita, con un declive relativo de EE. UU. y la emergencia de procesos de unidad que permiten mayor autonomía a algunos países en diferentes subregiones. A esto hay que sumarle, en la coyuntura, lo que parece ser la caída en desgracia del secretario general Luis Almagro, activo instrumento de la política exterior norteamericana. Al respecto, es interesante un material elaborado por CELAG respecto a sus vínculos con sectores ligados a Trump y a la ultraderecha latinoamericana, con base en Miami. Las últimas tribulaciones del excanciller del Pepe Mujica hacen referencia a una investigación “por violación de obligaciones éticas”. Esta investigación fue respaldada por dos congresistas estadounidenses, que le enviaron al canciller Anthony Blinken y al embajador en la OEA, una carta pidiendo que sea apoyada por el gobierno de Biden. En la nota, difundida por Progressive Internacional, también se destaca el rol de Almagro en el golpe de Estado en Bolivia en 2019.

Si bien la OEA tiene una estructura con funcionamiento permanente, que no hay que subestimar, en los últimos meses continuó la revitalización de la CELAC, que se reunió en Buenos Aires en enero y donde participó Brasil, que vuelve al organismo después de que el expresidente Jair Bolsonaro se retirara tres años atrás, a principios de 2020.

En esta ocasión, el presidente argentino Alberto Fernández traspasó la presidencia a Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas y uno de los referentes políticos históricos del Caribe, que se convirtió así en el tercer mandatario en asumir la conducción de este espacio de integración en esta segunda temporada de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Gonsalves es un impulsor de políticas de soberanía y de integración en el continente y habló de ello en una entrevista realizada por OBSAL para un proyecto conjunto con ALAI en los primeros meses de 2022.

Antes de Fernández, la CELAC fue impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador desde enero de 2020, quebrando así la parálisis de la etapa previa, de contraofensiva de EE. UU. y sus aliados. Sobre el saldo específico de la Cumbre en términos de acuerdos concretos hubo diferentes visiones, desde las que consideraron que la CELAC salía “recargada” de este encuentro hasta quienes plantearon un escenario de “mucho ruido y pocas nueces”.

En paralelo, Argentina y Brasil anunciaron el regreso a la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), en lo que pueden ser dos primeros pasos importantes en el camino de la reactivación, en este 2023, de este espacio de unidad en América del Sur.

El Caribe en la escena geopolítica

Mientras en enero dos países del Caribe asumían las presidencias protempore de espacios importantes —Cuba la del G77 + China y San Vicente y las Granadinas la de la CELAC— la subregión se preparaba para una nueva reunión de Caricom, organismo que este año cumple medio siglo de vida.

Entre el 15 y el 17 de febrero, se llevó a cabo la 44º Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom) en Las Bahamas. Participaron los jefes de Estado de Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, y representantes de Surinam. Asimismo, asistieron autoridades de miembros asociados como Bermuda, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Turcas y Caicos.

En el encuentro se suscribieron acuerdos sobre temáticas comunes, como el calentamiento global, salud, mercado común, desarrollo del transporte y la producción de alimentos. Por otro lado, hicieron un llamado al levantamiento del “embargo” impuesto por Estados Unidos contra Cuba y a la eliminación de sanciones a Venezuela “para permitir que los países de la región se beneficien de la iniciativa PetroCaribe y progrese la exploración de los campos de gas natural entre Trinidad y Tobago y Venezuela”.

Otro de los temas presentes durante toda la conferencia fue la crisis que está atravesando Haití. Los países acordaron brindar mayor apoyo al gobierno y al pueblo haitiano y realizar una visita al país, que finalmente se llevó a cabo el 27 de febrero.

La presencia llamativa en la reunión fue la del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau que, por un lado, fue a ofrecer fondos para distintas iniciativas relacionadas con el cambio climático o la salud y, por el otro, manifestó sus intenciones de seguir enviando buques y aviones militares a Haití, con la excusa de apoyar a la policía haitiana a combatir la violencia.

Cabe destacar que, luego del pedido del primer ministro haitiano de “ayuda” internacional en octubre pasado, Canadá y Estados Unidos han venido debatiendo sobre la posibilidad de formar una fuerza conjunta para enviar Haití y no se han puesto de acuerdo. Sin embargo, Canadá ya envió aviones y avisó que va a enviar buques.

Además, se conversó sobre algunos temas relacionados con las fronteras entre Belice y Guatemala, Belice y Honduras y Guyana y Venezuela, así como de la situación de gobernanza de las Islas Vírgenes Británicas, reafirmando su derecho a la libre determinación y reclamando al Reino Unido que desista de la intención de disolver la Asamblea legislativa e imponer un gobierno directo sobre las Islas.

En el caso de Guyana y Venezuela, se trata de dos países del Caribe continental que mantienen un diferendo histórico —con raíces en el pasado colonial— por la región del Esequibo. El conflicto sumó un nuevo capítulo a principios de abril, cuando la Corte Internacional de Justicia decidió en contra de un pedido de Venezuela declarándose competente en la controversia. La intensificación de la disputa se da de la mano con el desarrollo de proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos en las aguas del Caribe que son parte del área en reclamación; e involucra entre otros actores a la ExxonMobil Corporation, que proyecta una significativa inversión en lo que es considerado una “nueva Dubai”. Precisamente para abril estaba prevista una licitación importante, que fue suspendida temporalmente por el gobierno de Guyana.

XVIII Cumbre Iberoamericana

A fines de marzo se desarrolló en Santo Domingo una nueva edición de la devaluada Cumbre Iberoamericana, organización por medio de la cual Portugal y especialmente el Reino de España pretenden mantener una línea abierta de relación con el continente, en el marco de lo que denominan como Iberoamérica, una supuesta identidad común que está anclada de manera anacrónica en los antiguos lazos de dominación por parte de esas potencias europeas en la región, desde fines del siglo XV hasta el siglo XVIII. Como es habitual, el encuentro fue más importante en clave de propaganda de este concepto que en cuanto a definiciones con un impacto relevante en el escenario geopolítico.

Dentro de este marco limitado, igualmente se destacaron algunas manifestaciones, como la aprobación de un documento en rechazo a la política estadounidense de bloqueo hacia Cuba, que caracteriza a las medidas coercitivas unilaterales como “contrarias a la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional”; así como otro acuerdo sobre “la necesidad imperante de una reforma estructural de la arquitectura financiera internacional”, para lograr “un mayor influjo de recursos destinados al desarrollo sostenible” en la región. Además, se difundió una declaración específica “sobre la cuestión Malvinas”, en la que convocan a reanudar las negociaciones entre Argentina y el Reino Unido para “encontrar una pronta solución a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, en el marco de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, de la Organización de los Estados Americanos y de las disposiciones y objetivos de la Carta de las Naciones Unidas, incluyendo el principio de integridad territorial”. El sinuoso texto apunta a conciliar intereses y posturas irreconciliables, entre un continente americano que respalda la soberanía argentina en las islas del Atlántico Sur y por otro lado posiciones como la del Reino de España, que apoya la ocupación ilegal que mantiene el Reino Unido en ese territorio americano, en el que por otra parte las empresas de la península ibérica —en especial las pesqueras— no se privan de hacer negocios.

En líneas generales, la Cumbre se inscribió en los renovados esfuerzos de los países de Europa occidental por recuperar posiciones en el continente americano, lo que en sus documentos oficiales denominaron “el relanzamiento de la interacción birregional” . En este camino, otro espacio de relevancia será la Cumbre Unión Europea – CELAC, que se desarrollará en Bruselas el 17 y 18 de julio.

Biden y las cumbres “de la democracia”

También a fines de marzo se realizó la tercera versión de la llamada “Cumbre de la Democracia” organizada por Biden de forma virtual. Al encuentro, con el que EE. UU. busca institucionalizar un bloque en su disputa con China, fueron convocados sólo aquellos países que Washington considera que entran en su definición de democracia. Fuera de los temas previsibles, lo interesante para la región fue el rechazo de Brasil a suscribir la declaración final y la escasa participación de países del Caribe —ningún país de esta subregión aparece como firmante del documento—.

En el caso de Brasil, la disidencia principal fue el desacuerdo con el abordaje de la guerra en Ucrania. El gobierno de Lula planteó que el ámbito natural de discusión del tema es la Organización de Naciones Unidas. Como destaca desde un enfoque conservador el experimentado analista Rosendo Fraga, Brasil prefirió marcar distancia y coincidir con los BRICS antes que con el poderoso anfitrión de la Cumbre, a diferencia de otros países que firmaron la declaración sin disidencias —o con disidencias menores— y “constituyen el bloque más alineado con Washington, aunque muestran líneas político-ideológicas diferentes”. Entre estos países se encuentran Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, con gobiernos que ocupan de conjunto un amplio arco político, desde el progresismo moderado hasta la ultraderecha.

Marchas, contramarchas

Por fuera de estos organismos, y con base en las afinidades políticas —además de los problemas en común, que en algunas ocasiones alcanzan magnitudes importantes—, los temas económicos y financieros atraviesan las iniciativas bilaterales y multilaterales. Este es, por ejemplo, el caso de la inflación. A principios de marzo, el presidente mexicano anunció que sostuvo conversaciones con los presidentes de Brasil, Argentina, Colombia y Cuba “para intercambiar puntos de vista, unirnos, ayudarnos mutuamente a enfrentar el problema inflacionario”. Poco después el mandatario argentino declaró que tenía el interés de sumar a Chile a esta estrategia.

Otro de los puntos destacados de este cuatrimestre fue el enfrentamiento entre EE. UU. y México. Ante el intento de algunos sectores de intervenir militarmente con la excusa de la “guerra contra las drogas”, a principios de marzo el propio López Obrador condenó esta pretensión situándola en términos bastante claros: “A México se le respeta. No somos una colonia de EE. UU.”, expresó el presidente mexicano. Poco después, a mediados de abril, AMLO acusó al Pentágono y la DEA de espiar a las Fuerzas Armadas Mexicanas y también señaló que desde estos organismos se filtra información hacia medios de comunicación de su propio país.

Estos y otros signos de integración se dan en un contexto donde la rama militar de EE. UU. continúa elevando el perfil, en particular en torno a la disputa por los territorios con existencia de bienes que pueden ser transformados en recursos energéticos. En este sentido causaron revuelo las declaraciones de la jefa del Comando Sur, Laura Richarson, quien advirtió sobre la importancia de la disputa en este plano. Justamente en momentos en que aparecen decisiones importantes de gobiernos como el de México y Chile respecto al litio. Otra señal, aunque en este caso civil, de la misma política fue la visita a Argentina de la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman, segunda de Antony Blinken en el Departamento de Estado, quien sostuvo reuniones con altos funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Energía de este país, en lo que pareciera ser un eslabón de intensas presiones para que Argentina no desarrolle una central nuclear con tecnología china.

Un panorama heterogéneo en el Cono Sur

En el Cono Sur, los primeros cuatro meses del año estuvieron cargados de intensidad. Para ejemplificar, basta señalar que el 1º de enero asumió Lula la presidencia de Brasil y comenzó así su tercer mandato por elección popular —el primero luego de la persecución judicial que le impidió presentarse y facilitó el triunfo de Jair Blsonaro en 2018— y sumarle que el último día del cuatrimestre, el 30 de abril, se realizaron las elecciones presidenciales en Paraguay, en las que el Partido Colorado retuvo el gobierno, en una elección que dejó varios temas para analizar. Entre los dos extremos de este período se desarrollaron una gran cantidad de hechos y procesos significativos en estos países, así como en Argentina, en Chile y en Uruguay. Este será un breve intento de síntesis que apenas mencionará —e incluso dejará afuera— temas muy importantes.

La elección de Paraguay es significativa para el futuro del país pero también tiene implicancias geopolíticas. Se trata de uno de los aliados históricamente más estrechos de EE. UU., que desde 2022 pasó a intervenir abiertamente en el escenario político local, incluso con alocuciones del embajador norteamericano en Asunción y de otros funcionarios del Departamento de Estado, seguidas en vivo por todo el periodismo, el arco político y otros sectores de la sociedad paraguaya. No era para menos, porque entre otras medidas EE. UU. informó que oficialmente declaraba como “significativamente corruptos” al expresidente y hombre fuerte del partido Colorado Horacio Cartés y al vicepresidente (y entonces precandidato a la presidencia) Hugo Velázquez, además de otros funcionarios administrativos y judiciales.

En relación con los resultados de las elecciones, en primer lugar hay que apuntar que la candidatura de Santiago Peña (con 42,74% de los votos) obtuvo una diferencia clara sobre Efraín Alegre (28,74%). Peña, de perfil tecnócrata, fue ungido por Cartes. Alegre fue el candidato de la Concertación Nacional, una coalición liderada por el Partido Liberal Radical Auténtico que agrupó desde partidos de ultraderecha como Patria Querida hasta sectores del Frente Guasú (FG). En muchas especulaciones previas se esperaba un resultado más ajustado.

El otro dato saliente de la jornada fue la votación alcanzada por Payo Cubas, un referente de ultraderecha que con su partido Cruzada Nacional, de escasa estructura, logró el 22,91%. Luego de conocerse los resultados, Cubas denunció fraude por parte del Partido Colorado y convocó a sus seguidores a movilizarse. Al cierre de esta edición, se registraban algunas protestas frente al Tribunal Electoral.

La izquierda, que fue dividida en la candidatura presidencial —otros sectores del FG apoyaron la candidatura de Euclides Acevedo, que llevaba como presidente al senador Jorge Querey y alcanzó el 1,36%—, se presentó unificada en una lista para el Senado pero esta alcanzó apenas el 2% de los votos. De esta manera, a partir del próximo período su bancada se reduce a solo una senadora: Esperanza Martínez. Más allá de su mala elección, el Frente Guasú deberá afrontar también una etapa compleja en el marco de las tensiones que recorrieron la campaña y que están lejos de resolverse.

En relación con el parlamento, el Partido Colorado contará con mayoría en ambas cámaras, aunque eso no asegurá que no habrá conflictos internos, como los protagonizados en la actual etapa de gobierno entre Honor Colorado, que responde a Horacio Cartes, y Añetete, al todavía presidente Mario Abdo.

El nuevo gobierno deberá afrontar un debate que crece en el país respecto a la política exterior: la relación con China, imposible mientras Paraguay sea uno de los pocos países del mundo —y el único en América del Sur— que reconoce la existencia de Taiwán como Estado soberano. Además, se encuentra pendiente de discusión con Brasil el Anexo C del Tratado de Itaipú, en relación con las posibilidades —negadas hasta el momento— que tiene Paraguay de vender su excedente de energía a precios de mercado. A estos temas hay que sumarles desafíos internos comunes a la región pero que impactan de modo específico, como el crecimiento del narcotráfico y la violencia asociada al fenómeno, que incluye corrupción policial, militar y en general, de todos los niveles del Estado. Otro tema central es el conflicto por tierras y la necesidad de un proceso de reforma agraria que garantice tierra para trabajar y para vivir a la población rural, que en Paraguay es el 37,5% del total.

En el caso de Brasil, como señalamos al principio, el 1º de enero de 2023 Lula juró por tercera vez como presidente. El acto de investidura estuvo cargado de simbolismo positivo, que acompañó el sentimiento de esperanza que se había manifestado tras la victoria electoral en octubre de 2022. La banda presidencial no la pasó Bolsonaro, que se negó a estar presente en el acto, sino Aline Souza, de 33 años, una recicladora que trabaja en una cooperativa y es madre de siete hijos. Además de Souza, participaron en la ceremonia otras siete personas que representaban la diversidad del pueblo brasileño.

Tras la esperanza representada por la victoria de Lula y la toma de posesión, un golpe de realidad golpeó a la sociedad brasileña. El 8 de enero, partidarios de Jair Bolsonaro invadieron la Praça dos Três Poderes en Brasilia y atacaron el Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF). Aunque este acto fue repudiado por la gran mayoría de la sociedad, incluidos los principales medios de comunicación, demostró que el bolsonarismo no murió con las elecciones. Puede que se haya debilitado, pero para extirparlo de la sociedad será necesario tomar una serie de medidas, entre ellas castigar a los participantes, financiadores y principales líderes políticos del bolsonarismo.

Después de 4 años de gobierno de destrucción, la misión del nuevo gobierno de Lula es reconstruir el país. Esta reconstrucción comenzó su primer día cuando revocó el decreto que facilitaba la portación de armas, revocó una medida del gobierno de Bolsonaro que incentivaba la minería ilegal en la Amazonia, firmó una medida provisoria garantizando el pago de ayudas de 600 reales, entre otras. En estos cuatro meses, Lula recuperó el protagonismo internacional de Brasil, al reunirse con líderes latinoamericanos, con Joe Biden, en Estados Unidos, y especialmente por su viaje a China y su encuentro con Xi Ji Ping. Además de firmar 15 acuerdos con el gigante asiático, Lula reafirmó la política exterior independiente de Brasil al proponer que las negociaciones entre países se hicieran de otra forma, no a través de la intermediación del dólar.

En estos primeros cuatro meses de gobierno, también han comenzado a manifestarse los desafíos que habían sido planteados por OBSAL en nuestro último Cuaderno de 2022, Entre la esperanza y los desafíos: perspectivas para el tercer gobierno Lula.

En el frente económico, los principales desafíos se centraron en la política monetaria y la política fiscal. En cuanto a la primera, Lula criticó las elevadas tasas de interés que había en el país y al presidente del Banco Central de Brasil (Bacen). La política de altas tasas de interés obstaculizaba el crecimiento económico y podía incluso contribuir a un proceso recesivo al encarecer los préstamos y el consumo. El presidente del Bacen fue nombrado por el gobierno de Bolsonaro y está demostrando que no pretende utilizar la política monetaria para satisfacer las necesidades de la población. El problema es que con la aprobación de la autonomía del Bacen, realizada durante el gobierno de Bolsonaro, también se aprobó que el presidente del organismo tenga un mandato de cuatro años, período que terminará  en medio del gobierno subsiguiente, y no puede ser cambiado por decisión del presidente de la República. Campos Neto es un antiguo ejecutivo del Banco Santander, con una visión económica diferente que no responde a  aspiraciones socioeconómicas del gobierno de Lula.

La política fiscal actual es de limitación del gasto público. Aprobada durante el gobierno de Michel Temer, esta política congeló el gasto público durante 20 años. En la práctica cualquier política de desarrollo económico dejaría a las áreas sociales carentes de los recursos necesarios. En un intento por cambiar la actual política fiscal, el Gobierno, a través de su ministro de Hacienda, Fernando Haddad, envió al Congreso una nueva propuesta para el área. La misma, aunque sigue siendo insuficiente para atender las reales necesidades sociales, presenta algunos puntos de avance en relación con el techo de gasto público al sacar el foco de la política fiscal en la contención del gasto y dirigir la atención hacia la recaudación y las metas de resultados primarios. Aunque las metas son rígidas, en la presentación del gobierno del documento se destaca que el nuevo marco fiscal asistirá a los pobres en el presupuesto, recuperará las políticas sociales y habrá más margen para la inversión pública.

La autonomía del Banco Central y la política de limitación del gasto público son dos salvaguardas para mantener la adopción de políticas económicas neoliberales, independientemente del gobierno que esté al frente del país. Fueron medidas que se establecieron después del golpe de 2016 a Dilma Rousseff y también en el gobierno de Bolsonaro. Estructurar así las áreas fiscal y monetaria es quitar autonomía a los gobiernos legítimamente elegidos para manejar las principales políticas económicas según sus necesidades. Es estar bajo la imposición de los designios del “mercado”. Esta institucionalización de la política económica no tiene nada de democrática. La estructuración de la política económica puede ser un factor más que explique la connivencia de las clases dominantes del país en 2022 ante la posibilidad de la victoria de Lula y su respaldo a los resultados electorales. El margen de maniobra a nivel de política económica para cambiar es pequeño y, si se produce, es muy lento. El nuevo marco fiscal es un avance, aunque sea limitado. El pueblo brasileño debe estar alerta y preparado para avanzar en los menores resquicios que la realidad concreta nos proporcione.

Difícil es el panorama inmediato en su vecino y principal socio comercial en la región. En el caso de Argentina, en los primeros meses del 2023 la crisis económica se agudizó, con una tasa de inflación anual superior al 100 por ciento y una escalada del valor del dólar, significativa en sí misma pero también por el efecto en nuevos aumentos de precios. Este proceso, que crece a un ritmo sostenido al menos desde los últimos meses, deteriora el salario real y en general los ingresos fijos —jubilaciones y pensiones, planes de asistencia y apoyo estatal, presupuestos de servicios públicos—, implicando una transferencia de ingresos de los sectores populares a las empresas que dominan los mercados de producción y consumo.

El gobierno del presidente Alberto Fernández se encuentra atado de pies y manos por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que él mismo impulsó desde el principio de su gestión, incumpliendo una promesa de campaña. Esto implicó en los hechos avalar la enorme deuda contraída por el gobierno neoliberal de Mauricio Macri (2015-2019) y por lo tanto someter al pueblo al proceso de ajuste que recomienda este organismo, lo cual de paso mantiene controlada la política exterior.  Sobre la utilización de la deuda externa como herramienta geopolítica en general, en abril de 2022 desde OBSAL elaboramos un Cuaderno especial de Debates estratégicos de Nuestra América llamado La gran estafa: deuda, FMI y neoliberalismo, que también analiza como caso particular la experiencia argentina reciente.

La crisis del dólar se encuentra asociada a la especulación en torno a un bien escaso: el gobierno argentino se comprometió a pagar intereses y servicios de la deuda por montos multimillonarios y la economía del país no genera los suficientes dólares para efectivizar esos pagos. Más aún en un contexto de sequía que afecta especialmente sus principales rubros de exportación, ligados al campo. La presión devaluatoria y la existencia de múltiples tipos de cambio, algunos de ellos producto de concesiones a sectores poderosos como el agronegocio (como el llamado “dólar soja”), distorsiona los precios relativos y afecta al conjunto de la sociedad. En especial, la escalada inflacionaria es intensa en rubros como alimentos y bebidas no alcohólicas. Por otro lado, existe un serio problema de vivienda, con un déficit habitacional de aproximadamente 3,5 millones de viviendas y también fueron importantes los aumentos en el valor de los alquileres, en relación con los ingresos. Además, se espera que en los próximos meses aumente el valor de los servicios públicos. Con este panorama, el humor social no es el mejor y se generaliza la difusión de artículos y estudios sobre el crecimiento del rechazo de la población a la política.

La crisis, que es multidimensional, se desarrolla a pocos meses de las elecciones generales (presidenciales y legislativas) y en medio de un fragmentado calendario institucional de las diferentes provincias y municipios, que reproduce la dispersión y el reacomodamiento que marca el tablero político. En los próximos meses se irán sucediendo elecciones provinciales y en agosto están previstas las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) donde los diferentes espacios dirimirán las candidaturas que llegarán a las elecciones de octubre. Eventualmente, en noviembre sería el balotaje presidencial entre las dos candidaturas más votadas.

En este marco, el presidente Alberto Fernández anunció en abril la previsible noticia de que no intentará la reelección. La coalición gobernante se encuentra en debate entre los diferentes sectores que la componen. Su principal figura, la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se encuentra perseguida por el Poder Judicial y hasta el momento ha sostenido que no será candidata “a nada”. A pesar de esto diferentes sectores continúan realizando actos y declaraciones públicas con la intención de que la expresidenta vaya por un tercer mandato. Hasta el momento nada parece definido, excepto lo que parecen ser diferencias ya insalvables con el presidente. En los últimos meses Fernández de Kirchner ha criticado varios aspectos centrales de la política del gobierno. A fines de abril, incluso, planteó que «el acuerdo que se firmó con el FMI es inflacionario» y señaló que debe ser renegociado. También se sumó a las voces que critican al presidente por su exceso de moderación: “Por no querer enojar a algunos, terminás enojando a todos”, sintetizó.

El 24 de junio es la fecha límite para la presentación de listas. A medida que pasan los días,  urgen cada vez más las definiciones. Al cierre de este informe, el Frente de Todos tiene como únicos precandidatos confirmados al embajador en Brasil, Daniel Scioli; y al dirigente social Juan Grabois. También suenan como posibles precandidatos el actual jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro del Interior, Wado de Pedro, integrante de La Cámpora, agrupación liderada por Máximo Kirchner. El propio ministro de Economía, Sergio Massa, es sugerido “en off” a pesar de los problemas económicos. Aunque el cuadro a esta fecha está lejos de completarse, la heterogeneidad de estos perfiles muestra un poco de la diversidad ideológica que habita en el Frente y que comenzará a ordenarse (o no) a partir de las PASO.

Hacia la derecha, la todavía coalición principal (Juntos) se encuentra inmersa también en su interna, con sectores liderados por el alcalde la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, enfrentados a la ex ministra de Seguridad, Paticia Bullrich, que a su vez es apoyada por el expresidente Mauricio Macri, quien también desistió públicamente de su candidatura, luego de analizar que no medía bien en las encuestas. Este espacio se encuentra tironeado por lo que parece un imparable crecimiento de la fuerza de ultraderecha La Libertad Avanza, liderada por el economista Javier Milei, en el contexto de un avance marcado de las consignas del denominado campo “libertario”, que orienta hacia posiciones de extrema derecha diversos temas en debate, como la seguridad, la diversidad e incluso la soberanía monetaria del país. En las últimas semanas de abril se generalizó un debate sobre la conveniencia o no de la dolarización.

En Chile, se cumplió un año del gobierno de Gabriel Boric, caracterizado por desarrollarse en un marco de retroceso del progresismo y la izquierda. Los espacios políticos que planteaban superar el sistema heredado del pinochetismo se encontraban en avanzada luego del estallido iniciado en octubre de 2019. En un contexto de gran heterogeneidad y dificultades para alcanzar síntesis, este proceso alcanzó su cumbre en las elecciones de constituyentes de mayo de 2021, luego de lo cual comenzó a deteriorarse y evidenciar su crisis con la derrota en el plebiscito de septiembre de 2022, cuando por amplia mayoría se rechazó el texto constitucional aprobado en la Convención. Pero antes de esa catástrofe, en diciembre de 2021, Boric le había ganado por poco a José Antonio Kast, un emergente a la derecha de la derecha que —como sucede en otros países— creció desde los márgenes hasta convertirse en una figura central.

En este marco se desarrolló el gobierno de Gabriel Boric desde el 11 de marzo de 2022. Un año después, el panorama muestra una administración moderada al punto de que muchas de sus políticas no se diferencian nítidamente de los gobiernos de derecha que lo precedieron, en particular en seguridad y política exterior. Entre los puntos más importantes de los últimos meses hay que mencionar, por un lado, la subordinación prácticamente total a la política exterior de EE. UU. y la continuidad de la militarización de la Araucanía, para hacer frente al conflicto territorial que involucra el reclamo histórico del pueblo mapuche. A este enfoque represivo de un problema con múltiples dimensiones hay que sumar también la aprobación de una normativa que estimula el “gatillo fácil” por parte de los Carabineros. Un matiz importante en este sentido puede ser el lanzamiento de la Estrategia nacional del Litio, anunciada por el presidente a través de un video a fines de abril.

El giro a la derecha del panorama político  terminó de completarse al cierre de este informe, cuando en las nuevas elecciones de constituyentes la derecha en su conjunto alcanzó mayoría absoluta: el Partido Republicano de Kast por sí solo superó el 35,5% y la derecha más tradicional, que gobernó con Piñera, sumó 21,6%. La coalición de referencia en el gobierno de Boric, incluyendo al Partido Socialista, llegó apenas al 28%. De esta manera, las fuerzas conservadoras tendrán poder de veto y se cierran las posibilidades de una Constitución radicalmente diferente a la actual, demanda clave de estallido de octubre de 2019.

En Uruguay, el tema de debate político principal fue el proyecto de reforma previsional que logró aprobar en el Parlamento la coalición gobernante, luego de superar algunas diferencias internas con algunas concesiones al partido prodictadura Cabildo Abierto. El proyecto de ley había sido repudiado el 23 de marzo por una movilización popular convocada por la central sindical PIT-CNT, a lo cual luego se sumó la convocatoria a un paro con movilización a fines de abril. El movimiento sindical apuntó al aumento de la edad jubilatoria (de 60 a 65 años) y la obligatoriedad de aportar al sistema privado de ahorro previsional como principales puntos perjudiciales para la clase trabajadora.

Otra noticia importante tiene que ver con el comienzo de operaciones de una tercera planta procesadora de pasta de celulosa (la segunda de UPM, una trasnacional de origen finlandés). De acuerdo a los análisis previos, se convertirá en la inversión más grande de la historia uruguaya, con un monto de 3470 millones de dólares. Ante los efectos de este megaemprendimiento, diferentes organizaciones de la sociedad civil plantearon su oposición porque “limita la soberanía nacional y afecta negativamente la calidad ambiental”, destacando la situación de crisis hídrica del país y en particular las floraciones excepcionales de cianobacterias.

Por último, hay dos temas que involucran especialmente a la coalición de gobierno en escándalos de diversa naturaleza. Uno es la continuidad del llamado “caso Astesiano” —por el nombre del ex jefe de seguridad del presidente Lacalle Pou—, que remite a graves hechos de espionaje que detallamos en el informe anterior, sobre el que se siguen descubriendo nuevos elementos. El otro se relaciona con las denuncias contra el senador Gustavo Penadés, del Partido Nacional, por abuso sexual a menores. La primera acusación contra este dirigente fue realizada por una militante de su propio partido, pese a lo cual el senador fue respaldado por el presidente y por su también correligionario Luis Alberto Haber, ministro del Interior. Sin embargo, luego se sumaron más denuncias. Al cierre del informe, el caso se encuentra bajo investigación judicial.

Para finalizar, hay que mencionar que en Uruguay, Argentina y Chile en los últimos meses se vivieron importantes sequías e incendios forestales, con muchas regiones alcanzando récords de calor, fenómenos con efectos sociales y económicos significativos, que muestran a su vez el proceso más general de cambio climático.

Mesoamérica: una región convulsionada por la crisis migratoria, la violencia social y la precariedad institucional

La región mesoamericana viene atravesando una profunda crisis migratoria a raíz de la violencia social, inestabilidad política y crisis económica que afecta a la mayoría de los países. Estas economías no logran recuperar sus índices económicos previos a la pandemia de la Covid 19 y esto se vio agravado con el alza de los precios internacionales de alimentos y energía por el conflicto bélico en Ucrania. En los informes de coyuntura del año pasado hicimos énfasis en la problemática migratoria de todo el continente, pero principalmente la que sucede en los países centroamericanos y México. Estos son Estados destinatarios, territorios de tránsito y origen de los procesos migratorios. En el 2022 se registró un aumento del treinta por ciento de los desplazamientos migratorios hacia Estados Unidos. Datos recientes de la Organización Internacional de Migraciones (OIM) de la ONU indican que en el último año fueron asesinados 433 migrantes en la frontera de México y EE. UU. a causa de las peligrosidad en el tránsito migratorio por la presencia de bandas criminales, el hacinamiento en los establecimientos y centros de detención migrantes, por la militarización de la frontera y la política de control fronterizo por parte de las políticas de la administración estadounidense. La principal medida de expulsión de migrantes es la trumpista Título 42 , que desde su vigencia en 2020, expulsó alrededor de dos millones y medio de migrantes. Esta política caducará el 11 de Mayo y desde EE. UU. ya han informado que movilizarán cerca de 1 500 soldados a la frontera, ya que se prevé el aumento de los cruces irregularizados.

El 27 de marzo murieron 40 migrantes y más de 26 resultaron heridos a causa de un incendio sucedido en un centro de detención del Instituto Nacional de Migraciones de México (INM) ubicado en Ciudad Juárez, al noroeste de la frontera México y Estados Unidos. La tragedia no es un hecho aislado, sino que es consecuencia de la crisis migratoria y la respuesta securitaria por parte de los gobiernos, como hicimos mención anteriormente. Estas medidas de control fronterizo impuestas por la Casa Blanca hacia México generan un proceso de inmovilidad de los grupos migrantes que buscan traspasar la frontera e incertidumbre a partir de la irregularidades a las que se ven sometidos por falta de documentación y políticas que regularicen su situación por parte del gobierno mexicano.

La muerte de los migrantes expuso las condiciones inhumanas de las instalaciones migratorias y la situación crítica en que viven estas personas. Esto viene siendo denunciado hace muchos años por organizaciones migrantes y de derechos humanos. Migrantes y familiares de las personas fallecidas reclamaron ante el INM y el gobierno federal por la desidia institucional que causó las muertes, denunciaron el no aprovisionamiento de agua y comida y el encierro ilegal que sufrieron los migrantes. Estos en reclamo a las pésimas condiciones de atención y cuidado se manifestaron quemando varios colchones del establecimiento, lo que causó el incendio  en todo el albergue. Según el presidente López Obrador, la acción se llevó a cabo luego de que se enteraran que iban a ser deportados a su país de origen. Los cuarenta migrantes eran de diferentes nacionalidades: dieciocho guatemaltecos, siete salvadoreños, siete venezolanos, seis hondureños y un colombiano . Como respuesta, más de tres mil personas se dirigieron en un “viacrucis migrante” desde el sur de México hacia la capital del país en pedido de justicia por el asesinato de los migrantes.

Las responsabilidades de lo sucedido están apuntadas tanto hacia el INE como a la empresa de seguridad privada, Grupo de Seguridad Privada CAMSA,  que estaba a cargo del control del establecimiento. Hasta el momento son cinco los detenidos: tres agentes de Migración, dos policías de seguridad privada y un migrante.

En México, el 18 de febrero  López Obrador firmó el decreto que nacionaliza el litio y de esta manera asegurar la protección de este mineral y la soberanía sobre los recursos naturales. La normativa establece que cerca de 234 mil hectáreas de reservas pasarán a ser consideradas como una reserva mineral de litio. La firma del decreto viene a completar el proceso que el gobierno comenzó en abril del año pasado, cuando consiguió una modificación de la Ley Minera que reconocía al litio como un recurso exclusivo del pueblo de México y determinó que la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento quede a cargo del Estado a través de la creación de LitioMx, empresa pública a cargo de la Secretaría de Energía.

EL 27 de marzo se cumplió un año del régimen de excepción en El Salvador. El gobierno de Nayib Bukele tras conseguir la mayoría en el Congreso Nacional y destituir a los miembros del Poder judicial por jueces afines, consolidó su modelo autoritario a partir del discurso de «guerra contra las pandillas». Esto se llevó a cabo con una fuerte política publicitaria hacia el interior del país como a nivel internacional donde se intenta vender como exitoso el modelo de combate contra las maras impulsado por el mandatario.

Recapitulando lo sucedido doce meses atrás, el punto de inflexión que llevó a decretar el estado de excepción fue la ola de homicidios que terminó con 87 muertos en un día. Si bien, investigaciones prueban que las matanzas fueron producto de la ruptura del acuerdo que el Presidente tenía con algunas pandillas, esta situación fue usada para avanzar por medio de la Asamblea Legislativa en la suspensión de los principales derechos civiles. El derecho a tener un abogado defensor ante la detención por la Policía fue suspendido, al igual que ser presentado ante un juez en un plazo de 72 horas después de la captura y el de asociarse con otras personas, que estuvo restringido durante cinco meses, entre el 27 de marzo y el 17 de agosto de 2022 —la Asamblea Legislativa lo restituyó cuando prorrogó el régimen por quinto mes consecutivo— .

Además, el año pasado,  la Asamblea aprobó un decreto que liberó al gobierno de la obligación de someter a concurso y licitaciones contrataciones y compras públicas mientras esté vigente el régimen de excepción, lo cual permitió Bukele adjudicar contratos directos y ocultar toda información sobre montos y compras. Por esto, no se conoce la cifra  millonaria de la adjudicación del Centro de Confinamiento del Terrorismo – CECOT -, el establecimiento tiene la capacidad para cuarenta mil presos y es la cárcel más grande del continente.

Tras un año, con la duodécima extensión del estado de excepción, los saldos arrojados de esta política represiva y autoritaria son los siguientes: más de 65 mil personas detenidas, cientos de muertos en las cárceles y múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos. Amnistía Internacional y organizaciones de derechos humanos han denunciado las torturas, desapariciones forzadas y muertes propiciadas por el régimen de Bukele a civiles. Human Rights Watch y la organización salvadoreña Cristosal presentaron un informe en diciembre de 2022, en el que documentaron cientos de arrestos ilegítimos. Calificaron esta práctica como “masiva” y las violaciones a los derechos humanos de los detenidos como “generalizadas y graves”. En enero de este año, la organización internacional dijo haber tenido acceso a una base de datos del Ministerio de Seguridad y Justicia y haber confirmado cientos de casos publicados en la prensa o denunciados por otras organizaciones.

Consultado por OBSAL sobre la situación social y política que atraviesa El Salvador, el periodista Leonel Herrera, indicó que

la propaganda gubernamental señala que se terminaron las pandillas, y la gente percibe también una situación de relativa tranquilidad, calma en los lugares donde las pandillas operaban con total impunidad. Lo que sucede es que hay muchas dudas al respecto. La primera es si realmente ha habido una ofensiva orientada a aniquilar a las pandillas o si ha sido una estrategia focalizada y relativizada, porque, por ejemplo, los líderes de las pandillas están fuera de las cárceles, muchos están en México y hay información periodística que confirma que los cabecillas, la “ranfla” le llaman, andan libres. Bukele los protegió, no los quiso extraditar a Estados Unidos y andan libres. Hay audios de funcionarios del gobierno que reconocen el traslado de dirigentes de las pandillas hacia Guatemala. Entonces pareciera que la ofensiva ha sido contra la base de las pandillas y no hacia la dirigencia de las pandillas. La propaganda de Bukele que exhibe a los pandilleros detenidos no ha mostrado a dirigentes de las pandillas detenidos. Entonces ahí hay una gran duda, es decir, de verdad ha sido una ofensiva o ha sido más un simulacro y focalizó hacia la base pandilleril.

Lo otro que preocupa al comunicador salvadoreño es la continuidad del estado de excepción y el objetivo por el cual Bukele lo está implementando:

el estado de excepción lleva más de un año y hay serias sospechas de si realmente fue para perseguir a las pandillas o si fue para otra cosa. Esto es importante porque para perseguir a las pandillas había suficiente marco legal, no era necesario un régimen de excepción. Hay una ley de proscripción de las pandillas, hay una sentencia de la sala de lo constitucional que las declara grupos terroristas, o sea, hay marco legal para perseguir a las pandillas. El régimen de excepción probablemente fue para otra cosa, ¿verdad? Para tener cancha libre, para detener arbitrariamente a cualquier persona, para anular los requisitos para las compras gubernamentales, para profundizar el carácter autoritario del gobierno, para intimidar a la gente, porque mucha gente hasta se ha callado por temor a que lo detengan. Entonces no se sabe cuál es la política real.

La incógnita, tras un año del estado de excepción, es cómo va a seguir esta ofensiva contra las pandillas y la manera en que la sociedad se va a recuperar de sus consecuencias. La duda está puesta en las intenciones reales de Bukele de solucionar esta problemática de violencia o si es sólo una estrategia electoral en busca de su reelección. Para Herrera, “la narrativa gubernamental es que los detenidos en las cárceles nunca van a salir. Esa es la perspectiva de la rehabilitación que tiene este gobierno. Todo termina siendo represión, no hay rehabilitación. Entonces, una política de ese tipo es insuficiente”. El periodista indica que no se están abordando las causas estructurales de la violencia como es la marginación social, la exclusión económica y la falta de oportunidad, que son el germen de las pandillas:

“el régimen puede detener a todos los pandilleros y meterlos presos y nunca sacarlos de la cárcel, pero dentro de 5, 10, 15 años va a tener otra generación de otros 100 mil pandilleros porque no se abordó las causas estructurales y la niñez que va creciendo va a seguir encontrando en las pandillas o en la migración hacia Estados Unidos los escapes y las salidas para la situación difícil que enfrentan”, señala Herrera.

A pesar de las violaciones a los derechos humanos denunciadas por muchas organizaciones y del avasallamiento del estado de derecho, es alta la aprobación popular del presidente salvadoreño. Todo indica que Bukele va a reelegir en el 2024, aunque para algunos analistas esto sería inconstitucional. Para Elizeo Herrera, la “guerra contra las pandillas” es el principal caballo de batalla electoral del gobierno y buscarán seguir cinco años más en el poder con el discurso “ya terminamos con las pandillas, ahora vamos con el desarrollo económico y si gana la oposición, las pandillas van a volver a las calles a robar, extorsionar y violar”.

Guatemala es el primer país de la subregión que va a las urnas. El pasado 10 de enero se presentaron las candidaturas para las elecciones presidenciales a desarrollarse el 25 de junio. Se inscribieron 23 binomios de los que participan 29 partidos políticos. Para entender el contexto crítico en el cual se realizarán los comicios es fundamental adentrarse en tres elementos, la situación social y económica del país, la precariedad institucional y la fragmentación política. Para esto, desde OBSAL entrevistamos al dirigente social Carlos Barrientos.

El país centroamericano tiene los mayores niveles de desnutrición infantil del continente. Casi el cincuenta por ciento de los niños y niñas padece de desnutrición infantil crónica. La pobreza se aproxima al sesenta por ciento, situación que empeoró con la pandemia de la Covid 19. Guatemala es de los países con menor porcentaje de población vacunada y afronta una crisis educativa debido a la ausencia de presencialidad por tres años en el nivel primario y la falta de inversión pública por parte del gobierno. Además, la economía guatemalteca depende de las remesas que ingresan desde EE. UU. por la migración:

 El año pasado, el ingreso de remesas familiares era igual al total de las exportaciones y se prevé que para este año el ingreso de remesas familiares sea superior en 2 500 millones de dólares, es decir, la economía del país se mantiene gracias a las remesas, gracias a que el “principal” producto de exportación son seres humanos que van a trabajar en Estados Unidos y que envían sus remesas familiares. Y eso da lugar a un círculo perverso, decimos nosotros, porque resulta que la gente de distintos lugares sale del país huyendo de la pesadilla, no buscando el sueño americano, sino huyendo de la pesadilla, que es la situación en Guatemala, Señala Barrientos.

La precariedad del estado de derecho se debe a que las instituciones están cooptadas por lo que las organizaciones sociales denominan el “pacto de corruptos”. Se denomina así al entramado de negocios e intereses que vincula a un amplio sector de la política, la justicia, ex militares, empresarios y bandas del crimen organizado. Para el dirigente social, este pacto de corruptos “ha tomado control del Congreso, del sistema judicial, de algunos espacios de la Universidad estatal y , lo que en este momento es relevante, del Tribunal Supremo Electoral, que es el organismo encargado de la organización de las elecciones”.

El tercer elemento es la fragmentación política tanto en la derecha como en la izquierda. De los 29 partidos que participarán de las elecciones, 25 son de derecha, 3 son partidos de izquierda y 1 de centro, socialdemócrata. Esta gran cantidad de partidos se debe a que en realidad cada una de estas organizaciones funcionan como “franquicias electorales”, en palabras de nuestro entrevistado,

se ofrecen al mejor postor, al que ofrezca más dinero y entonces se convierten en vehículos de cualquier candidatura. La oligarquía financia distintos partidos porque al final de cuentas más de alguno gana y después se cobran con los negocios que hacen con el Estado. Hay un nivel de corrupción bastante grande y además hay una presencia del narcotráfico ya en el proceso electoral desde hace ya algunas elecciones.

En lo que respecta al panorama electoral, es importante señalar como por parte de los sectores dominantes, mediante la cooptación del Tribunal Supremo Electoral están configurando un escenario para que la ciudadanía opte entre candidaturas de derecha afines a sus intereses. Esto se da a partir de la exclusión por parte del Tribunal de la fórmula presidencial del partido de izquierda Movimiento por la Liberación de los Pueblos –  MLP, que lleva como candidata a la líder indígena Thelma Cabrera, que aparecía bien posicionada para alcanzar la segunda vuelta. Esto se debe a que su compañero de fórmula Jordán Rodas, ex procurador de los Derechos Humanos, no fue habilitado por denuncias de irregularidades. Si bien el MLP apeló el fallo y varios movimientos sociales se movilizaron contra la exclusión del binomio presidencial, la decisión fue ratificada y queda por esperar la respuesta de la Corte de Justicia.  Al respecto de la situación de la izquierda y los movimientos populares de cara a estas elecciones,  Barriendo señaló:

Hace dos años varias organizaciones estuvimos insistiendo a los partidos de izquierda para que se unieran y formaran una coalición para disputar en el proceso electoral actual. Sin embargo, esto se logró únicamente con dos partidos. Uno es la Unidad Revolucionaria Nacional guatemalteca, la URNG, la antigua guerrilla, y el otro es un partido que se llama Winaq, que es una palabra en idioma maya k’iche’ que quiere decir persona y que fue fundado entre otras por la premio nobel de la paz Rigoberta Menchú. Estos dos son los únicos partidos que van en coalición y que además aceptaron que se hiciera una alianza con organizaciones sociales. Lamentablemente no es la coalición que se hubiera esperado, porque queríamos la alianza de las tres izquierdas y el partido de centro Semilla. Este partido está participando con el hijo de Juan José Arevalo que fue presidente en Guatemala de 1945 a 1950, es la década que se le conoce aquí como la única década democrática del país. En algunos municipios sí fue posible la coalición entre URNG, Guinac y las organizaciones sociales para disputar diputaciones o algunas alcaldías entre ellas en la ciudad de Guatemala donde se constituyó una alianza entre URNG, Winaq y este partido que se llama Semilla.

Una de las principales candidatas de la derecha, como dijimos, es Zury Ríos, hija del dictador Ríos Montt, quien derrocó al general Lucas Garcia el 23 de marzo de 1982, agudizando así la guerra civil que duró más de 30 años y dejó doscientos mil muertos y desaparecidos. Las responsabilidades militares ante las torturas y genocidio perpetrado sobre la población siguen siendo juzgadas. El Frente de Resistencia contra el fraude electoral y la dictadura denunció la candidatura de Ríos por ser familiar del dictador, pero la justicia electoral desestimó la acusación.

Si bien los sondeos de intención de voto no arrojan una tendencia clara, las distintas encuestas colocan a tres candidatos con posibilidad de llegar a la segunda vuelta del 20 de agosto, debido a que no se prevé que alguno alcance al menos el 50 por ciento más uno de los votos necesarios para imponerse en primera ronda. Estos son  Zury Ríos (UNE) , Sandra Torres (Valor y Unionista) y Edmond Mulet (CABAL).

Además de Presidente y Vicepresidente, se elegirán 160 diputados al Congreso, 340 corporaciones municipales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.

Cumpliendo con una de las principales promesas de campaña, en lo que respecta a la política exterior de su país, Xiomara Castro restableció las relaciones diplomáticas entre Honduras y China. El 25 de marzo el canciller Enrique Reina anunció el acuerdo con su par asiático, lo que puso fin a más de ochenta años de vínculo entre el país centroamericano y Taiwán, cuyas relaciones datan desde 1941. Honduras era uno de los pocos países que reconocían a Taiwán. El principio de “una sola China” es la condición puesta por el gobierno Chino para cualquier acuerdo comercial o financiero. El acuerdo tiene una enorme importancia, por un lado muestra el reordenamiento geopolítico del continente hacia una multipolaridad que da cuenta del aumento de la influencia de China en la región y, en particular, en Centroamérica. Desde 2007 a esta parte varios países han roto la diplomacia con Taipei y acordado con el gigante asiático: Costa Rica  (2007), Panamá (2017), El Salvador (2018) y Nicaragua (2021). Por otro lado, esto cobra trascendencia por el no alineamiento a EE. UU. que se venía reclamando desde sectores vinculados al gobierno de Libre, la administración norteamericana había expresado su rechazo a cualquier acuerdo con China por parte del gobierno hondureño.

El 27 de enero se cumplió un año de la asunción de Xiomara Castro como Presidenta de Honduras. Con una aprobación de su gobierno que se aproxima al 62 por ciento, la mandataria ha logrado importantes avances en medidas anunciadas en su programa de campaña, pero afronta una institucionalidad precaria, con la mayoría de las instituciones estatales cooptadas por la narcopolítica y con funcionarios que siguen respondiendo a la estructura de poder del Partido Nacional. Además, las tensiones al interior del partido oficialista Libre y la ruptura de la alianza de gobierno con Salvador Nasralla, abren un clima político de incertidumbre en un contexto social y económico crítico que plantea enormes desafíos para la presidencia de Castro.

Entre los logros del gobierno se encuentran el subsidio a la energía eléctrica para los sectores más vulnerables, la derogación de las ZEDE, el regreso a la presencialidad y la regularización del ciclo lectivo en las escuelas, ley contra la minería a cielo abierto, el impulso hacia políticas orientadas a la soberanía alimentaria, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con China, el saneamiento de las cuentas públicas y el rescate de empresas públicas que estaban en manos de privados. Se avanzó en el acuerdo para la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad —CICIH— en conjunto con la ONU, organismo que se instalará en el país en las próximas semanas. Entre los debe del gobierno se encuentran algunas promesas de reformas estructurales como las consultas populares y el llamado a asamblea constituyente. Además, medidas que hagan frente a los altos índices de desempleo, pobreza y violencia social que afectan a los hondureños y hondureñas. Ante el incremento de la ola de homicidios que sacude al país desde el año pasado, el 31 de marzo el gobierno lanzó la segunda etapa del Plan Nacional de Seguridad “Solución Contra el Crimen” (SCC), algunas de estas medidas son la prórroga, hasta finales de mayo, del estado de excepción en 123 municipios, la intervención de los principales centros penales del país y la disposición de jueces y fiscales para acompañar las decisiones tomadas.

Datos relevados sobre los índices de homicidios muestran una tendencia a la baja desde fines del año pasado y que continua en los primeros meses del 2023, un 26 por ciento menos que si se compara con los números de enero a marzo del 2022. La contracara es el aumento de los femicidios que según el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), la tasa de femicidios de 2022 es de 7.9 por cada 100 000 mujeres, no disminuye al ritmo de los homicidios. Uno de los datos más preocupantes es el segmento de niñas asesinadas (10%), siendo el doble con relación al de los niños (4%).

Otro de los asuntos importantes de los primeros meses del año en Honduras es la presentación por parte del gobierno del proyecto de ley de justicia tributaria. Esta medida se propone poner fin a un periodo que va desde el 2009 al 2022 donde se concedió un “feriado tributario a los ricos”, con aumento de la carga impositiva hacia gran parte del pueblo y exoneraciones fiscales y condonación de deudas tributarias para el sector privado y empresarial. Según el documento difundido por el gobierno se busca

construir un sistema tributario más justo y equitativo, donde paguen más los que más ganan (…) Estas acciones permitirán recaudar más ingresos, sin crear nuevos impuestos ni aumentar tasas, y dotar al Gobierno de los recursos suficientes y necesarios para hacer frente a las históricas demandas sociales y generar el desarrollo integral del pueblo hondureño.

Uno de los desafíos más importantes que tiene el gobierno de Xiomara Castro es dotar de gobernabilidad a su gestión. Las internas que se abrieron al interior de Libre en el comienzo de su presidencia y la ruptura con su compañero de fórmula Salvador Nasralla —quien preside el Partido Salvador de Honduras (PSH)— en octubre del año pasado generan la necesidad de construir acuerdos y alianzas amplias para avanzar con las políticas urgentes que necesita la sociedad hondureña. Al igual que otros gobiernos progresistas de la región, las tensiones al interior de coaliciones de gobiernos que contienen expresiones de izquierda y centro derecha, cumplen su objetivo de la victoria electoral pero encuentran limitaciones a la hora de gobernar. Es por esto, que en los primeros días de abril se produjeron intentos de alianza entre Libre y el Partido Liberal para obtener la mayoría en el Congreso Nacional, queda por ver si este intento llegará a buen puerto, ya que genera tensiones en las bases de ambos partidos.

Por último, Xiomara Castro denunció intentos de desestabilización y golpistas por parte de sectores conservadores aliados a los intereses de la oligarquía y Estados Unidos y que protagonizaron el golpe de Estado a Manuel Zelaya en 2009. Esto fue reiterado en su video dirigido a los trabajadores y las trabajadoras en vísperas del 1 de mayo donde indicó que “hoy conspiran para desestabilizar mi gobierno, su meta es separar al gobierno del pueblo. Crear confusión, descontento y desesperanza. Existen señales claras de quienes nos consideran sus súbditos o sus colonias”.

Caribe insular: sigue el injerencismo en Haití; elecciones y debates de Cuba

En Haití el panorama sigue estando signado por un clima de violencia, inseguridad alimentaria y sanitaria y crisis político-institucional, además de los intentos de intervención extranjera que siguen estando presentes.

En un contexto en el que más de la mitad del territorio del país está controlado por pandillas, la ONU informó que al 21 de marzo ya habían muerto más de 530 personas a causa de la violencia de las bandas. Solamente los enfrentamientos de la primera quincena de marzo dejaron más de 208 personas muertas, 164 heridas y 101 secuestradas.

Las consecuencias de la violencia se agravan en términos de vivienda (más de 160.000 personas desplazadas), los precios de los alimentos que siguen aumentando y la educación. Esto último incluye desde ataques directos a las escuelas o secuestros y asesinatos a miembros de las comunidades educativas o consecuencias derivadas de ellos como el cierre de muchos establecimientos o la decisión de las familias de dejar de mandar a sus niños y niñas a estudiar por el peligro que podría conllevar.

Esta situación también limita el acceso a servicios sanitarios, en un contexto en el que desde octubre de 2022 ya hubo 600 muertes por el rebrote de cólera (cifras a inicios de marzo de 2023) y más de 33 mil casos sospechosos (de los cuales 2400 han sido confirmados).

En este contexto de violencia, se destacan algunos hechos puntuales por su magnitud o por el carácter público de sus víctimas.

A principios de enero, el presidente del Senado, Joseph Lambert, fue herido en un atentado unos días antes de la finalización de su mandato.

Semanas después, se hicieron públicas las imágenes de cuerpos desnudos, ensangrentados y asesinados de seis agentes policiales con sus armas sobre el pecho. Fueron diez los policías asesinados por pandillas durante el mes de enero y al menos 55 en 2022. Ante esto, grupos de policías atacaron la residencia oficial del primer ministro Ariel Henry y le bloquearon por algunas horas su salida del aeropuerto cuando regresaba de Argentina. Además, se manifestaron en las calles de Puerto Príncipe y bloquearon varias localidades.

Entre los secuestros de más de 30 personas ocurridos durante enero, se encontraban el exministro de Educación y un exdiputado. En enero, además, una de las bandas más famosas secuestró un ómnibus dominicano cerca de Puerto Príncipe y en febrero, un periodista fue secuestrado, lo que también provocó protestas de sus colegas. En 2022, las muertes violentas a causa de bandas armadas fueron más de dos mil y hubo más de mil secuestros.

“Al no haber monopolio y tentativas de legitimar el uso de la fuerza, y al resultar desconocido el origen de los más diversos crímenes –el caso más emblemático es el de los secuestros y las masacres–, la justicia y la reparación resultan imposibles”, dijo Lautaro Rivara, periodista y ex brigadista en Haití, en un artículo de análisis publicado por La Tinta.

Y ante situaciones como esta, es esperable el surgimiento de fenómenos que incluyen a la sociedad civil organizándose para defenderse. Durante las últimas semanas, destacó la acción de brigadas de jóvenes que patrullan zonas, bloquean calles o salen por las noches armados a vigilar los barrios y no permitir el acceso de las bandas.

En este marco, en una reunión del Consejo Permanente de la OEA, el gobierno haitiano –esta vez representado por su embajador en ese organismo– pidió “el apoyo de una fuerza internacional en el terreno” con el objetivo de contener la violencia y llevar a cabo un proceso electoral. Y es que a eso se comprometió el gobierno desde que asumió luego del magnicidio de Moïse: a convocar a elecciones.

Luego de que a fines de diciembre de 2022 el primer ministro Ariel Henry firmara un acuerdo con distintos partidos y organizaciones para organizar elecciones y lograr un Consenso Nacional hacia una Transición Inclusiva y Elecciones Transparentes, a principios de febrero de este año designó formalmente al consejo de transición, que se encargará de elegir a los miembros de un consejo electoral provisional. Para ello nombró a un miembro de la Federación Protestante de Haití como representante de la sociedad civil, a la ex primera dama y candidata presidencial Mirlande Manigat como representante de los partidos políticos y al presidente de la Cámara de Comercio por el sector privado. La promesa es celebrar elecciones generales este año, para que un nuevo gobierno tome posesión el 7 de febrero de 2024. Se pretende también que este consejo trabaje en una reforma de la Constitución y apoye al gobierno en reducir la violencia.

En enero, por su parte, finalizaron los mandatos de los únicos 10 senadores electos que quedaban en sus cargos, por lo que hoy el país no cuenta con autoridades electas en su gobierno.

Luego del pedido de Henry, Canadá envió un avión militar de vigilancia sobre territorio haitiano para “apoyar los esfuerzos para establecer y mantener la paz y la seguridad para el pueblo de Haití”. Permaneció en la región por unos días. Luego, en el marco de la reunión anual de la Caricom, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, reforzó sus ansias intervencionistas y, de forma unilateral, anunció que enviaría buques con objetivos similares. Ante esto, organizaciones sociales y políticas haitianas escribieron una carta abierta a los jefes de Estado participantes de la conferencia en la que les pidieron que rechazaran una posible intervención militar en el país. Las autoridades de los demás países del Caribe se manifestaron en contra de las intenciones del primer ministro canadiense.

Por su parte, a fines de enero, Haití extraditó a Estados Unidos a cuatro de los detenidos acusados por el asesinato de Moïse y en febrero, otros cuatro fueron detenidos en Florida, departamento en donde están siendo procesados once de los acusados del magnicidio.

Ante la situación que vive Haití hace años, la actitud del gobierno dominicano viene siendo de deportar migrantes y reforzar las fronteras, a través de la construcción del muro y aumentar la seguridad. En febrero de este año, detuvo a 400 migrantes haitianos en distintos sectores del país con el objetivo de deportarlos.

Mientras tanto, el país está inmerso en un caso de corrupción en el que quedaron detenidos veinte exministros y exfuncionarios de la gestión del expresidente Danilo Medina, que ejerció su cargo por dos períodos consecutivos, entre 2012 y 2020. Se trata de la Operación Calamar, resultado de una investigación que realizó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). En este marco, el Ministerio Público acusó a los exfuncionarios de formar parte de una red que estafó al Estado por 19 mil millones de pesos.

Estos meses Cuba estuvo atravesada por un proceso eleccionario que culminó el día 19 de abril, con la ratificación de Miguel Díaz-Canel como presidente por parte de la Asamblea legislativa. Fueron las primeras elecciones desde que se aprobó la nueva Constitución en 2019. Si bien este proceso eleccionario no traerá grandes cambios institucionales en sí mismo, vale analizar algunas implicancias y debates relacionados; y también es momento propicio de poner sobre la mesa algunos otros debates que se vienen dando en la isla desde hace algunos años.

El proceso inició en diciembre pasado con las comisiones de candidaturas, que proponen la nómina de candidatas y candidatos que luego son aprobados o no en las elecciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). Esta instancia se dio el 26 de marzo pasado.

Se eligió a 470 diputados y la participación fue del 75,92% del padrón, diez puntos menos que en las elecciones parlamentarias anteriores, en 2018, y la más baja desde los inicios de la Revolución. Si bien sigue siendo un número alto en comparación con otros países de la región, vale poner la lupa en su descenso.

Para analizar eso, OBSAL conversó con Gabriel Vera Lopes, periodista y editor de ALAI, actualmente trabajando desde Cuba:

Hay una combinación de elementos. Uno es la crisis que se viene acarreando desde hace ya mucho tiempo; es un primer elemento que genera desmoralización. Un segundo elemento tiene que ver con momentos generacionales. Si la crisis económica más importante que vivió Cuba fue en los noventa, también es cierto que la década de 1980 había sido de grandes conquistas y mejoras de la calidad de vida, a tal punto que seguramente haya sido el país en que mejor se vivía en Latinoamérica. Ahora, los jóvenes que están atravesando esta crisis son gente que nació en los noventa, en el peor de los casos en los ochenta, o sea que tampoco vivió los ochenta. Vivió siempre de crisis en crisis. Es decir, hay una desafección con relación a un proyecto materializado en la vida cotidiana que es cada vez más evidente. Eso también se ve en los niveles de migración. Porque la situación económica es mala en todos lados, no solo en Cuba.

Por otro lado, el sistema político mantiene un conjunto de inercias que lo hace muy refractario a escuchar las demandas del pueblo. Creo que tiene un lenguaje que solamente se habla a sí mismo, está perdiendo capacidad de interpelación más allá de sus viejos rituales, y eso lo es en la participación en los organismos de masas, que no logran convocar masivamente jóvenes, hacer que participen políticamente.

No necesariamente la gente tiene un malestar con la noción de socialismo. Pero el problema es que el sistema político no les permite la misma participación, no permite alojar esos malestares y de alguna manera los empuja a sectores o a narrativas más liberales, que encuentran un correlato en los cambios en la vida práctica de la gente.

El porcentaje de diputados que renueva en la práctica es mínimo. La gran mayoría de las bancas ya eran las de la anterior Asamblea. Hay una cierta inercia o dificultad para generar modificaciones, para abrir otros espacios. Las bancas que se renuevan son siempre las candidaturas de base, que son el momento más democrático, donde la gente vota directamente.

Otro elemento para analizar de estas elecciones es que fueron en un marco de crisis económica agravada y en el marco de un bloqueo por parte de Estados Unidos que solo ha sido incrementado por la administración Trump y mantenido por Biden. Y fueron las primeras elecciones luego de las revueltas de 2021, en el marco de un clima de fragilidad económica y también política. Además, este proceso eleccionario se dio en el marco de una serie de reformas económicas que se vienen acelerando en el país. ¿Cuánto puede dar cuenta / acompañar el sistema político todas estas modificaciones?

Vale recuperar algunas reflexiones esbozadas recientemente por Claudio Katz relacionadas a la actual situación política, económica y social de la isla.

En un artículo publicado por ALAI, habló, por un lado, de las demoradas reformas económicas que preveía el ordenamiento. Las mismas estaban orientadas a impulsar la economía en términos productivos y estar acompañadas por políticas estatales de redistribución de ese crecimiento y de desarrollo productivo que le diera al país soberanía en algunos sectores como la alimentación.

Una de las medidas con las que se esperaba esa reactivación era la unificación monetaria que, según el autor, “no logró su objetivo”:

Las reformas no solo implican un aumento de la incidencia el mercado. Suponen la presencia de una corriente de inversores que modificaría el status de la propiedad. Las demoras en esos cambios provienen del potencial desemboque de esas transformaciones en una restauración capitalista. Esa regresión afectaría los grandes logros de la Revolución.

Esa amenaza sobrevuela a todas las iniciativas en curso. La unificación monetaria, por ejemplo, está concebida para facilitar el ingreso de dólares y reducir la agobiante falta de divisas. Pero esa llegada de fondos ampliaría las brechas sociales, si no se logra establecer una compensación fiscal a la inequidad que genera esa afluencia. Los que reciban dólares quedarían situados en la pirámide superior, frente a los sectores desprovistos de esos recursos.

El reordenamiento desdobló el sistema cambiario y hay un dólar no oficial con una brecha cambiaria importante que genera presión inflacionaria. A esto se le sumó la escasez de combustible y la vuelta de los apagones. Esto ha generado una desigualdad social muy grande, particularmente entre los sectores privados de pequeños y medianos empresarios (sector que ha crecido mucho en los últimos tiempos) y quienes no trabajan para el sector privado.

La disyuntiva se plantea entre el avance de la implementación de las reformas económicas, que implican una mayor apertura a los sectores privados de la economía, y la conservación de los logros de igualación social de la Revolución. El nuevo modelo propone modalidades combinadas de acumulación que permitan dar aire en un contexto económico de bloqueo y trae aparejado el surgimiento de un sector privado de la economía, que también conlleva la posibilidad de nuevas identidades políticas. Katz habla de un “escenario político más diversificado”, que se vio cristalizado en las movilizaciones callejeras de 2021.

Gabriel Lópes afirmó que hay un crecimiento de ideas liberales pero también de prácticas liberales en la vida de la gente: “Hay un sector de la sociedad en el que la protección del Estado es cada vez más un estorbo más que una forma de acceder a derechos. Un pequeño comerciante, su relación con el Estado son los impuestos. Entonces, eso configura nuevas ideologías que tienen nuevas materialidades”.

Respecto de cómo la política podría incorporar estas nuevas identidades, Katz decía:

El sistema institucional vigente es flexible y permite incorporar a todos los actores del nuevo contexto, luego de su revitalización con la nueva Constitución. Opera como una estructura anclada en el poder popular, mediante un modelo contrapuesto al constitucionalismo burgués. (…) Pero ese régimen se forjó bajo la conducción y el arbitraje de Fidel. El mismo sistema desprovisto de ese comando, ya no cuenta con el viejo resguardo y opera con otra dinámica.   La rotación de los dirigentes y la asimilación de los jóvenes al sistema político son asignaturas pendientes, que Cuba procesa en la compleja adversidad impuesta por el asedio estadounidense.

Estos debates al interior de la isla se dan en un contexto de crecimiento a nivel global de la ultraderecha y de mayor asedio político y económico, en el que sectores externos aprovechan la heterogeneidad política y la crisis para generar un contexto de inestabilidad cada vez mayor al interior del país. Frente a eso, se vuelve necesario reafirmar la solidaridad hacia la Revolución y el pueblo cubano y seguir denunciando el bloqueo en cada espacio, en cada organismo, en cada lucha.

En el mes de enero hubo elecciones generales en Antigua y Barbuda. El Partido Laborista obtuvo el triunfo con 9 de los 17 escaños en el Parlamento y la reelección como primer ministro de Gaston Browne, quien inició su tercer mandato en el cargo. El Partido Progresista Unido (UPP) obtuvo cinco escaños y el Movimiento Popular de Barbuda, uno.

Como mencionamos en nuestro informe #19, Browne había anunciado en septiembre pasado que, de ser reelecto, impulsaría —dentro de los primeros tres años de mandato— un referéndum para convertir al país en una república presidencialista y ganar soberanía respecto a la corona británica.

Surinam es otro país que está atravesando una crisis económica y social. En 2021 y 2022, tuvo altos índices de inflación (52,4 y 59,1 por ciento respectivamente) y el año pasado su presidente, Chandrikapersad Santokhi, firmó un acuerdo con el F.M.I. por un préstamo de 690 millones de dólares, lo que causó malestar en la población y los primeros pedidos de renuncia.

En febrero, Santokhi anunció que cedería a la presión del FMI para el desembolso de una parte del préstamo e implementaría el ajuste exigido. Se trataba de la eliminación de subsidios al gas, la electricidad y el combustible y reducir el gasto público.

Conjuntamente con la intención del presidente de modificar la ley electoral y el alto costo de vida, esto desató protestas y saqueos en febrero pasado y los manifestantes irrumpieron en la sede del Parlamento. El gobierno respondió con represión policial y un toque de queda que resultó en un muerto, veinte heridos y más de cien personas detenidas.

En marzo volvieron las protestas y se volvió a exigir la renuncia del presidente. Además de las demandas por la situación económica, se acusa al presidente de intentar posponer las elecciones que deberían realizarse en 2025, a través de una ley electoral que está siendo revisada. La demanda de los manifestantes es que haya una ley que prevea “una persona, un voto”.

Los Andes entre la resistencia contra el neoliberalismo y la defensa de las transformaciones

Como hemos visto en los informes del OBSAL, durante los últimos años la región andina vivió una transformación radical que impactó en la correlación de fuerzas a nivel continental. De ser uno de los principales reservorios de gobiernos neoliberales ininterrumpidos, en el campo de la política exterior claramente alineadas con los intereses de los Estados Unidos —como sucedía en Perú y Colombia principalmente—, para ser protagonista en proyectos populares. Primero, con gobiernos que llevan a cabo alternativas al modelo neoliberal, como los casos de Perú y Colombia, y también proyectos revolucionarios que han resistido los peores embates del imperialismo, como es el caso de Venezuela y el retorno del MAS a Bolivia, para continuar el proceso de cambio iniciado por Evo Morales en 2006.

Sin embargo, este escenario fue modificado nuevamente a fin de 2022 con el desarrollo del golpe parlamentario contra Pedro Castillo en Perú, que de nuevo modificó la correlación de fuerzas a nivel regional, y que tiene hoy al país sumido en una crisis profunda, que se agrava de forma permanente. De la misma forma, el caso de Ecuador, que optó en 2021 por la presidencia de Guillermo Lasso, se ha mantenido en las calles desde el inicio de su gobierno en rechazo de sus medidas neoliberales, y lo tiene hoy atravesando un proceso de juicio político impulsado por numerosos sectores de la sociedad.

Perú y Ecuador, la lucha contra el neoliberalismo y sus mecanismos antidemocráticos

El 2022 cerraba con la noticia del golpe parlamentario en Perú perpetrado por la derecha local, el empresariado y los sectores aliados a la política exterior estadounidense. Finalmente, después de numerosos intentos de diferente naturaleza, consiguieron sacarse de encima el molesto lugar de un maestro rural representante de los sectores populares en el palacio presidencial. Dina Boluarte, quien se desempeñaba como vicepresidenta, demostró paulatinamente la previa preparación que tuvo el golpe parlamentario y la proyección de ella ocupando el lugar de la presidencia.

La visita de Lisa Kenna, embajadora de EEUU, y el silencio de los organismos multilaterales frente al desarrollo propio del golpe, sumado a los centenares de casos de violaciones de derechos humanos perpetrados por la Fuerza Pública en contra de las y los manifestantes, terminan de cerrar el cuadro de situación que se agrava además con la detención ilegal del presidente Pedro Castillo. Solamente para evidenciar el interés del capital transnacional en avanzar en el golpe contra Castillo, a inicios de abril el ministro de Energía y Minas del gobierno de facto, Oscar Vera, anunció que está próximo a entregar los permisos de exploración de litio a la empresa Macusani Yellowcake —filial en Perú de Plateau Energy Metals Inc. de propiedad canadiense—, para que inicie los trabajos de perforación en Perú.

En nuestro informe anterior, detallamos el curso de los acontecimientos, que durante los primeros cuatro meses del 2023 no han hecho más que agravarse. A pesar de las masivas movilizaciones que se han llevado adelante en el país, exigiendo principalmente la renuncia del gobierno ilegítimo, el llamado inmediato a elecciones, y a un proceso constituyente que convoque a redactar unas nuevas reglas democráticas, el gobierno de Dina Boluarte ha respondido con niveles de violencia y represión inusitados. Desde el inicio del golpe hasta la fecha, hay más de 76 personas asesinadas y más de 442 heridas dentro de las cuales se encuentran centenares de jóvenes y periodistas, según cifras de las misiones internacionales que han visitado el país y que inclusive en el caso de la Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, sufrieron la negación del ingreso al mismo por las autoridades migratorias, marcando un grave precedente en materia de veeduría internacional.

Al respecto, el OBSAL conversó con Lucía Alvites, militante y docente universitaria peruana quien afirmó que el golpe contra Castillo “gatilló que la crisis política que vive el Perú desde hace años, se trasladara a la calle, teniendo como protagonistas de las protestas a los sectores populares y excluidos, que por primera vez se sentían representados por alguien como ellos, a través de Pedro Castillo (rondero, sindicalista, profesor rural, campesino) y que con este golpe de Estado le quitaban lo único que tenían que los igualaba a la élite: el voto”.

Según Alvites, “La respuesta del Estado fue la violación sistemática a los derechos humanos, con masacres en las regiones como Puno, Ayacucho, Apurímac, entre otras. La dictadura Boluarte tiene bajo su responsabilidad casi 70 peruanos y peruanas asesinadas, entre ellos varios menores de edad. La mayoría por balas de fuego. Si bien en la actualidad hay un reflujo del movimiento social, el nivel de conciencia sobre la necesidad de un cambio de fondo, que incluye prioritariamente el cambio de constitución. Perú vive una crisis profunda que constata una vez más que el modelo neoliberal en sus fórmulas políticas y económicas, está agotado, siendo hoy su única forma de sobrevivir bajo el autoritarismo, la dictadura y la ilegitimidad de su régimen”

La gravedad de los casos de violaciones de DDHH fue también comprobada por la visita de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que declaró que las fuerzas armadas peruanas han empleado un ejercicio desproporcionado de la fuerza a partir de la utilización de munición letal contra personas desarmadas durante las manifestaciones, como afirmó el delegado de la CIDH Joel Hernández a The New York Times. Dichas afirmaciones fueron rechazadas por el embajador de Perú en la OEA, quien afirma que el país ha actuado bajo las normas internacionales. La misma fiscalía general de la nación abrió un proceso de investigación a Boluarte por genocidio. Boluarte, por su parte, defendió el accionar de las fuerzas de seguridad e inclusive premió a los efectivos con bonificaciones económicas.

A esto se suma la grave crisis diplomática que se ha desarrollado a partir del llamado de Boluarte a sus embajadores en países que han manifestado su rechazo al tratamiento que Boluarte ha dado a la protesta social, y han exigido la restitución de los derechos al presidente Castillo, convocando a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgue medidas cautelares. Ya son los casos de la embajada de Perú en Colombia, México, en los que Boluarte ha solicitado que los embajadores se retiren de los países, tensando una relación diplomática, así como la categorización de Evo Morales como persona no grata por parte del parlamento peruano. La verdadera discusión política radica en la consolidación de un sistema político excluyente de las grandes mayorías, que reprime, asesina, o “terruquea” a quienes se le oponen, y a quienes niega sistemáticamente el cambio de la constitución en una que no garantice solamente los privilegios para la clase blanca limeña. El mes de abril cerró con las declaraciones de la presidenta de facto sobre el inicio del estado de emergencia en las fronteras del país, para evitar el ingreso de extranjeros/as a quienes catalogó como principales responsables del aumento de casos delincuenciales en el Perú, y ha impulsado escenarios de represión por parte de las fuerzas de seguridad en las diferentes fronteras, y mantiene detenidos a la fecha cerca de 300 migrantes de diferentes nacionalidades, especialmente en la frontera sur del país.

En el caso de Ecuador, el gobierno de Guillermo Lasso parece acercarse a la posibilidad de no continuar en el poder. Producto de las diversas medidas neoliberales tomadas por el presidente, alineadas con las necesidades del FMI, y la profunda crisis en materia de seguridad con graves índices de violencia, homicidios y el sufrimiento de bandos criminales vinculados al narcotráfico, que inclusive llevaron a Lasso a poner toques de queda durante 2022, numerosos sectores sociales han salido de forma permanente a las calles exigiendo la reducción del precio de los combustibles -misma consigna que en las enormes movilizaciones de 2019 contra el gobierno de Moreno), que se han agudizado en los últimos meses, y tienen la imagen del presidente con menos del 20% de aprobación de su gestión.

En medio de la crisis, como supuesta solución a los graves problemas de seguridad, Lasso propuso la realización de un referéndum que proponía permitir la extradición de ciudadanos ecuatorianos requeridos por narcotráfico, enfocando con un discurso militarista la necesidad de modificar artículos de la constitución nacional. De esa forma, el 05 de febrero se desarrolló la votación con fuertes críticas por parte de los sectores sociales que aseguraban que las medidas propuestas no resolvían los problemas profundos que aquejan al pueblo ecuatoriano.

La campaña por el No, impulsada por La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), finalmente salió victoriosa y la derrota del referéndum, propuesto por el ejecutivo, marcó el inicio de un camino que por ahora parece concluir con el gobierno del presidente Lasso.

En ese marco, en el mes de marzo, la mayoría opositora del parlamento de la Asamblea ecuatoriana presentó la solicitud de juicio político contra el presidente por la presunta comisión de delitos de malversación de fondos contra la administración pública en el manejo de contratos de la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec). En abril se inició el proceso para dar curso a la misma, que incluye la recepción de pruebas por parte de la Comisión de Fiscalización del Congreso, quien después elabore un informe ante el Legislativo y termine definiendo o no la destitución presidencial.

En ese contexto, con un sostenimiento de la ola de violencia y criminalidad, el presidente Lasso autorizó el porte de armas para ciudadanos y ciudadanas.

Bolivia, Colombia y Venezuela: las dificultades de avanzar en procesos progresistas y revolucionarios

Las dificultades no son una realidad solamente en los casos de los gobiernos neoliberales que por medio de la represión y el disciplinamiento fiscal afectan la vida de los pueblos. En los casos de Bolivia, Colombia y Venezuela las dificultades que incluyen desde debilidades y contradicciones internas, hasta la profundización de medidas unilaterales de EEUU en su contra muestran un escenario conflictivo para la solidez de estos procesos.

En el caso Boliviano, a pesar de haber cerrado el 2022 con buenos saldos en materia económica, que dejaron una inflación del 3.1% en 2022, la más baja de la región, un buen desempeño en la exportación de la Urea, un agro fertilizante que alcanzó un récord histórico de 228,7 millones de dólares y de nuevos proyectos de exploración de hidrocarburos en el Tarija, la situación política parece compleja al interior del partido de gobierno.

La denominada “interna del MAS” ha tenido diferentes episodios donde las figuras de Evo Morales, el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca representan diferentes sectores al interior del partido de gobierno que, a pesar de mostrarse aún unidos en actos públicos, se hacen cuestionamientos, como sucedió en el mes de marzo en Ivirgarzama, en la celebración del aniversario número 28 del Movimiento Al Socialismo, donde el ex presidente Morales increpó a ministros del actual gobierno de seguir recetas del FMI.

La unidad del campo popular boliviano alrededor del instrumento sindical e indígena que representa el MAS y que ha impulsado el Proceso de Cambio en Bolivia parece un escenario difícil, pero fundamental para la consolidación de un proceso regional de carácter soberano, especialmente teniendo en cuenta los intereses imperialistas sobre los bienes comunes que tiene el país, como sucede con el Litio, abiertamente deseado por los EEUU, según las declaraciones de la Jefa del Comando Sur Laura Richardson. En ese sentido, a finales del mes de abril, Bolivia firmó con Venezuela 13 acuerdos de cooperación en áreas estratégicas como energía y petróleo, gas, educación, cultura, minería, salud entre otros.

En el caso de Colombia, el gobierno de Gustavo Petro ha experimentado varias dificultades que contrastan con la gran cantidad de medidas que ha buscado implementar en sus primeros seis meses de gobierno. Con el objetivo general puesto en dos grandes ejes temáticos, el primero vinculado con la denominada Paz Total, y el segundo con el tridente de reformas que ya mencionaba en campaña era necesario impulsar para empezar el prometido Cambio de la situación social y política en Colombia.

Respecto a la Paz Total, Petro se ha enfrentado con una serie de tropiezos vinculados con el anuncio en la primera semana del año de un supuesto Cese al Fuego acordado entre el gobierno y los diferentes actores armados que hacen vida en el país, que incluyen a las guerrillas del ELN y las diversas disidencias de las FARC-EP, hasta los grupos paramilitares vinculados al narcotráfico. En ese marco, el ELN con quien el gobierno adelanta unas negociaciones de paz como mencionamos en el último informe, manifestó públicamente que nunca había sido consultado sobre ningún cese al fuego generando un cortocircuito que debilitó la postura dialoguista del gobierno.

Sin embargo, una vez superado el traspié, continuaron las negociaciones que llegaron a un segundo punto crítico en el mes de marzo cuando el ELN impulsó una acción militar en el municipio de El Carmen —región del Catatumbo— donde murieron nueve soldados del ejército, que fue ampliamente rechazada por el gobierno y la sociedad en general.

Por otro lado, las propuestas de reformas del gobierno de Petro han sido uno de sus principales caballos de batalla en la intención de transformar la estructura desigual del país para garantizar la universalidad de los derechos en materia laboral, pensional y de salud.

La reforma laboral apunta al pago de las horas extra y al reconocimiento de contratos a aquellos que actualmente trabajan bajo la fórmula de “prestación de servicios” figura utilizada por las empresas para no garantizar la totalidad de los derechos laborales, respecto la reforma pensional busca fijar un ingreso mínimo para las personas mayores, y en materia sanitaria, el proyecto de reforma, que finalmente fue desaprobado por el parlamento, se enfoca en el fortalecimiento de la atención primaria en las regiones más periféricas del país, impulsando un aumento en los ingresos de los profesionales, buscando llevar médicos/as a las zonas rurales, entre otras medidas. Producto de esta derrota en el Congreso —uno de sus principales proyectos de gobierno—, el presidente Petro solicitó a fin de abril la renuncia protocolaria a todo su gabinete ministerial, cambiando finalmente siete ministros, entre ellos, el Ministerio de Salud. Dentro de sus argumentos para el cambio de las carteras ministeriales, afirmó que “A pesar de que mi gabinete, y su apuesta por el diálogo y el pacto, fue rechazado por alguna dirigencia política tradicional y del establecimiento, vamos a persistir con nuestro programa y nuestra vocación de grandes acuerdos nacionales”.

Adicionalmente, a inicios de marzo finalmente fue aprobado en el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, Potencia mundial de la vida” que, aunque tuvo algunas modificaciones importantes respecto su texto original especialmente en materias de género, ambiental y energética, logró avanzar con los artículos que permitían la compra de tierras para el cumplimiento en materia de Reforma Rural Integral y reparación de víctimas, la aprobación de los recursos para la creación de Ministerio de Igualdad liderado por la vicepresidenta, entre otros artículos fundamentales. 

Respecto a la política exterior, el gobierno de Petro continúa marcando un camino de diálogo y vínculos comerciales y diplomáticos con su par venezolano, con el objetivo de reactivar económicamente la zona de la frontera entre ambos países, que fue una de sus principales propuestas de campaña. Por otra parte, como mencionamos anteriormente, se ha enmarcado en una política exterior que lo ubican como una de las principales figuras progresistas de la región, donde por un lado, sido uno de los principales defensores de que se le restituyan los derechos polçiticos al presidente Castillo y ha pedido la intervención de la CIDH con medidas cautelares, como sucedió en su propio caso cuando a través de montajes judiciales lograron destituirlo de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Asimismo, Petro ha tenido una fuerte postura de rechazo frente a la creación del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador, que constituye el centro penitenciario más grande la región y que ha calificado como un campo de concentración donde miles de detenidos se encuentran en condiciones inhumanas, y que el presidente Bukele ha querido mostrar como uno de sus principales triunfos en materia de seguridad.

Una muestra más de la política exterior del gobierno de Petro, fue la convocatoria realizada el 25 de abril para la Conferencia Internacional sobre el proceso político en Venezuela, con participantes de 20 delegaciones entre las que se encontraron Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Honduras, México y San Vicente y las Granadinas, Türkiye, Sudáfrica, e invitados de Alemania, España, Francia, Italia, Noruega, Portugal y el Reino Unido y el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Unión Europea. Las principales conclusiones fueron la necesidad de establecer un cronograma electoral en el país vecino, la exigencia del levantamiento de las medidas unilaterales mal llamadas sanciones, y la continuación del proceso de negociación impulsado en México y Noruega  y la implementación del fondo fiduciario para la inversión en Venezuela. Frente a estos resultados, el presidente Nicolás Maduro recordó que para el reinicio de las negociaciones es fundamental que el gobierno de los EE.UU. cumpla lo pactado, y devuelva a Venezuela los 3.200 millones de dólares que tiene secuestrados en bancos internacionales.

Finalmente, en el caso de la Revolución Bolivariana, el pasado mes de marzo se cumplieron diez años de la partida física del Comandante Hugo Chávez, y en el país la fecha se convirtió en una oportunidad de reflexionar sobre el rumbo que el proyecto bolivariano ha tomado a diez años de la partida de su líder natural. En ese sentido, en el marco de numerosos homenajes a la memoria de Chávez, el presidente Nicolás Maduro y diferentes Ministros de gobierno enfatizaron en la enorme dificultad que tiene que atravesar a diario el país para poder sobrevivir con el marco de medidas coercitivas unilaterales que los EE.UU. impulsan contra la Revolución Bolivariana.

Todos coincidían en que fue a partir de la muerte de Chávez que el imperialismo norteamericano apuntó con toda su fuerza los cañones contra Venezuela con el objetivo de destruir el proceso revolucionario, utilizando todo tipo de mecanismos que van desde los ataques terroristas, intentos de magnicidios, presidentes interinos autoproclamados, y el ahogamiento económico, financiero, comercial y diplomático al que condenaron al país caribeño.

En ese marco, resaltaron la importancia del diálogo con la oposición política, y la urgencia de la libertad de uno de los miembros de la delegación del gobierno a la mesa, el diplomático Alex Saab quien se encuentra ilegalmente detenido en Miami, y que era uno de los principales funcionarios que lograba llevar adelante acuerdo comerciales para sortear el bloqueo al país.

Producto también de la necesaria profundización revolucionaria en el gobierno de Maduro, se inició una fuerte campaña en contra de la corrupción de funcionarios públicos, en particular del Poder Judicial y la industria petrolera en PDVSA. La investigación, impulsada desde el fiscal general, Tarek Saab, ha logrado hasta la fecha la detención de 55 personas, y ha generado toda una reestructuración de la estatal Petróleos de Venezuela inclusive con la renuncia del entonces ministro Tareck El Aissami. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó hace semanas una ley que permitirá al Estado el uso de los bienes incautados a los acusados por el delito de corrupción.

Conclusión

Como es característico de la dinámica política del continente americano, el 2023 inició de manera intensa y promete ser un año convulsionado por las tensiones y disputas que se dan en los países de la región a causa de la crisis del capitalismo neoliberal, de la respuesta que buscan dar los gobiernos latinocaribeños para paliar sus consecuencias y la dificultad en la integración que impide por el momento hacer frente a fenómenos y problemáticas de escala global.

En este primer informe del año, hemos recuperado las tendencias, preguntas y escenarios abiertos con que cerramos el 2022 y que sin defraudar, los primeros meses están dando continuidad. El interrogante por la etapa política que estamos atravesando en la región está abierta y en disputa. Por un lado, los gobiernos progresistas como los del Mas en Bolivia, el Frente de Todos en Argentina y Libre  en Honduras que enfrentan  debates internos que asoman como destructivos en un contexto donde la derecha de esos países busca aprovechar cada oportunidad para golpear y desestabilizar. Otros como los de Boric en Chile, Petro en Colombia y Lula en Brasil, deben lidiar con los limitantes institucionales heredados de gobiernos neoliberales o por la presencia de sectores conservadores que obligan a girar hacia el centro.  Además, enfrentan la embestida norteamericana por los recursos naturales y la presión por lineamientos geopolíticos que favorezcan a la Casa Blanca y contrarresten la presencia de China en la región. Las medidas que avanzan en la nacionalización del Litio como en México y Chile, que se suman a Bolivia, son señales de políticas soberanistas, pero que aparecen como limitadas si no hay una articulación regional. El liderazgo de Lula aparece como una ráfaga de oxígeno en la búsqueda de rehabilitar instancias de integración como UNASUR, y la apuesta por la multipolaridad en el orden internacional.

Por otro lado, los gobiernos de derecha no la tienen más sencillo que los progresistas. Lacalle Pou en Uruguay y Lasso en Ecuador afrontan procesos de desgastes por parte de las organizaciones sociales y gremiales. El mandatario ecuatoriano se encuentra actualmente en la cuerda floja teniendo que enfrentar un juicio político. Pero lo que prima en la derecha y sectores conservadores, son la presencia de gobiernos autoritarios como el caso de Bukele que busca sostener su popularidad mediante la “guerra contra las pandillas” y publicitando su modelo internacionalmente. También está el gobierno ilegítimo de Boluarte en Perú, que mostró lo poco que los sectores dominantes están dispuestos a respetar la democracia y los derechos humanos para imponer sus intereses, y lo van a hacer a cualquier costo sin importar la sangre derramada y las vidas asesinadas. La victoria del Partido Colorado en Paraguay cortó con una serie de derrotas electorales de los oficialismos y dió una razón de festejo a los liderazgos de las derechas en la región.

Nuestra América afronta problemáticas estructurales que parecen agudizarse con el desenlace de la crisis civilizatoria del capitalismo neoliberal. La crisis migratoria y la violencia social afectan a los países centroamericanos y caribeños de manera particular. El colonialismo norteamericano sobre estas regiones dejó consecuencias gravísimas que condenan a sus pueblos a sufrir altos porcentajes de pobreza, desigualdad sin que las instituciones estatales puedan dar respuestas a las problemáticas urgentes por estar cooptados por la corrupción, el narcotráfico y bandas del crimen organizado. La violencia se volvió estructural y las altas tasas de homicidios, así como el control territorial por parte de las pandillas, se volvieron fenómenos habituales en estas sociedades, donde muchos huyen no en busca del sueño americano, sino para escapar de la realidad que los atraviesa.

La resistencia heroica de los pueblos latinoamericanos y caribeños, así como de procesos políticos revolucionarios que vienen resistiendo las medidas coercitivas del imperialismo y el propio desgaste del tiempo, como el venezolano y el cubano, son faros que iluminan en este presente turbulento. En esta etapa abierta, de hegemonías imposibles, la lucha de los movimientos populares en la defensa de la vida y la naturaleza contra la embestida del capital, se vuelve fundamental. En este contexto, ninguna victoria es completamente victoria, y ninguna derrota es completamente derrota, pero lo que persevera es la lucha inclaudicable por un futuro más justo. Las tintas del 2023 comenzaron a escribirse y esperamos que el final de su trazado sea desde abajo y a la izquierda.

El Informe #19 del OBSAL presenta el análisis de coyuntura de los países de América Latina y del Caribe entre septiembre y diciembre de 2022 y un balance general del año que está terminando.

De manera general, podemos decir que 2022 ha expresado la crudeza de la crisis civilizatoria, profundizada con la pandemia de la COVID-19 en los años previos y en particular en 2022 con la guerra en Ucrania. Durante 2020 y 2021 se pronosticaba que los efectos de la pandemia sobre la vida de las poblaciones iban a manifestarse durante varios años. En 2022 vemos que esto no solamente se cumplió, sino que se agudizó con la crisis económica, que seguirá teniendo sus efectos de cara al 2023.

Se trata de una crisis multidimensional y sistémica que es resultado del propio despliegue de las transformaciones neoliberales y es previa a la pandemia, pero fue agravada por su impacto. Durante 2022, la guerra en Europa y su proyección mundial profundizaron aún más sus consecuencias en todos los ámbitos, a tal punto que es reconocida por las propias instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, como algo urgente a afrontar de manera global —aunque no proponen recetas nuevas para ello—.

En esta dirección, el último tercio del año 2022 plantea la posibilidad de hacer un balance de la dinámica reciente de estas múltiples crisis y acercar los pronósticos y perspectivas para el próximo año que suelen señalar los informes de diferentes organizaciones.

En el plano económico, el 2022 concluye con una desaceleración global de la economía y plantea hacia adelante un escenario similar. Para América Latina y el Caribe, la CEPAL señala que, luego del crecimiento en 2021 —con un incremento del 6,5% del PBI—, 2022 concluirá con una disminución al 3,2% y 2023 acentuará esta tendencia, con un incremento estimado del 1,4%. Esto ha implicado un crecimiento de la pobreza y la indigencia en la región, así como una profundización de la desigualdad social que continuará agravándose en el futuro inmediato, tanto que la propia CEPAL alerta sobre un nuevo retroceso en el desarrollo social de la región, que puede conducir “a un escenario de inestabilidad en los planos social, económico y político”.

Uno de los factores que más incidió en el año en la agudización de la crisis social fue el sustantivo incremento del precio mundial de los alimentos, bajo el impacto de la guerra europea y la “commoditización” de sus mercados. Desde el pico de valores récords, alcanzado en el segundo tercio del año, estos precios han venido descendiendo pero todavía se encuentran elevados respecto de sus promedios recientes.

Sobre las perspectivas, un reciente informe de la CEPAL, la FAO y el Programa Mundial de Alimentos alerta sobre una sensible reducción de la producción mundial de maíz para 2023 que impactará negativamente en la región donde la gran mayoría de los países son importadores netos de cereales.

En relación con el cambio climático, los informes del 2022 elaborados por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas han venido alertando sobre las crecientes dificultades de reducir las emisiones en orden de limitar la elevación de la temperatura global a 1,5°C, que es el corazón de los acuerdos internacionales y del consenso científico si se trata de evitar una catástrofe mayor. La Conferencia sobre Cambio Climático de Naciones Unidas realizada en noviembre en Egipto (la COP 27) concluyó sin muchos acuerdos efectivos sobre ello, así como, en el contexto de la crisis energética expandida por la guerra, muchos países europeos tienden a retomar el uso creciente del carbón y se expanden por todo el mundo los proyectos de exploración y explotación de las energías extremas (shale gas, hidrocarburos offshore). Finalmente, la dinámica de estas crisis, lejos de suponer la morigeración del afán de lucro del poder económico concentrado, ha estimulado procesos de respuestas cada vez más violentas y conservadoras contra las políticas y gobiernos progresistas.

Así, tanto los gobiernos populares y progresistas de la región como los movimientos populares se vieron confrontados a lo largo de todo el año por procesos de desestabilización, represión, violencia y golpes suaves. Esta avanzada concluye con la remoción y detención ilegal del presidente Castillo en Perú y la condena judicial en primera instancia contra la vicepresidenta Fernández de Kirchner en Argentina, luego de que fuera blanco de un fallido intento de magnicidio. Estos son indicadores de los desafíos que afrontaron los pueblos latinoamericanos y caribeños en 2022, que examinamos a continuación y que señalan los retos pendientes en el futuro próximo.

Para resaltar algunos de los hechos principales de este período, recorremos de sur a norte las subregiones, en un intento de recuperar en clave de síntesis algunos puntos que se desarrollan en el texto del informe.

En un panorama heterogéneo donde lo común es la intensidad, el Cono Sur sigue dando mucho material para el análisis. El hecho más destacado, sin dudas, es la elección presidencial en Brasil. Los votantes brasileños han elegido a Luiz Inácio Lula da Silva por tercera vez, en la contienda más reñida de la historia política de Brasil. Lula derrotó a Bolsonaro y su proyecto de extrema derecha. Posteriormente, en los meses de noviembre y diciembre, la atención se centró en las negociaciones del equipo de transición formado por el futuro gobierno, que tuvo que hacer frente a enormes desafíos, especialmente en el ámbito presupuestario. Las negociaciones para la organización del nuevo Gobierno se desarrollan en medio de manifestaciones de los partidarios de Bolsonaro, que no aceptaron los resultados de las elecciones. Estas manifestaciones alcanzaron un punto crítico el día en que Lula recibió su diploma presidencial, cuando los manifestantes rompieron y quemaron autobuses y coches en las calles de Brasilia.

En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión más inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos, en un proceso plagado de irregularidades, que forma parte de una sistemática persecución contra la ex presidenta y actual vicepresidenta. Esta ofensiva de la derecha, que se suma al escaso avance judicial sobre el intento de magnicidio ocurrido el 1º de septiembre, se da en momentos que restan nueve meses para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. En Chile, Gabriel Boric, en su primer año de mandato, tuvo dificultades para poner en práctica las ideas que defendió en la campaña electoral. El campo progresista y de izquierda todavía procesa la derrota en el proyecto de la Constituyente, mientras el Gobierno adopta medidas similares a sus antecesores en varios temas, como la represión al pueblo mapuche y una política exterior orientada a la derecha en el tablero continental.

Paraguay, en los últimos meses, ha presentado un escenario político movido por las disputas de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Las elecciones internas del 18 de diciembre dejaron como principales resultados el triunfo del sector de Horacio Cartes en la ANR-Partido Colorado. El expresidente será el titular del partido y su candidato Santi Peña será el candidato presidencial en las elecciones del 30 de abril de 2023. Efraín Alegre será el candidato del PLRA y de la Concertación. La coyuntura está atravesada por casos de corrupción que implican al poder político y judicial con el narcotráfico. Otros temas del debate político fueron las negociaciones sobre la hidrovía Paraguay-Paraná y la política de precios de la energía vendida a Brasil.

En Uruguay, en medio de casos de corrupción —entre ellos el escándalo por el llamado «caso Astesiano»: el excustodio del presidente Luis Lacalle Pou fue detenido en septiembre tras descubrirse que coordinaba una organización criminal—, el Gobierno avanza en sus reformas neoliberales. La pauta principal es la Reforma a la Seguridad Social, el proyecto eleva la edad de jubilación de 60 a 65 años y es rechazado por la central sindical.

Por la zona andina, resaltan los intentos conservadores en Perú por desestabilizar al primer gobierno de corte progresista luego de décadas de neoliberalismo, que finalmente logró avanzar en un golpe de Estado parlamentario contra el presidente legítimamente electo. La actual crisis es el punto máximo de la histórica crisis política e institucional que caracteriza al país y que se había profundizado desde la llegada de Pedro Castillo a la presidencia.

Castillo, ante los intentos desestabilizadores de los grupos más conservadores, había empezado a hacer algunas concesiones a la derecha, desoyendo a los sectores populares que lo llevaron al gobierno. En ese marco, realizó el anuncio de cierre del Congreso, argumento que utilizó el golpismo para detenerlo y avanzar con su destitución. Desde el mismo día, en campos y ciudades han habido inmensas movilizaciones en exigencia de su libertad, así como de convocatoria a nuevas elecciones generales, y de una Asamblea Constituyente que entierre la constitución neoliberal. Esta dictadura parlamentaria, como la denominan los movimientos sociales, ha desatado una ola de criminalización, persecución y asesinatos producto de la militarización del país ordenada por la ahora presidenta —sin ningún tipo de legitimidad— Dina Boluarte.

La estabilidad económica de Bolivia permitió, de alguna manera, neutralizar los posibles efectos del Paro realizado en Santa Cruz también por parte de grupos conservadores. Mientras Colombia sigue consolidando su lugar como gobierno progresista en la región, Venezuela ha encontrado este año un alivio económico e institucional que permite pensar un 2023 con la continuidad del chavismo como proyecto nacional.

En la región mesoamericana, resalta en 2022 la cuestión migratoria. Los problemas relacionados con las migraciones acompañan a la región desde hace décadas, pero se han agravado con la crisis de la COVID-19, la guerra en Ucrania y las políticas antiinmigración adoptadas por Trump y Biden. Además, los países deben hacer frente a otros graves problemas internos. El incremento de la presencia de pandillas y bandas de crimen organizado en países como Honduras y El Salvador llevó a sus respectivos gobiernos a tomar medidas de excepción en los últimos meses y aumentar la presencia policial. En el caso de El Salvador, hay un acuerdo implícito entre el presidente Bukele y algunas pandillas. En Honduras, por su parte, la presidenta Xiomara Castro anunció un plan de seguridad para hacer frente al aumento de la criminalidad y del delito de extorsión en el país. En el período del Partido Nacional, que gobernó el país durante 12 años, se produjo una estructuración de las relaciones entre el gobierno y los criminales, dejando un legado no deseado para el gobierno de Castro y el pueblo salvadoreño.

En México,  a pesar de algunas dificultades, el proyecto de la cuarta transformación (4T) avanza. La reforma política, como deseaba inicialmente el Gobierno, no fue aprobada, al no contar con los votos necesarios del Parlamento. Ante esto, AMLO logró que fueran aprobados otros cambios políticos importantes que solo necesitaban mayoría simple. Guatemala vive un proceso de fragmentación política en el que parte de la población se moviliza contra el gobierno de Giammattei. El país también está a la espera de nuevas elecciones presidenciales, que tendrán lugar en 2023.

El Gobierno y los empresarios no son capaces de dar una respuesta satisfactoria al pueblo panameño. Las manifestaciones del mes de junio, como consecuencia del alza en el precio de los alimentos y la energía, hasta ahora no han tenido respuesta. En Nicaragua. la fuerza del sandinismo se ha expresado una vez más. Ahora, en las elecciones municipales de noviembre alcanza el 70 por ciento de los votos.

Del Caribe insular, cabe destacar la profundización de la crisis en Haití, en el marco de la cual Estados Unidos y Canadá están debatiendo distintas formas de intervención. La situación es de extrema violencia por parte de los grupos criminales organizados, pero también incluye las consecuencias del aumento del combustible, el incremento en los casos de cólera que ya ha producido más de 200 muertes (la mayoría niños y niñas) y represión por parte del gobierno a las protestas populares, además de una nueva masacre por parte de pandillas donde fueron asesinadas doce personas y varias casas incendiadas.

Mientras Cuba sigue avanzando en sus distintas reformas derivadas de la Constitución de 2019, en las islas que siguen bajo monarquía británica siguen presentes las ideas de reemplazar el sistema por uno republicano.

América Latina y el Caribe sigue siendo una región en disputa. Es posible decir que con la derrota de Bolsonaro ha caído el último gobierno de extrema derecha que quedaba en la región, ante el ascenso institucional de fuerzas progresistas. Sin embargo, hemos visto también la consolidación de estas fuerzas que lograron acumular una cantidad de votos y un apoyo popular que no había sido visto hasta el momento, en sintonía con movimientos similares en otras latitudes.

La avanzada de las fuerzas conservadoras y neoliberales no se ha hecho esperar en varios de los países en los que parecían haber perdido poder o espacios institucionales. Tanto en Chile como en Perú han logrado poner frenos a los gobiernos progresistas así como en Argentina lograron una condena histórica de la referente política más popular de las últimas décadas.

Sin olvidar un estricto control de los resortes militares, la política de EE. UU. está orientada a reconstruir un dominio del poder blando —en este momento resulta clave la articulación entre los ámbitos político, mediático y judicial— para sostener los lazos con un continente que en los últimos dos años dio un giro institucional a la izquierda.

Un campo de izquierda que de todos modos muestra un panorama fragmentado, con potencialidades en la rearticulación pero no exentos de debilidades e incluso con políticos progresistas que parecen haber defraudado sus promesas de campaña.

De cara a 2023, un debate central que continuará al tope de los debates será el relacionado con los procesos de integración y particularmente, la posibilidad de que el liderazgo de Brasil, en la nueva etapa, contribuya al reimpulso de organismos como Mercosur, Unasur y CELAC.

Los movimientos sociales y organizados son los que finalmente darán sustento a las políticas populares que intenten aplicar los gobiernos y son los que, por otra parte, marcarán la resistencia a las políticas de ajuste neoliberal y de persecución conservadora a líderes progresistas.

Panorama general: La dinámica de la crisis civilizatoria y sus novedades en el último tercio del año

Presente y futuro de la crisis civilizatoria

 A lo largo de este año hemos examinado las principales características que fue asumiendo, bajo el impacto de la pandemia y la guerra, la dinámica de una crisis global y sistémica  que es propia del despliegue de esta fase neoliberal del capitalismo. Bautizada como “crisis civilizatoria” o “crisis de la civilización dominante”, entre otras nominaciones, se trata de una serie de crisis en diferentes dimensiones de la vida social (en lo económico, lo social, lo democrático, etc.) articuladas e interrelacionadas. Resulta tanta su extensión y magnitud que incluso los organismos financieros internacionales reconocen hoy su existencia y despliegan diferentes estrategias sistémicas frente a la misma.

Así, el propio Banco Mundial en su último Informe Anual 2022 señala estas “múltiples crisis superpuestas” orientando su atención a “ayudar a los países” a, según dice, “adaptarse” a este “mundo cambiante”. En esta dirección, postula un escenario para el 2030 con hasta dos tercios de la humanidad en situación de pobreza extrema viviendo en “países afectados por fragilidad, conflicto y violencia”, poniendo de relieve “lo rápido que puede empeorar la situación, lo que generaría el desplazamiento de millones de personas”; una crisis que se entrecruza “con los riesgos a largo plazo que plantea el cambio en el clima” que “podría empujar a hasta 132 millones de personas más a la pobreza extrema… y para 2050 también podría causar el desplazamiento de más de 216 millones de personas dentro de los países en desarrollo”. Es sobre este escenario catastrófico, producto de sus ingentes beneficios, que intervienen y planifican los centros del poder mundial.

Asimismo, la CEPAL ha señalado que “una sucesión ininterrumpida de crisis que han puesto en cuestionamiento a la globalización” donde “la guerra entre la Federación de Rusia y Ucrania” agudizó “las crisis que han afectado la economía mundial en los últimos 15 años: la crisis financiera mundial de 2008, las tensiones económicas entre los Estados  Unidos y Europa, por una parte, y China, por otra, y la pandemia de enfermedad por coronavirus”. Sobre ello, el examen de lo acontecido este último tercio del año permite señalar las siguientes cuestiones y perspectivas.

Actualidad y perspectivas de la desaceleración económica

“Actualmente nos enfrentamos a un panorama económico muy difícil. Nuestro escenario central no es una recesión global, sino una desaceleración significativa del crecimiento de la economía mundial en 2023, así como una inflación aún alta, aunque decreciente, en muchos países. Los riesgos siguen siendo significativos” señala el último Informe “Perspectivas económicas” de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) de noviembre de 2022, titulado justamente “Afrontar la crisis”. En el mismo, la OCDE pronostica que el crecimiento mundial disminuirá al 2,2 % en 2023 y se recuperará a un relativamente modesto 2,7 % en 2024, siendo Asia el principal motor de crecimiento mientras que Europa, Norteamérica y América del Sur verían un crecimiento muy bajo. Frente a “estos tiempos difíciles e inciertos, la política tiene una vez más un papel crucial que desempeñar”, señala, e insiste en la adopción de medidas ortodoxas en el control inflacionario y del gasto público, lo que solo serviría para agravar la situación. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) plantea un escenario similar para la región, tras la expansión del 6,5% del PIB en 2021, estimando para 2022 un crecimiento del 3,2% y de sólo 1,4% para 2023.

Mayor desigualdad social y pobreza

En su último informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022, la CEPAL reconoce que “desde 2015 se observaba en la región un deterioro en los niveles de bienestar, un estancamiento en los avances de los logros educativos y una leve alza de la pobreza”. La institución plantea que “la pandemia de COVID-19 generó una crisis social significativa que se ha prolongado por tercer año” y que, “pese a que se espera el fin de la pandemia, la región no ha logrado avanzar hacia la recuperación tras sus impactos sociales y retornar a los niveles de 2019 anteriores al inicio de la pandemia”. En relación con ello, estima que la incidencia de la pobreza extrema en la región aumentará 0,2 puntos porcentuales en 2022, lo que representa un incremento de 1,8 millones de personas. Es decir que la pobreza extrema podría alcanzar un total de 81,8 millones de personas, con mayor incidencia en las zonas rurales que en las urbanas. Ciertamente, de no variar las políticas económicas y sociales, la desaceleración del crecimiento económico para 2023 no hará más que incrementar la pauperización y la desigualdad social, en un contexto que —según alerta el informe de la CEPAL— “puede llevar a la región a un nuevo retroceso en su desarrollo social y a un escenario de inestabilidad en los planos social, económico y político”.

Después del precio récord de los alimentos de mediados de año, su disminución aún los ubica por encima de la media de los últimos años

Una consecuencia particular de la actual situación social y económica —agravada por el alza del precio de los alimentos de este último año— es el agravamiento de la cuestión alimentaria. En esta dirección, el índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), medido en términos reales, subió 64 puntos entre junio de 2020 y marzo de 2022; alcanzó su máximo nivel histórico (de 156,3 puntos) en ese último mes y, aunque disminuyó en el segundo semestre, se mantiene en un nivel más alto que los máximos de las décadas pasadas. Frente a ello, el último Informe de diciembre de 2022 preparado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) prevé “para la temporada 2022/2023 una reducción de la producción mundial de maíz del 3,7%, más intensa que la observada en el momento más duro de la pandemia” mientras que “la producción mundial de trigo, a su vez, debería aumentar ligeramente” aunque “los choques climáticos pueden mermar una producción mundial ya afectada por la guerra”. Estas perspectivas impactarán negativamente en la región, en la cual la gran mayoría de los países son importadores netos de cereales (26 países altamente dependientes de las importaciones de trigo, mientras que 13 tienen alta dependencia de las importaciones de maíz) y donde solo la Argentina es exportador neto de la mayoría de los productos agropecuarios, mientras que el Caribe es importadora neta de prácticamente todos ellos. Por otra parte, el alto valor de los fertilizantes nitrogenados y fosfatados —cuyos precios alcanzaron niveles máximos en abril de 2022 y, aunque disminuyeron en los últimos meses, siguen siendo altos— han sumado un nuevo elemento a la crisis y cuestionamientos al modelo del agronegocio tan extendido en la región y de tantas regresivas consecuencias sociales y ambientales. Un nuevo indicador sobre la urgencia y oportunidad para los cultivos agroecológicos, como se señala en el último Cuaderno del Colectivo Socioambiental.

Los efectos actuales del cambio climático y los decepcionantes resultados de la COP 27

En el informe de abril de 2022 del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) —la tercera y última parte del VI Informe del Grupo de Trabajo III sobre Mitigación del Cambio Climático del IPCC— se alertaba ya que durante el período 2010-2019, las emisiones de gases de efecto invernadero medias anuales a escala global se habían situado en los niveles más altos de la historia de la humanidad y que si no se lograban fuertes reducciones en estas emisiones de forma inmediata en todos los sectores económicos, limitar el calentamiento global a 1,5 °C estaría fuera del alcance. La amenaza de un futuro sombrío, en un presente que ya está signado por el avance de los efectos del cambio climático: por ejemplo, en la ola de calor que sacude sobre el fin del año al hemisferio sur, con sus consecuencias de incendios y sequías.

En este contexto, el resultado de la COP 27 (Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático) realizada en noviembre en la localidad egipcia de Sharm el Sheij resultó por demás decepcionante. En este balance, el logro destacable de la conferencia apunta al acuerdo para proporcionar financiación por «pérdidas y daños» a los llamados “países vulnerables” duramente afectados por los desastres climáticos. Pero este reconocimiento de la necesidad de ayudar a los pueblos más castigados por los efectos próximos que acarreará el proceso actual del cambio del clima se empequeñece con la ratificación del objetivo de limitar el incremento de la temperatura mundial en 2030 a 1,5℃ —tal como fuera acordado en la COP 21 de París— pero sin mencionar planes ni compromisos efectivos algunos para alcanzarlo.

La centralidad de la adaptación al cambio climático en desmedro de las políticas de mitigación plantean un escenario extremadamente preocupante. En la misma peligrosa dirección, tras los compromisos anunciados con bombos y platillos en la COP 26 anterior, el contexto actual de crisis energética que sufre particularmente Europa ha impulsado la reactivación del uso del carbón —extremadamente contaminante— y del consumo hogareño de leña para la generación eléctrica y para la calefacción. Asimismo, en este mismo contexto, se promueve un nuevo ciclo de expansión de las llamadas “energías extremas” (los combustibles no convencionales como el de Vaca Muerta en el sur de Argentina o la explotación offshore) y el desarrollo de proyectos vinculados a las energías renovables (como la explotación del litio en el triángulo compartido entre Chile, Argentina y Bolivia; o del hidrógeno verde en diferentes países de América del Sur) bajo control corporativo trasnacional que intenta reeditar el antiguo saqueo de los bienes naturales, ahora para contribuir a la transición energética en el Norte.

Nueva ola de COVID: ¿la pandemia permanente?

Durante las últimas semanas de noviembre y principios de diciembre se reportó un incremento de las tasas de contagio del COVID-19 en diferentes regiones del mundo, desde China a Europa e incluyendo distintos países de América Latina y el Caribe. Sobre ello, funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declararon que la razón principal de este aumento se debe a la rápida propagación de las variantes BA.4 y BA.5 de la cepa Omicrón, que resultan más contagiosas aunque sin incrementar significativamente la tasa de mortalidad. En esta dirección, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) enfatizó que «la pandemia no ha terminado» y pidió reforzar la vacunación; por otra parte, la adopción de medidas de cuarentena en China desató importantes protestas en distintos centros urbanos.

En un escenario global de guerra y neofascismos: desestabilización y golpes suaves contra la nueva ola progresista en Nuestra América

En nuestro primer informe de 2022 señalábamos que la guerra se proyectó al interior de nuestros países bajo otra forma, esta vez interna: la de la ofensiva de los productores y exportadores de los bienes comunes naturales para apropiarse de las ganancias extraordinarias devenidas de la nueva situación global, en detrimento de la mayoría social y, en particular, de los sectores populares.

En nuestro segundo informe del año examinábamos cómo la intervención violenta, autoritaria e incluso neofascista de los sectores dominantes volvía a estar en el centro de la escena política y social de la región, con la violencia descargada sobre el pueblo haitiano para ahogar el ciclo de luchas; las amenazas de Bolsonaro de desconocer el resultado electoral en Brasil; los vientos repetidos de golpe cívico en Bolivia; las reiteradas tentativas de desestabilización y destitución del presidente Castillo en Perú; los intentos de asesinato y amenazas sufridos por Petro en Colombia antes y después de ganar las elecciones; el intento de magnicidio de la vicepresidenta y dos veces presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, felizmente fallido. La avaricia sin límites del poder económico concentrado, el control mafioso de las instituciones estatales, la acentuación de la desigualdad social como caldo de cultivo de la violencia y los neofascismos, algunos de los factores que corporeizan y dan fuerza a esta ofensiva conservadora. En este contexto, si la derrota electoral de Bolsonaro en Brasil —aún con  la consolidación de la representación bolsonaristas en el parlamento y gobiernos estaduales que examinamos en las páginas siguientes— representó un golpe a la salida fascista frente a la crisis; la injusta condena judicial por administración fraudulenta en primera instancia a la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner —expresión del lawfare— y la destitución y apresamiento del presidente peruano Castillo bajo el imperio de un golpe parlamentario marcaron, en este periodo, la relativa efectividad de los golpes a esta última ola de gobiernos progresistas en Nuestra América. Este, y los otros aspectos de la crisis mencionados anteriormente, dan cuenta de los significativos desafíos que afrontan, de cara al 2023, los pueblos y los movimientos populares de Nuestra América.

Cono Sur: el retorno de Lula en un tenso panorama regional

El principal destaque del cuatrimestre en Brasil fue la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), en las elecciones presidenciales. Si bien el número de votos por Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), fue superior a lo que pronosticaban las encuestas, los votos por Lula y su victoria fueron el escenario señalado por los principales institutos, que fue destacado en nuestros informes de coyuntura. Lula obtuvo el 50,90% de los votos válidos, frente al 49,10% de Bolsonaro. La candidatura de Lula se configuró en un frente amplio, que reunió a diferentes sectores de la sociedad, desde partidos de izquierda del PT, así como partidos y figuras públicas del espectro político de centroderecha y derecha. Esta alianza contra Bolsonaro y la fuerza de la figura de Lula en la sociedad brasileña aseguraron el récord de votos recibidos por un candidato en Brasil: Lula obtuvo más de 60 millones de votos.

Si, por un lado, millones de simpatizantes de Lula salieron a las calles para celebrar, muchos simpatizantes de Bolsonaro, el mismo 30 de octubre, ocuparon calles y carreteras de todo el país, contra el resultado electoral. Algunas semanas después, muchos manifestantes se dirigieron también al frente de los cuarteles para pedir una intervención militar. El carácter de las manifestaciones era antidemocrático y acusaban de fraude a las máquinas de votación electrónica. Todas estas manifestaciones persisten hasta hoy, pero han ido perdiendo fuerza, en gran medida por la actuación del presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Alexandre de Moraes, quien presionó a la Policía Federal de Carreteras (PRF) para que tomara medidas contra las manifestaciones que atacaron el estado de derecho en Brasil. Alexandre de Moraes también actuó contra un movimiento institucional que cuestionaba las máquinas de votación electrónica. Este movimiento fue el pedido del Partido Liberal (PL) de anulación de votos, alegando que las urnas estaban amañadas. En respuesta, Alexandre de Moraes multó al partido con BRL 22,9 millones por ser una acción abusiva y no haber presentado ninguna prueba para justificar tal solicitud.

En medio del escenario de cuestionamiento de las elecciones por seguidores fanáticos de Bolsonaro, el 12 de diciembre, Lula fue certificado como nuevo presidente, marcando el final del proceso electoral. Los medios nunca habían prestado tanta atención a un proceso de entrega de diploma a un presidente en la historia de Brasil. La posesión, un evento que siempre es el más esperado y comentado, tendrá lugar el 1° de enero de 2023.

La derrota de Bolsonaro en las urnas representa una derrota para la extrema derecha en Brasil, en la región de América Latina y el Caribe y en el mundo. Sin embargo, vale la pena señalar que de los 27 gobernadores electos, 14 apoyaron a Bolsonaro, 11 a Lula y 2 se mantuvieron neutrales. En la legislatura, se renovaba un tercio del Senado, en la que estaban en juego la elección de 27 parlamentarios. De estos, 16 expresaron su apoyo a Bolsonaro, 8 a Lula y 3 no se manifestaron. En la Cámara de Diputados estaban en juego los 513 escaños, de los cuales 188 fueron para diputados de partidos que apoyaron a Bolsonaro en la primera vuelta, 122 de partidos que apoyaron a Lula y 203 de diputados que no apoyaron a ninguno de los dos candidatos.

La mayoría de los diputados y senadores electos no son partidarios de Lula. Este es uno de los desafíos del próximo gobierno, el de gobernar frente a una mayoría parlamentaria que no es su aliada. Además, la coyuntura económica internacional, la política fiscal de ajustar el gasto público y el presupuesto para 2023 plantean otros desafíos. Estos temas fueron debatidos en el Cuaderno Entre la esperanza y los desafíos: perspectivas para el tercer gobierno de Lula, que editamos recientemente desde el Observatorio de América Latina (OBSAL) del Instituto Tricontinental..

En informes anteriores destacamos la gravedad de la situación socioeconómica del país. Las tareas pendientes en este sentido son muchas. El país vive con 33 millones de personas que se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria severa. El presupuesto para 2023 lo está formando el actual gobierno de Bolsonaro y hay muchos vacíos, en los que no se previeron fondos para las áreas de salud, educación, asistencia social, vivienda, entre otros, y para importantes programas, como Farmacia Popular, creado en la primera administración de Lula, que puso a disposición medicamentos gratuitos o casi totalmente subsidiados. Como una forma de enfrentar el problema presupuestario y el actual régimen fiscal, el equipo de transición del nuevo gobierno, instalado el 8 de noviembre, propuso la aprobación de una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) de R$ 145 mil millones fuera del tope para los próximos dos años. El objetivo es garantizar el pago mensual de R$ 600 del Auxilio Brasil, que volverá a llamarse Bolsa Familia, e inversiones en otras áreas y programas, como la garantía de valorización real del salario mínimo. La propuesta inicial del nuevo gobierno era que se garantizara por cuatro años, pero el Senado ha aprobado por dos años y las negociaciones todavía acontecen en la Cámara. Paralelamente, el partido Rede Sustentabilidade ha presentado una solicitud al Supremo Tribunal Federal (STF) para que se garantice el gasto en Bolsa Familia como parte del presupuesto, a través de créditos extraordinarios, que fue aprobada por el ministro Gilmar Mendes el 19 de diciembre. De este modo, se garantiza el pago del Bolsa Familia, sin necesidad de negociar con el poder legislativo. El mismo día, 19 de diciembre, el STF definió el presupuesto secreto como inconstitucional. Ambas decisiones debilitan el poder de chantaje de los congresistas aliados a Bolsonaro, especialmente el presidente de la Cámara Arthur Lira.

El gobierno de Bolsonaro y su proyecto destructivo están llegando a su fin. Eso no significa que el próximo gobierno de Lula vaya a tener una vida fácil. Además de poner en práctica los objetivos de su programa de gobierno, que prevé la lucha contra el hambre y la desigualdad, deberá atender los intereses de las clases dominantes, muchas de las cuales apoyaron su candidatura. Tendrá que soportar la presión de los principales medios de comunicación y todos los voceros del mercado financiero haciendo terrorismo mediático ante cualquier intento del nuevo gobierno de realizar inversiones fuera del techo de gasto con fines sociales. Vale la pena señalar que no hay otro país en el mundo que adopte un régimen fiscal que asfixie la inversión pública como actualmente lo hace Brasil. El lema ahora es reconstruir Brasil, después de cuatro años de destrucción. Por lo tanto, es urgente pensar en una política fiscal que tenga en cuenta al pueblo brasileño en el presupuesto y para eso será necesario enfrentar y desenmascarar el discurso del mercado contra las inversiones públicas en el día a día.

Este panorama de expectativas contrasta con la situación de todos los demás países de la subregión, aunque con todos ellos mantiene elementos comunes en relación con un grado alto de polarización política e incertidumbre de cara al futuro inmediato.

En Argentina, durante la última parte del año, las expectativas, los sufrimientos y las alegrías de la gran mayoría de la población estuvieron marcadas por lo que pasaba en el Mundial de fútbol en Qatar, pero esto no paralizó la dinámica intensa que siempre atraviesa a la política de este país. Los hechos más destacados tuvieron como protagonistas a integrantes del desprestigiado Poder Judicial, que salvo unas pocas excepciones se esfuerza en mostrarse como una verdadera casta con privilegios, superpoderes y una intervención cada vez más abierta en la escena política.

A principios  de diciembre un tribunal de primera instancia condenó a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión más inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos, en un proceso plagado de irregularidades con el objetivo de golpear a la principal referenta del campo popular. Apenas unos días antes de esa decisión judicial, una filtración mostró con claridad los vínculos entre jueces, fiscales, medios de comunicación y políticos derechistas, quienes en octubre de este año viajaron a Lago Escondido, el territorio ocupado por el magnate inglés Joe Lewis en la Patagonia. Se trató de un viaje pagado por el Grupo Clarín que debía ser secreto pero tomó estado público; y a partir de ese momento los involucrados se articularon para influir en la Justicia y en los medios a través de todas las formas posibles de lobby, sin privarse de cometer varios delitos en el camino. Todo quedó grabado en un chat de Telegram, que deja a la vista la corrupción de estos supuestos paladines de la justicia, la libertad y las instituciones. Escenas explícitas de lawfare, uno de los mecanismos de la guerra híbrida que amenaza la democracia en toda la región.

A esto hay que sumarle los escasos avances en la investigación por el intento de magnicidio contra la propia expresidenta, que fue denunciada por su equipo jurídico ante los intentos por despegar de la causa a sectores vinculados a la derecha política.

La avanzada político judicial se da en un contexto de crisis económica para amplios sectores sociales. A pesar de que el gobierno destaca el crecimiento económico, la mayor parte del mismo es apropiada por los sectores de altos ingresos, mientras se despliega una ofensiva, mediática, judicial y política contra cualquier tipo de políticas de asistencia a los sectores de menores ingresos, a la que incluso se pliegan funcionarios del propio gobierno del Frente  de Todos, más preocupados por cumplir con el ajuste que exige el FMI que por el nivel de pobreza, que ya alcanza al 43% de la población. En esta lógica se inscribe el intento por golpear a los movimientos sociales bajo el argumento de irregularidades en el Plan Potenciar Trabajo, lo que fue desestimado ante la movilización popular.

Con un panorama signado por la ofensiva de los sectores más conservadores en todos los planos, se destaca el consenso entre las principales formaciones políticas respecto al tratamiento a dar a las comunidades mapuche: una vez más sufrieron la represión de las fuerzas federales.

Mientras tanto, por debajo, se multiplican los movimientos internos en el oficialismo y en la oposición, de cara a un 2023 con elecciones generales: presidenciales y legislativas a nivel nacional, ejecutivas y legislativas a nivel provincial y municipal.

En la oposición de derecha las peleas son múltiples, agudizadas por lo que perciben como una gran oportunidad, tras la decepción del gobierno de Alberto Fernández. Por un lado se encuentran el expresidente Mauricio Macri y su ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, cercanos a su vez a figuras de ultraderecha como el autopercibido libertario Javier Milei. Este sector se posiciona con mayor virulencia contra el kirchnerismo y todo aquello que identifican como “populismo”. Por otro lado se encuentra el alcalde de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que por momentos se muestra como un derechista moderado aunque sin dejar de hablarle a un electorado que consume en altas dosis un discurso de enorme violencia simbólica. Acaso para dar una prueba más de fe, en los últimos días del año Rodríguez Larreta peregrinó a Estados Unidos: allí se reunió con empresarios, legisladores bipartidistas y —en la sede del Pentágono— con el subsecretario de Defensa Dan Erikson.

En el Frente de Todos continúa la tensión entre diferentes sectores, en particular los referenciados en Cristina Fernández de Kirchner, que exigen del gobierno de Alberto Fernández una política más popular, y aquellos que se muestran más cercanos al presidente o que —como el ministro de Economía Sergio Massa— amasan proyectos propios con excelentes relaciones con el establishment argentino y estadounidense.

Intentando jugar en todas las canastas aparece, como es habitual, la embajada norteamericana, que por momentos abandona toda simulación. Una de las pinturas del año es lo que sucedió durante la gala anual del Council of Americas, cuando el embajador Marc Stanley reclamó abiertamente un compromiso en torno a “consensos básicos”. «Hagan una coalición ahora; no esperen a la elección 2023», les pidió abiertamente Stanley a Massa y a Rodríguez Larreta, que lo escuchaban con atención. El viejo sueño de una estabilidad neoliberal asentada en un amplio consenso bipartidista, que sin dudas tiene partidarios en ambos espacios políticos, y un gran obstáculo: el extendido movimiento popular. Con su conocido poder de movilización, este deposita mayoritariamente sus expectativas en la posibilidad de una candidatura y por esa razón se puede observar en movilizaciones, declaraciones y pintadas una misma y breve consigna que lo dice casi todo: Cristina 2023. Luego de la condena, Fernández de Kirchner dijo que no sería candidata a nada en las próximas elecciones. Habrá que ver cómo se ordena este complejo tablero político en el próximo año. Es mucho lo que está en juego en este país clave para el devenir del Cono Sur, que a partir del 1º de enero tendrá en el gobierno del país más grande de América Latina a un viejo conocido: Luiz Inácio Lula Da Silva.

En Chile se cumplió un año del triunfo de Gabriel Boric en el balotaje frente al ultraderechista Jesé Antonio Kast y el panorama muestra un rápido paso de la expectativa a una creciente deslegitimación de las ideas de cambio expresadas mayoritariamente —aunque de forma ajustada— en esa elección. El año 2022 trajo el mayor golpe a las fuerzas progresistas y de izquierda, al triunfar el No en el plebiscito constitucional, sobre lo que dimos cuenta en nuestro informe de coyuntura anterior. A tres años del comienzo de la masiva insurrección identificada con la consigna #ChileDespertó, el panorama continúa mostrando una tendencia hacia el reforzamiento de las posiciones conservadoras. Esto se expresa por ejemplo en el debate sobre el nuevo órgano que tendrá la tarea de elaborar un nuevo proyecto de Constitución, tras el fracaso del proyecto mayoritario de la Convención Constituyente.

Más allá de que es claro que las consultoras también son parte del juego político y por lo tanto sus informes no son neutrales —es obvio que en sí mismas crean o consolidan “opinión pública”—, es interesante observar los datos que presenta CADEM en la encuesta publicada el 11 de diciembre. De acuerdo a este informe, “el 67% (+3pts) está de acuerdo con que Chile necesita una nueva Constitución, mientras 30% (-4%) está en desacuerdo”. Un dato que llama la atención y pareciera ser contradictorio es que el 59% cree que el órgano debería ser “una convención mixta, [formada por] convencionales electos y expertos frente a un 37% que prefiere una totalmente electa”. Pero si en el Congreso se acordara impulsar una convención mixta, de acuerdo al relevamiento de CADEM, el 41% está de acuerdo en que sean mitad expertos y mitad electos; un 33%, que la mayoría sean expertos y solo un 22% que la mayoría sean electos (lo cual contrasta con el 37% que preferiría que sea electa en su totalidad). Pese a las sospechas metodológicas, el debate sobre las características del órgano constituyente no lo inventa en este caso la consultora sino que forma parte del tironeo entre las fuerzas progresistas y los partidos políticos conservadores. Estos últimos —luego del plebiscito y la caída de imagen del gobierno de Boric— intentan garantizar la máxima de “cambiar para que nada cambie” y aspiran a que sea el propio Parlamento el que nombre a los “expertos”.

El mismo estudio de CADEM señala que Boric pareciera haber estabilizado la caída en la aprobación a su gestión en el último trimestre del año aunque en torno al 30% de apoyo y un 65% de rechazo, una cifra incluso peor al derrotero de Bachelet y Piñera en sus respectivos primeros nueve meses de gobierno.

Ante esta situación, el gobierno pareciera aferrarse al rumbo de la moderación conservadora. Muestras de ello son los frecuentes episodios de represión, en particular a las comunidades mapuche en el sur del país. A fines de noviembre, el Senado aprobó la prórroga del estado de excepción en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío. Mientras crece la tensión y el gobierno asume una política similar a los gobiernos anteriores, otros indicadores dan cuenta de un “cambio de relato que nadie entiende”, al decir del alcalde de Recoleta Daniel Jadue. El dirigente del Partido Comunista, quien fuera rival de Boric en las primarias de la alianza Apruebo Dignidad, señaló en una entrevista con la Radio de la Universidad de Chile que “nuestro Gobierno y nuestra coalición ha tenido cambios significativos de opinión que la gente no solo no entiende sino que además no comparte y se siente defraudada, porque se dijo una cosa antes de las elecciones y lo que se hizo fue otra”. Entre los temas señalados por Jadue se encuentra la actitud tomada por el gobierno de Boric ante el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, tratado de liberalización comercial conocido como TPP-11 por sus siglas en inglés y porque sus miembros son once países del Pacífico. “La coalición del presidente votó en contra completo el TPP 11 por lo peligroso y lo nefasto que es para el desarrollo del país —declaró Jadue—. El presidente podría haberlo retirado [del parlamento] y dejó sencillamente que se aprobara porque hoy día hay un cambio de relato que nadie entiende”.

En Paraguay, continúa el proceso hacia las elecciones presidenciales del 30 de abril de 2023, en un marco de degradación institucional e intervención de EE. UU., como ya señalamos en el informe #18. El 18 de diciembre se realizaron las elecciones internas simultáneas en todos los partidos políticos. Además de elegir autoridades, la Asociación Nacional Republicana (ANR) – Partido Colorado y los partidos que integran la Concertación por un Nuevo Paraguay eligieron sus candidaturas presidenciales. En el Partido Colorado, triunfó claramente el sector liderado por Horacio Cartes. El expresidente será el titular del partido y Santi Peña el candidato presidencial. En la Concertación la dupla ganadora fue la conformada por Efraín Alegre y Soledad Núñez, que en líneas generales expresa una derecha moderada, con un discurso liberal, de defensa de las instituciones; y con buena llegada a los sectores de poder más concentrado. A nivel más general, la Concertación es un frente político heterogéneo, hegemonizado por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y que cuenta con participación tanto de formaciones de derecha —como el Partido Patria Querida (PPQ)— como también de algunos partidos y referencias que integran el Frente Guasú (FG). Este es el caso de la senadora Esperanza Martínez, del Partido de Participacion Ciudadana, quien declinó su precandidatura a presidenta a mediados de 2022 y anunció que irá por un nuevo período legislativo. También del Partido País Solidario. Otros partidos del FG —como Tekojoja, Convergencia Socialista, Fuerza Común, Unidad Popular, entre otros– impulsan la alianza Nueva República, que lleva como candidato a presidente al experimentado político Euclides Acevedo —entre otros cargos, fue ministro del Interior (2019-2021) y canciller (2021-2022) del actual gobierno— y como candidato a vicepresidente a Jorge Querey, de Unidad Popular en el Frente Guasú. Querey es el médico personal del expresidente y actual senador Fernando Lugo, principal referente del FG, quien desde septiembre está internado en Argentina tras un accidente cerebrovascular sufrido en agosto. Pese a las tensiones, al menos por el momento no se ha llegado a una fragmentación total del principal espacio de la izquierda paraguaya, que en el plano legislativo impulsa una lista unificada junto a otros espacios de izquierda bajo la identidad de Frente Guasú Ñemongeta. Además de estos tres espacios, que al día de hoy aparecen con mayor estructura para llegar a la presidencia, también se encuentran lanzadas las candidaturas del exarquero José Luis Chilavert y de Paraguayo Cubas, exsenador que fue destituido del cargo en 2019 bajo el cargo de “uso indebido de influencias” luego de protagonizar algunos hechos de violencia. Ambos candidatos se encuentran en el espectro de la derecha política. El cronograma político fue empañado por un incendio en la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral, en Asunción, ocurrido a fines de sept​​iembre, en el que resultaron destruidas más de ocho mil máquinas electrónicas de votación. Si bien el hecho levantó muchas suspicacias, en particular en la oposición, los informes oficiales descartaron que se tratara de un acto intencional.

La complejidad del panorama electoral se repite en algunos temas que cruzan transversalmente la agenda política de Paraguay. Entre los temas más debatidos en la última parte del año se encuentra la iniciativa por parte del ala cartista y el Partido Patria Querida en la Cámara de Diputados para derogar un convenio del Ministerio de Educación con la Unión Europea destinado a proveer de útiles y merienda a niños y niñas en las escuelas. Esto se da en el marco de una ofensiva mediática de sectores conservadores contra la “ideología de género”. Al interior del Frente Guasú predomina la idea de que se trata de un tema instalado por el cartismo para golpear al gobierno y al mismo tiempo contribuir a la fragmentación de la oposición, en un panorama político repleto de contradicciones internas en los diferentes espacios.

Las disputas políticas se dan en un contexto muy particular en Paraguay. En el último año han crecido los hechos públicos que denotan una severa crisis institucional, con hechos espectaculares desarrollados por el crimen organizado, en especial los grupos narco —los más destacados: el asesinato del fiscal Marcelo Pecci, en Colombia, y los frecuentes envíos masivos de drogas a Europa desde Paraguay—, y con fuertes evidencias de complicidad del poder político y judicial en hechos delictivos. En octubre, luego de presentar el informe final de la Comisión Bicameral de Investigación de hechos punibles de lavado de dinero y otros delitos conexos, el senador Jorge Querey declaró que en el país existe “un corredor logístico de la criminalidad internacional» y vinculó al expresidente Horacio Cartes con el contrabando de cigarrillos. Los presuntos negocios ilegales de Cartes son un secreto a voces en la política y la sociedad paraguaya. El documento, que tiene 875 páginas, menciona la participación de empresarios y militares en diferentes delitos, así como la inacción del Poder Judicial. En un ítem significativo a nivel regional, también sostiene que Paraguay es un mercado de tránsito del narcotráfico y que existe un “bajo nivel de control y vigilancia” que “obviamente facilita el libre tránsito de la cocaína por la hidrovía que va por el Río de la Plata y luego se dirige principalmente a Europa y África”. Por otro lado, añade el documento que “Paraguay por su débil institucionalidad y bajo nivel de control de las autoridades, también se convirtió en un lugar atractivo para los delitos de lavado de dinero, tanto para la utilización del sistema financiero o para ocultar el origen verdadero de los fondos”.

Además de su utilización con fines delictivos, la política del gobierno paraguayo respecto a la denominada Hidrovía Paraguay – Paraná comenzó a ser objeto de controversia y preocupación por parte de sus vecinos. En septiembre, la Cámara de Diputados de la provincia de Chaco (Argentina) aprobó un proyecto de resolución por medio del cual expresa “preocupación por la introducción de inversión financiera de Estados Unidos en la Hidrovía Paraná-Paraguay y [la] presencia militar norteamericana en el tramo paraguayo”. De acuerdo al proyecto, esto “amenaza directamente a los intereses económicos” de Argentina “por la implicancia del control del territorio y de los capitales que la elaboración de un Plan Maestro para la Navegabilidad del Río Paraguay pueda significar para la región”. Además, la Cámara resalta que “el interés geopolítico por la hidrovía y la triple frontera por parte de las autoridades estadounidenses pone en peligro estrategias de comunicación, económicas y políticas del país y la región con el resto del mundo”.

Otro de los temas clave para Paraguay y el Cono Sur es la represa Itaipú, que comparte con Brasil. En los últimos años el gobierno de Abdo ha recibido fuertes críticas por parte de sectores que defienden la soberanía energética del país, nucleados en la Campaña “Itaipú 2023 Causa Nacional» y en la Campaña “Itaipú es también soberanía”. Desde estos espacios se plantea que el gobierno es cómplice en la venta de energía barata a Brasil. En 2023 se debería renegociar el Anexo C del convenio y la asunción de Lula como presidente plantea expectativas positivas en el sentido de un acuerdo más justo para Paraguay.

Con las elecciones generales en puerta, al final del próximo cuatrimestre, junto a otros reacomodamientos en el continente, el 2023 seguramente traerá novedades en varios de los planos que comentamos brevemente en este informe.

En Uruguay, el tema excluyente en el escenario político es el escándalo por el llamado “caso Astesiano”: el ex custodio del presidente Luis Lacalle Pou fue detenido en septiembre luego que se descubriera que coordinaba una organización criminal dedicada a la falsificación de pasaportes. En el momento de la detención, el presidente se mostró sorprendido y dijo que Astesiano no tenía antecedentes que le hicieran sospechar sobre eventuales irregularidades. Sin embargo, rápidamente se conoció que el custodio tenía al menos veinte indagatorias policiales por diversos delitos, como hurto, estafa y apropiación indebida. Con el correr de las semanas, el estupor aumentó al sumarse otros delitos, entre los que se incluyen el espionaje a senadores y empresarios.

El caso involucra a al menos dos ciudadanos rusos, que fueron detenidos, a policías, militares, funcionarios públicos y también a una empresa de “seguridad e investigaciones” con sede en el estado de Florida, EE. UU. En relación con esta última parece abrirse una caja de sorpresas que aún no termina. Según trascendió, el espionaje fue realizado sobre los senadores Charles Carrera y Mario Bergara, del Frente Amplio, con el objeto de extorsionarlos. Ambos senadores habían denunciado al gobierno por irregularidades en la extensión —hasta 2081— de la concesión del Puerto de Montevideo, a favor de la empresa de origen belga Katoen Natie. Según un artículo de La Diaria, un militar retirado uruguayo, que figura como gerente de la compañía, hizo el pedido dos semanas después de que ambos legisladores ampliaron la demanda penal ante la Fiscalía por la concesión del puerto. “A ver la info que necesito de ellos  [los senadores] es todo lo personal. Ya que los quieren atar para que retiren la denuncia”, fundamentó su pedido el exoficial del Ejército, en una comunicación con Astesiano. “Biennn. Tranqui” les contesta este. De acuerdo a los chats a los que accedió el medio, en agosto Astesiano recibió una transferencia de dinero desde la empresa radicada en Boca Ratón y en cuya propiedad participan al menos dos ex militares uruguayos. Además, en otras comunicaciones le realizan a Astesiano otros pedidos, como información sobre la compra de dos patrulleros oceánicos para la Armada Nacional y de aviones para la Fuerza Aérea y hasta detalles de reuniones del presidente Lacalle con empresarios internacionales.

La compañía se llama Vertical Skies y según su perfil en la red LinkedIn, es “una consultora global con más de treinta años de sólida reputación y experiencia de trabajo en más de cincuenta países” que cuenta entre cinco mil y diez mil empleados. “En Vertical Skies nos comprometemos a ayudar a nuestros clientes —personalidades de alto perfil, familias, empresas y propietarios de viviendas— a construir entornos y organizaciones seguros, conformes y resistentes en una era de riesgos y conectividad en constante cambio”, aseguran desde la empresa. También afirman haber sido contratados “por las mayores empresas y organizaciones del mundo”, entre las que destacan al Ejército de EE.UU., Interpol, la Unión Europea, la OEA, Naciones Unidas y diferentes gobiernos, que no identifican. Como si fuera un texto paródico, en su presentación señalan que “seguridad, confianza y libertad son nuestros objetivos y estamos preparados para proteger sus activos y a nuestros clientes para prevenir situaciones imprevistas, planificar con antelación, asegurar sus valores y vivir con libertad. ¿Quién puede ser mejor que nosotros?”.

Con el avance de las investigaciones, surgieron nuevos vínculos entre la empresa de “seguridad” y el gobierno de Lacalle Pou, entre los que se destacan negocios de  equipamiento militar, software y cursos operativos para el cuerpo de custodia presidencial.

El otro tema que salpica al gobierno es el aval de la Cancillería uruguaya al narcotraficante Sebastián Marset, quien había sido detenido en Dubai con documentación paraguaya falsa. El abogado de Marset se reunió con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, y luego el consulado uruguayo en Emiratos Árabes Unidos emitió una carta que resultó determinante para que fuera liberado. Pero antes, incluso estando en la cárcel, recibió efectivamente el pasaporte uruguayo. Una vez que fue liberado por la justicia de EAU, Marset desapareció. Entre otros cargos, se lo acusa de integrar un grupo narco internacional que opera en Paraguay y en ese contexto, de ser uno de los autores intelectuales del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en Colombia durante su luna de miel, en marzo de este año.  Al cierre de este informe, la viceministra Ache debió renunciar a su cargo.

Mientras estos escándalos se desarrollan, el gobierno de todas maneras intenta avanzar con su programa de reformas neoliberales. Entre ellas ocupa un lugar especial la Reforma a la Seguridad Social. El proyecto eleva la edad de jubilación de 60 a 65 años y es rechazado por la central sindical. En una conferencia de prensa realizada a fines de octubre, el secretario general del PIT-CNT,  Marcelo Abdala, dijo que el presidente mintió en campaña, al asegurar que no se tocaría la edad jubilatoria. La oposición, nucleada en el Frente Amplio (FA), acordó rechazar en general el proyecto pero acompañar la votación de unos veinte artículos que evalúan favorables a los trabajadores y al sostenimiento del Banco de Previsión Social. En su declaración, el FA señaló que la propuesta del gobierno es “una reforma incompleta del sistema previsional que descarga el peso de sus costos exclusivamente sobre las espaldas de las trabajadoras y los trabajadores”. Entre las principales críticas se menciona que “no contempla la necesidad de nuevos ingresos para financiar el sistema, no toma en cuenta las inequidades existentes dentro del propio sistema, ni analiza otras posibles fuentes de financiación”. La articulación de espacios progresistas y de izquierda señala que “con esta reforma la mayoría de las personas van a tener que esperar trabajar más tiempo y jubilarse con menos ingresos”. Al cierre de este informe, el gobierno espera que su tratamiento inicie en el Senado en los últimos días del año y se complete en Diputados en el primer semestre de 2023.

Con sinsabores y en medio de un golpe parlamentario, la región andina cierra el 2022

La serie de transformaciones que han protagonizado la región Andina desde 2021 movieron la coyuntura con triunfos y derrotas para los sectores populares, y con modificaciones en el mapa regional. Pareciera ser esta región uno de los principales escenarios de disputa entre las fuerzas neoliberales y conservadoras que pisaron fuerte durante décadas en países como Colombia o Perú, y las fuerzas progresistas o revolucionarias que en estos países tratan de impulsar proyectos populares que pongan un freno al avance del modelo neoliberal y sus dinámicas antidemocráticas en la región.

Así, en nuestro informe anterior ubicamos unos Andes esperanzados con la posesión de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia, que —sumado al ciclo de recuperación económica de Bolivia y Venezuela— parecían presentar un buen escenario para la región: aunque inestable en el caso de Perú por los permanentes intentos de vacancia presidencial, aún se mantenía prendida una luz de esperanza para el primer gobierno de extracción popular, en este país andino de larga tradición neoliberal. Sin embargo, diciembre modificó este escenario, poniendo de nuevo la disputa más viva que nunca.

En numerosas ediciones, desde la llegada de Castillo a la presidencia en Perú fuimos enfatizando el asedio que desde el Congreso se le hacía a través de las figuras de negación del voto de confianza al gabinete por parte del Poder Legislativo, y de “vacancia presidencial”, ambas contempladas en la Constitución nacional, y permanentemente utilizadas contra varios presidentes durante los últimos seis años. Con este argumento, y con montajes judiciales orquestados por la oligarquía peruana de la mano de las patronales, los principales medios de comunicación y los sectores políticos aliados al fujimorismo, se intentó por todos los flancos avanzar contra el gobierno constitucional de Pedro Castillo.

Entre tanto, desde que asumió el cargo de presidente Castillo fue tomando una serie de decisiones ampliamente cuestionadas por los sectores populares que impulsaron su candidatura, y en particular criticadas por el partido que lo llevó como candidato presidencial. Perú Libre, con una crisis política interna que lo llevó a fragmentarse numerosas veces, planteó de forma reiterada que Castillo, asediado por estos mecanismos antidemocráticos, en lugar de refugiarse en los sectores que lo llevaron a la presidencia, de continuar con fuerza con importantes promesas de campaña como la Asamblea Constituyente —donde radica el problema institucional—, o de fortalecer el vínculo con las organizaciones sociales, decidió acercarse a sectores conservadores del país, y hacerles concesiones. Su objetivo era buscar alianzas tácticas que le permitieran calmar las aguas sobre la reiterada desconfianza por parte del Congreso hacia sus gabinetes —que modificó numerosas veces hasta lograr más de 75 diferentes nombres que pasaron por los ministerios—, o apaciguar los intentos de  votación para la vacancia presidencial, para tener un mínimo de gobernabilidad. Estos acercamientos lo llevaron inclusive a acercarse a la OEA en búsqueda de un respaldo institucional internacional.

El escenario, sin embargo, fue claro desde el inicio para diversos sectores: por su extracción social, y por el tipo de proyecto que según su campaña buscaba desarrollar en Perú, los sectores de poder no iban a permitirle ningún grado de gobernabilidad, más cuando en la Constitución nacional hay elementos que así lo permiten, razón por la que numerosos movimientos y organizaciones insistían permanentemente en que Castillo avanzara con el proyecto de Asamblea Constituyente para transformar la Carta Magna que era el nodo principal donde se encontraban no solo estos instrumentos antidemocráticos, sino que blindaban el desarrollo del modelo neoliberal bajo el cual fue redactada.

En ese contexto de asedio permanente y crisis sin salida, Pedro Castillo tomó la decisión unilateral —sin consultar a su gabinete ni a sectores sociales cercanos al gobierno— de anunciar el cierre del Congreso y el estado de excepción, el mismo día de la tercera votación en el Congreso por su vacancia, que según cálculos de la votación de los parlamentarios, no lograría obtener la mayoría, pero que después del anuncio de Castillo terminó inclinando la balanza para darle finalmente los votos necesarios y vacarlo del cargo de Presidente de la República.

Después de la detención del ya expresidente bajo los delitos de rebelión y conspiración, y su solicitud formal de asilo a México, se logró el tan anhelado golpe contra el gobierno de Castillo, y asumió el gobierno la vicepresidenta Dina Boluarte bajo la propuesta de “unidad nacional” con una tregua que permita algún grado de gobernabilidad en el país. Sin embargo, días después fue evidente el pacto que la entonces vicepresidenta tenía con el Congreso golpista y con los sectores de ultraderecha, impulsando una represión inédita en Perú contra las enormes movilizaciones que se han desarrollado en todo el país. Al cierre de esta edición, el saldo es de más de veinte personas asesinadas por las fuerzas militares y de seguridad en el país. Producto del ya conocido discurso del “terruqueo” (estigmatización de la militancia popular como “terrorista”) el proceso ha incluido persecución, criminalización y allanamientos ilegales a locales de organizaciones políticas como Nuevo Perú y la Conferencia Campesina del Perú, que han sido ocultados escandalosamente por los medios de comunicación nacionales e internacionales.

Las masivas movilizaciones de los sectores democráticos exigen de inmediato que cese la represión que la dictadura parlamentaria de Boluarte ha impulsado contra el pueblo, que el congreso renueve su mesa directiva y convoque de inmediato a elecciones generales y a la principal exigencia de las movilizaciones populares: un referendo constituyente que transforme por fin la constitución del país.

La situación humanitaria es crítica y los sectores populares del país exigen el cese de la usurpación de Duarte, así como la libertad de Pedro Castillo, a quien al día de hoy consideran un preso político, ya que los delitos por los que se lo acusa nunca se consumaron y quien aún no tiene una sentencia en su contra. En ese sentido, un grupo de países de la región, dentro de los que están Argentina, Colombia, México y Bolivia, emitieron una declaración de solidaridad con Perú en la que evidencian el asedio al gobierno de Castillo desde el día que asumió la presidencia, exigen una resolución democrática a la crisis y en especial, la restitución de los derechos de Pedro Castillo. A esta exigencia se sumaron también los gobiernos de Cuba, Venezuela y Honduras.

Es imposible no hacer una comparación de esta crisis política con los hechos sucedidos en Bolivia en 2019. A pesar del retorno de la democracia, la institucionalidad boliviana quedó debilitada y el clima político continúa tenso con permanentes amenazas golpistas en contra del gobierno del MAS-IPSP, a las que se suman importantes disputas dentro de los sectores mismos del gobierno, en especial entre el liderazgo de Evo Morales y el de David Choquehuanca. Sin embargo, a pesar de este escenario, Bolivia cierra el 2022 con una estabilidad económica que a pesar de las amenazas, no logró verse afectada del todo por el paro de Santa Cruz.

Durante el mes de noviembre los sectores del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, protagonizado por la Unión Juvenil Cruceñista y la propia gobernación de Camacho, impulsaron un paro regional de tres semanas rechazando la fecha de realización del Censo Nacional de Población y Vivienda, fijada por el gobierno para 2024, y pidiendo su realización en 2023, ya que los resultados del mismo serán claves para definir la distribución de recursos económicos que se otorgan en función del número de habitantes de cada departamento, y le permitirían a estos sectores de la oposición —y orquestadores del golpe de 2019— iniciar la preparación de la disputa electoral de 2025.

Camacho, y los diferentes sectores que impulsaron el paro en Santa Cruz, buscaron generar un escenario similar al del golpe en 2019, con manifestaciones violentas en las calles del departamento, pues representan a los sectores afectados por el proyecto de cambio del MAS, como son los terratenientes, y los grupos federalistas y separatistas. Sin embargo, organizaciones vinculadas al MAS cercaron Santa Cruz para evitar que el Paro se replicara más allá de los límites del departamento.

Por supuesto, la debilidad institucional no solo afecta a los gobiernos progresistas o antineoliberales. La crisis en Ecuador que hemos seguido durante el 2022 está marcada por una importante ola de violencia que se ha profundizado en los últimos meses, con una crisis carcelaria e importantes hechos de inseguridad que cierran el año con más de 3.700 muertes violentas, el doble de las que se presentaron en el mismo período en 2021.

Por parte del gobierno de Guillermo Lasso, quien cuenta según las últimas encuestas con solo 10% de aprobación de su gestión, se señala al crimen organizado y a las bandas vinculadas al narcotráfico, y se proponen soluciones superficiales que no apuntan a las causas profundas de la violencia en pobreza y desigualdad, sino que buscan mayores grados de violencia con la firma de convenios de cooperación sobre armas, explosivos y bases de datos compartidas con el gobierno de Estados Unidos, a lo que se suma la propuesta de sectores conservadores de liberar la compra de armas para la población bajo el argumento de la “protección”.

Como hemos mencionado en informes anteriores, uno de los principales problemas de esta escalada de violencia se presenta en los centros penitenciarios donde ha habido, además de disputas entre bandas vinculadas al narcotráfico, grandes problemas vinculados con el hacinamiento y las condiciones inhumanas en las que viven las personas detenidas. En medio de esto se han desarrollado masacres, incineraciones contra personas detenidas y agentes policiales, explosiones en gasolineras, carros bombas y balaceras en los centros penitenciarios.

Como respuesta a esta situación, además de la solicitud de asistencia a la Casa Blanca, el gobierno de Lasso ha desarrollado una serie de toques de queda en el país, y propuso la realización para 2023 de una consulta popular “contra la narcodelincuencia y el crimen organizado”, donde se permiten modificaciones en materia de extradición y endurecimiento de las penas carcelarias, solución que llama la atención teniendo en cuenta la situación que mencionamos anteriormente en los centros penitenciarios.

En medio de esta crisis, y gracias a una medida cautelar, el expresidente Jorge Glass, detenido hace más de 5 años como parte del lawfare cometido contra la Revolución Ciudadana en el país, obtuvo finalmente su libertad. Sin embargo, el gobierno de Lasso busca adelantar la apelación a la decisión.

Afortunadamente, el panorama no es todo negativo, pues este 2022 cierra también con el fortalecimiento de dos países que años atrás protagonizaban escenarios de inestabilidad: Colombia después de cuatro meses de gobierno de Gustavo Petro ha dado un importante giro en materia internacional y nacional que parece cambiar los aires del país, y Venezuela ha consolidado su posición en el escenario global como un actor protagónico.

El rol que ha cumplido Gustavo Petro en sus intervenciones en Naciones Unidas y la pasada reunión de la COP 27 como mencionamos anteriormente, ubican al gobierno del Pacto Histórico como un líder regional en el posicionamiento en escenarios internacionales de temas vinculados con la soberanía y la responsabilidad en materia ambiental. En su importante intervención en la Asamblea de la ONU, Petro subrayó la importancia de que los países centrales asuman la responsabilidad en el desastre ambiental y reiteró su propuesta de condonación de la deuda externa de los países de la región a cambio de servicios ambientales y protección del Amazonas. De la misma forma, cuestionó nuevamente el desarrollo y las consecuencias de la “guerra contra las drogas” impulsada por EE. UU. en la región.

A esta agenda global se suma su visita a López Obrador en México, y la recepción a Kristinn Hrafnsson, editor de Wikileaks, quien desarrolló una gira en América Latina para conseguir apoyo en la campaña por la libertad del periodista Julian Assange. Como si fuera poco, resalta en términos de política exterior la consolidación de la apertura de la frontera con Venezuela y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países con la visita que hizo Gustavo Petro a Nicolas Maduro en el palacio de Miraflores. Allí consolidaron algunas iniciativas de unidad binacional, como la alianza de protección del Amazonas que llevaron a la COP 27, y allanaron el terreno para el reinicio de las negociaciones del gobierno colombiano con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio venezolano.

Asimismo el gobierno de cambio ha avanzado en iniciativas de implementación de los acuerdos de paz firmados con las FARC en 2016 como el punto de reforma rural integral, con el acuerdo para la compra de tres millones de hectáreas de tierra fértil a la Federación Nacional de Ganaderos —uno de los sectores más involucrados en los anteriores gobiernos del uribismo y señalado por su vinculación con los grupos paramilitares— para que puedan ser asignadas a familias campesinas víctimas de la violencia. En este punto se destaca la reciente convocatoria hecha por el gobierno a la Convención Nacional Campesina donde participaron más de 2500 campesinos/as organizados en movimientos sociales de todo el país.

Los principales retos siguen siendo en materia humanitaria, ya que a pesar del avance de importantes iniciativas, Petro no ha podido detener la violencia contra los liderazgos sociales en diferentes regiones del país, que siguen siendo víctimas del control territorial por parte de grupos paramilitares y bandas armadas.

Venezuela, por su parte, se acerca a los primeros diez años desde la muerte del comandante Hugo Chávez cerrando un triunfal 2022 en materia doméstica, económica y geopolítica. En materia económica, a partir del plan de recuperación y reactivación económica y la aprobación en 2021 de la Ley Antibloqueo, que facilitó las inversiones de capital y su protección de las medidas coercitivas unilaterales, Maduro pudo “equilibrar las fuerzas entre el sector privado y el Gobierno Bolivariano para involucrarlo a su agenda de recuperación económica sin que ello implicara algún tipo de capitulación política”, según el medio venezolano Misión Verdad.

A nivel nacional, el gobierno de Nicolás Maduro se encuentra en el camino de fortalecer el PSUV como herramienta que garantice la continuidad del chavismo como proyecto nacional. En ese sentido, se proyecta la realización de elecciones internas del partido buscando que el mismo pase de una estructura solamente electoral a una estructura que “participe activamente en la planificación, ejecución, supervisión y control de las políticas de gobierno y del desarrollo del Plan de la Patria”. Por otra parte, el gobierno logró retomar las negociaciones con la oposición iniciadas en 2021 y suspendidas producto del secuestro del diplomático venezolano Alex Saab. En este reinicio de negociaciones se acordó un plan de gastos humanitarios con los 2700 millones de dólares congelados en cuentas internacionales, producto del bloqueo de Estados Unidos a Venezuela, acuerdo ratificado posteriormente por la Asamblea Nacional.

La continuación de estas negociaciones ha cumplido un rol central también en esa reactivación económica y en el reposicionamiento a nivel geopolítico. En ese sentido se enmarca, por un lado, la excepción a las medidas coercitivas contra Venezuela con la autorización hecha por Estados Unidos a la empresa Chevron para que utilice las instalaciones que tiene en el país para para procesar crudo, y por otro lado, el acercamiento en el marco de la COP 27 de John Kerry, enviado de la Casa Blanca para el cambio climático, Emmanuel Macron y otros líderes, quienes apenas un año atrás reconocían a Juan Guaidó como “presidente interino de Venezuela”.

Caribe insular: Haití cierra un turbulento 2022 mientras Cuba sigue ordenándose

La permanente crisis en Haití ha sido un elemento importante en todos nuestros informes este año. En alza desde 2018 y agravada desde el magnicidio en julio de 2021, en 2022 no ha hecho otra cosa que acrecentarse, en términos de violencia hacia el pueblo y también en lo económico y lo institucional.

Durante los últimos meses, la situación política y social ha llegado a su punto más alto, ya que el país está enfrentando una real amenaza de intervención militar extranjera solicitada por el presidente ilegítimo, Ariel Henry, al Consejo de Seguridad de la ONU.

Hay que recordar que las pasadas intervenciones de la ONU en el país produjeron miseria, violencia física, sexual, y numerosas enfermedades.

La situación es crítica: las pandillas siguen controlando gran parte de Puerto Príncipe, bloqueando una importante terminal de combustible, bien que sufrió un aumento del 128% exigido por el F.M.I; y como si eso fuera poco, un nuevo brote de cólera sobrevino luego de que la enfermedad —traída a la isla por los cascos azules de la ONU— se considerara controlada en el país por casi una década.

A fines de octubre fue asesinado el secretario general de la Agrupación de Demócratas Nacionales Progresistas, Éric Jean Baptiste, y la policía haitiana asesinó al séptimo periodista en lo que va del año. El gobierno de facto, que asumió el poder después del asesinato de Moïse, hasta el día de hoy no ha convocado a elecciones libres.

El pueblo haitiano, organizado y movilizado de manera masiva en campos y ciudades, exige la renuncia de Henry y rechaza los intentos de intervención que incluyen el envío de armamento por parte de Estados Unidos y Canadá.

Masivas manifestaciones se vienen sucediendo desde el pedido de Henry contra una posible intervención, pero también contra el asesinato de periodistas y militantes, el aumento de casos de cólera y el aumento de combustibles, cuyo abastecimiento ya ha sido reactivado luego de permanecer por dos meses interrumpido debido al bloqueo de la terminal principal por parte de pandillas. El gobierno no ha respondido con otra cosa más que represión.

Además, varias plataformas políticas expresaron su voluntad de diálogo para llegar a un acuerdo que incluya a movimientos sociales, partidos políticos y funcionarios con el objetivo de encontrar una solución pacífica a la crisis.

Mientras Estados Unidos y Canadá debaten el envío de tropas, a principios de noviembre, Estados Unidos anunció sanciones contra varios funcionarios haitianos. El presidente del Senado, Joseph Lambert, y el exsenador Youri Latortue, son los principales acusados de haber contribuido al tráfico de drogas “y colaborar con redes criminales y pandillas para socavar el Estado de Derecho en Haití“. El gobierno canadiense anunció que se sumará a estas sanciones, que afectan también a otros funcionarios de más bajo rango y de la Justicia.

Como respuesta a esto, el gobierno de facto de Ariel Henry destituyó al ministro de Justicia y Seguridad Pública, a la ministra del Interior y Autoridades Locales, y nombró a un nuevo presidente de la Corte de Casación, cargo que estaba vacante desde hacía más de un año.

Además, la Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra cuatro líderes de pandillas haitianas que estuvieron involucrados en el secuestro de cinco ciudadanos estadounidenses en Haití en 2021.

A fines de noviembre, se produjo una nueva masacre a manos de pandillas armadas (la tercera en el año). Doce personas fueron asesinadas y varias casas incendiadas en Source Matelas, una localidad del norte de Puerto Príncipe, por parte de algunos miembros de la banda Village de Dieu.

Las muertes por el cólera ya ascienden a más de 230 personas, con una prevalencia de niños y niñas.

Cuba este año se ha caracterizado por las nuevas reglamentaciones relacionadas con la Constitución de 2019, pero también por la crisis económica y energética que, signada por el bloqueo que ya lleva más de 60 años, ha llevado el año pasado a las manifestaciones de julio.

Por vez número 30 y casi por unanimidad, la Asamblea General de la ONU votó, en su 77° período de sesiones, que se termine el bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos. Los votos a favor fueron 185, mientras que dos países (Ucrania y Brasil) se abstuvieron y otros dos (Estados Unidos e Israel) votaron en contra. Votación simbólica ya que no resulta vinculante ni sancionatoria para el país de Norteamérica, muestra una vez más que la mayoría de los países del mundo rechazan la política estadounidense hacia la isla, que no ha cambiado ni un ápice con el cambio de administración de Trump a Biden en EE. UU.

Como venimos comentando en informes anteriores, entre el 3 de febrero y el 30 de abril de este año se llevó a cabo la consulta popular –de carácter participativo y democrático–  para el nuevo Código de Familias, finalmente aprobado por referéndum en septiembre. Esa consulta había tenido una aprobación del 61%, mientras que el 24% propuso alguna modificación o adiciones. Luego, el 22 de julio, la Asamblea Nacional aprobó llevar el proyecto a referéndum, que finalmente se votó el 25 de septiembre y fue aprobado con un 66,87% de votos.

El nuevo Código —que sustituye la legislación de 1975— legaliza el matrimonio igualitario, las adopciones por parte de esas parejas y la subrogación de vientres sin fines de lucro (algo que no está legalizado en la mayoría de los países de nuestra región). Además, establece más protecciones en contra de la violencia de género y amplía derechos para niños, niñas, personas ancianas y con discapacidades.

El 28 de noviembre se llevaron a cabo elecciones municipales en Cuba, para elegir a los y las delegadas a las Asambleas Municipales del Poder Popular (AMPP). Se registró una participación del 68,58%, que incluyó un 10,89% de votos anulados o en blanco. Hubo una campaña en redes con el #YoNoVotoel27 organizada por la oposición para mostrar descontento hacia el gobierno. El 4 de diciembre se llevó a cabo la segunda vuelta en las 925 circunscripciones en las que el o la candidata ganadora no había superado el 50% de los votos. El 17 de diciembre quedaron conformadas las asambleas municipales.

Finalmente, a principios de diciembre y siguiendo con las muestras de voluntad de Cuba de entablar diálogos con el gobierno estadounidense, el presidente Díaz-Canel recibió a una delegación del gobierno del país del norte en un encuentro en el que reiteró la necesidad de levantar el bloqueo en el marco de relaciones constructivas.

Por último, pero no por eso menos importante, otra de las temáticas que ha estado presente durante 2022 en la subregión es la cuestión de la descolonización todavía pendiente en varias de las islas caribeñas angloparlantes.

Ya en noviembre del año pasado, Barbados había dejado de ser una monarquía, convirtiéndose en república, hecho que fue reafirmado por la reelección en enero de la primera ministra Mia Mottley. En Jamaica también venía creciendo institucionalmente la idea de la descolonización y en marzo recibieron con protestas sociales la visita de los príncipes Guillermo y Catalina, donde además reclamaron que la monarquía reconozca, indemnice y se disculpe por su rol en el comercio de esclavizados africanos. El país cumplió en agosto sesenta años de independencia y en ese momento volvió a manifestar su voluntad de convertirse en república. Planean hacerlo de cara a las elecciones generales en 2025. En julio, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, propuso al Parlamento un referéndum para sustituir a la reina británica por un presidente no ejecutivo y autóctono.

Finalmente en septiembre, en el marco de la muerte de la Reina Isabel II, el primer ministro de Antigua y Barbuda Gaston Browne anunció que en caso de ser reelegido, dentro de los próximos tres años, impulsará un referéndum para convertir al país en una república presidencialista.

Si bien Browne firmó un documento que confirma a Carlos III como nuevo rey y afirmó que no se trata de “hostilidad ni diferencia con la monarquía”, afirmó que convertirse en república es la “progresión natural” de una nación para ser soberana. La independencia de las islas fue en 1981.

Los procesos de descolonización no son sencillos ni iguales para todos los países. En algunos casos se requieren reformas constitucionales, aprobación de oficialismo y oposición políticas y plebiscitos.

Si bien el año 2022 no fue testigo de resultados concretos en términos de reemplazo de monarquías por repúblicas, las voces de la descolonización se hacen escuchar cada vez más fuerte en el mar Caribe. Está por verse si en 2023 siguen el ejemplo de Barbados y esas voces encuentran su cauce para plasmarse finalmente en cambios institucionales.

Mesoamérica: los gobiernos ante las urgencias sociales y los problemas estructurales: migración, pandillas y crisis económica

En los sucesivos análisis de la situación política y social en los países de la región mesoamericana señalamos que el principal problema al que deben hacer frente los gobiernos es el migratorio. Esta problemática tiene varias aristas que hacen compleja la respuesta política. El mayor inconveniente es la agenda común que tienen México y los Estados centroamericanos con Estados Unidos. La política migratoria estadounidense expresa el acuerdo bipartidista demócrata/republicano en torno al enfoque restrictivo y punitivista hacia las personas migrantes. La irregularización de los mismos se volvió una forma política de control interno —hacia los y las migrantes que habitan el territorio norteamericano— y externo —hacia los grupos de inmigrantes que se encuentran en las zonas fronterizas y a los países próximos a su frontera (México, Honduras, El Salvador y Guatemala)—.

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en el año fiscal que va de septiembre del 2021 a septiembre del 2022 se registraron más de dos millones setecientas mil detenciones en la frontera con México a raíz de las políticas trumpistas, sostenidas por Biden, como el Título 42 y el Título 8. A diferencia del año pasado, se observa un aumento del 30 por ciento de los flujos migratorios hacia EE. UU. Entre las principales causas están la crisis social y económica que arrastran los países centroamericanos y que se agudizó con la COVID 19, el alza del costo de vida a partir del aumento en el precio de los alimentos y de la energía como consecuencia de la guerra en Ucrania; y la violencia estructural por las que atraviesan estas sociedades. A esto se suma el incremento de los desplazamientos irregulares que provienen de Venezuela, Nicaragua y Haití como consecuencia del intervencionismo estadounidense en estos países.

Las zonas de mayor flujo migrante son la frontera entre EE. UU. y México y la región del Darién (frontera entre Colombia y Panamá). Si bien el destino de los desplazamientos es Estados Unidos, los países mesoamericanos no solamente son rutas de tránsito hacia el norte, sino también receptores de grupos migratorios ante la barrera fronteriza que se levanta de la mano de políticas expulsivas y criminalizantes. Esto provoca una enorme crisis humanitaria en las zonas fronterizas y una problemática que los países deben hacer frente, sin contar muchas veces con los recursos económicos y sanitarios necesarios. Además, esto se agrava con la presencia de bandas del crimen organizado que extorsionan a las poblaciones de inmigrantes, y estas son víctimas de violencias, sobre todo sexual.

La violencia social se agudizó en los últimos meses en Centroamérica. El incremento de la presencia de pandillas y bandas del crimen organizado en países como Honduras y El Salvador llevó a estos gobiernos a tomar medidas de excepción y aumentar la presencia policial. Los grupos pandilleros han crecido a partir de su connivencia con sectores del poder político, como lo denuncian organizaciones salvadoreñas al indicar cierto acuerdo implícito entre el presidente Bukele y algunas pandillas, o, como en Honduras, donde la actual mandataria, Xiomara Castro, hizo explícito la alianza del régimen del Partido Nacional con grupos narcotraficantes y pandillas armadas durante los 12 años que estuvieron en el poder. El 24 de noviembre, Castro anunció el “Plan integral para el tratamiento de la extorsión y delitos conexos” para hacer frente al aumento de la criminalidad y delito de extorsión en el país. Entre las medidas se encuentran la declaración del estado de emergencia en materia de seguridad, controles en la frontera con las fuerzas armadas, control de los movimientos bancarios y del Estado de Excepción en algunas ciudades del territorio hondureño. Esto último implica la suspensión de garantías constitucionales parciales y el respaldo a la policía nacional para la recuperación de los espacios públicos o territorios tomados por las pandillas.

Actualmente, más de 160 barrios de Tegucigalpa y San Pedro Sula se encuentran bajo el Estado de Excepción, y se suspendieron las garantías de libertad personal, libertad de asociación y la libre circulación. El decreto también habilita los arrestos y detenciones sin órdenes judiciales. La medida regirá hasta el 6 de enero de 2023. Esta medida, que implica un fuerte respaldo a las cúpulas militares y policiales y que tiene su correlato en un importante aumento del presupuesto público hacia la policía y las fuerzas armadas, es tomada tras el reclamo social ante el incremento de la extorsión y el crimen sobre la población por parte de maras y pandillas. Se registran que unas 13 mil hectáreas están ocupadas ilegalmente por estos grupos y que comerciantes como empresarios se ven afectados por prácticas extorsivas. Según la Asociación para una Sociedad más Justa, en Honduras se paga un aproximado de 18 mil millones de lempiras por el cobro de extorsión, lo que equivale a 730 millones de dólares, un 3 por ciento del PBI.

En lo que respecta a un balance general del primer año de presidencia de Xiomara Castro, entrevistamos al analista hondureño Mario Membreño, quien señaló al gobierno actual como de transición entre un gobierno oligárquico a uno democrático:

Durante mucho tiempo, tuvimos transiciones o alternancia de gobierno entre proyectos oligárquicos que iban desde el Partido Nacional al Partido Liberal y viceversa. Ahora, estamos en la transición desde un gobierno oligárquico, vinculado al crimen organizado y narcotráfico, como fue el de JOH, hacia uno democrático, LIBRE no es un partido oligárquico.

Membreño señala que es importante la idea de transición para atenuar las expectativas puestas en un proceso de transformación radical como el que se esperaba con la llegada de Xiomara al poder. La corrupción y el narcotráfico incrustados en las instituciones estatales tras años del régimen del Partido Nacional y las limitaciones de la coalición gobernante (Libre y Partido Salvador de Honduras) hicieron que se deban resignar algunas de las propuestas electorales, como el llamado a una Asamblea constituyente o el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con China.

Si bien se han logrado importantes avances como la eliminación de las ZEDE, la gratuidad de la tarifa eléctrica para los sectores populares y la prohibición de la minería a cielo abierto, para el analista no se ha avanzado en sentar las bases para un modelo alternativo al neoliberalismo, incluso, hay señales que van en dirección contraria:

A partir de la declaración de la guerra contra la extorsión, se ha elevado el presupuesto de las fuerzas armadas, de la policía y la inteligencia. Esto puede traer como consecuencia un proceso de militarización. Además, no se han depurado las cúpulas policiales y militares que son continuidad del régimen del PN. A esto se suma la concesión dada a la embajada estadounidense al no convocar a la Asamblea constituyente, lo que mejoró las relaciones entre los dos países. Y, por último queda por ver qué pasará con la elección de los jueces para la Corte Suprema de Justicia, ya que —por la composición del Congreso, las internas de LIBRE y la ruptura con el PSH— es probable que se tenga que llegar a un acuerdo con el Partido Nacional.

Para Membreño, en el corto y mediano plazo las posibilidades de una democratización de las instituciones del Estado y el fortalecimiento del proyecto de “socialismo democrático” de Xiomara Castro se jugará entre el fin de 2022 y los primeros meses del 2023 cuando se termine de conformar la Corte Suprema de Justicia, se concrete la elección del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) con apoyo de la ONU.

En El Salvador, el Estado de Excepción se está volviendo la norma tras la octava prórroga de esta medida, sancionada por el congreso a orden del presidente Bukele, el 14 de noviembre. El Estado de sitio y la suspensión de las garantías constitucionales se lleva a cabo ininterrumpidamente desde el mes de marzo con el objetivo de frenar la ola de homicidios y violencia causada por las pandillas, como parte del Plan de Control Territorial. Según el medio digital El Faro, la escalada de la violencia sucedió a partir de la ruptura de los acuerdos entre Bukele y la Mara Salvatrucha-13 (MS-13), desmintiendo la versión oficial del gobierno que acusa de un enfrentamiento entre pandillas. La continuidad del Estado de Excepción ha profundizado la faceta autoritaria del proyecto de gobierno del actual mandatario que, como hemos mencionado en otros informes, avanza violando toda institucionalidad del Estado de Derecho. El ministro de seguridad, Gustavo Villatoro, ha defendido la prórroga de la medida a partir de los supuestos buenos resultados: más de 57 400 pandilleros detenidos —de estos 843 serían cabecillas de los grupos criminales (644 de la MS-13 y 199 del Barrio 18)—, se han incautado 1820 armas de fuego, 2201 vehículos, 1,4 millones de dólares en efectivo y 238 días sin homicidios.

La contracara de estos números son las permanentes denuncias de organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos y de organismos internacionales. Desde la llegada al gobierno de Bukele se contabilizan más de cuatro mil personas desaparecidas sin que se puedan avanzar en investigaciones para conocer sus paraderos o si se encuentran o no con vida. Cristosal y Human Rights Watch han elaborado varios informes sobre la sistemática violación a los derechos humanos durante el régimen de excepción, ya que se acusa que la mayoría de las detenciones se realizan contra población civil que no tienen ninguna vinculación con las pandillas. En dicho documento se registraron más de 1100 casos de detenciones arbitrarias y muchos de estos son caratulados como “desaparición forzosa de corta duración”. Además, se denuncia que gran parte de estas detenciones son perpetradas por las fuerzas policiales a la población con menos recursos económicos y son privados de su libertad por “apariencia sospechosa”. A raíz de las reiteradas denuncias, en el mes de noviembre el gobierno liberó a dos mil personas detenidas durante el régimen de excepción. Mediante el discurso de la “guerra contra las pandillas”, Bukele profundiza la militarización de ciudades para avanzar en la quinta fase de su Plan de Control Territorial, que consiste en la extracción de pandilleros cercando militarmente los municipios.

En México, el fin del 2022 cierra el cuarto año de mandato de López Obrador y de su proyecto la cuarta transformación (4T). Si bien fue un año de fortalecimiento del liderazgo de AMLO y del partido oficialista MORENA, con importantes victorias electorales en estados federales y la concreción de importantes medidas como la nacionalización del litio, también la oposición nucleada en los históricos partidos del PRI, PAN y PRD buscó reorganizarse. Esto se vio particularmente en los meses de noviembre y diciembre donde el intento de reforma político electoral del gobierno dividió aguas en la política y en la sociedad. Dicha reforma buscaba la austeridad en los cargos electivos y del Instituto Nacional Electoral (INE), además de hacer más transparente y eficiente los procesos electorales. Al implicar una modificación constitucional, la iniciativa debía contar con mayoría calificada de la cámara de diputados en el Congreso Federal, es decir, las tres cuartas partes de los votos, cantidad que el oficialismo no cuenta sin apoyo de la oposición. La votación se llevó a cabo el 6 de diciembre con 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención, por lo que los sectores opositores lograron el bloqueo de la reforma. Pero, AMLO recurrió al “Plan B” e inmediatamente se propuso un paquete de leyes secundarias que requieren solo de mayoría simple para modificar legislaciones electorales,. Ellas, si bien están lejos de cumplir con los objetivos de la reforma, logran reducir el costo económico del INE. Esto fue aprobado en la misma sesión.

Consultada al respecto del efecto que tiene el debate de la reforma político electoral en la coyuntura política mexicana, la politóloga Elisa Godínez, respondió al OBSAL:

La reforma logró aglutinar temporalmente a la oposición partidaria y los medios de comunicación corporativos bajo la consigna “¡El INE no se toca!”. Esto generó las condiciones para una movilización importante por parte de la oposición, que hace bastante no encontraban un eje sobre el cual movilizar a su base contra López Obrador. Esto fue engrandecido por los medios. Pero dos semanas después la respuesta de la base social de AMLO fue contundente, con la movilización más grande de la izquierda en los últimos años, que viene a comprobar el fuerte vínculo que tiene López Obrador con el pueblo. La capacidad de movilizar es algo característico del presidente incluso antes de llegar al gobierno federal. Desde mi punto de vista, había la lectura de que no se iba a alcanzar la mayoría calificada al igual que lo sucedido con la reforma eléctrica, y que se iba a presentar un segundo proyecto con reformas de leyes secundarias (…). Lo que se busca es reorganizar al INE, es una institución elitista que siempre ha servido a los intereses corporativos y a los sectores actualmente opositores.

En el mes de octubre se llevó a cabo otra votación importante en el Senado, que esta vez contó con el apoyo de sectores opositores. Se trata de la reforma en seguridad que consiste en la prórroga de la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna para combatir la delincuencia hasta 2028. Este tema generó una importante controversia, ya que sectores progresistas y organizaciones de derechos humanos acusaron a AMLO de promover la militarización. En respuesta a estas acusaciones el mandatario dijo: “Y no es militarizar. Que no quieran los autoritarios ahora pasar como defensores de derechos humanos. ¿Qué hicieron los conservadores con el Ejército? Utilizarlo para reprimir. Sin fundamento constitucional”.

Sobre este tema, la analista señaló:

México tiene un problema de violencia estructural, con territorios dominados por bandas del crimen organizado y el narcotráfico. Los gobiernos anteriores habían creado una policía federal cuya formación era deficiente y no contaban con suficientes recursos. Estas policías se corrompieron. Por esto, cuando AMLO llega al gobierno en 2019 crea la Guardia Nacional e inicia un proceso de reforma que busca que los militares vuelvan a sus cuarteles. Lo cierto es que la iniciativa de desmilitarizar se atenúa y deja de ser parte del discurso presidencial. En parte porque se necesitaba formación para la GN, lo que quedaba a cargo del ejército, y, por otro lado, se establece una alianza con el ejército y la marina que comienzan a ocupar lugares estratégicos, los primeros en la construcción de megainfraestructuras, y los segundos, quedan a cargo de los puertos y aduanas en zonas fronterizas. La situación es compleja porque los estados federales y municipios descuidaron a sus policías y en muchos lugares estos están cooptados por el crimen y el narcotráfico, lo que resalta la necesidad de tener una GN que se extienda por todo el territorio para hacer frente a los grupos violentos. Pero, a su vez, que esto se haga respetando las garantías constitucionales, con normas regulatorias y el respeto por los derechos humanos.

El proceso de transformación de AMLO avanza con críticas tanto por izquierda y derecha. Por parte de sectores de izquierda y progresistas se critica la falta de una agenda ambiental y feminista en su gobierno, así como la militarización y que sus reformas no terminan de trastocar las estructuras neoliberalizadas de la sociedad y el Estado. Por parte de la derecha, aglutinan esfuerzos contra las políticas reformistas del líder de MORENA, recurriendo al bloqueo legislativo, la desinformación mediática y al poder judicial para frenar toda iniciativa que amenace sus intereses corporativos y el sistema que imperó hasta diciembre del 2018. Entre los logros de López Obrador en estos cuatro años aparecen la elevación a rango constitucional de varias políticas sociales, la disputa por la soberanía energética, su política internacional de integración regional, la insistencia en medidas que apuntan a poner fin a años de políticas neoliberales y de la “guerra contra la droga” y la innovación en prácticas democráticas que buscan fortalecer a la joven democracia mexicana.

Al tiempo de esto, la carrera por la sucesión presidencial de 2024 arrancó con tensiones y disputas al interior de MORENA. Hasta el momento los anotados son Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores; Ricardo Monreal, senador y líder de la bancada oficialista; y Adán Augusto López, secretario de Gobernación.

Al igual que Honduras, Costa Rica es otro país de la región que estrenó gobierno en este año que termina. Tras ganar unas elecciones que fueron récord por el porcentaje de abstencionismo, Rodrigo Chaves asumió la presidencia en el mes de mayo. El mandatario, que anteriormente había sido funcionario del Banco Mundial y ministro de Hacienda del ex presidente Carlos Alvarado, llegó al poder con un alto porcentaje de popularidad y financiado por la banca privada, pudiendo capitalizar el descontento social a partir de un discurso contra los privilegios de la clase política y presentándose como un outsider del sistema. En sus primeros cien días de gobierno no hubo grandes avances en sus promesas de campaña, ya que no llevó a cabo políticas para bajar el costo de vida y reducir los niveles de desempleo. Su plan de reducción fiscal, que incluye recortes presupuestarios y privatizaciones, encontró las primeras resistencias en el mes de agosto, ante una importante movilización de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes y trabajadores) para frenar el recorte de 129 mil millones (en moneda oficial, el Colón costarricense) en el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES). El gobierno tuvo que dar marcha atrás, siendo su primera derrota en las calles.

Consultado sobre el balance de los primeros meses de gestión de Chaves, el politólogo Héctor Solano dijo al OBSAL:

Rodrigo Chaves asumió la presidencia en mayo de 2022, tras una elección que puede considerarse histórica. Histórica, porque es la primera vez al menos en lo que va de la Segunda República (1954 en adelante) que un mandatario accede a la presidencia desde un lugar de desafío más o menos explícito de los valores o sentidos «fundantes» de la democracia costarricense. Además, llegó a la presidencia desde un discurso marcadamente anti político sin contar con una estructura partidaria clara y sin un programa concreto. Supo generar altísimas adhesiones entre una parte considerable de los sectores populares así como el rechazo de cierta parte del establishment mediático-económico.

Si bien la fotografía al cierre de 2022 es la misma, pero claramente el globo ha ido desinflándose. Su popularidad sigue siendo alta (68%) pero menor a la que tenía hace tres meses (79%). La mitad de su grupo legislativo (ya de por sí pequeño) ya no le sigue. Chaves asumió con promesas del tipo «bajar el precio de la canasta básica en los primeros treinta días», pero hasta ahora no consiguió aprobar reforma o medida alguna de envergadura. Su gestión se ha sostenido a base de encontronazos con un sector de la prensa, ataques a los diputados, declaraciones altisonantes en conferencias, pero no mucho más que eso. De hecho, a mediados de año intentó recortar el presupuesto para las Universidades públicas (que desde su relato, son parte del «problema») y tuvo que enfrentar la resistencia de autoridades y funcionarios universitarios, así como dirigencias estudiantiles. Tuvo que recular. La situación social y económica tampoco mejora (el desempleo cierra en 12%, si bien es menor al del año pasado, la inflación está más del 10% respecto del último año). El desafío de Chaves sigue siendo poder traducir su impronta de liderazgo fuerte en resultados o políticas que mejoren o ayuden a mejorar parte de la desmejorada situación que atraviesa la gente, en especial la más pobre.

En el bando opositor, más precisamente del progresismo o la izquierda, no se logra articular un discurso contra Chaves, según Solano. Para el analista, la debacle electoral del Partido Acción Ciudadana en los comicios presidenciales fue la expresión de la crisis del progresismo como alternativa. En tanto, el Frente Amplio (FA) viene resistiendo a las políticas del gobierno desde la Asamblea Legislativa a partir del fortalecimiento de la bancada de diputados, producto de las elecciones de febrero. El aspecto adverso del FA, indica el politólogo, es que más allá de lo que sucede en el ámbito legislativo, no se está pudiendo articular en la calle el descontento social y los altos niveles de pobreza, cosa que todavía favorece al gobierno derechista.

En la Asamblea Legislativa, el Frente Amplio sí logró articular una resistencia coherente a partir del numeroso grupo de diputados que obtuvo en las elecciones de febrero, si bien no pasa —al menos por ahora— de ser un proyecto meramente parlamentario. El FA no tiene irradiación alguna en la calle o en las organizaciones. Lo popular está profundamente resquebrajado, sea producto de la descomposición societal que excede a los sindicatos, por ejemplo, como por carencias que son inherentes a éste tipo de organizaciones (u otras). El descontento y la pobreza no están organizados.

Tanto en Guatemala como en Panamá el 2022 fue un año de gran cantidad de movilizaciones populares como expresión del descontento social, no solamente por la crisis económica, sino también por el deterioro del sistema político para dar respuesta a las demandas sociales.

Los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil junto a sindicatos y agrupaciones estudiantiles de Guatemala se vienen movilizando contra el gobierno de Giammattei y el pacto de corruptos que tiene cooptadas las instituciones estatales. El 2023 será un año clave, ya que serán unas nuevas elecciones presidenciales en un contexto de fragmentación política e incertidumbre social. En el plano de las candidaturas de izquierda asoman Thelma Cabrera del Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP) que representa a las comunidades indígenas y campesinas que tiene como principal eje la convocatoria a una Asamblea plurinacional constituyente y la alianza de los tradicionales partidos URNG y WINAQ, cuyo probable candidato es Amílcar Pop.

En Panamá, los acuerdos tras las históricas movilizaciones y huelga general del mes de junio como consecuencia del alza en el precio de los alimentos y la energía, encuentran sus obstáculos en el gobierno de Laurentino Cortizo y los empresarios nucleados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada de Panamá (Conep). Estos últimos se ausentaron en el mes de octubre de las mesas de negociaciones, lo cual dificulta el congelamiento de los productos básicos de la canasta alimenticia. El presidente Cortizo ve afectada su imagen pública por la falta de respuesta a los reclamos sociales y las denuncias de corrupción que salpican a su gobierno. Otro caso a destacar es que el pasado 7 de noviembre la justicia llamó a juicio por el Caso Odebrecht a los ex presidentes panameños Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, quienes deberán asistir a declarar junto a otros funcionarios de sus gobiernos.

En Nicaragua, las elecciones municipales de noviembre expresaron el respaldo popular al sandinismo, que alcanzó el 70 por ciento de los votos. Estaban en juego 132 alcaldías y todas ellas quedaron en manos del FSLN. Los demás partidos alcanzaron el siguiente porcentaje de votos: Partido Liberal Constitucionalista (PLC) tuvo el 12 por ciento de los votos; Partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) alcanzó el 4,6 por ciento; Alianza Partido Liberal Independiente (Alianza PLI) tuvo el 4,16 por ciento; Partido Alianza por la República (APRE) llegó al 3,94 por ciento y YATAMA el 0.96%. El gobierno de Daniel Ortega enfrenta denuncias de encarcelamiento a opositores y el ataque constante y mecanismos coercitivos por parte de Estados Unidos.

Imperialismo e integración

Panorama general

El último cuatrimestre confirmó algunas tendencias que ya estaban presentes en los primeros meses del año e incluso con anterioridad. Una mirada de conjunto nos muestra un panorama político intenso, con inestabilidad, polarización y paridad entre las fuerzas de izquierda y derecha al interior de los países, en un contexto de reconfiguracion de tácticas por parte de EE. UU., que prioriza una apuesta por la moderación.

“Cambiar para que nadie cambie” pareciera ser el objetivo de la diplomacia estadounidense ante un escenario que mostró en 2021 y 2022 un giro a la izquierda en las elecciones en países históricamente gobernado por fuerzas de derecha (Honduras, Perú, Chile, Colombia) o con el peso específico suficiente para alterar el equilibrio de fuerzas, como es el caso de Brasil.

Este matiz en los mecanismos de intervención, al menos por el momento, parece más asentado en los gestos y en las formas superficiales que en un giro profundo de la política imperial. El paso de la administración Trump a la administración Biden mantiene en lo esencial una continuidad en su caracterización estratégica de Nuestra América. El objetivo excluyente es el mismo que hace doscientos años: asegurar el control de la región en el marco de la disputa global. En esta etapa, el gobierno de Biden se ha trazado el objetivo explícito de poner límites a la creciente influencia económica y política de China en América Latina y el Caribe. Intenta proteger el “patio trasero”, entendido ahora como una retaguardia en la nueva Guerra Fría.

Como ya ha sido señalado, un cambio trascendental en este año que termina tiene que ver con la política hacia Venezuela. Con la distensión petrolera hacia Venezuela, 2022 muestra al mismo tiempo el agotamiento total del proyecto Guaidó, un presidente fake inventado y sostenido artificialmente durante años que simboliza como pocos el rol de títere desechable de otro Estado. La fortaleza demostrada por Venezuela en sus ya largos diez años bajo asedio, tras la desaparición física del comandante Hugo Chávez, alcanzó para sobrevivir a los ataques híbridos de mayor magnitud. La combinación entre capacidad de resistencia, gobierno de Biden y guerra en Ucrania abre otra etapa que incidirá en la situación interna de Venezuela y seguramente en todo el continente. Sin embargo, la política de sanciones unilaterales continúa e incluso puede convivir con una distensión en otros ámbitos, como lo muestra la reciente aprobación por unanimidad en el Senado de un proyecto de ley impulsado por el senador Rick Scott, irónicamente llamado por EE. UU. con el nombre del Libertador Simón Bolívar.

En este contexto, por momentos pareciera que los sectores dominantes en la región tuvieran dos tácticas centrales, diferentes pero en un punto complementarias; y que el gobierno estadounidense está más cercana de una de ellas, pero dispuesto al pragmatismo. Por un lado, hay una línea basada en el poder blando, que privilegia un hipotético interés máximo en conservar ciertos aspectos de la democracia, particularmente en el plano formal. Sobre esta idea fuerza orbitó la fallida Cumbre de las Américas de Los Ángeles de mitad de año. En este esquema hay que entender los mecanismos de intervención asentados en una combinación de la diplomacia y el poder judicial, como en el caso de la tutela legal sobre Paraguay y también de episodios como el secuestro del avión iraní en Argentina, ambos comentados en el informe anterior. Por otro lado, en caso de necesitarlo también aparece el histórico apoyo de EE. UU. a las fuerzas derechistas ante la posibilidad de que fuerzas de izquierda, o tan siquiera moderadamente progresistas, tengan posibilidades de alterar las reglas de juego. En esta línea hay que leer el respaldo de EE. UU. al golpe parlamentario en Perú, comandado por la derecha más recalcitrante para deponer a un gobierno que defraudó parte de las expectativas de la izquierda pero que traía al juego elementos de mayor heterodoxia e imprevisibilidad. En todos los escenarios, la política estadounidense incluye un especial interés por el control de los resortes estables del Estado, como las fuerzas armadas, el poder judicial y el propio sistema político.

El campo progresista y de izquierda —que en este momento está al frente en una cantidad de países incluso mayor a la primera ola de gobiernos populares de los primeros años del siglo— aparece con menores niveles de coordinación, resultado de diferencias reales entre los distintos procesos nacionales, que en no pocas ocasiones aparecen, además, jaqueados por contextos complejos al interior así como tienen diferente disposición a relacionarse con las potencias imperiales y con sus pares. En este sentido es significativa la política exterior de Chile en este primer año de gobierno de Gabriel Boric, caracterizada por su cercanía a las posiciones de EE. UU. y Europa y un protagonismo menor de la integración latinoamericana y caribeña. Sus críticas a otros gobiernos, en particular a Cuba, Venezuela y Nicaragua, incluso han merecido la respuesta pública de algunos de ellos. Este es el caso, por ejemplo, del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien luego de la Asamblea de la ONU caracterizó a Boric como gobierno subordinado a EE.UU. y a algunos gobiernos de la Unión Europea:  “Salen allí, como perritos falderos, a hablar que hay que poner en libertad a los presos políticos en Nicaragua y se olvidan de los presos políticos que tienen en su país en Chile”, señaló Ortega.

La derecha, por su parte, está golpeada como conjunto, especialmente tras la pérdida de bases históricas —como Colombia, Honduras, Chile— aunque esto no significa la pérdida de iniciativa ni de capacidad de daño a cualquier intento de cambio progresista o popular, como lo muestra la ofensiva permanente en Perú, los preocupantes signos de poder del bolsonarismo en Brasil y la posibilidad cierta de que en Argentina alguna combinación de derecha retorne al gobierno a partir de fines del año próximo.

En este contexto, donde nada parece sobrarle a nadie, una de las expectativas mayores de cara al 2023 está puesta en la posibilidad de que el gobierno de Lula reimpulse el proceso de integración.

En ese sentido, el nombramiento de Fernando Haddad como ministro de Hacienda y de Gabriel Galípolo como su viceministro amplía las posibilidades de propuestas relativamente ambiciosas en el plan de la coordinación económica. Recordemos que ambos propusieron públicamente en el primer semestre la creación de una moneda común para América del Sur. “La creación de una moneda sudamericana puede impulsar el proceso de integración regional, caracterizado por sus lentos avances y ocasionales estancamientos hasta la fecha, fortaleciendo asimismo la soberanía monetaria de los países sudamericanos”, escribieron en mayo.

La apertura de este debate fue apoyada por el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien en noviembre, en el marco de la reunión del Foro de Sao Paulo, acordó en la necesidad de coordinar las políticas en la materia y propuso construir  “un sistema monetario que tome en cuenta las monedas existentes”, a las que agregó las criptomonedas.

En relación con la política exterior de Brasil, otros temas de interés especial son su participación en los BRICS, la tensa situación en el Mercosur y el eventual relanzamiento de Unasur, paralizada luego de la ofensiva derechista de 2015-2020.

En un tablero muy revuelto, incluso al interior de sus países, ALBA-TCP cierra un año de celebración por alcanzar un año más de vida —18 años de aquel amanecer en La Habana— y realiza cambio de  secretario general: Felix Plasencia reemplaza a Sacha Llorenti. Plasencia, que también fue canciller, hasta su nombramiento era embajador de Venezuela en Colombia. En su declaración final, la cumbre de presidentes denunció “la utilización de estrategias de guerra no convencional contra los gobiernos y líderes democráticamente elegidos de la región” y se solidarizaron con Cristina Fernández de Kirchner, con Luis Arce Catacora, con Daniel Ortega y con el pueblo peruano.

De cara a los próximos meses, un nuevo escenario continental puede fortalecer la posición de la CELAC ante la ahora alicaída OEA, una tendencia que se acentuó en 2022 aunque como sucedió en los últimos meses, para 2023 no cabe esperar movimientos bruscos en este plano.

Como señalamos en informes anteriores, avanza la posibilidad de que Argentina se sume al bloque de los BRICS, que —según apunta la FAO— reúne actualmente “al 40% de la población mundial, el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) y más de un tercio de la producción mundial de cereales”. Una novedad importante en este sentido es la bienvenida de China a su incorporación.

Como parte del intento del bloque “occidental” por recuperar terreno en América Latina y el Caribe, especialmente ante la intensa política de China hacia la CELAC, debe leerse la realización, después de cuatro años, de una cumbre de alto nivel entre este organismo de integración latinocaribeño y la Unión Europea. Estas reuniones se realizaron en octubre, en Argentina, con la participación del Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, quien poco antes, en una charla con su antecesora, Federica Mogherini, había caracterizado el lugar de Europa en el mundo, desde la visión de los intereses que representa, con una singular metáfora.

Sí, Europa es un jardín. Hemos construido un jardín. Todo funciona. Es la mejor combinación de libertad política, prosperidad económica y cohesión social que la humanidad ha sido capaz de construir: las tres cosas juntas. […]

El resto del mundo —y tú lo sabes muy bien, Federica— no es exactamente un jardín. La mayor parte del resto del mundo es una jungla, y la jungla podría invadir el jardín. Los jardineros deben cuidarlo, pero no protegerán el jardín construyendo muros. Un bonito y pequeño jardín rodeado de altos muros, para evitar que entre la jungla, no va a ser la solución. Porque la selva tiene una gran capacidad de crecimiento, y el muro nunca será lo suficientemente alto como para proteger el jardín.

Los jardineros tienen que ir a la selva. Los europeos tienen que comprometerse mucho más con el resto del mundo. De lo contrario, el resto del mundo nos invadirá, por diferentes vías y medios.  Sí, este es mi mensaje más importante: tenemos que comprometernos mucho más con el resto del mundo. (N. de E. Traducción propia a partir de la transcripción oficial del Servicio Diplomático de la Unión Europea)

No se sabe si Borrell sintió que estaba aterrizando en la jungla en octubre, cuando encabezó la delegación europea que participó en el encuentro de Cancilleres de la CELAC y la UE en Argentina, pero sí que esta bilateral consolida la posición que quiere (y tal vez puede) ocupar la CELAC en el marco de la nueva Guerra Fría: un multilateralismo que intenta articular sus economías cada vez más orientadas al comercio con China con la historia —en tensión en este siglo, y con muchas diferencias y matices– de alineamiento diplomático con EE. UU. y Europa. Previo a este encuentro entre los dos bloques, tuvo lugar la reunión de cancilleres de la CELAC, quienes incorporaron en su declaración la propuesta de reunir a los ministros de economía y finanzas de los países para hacer frente a la crisis económica. Otro de los temas en común que destacaron fue la preocupación por la crisis climática y la posibilidad de adoptar algunas políticas concretas en conjunto.

Entre otros temas de relevancia, el conflicto en el Mercosur adquirió en este último cuatrimestre un momento crítico en torno a la última cumbre, desarrollada a principios de diciembre en Montevideo. A la pretensión de Uruguay de negociar por su cuenta un Tratado de Libre Comercio con China, tema ya comentado en informes anteriores, en los últimos meses se sumó la posibilidad de que se sume al Acuerdo Transpacífico. Previo al encuentro de presidentes, en el que el presidente uruguayo traspasó la presidencia pro tempore a su par argentino, los coordinadores nacionales de Argentina, Brasil y Paraguay ante el Mercosur enviaron una nota conjunta al coordinador nacional de Uruguay. En ella expresan que “ante acciones del gobierno uruguayo con miras a la negociación individual de acuerdos comerciales con dimensión arancelaria” —entre los que mencionan explícitamente “la posible presentación de un pedido de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico”— los tres países “se reservan el derecho de adoptar las eventuales medidas que juzguen necesarias para defender sus intereses en los ámbitos jurídico y comercial”. Luego de la cumbre presidencial, las heridas se evidenciaron en la ausencia de un comunicado oficial que reúna a todo el bloque. Argentina, Brasil y Paraguay difundieron un comunicado conjunto, sin la firma de Uruguay, y este emitió una declaración individual.

En América del Sur, también, otro hecho que no alcanzó el nivel de conflicto diplomático aunque sí llamó la atención fue la filtración masiva de documentos militares de varios Estados, a través de la operación conocida como Guacamaya Leaks. Como resultado de este hackeo quedó al descubierto la preocupación de las Fuerzas Armadas de Chile respecto a la política de defensa de Argentina en la Patagonia, en el Atlántico Sur y en la Antártida, revitalizada tras el inicio de un proceso de reequipamiento. Además, salió a la luz no solo que los militares chilenos espiaron a diferentes sectores de la sociedad chilena —organizaciones estudiantiles, de pobladores y ambientalistas— sino que incluso recopilaron información en el terreno sobre el conflicto social en Colombia, como parte de una misión de paz de la ONU.

Respecto a su valoración de la hipótesis de conflicto con Argentina, los documentos del ejército chileno recuerdan las previsiones del documento “Escenarios de Defensa 2040”, elaborado por las Fuerzas Armadas de Brasil durante el gobierno de Bolsonaro y que se conoció públicamente en febrero de 2020. En este caso las hipótesis de conflicto eran múltiples y alcanzaban a varios países, entre los cuales se encontraban Francia —que posee una colonia limítrofe en la Guayana francesa—, Argentina, Bolivia y Venezuela, además de la instalación de bases militares de EE. UU. y el pronóstico de conflictos entre varios países de la región.

Apenas dos indicadores que, contrastados con la ausencia de hipótesis de soberanía de la defensa regional, arrojan una mirada sobre las tendencias ideológicas de las fuerzas armadas locales: pareciera predominar más el recelo por los países vecinos que la cooperación en clave de integración y unidad latinoamericana. Estas distancias, sin embargo, se relativizan al momento de intervenir en espacios de encuentro y en capacitaciones conjuntas, casi invariablemente coordinadas con las fuerzas armadas de EE. UU. Este es el caso, por ejemplo, del Ejercicio Aéreo Multinacional “Salitre 2022”, que en octubre reunió en Chile a personal de las fuerzas aéreas de Argentina, Brasil, Estados Unidos y el país anfitrión, quien pusieron a prueba “su capacidad y profesionalismo para el desarrollo de operaciones aéreas combinadas”.

Articulaciones y encuentros

En este panorama heterogéneo, fragmentado, con alto nivel de incertidumbre, las fuerzas políticas de distinto signo comprenden la importancia de articularse para intercambiar experiencias y definir estrategias conjuntas.

Entre los múltiples encuentros que se desarrollaron en los últimos meses del año se encuentran el XXVI Seminario “Los Partidos y una nueva sociedad”, organizado en septiembre en México; la III Cumbre Internacional de Mujeres Indígenas del Abya Yala, realizada en octubre en Guatemala; y la asamblea plurinacional de Runasur, espacio impulsado por figuras como el expresidente boliviano Evo Morales, desarrollada en noviembre en Argentina.

Otro espacio de relevancia se desarrolló en octubre en Buenos Aires, cuando activistas de varios países se reunieron a debatir en el marco del Encuentro Regional “Por el derecho a un futuro digital justo y soberano”, impulsado entre otros por el Foro de Comunicación para la integración de Nuestra América (FCINA).

Las fuerzas de derecha, por su parte, también tuvieron algunos encuentros significativos. Entre ellos, el que hizo más ruido fue la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que en noviembre, en México, juntó a figuras de la extrema derecha global como el estadounidense Steve Bannon, el referente de Vox Santiago Abascal y el Nobel de la Paz Lech Walesa con dirigentes latinoamericanos como el diputado argentino Javier Milei, el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro y el excandidato presidencial chileno José Antonio Kast. El tono ideológico del encuentro fue sintetizado de forma brutal por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien por videoconferencia expresó: “Hay que sacar a cada maldito rojo de Latinoamérica, extirpar la mafia del Foro de Sao Paulo”.

Sin dudas, en un escenario turbulento, con equilibrios precarios, seguramente habrá dólares y euros suficientes para alentar el desarrollo de diferentes variantes de las fuerzas conservadoras; más aún de cara al 2023, año en el que habrá elecciones importantes en la región atravesada por el incierto devenir de una crisis económica y social que golpea a todos los pueblos, más allá de los diferentes proyectos políticos en pugna.

Balance 2022. En perspectiva

En los distintos análisis de coyuntura que desarrollamos desde el OBSAL fuimos dando cuenta de un continente en disputa. Si bien el inicio del 2022 avizoraba la llegada de gobiernos de tinte popular y progresistas a los países de la región, cosa que sucedió, el fín de este año nos muestra que estamos en una etapa donde el accionar político de estos proyectos se encuentra asediado por un montón de problemáticas externas e internas que desafían su potencialidad y pueden limar su legitimidad.

En el plano internacional, la desaceleración de la economía mundial, el incremento de los alimentos, la energía y medicamentos hacen que aumente el costo de vida y profundice las desigualdades entre los países del Norte y Sur global. La continuidad del conflicto bélico en Ucrania asoma como un presente y futuro oscuro para la solución de estos problemas estructurales. A la par de esto, la transición hegemónica de Occidente —EE. UU.— hacia Oriente —China— refuerza la política agresiva del imperialismo norteamericano para no perder terreno a nivel global.

Esto repercute de manera particular en cada uno de los países de la región. Las urgencias sociales y económicas que se agudizaron con el aumento de los precios de productos de primera necesidad y el deterioro de las condiciones materiales de vida desgasta la legitimidad política de los gobiernos. A esto se suma que el capital político se agota rápidamente ante un giro moderado hacia el sistema, mientras que los poderes corporativos, mediáticos y judiciales recurren a todos sus mecanismos desestabilizadores para condicionar o voltear a los oficialismos.

El caso que más conmueve en este fin de año es el de Perú, con el golpe parlamentario a Pedro Castillo, pero vimos a lo largo de 2022 los ataques permanentes e intentos de golpe en Bolivia, el rol jugado por la derecha y los medios de comunicación contra la nueva constitución chilena, la persecución judicial e intento de proscripción a Cristina Kirchner en Argentina, los intentos de desestabilización permanente hacia los gobiernos de AMLO en México y Xiomara Castro en Honduras y las ansias intervencionistas en Haití, apoyadas en supuestas ayudas humanitarias. Pero, ante el avance de estos poderes, la resistencia popular se hace sentir, como es el caso de la heroica resistencia del pueblo bolivariano en Venezuela, la del pueblo brasileño para poner fin al gobierno de Bolsonaro y del pueblo colombiano para terminar con el uribismo.

La intromisión del imperialismo norteamericano hace que regiones como Mesoamérica y Caribe estén en permanente inestabilidad. Las migraciones irregulares y la violencia y la poca estabilidad política de estos países son parte de los desafíos urgentes que tiene Nuestra América. La crisis permanente en la que vive el pueblo haitiano por el intervencionismo estadounidense convive con la ejemplar resistencia de la sociedad cubana, que a pesar de los intentos desestabilizadores, avanza en su revolución incorporando debates y demandas actuales. En Centroamérica, la escalada de la violencia como consecuencia de las políticas paramilitares, la militarización de la sociedad y la presencia de pandillas y bandas del crimen organizado ponen en tensión a gobiernos populares que, a la par que buscan terminar con la cooptación de instituciones estatales y sociales por estas mafias, no pueden salir de las viejas recetas.

Los nuevos gobiernos de Colombia y Brasil aparecen como faros para proyectar la integración latinocaribeña y fortalecer los lazos políticos y económicos entre nuestros países. Ante un continente que parecía pintarse de rojo, vemos cómo las dificultades y la ofensiva de las derechas continental y global matizan y colocan varios interrogantes sobre la etapa política en Nuestra América. El 2023 será un año donde veremos cómo estas tendencias se configuran ante los nuevos escenarios nacionales, regionales y mundiales que vendrán. En un contexto de crisis civilizatoria, donde el Capital avanza devorando todo a su paso, las luchas de los pueblos en defensa de la vida y por su liberación hacen de la esperanza un motor para luchar por un mundo más justo e igualitario.

El Informe #18 del OBSAL presenta el análisis de coyuntura de los países de la región de América Latina y del Caribe, entre mayo y principios de septiembre de 2022. Además del seguimiento de los principales acontecimientos del período, se incluye algunos análisis que se relacionan con ellos y son fruto del cúmulo de debates que se realizan a diario entre los integrantes del Observatorio y también de las conversaciones que sostenemos con activistas de los movimientos populares cercanos al Instituto Tricontinental.

La crisis civilizatoria en curso se ha profundizado con la pandemia, con la guerra en Ucrania y con una nueva crisis económica global —particularidad de análisis de este informe— que se ha manifestado con mayor claridad en los últimos cuatro meses.

Si, por un lado, el segundo cuatrimestre del año se distinguió del primero por la aparición de una suave tendencia a la reducción del precio de los alimentos a nivel mundial —un mínimo alivio luego del pico experimentado en los meses anteriores—, por otro lado se profundizó la crisis energética. De acuerdo con el Banco Mundial, el precio internacional del petróleo tuvo un nuevo pico en junio, con un incremento del 12% respecto de abril; y también los valores del gas se incrementaron, entre abril y julio, un 11%.

Ante el aumento de la inflación a escala global, los países han venido adoptando una política monetaria contractiva, elevando sus tasas de interés, lo que conlleva serios costos económicos. Estados Unidos, que en el primer trimestre del año mostró una caída de su PIB, repitió la dosis en el segundo trimestre, entrando oficialmente en recesión técnica. China, por su parte, no adopta medidas de contracción monetaria, pero continúa con su política COVID cero realizando confinamientos en ciudades que muestran signos de brotes del virus, viene experimentando una importante desaceleración de su economía.

El impacto inflacionario y recesivo tanto en el Norte como en el Sur se combina en Nuestra América con la promoción de nuevos proyectos de explotación de hidrocarburos, particularmente de las llamadas energías extremas, como los hidrocarburos no convencionales y la explotación offshore. Estos proyectos no hacen sino profundizar las causas de la crisis socioambiental y climática cuyos efectos se extienden e intensifican por todo el planeta.

La tendencia hacia el intercambio multilateral no ligado a EE. UU. ha ganado nuevos capítulos en los últimos meses. Aquí destacamos dos: la reunión virtual de los BRICS, el 24 de junio, que además de contar con la participación de los miembros oficiales, estuvieron presentes representantes de posibles nuevos integrantes, como es el caso de Argentina. En dicha reunión se abordó el desarrollo del bloque. Y la reunión de la CELAC, del mes de agosto, en Buenos Aires, en la que, entre otras cosas, se rechazaron los bloqueos de Estados Unidos contra Cuba y Venezuela.

Al mismo tiempo que hay indicios de avances en la descentralización de la organización económica y política por parte de los países de la región, la injerencia externa de EE. UU. se ha hecho presente en los últimos meses. En América del Sur podemos destacar los casos de Argentina y Paraguay y, en América Central, el de Honduras.

Entrando en las temáticas más específicas de las diferentes subregiones y naciones, el Cono Sur está atravesado por intensas disputas sociales y políticas. En esta coyuntura se destacan un intenso calendario institucional y la aparición en el centro de la escena de discursos de odio impulsados por sectores de ultraderecha. En este contexto se desarrollan episodios como el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner y otros graves hechos de violencia política. A su vez, al interior de cada Estado nación se desarrollan procesos propios, con sus agendas particulares.

En el caso de Chile, la derrota del Apruebo en el Plebiscito Constituyente plantea serios interrogantes de cara al futuro, en un sistema político con múltiples contradicciones, que está lejos de salir de la crisis. En términos más generales, el gobierno de Boric ha confirmado su perfil de moderación y en algunos planos de continuidad con el modelo precedente. Es el caso, por ejemplo, de la militarización de la Patagonia frente al conflicto territorial que enfrenta a empresarios privados con comunidades mapuche. En el campo económico, a pesar de que no se han registrado medidas radicales a favor de los sectores populares, el gobierno impulsó el aumento del salario mínimo y un programa social denominado “Chile Apoya”, con ayudas directas para las familias y apoyo a las pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de paliar el alza en el costo de vida.

En Brasil, el destaque ha sido la relativa estabilidad en las encuestas presidenciales, la puesta en práctica el llamado Paquete de Bondades del Gobierno federal, y el inicio de la campaña electoral. En cuanto al proyecto destructivo llevado a cabo por el gobierno de Bolsonaro, se destacaron acciones para socavar las instituciones de defensa y los órganos de inspección en la Amazonía. En junio se produjeron los impactantes asesinatos del indigenista Bruno Pereira y del periodista Dom Phillips, que revelaron el tratamiento actual de la política ambiental en el país.

Desde el acuerdo suscripto en marzo de este año entre el FMI y el gobierno argentino, ratificado por ambas cámaras legislativas, se ha consolidado el cogobierno con este organismo financiero internacional bajo control de EE. UU. El acuerdo dificulta la adopción de medidas socioeconómicas necesarias para el país, potenciando las crisis políticas. En ese marco, se incrementan las movilizaciones de movimientos populares opositores al gobierno, así como de integrantes del propio Frente de Todos, que señalan la falta de cumplimiento del contrato electoral de 2019.

En paralelo, la persecución legal contra Cristina Fernández de Kirchner derivó en una situación inesperada que puede impactar en el panorama político. Es el intento de magnicidio contra Cristina, ocurrido el 1º de septiembre. Este episodio es el emergente de un proceso general de crecimiento del acoso en medios privados tradicionales y en redes sociales, lo cual incluye, junto con la estigmatización de figuras del campo popular, noticias falsas y radicalización del discurso derechista.

En Paraguay la calificación por parte de EE. UU de “significativamente corruptos” a personajes claves del poder, como el ex presidente Horacio Cartes y el vicepresidente Hugo Velázquez, entre otros, provocó un tembladeral político, cuyas aguas parecen estar lejos de aquietarse. Uruguay es el país con elecciones más alejadas y menor conflictividad. Pero el panorama político igualmente se encuentra activo. En un contexto de aumento del costo de vida, como en toda la región, el movimiento sindical expresado por la central PIT-CNT convocó a un paro para el 15 de septiembre.

Por su parte, la región andina sigue caracterizándose por la permanente dinámica de una coyuntura que abarca desde triunfos y consolidaciones de procesos de transformación hasta crisis políticas y amenazas a la democracia.

Un destaque para esta región fue la consolidación del triunfo del Pacto Histórico en Colombia con el traspaso de mando entre la administración saliente de Iván Duque y la entrante de Gustavo Petro y Francia Márquez. El nuevo gobierno anunció formalmente la reforma policial y del Ejército, con la intención de reorientar la formación de las Fuerzas Armadas en el respeto a los derechos humanos y sus funciones originales de seguridad y defensa, y que cambie de una concepción de guerra a una de paz. Además, en el campo diplomático, anunció la restitución de las relaciones con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, suspendidas desde 2019.

En Venezuela, a su vez, a pesar de la continuidad de los bloqueos económicos, el país se ha venido destacando en términos de crecimiento económico y abastecimiento interno. El programa Misión Agrovenezuela se encargó de revertir los impuestos a la dependencia de las importaciones de alimentos. Antes el país importaba el 90% de lo que se consumía, ahora produce el 80% del total que se consume.

Ecuador siguió con una serie de protestas contra la situación socioeconómica. El gobierno de Guillermo Lasso respondió con arbitrariedad y violencia provocando que las protestas aumentaran. Después de 18 días de movilizaciones se firmó el “Acta por la Paz” donde se acordó reducir el precio del combustible y reformar el decreto 151 para prohibir la actividad minera en áreas protegidas.

La inestabilidad política continúa en el Perú. El proceso de avanzada en contra del gobierno de Pedro Castillo ha tenido un nuevo capítulo, que incluye la ya conocida herramienta del lawfare. Por otro lado, el mandatario ha adelantado una serie de reuniones con movimientos sociales buscando consolidar el apoyo de los sectores que lo acompañaron en las elecciones y que han denunciado en los meses que lleva en el cargo la distancia que el mandatario ha puesto entre las prioridades de gobierno y la agenda de los movimientos. De esa forma los movimientos esperan impulsar, por fin, el proyecto de la Constituyente.

En el caso de Bolivia, los últimos meses han significado una importante recuperación política y económica a pesar de los intentos golpistas oriundos de la ciudad de Santa Cruz. En los años de gobierno de Luis Arce se ha dado prioridad a las políticas públicas hacia los sectores populares, como es el anuncio del otorgamiento de 150 000 títulos de propiedades rurales a productores campesinos, indígenas y agropecuarios durante 2022.

La región del Caribe insular se caracterizó por la diversidad de fenómenos, resultado de las diferencias en la constitución política de cada país. Desde el socialismo cubano, pasando por Haití, hasta islas que son colonias formales de Inglaterra. Lo más destacado en Haití sigue siendo el escenario de violencia. Entre enero y junio de este año, se produjeron 557 muertes violentas en el área metropolitana de Puerto Príncipe, frente a 340 casos en el mismo período de 2021. Esta situación continuó en los meses de julio y agosto. En agosto, un exsenador, Yvon Buissereth, que trabajaba para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, fue quemado vivo junto a su sobrino en una zona cercana al barrio donde vivía el asesinado expresidente. El aumento de la violencia, además, limita el funcionamiento de servicios de salud, emergencia, y el abastecimiento de combustible, agua potable y alimentos.

El gobierno de República Dominicana sigue dándole la espalda a Haití mientras avanza con la idea de construir un muro en la frontera entre ambos países, para lo cual se están expropiando tierras cercanas a la frontera.

En Cuba, en estos cuatro meses hubo cambios relacionados con la actualización de leyes derivadas de la Constitución de 2019: en mayo se aprobaron el nuevo Código Penal y la nueva ley de Ejecución Penal, en el mes de agosto se implementó un nuevo sistema cambiario y se abrió el mercado a la inversión extranjera y en septiembre se realizará el referéndum para votar por el nuevo Código de Familia. A la vez, los ciudadanos y ciudadanas siguen sufriendo los apagones intermitentes, que fueron el detonante de las protestas de julio de 2021. A principios de agosto, la noticia que recorrió el continente desde la isla fue el incendio en la zona industrial de Matanzas, a ochenta kilómetros de La Habana, producto del impacto de un rayo en un tanque de combustible, que causó explosiones y se extendió a otros tres tanques.

Por su parte, el 6 de agosto Jamaica cumplió sesenta años de independencia y, como veníamos anticipando en informes anteriores, volvió a manifestar su voluntad de convertirse en república. Planean hacerlo de cara a las elecciones generales en 2025. En junio, el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución para reconocer que Puerto Rico tiene derecho a la libre determinación y la independencia. Resoluciones como esta se vienen aprobando desde hace medio siglo y esta es la número 40.

La crisis migratoria en Mesoamérica es la problemática más urgente por la que atraviesa esta subregión. En junio, en el estado de Texas, Estados Unidos, dentro de un camión fueron encontrados los cuerpos de 53 migrantes, muertos a causa del encierro. Aun así, las migraciones irregularizadas crecieron de manera dramática del 2021 al 2022.

En Panamá la situación social crítica derivó en intensas jornadas de luchas contra las políticas del presidente Laurentino Cortizo. Entre estas medidas de lucha se destaca la huelga general de maestros que duró veintiocho días, siendo una de las más importantes en décadas.

Las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas y estudiantiles de Guatemala se encuentran en movilización permanente ante los atropellos políticos, judiciales y sociales llevados a cabo por el presidente Alejando Giammattei. La respuesta del gobierno a los reclamos sociales es más represión y violación de los derechos humanos.

En El Salvador, lo que se destacó en el período es la forma represiva que el Gobierno de Nayib Bukele responde a los conflictos entre las pandillas, lo que  profundiza el escenario de violencia en el país.

El 5 de junio, en México, se llevaron a cabo elecciones en seis de los treinta y dos Estados. El partido de gobierno MORENA y aliados se impusieron en cuatro de ellos. Estos comicios fortalecen al proyecto de gobierno de AMLO. Además, López Obrador anunció la creación de la empresa estatal Litio para México.

En Honduras, el 27 de julio se cumplieron seis meses del gobierno de Xiomara Castro. La presidenta ha puesto en práctica medidas económicas importantes para los sectores populares. Por otro lado, las clases dominantes y EE. UU. comenzaron a presionar y agudizar las tensiones dentro del Gobierno.

De un modo general, lo que podemos señalar, como perspectiva, es que son muchos los desafíos que se imponen para los países de la región. La profundización de la crisis civilizatoria, con una crisis económica, tiene todo para perjudicar a las clases trabajadoras y los más pobres. Para que esto no suceda, es vital la articulación entre gobiernos populares y movimientos sociales. De lo contrario, estos gobiernos quedarán débiles ante la presión de las clases dominantes y estarán privados de atender las demandas de los más necesitados de la región. Sin base política sólida, cualquier medida heterodoxa los pondrá en riesgo ante esperables ataques.

En general el panorama político se encuentra atravesado por una fractura social y una polarización política. Como causa y a la vez consecuencia, hay un corrimiento de los límites de lo decible y lo actuable, amplificado por medios tradicionales y no tradicionales, que dan lugar a un incremento de la violencia simbólica y material y aumentan la posibilidad de ascenso o sostenimiento del poder por parte de grupos conservadores, en no pocas ocasiones embanderados bajo nuevas ropas con el mote de “liberales” o incluso “libertarios”.

Se trata de un fenómeno que crece en la medida en que hay factores interesados en articular globalmente a las derechas. En esta tarea se destacan figuras como Steve Bannon desde el mundo anglosajón y formaciones como la Fundación Libertad en el mundo “hispanista”. Pero el caldo de cultivo principal son las demandas sociales irresueltas. Sobre esta base de descontento es que tiene lugar el crecimiento del malestar y de la violencia horizontal, que en un marco de individualismo y “sálvese quien pueda” se desarrolla muchas veces en clave xenófoba y reaccionaria. Ante este panorama, las posibilidades de refundar procesos hacia la justicia social están ligadas a los emergentes organizativos que construyen lógicas de igualdad, solidaridad y libertad en medio de la pequeña barbarie cotidiana. En la organización que se da la sociedad, cada día, habita la aspiración por una vida mejor. Allí se desarrollan las prácticas que son condición de posibilidad para que emerjan y puedan consolidarse proyectos políticos desde y para la mayoría de la población.

Nuestra América ante la profundización de la crisis civilizatoria

En nuestro último informe, que analiza el período entre el 1º de enero y el 15 de mayo de 2022, examinamos los principales efectos económicos y sociales que el alivio de la pandemia de COVID 19 y el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania tuvieron a lo largo del primer cuatrimestre del año. Señalamos entonces cuánto, entre la pandemia y la guerra, los pueblos afrontaron lo que ha sido llamado el “momento catastrófico” de una crisis civilizatoria en progreso. Como ha sido dicho por el pensamiento crítico y los movimientos populares, se trata de: a) una crisis multidimensional (en lo económico, lo social, lo político y lo ambiental) resultado del propio despliegue del capitalismo en su fase neoliberal; b) respecto de lo cual el agravamiento de una de sus dimensiones incide y agudiza las otras; y c) que –en muchas ocasiones– el proceso de neoliberalización capitalista ha utilizado dicha crisis para imponer sus propias transformaciones y políticas.

Lo acontecido a nivel global y en nuestra región en el periodo que cubre el presente informe (mayo-principios de septiembre) resulta trágicamente un ejemplo de este proceso acelerado por el nuevo escenario de una guerra global. Más allá de sus contendientes y responsables particulares, esta guerra se enmarca en la geopolítica militarista desplegada por EE. UU. con el objetivo de reorganizar su debilitada y amenazada hegemonía global ahora sobre un territorio menos vasto (concentrándose en sostener Europa en su Este; Japón, Australia y Corea en su Oeste; América Latina en el Sur), en lo que hemos llamado el proyecto defensivo de una globalización recortada y agresiva.

Así, los efectos económicos de la guerra no solo resultan de la privación de las exportaciones ucranianas de cereales sino, centralmente, del bloqueo económico promovido por EE. UU. y sus socios europeos sobre las exportaciones rusas, lo que significó la ruptura y reorganización de las cadenas globales de suministros de un sinnúmero de bienes y contribuyó al aumento de sus precios.

En este contexto, a lo largo del segundo cuatrimestre del año sobre el que trata este informe, se profundizó la crisis energética –escasez y aumento del precio de los combustibles– que castiga tanto en el Norte como en el Sur del mundo. Así, considerando los datos del Banco Mundial, el precio internacional del petróleo tuvo un nuevo pico en junio con un incremento del 12% respecto de abril; y también los valores del gas se incrementaron, entre abril y julio un 11%. Una crisis que, según el jefe de vigilancia de la Agencia Internacional de Energía, “es mucho mayor que las crisis del petróleo de los años setenta y ochenta. Y probablemente durará más». Ello está impulsando en el Norte, además de la creciente dependencia europea respecto del shale gas estadounidense, el retorno a fuentes energéticas más contaminantes –como el carbón– y políticas draconianas de ahorro del consumo e incremento de tarifas. Por otra parte, el impacto inflacionario y recesivo tanto en el Norte como en el Sur se combina en Nuestra América con la promoción de nuevos proyectos de explotación de hidrocarburos –particularmente, de las llamadas energías extremas como los hidrocarburos no convencionales y la explotación offshore– y también del desarrollo de proyectos de energías renovables –como el llamado hidrógeno verde que, con destino de exportación, hoy se impulsa en varios países de la región– y de apropiación de las fuentes de dichas energías –como el creciente interés transnacional respecto de las reservas de litio en Argentina, Bolivia y Chile–.

Como puede suponerse, estos proyectos no hacen sino profundizar las causas de la crisis socioambiental y climática cuyos efectos se extienden e intensifican por todo el planeta. Calores extremos, incendios, sequías y bajantes récords de los ríos han granjeado la realidad europea en los últimos meses en particular y en el verano boreal en general; y también fenómenos meteorológicos extremos –lluvias, inundaciones, incendios, sequías, etc.– han castigado al Sur en este tiempo.

Por otra parte, el impacto de esta crisis climática y los efectos de la guerra y el boicot “occidental” a Rusia han descargado sobre los pueblos del mundo una verdadera crisis alimentaria. Hemos mensurado en nuestro último informe estas consecuencias sobre el precio mundial de los alimentos que alcanzaron en ese periodo valores récords, incluso mayores al alcanzado por el ciclo especulativo entre 2008 y 2012. Hemos señalado también las terribles consecuencias de ello, particularmente acentuando los problemas de alimentación y de hambre en una porción creciente de la población mundial. Sobre ello, la edición de 2022 del informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo” (SOFI), elaborado por la FAO y otros organismos internacionales y presentado en junio pasado, señaló que ya en 2021 828 millones de personas padecían hambre, un 9,8% de la población mundial (una tendencia creciente desde el 2020) y 2.300 millones de personas padecían inseguridad alimentaria grave o leve (un 29,3% del total mundial). En este proceso, para el 2022 se señala “la intensificación de los principales factores de la inseguridad alimentaria y la malnutrición, a saber, los conflictos, los fenómenos climáticos extremos y las perturbaciones económicas, en combinación con el aumento de las desigualdades” que plantean que “la cuestión ahora no es si las adversidades seguirán produciéndose o no, […] sino que deberíamos estar adoptando medidas más audaces para crear resiliencia ante ellas”.

En este contexto, el segundo cuatrimestre del año se distingue por la aparición de una suave tendencia a la reducción del precio de los alimentos a nivel mundial, un mínimo alivio luego del pico experimentado en los meses recientes. Así, considerando nuevamente la estadística elaborada por el Banco Mundial, entre abril y julio, por ejemplo, el precio mundial de la soja disminuyó un 5%; del aceite de soja un 23%; del maíz un 7%; del trigo (HRW) un 23%; del arroz (Thai 25%) un 10%; de la carne de res un 5%; del azúcar (world) un 7%; del algodón un 15%. Esta tendencia a la baja también se verificó en el rubro de los metales, como por ejemplo en el hierro con un 28%; en el cobre con un 26%; en el oro con un 10%; en la plata con un 22%.

En contraposición a esta tendencia, este cuatrimestre también se destaca por el agravamiento de la crisis económica en el Norte con su impacto global. En esta dirección, la creciente inflación derivada del incremento de los precios mundiales de la energía, los alimentos y los metales se combinó con una rampante recesión. Así, a fines de julio, se conoció que el Producto Interno Bruto (PIB) anualizado de EE. UU. había disminuido un 0,9% en el segundo trimestre. Sumado a la caída de 1,6% registrada en el primero, la constatación de dos trimestres de contracción económica se conoce como recesión técnica o, simplemente, recesión. De esta manera, el crecimiento del país del Norte se ralentizaría por debajo del dos por ciento, algo que solo ocurrió en los años 70 y principios de los 80, o luego de la crisis financiera global y durante la pandemia.

En este contexto, los recientes informes de los organismos financieros internacionales sobre las previsiones económicas resultan bastantes pesimistas. En el reporte de junio Perspectivas económicas mundiales elaborado por el Banco Mundial se alerta sobre el “riesgo de estanflación, con consecuencias potencialmente perjudiciales tanto para las economías de ingreso mediano como para las de ingreso bajo” previendo que el crecimiento mundial descienda del 5,7% de 2021 al 2,9% en este año —para América Latina y el Caribe se calcula un 2,5%—; comparando este escenario con la estanflación de la década de 1970 que marcó el final de la crisis del keynesianismo y dio paso progresivamente a la salida neoliberal y recomendando nuevamente la adopción de medidas ortodoxas. En similar dirección, la actualización de julio del informe del FMI Perspectivas de la Economía Mundial bajo el título “un panorama sombrío y más incierto” señala que “durante el segundo trimestre de este año, el producto mundial se contrajo …[y] una inflación superior a lo previsto en todo el mundo —sobre todo en Estados Unidos y las principales economías europeas— …una desaceleración peor de lo previsto en China, consecuencia de los brotes de la COVID-19 y los confinamientos, y las nuevas repercusiones negativas de la guerra en Ucrania” obligan a reducir las perspectivas de crecimiento para 2022 al 3,2% o 2,6%”, recomendando también respuestas ortodoxas frente a la crisis. Así, “mientras el aumento de precios sigue reduciendo el nivel de vida en todo el mundo” se indica que “la máxima prioridad de las autoridades económicas debería ser el control de la inflación…el endurecimiento de la política monetaria tendrá sin duda costos económicos reales, pero retrasarlo no hará sino exacerbarlos”. En esta dirección, en el presente informe se examinan las presiones y políticas neoliberales que se impulsan hoy en diferentes países de la región.

Por otra parte, nuestra América Latina y el Caribe no es ajena al impacto de esta dimensión económica de la crisis civilizatoria. En esta dirección, en el Estudio Económico de América Latina y el Caribe de 2022 de la CEPAL presentado en agosto se advierte sobre “un panorama económico complejo” para este año y los venideros signados por menor crecimiento, fuertes presiones inflacionarias (en junio el promedio regional fue más del doble del registrado en el periodo 2015-2019), bajo dinamismo de la creación de empleo, caída de la inversión y crecientes demandas sociales. En este contexto, la CEPAL ha reducido los pronósticos de crecimiento para América del Sur al 2,6% (luego del 6,9% de 2021) aunque este promedio resulta de valores muy heterogéneos previstos para los diferentes países (por ejemplo, se estima que la economía venezolana crecerá este año un 10% mientras que en el caso de Paraguay y Brasil se pronostica un incremento de solo 0,2 y 1,6% respectivamente). En el caso de Centroamérica y México la expectativa de crecimiento se redujo al 2,5% (en comparación con el 5,7% de 2021) y para el Caribe —la única subregión que crecerá más que en 2021— un 4,7%, (sin incluir Guyana). Incluso los consultores económicos como Hermann González de Clapes UC alertan que “los hogares más vulnerables se verán particularmente afectados con un escenario de este tipo, aumentando la frustración y generando una presión adicional sobre los gobiernos en general y sobre las autoridades económicas en particular”. Son estas tensiones sociales que se expresan tanto en el ciclo de huelgas que se despliegan actualmente en Inglaterra y otros países del Norte así como en los procesos de conflicto vividos en Panamá y Ecuador en los últimos meses y que examinamos en las líneas siguientes.

De la guerra global al golpismo y violencia derechista en Nuestra América

En nuestro último informe señalamos también que “la guerra global se ha proyectado al interior de nuestros países bajo otra guerra, esta vez interna, la de la ofensiva de los productores y exportadores de estos bienes comunes naturales…por la apropiación de las ganancias extraordinarias devenidas de la nueva situación global” en detrimento de la mayoría social y, en particular, de los sectores populares. Pero no se trata solo de una ofensiva económica sino que también, ante la profundización de la crisis civilizatoria, se expresa en el terreno político bajo la forma de la violencia política, el golpe parlamentario, el lawfare y otras formas de autoritarismo promovidas por los sectores más conservadores del arco político y del bloque dominante; y sustentado también en un proceso de fascistización de grupos sociales y de violentización del lazo social. Ello lamentablemente no es nuevo en Nuestra América. En nuestra historia reciente, el uribismo colombiano ha sido un trágico ejemplo de este neoliberalismo de guerra; y más cercano aún, la ola conservadora que se desplegó en la región desde 2015 —conculcando la experiencia de gobiernos progresistas y populares en Argentina, Brasil, Ecuador, entre otros— hizo del lawfare (el uso del aparato judicial, mediático y de inteligencia) o del golpe parlamentario uno de sus recursos centrales en lo que ha sido llamado un “nuevo plan Cóndor”.

En el periodo del que trata este informe, también la acción violenta y autoritaria de los sectores conservadores vuelve a estar en el centro de la escena política y social de la región. Un proceso que, en estos meses, se hace presente en la violencia sin fin descargada sobre el pueblo haitiano para ahogar el ciclo de luchas y levantamientos que recorrió el país desde 2018; en las amenazas de Bolsonaro de desconocer el sistema electoral en Brasil; en los vientos repetidos de golpe cívico en Bolivia; en las reiteradas tentativas de desestabilización y destitución del presidente Castillo en Perú; en los intentos de asesinato y amenazas sufridos por Petro en Colombia antes y después de ganar las elecciones; entre otros hechos que examinamos en las páginas siguientes. Pero sin duda la expresión más reciente y dramática de ello ha sido el intento de asesinato de la vicepresidenta y dos veces presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el 1º de septiembre, como respuesta a la movilización popular creciente desplegada frente a la persecución judicial.

En estos procesos de derechización y de construcción de una agenda pública de fractura política cultural participan sectores de poder económico que extraen su excedente de la explotación y exportación de bienes comunes naturales, singularmente actividades promovidas muchas veces por los mismos gobiernos a los que se han enfrentado durante las primeras décadas del siglo XXI. Por momentos estos sectores actúan desde la esfera económica —que es también siempre política— y por momentos muestran su intención más deliberada de intervenir directamente en la política y en las instituciones. Desde posicionarse y presionar —a través de lockouts, por ejemplo— o generar corridas cambiarias que puedan desestabilizar a un gobierno, hasta organizar sus propias fuerzas políticas y presentar sus propios candidatos a elecciones. Asimismo, hacen uso tanto de recursos institucionales (Poder Judicial, Parlamento, fuerzas de seguridad, grandes medios) como extrainstitucionales (redes sociales, organizaciones criminales y mafiosas, bandas armadas, grupos sociales); de la violencia política y social; de la crisis de representación del Estado y del estímulo de procesos de fascistización social; para intentar imponer su salida neoliberal a la crisis actual. Todas esas intervenciones no hacen más que ser el caldo de cultivo y catalizador de la derechización de una parte de la sociedad que suele desencadenar expresiones de violencia como las mencionadas.

Imperialismo e integración

Del BRICS al BRICS Plus

En el contexto de guerra y crisis global aparecen movimientos y tensiones en el escenario general. Por un lado hay que señalar que el bloqueo de EE. UU. y Europa occidental a Rusia y las crecientes tensiones con China no parecen impactar negativamente (al menos por ahora) en la tendencia al aumento del intercambio multilateral. Una expresión de esta tendencia es el sostenimiento y posible desarrollo del bloque denominado BRICS, en el que desde su fundación participa Brasil, el gigante de América del Sur y al que se acercan Argentina y otros países del Sur global, en un mecanismo identificado como BRICS Plus.

El 24 de junio se realizó el Foro de Alto Nivel sobre Desarrollo Global del espacio BRICS, de forma virtual. La consigna central fue: «Promover una asociación de desarrollo global para una nueva era e implementar conjuntamente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible».

Además de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, miembros plenos, bajo el formato BRICS Plus participaron también delegaciones oficiales de Argentina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Kazajistán, Egipto, Nigeria, Senegal, Indonesia y Tailandia.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, enfatizó que “todos compartimos el deseo de una mayor representación y perspectivas progresivas en las instituciones de gobierno global. Todos compartimos una historia común de lucha contra el imperialismo, colonialismo, la explotación y subdesarrollo continuo”.

En relación con el acercamiento progresivo de Argentina al bloque, el embajador chino en el país sudamericano  reafirmó en una nota de opinión la política de brazos abiertos, “con vistas a robustecer la fuerza y armar asociaciones de alta calidad, inaugurando una nueva era del desenvolvimiento global”. En su artículo, el diplomático destacó que el modelo BRICS Plus fue formulado por Xi Jinping como “una importante plataforma de los mercados emergentes y los países en desarrollo para fomentar juntos un relacionamiento internacional más democrático, una economía global con beneficios más universales y una gobernanza global más razonable”.

En la reunión de junio, el presidente argentino Alberto Fernández expresó la voluntad del país por pertenecer al espacio que —al menos en el terreno económico— se presenta como el principal contrapeso al eje del Atlántico Norte. Pocos días después, a principios de julio, la Cancillería argentina distribuyó una nota de prensa en la que informó la reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina y China, Santiago Cafiero y Wang Yi, “a fin de profundizar la Asociación Estratégica Integral que une a ambos países”. En la reunión, “Wang Yi confirmó formalmente el apoyo de su país a la membresía de Argentina al grupo de los BRICS, en línea con lo acordado entre los líderes del grupo. El ministro argentino puntualizó que nuestro país puede contribuir en este mecanismo a fortalecer y ampliar la voz en defensa de los intereses del mundo en desarrollo”. Los ministros también “analizaron la reciente adhesión de Argentina a la Iniciativa de la Franja y la Ruta y acordaron seguir cooperando en usos pacíficos de la energía nuclear, como la medicina nuclear y la producción de radioisótopos, y en asuntos espaciales y defensa, destacando la firma del Acuerdo Marco de Cooperación Estratégica entre SPIC e INVAP”.

En términos regionales, la eventual incorporación de Argentina al BRICS no es un dato menor, por ser el segundo país de América que lo haría y por su peso relativo en el continente. En sí mismo, es un hecho que evidencia el declive relativo de EE. UU. en el patio trasero, un asunto que preocupa y que ha puesto a trabajar activamente a los dispositivos de soft power del país norteamericano.

Cumbre de las Américas: ocaso y vigencia de la OEA

Es notorio el declive de EE. UU. como potencia con capacidad de construir consenso en torno a su hegemonía. Uno de esos indicadores es el desprestigio de la Organización de Estados Americanos.

Entre los dispositivos de primer nivel del poder suave están los organismos diplomáticos. En el caso de la OEA, desde su creación y casi sin excepciones ha sido un instrumento de la política exterior estadounidense, en torno al cual se despliegan una serie de dispositivos e iniciativas. Entre ellas está la Cumbre de las Américas, espacio de debate en torno al cual EE. UU. intentó desde mediados de la década de 1990 recolonizar económicamente a América Latina y el Caribe con un ALCA: área de libre comercio de las Américas. Este proyecto, lanzado en el momento cumbre del unilateralismo estadounidense (1994), fracasó en la cuarta cumbre de Mar del Plata, en 2005, a partir de la confluencia de líderes de diferentes orientaciones y matices dentro de un campo común a favor de la integración latinoamericana y caribeña. Allí, Néstor Kirchner, Lula y Hugo Chávez se opusieron al acuerdo y el ALCA naufragó.

Con las diferencias propias de otra coyuntura histórica, la política exterior de EE. UU. mostró su crisis relativa en torno a la última Cumbre de las Américas, desarrollada en Los Ángeles, cuando la exclusión de gobiernos adversarios de EE. UU, integrantes de ALBA-TCP, recibió un amplio rechazo por parte de varios gobiernos del continente, entre ellos el de México y los de varios países del Caribe.

En términos de acuerdos, la Cumbre fue irrelevante y como saldo político, mostró una posición de unidad expresada por el presidente de Argentina Alberto Fernández, en carácter de presidente protempore de la CELAC, situación que de paso sirvió para fortalecer la posición de este organismo en el complejo campo de los espacios diplomáticos. En el mismo movimiento, la política de la Cancillería norteamericana pareció errática en cuanto al análisis de la coyuntura política. Hoy existe un complejo tablero en el que no puede hacer todo lo que quiere, como sí sucedió en la etapa 2015-2019. La torpeza y la vacilación mostradas en relación con la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua y todo el proceso de incertidumbre previo contrastaron con el heterogéneo frente unido de los países latinoamericanos y caribeños. En lugar de mostrar fortaleza, EE. UU. mostró debilidad ante serios cuestionamientos a su legitimidad como el gran y único ordenador geopolítico. El equívoco fue tal que —a diferencia de muchos otros temas— logró unificar a las diferentes orientaciones desde el centro a la izquierda. «Sé que vamos a estar bien representados en la voz del presidente Alberto Fernández porque es un hombre valiente y está contra la exclusión, así como López Obrador», dijo el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, en uno de los pocos elogios que parten desde Caracas hacia el gobierno argentino, con el que lo atraviesan diferencias importantes.

Pese a la situación que describimos, no habría que despreciar el lugar que todavía tiene la OEA como espacio permanente de intervención sobre una amplia gama de temas vinculados a la geopolítica americana. A pesar del desprestigio que pueda tener su secretario Luis Almagro o incluso la OEA como organismo, existe una arquitectura diplomática, política y hasta militar en cuyo marco se desarrollan relaciones de peso, que todavía están lejos de ponerse en cuestión de modo general y menos aún, de ser reemplazadas por otro organismo con capacidad de articular integración y soberanía.

La CELAC: ¿camino a la institucionalización como articuladora general?

En el último período, el gobierno argentino se ha mostrado activo desde la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en continuidad con la línea impulsada previamente por el gobierno de México.

En esta dirección, en agosto se realizó en Buenos Aires un encuentro de coordinadores nacionales de la CELAC, en simultáneo un seminario internacional llamado “El futuro de la integración: Unidos en la Diversidad”. Este último evento fue coorganizado con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y allí Alberto Fernández propuso avanzar en la institucionalidad del organismo, con el objetivo de que pueda tomar resoluciones efectivas hacia la integración. Además, rechazó el bloqueo a Cuba y a Venezuela y se distanció del andamiaje bajo control de EE. UU. “Con Andrés Manuel (López Obrador) sentimos que la OEA ya no nos representa, y que el BID ya no es el banco de América Latina”, dijo el presidente argentino. Previamente, el tema de la institucionalización se trató en la reunión de delegaciones oficiales y si bien no trascendieron mayores detalles, la Cancillería anfitriona dejó trascender que en este sentido existe acuerdo de los 32 países que conforman actualmente el organismo (Brasil suspendió su participación bajo el gobierno de Bolsonaro).

Previo a la reunión, el expresidente de Colombia Ernesto Samper anunció que el Grupo de Puebla —espacio de afinidad política en el que participan activamente Fernández y AMLO, entre otros dirigentes— elaboró una propuesta para que la CELAC sea “un espacio de convergencia de los distintos mecanismos de integración que existen en la región, como la Alianza del Pacífico, el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Comunidad Andina, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), entre otros”.

La CELAC es el único organismo —y el primero en la historia— que, sin incluir a EE. UU. y Canadá, cuenta con la participación de todos los países de América Latina y el Caribe, con la excepción ya comentada de la posición coyuntural de Brasil. El universo de los organismos de integración en el continente ofrece en la actualidad un panorama de fragmentación y superposición, a partir de la existencia de múltiples mecanismos parciales de integración que se fueron construyendo a lo largo de los siglos XX y XXI. A pesar del valioso sentido que tuvieron y en algunos casos tienen estas diferentes iniciativas, hay una política vacante que es la de unidad general, como bloque, que es la que podría ocupar la CELAC.

Para amplios sectores políticos desde el centro a la izquierda es claro que la OEA, desprestigiada tras siete décadas de utilización casi ininterrumpida por parte de EE. UU., no va a tomar ese rol con un sentido progresivo. Precisamente, su tarea histórica, a juzgar por sus resultados, ha sido impedir la integración de la región con autonomía de EE. UU.  Por esa razón existe un antagonismo evidente entre la CELAC y la OEA, como herramientas de proyectos enfrentados.

El crecimiento de la relación entre China y todos los países de la región, muchos de los cuales son dirigidos por gobiernos desde el centro a la derecha —y en algunos casos por coaliciones que representan a prácticamente todas las formaciones de derecha, como en Uruguay—, da cuenta de la comunión de intereses entre empresas chinas y diversos grupos empresarios locales, en particular los que están ligados al agronegocio y a otros sectores extractivos, exportadores de commodities. Esta circunstancia explica algunos debates en organismos de integración, situación que se resume como un declive (relativo) de los organismos e iniciativas ligadas a EE. UU., al mismo tiempo que un acercamiento a China. Contra esa tendencia, que se presenta potencialmente irreversible, está dirigida la estrategia central de EE. UU. en la región, que se muestra con creciente violencia. Todas las declaraciones oficiales de altos cargos de EE. UU señalan con claridad la preocupación en torno a lo que señalan como la “amenaza” de China.

Hard y soft power. Lawfare, Comando Sur e injerencia de EE. UU.

En coincidencia con un recalentamiento de las tensiones geopolíticas globales, en los últimos meses el gobierno de EE. UU. ha mostrado una abierta política de injerencia en el continente, en especial en torno a la intervención judicial en América del Sur y Central, a lo que se suman amenazantes declaraciones de la jefa del Comando Sur.

Respecto a América del Sur, en este caso desarrollamos brevemente la situación en Argentina y en Paraguay, dos de los temas más significativos en relación con el lawfare en la región en la actualidad, proceso que también se ha desarrollado con eficacia para los objetivos de EE. UU. en Brasil y Ecuador.

En el caso de Argentina, desde principios de junio se encuentra retenido en este país el avión de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur), filial de la aerolínea estatal venezolana Conviasa, así como la tripulación —de origen venezolano e iraní—, bajo el argumento de que parte de los tripulantes podrían ser “terroristas”.

Violando el principio de presunción de inocencia, y solo por razones geopolíticas, sin ningún otro elemento que un informe del FBI, al cierre de este informe el Poder Judicial argentino mantiene el secuestro de la aeronave y la prohibición de salida del país a parte de los tripulantes “mientras se terminan de hacer las medidas de prueba”. Hay una articulación evidente con el Departamento de Justicia norteamericano y los propios argumentos del fallo judicial implican darle validez y asumir como propios (o universales) las acusaciones de un estado extranjero (EE. UU.) respecto a terceros Estados con los que se encuentra en conflicto. Esta línea de propaganda es reforzada de manera sistemática a través de los medios de comunicación aliados, que apuntan a naturalizar la utilización de los poderes públicos argentinos según los objetivos, las políticas y las resoluciones de los poderes públicos del Estado norteamericano.

En el caso de Paraguay la intervención es menos velada. Directamente los anuncios los realiza el embajador de EE. UU. en rueda de prensa. Según anunció el embajador en Asunción, Marc Ostfield, el Departamento de Estado calificó como “significativamente corruptos” al expresidente Horacio Cartes y al actual vicepresidente Hugo Velázquez, entre otros políticos y empresarios, a quienes sancionaron económica y administrativamente y respecto de los cuales no descartan el pedido de extradición.

Las calificaciones, verosímiles aunque todavía no han sido respaldados con pruebas efectivas, cumplen la  función de intervenir en el escenario político en un momento clave para Paraguay, cuando restan pocos meses para las elecciones presidenciales y los distintos partidos y sectores internos se encaminan a dirimir sus candidaturas, que delinearán a su vez las posibilidades de gobierno e integración parlamentaria. La importancia otorgada al tema por la Cancillería estadounidense se muestra en la visita de un alto funcionario del Departamento de Estado: Mark Wells, subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, quien se entrevistó con parte de la dirigencia local en torno a temas de “seguridad y comercio”.

Con gran parte de su territorio sobre el Acuífero Guaraní, y entre grandes vecinos con quienes comparte el uso de importantes ríos, Paraguay tiene una posición clave para la geopolítica suramericana y ha sido históricamente un alfil casi incondicional de EE. UU. El grado de intervención puede responder a ordenar el tablero político en torno a representaciones políticas que percibe más confiables e igualmente subordinadas, en un momento de deterioro institucional y gran complejidad política, con despliegue de contradicciones internas, como analizamos en el apartado dedicado a la coyuntura política interna.

En América Central, en tanto, las últimas novedades de intervención tienen que ver con la publicación de la lista Engel por parte del Departamento de Estado. EE. UU. incluye en esta lista a funcionarios públicos, dirigentes y empresarios señalados por vínculos delictivos, de acuerdo a sus instituciones. La novedad, en este caso, es que junto a sicarios y otros connotados delincuentes incluyen a dirigentes del partido LIBRE. El nuevo gobierno hondureño, liderado por Xiomara Castro, respondió con firmeza. “En el gobierno anterior, las publicaciones del mismo documento, Lista Engel, de forma contradictoria, nunca incluyó a personajes como el dictador hondureño, ex presidente Juan Orlando Hernández, evidentemente protegiéndolo, ya que apenas unas horas después de finalizado su mandato, EE. UU. procedió a acusarlo de narcotraficante y solicitó su extradición”, señala el documento. La Cancillería de Honduras también recordó el golpe de Estado de 2009, que contó con apoyo de EE. UU. para desalojar del gobierno a Mel Zelaya e imponer sucesivos gobiernos derechistas por medio del fraude electoral y la represión, proceso que fue apoyado hasta el final por EE. UU.

A este panorama de intervención basado en el poder blando de la intervención político-judicial hay que sumarle a su vez la voz del brazo militar. Laura Richardson, la comandanta general del Comando Sur, consideró que esta región es “tan rica en recursos” —entre los cuales enumeró  especialmente las tierras raras y el triángulo del litio— y que “tiene muchas cosas que ofrecer”. La responsable de la supervisión militar de EE. UU. en el resto del continente se refirió también a las inversiones de China y a la influencia de los medios de países adversarios de EE. UU. como es el caso de RT, respecto de lo cual manifestó la “preocupación” por parte de las fuerzas armadas norteamericanas.

En el contexto de crisis y disputa global, es significativo que afirmaciones sobre estos temas emanen de la autoridad militar dedicada a la región. Además de una advertencia, la intervención de Richardson ilustra sobre la visión híbrida de la guerra en la actualidad, con poco lugar —tal vez solo el de los discursos— para las máximas del pensamiento liberal progresista tales como la separación entre asuntos civiles y militares, la independencia de poderes o la libertad de expresión. Por otro lado, pone en primer plano el papel de la riqueza energética y en general de bienes de la naturaleza que tienen los países de la región.

Esto sucede en un momento donde se incrementa el precio de los minerales —el del litio, especialmente, con aumentos espectaculares en lo que va de 2022— y los diferentes países anuncian diversos planes de inversión y desarrollo, en algunos casos con participación clave de los Estados, asociados entre sí o con empresas de diversos orígenes. Entre ellas, lo que más le preocupa a EE. UU. es la participación de China.

El Mercosur y el TLC entre Uruguay y China

A fines de julio se realizó en Asunción la 60ª Cumbre del Mercosur, en un contexto marcado por conflictos internos, como hemos analizado en ediciones anteriores de este informe. Además de las diferencias ideológicas y geopolíticas que caracterizan este momento político, el principal punto de tensión es actualmente el intento de Uruguay por “flexibilizar” el bloque. En concreto, la pretensión del gobierno uruguayo es que el país permanezca en el Mercosur y al mismo tiempo se le permita que negocie de forma individual un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, proceso que está en pleno desarrollo. Esto es resistido por los restantes miembros plenos: Brasil, Argentina y Paraguay.

Pocos días antes de la cumbre, el presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou anunció el comienzo oficial de las negociaciones con China. “No queremos avanzar solos, pero Uruguay no estaba dispuesto a quedarse quieto”, argumentó. En la reunión, a la que faltó el presidente de Brasil Jair Bolsonaro, el gobierno argentino propuso que el Mercosur negocie de conjunto un TLC con China. “¿Por qué no lanzamos juntos el acuerdo con China? ¿Por qué no lo evaluamos juntos? Va a ser mucho más fuerte”, expresó Alberto Fernández. El presidente uruguayo coincidió en sumar al Mercosur en un segundo momento, pero insistió en el derecho de su país a continuar la negociación individual.

Para agregarle un grado mayor de complejidad, el tema está cruzado además por una particularidad geopolítica: Paraguay es uno de los pocos países del mundo que reconoce a la administración de Taiwán como legítimo gobierno de China y por lo tanto no tiene relaciones diplomáticas con el gobierno encabezado por Xi Jinping. En una región con crecientes vínculos con el efectivo gobierno de la República Popular China, la posición de Paraguay encuentra presiones de peso para una mayor flexibilidad. En los próximos meses habrá una mayor claridad en torno a las posibilidades de superar estas diferencias e impulsar una orientación común.

De todos modos, la Cumbre no estuvo exenta de resoluciones importantes, entre ellas la rebaja en un 10% del Arancel Externo Común (AEC) que pagan los productos extrazona y el avance de un acuerdo de libre comercio con Singapur, que deberá ser ratificado en los parlamentos de los Estados parte.

Otro episodio destacado fue la negativa a la participación del presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, quien formalmente había pedido intervenir, por falta de acuerdo entre los miembros. Si bien no se dio a conocer qué gobiernos rechazaron la solicitud de Zelensky, en los últimos meses Brasil se acercó a Rusia. Argentina, en tanto, tiene buena relación con el gobierno ruso aunque ha condenado la invasión a Ucrania en los foros internacionales.

Por otra parte, de cara al futuro inmediato del MERCOSUR, a los temas que se debatieron en la 60ª Cumbre puede agregarse la impronta que tendrá un eventual nuevo gobierno en Brasil. En ese sentido, hay que destacar la propuesta del expresidente y actual candidato Luiz Inácio Lula Da Silva en torno a la creación de una moneda única para América Latina, llamada Sur. Además, una reorientación progresista, en un nuevo contexto geopolítico regional, puede implicar el levantamiento de la suspensión de Venezuela, así como acelerar la incorporación de Bolivia como miembro pleno. En cualquier caso, estas son hipótesis cuya relevancia se analizará en los próximos meses.

La Comunidad Andina de Naciones

A fines de agosto se realizó en Lima la Cumbre de presidentes de la Comunidad Andina de Naciones, que reunió a los mandatarios de Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia. En la reunión, Ecuador traspasó la presidencia pro tempore del bloque a Perú y quedó abierta la posibilidad de una coordinación mayor con el bloque del Mercosur, además de la posible incorporación de otros miembros.

Como se menciona en el apartado dedicado específicamente a la subregión andina, la cumbre dejó una foto y preguntas políticas impensadas hasta hace muy poco tiempo, cuando la mayoría de los países estaban gobernados por espacios de derecha. Estas circunstancias alientan la posibilidad de una reactivación del espacio, así como de una política dirigida hacia la confluencia y la complementación.

El disputado Cono Sur: crisis, violencia política y posibilidades de reconfiguración

En el Cono Sur, la constante es el dinamismo del sistema político, con un intenso calendario institucional vinculado al desarrollo y a las disputas de las diferentes clases y sectores sociales.

Este informe se sitúa en un momento bisagra, que muestra al mismo tiempo la complejidad de la situación política.

El hecho más destacado en los últimos meses, sin dudas, es el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido al cierre de este informe, en la noche del jueves 1º de septiembre. Este episodio, de obvio impacto político, es el emergente de un proceso general de crecimiento del acoso a su figura en medios privados tradicionales y en redes sociales. Junto con la estigmatización de integrantes del campo popular, esta ofensiva incluye noticias falsas y una radicalización del discurso y de las prácticas derechistas, confirmando una vez más los puentes entre la violencia simbólica y la violencia física.

Otro acontecimiento muy destacado es el triunfo contundente de la opción por el Rechazo en el Plebiscito constitucional de Chile, el 4 de septiembre, que inaugura en la subregión una seguidilla de elecciones importantes. Dentro de pocas semanas se realizarán las elecciones presidenciales en Brasil. En 2023, por su parte, habrá elecciones presidenciales y parlamentarias en Paraguay y en Argentina, con sistemas políticos y judiciales tensionados internamente y operados también por factores externos, como analizamos en el apartado de Imperialismo e integración.

En el caso de Chile, el resultado de la elección en torno a la Constitución plantea serios interrogantes de cara al futuro, en un sistema político con múltiples contradicciones, que está lejos de salir de la crisis. Si bien durante largo tiempo las encuestas señalaron la posibilidad de una derrota del Apruebo, el dato destacado en sí mismo es la diferencia entre ambas opciones: casi el 62% se expresó por el Rechazo a la propuesta de nueva Constitución y poco más del 38% por el Apruebo, en un contexto de altísima participación (casi el 86% del padrón).

Luego de este resultado, el presidente Gabriel Boric convocó a un diálogo de cara a “un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana”. Este proceso inició con conversaciones entre las diferentes fuerzas políticas con presencia en el Congreso.

Más allá de cualquier consideración, al comparar los resultados del 4 de septiembre con los de la elección de convencionales constituyentes de mayo de 2021, cuando la opción del Apruebo obtuvo un 80%, se puede ver el fuerte declive del campo progresista considerado en su conjunto. A este proceso no están ajenas las dificultades de las diferentes fracciones de la izquierda para plasmar en el plano político, en general, y en la Convención en particular, los vientos de cambio de la movilización popular iniciada en octubre de 2019.

Si el estallido y el crecimiento de la movilización y de la participación social arrinconó al mínimo a las fuerzas desde el centro a la derecha —en especial la coalición Chile Vamos, pero también el ala más conservadora del espacio de la Concertación—, desde mediados de 2021 a mediados de 2022, en solo un año, el panorama cambió radicalmente, con una deslegitimación de las ideas de cambio en sus diferentes vertientes, en un escenario con importantes niveles de fragmentación y múltiples contradicciones, muchas veces menores históricamente aunque magnificadas coyunturalmente. La deslegitimación de las ideas de cambio también fue consecuencia de una campaña sistemática contra el campo del Apruebo, sea en la Convención, sea en el gobierno, sea en la lucha social. Como nunca quedan espacios vacíos, en los hechos, esto implicó una relegitimación de las fuerzas a la derecha del campo político. Tras su alcance, este proceso seguramente se reimpulsará y tomará nuevos caminos luego de los números del plebiscito.

El crecimiento de las posiciones adversas al cambio político y su contraste con las postales del #ChileDespertó llama la atención. Sin embargo, se trata de un proceso que puede advertirse al menos desde hace varios meses. El campo desde el progresismo a la izquierda estuvo a punto de atravesar una situación similar en la elección presidencial de diciembre de 2021, cuando el ultraderechista José Antonio Kast estuvo a poco de alcanzar la victoria, que finalmente fue para Boric por escaso margen.

Gabriel Boric asumió en marzo y los primeros seis meses de gobierno se dieron en un contexto de crisis global, con guerras, presiones geopolíticas e inflación en ascenso. En esta situación, el nuevo gobierno ha confirmado su perfil de moderación y en algunos planos de continuidad con el modelo precedente. Este es el caso, por ejemplo, de la militarización de la Patagonia frente al conflicto territorial que enfrenta a empresarios privados con comunidades mapuche. A fines de agosto fue detenido el referente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Héctor Llaitul y también en esos días el presidente aceptó la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, luego de que se conociera que una colaboradora suya se había comunicado con Llaitul en mayo pasado. Tampoco en el plano económico se han registrado medidas radicales a favor de los sectores populares, aunque el gobierno sí impulsó el aumento del salario mínimo y un programa social denominado “Chile Apoya”, con ayudas directas para las familias y apoyo a las pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de paliar el alza en el costo de vida.

Como ya mencionamos en el informe #17, los sondeos privados señalan un rápido aumento en la desaprobación de la gestión presidencial, tendencia que parece haberse sostenido. En este escenario, los principales interrogantes tienen que ver con la forma en que la coalición en el gobierno procesará la situación política. En el mediano plazo, una pregunta clave es acerca de la representación política de un sujeto social en conformación, que emergió con fuerza en las luchas en torno al estallido y que ha tenido enormes dificultades para cristalizar relaciones de fuerza. Al mismo tiempo, cómo se articula este proceso con el campo ya organizado, parte del cual hoy está en el gobierno. Todo en un marco de rearticulación que también se dará en el campo de la derecha.

En Brasil, la calidad de vida del pueblo brasileño puede decir mucho sobre el resultado de las elecciones de octubre. En este contexto, el seguimiento de los datos socioeconómicos se vuelve aún más importante. La tasa de desempleo, en el segundo trimestre de 2022, fue del 9,3%, una caída en comparación con el primer trimestre, cuando la tasa fue del 11,1%. A pesar de la caída, el ingreso promedio de los trabajadores se mantuvo sin cambios de un trimestre a otro y cayó 5,1%, respecto al segundo trimestre de 2021. Esta disminución se debe principalmente a las tasas de inflación, medidas por el IPCA, que en abril, mayo y junio de 2022 fueron, respectivamente, 1,06%, 0,47% y 0,67% mensual y, en el acumulado de 12 meses, 12,13%, 11,73% y 11,89%. En julio, el índice de inflación ha sido negativo un 0,68%. Esta caída se explica principalmente por las exenciones del ICMS a los combustibles. A pesar de esta disminución, el índice acumulado en 12 meses se mantiene por encima de los dos dígitos, 10,07%, y la inflación de alimentos aumentó 1,3%, siendo mucho más sentida por la población más pobre.

Ante la grave situación socioeconómica de la población y principalmente por los resultados de las encuestas electorales, que señalan la probable victoria de Lula, el gobierno federal ha lanzado una serie de medidas que está siendo denominada el «paquete de bondad», que estará vigente hasta finales de 2022. Entre las principales medidas están: la ampliación de Auxilio Brasil a 600 reales; bono de mil reales por mes para camioneros independientes; ampliación del valor del bono de gas, beneficio pagado bimestralmente; creación de asistencia al taxista; reducción del ICMS para productos de primera necesidad (incluido el combustible). Aunque el paquete es claramente electoral, las medidas anunciadas tienen importancia para la vida de los trabajadores y los más necesitados. Sin embargo, en el mes de agosto, aún con las medidas más importantes puestas en práctica —-como la ayuda de 600 reales, el bono para camioneros y la ayuda para taxistas—- las encuestas electorales igualmente apuntan a una victoria de Lula e incluso con posibilidades de hacerlo en el primer turno.

En la encuesta DataFolha publicada el 1 de septiembre, Lula tenía el 45% de las intenciones de voto y Bolsonaro el 32%. En la anterior, el 18 de agosto, Lula tenía 47% y Bolsonaro el 32%, lo que muestra cierta estabilización. La encuesta hizo el escenario de segunda vuelta entre los dos candidatos. Lula aparece con el 53% de las intenciones de voto. En la encuesta anterior, el petista apareció con el 54%. Bolsonaro apareció con el 38% de las intenciones, oscilando para arriba en relación con el anterior, en el que apareció con el 37%. La encuesta del Ipec, encargada por TV Globo, publicada el 29 de agosto, también muestra a Lula al frente y con posibilidad de ganar en la primera vuelta. Lula aparece con el 44% de las intenciones de voto frente al 32% de Bolsonaro. En la segunda vuelta, Lula tiene el 50% de las intenciones de voto frente al 37% del actual mandatario.

No es solamente en el ámbito nacional que el PT es el favorito para ganar las elecciones. Las últimas encuestas electorales del estado de São Paulo indican una victoria de Fernando Haddad (PT). En la encuesta de Datafolha, el petista tiene el 35% de las intenciones de voto, contra el 21% de Tarcísio de Freitas, candidato apoyado por Bolsonaro, y el 15% de Rodrigo García, actual gobernador del estado y afiliado al PSDB. En la encuesta del Ipec, Haddad tenía el 32% de las intenciones de voto, contra el 17% de Tarcísio y el 10% del actual gobernador. Si Fernando Haddad gana en São Paulo, se rompería una hegemonía de 28 años del PSDB en el poder.

Finalmente, el 16 de agosto se inició oficialmente la campaña política. Lula realizó dos mítines con la participación masiva de activistas y movimientos sociales. La primera, el 18 de agosto, en Belo Horizonte, contó con más de 100 mil personas. Al segundo, el 20 de agosto, en São Paulo, en el Valle de Anhangabaú, asistieron, además de Lula, Alckmin, Haddad y la expresidenta Dilma Rousseff. El apoyo y la movilización de las masas son sumamente importantes para derrotar a Bolsonaro en las urnas y también para poner en práctica un proyecto destinado a atender las demandas populares. Aunque importantes representantes de las clases dominantes han firmado el manifiesto por la democracia y el respeto a las urnas, lo que indica que respetarán una posible victoria de Lula, intentarán colocar al PT y a Lula bajo su tutela e imponer un proyecto que los beneficie, como hemos señalado en algunos de los informes de 2021.

Si se confirma lo que dicen las encuestas, el gobierno de Bolsonaro termina el 31 de diciembre de 2022, pero por ahora se mantiene en el poder y sigue causando estragos en la sociedad brasileña. En la parte del proyecto destructivo que el gobierno de Bolsonaro pone en práctica, volveremos a llamar la atención sobre los ataques al ambiente. Aunque los indígenas desaparecidos a principios de mayo —-según se informó en el último informe #17—- fueron encontrados, el secretario ejecutivo del Conselho Indigenista Missionário (Cimi), Antonio Eduardo Cerqueira de Oliveira, afirmó que la situación en el norte del país sigue grave y que “todas las semanas hay denuncias de violencia contra el pueblo yanomami por la presencia de estos mineros en la zona”. El 4 de junio, un crimen conmocionó al país. Fue el asesinato del indigenista Bruno Pereira y del periodista británico Dom Philips en la región amazónica de Vale do Javari, conocida por ser la segunda tierra indígena más grande. Bruno era un empleado con licencia de Funai que trabajaba para combatir los delitos ambientales en tierras indígenas. Los sospechosos de cometer el crimen fueron detenidos, pero hasta el momento no se sabe si hubo otro autor intelectual. Estos episodios demuestran el proyecto del gobierno actual en relación con el ambiente y más particularmente con los pueblos indígenas. El debilitamiento de instituciones como la FUNAI dificulta la implementación de la política ambiental, la fiscalización y deja a los pueblos indígenas a su suerte, en un contexto de minería ilegal y otras actividades económicas.

En Argentina, el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner suma un tema de peso a un escenario de por sí en plena ebullición. Sucede que las tensiones políticas se desarrollan en un contexto de agudización de la crisis económica, que lleva al menos cuatro años y en el último período se profundizó.

Tras el acuerdo suscripto en marzo de este año entre el FMI y el gobierno nacional, ratificado por ambas cámaras legislativas, en los últimos meses se consolidó el cogobierno con este organismo financiero internacional bajo control de EE. UU. Presentado como una necesidad para frenar el alza del dólar, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, lo cierto es que desde que Argentina regresó a la asistencia del FMI en 2018 no hizo sino acelerar estos problemas. Con una proyección cercana al 100% de inflación anual esperada para el final de 2022, y serios cuestionamientos al interior del Frente de Todos, en julio renunció el ministro de Economía Martín Guzmán, artífice del acuerdo. En medio de un gran desconcierto y una abierta división de la coalición de gobierno, durante varias semanas se realizaron cambios en el gabinete hasta que finalmente el 3 de agosto asumió el ministerio de Economía Sergio Massa, quien reunió bajo su control varias áreas clave y se posicionó a partir de ese momento como un virtual primer ministro. De perfil centroderechista y excelentes vínculos con EE. UU., Massa encabeza el Frente Renovador, una de las “patas” del Frente de Todos. A la ya conocida división entre los sectores más cercanos al presidente Alberto Fernández y aquellos referenciados en Cristina Fernández de Kirchner, se le suma casi al mismo nivel un tercer espacio, que siempre fue importante y ahora parece ganar un lugar clave de cara a lo que se viene. Los primeros anuncios y medidas de Massa fortalecieron el perfil de moderación del gobierno frente a los diferentes sectores del empresariado y apuntaron a dar claras señales de ajuste en función de los compromisos de reducción del déficit fiscal.

En este contexto, el gobierno nacional —lejos de su compromiso preelectoral de “empezar por los últimos para llegar a todos”— continuó realizando concesiones a los sectores de mayor poder económico, entre ellos especialmente el agronegocio. En un país en el que la concentración ha llegado al punto en el que el 1% de las explotaciones agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada y solo el 13% de la tierra está en manos de agricultores familiares que producen más del 60% de los alimentos que circulan en el mercado interno, las políticas oficiales se dirigen principalmente a fortalecer el poder de ese 1% más poderoso. Entre otras varias consecuencias, el poder del empresariado terrateniente bloquea desde hace años la sanción de una ley de humedales capaz de proteger a estos ecosistemas naturales, cada vez más agredidos por el avance del extractivismo. Una de las consecuencias más insólitas y visibles cada cierto tiempo, aunque no necesariamente la de mayor impacto sistémico, es la quema a escala masiva de los humedales, que mata flora y fauna y llena de humo a la población de la zona centro litoral argentina, en especial el sur de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y el norte de la provincia de Buenos Aires hasta llegar a la propia Capital Federal. De esta manera, ya se ha vuelto relativamente habitual la presencia de humo en las zonas más pobladas de Argentina, al punto que el propio Servicio Meteorológico Nacional ha tenido que lanzar advertencias por la situación.

Por fuera de las idas y venidas de palacio, la situación económica y social de la mayoría de la población es crítica. Se incrementan las movilizaciones de movimientos populares opositores al gobierno, así como integrantes del propio Frente de Todos, que señalan la falta de cumplimiento del contrato electoral de 2019. Esta es la posición por ejemplo del Frente Patria Grande, organización que lidera el referente social Juan Grabois, que incluso anunció su retiro del bloque oficialista en la Cámara de Diputados para conformar un espacio propio con sus tres bancas. Luego del intento de asesinato contra la vicepresidenta, este movimiento anunció que suspendía esta definición. Esto no alteraría en lo fundamental el funcionamiento legislativo pero es un indicador del grado de tensión política.

En paralelo, la persecución legal contra Cristina Fernandez de Kirchner, impulsada por sectores del Poder Judicial cercanos a Mauricio Macri y atravesada por un interés político evidente, derivó en una serie de situaciones inesperadas que impactaron en el panorama político. El proceso de guerra judicial contra la expresidenta, amplificado por todos los medios de comunicación, se convirtió en agosto en uno de los principales temas de debate y pasó a ocupar un protagonismo central cuando algunas personas con consignas derechistas, en teoría vecinas y vecinos de Cristina en el exclusivo barrio de Recoleta, se manifestaron en su contra frente a su domicilio particular, hecho que fue respondido por una creciente movilización popular. De forma inexplicable, Horacio Rodríguez Larreta, alcalde de la ciudad de Buenos Aires y uno de los presidenciables de la derecha, decidió el sábado 27 de agosto vallar la zona para impedir el apoyo de las manifestaciones a favor de Fernández de Kirchner, lo que fue completado más tarde con represión de la Policía de la Ciudad, que alcanzó a militantes e incluso también a diputados y funcionarios del gobierno nacional.

Apenas cinco días después, mientras Cristina se bajaba de un vehículo en la puerta de su casa y diferentes personas se acercaban a saludarla, un hombre sacó una pistola a centímetros de su cara y gatilló dos veces con la intención de darle muerte. El arma no disparó y el atacante fue reducido. Si bien es imposible realizar un ejercicio contrafáctico, es evidente que el impacto social de un eventual asesinato sería mayúsculo y por estas horas los temas de debate serían otros. Mientras cerramos este informe, las primeras investigaciones apuntan a grupos de ultraderecha que han proliferado en estos últimos meses y que en algunos casos cuentan con vínculos con sectores de la principal oposición política.

Las primeras consecuencias de esta ofensiva mediática y judicial, luego policial y por último de sicariato contra Cristina Fernández de Kirchner parece haber operado como un factor aglutinador del Frente de Todos y en especial del conjunto del peronismo. Previo al atentado, los discursos de la expresidenta mostraron la distancia que la separa del resto de la dirigencia política, lo cual va en sintonía con el apoyo activo que genera su figura. La aparición de un claro escenario de persecución judicial y los episodios ya mencionados en torno a la disputa por el espacio público contribuyen, al menos en el momento inmediato, a revitalizar su lugar en el espacio político propio. Esto a su vez empalma con una extendida conciencia de movilización democrática que en todo el país se expresó en repudio al intento de magnicidio y opacó, al menos en las primeras horas, las operaciones mediáticas dirigidas a poner en duda las responsabilidades del ataque  o incluso su propia existencia.

Sería aventurado hilar fino sobre el devenir de la situación política, pero parece claro que, pese a sus detractores, la vicepresidenta ocupa y ocupará todavía por un tiempo un lugar central en la escena política. Las dificultades emergentes a este liderazgo, de todas maneras, son la continuidad del proceso de lawfare, que no repara en formas, y la propia eventualidad de un triunfo derechista en las elecciones de 2023.

De cara a las presidenciales, la coalición Juntos por el Cambio enfrenta a varios competidores. En el Pro, el partido principal, además de Rodríguez Larreta se anotan la exministra de Seguridad —con fuertes vínculos con EE. UU. e Israel— Patricia Bullrich y el propio expresidente Macri. En la UCR, histórico partido que representó a la socialdemocracia, compiten también algunos gobernadores. Por fuera de esa coalición la ultraderecha “libertaria” posiciona a Javier Milei.

El escenario está abierto y tiene su cuota de imprevisibilidad. La crisis alimenta la movilización y la disputa en todos los escenarios, grandes y pequeños, parciales y más generales. La evolución de la crisis económica será crucial para el desarrollo, la atenuación o la resolución de algunas de estas contradicciones.

En Paraguay la calificación por parte de EE. UU de “significativamente corruptos” a personajes clave del poder, como el expresidente Horacio Cartes y el vicepresidente Hugo Velázquez, entre otros, provocó un tembladeral político, cuyas aguas parecen estar lejos de aquietarse.

Cartes es el líder indiscutido de Honor Colorado, uno de los dos grandes sectores en que está dividida la Asociación Nacional Republicana, el Partido Colorado. Velázquez pertenece al menos hasta el momento al otro sector, Colorado Añetete, liderado por el actual presidente Mario Abdo Benítez. Y hasta la intervención del gobierno de EE. UU. se candidateaba para la presidencia, para lo cual tenía que atravesar competencia interna de este sector. La caída en desgracia de ambos beneficia en la interna a Santi Peña, delfín de Abdo.

A su vez, la situación contribuye a evidenciar la crisis del sistema político y judicial del país, de por sí golpeado por el creciente poder del narco, como lo muestran episodios violentos en el país y hasta el asesinato en Colombia de un fiscal, Macelo Pecci, presuntamente por cuenta de una red de narcotráfico con conexiones internacionales, liderada por el paraguayo Miguel Ángel Insfrán Galeano y un ex futbolista uruguayo, Sebastián Marset, hecho que también impactó en la política uruguaya.

Referentes opositores señalan que el país se encuentra gobernado por las mafias y apuntaron a la complicidad con la corrupción del Partido Colorado. El sector de Cartes controla el Poder Judicial. En agosto, las bancadas de oposición impulsaron el juicio político a la Fiscal General, Sandra Benítez, pero no tuvieron éxito gracias a la participación de varios legisladores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

El PLRA a su vez impulsa un espacio de Concertación que en principio reunió a varios sectores hacia su izquierda, como el Frente Guasú (FG), y a su derecha, como Patria Querida. Pero en la actualidad se encuentra en crisis ante la salida de varios partidos que integran el Frente Guasú y otros espacios políticos, que acusan al líder del PLRA, Efraín Alegre, de cerrar el espacio a su propio proyecto. Por parte de la izquierda, a las críticas al estilo de conducción de Alegre se suma una diferencia política fundamental porque este dirigente eligió como su compañera de fórmula a Soledad Nuñez, exministra de Cartes, sin votos propios pero expresión de los sectores más concentrados del poder económico del país. Ante la situación, algunos sectores del FG decidieron igualmente permanecer en la Concertación —entre ellos el de Esperanza Martínez, quien declinó la precandidatura presidencial para ir por el Senado— y otros se retiraron. Entre estos últimos se encuentran el Tekojoja, Convergencia Socialista y el Movimiento de Unidad Popular.

En los últimos días de agosto, estos sectores del Frente Guasú anunciaron un acuerdo con el ex canciller de Abdo Benítez, Euclides Acevedo, para integrar una fórmula presidencial en común. Finalmente el martes 30 de agosto se anunció de manera oficial la candidatura de Acevedo a la presidencia acompañado por el doctor Jorge Querey, del Frente Guasú, como vicepresidente. Pese a las desavenencias respecto a la chapa presidencial, tema no menor, en el Frente Guasú decidieron oficialmente respetar las diferentes tendencias internas y anunciaron que apostarán a listas legislativas comunes. El devenir de la propia campaña mostrará las potencialidades y límites de esta estrategia, que en sí mismo muestra un nivel de fragmentación y debilidad importante, aunque en un panorama en crisis, agitado por causas internas e intervenciones extranjeras, las posibilidades son casi infinitas. La resolución se toma, a su vez, en ausencia de uno de sus principales referentes: Fernando Lugo sufrió una descompensación y se encuentra internado desde julio.

En Uruguay, el país con elecciones más alejadas y menor conflictividad, el panorama político igualmente se encuentra activo. Uno de los temas tiene que ver con la entrega del pasaporte al narco Sebastián Marset, que puso la lupa sobre una eventual complicidad de la Cancillería uruguaya. Por otro lado, el gobierno impulsa una reforma educativa en el nivel medio que encuentra oposición del movimiento estudiantil y magisterial.

En un contexto de aumento del costo de vida, como en toda la región, el movimiento sindical expresado por la central PIT-CNT convocó a un paro para el 15 de septiembre. El presidente de la central gremial, Marcelo Abdala, informó que la medida es “una acción importante del movimiento sindical, por trabajo de calidad, por salario, contra la rebaja salarial, contra la carestía” y también para marcar posición ante el proyecto de seguridad social que impulsa el gobierno.

Victorias e incertidumbres en una región andina renovada

La región andina sigue caracterizándose por la permanente movilización de una coyuntura que abarca desde triunfos y consolidaciones de procesos de transformación, hasta crisis políticas y amenazas a la democracia. Dentro de los principales acontecimientos se destacó la 22° Reunión del Consejo Presidencial Andino de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), evento de encuentro entre los gobiernos de la región. La sola fotografía oficial permite visualizar el cambio de escenario en una región donde hubo un predominio de los gobiernos neoliberales, pero, este año, estuvieron presentes los presidentes del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora; de Colombia, Gustavo Petro Urrego; y del Perú, Pedro Castillo Terrones, gobiernos de corte popular, que evidenciaban la soledad —por lo menos ideológica— del banquero y presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.

En el encuentro estuvo presente la discusión sobre incorporar nuevos países a la CAN, como propusieron Castillo y Petro refiriéndose a Chile, Venezuela y Argentina. Adicionalmente, los presidentes coincidieron en la ”importancia de fortalecer la cooperación internacional y regional para reducir las tasas de pobreza, desigualdad, inseguridad alimentaria y desempleo” y en la posibilidad de cumplir con el objetivo inicial de la creación de la CAN: impulsar la industrialización de los países de la región.

“Quisiera expresar la importancia que tendría para la proyección de la CAN y el beneficio de sus integrantes ampliar su alcance recuperando como miembros plenos a Chile y Venezuela, con quienes compartimos la herencia andina tanto en lo geográfico como en lo político, en lo histórico y en lo social”, señaló el presidente de Perú. Pedro Castillo también amplió la caracterización a Argentina en clave de análisis histórico: “¿Por qué no pensar en una integración subregional que, en torno a la idea de una patria andina, alcance a la hermana República Argentina, con la que compartimos no solo la cordillera de los Andes sino esta herencia común e histórica de los pueblos originarios del Tahuantinsuyo?”, preguntó.

Respecto a las coyunturas locales, en Colombia, como mencionamos, finalmente se consolidó el triunfo del Pacto Histórico y se realizó el traspaso de mando entre la administración de Iván Duque y Gustavo Petro. El pasado 7 de agosto, el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez juraron en sus cargos en una ceremonia de fuerte impronta bolivariana, que dio inicio a un nuevo período en la historia de Colombia. La llegada al gobierno de Petro representa un punto quiebre a más de veinte años de uribismo y a un gobierno ininterrumpido de las clases dominantes, que hemos descrito en informes anteriores y que hoy se encuentra frente al novedoso lugar de la oposición. Los desafíos que atraviesa el Pacto Histórico, inclusive desde antes de su posesión, son numerosos y vale la pena puntualizar en algunos de ellos: transformar un Estado profundamente neoliberal para dar lugar a las millones de personas postergadas por el hambre y la desigualdad; transformar una fuerza pública formada en la doctrina contrainsurgente, que además es la segunda en tamaño en toda la región; y garantizar el cumplimiento de sus promesas de campaña que incluían la protección de la vida de las y los líderes sociales y ambientales, la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, la implementación total del Acuerdo de Paz con las FARC, el reinicio de las negociaciones con el ELN, entre muchas otras.

Ya en su primer mes de gobierno, Gustavo Petro ha anunciado medidas que permiten tener una visión optimista sobre lo anterior, en dos de los puntos más desafiantes de su gestión. Por un lado, el anuncio formal de la reforma policial y del Ejército que reoriente la formación de las Fuerzas Armadas en el respeto a los derechos humanos y sus funciones originales de seguridad y defensa, respectivamente, y que cambie de una concepción de la guerra a la paz. Cabe destacar que las Fuerzas Armadas tuvieron un lugar protagónico en la política de seguridad democrática impulsada por los gobiernos de Álvaro Uribe y sus sucesores, donde tuvieron numerosos beneficios por el desempeño “positivo” en términos de los objetivos de la doctrina contrainsurgente. Es precisamente este uno de los retos centrales del gobierno de Petro: transformar la doctrina contrainsurgente sobre la que se ha construído la estrategia de seguridad y defensa de Colombia a lo largo de su historia. En el marco del reinicio de las negociaciones de paz con el ELN, estas representan un desafío fundamental en torno a la paz definitiva, inclusive para la estrategia de protección a la vida de las y los líderes sociales que continúan en permanente amenaza por parte de grupos paramilitares que han actuado en connivencia con la fuerza pública.

Por otra parte, como una de sus primeras medidas de gobierno en materia regional, Gustavo Petro anunció la restitución de las relaciones diplomáticas con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, suspendidas desde 2019 como parte de la política aislacionista orientada por EE. UU. a Colombia, contra Venezuela. En ese marco, hacia fines del mes de agosto, Nicolás Maduro recibió las cartas credenciales de Armando Benedetti, el nuevo embajador de Colombia en Caracas, como parte del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y el “plan de trabajo parlamentario para impulsar el dinamismo comercial fronterizo garantizando la seguridad”. Con ello, se retoman relaciones diplomáticas centrales en dos países que, además de compartir más de dos mil kilómetros de frontera, tienen zonas comunes que son epicentro de numerosos conflictos y desafíos comunes vinculados a la migración, la seguridad y las economías ilegales como describimos en nuestro cuaderno Colombia, Venezuela y nuestra segunda frontera imperial.

Este elemento permite vislumbrar lo fundamental que será el desempeño de la política exterior de Gustavo Petro, que puede transformar la correlación de fuerzas de lo que Colombia significaba en el vecindario hasta hace apenas algunas semanas: total alineamiento a la política exterior de Estados Unidos, y pívot impulsor de una articulación regional por derecha en contra de los procesos progresistas. El hoy presidente de Colombia recalcó la importancia de la unidad y la integración latinoamericana para consolidar las potencialidades humanas, biodiversas, políticas y energéticas de la región en un contexto de transformación geopolítica.

Este nuevo escenario regional encuentra, a diferencia de 2019 donde fue el punto más álgido de la ofensiva contra la Revolución Bolivariana, una Venezuela transformada y fortalecida, como indican las cifras de crecimiento económico de los últimos meses. Según el presidente del Banco Central de Venezuela, el país lleva cuatro trimestres en línea de crecimiento económico con dobles dígitos, el mayor de forma sostenida en la región: “El tercer trimestre del 2021, en comparación con el tercer trimestre de 2020, creció un 14,65 por ciento; en tanto en el cuarto trimestre del año pasado, el crecimiento fue de 19,07 puntos porcentuales”.

 Una de las principales imágenes que los medios de comunicación hegemónicos se encargaron de difundir eran las góndolas vacías de los supermercados, que contrasta hoy con el importante avance en materia alimentaria que se ha conseguido en el último año gracias a la Misión Agrovenezuela. Según declaró el presidente Nicolás Maduro, antes el 90% de los alimentos que se consumían en Venezuela eran importados. Hoy más del 80% de los alimentos que se consumen en el país son producidos localmente.

A pesar de su recuperación, Venezuela sigue con el bloqueo unilateral impuesto en su contra por Estados Unidos, que incluye además la retención ilegal que hacen en el exterior a los activos y el oro de Venezuela —cerca de 215 millones de dólares—, a los que se suma la intervención de la empresa CITGO, entre otros. A pesar de la constante denuncia que ha hecho el gobierno de este secuestro de bienes, ha estado permanentemente invisibilizado por los medios hegemónicos. Sin embargo, con el secuestro del avión de Emtrasur, de propiedad venezolana por parte de Argentina —cuyo embargo ha sido solicitado por Estados Unidos— ha vuelto a reflotar el tema en la agenda internacional, visibilizando la continuación de esta política unilateral que afecta la recuperación económica del país caribeño.

Por su parte, en Ecuador, después del primer año de gobierno de Lasso, se convocaron numerosas movilizaciones por parte de organizaciones sociales, entre ellas la CONAIE. Las protestas son contra el aumento de los precios de los combustibles y contra las políticas neoliberales exigidas en convenio con el FMI, tales como: aumento en los impuestos, reducción del gasto público y desarrollo de actividades mineras en áreas protegidas.

Desde el inicio del gobierno de Lasso, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador acudió a diversas negociaciones para encontrar soluciones a la crisis económica que atraviesa el país, pero no funcionaron. Lasso continuó con las medidas que llevaron a las movilizaciones de junio donde hubo una enorme represión y persecución por parte de las fuerzas de seguridad, que llegaron a detener a Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, lo que  generó un incremento en las movilizaciones. Lasso acudió al viejo discurso de culpar a los y las manifestantes de “rebelión y terrorismo” acusándolos de intentar un golpe de Estado con las protestas. Finalmente, después de dieciocho días de movilizaciones se firmó el “Acta por la Paz”, donde se acordó reducir el precio del combustible y reformar el decreto 151 para prohibir la actividad minera en áreas protegidas.

Por otra parte, el proceso de avanzada en contra del gobierno de Pedro Castillo en Perú ha tenido un nuevo capítulo que incluye la ya conocida herramienta del lawfare en nuestra región. La fiscal general, Patricia Benavides, abrió una investigación preliminar al mandatario por presuntos actos de corrupción. Este anuncio se hizo en medio de un show mediático que incluyó un allanamiento a la casa de gobierno y la detención de personas vinculadas al presidente, constituyendo uno de los principales elementos del lawfare: primero la condena mediática para generar un clima social que avale las sentencias previamente acordadas por el Poder Judicial.

En ese marco, Pedro Castillo ha denunciado los intentos de golpe en su contra que han pasado desde la acusación de supuesto fraude en su triunfo electoral, la permanente ofensiva del Poder Legislativo en su contra, donde han intentado destituirlo en numerosas ocasiones, hasta la utilización del golpe por vía judicial. Los medios de comunicación concentrados responden a la estrategia de las clases dominantes locales y buscan crear un clima de aislamiento de Castillo, a partir de la renuncia de diferentes ministros del gabinete.

En ese sentido, en las últimas semanas, Castillo ha adelantado una serie de reuniones con movimientos sociales buscando consolidar el apoyo de los sectores que lo acompañaron en las elecciones y que han denunciado en los meses que lleva en el cargo la distancia que el mandatario ha puesto entre las prioridades de gobierno y la agenda de los movimientos. De esa forma, los movimientos esperan impulsar, por fin, el proyecto de la Constituyente con el que buscan iniciar la transformación de la estructura neoliberal del Estado peruano, que está construida para satisfacer las necesidades de las clases dominantes. Producto de la permanente ofensiva, el gobierno de Castillo ha recibido un importante apoyo de líderes y presidentes de la región, dentro del cual se encuentra la decisión de la Comunidad Andina de otorgar a Perú la nueva presidencia pro témpore del organismo, después de Ecuador.

En el caso de Bolivia, los últimos meses han significado una importante recuperación política y económica a pesar de los intentos golpistas de la ciudad de Santa Cruz. Según el ministro de Planificación y Desarrollo, Sergio Cusicanqui, “ha sido fundamental la reimplementación del modelo económico, social, comunitario y productivo, que tiene como fin beneficiar al pueblo boliviano, sin enfatizar en sectores privilegiados como sucedía con la puesta en marcha de políticas neoliberales. Bolivia ya ha crecido en el año 2021 un 6,1 por ciento, pero más importante aún, ha sido que Bolivia ha vuelto a mejorar los indicadores sociales, logrando los más bajos en la historia de nuestro país”. En los años de gobierno de Luis Arce, en el país ha sido posible ver la prioridad de las políticas públicas hacia los sectores populares, como es el anuncio del otorgamiento de 150 000 títulos de propiedades rurales a productores campesinos indígenas y agropecuarios durante 2022.

Un elemento fundamental de esta recuperación es la ubicación del país como uno de los principales exportadores de litio del mundo, ya que desarrolla procesos de producción y exportación de carbonato de litio. Según informó el viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnez, el país vendió hasta julio al menos 350 toneladas del yacimiento con una ganancia de 150 millones de bolivianos (Bs) través de la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). En ese marco, ha avanzado el fortalecimiento de la defensa de la democracia y el gobierno democráticamente electo, a través de manifestaciones de apoyo masivas como fue la marcha de gremios, organizaciones y movimientos sociales, que responden además a los permanentes intentos de desestabilización de la derecha local, concentrados en la ciudad de Santa Cruz, que fue uno de los principales focos del golpe de 2019.

Caribe insular: violencia en Haití, ordenamiento en Cuba y… ¿descolonizaciones?

Ya en nuestro informe anterior, anticipábamos que la situación política e institucional de Haití no prometía estabilizarse respecto de las turbulencias vividas en 2021. Y efectivamente, la situación ha empeorado, causando, como siempre, daños para el pueblo haitiano que, a pesar del terror, no deja de organizarse.

Entre enero y junio de 2022 se produjeron 557 muertes violentas en el área metropolitana de Puerto Príncipe, frente a 340 casos en el mismo período de 2021. En los meses de julio y agosto la violencia continuó.

En este marco, el primer ministro, Ariel Henry, mantuvo un encuentro con el expresidente Jean Bertrand Aristide (partido Fanmi Lavalas), como parte de las reuniones que ha mantenido con otros líderes y grupos políticos con el objetivo de encontrar una salida a la crisis que vive el país. Además, Aristide también se había venido reuniendo con otros líderes políticos, como Helen La Lime, representante de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), y Fabrice Mauriès, embajador de Francia en Haití.

Algunas semanas después de esos encuentros, miles de personas se manifestaron en Puerto Príncipe pidiendo que Aristide sea presidente de la transición política.

Al respecto, consultamos a Lautaro Rivara, periodista y exbrigadista internacionalista en Haití, que ha dejado su opinión al respecto:

Aristide es invisible, está escondido, pero opera a través de su partido político, hoy devenido un partido del establishment. La figura de Aristide sigue siendo una figura popular, y quizás por eso siga generando ciertos resquemores en la clase dominante. A título personal, me cuesta verlo como candidato o presidente, además de que constitucionalmente no puede serlo, aunque eso siempre se puede flexibilizar. No sabría decir qué hay detrás de estas manifestaciones que claman por él, sin duda algo de sentimiento espontáneo hay, pero no lo veo como una salida factible, aunque sí quizás alguien que él o su partido puedan indicar.

El problema más básico es la falta de legitimidad de la partidocracia. Hace 32 años que no hay elecciones democráticas y transparentes. En estos años se pasó de una participación masiva como la que llevó a Aristide al poder en la década de 1990 a los niveles de las últimas elecciones, cuando ganó Moïse en 2016, del orden del 18%. Los elementos consensuales de la política se fueron achicando, la gente dejó de votar, le hicieron fraude en la cara muchas veces. Desde el comienzo de la crisis, 2018 o incluso antes, se ensayaron muchos tipos de acuerdos entre partidos y coaliciones (partidos minúsculos, cuasi unipersonales), siempre por arriba, que no cambiaron nada. Hoy pensar un acuerdo entre Henry como ministro ilegítimo devenido autoridad del país con su mandato provisorio ya vencido, con sectores del partido de Aristide, no cambia eso. Sigue siendo un acuerdo muy pequeño y muy lejos de todo margen de gobernabilidad. Se pueden sacar la foto, pero eso no cambia la crisis orgánica de legitimidad que hay en el país.

El 7 de julio, al cumplirse un año del asesinato todavía no esclarecido del expresidente Jovenel Moïse (cuya causa ha cambiado ya cuatro veces de juez responsable), la violencia recrudeció y, según la ONU, solamente entre el 8 y el 12 de ese mes hubo al menos 234 muertes violentas como consecuencia de enfrentamientos entre pandillas. Como venimos comentando, el aumento de la violencia, además, limita el funcionamiento de servicios de salud, emergencia, y el abastecimiento de combustible, agua potable y alimentos.

Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó por un año el mandato de la Binuh y emitió una resolución pidiendo a los estados prohibir la transferencia de armas a las pandillas en Haití. En ese marco, China pidió el envío de una fuerza policial regional de Latinoamérica, pedido que no fue finalmente incluido en el texto final.

Al cumplirse 107 años de la ocupación estadounidense en Haití, el 28 de julio organizaciones sociales se movilizaron en frente a la oficina de la Binuh en rechazo a su accionar y para denunciar las implicaciones de la negligencia de la comunidad internacional y las autoridades locales ante la situación del país.

En agosto, la violencia siguió escalando y, a principios de mes, un exsenador, Yvon Buissereth, que trabajaba para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, fue quemado vivo junto a su sobrino en una zona cercana al barrio donde vivía el asesinado expresidente. Pero a pesar de las constantes represiones, el pueblo haitiano se sigue movilizando.

Esta ola de violencia sigue teniendo repercusiones en quienes migran queriendo escapar. Por un lado, más de trescientos migrantes haitianxs fueron detenidxs a principios de agosto en las costas de Florida, por autoridades estadounidenses y, a fines del mismo mes, más de cien personas fueron interceptadas frente a Bahamas.

Por otro lado, como venimos contando en nuestros informes, la actitud del gobierno de República Dominicana está lejos de solidarizarse con el país vecino y sigue avanzando con políticas hostiles hacia los ciudadanos y ciudadanas que intentan cruzar la frontera. Luis Abinader declaró de utilidad pública una franja de tierra a lo largo de la frontera, para poder expropiar los terrenos donde se construirá el muro. En las zonas pobladas, se expropiarán 30 metros de tierra hacia adentro y en las no pobladas, hasta 200 metros. Ya hubo vecinos de la provincia de Dajabón que denunciaron que el gobierno no los recompensó por la utilización de estas tierras como se había comprometido.

Por otro lado, al interior del país, tampoco está todo tan calmo. En abril, se realizó un paro de 24 horas en catorce provincias para reclamar que bajen los precios de la canasta familiar, los combustibles y la electricidad, que se aumenten los salarios y en rechazo a la construcción de dos represas hidroeléctricas. El gobierno respondió con represión. En junio, Abinader lanzó un plan con militares en las calles para “combatir la delincuencia”.

A principios de junio, asesinaron en su despacho al ministro de Ambiente Orlando Jorge Mera. El atacante fue un amigo de la infancia del exfuncionario y su familia emitió un comunicado expresando que no le guardan rencor.

Mientras tanto, en Cuba, en estos cuatro meses hubo cambios relacionados con la actualización de leyes derivadas de la Constitución de 2019. En mayo se aprobaron el nuevo Código Penal y la nueva ley de Ejecución Penal, en agosto se implementó un nuevo sistema cambiario y se abrió el mercado a la inversión extranjera, y en septiembre se realizará el referéndum para votar por el nuevo Código de Familia. A la vez, los ciudadanos y ciudadanas siguen sufriendo los constantes apagones, que fueron el detonante de las protestas de julio de 2021.

La noticia que recorrió el continente desde la isla a principios de agosto fue el incendio en la zona industrial de Matanzas, a 80 kilómetros de La Habana, producto del impacto de un rayo en un tanque de combustible, que causó explosiones y se extendió a otros tres tanques.

Los incendios duraron una semana hasta que pudieron ser contenidos y tuvieron como consecuencia más de cien heridos y la pérdida física de dieciséis personas, catorce de las cuales tuvieron un homenaje colectivo debido a que sus restos no pudieron ser individualizados. Se trató de catorce agrupaciones de fragmentos óseos que no pudieron ser identificados debido a las elevadas temperaturas y el prolongado tiempo al que estuvieron expuestos, pero el número correspondió con la cantidad de bomberos desaparecidos.

En cuanto a las nuevas medidas, se trata de la actualización del ordenamiento jurídico iniciada con la Constitución aprobada en 2019.

El nuevo Código Penal empieza a contemplar delitos que afectan al espectro radioeléctrico, el ambiente y el patrimonio natural e incorpora sanciones relacionadas con actos discriminatorios, violencia de género y delitos hacia menores o personas con discapacidad. Actualiza la protección de los derechos de trabajadores de entidades no estatales e incrementa las penas vinculadas a la corrupción. A la vez, cambia el anterior tipo legal de “rebelión” por “delito contra el orden constitucional”, además de agregar dos figuras para enfrentar el financiamiento de la actividad contrarrevolucionaria y los desórdenes públicos. Mantiene la pena de muerte en algunos casos (recurso que no se usa desde hace más de veinte años pero que aún no ha logrado ser eliminado del cuerpo legal). Esta aprobación vino acompañada de la nueva ley de Ejecución Penal, cuyo objetivo principal es la resocialización de quienes cumplen condenas o sanciones y prevé mecanismos de resarcimiento de daños, protección a las víctimas y tratamientos específicos por discapacidad, enfermedad o minoría de edad. En síntesis, incrementa las garantías y el respeto a los derechos ciudadanos durante el proceso penal.

En cuanto a medidas económicas, el 4 de agosto se dio inicio al nuevo sistema de compra de divisas, con el objetivo de que el Estado capte divisas que hoy entran al país y terminan en mercados informales. Díaz-Canel destacó que es una de las setenta medidas orientadas a dinamizar el mercado interno. El primer paso fue la compra de divisas por parte del Estado a personas naturales a un tipo de cambio superior al vigente (y el 23 de agosto comenzó a implementarse también la venta). A través del decreto 63/2022 se permitió implementar distintos tipos de cambios de la economía con el fin de establecer mayor legalidad y que los cubanos y viajeros tengan “un mercado cambiario atractivo que permita no tener que acudir al mercado informal”, afirmó el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández.

Así, el ministro habló de un tipo de cambio “económicamente fundamentado” de 120 pesos cubanos por un dólar estadounidense (cuando la divisa legalmente hasta ahora se cambiaba a 24 pesos cubanos), reconociendo que no es un tipo de cambio de equilibrio pero que permite incentivar la venta. Además, afirmó que esta tasa no es estática y que apunta a ir generando un entorno legal. Admitió también que “no tiene un efecto inmediato” y afirmó que “no genera ningún fundamento para incrementar precios”.

En agosto también se anunció la apertura del comercio mayorista y minorista a inversores extranjeros, con el objetivo de “ampliar y diversificar los bienes y servicios en beneficio del pueblo”.

Al respecto, el Ministerio de Comercio Interior informó que:

Los negocios estarán destinados a proveer y comercializar materias primas, insumos, equipamientos y otros bienes que contribuyan a impulsar el desarrollo de la producción nacional, además del suministro de productos alimenticios, de aseo y de línea económica. También se prevén negocios que propicien la instalación de sistemas de generación de electricidad con fuentes renovables de energía.

En un primer momento, las ventas se efectuarán en moneda libremente convertible (MLC) y con pagos en divisa desde el exterior, con el cambio sujeto al nuevo sistema cambiario y “con el propósito de que la liquidez que se obtenga en el país estimule la producción nacional y respalde las importaciones de productos de línea económica a comercializar a la población en pesos cubanos, favoreciendo a la población que no tiene acceso a esta moneda”, publicó el ministerio. Y en el mismo comunicado agregaron que “la concreción de estos negocios incrementará la oferta de materias primas, insumos y otros productos en el mercado y en correspondencia con este incremento disminuirán los precios”.

Respecto de todas estas medidas, dialogamos con Alcides García, periodista cubano e integrante del Centro Memorial Martin Luther King, quien nos compartió algunas reflexiones sobre estos cambios a nivel general y a nivel particular:

El gran cambio en Cuba vino de la mano de la actualización de la Constitución, que todavía no es la que necesitamos desde el punto de vista popular, sobre todo en materia de participación. Fue un gran salto respecto a la que teníamos anteriormente, ganamos bastante. Y al cambiar la constitución se tienen que cambiar el resto de las leyes para que estén en coherencia sus postulados.

Hay muchos paquetes de leyes, uno de los que más impactan es la ley sobre la empresa socialista, las leyes para estimular el sector privado, las leyes sobre el tema bancario. En este contexto de crisis (bloqueo, crisis energética, crisis internacional) no trajo los resultados que deberían, sino un incremento de la inflación, una reducción de la capacidad de compra, la profundización de la crisis, y con ello la crisis social y política.

Respecto al Código Penal, se pone a tono y contempla figuras que era necesario contemplar, pero lo más significativo está en la ley de Ejecución Penal que se pone a tono con el mundo en cuanto a derechos ciudadanos. En esta parte de las reformas, hay más luces que sombras.

Pero si hablamos de lo económico, hay más sombras que luces. En algunos casos de las últimas medidas (como la del mercado cambiario y la liberalización de muchas cosas para la importación), están beneficiando en alguna medida a la macroeconomía, pero en realidad el sector más beneficiado son los que en los últimos treinta años apostaron por el sector privado y el mercado informal. Las personas que pueden acceder a esas compras son personas que traen los productos legalmente y después los venden en el mercado ilegal, que especulan con las necesidades del pueblo porque no encuentran los productos en el mercado legal. Y todo esto más los apagones generan mucho malestar, manifestaciones, se agrava la crisis y hay muchísima gente que termina queriendo irse del país.

Finalmente, en septiembre será sometido a referéndum el nuevo Código de Familia cuya consulta popular se realizó entre febrero y abril. De aprobarse, quedaría legalmente permitido el matrimonio igualitario —que había sido debatido en 2018 para su inclusión en el texto constitucional y finalmente fue eliminado de la versión final— y habría mayores protecciones contra la violencia de género. Además, el texto incluye la gestación subrogada, prohíbe el matrimonio y las uniones informales infantiles y reemplaza la figura de patria potestad por la responsabilidad parental, que reconoce un grado la autonomía progresiva de las infancias.

Como habíamos mencionado en nuestro informe anterior, San Cristóbal y Nieves estaba viviendo una crisis político institucional a partir de que comenzó a crujir la unidad de la alianza de gobierno y el primer ministro había disuelto el Parlamento en mayo. Finalmente, se convocó a elecciones anticipadas, que se llevaron a cabo el 5 de agosto. El Partido Laborista (SKNLP) obtuvo seis de los once escaños que se renovaron (sobre un total de quince), por lo que, luego de haber sido oposición siete años, ahora asume el gobierno, con el liderazgo de Terrance Drew. Los demás escaños fueron para las distintas fuerzas que anteriormente conformaban la alianza Equipo de Unidad, que estaba en el gobierno: el Movimiento de Acción Popular (PAM), el Partido Laborista del Pueblo (PLP) y el Movimiento de Ciudadanos Preocupados o Movimiento de Ciudadanos Comprometidos, según la traducción que se utilice (CCM, por sus siglas en inglés).

También hubo elecciones en Granada en el mes de junio, que definieron al nuevo primer ministro, el exopositor Dickon Mitchell. Su partido, el partido socialdemócrata Congreso Nacional Democrático (NDC, por sus siglas en inglés), obtuvo nueve de los quince escaños en el Congreso de Granada, Carriacou y la Pequeña Martinica, y se impuso frente al conservador Nuevo Partido Nacional (NNP), que detentaba el poder hasta el momento.

El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, propuso al Parlamento un referéndum para sustituir a la reina británica por un presidente no ejecutivo y autóctono. En 2009 se llevó a cabo una consulta similar y fue rechazada por el 55 por ciento de las personas que votaron. Por eso, el plebiscito se realizará solo si tiene apoyo bipartidista. En caso de contar con ese apoyo de la oposición, Gonsalves afirmó que también se creará un comité para “llevar a cabo un proceso de descolonización en los nombres (de lugares y espacios públicos)”.

De forma similar, a principios de septiembre el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, anunció que en caso de ser reelegido impulsará un referéndum para convertir al país en una república presidencialista. De esta manera el titular de la Corona británica dejaría de ser el jefe de Estado.

Por su parte, el 6 de agosto Jamaica cumplió sesenta años de independencia y, como veníamos anticipando en informes anteriores, volvió a manifestar su voluntad de convertirse en república. Planean hacerlo de cara a las elecciones generales en 2025. Para eso necesitan reformar la constitución, con aprobación del Parlamento y luego un referéndum. El gobierno ya anunció que pronto se nombrará un Comité de Reforma Constitucional para llevar a cabo esta tarea.

En junio, el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución para reconocer que Puerto Rico tiene derecho a la libre determinación y la independencia. Resoluciones como esta se vienen aprobando desde hace cincuenta años y esta es la número 40.

Mientras tanto, en la isla se siguen organizando protestas para que se finalice el contrato con la empresa LUMA de energía eléctrica, servicio que fue privatizado en 2021. Se le reclama por el aumento de precios, el mal funcionamiento y apagones y la corrupción en su administración. Hubo marchas en julio y también en agosto, y estas últimas fueron reprimidas por la Policía.

Mesoamérica: crisis migratoria, inflación y movilización popular

Como venimos señalando en nuestros respectivos informes de coyuntura, la crisis migratoria es la problemática más urgente por la que atraviesa la región mesoamericana. De la región del Darién hasta el Río Bravo, Centroamérica —y en particular los países del denominado Triángulo norte: El Salvador, Guatemala y Honduras— y México son territorios de destino, partida y tránsito migrante hacia Estados Unidos. En la segunda edición de los cuadernos “Debates Urgentes de Nuestra América”, desde el Observatorio de América Latina y el Caribe (OBSAL) y el Observatorio Internacional de Migraciones y Derechos Humanos ARGOS abordamos en profundidad la problemática migratoria, el rol de los Estados, la injerencia imperialista de los países del Norte global y las luchas migrantes.

El periodo de este informe se inició con la tragedia suscitada en el Estado de Texas, Estados Unidos, el 27 de junio, donde 53 migrantes aparecieron muertos en un camión. Según se estableció preliminarmente, fallecieron por deshidratación y asfixia. Este hecho recorrió los portales de noticias de todo el mundo por haber sucedido en territorio estadounidense. Tragedias como estas suceden todos los días en las zonas fronterizas, donde migrantes mueren dentro de trailers o aparecen ahogados en ríos profundos a causa de la militarización de las fronteras, la negativa al derecho de refugio y las políticas restrictivas impuestas por EE. UU. a los países de la región. La tragedia en Texas también hizo visible algo que venimos analizando, el negocio ilícito que hay detrás del fortalecimiento de las políticas de control migratorio, ya que son las bandas del crimen organizado quienes organizan operativos de tránsito para las personas migrantes que no pueden atravesar sus fronteras por vía legal y deben recurrir a caminos alternativos y peligrosos que por lo general están dominados por grupos vinculados al tráfico ilegal de personas, llamados coyotes.

Según un informe de la Cruz Roja, las migraciones irregularizadas crecieron de manera dramática del 2021 al 2022, en la región fronteriza entre Colombia y Panamá —el Darién, que es la puerta de entrada a Centroamérica— aumentó el flujo de inmigrantes en un 85%. Los datos señalan también que en Honduras, la migración irregular ha crecido un 689% y en México un 108%. El aumento de las deportaciones por parte de Estados Unidos y México mantiene la tendencia en alza de los primeros meses de este año. Por ejemplo, según datos del Instituto Nacional de Migraciones (INM) de Honduras, la deportación de migrantes llegó a 67 135 en lo que va de 2022, un 52,4% más que la registrada en el mismo período de 2021. En Guatemala, la cifra alcanza 56 349 deportaciones. Además, se registra un incremento de las expulsiones a inmigrantes que llegan a este país, que alcanzan a 9 019 desde octubre de 2021 a agosto de 2022. En México, las caravanas migrantes siguen haciéndose presentes exigiendo en algunos casos la regularización de sus situaciones y en otros la libre circulación hacia Estados Unidos. En agosto, el INM de México interceptó a aproximadamente 688 migrantes provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y Cuba, entre otros países. Las caravanas reflejan un flujo migratorio récord a Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) ha registrado a más de 1, 7 millones de personas hasta la fecha.

Las causas de las migraciones forzadas en Mesoamérica se deben a factores estructurales que hacen a las múltiples crisis económica, social, política, climática y violencias que azotan a estos países hace muchos años. La inestabilidad política y económica está directamente relacionada a las relaciones asimétricas impuestas por el imperialismo norteamericano a la región. En conexión con esto, pero que hace a factores coyunturales, como es la guerra en Ucrania, el aumento de los precios de los alimentos y combustibles incrementó el costo de vida en una zona donde amplias capas de sus poblaciones están empobrecidas a raíz de las políticas neoliberales implementadas. La suba en los precios alimenticios está teniendo una fuerte repercusión social y los gobiernos se ven forzados a tomar medidas urgentes para calmar las tensiones sociales, a la vez que enfrentan importantes movilizaciones populares.

Panamá es uno de los países en los cuales la situación social crítica devino en intensas jornadas de luchas contra las políticas del Presidente Laurentino Cortizo y las denuncias de corrupción que rodean al gobierno, por sobrecostos y malversación de fondos públicos. Si bien la inflación se ha acrecentado en el 2022, no es un fenómeno nuevo ya que el alza viene desde el año pasado. Esto repercute fuertemente en una economía dolarizada en la que el Estado no puede hacer uso de la política monetaria y la política fiscal es utilizada para profundizar el endeudamiento (que llegó a un 30,5%). Panamá es la sexta nación con la peor distribución de ingresos a nivel global. Esto se ha agudizado con la pandemia de la COVID 19. El desempleo llegó al 9,9% y un 48% de panameños y panameñas trabajan en el ámbito informal. A esto se suma la balanza comercial desfavorable entre exportación de servicios e importación de alimentos y combustibles, lo que agrava aún más la situación ante las consecuencias en los precios a causa del conflicto bélico en Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia por EE. UU. y la OTAN.

A causa de la situación se desarrollaron en el mes de julio importantes movilizaciones, cortes de rutas y de autopistas en todo el país. Entre estas medidas de lucha se destaca la huelga general de maestros que duró veintiocho días, siendo una de las más importantes en décadas. Una amplia parte de las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y movimientos sociales se nuclea en la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Entre las principales reivindicaciones se encuentran: la disminución del costo de vida ante el incremento del precio de los alimentos, medicamentos y combustible, poner freno a la corrupción y el incremento del presupuesto para la educación. Esto se da en un contexto donde el presidente Laurentino Cortizo, con el apoyo de sectores empresariales, está llevando a cabo un programa de ajuste que afecta a gran parte de la población. Entre las medidas se encuentran el recorte de la planta de trabajadores estatales, ajuste fiscal, congelamiento salarial, entre otras. Luego de tres semanas intensas de lucha y de arduas negociaciones entre el gobierno y los manifestantes, la huelga magisterial levantó la medida de fuerza tras tener el compromiso por parte del gobierno de un incremento que llega al 6% del PBI para educación. Otros de los logros obtenidos son: el establecimiento de un régimen de precios cuidados para productos alimenticios de la canasta familiar, el congelamiento del precio de los combustibles y la transparencia en el uso de la caja de seguro social y abastecimiento de medicamentos.

Tras las intensas jornadas de lucha del mes de julio, la tensa calma social se vio amenazada por el incumplimiento, por parte del gobierno, de los acuerdos establecidos en las mesas de negociaciones. Ante esto, en agosto volvieron los cortes de rutas y reclamos. Entrevistado por el programa radial de Sputnik, En órbita, el profesor de sociología de la Universidad de Panamá, Florencio Díaz Pinzón indicó:

El movimiento social salió a las calles porque se siente agraviado por un Gobierno que ha hecho caso omiso a la mesa planteada por él mismo, a la que denominó Mesa Única del Diálogo, mientras las fuerzas vivas estaban en las calles manifestándose democráticamente por una plataforma extensa y amplia que empieza por el encarecimiento de la vida en el país.

Las tensiones sociales parecen acelerarse en un país supervisado permanentemente por EE. UU. y el FMI, con un rol geoestratégico importante por el Canal de Panamá y de relevancia financiera por la presencia de uno de los paraísos fiscales más importantes del mundo. El movimiento popular panameño despierta y abre un conflicto sin precedentes en las últimas décadas y sin resolución en el corto plazo. La confirmación de la fecha para las elecciones presidenciales del 5 de mayo del 2024 abre otro escenario que todos miran de reojo, el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), el empresariado panameño y los movimientos sociales.

Otro de los países que está teniendo importantes movilizaciones populares en este 2022 es Guatemala. Es uno de los países más desiguales del continente, con el 59% de habitantes en la pobreza y casi un 20% en la indigencia, y un gobierno que responde profundizando la represión y el deterioro institucional. Las organizaciones sociales, sindicales, campesinas,  indígenas y estudiantiles se encuentran en movilización permanente ante los atropellos políticos, judiciales y sociales llevados a cabo por el Presidente Alejando Giammattei. El entramado corporativo, político, judicial y económico denominado por las organizaciones sociales como “pacto de corruptos” tiene cooptadas las instituciones estatales, legislativas y judiciales. Del 9 al 12 de agosto se llevaron a cabo diversas jornadas de lucha que incluyeron bloqueos en once puntos del país y una masiva marcha en la capital bajo la consigna del “paro plurinacional”. Las reivindicaciones se nuclearon en tres ejes de rechazo: al alto costo de vida, a la corrupción e impunidad y a la criminalización.

A la crisis alimentaria que afecta a gran parte de la población guatemalteca y que se agudizó con el aumento del precio de los alimentos y de la energía, se suma la corrupción enquistada en el Estado y la cooptación del poder judicial que hace que no se investigue a los funcionarios corruptos. Uno de los casos que trabajamos en el informe anterior es el de las elecciones en la Universidad de San Carlos de Guatemala y el proceso fraudulento de elección del nuevo Rector. Esto desató la participación activa del movimiento estudiantil en las movilizaciones del 9 y 11 de agosto bajo el lema de #DignaResistencia.

La respuesta del gobierno de Giammattei a los reclamos sociales es más represión y violación de los derechos humanos. La detención de activistas y periodistas se volvió moneda corriente, uno de los últimos casos de privación de la libertad es la del periodista José Rubén Zamora, director de El Periódico, sucedido el 29 de julio. Otra de las medidas del paquete de políticas represivas es la iniciativa de Ley 6076 o Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala.

Según integrantes de movimientos sociales, analistas jurídicos y miembros de partidos opositores, la legislación busca darle impunidad a las fuerzas policiales al otorgarles una serie de privilegios, entre los que se encuentran un tratamiento diferencial en caso de represiones en las protestas sociales al permitirles actuar en “legítima defensa”. Además confunde las funciones de las fuerzas de seguridad pública con las fuerzas militares, lo que pone en peligro la seguridad ciudadana.

El tratamiento del proyecto de ley quedó momentáneamente suspendido tras la serie de protestas en su contra y la fuerte presión ejercido por las autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán que presentaron un informe sobre la violación de la Ley a derechos constitucionales. A pesar de esto, sectores políticos vinculados al gobierno insisten en su aprobación. El desafío de la movilización popular está en avanzar en una alternativa unitaria entre los distintos sectores que se oponen al “pacto de corruptos”, encabezado por Giammattei de cara a las presidenciales del 2023.

El Salvador es otro país de la región que atraviesa un contexto de violencia social a raíz del conflicto entre las pandillas y de estas con el gobierno de Nayib Bukele. Esta situación ha sido aprovechada por Bukele para profundizar su faceta autoritaria y decretar Estado de excepción tras la escalada de los homicidios vinculada a grupos pandilleros. Desde el 27 de marzo rige la medida y el martes 16 de agosto fue prorrogada por quinta vez por la Asamblea Legislativa. El régimen de excepción suspende garantías constitucionales y  dota de ciertas prerrogativas a las fuerzas policiales que atentan contra los derechos humanos y la integridad de las personas: afecta los derechos de una persona a que sea informada sobre las razones por la que es detenida y las fuerzas represivas no están obligadas a llevar a los detenidos a un juez en las primeras 72 horas. Pueden detener a las personas y dejarlas en libertad a los quince días o un mes.

Bukele celebra como un logro de gobierno la baja en la tasa de homicidios y la “sensación de seguridad que se vive en El Salvador”, sacando a relucir la cifra de detenidos que llega a más de cincuenta mil. Por parte de las organizaciones de DD HH y de las organizaciones sociales denuncian las violaciones de derechos humanos y que la mayoría de las detenciones no son pandilleros sino personas de la sociedad civil que nada tienen que ver con estos grupos y que han sido apresadas de manera arbitraria. La mayoría de las detenciones son producto de redadas policiales, desplegadas en los barrios más pobres, y luego presentadas como «captura de terroristas». Se denuncia que 63 personas detenidas han muerto en los penales, lo que es ocultado por las cifras oficiales. La organización Cristosal ha manifestado en un comunicado que no existen las razones para seguir con las prórrogas del régimen de excepción y que desde el 27 de marzo al 13 de junio han recibido 1 993 denuncias de violaciones de derechos humanos. El 97% de estos casos es por detención arbitraria y el 58% de estas se dan en la población etaria de 18 a 30 años.

El 5 de junio, en México, se llevaron a cabo elecciones en seis de los treinta y dos Estados: Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo y Durango. Estaban convocados a votar un total de 11,7 millones de votantes, lo que supone un 12,6 % del padrón electoral nacional, según informó CELAG. El partido de gobierno MORENA y aliados se impusieron en cuatro Estados -—Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas— y llegan al total de 20, mientras la coalición opositora Va por México (PRI, PAN y PRD) triunfó en Durango y Aguascalientes, quedando en doce Estados. Estos comicios fortalecen al proyecto de gobierno de AMLO denominada la cuarta transformación, la 4T.

López Obrador anunció la creación de la empresa estatal Litio para México (LitioMx), la cual se encargará de explotar este recurso natural debido a que el país cuenta con reservas relevantes del mineral, estratégico para el almacenamiento de la energía. El decreto entrará en vigencia el 24 de agosto. México cuenta con 1,7 millones de toneladas de litio, lo que representa al 2% del total  del planeta.

El 18 de agosto se presentó públicamente el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Esta comisión fue creada por el presidente López Obrador en 2018. El hecho transcurrido hace ocho años, es declarado como “crimen de Estado” donde participaron autoridades federales, estatales y locales: “La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”, declaró en una conferencia de prensa Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno mexicano. Además se señala que el Ejército pudo haber evitado el suceso, ya que tenían un soldado infiltrado para informar sobre las movilizaciones de los estudiantes. En dicha conferencia, el funcionario afirmó que no hay indicios de que los estudiantes desaparecidos estén con vida. El abogado de las familias de los 43 estudiantes señaló que “se necesita una prueba científica y técnica para corroborar lo que dice el informe, que los estudiantes están sin vida, y lo que dice este informe todavía no alcanza este nivel, hay elementos, pero estos tienen que ser corroborados”. El informe de la comisión gubernamental será analizado por los familiares, al tiempo que se prepara la movilización del 26 de septiembre, como lo hacen todos los años, para exigir verdad y justicia.

En lo que respecta al plano judicial del caso hubo importantes avances. El exprocurador general Jesús Murillo Karam durante el gobierno de Peña Nieto fue detenido como responsable de las cuestionadas investigaciones realizadas sobre la desaparición forzada de los estudiantes. Además, se emitió el arresto contra 64 militares y policías acusados de estar involucrados en el crimen.

El 27 de julio se cumplieron seis meses del gobierno de Xiomara Castro en Honduras. Su presidencia está atravesada por las heridas abiertas tras el golpe de Estado a Zelaya en 2009 y una crisis estructural como resultado de los sucesivos gobiernos del Partido Nacional (PN). Además, afronta agendas urgentes y las expectativas puestas en un cambio de rumbo que canalice las demandas olvidadas de amplios sectores de la sociedad hondureña. En nuestro primer informe de este año hemos hecho mención a las importantes medidas tomadas por la mandataria en los primeros cien días de su gestión: 1 millón de hondureños y hondureñas no pagarán la tarifa de energía y pagarán más quienes más consumen, la prohibición de la explotación minera y de los ríos, la eliminación de las ZEDE, la libertad de los presos políticos que resistieron todos estos años a la dictadura del PN y la derogación de la Ley de empleo por hora, entre otras políticas. Esto se fue llevando a cabo a medida que el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) enfrentaba tensiones internas que amenazaban la unidad del bloque de gobierno. Las tensiones continuaron, en este caso con el aliado Partido Salvador de Honduras (PSH), al momento de votar la Ley para nombrar a la junta que propusiera los candidatos para la nueva Corte Suprema de Justicia en el próximo año. Desde Libre se entiende como fundamental la reconfiguración de la Corte ya que el Poder Judicial es uno de los poderes cooptados por el entramado de corrupción y narcotráfico del PN.

La necesidad de desmantelar el aparato clientelar y de impunidad diseñado por el Partido Nacional se conjuga con políticas inmediatas para paliar la crítica situación social empeorada con el aumento del precio de los alimentos y la energía. Sobre esto último, el gobierno ha rebajado el valor del combustible para reducir la inflación. En lo que respecta a lo primero, se creó la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la corrupción y se entabló el diálogo con Naciones Unidas para la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).

El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) publicó un informe de balance sobre los primeros cuatro meses de gobierno de Castro. Entre aciertos y desafíos, el documento señala algunas de las cuentas pendientes que debe saldar la actual gestión: la deuda pública y el gasto militar ocupan una parte importante del presupuesto nacional, lo que impide reordenar las prioridades para satisfacer las demandas sociales. Si bien se avanzó en la creación de la secretaría de la mujer, están pendientes avanzar en reivindicaciones planteadas por el movimiento feminista. También la necesidad de desmontar el modelo extractivista y la realización de un proceso de reforma agraria y alimentaria con enfoque de género para asegurar la seguridad y soberanía alimentaria, entre otros planteos. Además, se señala la necesidad de fortalecer la creación de empleo formal y la atención a las demandas territoriales de los pueblos, como ha señalado Berta Zuñiga.

En Honduras no son solo los empresarios y sectores oligárquicos quienes comenzaron a presionar y agudizar las tensiones dentro del gobierno. También sus fichas las comenzó a mover el Departamento de Estado estadounidense con la publicación de la Lista Engel, en el cual figuran funcionarios públicos, dirigentes y empresarios a quienes se les denuncia de estar vinculados a la corrupción, narcotráfico y/o lavado de dinero, entre otras cosas. La presencia de dirigentes del partido gobernante como Enrique Flores Lanza, los Diputados Edgardo Casaña y Rasel Tomé “con los de psicópatas como el Tigre Bonilla, ex jefe de la policía y sicario de la oligarquía; David Castillo, uno de los asesinos intelectuales de la compañera Berta Cáceres y otros jefes intermedios del hampa en el país, ampliamente conocidos por el pueblo y antes también publicados en los listados en cuestión, es una muestra de injerencia imperialista y del objetivo puesto en condicionar o desestabilizar al gobierno”, señala Gilberto Ríos. El dirigente social de Libre indica que tanto el ex presidente Juan Orlando Hernandez (JOH), ahora juzgado en EE. UU. por narcotraficante, como funcionarios allegados a él nunca figuraron en esta lista, y eso se debe a que estaban respaldados por la Casa Blanca. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional hizo público el posicionamiento del gobierno al respecto:

Rechazamos categóricamente las acciones y propósitos de esta publicación, que constituyen de forma inequívoca en un intento por validar ese y desconocer que no impuso una narcodictadura, que oprime y persigue implacablemente a compañeros mencionados injustamente en esta lista, quienes todavía este día, siguen pagando el alto costo de defender nuestra democracia.

El lunes 20 de junio, el tribunal que está a cargo del juicio por asesinato a la activista ambiental Berta Cáceres condenó a 22 años y 6 meses de prisión a Roberto David Castillo Mejía por ser coautor intelectual del crimen ocurrido el 3 de marzo de 2016. Castillo es exmilitar y ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA). Según el Ministerio Público, este “concertó la muerte de Cáceres como parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA sobre el río Gualcarque”, territorio ancestral del pueblo indígena lenca. Desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se dijo que solo habrá justicia completa cuando capturen, enjuicien y condenen a los autores intelectuales del crimen.

El 19 de agosto, en Nicaragua, fue detenido el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, acusado de formar parte del intento de golpe de Estado contra  el sandinismo en 2018. Este hecho, sumado al encarcelamiento de tres sacerdotes —Manuel Salvador García en Nandaime, monseñor Leonardo Urbina en Boaco y el sacerdote Óscar Benavidez en Mulukukú—  puso en pie de guerra al gobierno de Daniel Ortega con las máximas autoridades de la Iglesia Católica nicaragüense. Los eclesiásticos son acusados de golpistas por parte del discurso oficial. El suceso cobró relevancia internacional cuando el Papa Francisco manifestó que estaba preocupado por lo que se está viviendo en Nicaragua: “Sigo con preocupación y dolor la situación de Nicaragua. Quisiera expresar mi convicción y mi esperanza de que, a través de un diálogo abierto y sincero, se puedan seguir encontrando las bases para una convivencia respetuosa y pacífica”.

Estas detenciones se suman a la serie de encarcelamientos a dirigentes opositores y ex integrantes de la Revolución sandinista de 1979, como el caso de Dora María Tellez. Estos dirigentes son acusados de ser partícipes de la desestabilización al orteguismo en 2018 y de recibir financiamiento de organismos extranjeros como la USAID y la NED, dependientes de Estados Unidos.

En un contexto crítico social y económico, cabe señalar el avance que ha tenido Nicaragua en los últimos quince años. Actualmente produce en su territorio el 90% de los alimentos que consume y mantiene firme el objetivo propuesto de la soberanía alimentaria. Además, en el mes de julio el gobierno decidió subsidiar la electricidad a quienes consuman menos de 150 KWh (alrededor del 80% de las familias), así como el combustible y gas por tres meses y la tarifa de transporte público.

En perspectiva

El solo repaso de los temas destacados en este período da cuenta de la complejidad y el dinamismo de la etapa política actual, en este continente tensionado entre las esperanzas de avance popular y los retrocesos bajo el imperio de la violencia y la crisis global.

De cara al futuro inmediato, predominan las sensaciones ambiguas propias de la incertidumbre en torno a varias líneas en desarrollo. Por un lado, preocupa el crecimiento de la violencia política como recurso cada vez más habitual para llevar adelante la agenda de dominación, en el marco de una guerra híbrida que cuenta con un amplio abanico de opciones: desde la pulcritud de los discursos diplomáticos hasta la utilización de sicarios y espías en clave de operaciones encubiertas, todo acompañado de una política de medios y uso de redes sociales sistemáticamente dirigida a golpear al movimiento popular y a sus líderes. Por otro lado, la continuidad de la movilización popular y los avances políticos del campo progresista plantean cambios importantes en clave emancipatoria. Sobre este punto, los primeros pasos del nuevo gobierno en Colombia son alentadores y ya generan efectos positivos al avanzar en la distensión con Venezuela, en una nueva posibilidad para la paz interna y la cooperación regional.

Los últimos cuatro meses del año estarán marcados por la trascendente disputa en Brasil, con la expectativa de que el proceso de elecciones de octubre concluya con el retorno de Lula Da Silva y el campo progresista al gobierno. En un plano general, la crisis económica en curso y los intentos por construir una integración soberana continuarán en un lugar clave dentro de nuestros análisis. El desarrollo de los acontecimientos en curso y los intereses en juego anticipan la riqueza de un panorama político en permanente cambio.

Esperamos que estos apuntes sean útiles a aquellas personas que, parafraseando a Bertolt Brecht, no se resignan a lo habitual como cosa natural. Porque “en tiempos de confusión organizada, de humanidad deshumanizada”, como decía el dramaturgo alemán, nada debe parecer natural. Nada debe parecer imposible de cambiar. Este trabajo de sistematización está dirigido a apoyar los esfuerzos de construcción de una vida mejor para la mayoría de la población. Ojalá este y los próximos informes aporten en ese sentido.

El Informe #17 de OBSAL es el primero del 2022. Desde una mirada sintética, aquí analizamos los principales movimientos políticos entre enero y principios de mayo en la región de América Latina y el Caribe. Lo más destacado de estos cuatro meses fueron los efectos de la Guerra de Ucrania en los países de la región, conflicto que entendemos como una de las manifestaciones de la transición hegemónica y de la nueva estrategia estadounidense impulsada por el gobierno de Biden, caracterizada por el intento de reconstruir una globalización unipolar a través de una estrategia de guerra híbrida, como hemos analizado en varios de nuestros informes anteriores.

Si por un lado las cifras de la pandemia están descendiendo y los contagios por las nuevas cepas no evolucionan, al menos en este período, hacia situaciones graves —debido a los alcances de la vacunación—, por otro lado los efectos del conflicto en Ucrania potencian los problemas socioeconómicos de los países de América Latina y el Caribe, que ya se encontraban en una situación frágil.

Rusia y Ucrania son responsables de una parte importante del suministro mundial de materias primas, insumos de producción, alimentos y combustible, por ende el efecto inmediato de este conflicto fue el alza de los precios internacionales de productos de primera necesidad, como el petróleo y el gas natural, lo que provocó una aceleración de la inflación en los países de la región. En este contexto, la FAO advirtió en su último informe sobre la posibilidad real de una crisis alimentaria mundial y la CEPAL rebajó su pronóstico de crecimiento para la región a 1,8%, lo que indica una recesión económica en 2022 para algunos países. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos aumentó las tasas de interés con el fin de frenar el alza de precios en su economía. Esto tiene como principal efecto potenciar la fuga de capitales de los países de América Latina y el Caribe, en general muy vulnerables frente a las crisis cambiarias. Finalmente, cabe destacar la injerencia externa de los intereses de países y empresas extractivas en torno a las reservas mineras de Nuestra América, en el contexto de la guerra, alza de precios y búsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento.

Viajando por nuestra coyuntura continental, nos encontramos con una región andina con posibilidades y esperanzas de cambio, en medio de crisis generalizadas. En el caso de Colombia, el escenario lo protagoniza el contexto electoral, ya que en marzo se realizaron las elecciones legislativas y la coalición del Pacto Histórico (PH) logró consolidarse como la principal fuerza política del país. Las elecciones presidenciales, por su parte, se llevarán a cabo el domingo 29 de mayo y las campañas se desarrollan en un contexto de creciente violencia. Las encuestas muestran que Gustavo Petro, del PH, está por delante de su principal contrincante, Federico Gutiérrez, el candidato por el uribismo.

En Venezuela, en estos primeros meses de 2022, se manifestaron signos de fortaleza de la Revolución Bolivariana. A pesar de la pandemia y la injerencia imperialista para desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro, las buenas noticias son, en el campo económico, la disminución de la dependencia de las importaciones de alimentos, lo que ha tenido un impacto positivo en el control de la inflación y la perspectiva de crecimiento, estimada por CEPAL, de 5,5%, con ventanas de oportunidad para exportar su petróleo. En el campo de las relaciones internacionales, la importancia diplomática y económica de Venezuela se manifestó, en el contexto de la guerra, en el hecho de que Estados Unidos decidió flexibilizar algunas de las medidas del bloqueo impuestas de forma unilateral contra el país.

La inestabilidad política en Perú sumó nuevos capítulos con los efectos de la guerra en Ucrania. El aumento de los precios de los combustibles y servicios llevó a innumerables personas a las calles a protestar contra la situación socioeconómica del país. Ante el grave escenario social, la oposición continúa profundizando la crisis política a través de la herramienta de la vacancia presidencial, con la justificación de que Castillo no tiene capacidad moral para dirigir el país.

El escenario bélico global abrió la posibilidad de discutir la soberanía energética en Bolivia. Este país cuenta con ricos yacimientos de gas y una de las principales reservas de litio. En abril, el Estado Plurinacional de Bolivia fue sede de un foro virtual para discutir el litio en América Latina y el Caribe, que contó con la participación  de la CEPAL y de las máximas autoridades en materia energética de Argentina, Chile y México.

Lo más destacado para Ecuador es el aumento de la violencia urbana en estos primeros meses de 2022. El país enfrenta una crisis humanitaria dentro de los centros penitenciarios que mantienen una preocupante cifra de personas asesinadas y heridas de gravedad. Además, es notoria la ausencia de políticas del gobierno de Lasso para mitigar los efectos de la crisis ante el alza del costo de vida.

Los principales hechos del Cono Sur se desarrollaron entre los efectos de la guerra de Ucrania y los movimientos políticos de los escenarios electorales. En Brasil, la situación socioeconómica sigue castigando a los más pobres, con precios al alza y una alta tasa de desempleo. El proyecto de destrucción puesto en práctica por el gobierno de Bolsonaro sigue con sus intenciones, en particular contra el respeto de los bienes comunes y la violación a los derechos de las y los indígenas en sus territorios. En el frente electoral, Lula sigue liderando las encuestas. A pesar de que Bolsonaro creció en el marcador durante estos primeros meses del año, algunas encuestas aún apuntan a la posibilidad de victoria del candidato del PT en primera vuelta. En la segunda vuelta, los números muestran la victoria de Lula en todos los escenarios.

En Chile, la intensidad política continúa en los primeros meses de 2022. El presidente Gabriel Bóric asumió en marzo y según los sondeos, en estas pocas semanas de gestión ha sufrido una caída en la imagen de gobierno, en un panorama de cierta derechización del escenario político. En este contexto, los debates sobre la nueva Constitución dividen opiniones: en los últimos meses el rechazo creció y por el momento se encuentra por encima del Apruebo. En Argentina, la crisis política en el gobierno se relaciona con los diferentes enfoques dentro del Frente de Todos ante la crisis social y económica —en un marco de alta inflación— y en este contexto, con el acuerdo con el FMI por la deuda externa que dejó el último gobierno neoliberal.

En Paraguay, también con la crisis económica y social de fondo, el panorama político está atravesado exclusivamente por los movimientos de cara a las presidenciales de 2023, con intentos de reagrupamiento en todos los espacios políticos. En Uruguay, en un contexto de crecimiento de la inflación y deterioro de los ingresos populares, lo más destacado de los primeros meses del año fue el Referéndum por la Ley de Urgente Consideración, realizado en marzo, que culminó con el triunfo de la derogatoria por un pequeño margen: 49,9% a 48,8% del Sí, con un 1,3% de votos en blanco.

En Mesoamérica, la cuestión migratoria es uno de los problemas más importantes y urgentes que enfrenta la región. En los primeros meses de 2022 se realizaron varias caravanas de migrantes, registrándose en marzo la mayor cantidad de flujos migratorios en la frontera de México y EE. UU. desde el año 2000. Los desafíos políticos que en México enfrenta la llamada “cuarta transformación” (4T) del presidente Andrés Manuel López Obrador se suman a la necesidad de impulsar una democracia participativa en una población para minar el arraigo neoliberal de las instituciones y la sociedad mexicana.

El 27 de noviembre Xiomara Castro asumió la presidencia de Honduras, doce años después del régimen del Partido Nacional impuesto tras el golpe de Estado a Manuel Zelaya en 2009. La mandataria, en su discurso de investidura, prometió una serie de medidas para mejorar la vida del pueblo hondureño y cambios en la política internacional, acercando al país a nuevos marcos multipolares en medio de la transición hegemónica. Por otra parte, Costa Rica también tiene nuevo presidente. El 8 de mayo, Rodrigo Chávez asumió como presidente luego de ganar las elecciones en la segunda vuelta en abril. Chávez salió de debajo de las estructuras partidistas y construyó un perfil outsider de la política. Durante treinta años fue empleado del Banco Mundial y ocupó el cargo de Ministro de Hacienda durante 2019.

Episodios de violencia marcaron los primeros meses de 2022 en El Salvador. Esta violencia ha sido protagonizada por grupos criminales y por la política del gobierno de Nayib Bukele, que el 27 de marzo declaró el estado de excepción. En Guatemala, grupos de campesinos y sindicalistas organizaron protestas contra el gobierno de Giammattei. Las demandas giran en torno a mejores condiciones de vida, frente a la creciente inflación y contra la corrupción gubernamental. En marzo se aprobó la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que aumenta las penas por el aborto y define a la familia nuclear como la única familia viable, integrada por padre, madre e hijos. Finalmente, la legislación fue vetada por el Ejecutivo tras la movilización de organizaciones feministas y sociales. Por último, en el caso de Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega anunció en abril que el país saldrá de la OEA por su política injerencista y excluyente, alineada con Estados Unidos.

En Cuba entre febrero y abril se realizó un proceso de consulta popular sobre el Nuevo Código de las Familias, que busca legalizar la unión civil entre personas del mismo género y la posibilidad de adopción, lo cual fue aprobado por mayoría. En el cierre de este informe, a principios de mayo se registró una explosión por una fuga de gas en el Hotel Saratoga, con un saldo de 45 personas fallecidas. El hecho impactó fuertemente a las y los habaneros, quienes dieron nuevas muestras de solidaridad con la atención a las decenas de heridos y la ayuda al rescate de sobrevivientes. También a principios de mayo el gobierno de Biden anunció la eliminación del límite de las remesas entre Cuba y Estados Unidos, así como la reanudación de vuelos comerciales y privados.

El año 2022 en Haití ha estado marcado por la continuación de la violencia que ha estado en incremento durante los últimos años. Hasta el mes de  marzo se registraron 225 episodios de violencia en el país, 58% más que en 2021. La violencia proviene del estamento paramilitar y tiene como principal objetivo paralizar a la población, impedir el movimiento popular, romper el tejido social y la resistencia para que el gobierno pueda continuar implementando políticas antidemocráticas. Ante el escenario de creciente violencia en Haití, el gobierno de República Dominicana da la espalda a los haitianos al ratificar la construcción de un muro fronterizo entre los dos países. En Jamaica, en cambio, soplan vientos republicanos con el crecimiento de ideas para dejar atrás la monarquía, como sucedió en noviembre pasado en Barbados.

En síntesis, como mencionamos al inicio de este resumen, la coyuntura continental ha estado marcada en los primeros meses del 2022, por una parte, por el desarrollo de la guerra en Ucrania y sus efectos económicos, y por otra, por un clima de intenciones de reactivación de la integración regional. En medio de las diferentes particularidades, se empieza a articular una postura de soberanía e integración impulsada por algunos países de la región que plantean la necesidad de fortalecer la unidad latinoamericana y caribeña en esta etapa, como se ha evidenciado en la postura común frente a la exclusión hecha por Estados Unidos a Cuba, Venezuela y Nicaragua de no convocarlos a participar en la próxima edición de la Cumbre de las Américas.

Esta edición del Informe de Coyuntura nos deja con la pregunta abierta de las posibilidades de cambio y refuerzo del proyecto de soberanía continental, en el marco de un mundo con tendencias cada vez más multipolares y donde las recetas de Washington se evidencian como antagónicas de las necesidades de los pueblos de nuestra región.

Nuestra América en la crisis civilizatoria: de la pandemia a la guerra 

Luego del último pico de contagios de la COVID-19, hacia finales de enero, la evolución de la pandemia a nivel regional comenzó una senda de caída en su circulación, marcada además por el creciente predominio de una cepa de efectos menos graves. Ciertamente, en ello contribuyeron decisivamente los avances de la vacunación y también el incremento de la inmunidad comunitaria. Así, a partir de febrero, en la mayoría de los países de Nuestra América pareció haberse cerrado un largo período de casi dos años en el que las poblaciones, particularmente los sectores populares, sufrieron todo tipo de privaciones, dolores y pérdidas. Un trágico balance que sumó más de 68 millones de contagios documentados y más de 1 millón 600 mil fallecidos.

Sin embargo, el alivio social que trajo el relativo fin del período más intenso de la pandemia no se prolongó por mucho tiempo. El 24 de febrero, con el inicio de la invasión rusa a Ucrania y el despliegue de la primera guerra en territorio europeo en casi dos décadas —tras el conflicto que asoló a Yugoslavia entre principios de los ´90 y los 2000—, los efectos socioeconómicos del enfrentamiento bélico comenzaron a descargarse sobre los pueblos de Nuestra América. De la pandemia a una guerra europea y global, entre el agravamiento de la crisis socioeconómica y la progresión de la crisis climática, los movimientos populares deben afrontar lo que ha sido llamado el momento catastrófico de una crisis propia del neoliberalismo y la civilización dominante.

En esta dirección, la guerra en Ucrania —como examinamos en otra oportunidad— ha tenido importantes consecuencias en la región, el Sur global y el mundo. Rusia y Ucrania son importantes productores mundiales de petróleo y gas, de minerales como el aluminio, el cobre, el hierro, el titanio, el fosfato, entre otros y también de cereales como el trigo, el girasol y el maíz. Las llanuras rusas y ucranianas representan el 7% de la producción mundial y el 24% de las exportaciones de cereales. El conflicto bélico disminuyó o amenazó la provisión de esos bienes estratégicos y desencadenó un incremento de sus valores en el mercado mundial. Por otra parte, la política de sanciones y bloqueos económicos sobre las exportaciones rusas —promovida por EE. UU. y aceptada por sus socios europeos— profundizó la ruptura y reorganización de las cadenas globales de suministros de dichos bienes y potenció el aumento de sus precios^[1]. Así, la proyección global de la guerra impactó en un sistema internacional multipolar, hiperconectado y en estado crítico, atravesado por un proceso de transición hegemónica de Occidente a Oriente.

De esta manera, según la medición del Banco Mundial, entre diciembre de 2021 y abril de 2022 los precios mundiales del petróleo subieron más del 41%; del gas (proveniente de EE. UU.), un 75%; del aceite de palma, un 32%; de la soja, un 30% y del aceite de soja, un 38%. También se incrementó un 31% el valor de cambio del maíz y del trigo (según cotización de US HRW) un 154% el cloruro de potasio; un 41% el fosfato; un 20% el aluminio; un 29% el hierro; un 7% el cobre; un 29% el algodón; un 33% la carne de pollo y un 3% la carne vacuna; un 8% el oro y un 9% la plata; entre los más significativos.

Con este panorama, puede anticiparse el impacto de este incremento de los precios de la mayoría de los bienes comunes naturales sobre los países que son importadores netos de los mismos. En este sentido hay que señalar sus consecuencias sobre los pueblos del sur global, en particular sobre los sectores populares en torno al acceso a los alimentos. Este problema puede extenderse incluso a EE. UU. y Europa: un reciente informe de The Food Foundation señala que en Gran Bretaña, en los últimos tres meses, aumentó un 57% la cantidad de familias que tienen dificultades para alimentarse y más de siete millones de adultos redujeron el tamaño de sus comidas. El Secretario General de Naciones Unidas, autoridades de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y funcionarios del Banco Mundial, entre otros, han  alertado sobre la presencia de una crisis alimentaria global, que agrava la crítica situación evidenciada hasta el año pasado. Según un nuevo Informe Global sobre Crisis Alimentarias, en 2021 alrededor de 193 millones de personas de 53 países y territorios sufrían inseguridad alimentaria aguda. Esto ya implicaba un aumento de casi 40 millones de personas en comparación con los datos de 2020.

Diferentes organismos internacionales también han alertado sobre un escenario socioeconómico global de inflación y recesión, particularmente gravoso sobre el Sur global  y también en América Latina y el Caribe. En nuestra región, las previsiones de crecimiento para 2022 se redujeron a 1,8%, según la CEPAL, al tiempo que se acelera la inflación, particularmente en el sector de alimentos. Incluso el FMI viene advirtiendo sobre la posibilidad de grandes conflictos sociales como resultado del impacto de esta situación. La propia Directora del Fondo, Kristalina Georgieva, alertó sobre ello en su alocución en la reunión del Foro Económico de Doha, a fines de marzo. En este escenario afirmó que las tensiones económicas causadas por la invasión rusa de Ucrania podrían provocar convulsiones sociales en Medio Oriente y otras regiones del mundo, asemejando la actual situación a la antesala de las protestas de 2011 conocidas como «la primavera árabe». Un documento del mismo FMI, fechado en abril, señaló que América Latina y el Caribe enfrenta riesgos inusitadamente altos, sumando a los ya mencionados la contracción o encarecimiento de los flujos financieros hacia la región, agravado por el endurecimiento de la política monetaria en Estados Unidos a partir de una orientación más restrictiva por parte de la Reserva Federal.

Ello sería un nuevo golpe sobre los pueblos latinoamericanos y caribeños, ya afectados por el incremento de la desigualdad, de la pobreza y la indigencia bajo la pandemia. Sin embargo, América Latina y el Caribe se destaca justamente por ser uno de los territorios más importantes a nivel mundial en reservas y producción de petróleo y gas, de metales y minerales y de alimentos; lo que ha motivado incluso que diferentes instituciones y analistas señalen que la guerra actual, como en otras oportunidades en el siglo XX, plantea oportunidades beneficiosas para la región. Un beneficio que en la mayoría de los casos está lejos de abarcar al conjunto de la población.

En esta dirección, la guerra global se ha proyectado al interior de nuestros países bajo otra guerra, esta vez interna, la de la ofensiva de los productores y exportadores de estos bienes comunes naturales (en general, el gran capital transnacional y local) por la apropiación de las ganancias extraordinarias devenidas de la nueva situación global, descargando y sosteniendo este lucro, incluso sobre las mayorías sociales nacionales y, en particular, sobre los sectores populares. Se trata de una grave situación, que interpela a los gobiernos —particularmente a aquellos que en la región se identifican con un ideario progresista o popular— sobre la necesidad de contener la escalada de precios, desacoplar los precios internacionales de los internos e imponer tributos especiales sobre esas ganancias. En relación con ello, ya algunos países europeos y de otras regiones del mundo han implementado medidas en este sentido, algunas de las cuales también se plantean en nuestra región, aunque hasta al momento sin concreción en la mayoría de los países donde los precios del pan y de los combustibles —por citar dos de los bienes de alto impacto popular— vienen escalando en los últimos meses.

Simultáneamente, el incremento de los precios de estos bienes naturales en el mercado mundial también implica un impulso adicional a las actividades y emprendimientos extractivistas. Por su tecnología orientada exclusivamente al lucro empresario, estas actividades antagonizan con las comunidades rurales e indígenas, sobre todo con la agricultura familiar y campesina y los pobladores que habitan los territorios donde avanza el extractivismo. Por contrapartida, este nuevo escenario, así como el agravamiento de la crisis climática, posiciona a la transición ecológica no sólo como necesaria sino incluso más razonable desde la perspectiva de la racionalidad económica capitalista, particularmente en el terreno de los combustibles y la provisión de energía.

Los desafíos populares nuestroamericanos también señalan limitaciones y urgencias de  los procesos de integración regional. En el pasado, la prédica y la política de Hugo Chávez, así como su impulso a la UNASUR, abarcaron los proyectos de integración en el terreno de la producción e intercambio de los bienes naturales propios de la región. Hoy, esos proyectos permitirían a los pueblos del Abya Yala avanzar más rápidamente hacia el autoabastecimiento regional de energía, la transición energética y la soberanía alimentaria.

Imperialismo e integración 

La guerra de Biden y la invasión rusa a Ucrania

En la tercera semana de febrero, el gobierno de la Federación Rusa inició una vasta operación militar sobre el territorio ucraniano y dio paso a una guerra abierta en Europa. Esta escalada bélica fue un salto cualitativo de un extenso conflicto que venía desplegándose en las últimas décadas en relación con el alineamiento económico y militar de Ucrania —tensionada entre la OTAN y Rusia—, que había tomado la forma de la disputa geopolítica por el gobierno de dicho país. La confrontación implicó intervenciones políticas, económicas y de inteligencia de ambos bandos y alcanzó su cúspide desde 2014, con el golpe suave atlantista (“revolución de color”) en Kiev, en febrero de ese año; con el posterior despliegue de una guerra irregular de limpieza étnica de más de ocho años en la región prorrusa del Donbass y con la respuesta rusa con la anexión de Crimea y el apoyo a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.

En este proceso, la invasión rusa de Ucrania y el inicio de la guerra abierta resultó una respuesta al proyectado despliegue de armamento ofensivo por parte de la OTAN en territorio ucraniano. Trágicamente, como sucede siempre, la guerra —extendida temporalmente más allá de lo que estimaban algunos analistas— dejó y deja su dolorosa huella de varios millones de desplazados o exiliados y miles de heridos y muertos entre las fuerzas militares y la población civil, además de su cuota de destrucción de ciudades y territorios. Examinamos los efectos globales de la guerra en la sección anterior.

Pero si la responsabilidad inmediata por el comienzo de la guerra apunta a la Federación Rusa, su promoción señala directamente al gobierno estadounidense y su estrategia global. Sobre ello, se ha señalado un documento de la RAND Corporation —un think tank estadounidense— de 2019 que desarrolla una planeada estrategia para sobre-extender y desbalancear a Rusia y que incluye la ocupación de Ucrania y la provocación militar. Este y otros antecedentes han llevado a denunciar el carácter fabricado del conflicto bélico por parte del poder estadounidense. No solo por sus efectos de desgaste y deslegitimación que un conflicto prolongado traería sobre Rusia, sino también por las consecuencias geopolíticas y económicas que resultan del realineamiento subordinado de Europa bajo el mandato estadounidense. En esta dirección, también se han señalado los ingentes beneficios económicos que el complejo militar estadounidense y su industria gasífera y petrolera —entre otros— ya obtienen y obtendrán del conflicto y de las sanciones económicas a Rusia, incluyendo la suspensión del gasoducto Nord Stream 2. Esa obra de infraestructura vital para Europa, que en la gira de 2021 Biden intentó bloquear y la canciller alemana Merkel continuó.

La guerra de desgaste en Ucrania se inscribe en la nueva estrategia estadounidense impulsada por el gobierno de Biden, que se caracteriza por el intento de reconstrucción de una globalización recortada y agresiva, que hemos analizado en varios de nuestros informes anteriores. Japón y Australia en el este y Europa en el oeste conforman los territorios y aliados subordinados de un espacio económico y militar que EE. UU. busca preservar bajo su dominio. Perdida su hegemonía económica y tecnológica a manos de la emergente China, la globalización recortada y defensiva de la fracción “globalista” de la elite estadounidense solo puede adoptar una forma militar y agresiva. Los efectos de este proyecto sobre América Latina y el Caribe no se hacen esperar. Si durante 2021 el gobierno de Biden había desplegado una intensa actividad diplomática sobre la región, que analizamos en informes anteriores, el contexto bélico refuerza sus presiones para disminuir o bloquear las relaciones con Moscú —y, por supuesto también con Beijing—; promover el despliegue militar estadounidense y fortalecer su presencia política y económica. Y ciertamente, como ha sido señalado, la reciente gira de la nueva Jefa del Comando Sur Gral. Laura Richardson no escapa a estas maniobras, así como tampoco la próxima Cumbre de las Américas.

La Cumbre de las Américas

Para principios de junio, en Los Ángeles (EE. UU.), se encuentra convocada una nueva Cumbre de las Américas, el que fuera un instrumento privilegiado de alineamiento geopolítico durante la década de 1990 y principios del siglo XXI, hasta que pueblos y gobiernos populares irrumpieran en las calles y en las instituciones poniendo algunos límites significativos a la agenda del neoliberalismo. Además, es continuidad de la Cumbre por la Democracia —esta última de alcance más global— que organizó EE. UU. en diciembre de 2021.

La activa política hacia estos foros es un aspecto central de la estrategia de la administración Biden en este candente escenario de “nueva guerra (cada vez menos) fría”. Como si quisiera despejar dudas sobre esta cuestión, el gobierno norteameicano anunció que a la Cumbre de las Américas estaban invitados todos los países del continente excepto Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, esta vez no parece haberle salido del todo bien. De inmediato estas exclusiones despertaron el rechazo activo del gobierno de Bolivia y de los países del Caribe, al que más tarde se sumaron los de México y Argentina. Al momento del cierre del informe, estos gobiernos advirtieron que, de no invitarse a todos los países de la región, podrían no asistir al encuentro, lo que podría significar sin dudas una derrota política importante para el gobierno de Biden. Esta posición contrasta con las señales del gobierno de Chile a través de su canciller, que se manifestó en desacuerdo con las exclusiones pero defendió el supuesto derecho del “dueño de casa” a invitar o no, una expresión al menos desafortunada, que pinta las dificultades para establecer una estrategia de relaciones exteriores soberana. Con todo, también muestra las dificultades del gobierno de EE. UU. para construir hegemonía con un patrón propio de otras épocas.

Las articulaciones de los pueblos

A este panorama intenso en las relaciones gubernamentales hay que sumar un listado de encuentros y reuniones que expresan la vitalidad de los movimientos populares en este continente. Entre ellas, el 17 de abril —en un nuevo aniversario de la masacre de Eldorado dos Carajás, ocurrida en 1996 en el estado de Pará, al norte de Brasil— la Vía Campesina Internacional dio inicio a las celebraciones por sus primeros treinta años de vida. Con la consigna de “30 años de luchas colectivas, esperanza y solidaridad”, el evento central se desarrolló entre el 23 y el 28 de abril en Managua, la capital nicaragüense.

A fines de abril también, pero en la provincia de Buenos Aires se desarrolló la III Asamblea Continental de ALBA Movimientos. El espacio, que reúne movimientos populares de todo el continente, reunió entre el 27 de abril y el 1º de mayo a dirigentes de movimientos sociales y populares de 23 países “para diseñar nuevas estrategias de lucha y resistencia”. En la declaración final, los movimientos hacia el ALBA destacaron que “desde el sur del mundo, lanzamos un llamado continental a la organización y la lucha. Estamos seguras y seguros de que, aún en tiempos difíciles, o mucho más en ellos, es tiempo de Nuestra América, porque el tiempo de América, el tiempo de los pueblos, nunca acaba”.

Por último, ya sobre el cierre de este informe, entre el 1 y el 6 de mayo se realizó en México la edición 2022 del Foro Social Mundial, espacio que ha perdido arraigo en movimientos de masas pero aún reúne a espacios diversos de diferentes regiones, bajo el lema “Otro mundo es posible”.

Estos son solo algunos eventos que dan cuenta de la actividad de las organizaciones populares, en una región muy dinámica.

A su vez, muchos de estos grupos nucleados en las diferentes articulaciones y encuentros como CLOC-Vía Campesina, ALBA Movimientos, el Foro Social Mundial y/o en otros espacios se reunirán en la Cumbre de los Pueblos por la Democracia. Este encuentro de repudio y alternativa a la Cumbre de las Américas “oficial” se realizará entre el 8 y el 10 de junio en Los Ángeles, California. Las organizaciones convocantes confían en reunir allí a movimientos de toda la región.

Andes convulsos y esperanza tricolor

Mayo tendrá hacia fin de mes uno de los principales acontecimientos políticos de la región del primer semestre de 2022: se desarrollarán, el próximo domingo 29, las elecciones presidenciales en Colombia, que podrían, por fin, dar inicio a un nuevo período en la historia del país, y del continente, dada la importancia geopolítica de Colombia. Sin embargo, los comicios se realizarán en un contexto de aumento de la violencia política y social a un nivel que no se veía desde antes de la firma de los acuerdos de paz. Así lo revela el Informe la Misión de Observación Electoral, que indica que son las elecciones más violentas de los últimos años.

En marzo se realizaron las elecciones legislativas en el país, con un saldo realmente positivo para las fuerzas alternativas. A pesar de no haber conseguido las mayorías en las cámaras, la coalición del Pacto Histórico (PH) logró consolidarse como la principal fuerza política del país, desplazando hasta un quinto lugar al Centro Democrático, partido de gobierno y criatura del ex presidente Uribe Vélez.

Por otra parte, los resultados electorales permitieron consolidar el binomio con el que el Pacto espera lograr el triunfo en las presidenciales de mayo: Gustavo Petro y Francia Márquez compitieron en la consulta interna del PH y con la victoria contundente de Petro, hubo numerosas especulaciones de la posibilidad de una ruptura al interior, en caso de que el candidato no optara por Márquez como fórmula vicepresidencial. Sin embargo, en un acto lleno de organizaciones y expresiones populares, Petro anunció que iría junto a Márquez a competir por la presidencia.

Desde entonces, la campaña ha estado caracterizada por las operaciones mediáticas de los grandes conglomerados que buscan ubicar al candidato del uribismo y las fuerzas conservadoras del país, Federico Gutiérrez, como un importante contendor electoral y el único posible de derrotar a Petro para —en sus palabras— evitar que Colombia se “convierta en Venezuela”. Sin embargo, este viejo recurso, utilizado en la campaña de 2018, quedó desgastado y los resultados de las diversas encuestas muestran otro escenario. Según la última encuesta, realizada por YanHass, Gustavo Petro cuenta con un 40% de favorabilidad frente al 21% de Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia.

A pesar del buen desempeño en las encuestas, para el PH es fundamental consolidar la victoria en primera vuelta, ya que de ir al ballotage con Federico Gutiérrez, es muy posible que se repita el escenario de cuatro años atrás, cuando todas las fuerzas conservadoras del país movieron maquinarias, influencias, dinero y violencia para garantizar la derrota de cualquier posibilidad de cambio, situación en la que está en riesgo la vida misma de Petro y Márquez.

Esto es aún más importante teniendo en cuenta el contexto de violencia en el que se desarrollan las elecciones. Desde el 5 de mayo se encuentra en vigencia un paro armado declarado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el brazo armado del grupo narcoparamilitar Clan del Golfo (heredero de las Autodefensas Unidas de Colombia). La acción paramilitar se desarrolla en cerca de 120 municipios de 11 departamentos del país. Este paro ha implicado el amedrentamiento de la población civil, atentados, restricciones al transporte y comercio, asesinatos selectivos y disciplinamiento con toques de queda, señalamiento público de objetivos militares, ente otros episodios. El grupo armado lo presenta como consecuencia de la extradición a Estados Unidos de su jefe Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, quien fue capturado en medio de una dudosa operación.

A la fecha, van alrededor de 125 ataques paramilitares en diferentes regiones del país, que se orientan específicamente a simpatizantes del Pacto Histórico y a figuras de campaña en las regiones donde se está desarrollando el paro armado. Hechos que ponen en evidencia las intenciones políticas detrás de las acciones paramilitares de las AGC, que buscan resolver por medio de la violencia lo que temen sean los resultados favorables para el Pacto Histórico en las elecciones presidenciales, después del precedente de las elecciones legislativas de marzo. Desde inicio de 2022 la cifra de líderes, lideresas y firmantes de paz asesinados/as asciende a 76 personas, que se suman a las 36 masacres que se han producido desde el mes de enero.

La posibilidad de pasar la página del uribismo parece cada vez más real para el pueblo colombiano, y solo en unos días podremos ver las consecuencias que esto traería, no solo para un país que ha luchado sin descanso por conseguir la paz con justicia social, sino para un continente que tenga una Colombia con un gobierno popular, que mire en vez de al norte, hacia el sur.

Por otra parte, en lo que va del 2022, en Venezuela se han develado algunos escenarios que hace un año parecían imposibles pero que hoy permiten un fortalecimiento de la Revolución Bolivariana y un reimpulso de lo que fue siempre su objetivo continental de unidad e integración latinoamericana y caribeña.

A pesar de ser permanente, la ofensiva imperialista ha cambiado nuevamente en sus formas híbridas y no convencionales. De los fallidos intentos de 2019 y 2020 con intentos de ocupación militar y magnicidios —en los cuales participó activamente el entonces gobierno de Mauricio Macri en Argentina, como denunció la investigación de El Cohete a la Luna—, la estrategia estadounidense volvió a replegarse y utilizar principalmente la carta de la ayuda humanitaria para continuar profundizando el estrangulamiento sobre la vida política venezolana. En particular la USAID  ha reimpulsado una estrategia en contra de Venezuela bajo la nueva gestión de Samantha Power, autodenominada “halcón humanitario”, quien se ha caracterizado por explotar la narrativa del éxodo venezolano, incluso con algunas puestas en escena, y mostrar con ello la necesidad de la intervención.

Sin embargo, con el desarrollo de la guerra en Ucrania, la prohibición del gobierno de Estados Unidos a las empresas norteamericanas de comprar petróleo ruso y las modificaciones geopolíticas que empezaron a presentarse a nivel global, Venezuela nuevamente volvió a aparecer como una tabla salvavidas para el acceso al petróleo para varios compradores en el mundo, entre ellos, las mismas petroleras de Estados Unidos. En ese marco, el 17 de mayo Estados Unidos anunció la flexibilización de algunas medidas del bloqueo impuesto sobre Venezuela, que incluyen la autorización a la petrolera Chevron de negociar su licencia con la petrolera estatal venezolana PDVSA. Estas definiciones del gobierno de Biden se dan luego de las reuniones que desde el mes de marzo sostuvieron asesores estadounidenses con delegados del gobierno de Nicolás Maduro para explorar posibilidades de negociación. Varias firmas petroleras de Estados Unidos habían presentado apelaciones al congelamiento de sus operaciones comerciales con Venezuela, producto de las sanciones.

Lo anterior implica el reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro y una derrota de la estrategia de Estados Unidos en la última etapa, simbolizada en la presidencia fake de Guaidó.

Según las declaraciones que hicieron dos altos funcionarios norteamericanos a AP, las flexibilizaciones se dan con el objetivo de impulsar un reinicio de la mesa de diálogo entre el gobierno bolivariano y la oposición. Frente a esto, Jorge Rodríguez, representante de la delegación del gobierno de Venezuela para los procesos de diálogo, declaró que para el reinicio de las conversaciones es fundamental la presencia de Alex Saab, miembro pleno de la delegación bolivariana, quien se encuentra secuestrado hace más de 700 días y hoy está detenido en Estados Unidos.

Estos elementos marcan sin duda una profunda modificación en el rol de Venezuela en el escenario geopolítico, que va recuperando su lugar central en términos políticos, económicos y diplomáticos. De esta manera, se conformaron 18 grupos de amistad parlamentaria en la Asamblea Nacional, cuyo objetivo es fortalecer las relaciones políticas y económicas con el mundo, después de los difíciles años de intento de aislamiento diplomático por parte de Estados Unidos, a lo que se suman las declaraciones de presidente de Argentina, Alberto Fernández, en carácter de titular pro-tempore de la CELAC de convocar a todos los países de la región a restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela; y las declaraciones del candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, que anunció el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en caso de conseguir la victoria electoral.

Esta recuperación política se da de la mano de la recuperación económica, que avanza también de la mano de las modificaciones del mapa global en términos geopolíticos, las decisiones en la materia por parte del gobierno para sortear más de siete años de bloqueo y la capacidad de resistencia del pueblo venezolano contra los intentos de ahogamiento que han implicado las medidas unilaterales de Estados Unidos.

En conversación con ARG Medios, Carlos Ron, viceministro venezolano para América del Norte, afirmó que “el bloqueo mejoró nuestra propia organización popular, nuestra producción interna. Por ejemplo, a nuestro CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción) que le llega una vez por mes a las familias venezolanas. El 80 por ciento de esos alimentos eran importados y ahora el 80 por ciento es de producción nacional”. En el mismo sentido, la CEPAL pronosticó un crecimiento económico del 5% anual, en el marco también del fin de la hiperinflación en el país y del incremento de las exportaciones. Según la vicepresidenta Delcy Rodríguez, las ventas al exterior crecieron un 182% en el primer trimestre de 2022, respecto al mismo lapso del año pasado.

Bajando por los Andes, y con un clima político de crisis permanente, Perú continúa en su inestabilidad gubernamental, y con las permanentes ofensivas de la derecha local que continúa buscando, por todos los medios, destituir al presidente Pedro Castillo. Durante abril, producto del paro de transportistas de la Unión de Gremio de Transporte Multimodal de Perú por el aumento del precio de los combustibles, se dieron lugar masivas movilizaciones de alcance nacional, que incluían reclamos sobre los altos precios de los servicios y productos básicos en el país. A estas manifestaciones se sumaron sectores en oposición a Pedro Castillo que exigían su renuncia por ser “moralmente incapaz” de gobernar el Perú. Ante esto, el gobierno tomó la decisión de decretar un toque de queda por algunos episodios de violencia y saqueos que se presentaron en diferentes puntos del país, hecho que fue repudiado por diversos sectores.

La debilidad demostrada por el gobierno de Castillo en la gestión de las protestas fue un elemento más que se sumó a la difícil gobernabilidad que ha caracterizado su gestión, que ya va por el cuarto gabinete ministerial juramentado. A su vez, el partido de gobierno Perú Libre presenta una fragmentación cada vez más profunda, que puede implicar una división de fuerzas que Castillo necesita para esquivar los intentos de vacancia presidencial.

Durante el mes de abril nuevamente se presentó un intento de vacancia en su contra, que logró sortear pero que no elimina el peligro de la utilización de esta herramienta constitucional por parte de la oposición. Como OBSAL desarrollamos las particularidades del mecanismo de vacancia y otros elementos del contexto peruano en Un ABC para entender qué pasa en Perú.

Dos elementos centrales para pensar el contexto peruano en adelante son, por un lado, la necesidad de continuar con el proyecto de una nueva constitución que permita transformar la institucionalidad del país. A pesar de que Castillo presentó el proyecto para avanzar con la constituyente, el Congreso, de mayoría opositora, terminó rechazándolo, archivando uno de los principales proyectos de campaña del presidente. El otro elemento fundamental que desde los sectores sociales que acompañaron a Castillo en las elecciones plantean desarrollar de forma urgente —y manifiestan su preocupación por el aparente olvido del presidente en la materia— es el impulso de la denominada segunda reforma agraria. A pesar de haber sido otro de sus ejes de campaña y tener un especial vínculo con el la base social rural y agraria de Pedro Castillo que terminó asegurando su victoria a la presidencia, no ha presentado ningún avance y por el contrario parece estar abandonada por el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Oscar Zea.

Otro de los principales escenarios producto del conflicto en Ucrania ha sido la necesidad de instalar el debate sobre la soberanía energética en nuestra región, y en particular, el fortalecimiento de los lazos políticos y económicos entre los países del continente que pueden garantizarla.

En ese marco, el rol de Bolivia es central teniendo en cuenta que concentra una de las mayores reservas de litio y gas, y que con su concepción de integración latinoamericana ha iniciado el camino de fortalecer acuerdos con varios países del continente para favorecer sus necesidades energéticas. De esa manera, el Estado Plurinacional de Bolivia fue anfitrión en abril del foro virtual “Perspectivas del litio desde América Latina”, que contó con la participación de las máximas autoridades en materia energética de Argentina, Chile, México, además de la CEPAL. También en abril, Luis Arce visitó Argentina para firmar un acuerdo con Alberto Fernández para asegurar al país austral un suministro de gas diario de 14 millones de metros cúbicos, y un compromiso para que Argentina tenga prioridad para importar excedentes de las cuencas bolivianas. En lo nacional, en medio de un contexto de reorganización política de liderazgos del MAS en diferentes regiones del país, el gobierno de Luis Arce y la Central Obrera Bolivia (COB) acordaron un incremento del 4% al Salario Mínimo Nacional (SMN).

En el caso de Ecuador, la crisis política y económica se empalma con una profunda crisis humanitaria en los centros penitenciarios donde la violencia y las masacres caracterizan la coyuntura, y evidencia los altos niveles de desigualdad y abandono del Estado con la población privada de la libertad.

Respecto a esta crisis carcelaria, la alta comisionada por los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, emitió un comunicado señalando “la responsabilidad del Estado en la seguridad de todas las personas que están bajo su custodia”, y exigiendo al gobierno de Lasso que tome medidas en el marco de los derechos humanos para frenar la ola de violencia en las cárceles del país. La última masacre sucedió en la prisión de Santo Domingo, donde al menos 44 presos murieron y 13 resultaron heridos.

Los niveles de conflictividad y violencia han aumentado en más del 100% durante el 2022, con un alto número de asesinatos y muertes violentas por hechos de inseguridad vinculados con redes de narcotráfico y complicidad policial, junto a un aumento de los costos de vida que profundizan la pobreza en el país. La CONAIE publicó un comunicado rechazando los altos costos de los bienes y servicios, como parte de los paquetazos impuestos por el gobierno neoliberal de Guillermo Lasso para privilegiar a los grandes proveedores y perjudicar a las mayorías, mientras continúa bajo los lineamientos del FMI.

A este contexto se suma la renuncia de cuatro ministros del gabinete de Lasso en las últimas semanas y el decreto de un estado de sitio a nivel nacional producto de la escalada de los niveles de violencia que no ha significado una disminución de la misma.

Por otra parte, el ex vicepresidente Jorge Glas recuperó su libertad producto de la aceptación de un Habeas Corpus, después de más de cuatro años de estar preso por razones políticas, un caso más de lawfare contra las figuras de confianza del ex presidente Rafael Correa, impulsado desde el entonces gobierno de Lenin Moreno y vigente hasta la fecha.

Cono Sur: el conflicto político a caballo de la inflación 

En Brasil, la situación socioeconómica sigue castigando la vida de los brasileños, especialmente de los más pobres. La inflación en marzo de 2022, medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) – IBGE, aumentó el 1,62%. La tasa de marzo no se observaba en el país desde 1994, antes de la implementación del Plan Real. En los últimos doce meses, el aumento de la inflación alcanzó el 11,30%. Si bien hay un proceso inflacionario a nivel mundial, debido a los efectos de la pandemia del COVID-19 y la guerra de Ucrania, hay particularidades en la economía brasileña que merecen ser destacadas. El primero son los factores climáticos, en los que precipitaciones superiores a la media afectaron a los cultivos de zanahoria y tomate, reduciendo la oferta de estos productos. El segundo es el alza en los costos de transporte, influenciado por el alza en los precios de la gasolina y el diesel.

El aumento de los precios de los combustibles está directamente relacionado con la política de precios hacia este sector adoptada en Brasil desde 2016, cuando Michel Temer asumió la presidencia, que es Precios de Paridad de Importación. Los precios en el país fluctúan de acuerdo con el precio del barril de petróleo, que en los últimos años ha ido subiendo. Aun así, el precio del barril de petróleo está dado en dólares y las devaluaciones se convierten en un agravante del aumento de los precios de los combustibles. En el mercado laboral, la tasa de paro del primer trimestre de 2022 fue del 11,1%, lo que supone 11,9 millones de parados. La población desanimada fue de 4,6 millones de personas y la tasa de subutilización fue de 23,2%, lo que representa 26,8 millones de personas.

En la parte del proyecto destructivo, que pone en práctica el gobierno de Bolsonaro, se destacaron los ataques al medio ambiente en estos primeros meses de 2022. A principios de marzo, la Cámara de Diputados aprobó que el Proyecto de Ley (PL) 191/2020 sea tramitado con carácter de urgencia. El PL autoriza la explotación minera y la construcción de represas hidroeléctricas en tierras indígenas (TI’s). En la Constitución brasileña se recomienda prohibir la minería en TI. El proyecto, tras quedar expuesto cuando se aprobó su régimen de emergencia, sufrió un gran rechazo por parte de la sociedad. Indígenas, artistas y políticos expresaron su descontento y el PL perdió prioridad en la Cámara. Lo cierto es que la aprobación de la PL 191 interesa a parte del capital extranjero.

En un informe de principios de marzo se mostró información que denunciaba la participación de empresarios y representantes gubernamentales de Australia, Canadá, EE.UU. y Reino Unido, presionando por la aprobación de la legislación. La minería, además de deforestar, contaminar las aguas, impacta directamente en la vida de los indígenas, provocando escenas de horror. A fines de abril, el líder yanomaní, Júnior Hekurari Yanomami, denunció la violación y muerte de una mujer indígena de 12 años, de la comunidad de Aracaça, por parte de mineros auríferos en el norte del estado de Roraima. Tras la denuncia, veinticuatro indígenas de la misma comunidad continúan desaparecidos y sus viviendas fueron encontradas quemadas.

Respecto al escenario electoral, en el mes de abril, el Partido de los Trabajadores (PT) aprobó la candidatura de Lula para la carrera presidencial, con Geraldo Alckmin como vicepresidente. Alckmin era un antiguo rival político, cuando estaba afiliado al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). Ahora, Alckmin pertenece al Partido Socialista Brasileño (PSB). A fines del mismo mes, el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) oficializó su apoyo a la precandidatura de Lula, luego del acuerdo entre los partidos sobre 12 puntos del plan de gobierno, con destaques: la derogación de la Reforma Laboral y la gasto público, aprobado por el gobierno de Michel Temer; Agenda Ambiental Audaz, con transición energética y deforestación cero; una reforma fiscal progresiva; cambio en la política de precios de Petrobras. El lanzamiento oficial de la fórmula Lula-Alckimin tuvo lugar el 7 de mayo.

En las últimas encuestas electorales, difundidas en abril, Lula sigue liderando, con un pequeño aumento en la intención de voto de Bolsonaro, desde el momento en que las encuestadoras dejaron de tomar en cuenta la candidatura de Moro. En la encuesta FSB Pesquisa, encargada por BTG Pactual, Lula aparece con el 41% de las intenciones de voto y Bolsonaro con el 32%. En una posible segunda vuelta, Lula le ganaría a Bolsonaro por 52% a 37%. En la encuesta Poder Data 360, el expresidente tiene el 41% de las intenciones de voto frente al 36% de Bolsonaro. En una posible segunda vuelta Lula le ganaría a Bolsonaro por 48% a 39%. En la encuesta del IPESP, publicada el 6 de mayo, encargada por XP Investimentos, Lula aparece con el 44% de los votos, mientras que Bolsonaro tiene el 31%. La encuesta, a pesar de mostrar una caída en la distancia entre Lula y Bolsonaro —a mediados de marzo, Bolsonaro aparecía con el 26% de las intenciones de voto y Lula, con el mismo 44%—, muestra posibilidades reales de que Lula gane en la primera vuelta, ya que la suma de todos los demás candidatos es del 46%.

Las intenciones de voto para la segunda vuelta muestran que Lula ganaría con una diferencia de veinte puntos porcentuales: aproximadamente 54% a 34%. La consolidación de Lula en los sondeos electorales hizo que Bolsonaro retomara un discurso antidemocrático, contra el Supremo Tribunal Federal (STF) y ensalzando la dictadura militar. La estrategia inicial de Bolsonaro parece ser fortalecer su núcleo de simpatizantes para llevar la disputa a la segunda vuelta. Es importante seguir el efecto electoral, en las intenciones de voto en las próximas encuestas, del aumento de valor del Auxílio Brasil para 400 reales aprobado por el Senado, faltando solamente la sanción presidencial. Antes de este aumento, el monto promedio pagado era de doscientos diecisiete reales.

En Chile, el mapa político se muestra una vez más con gran intensidad. El primer cuatrimestre del año fue un momento de renovación institucional, con el cambio en la presidencia y las vicepresidencias de la junta directiva de la Convención Constitucional en enero y la asunción del presidente Gabriel Boric el 11 de marzo. Sorpresivamente, la expectativa que rodeó a los primeros días del presidente más joven de la historia pareciera desvanecerse cuando todavía no se cumplen ni siquiera cincuenta días en la presidencia. Según dos de las encuestadoras más tradicionales, el escenario parece girar rápidamente a la derecha, con un gobierno que pierde aprobación semana a semana y la creciente posibilidad de que la opción del rechazo gane en el plebiscito constitucional, previsto para septiembre.

Para Pulso Ciudadano, el presidente alcanzó a fines de abril una desaprobación del 57,8% (seis puntos más que en la anterior medición, a mediados de abril) y una aprobación de apenas el 24,2%. Otra de las encuestadoras, Cadem, ofrece números mejores para Boric, del 36% de fines de abril al 38% de principios de mayo, aunque números de desaprobación que también superan la mitad de la población (53%). Esta consultora destacó en uno de sus informes que este nivel de desaprobación recién fue alcanzado a las 33 semanas por Michelle Bachelet y a las 37 semanas por el segundo mandato de Sebastián Piñera. Ambas encuestadoras otorgan una ventaja de entre 11 y 13 puntos a la opción por el rechazo de la nueva constitución.

Mientras tanto, la Convención Constituyente trabajó este cuatrimestre con gran intensidad, con el objetivo de avanzar en la propuesta de texto para la nueva Constitución, que será sometida a consideración del pueblo chileno. El plebiscito “de salida” se realizará en septiembre de 2022. En las últimas semanas la Convención aprobó incluir en el borrador normas de gran importancia, como el reconocimiento de derechos fundamentales de las personas —entre los cuales se encuentran el derecho a la salud, a la vivienda, a la seguridad social, al trabajo, a la participación en las decisiones de las empresas—, de protección de la naturaleza y de reconocimiento de derechos de los pueblos originarios, entre los que se cuenta el derecho a la restitución de tierras. Al cierre de este informe, se aprobó también el nuevo Poder Legislativo, que eventualmente tendrá como novedad el reemplazo del Senado por una Cámara de las Regiones.

Como era de esperar, muchos de estos cambios levantaron opiniones de preocupación por parte de los sectores más conservadores. El debate sobre los derechos de los pueblos originarios, en particular, es la manifestación institucional de una herida abierta en la historia chilena, que adquiere materialidad en un conflicto territorial en desarrollo en el que no están ausentes narrativas y prácticas bélicas. Este es un conflicto de primer orden para la Carta Magna, pero todavía más para el Ejecutivo. El gobierno de Boric propone una suerte de tercera vía entre los reclamos de las organizaciones del pueblo mapuche, como la CAM, y las presiones de gremios rurales y de transportistas, que piden la continuidad de la militarización en la macrozona sur.

En el caso de Argentina, en el centro del panorama político se encuentra por un lado la situación económica y por otro, aunque relacionada, la interna en la coalición de gobierno, el Frente de Todos, que incluso opaca la disputa al interior de la principal alianza opositora, Juntos por el Cambio.

En el gobierno, las tensiones enfrentan a los dos bloques principales, liderados respectivamente por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La disputa es manifiesta al menos desde las elecciones de medio término del año pasado, que el gobierno perdió claramente. Pero se profundizó a medida que avanzaba la negociación con el Fondo Monetario Internacional por la cuantiosa deuda contraída por el gobierno anterior, encabezado por Mauricio Macri. Uno de los numerosos momentos en que esos debates alcanzaron volumen público fue cuando Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta y referente de la agrupación La Cámpora, renunció a la jefatura del bloque oficialista en la Cámara de Diputados. Luego no concurrió a la sesión donde una mayoría oficialista y opositora aprobaron el acuerdo, con importantes disidencias.

La discusión de fondo que se expresa en esta pelea entre el “kirchnerismo” y el “albertismo” es por la orientación de la política económica y el alcance de las políticas de concentración y redistribución, en un contexto de grave crisis social, agravada mes a mes por la inflación. Desde el sector vinculado al presidente Fernández destacan la recuperación económica en marcha. En las filas más identificadas con Cristina responden que eso tiene que notarse en el bolsillo de los sectores populares. Esta es una aspiración que se contrapone con las recetas del FMI, que a partir del acuerdo con va a monitorear los números de la economía argentina, en particular el cumplimiento de las metas.

El cogobierno junto al FMI invariablemente trae a la memoria coyunturas asociadas con el ajuste y con la concentración, más que con el bienestar de las poblaciones. Por eso un amplio arco de personalidades de diferentes sectores se articulan en diferentes espacios contra el FMI, la deuda fraudulenta y las políticas de ajuste, como son la Autoconvocatoria contra la Deuda Externa y el recientemente creado Comité de Acreedores de la Deuda Interna. Este último tiene el objetivo de “visibilizar la deuda con el pueblo y promover acciones de investigación, denuncia y reparación social en torno a la deuda con el Fondo Monetario Internacional”, además de apoyar «el impuesto a los capitales fugados, el levantamiento del sector bancario y revisiones trimestrales de las principales deudas sociales».

En esta situación paradójica en la que un gobierno más identificado con la centroizquierda paga sin chistar la deuda récord que tomó el gobierno de su principal opositor de derecha también se abren nuevos y más paradójicos escenarios. Entre ellos está el crecimiento, aparentemente imparable, de la figura de Javier Milei, un economista autodenominado “libertario” pero afín a las ideas de ultraderecha conservadora al estilo de Bolsonaro o Trump.

De cara al futuro, este año es par y por lo tanto no electoral —las elecciones son todos los años impares—, lo cual no es un obstáculo para que las presidenciales se sientan en el tablero político muy cerca. A mediados de 2023 se realizarán las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) en cada coalición. Esa tal vez sea una manera de dirimir las grandes orientaciones sin concurrir divididos. Precisamente por eso durante este año es que se verán los principales movimientos en grandes y pequeños espacios políticos, de cara a reordenar las fuerzas al interior de cada espacio.El escenario general estará marcado por el tono y la magnitud de estas disputas semipúblicas, así como de las ingenierías que faciliten o impidan las síntesis y determinen, por lo tanto, el grado de posibilidades en la carrera presidencial.

Por parte del gobierno, parece claro que una ruptura definitiva entre los bloques principales puede herir cualquier aspiración seria de victoria. Por parte de la oposición de derecha, las posibilidades de fragmentación y de reunión son múltiples. Confiados en el castigo electoral que surja del descontento social, tendrán igualmente que construir una coalición con capacidad de imponerse primero en su propio campo: esto exigirá un incierto equilibrio entre un discurso enfocado a su propia base política —donde priman las voces más radicales— y la capacidad de convencer de políticas derechistas a la mayoría de la población electoral. En este marco, todas las mediciones enfatizan la tendencia hacia la desafiliación o el descontento con el sistema político, dato que hay que tener en cuenta en un país que ha alternado períodos de estabilidad con etapas de inestabilidad institucional, más aún en momentos de crecimiento de la desigualdad.

En Paraguay, también con crisis económica y social de fondo, el panorama político está atravesado por los movimientos de cara a las presidenciales de 2023, con internas e intentos de reagrupamiento en todos los espacios políticos. Hasta el momento, la oposición al gobernante Partido Colorado se organiza en dos grandes espacios. Por un lado, a la izquierda se encuentra Ñemongeta por un Patria Nueva, articulación que reúne a los partidos del Frente Guasú junto a otras formaciones como el P-MAS, Kuña Pyrenda y Paraguay Pyahura. Hacia el centro, la Concertación, impulsada por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) junto a partidos a derecha —como el ruralista Paraguay Patria Querida– y de centroizquierda —como Encuentro Nacional y el Frente Amplio—. Precisamente una de las grandes incógnitas es la posibilidad de que haya una sola candidatura opositora, que unifique a ambos espacios.

Por el lado de Nemongetá, la candidata será la actual senadora Esperanza Martínez, quien reunió el apoyo de la mayoría de los delegados y venció por pocos votos al también senador Sixto Pereira. La Concertación tiene lanzadas varias precandidaturas: se anotan Efraín Alegre y Martín Burt por el PLRA, Kattya González por Encuentro Nacional y Sebastián Villarejo por Patria Querida, entre otras postulaciones. También aspira a ser candidata de la Concertación Soledad Núñez, ex ministra de Vivienda del gobierno de Mario Abdo. Aún más curioso es que el mismo objetivo tiene Euclides Acevedo, quien fue el canciller hasta fines de abril, cuando renunció al gobierno para iniciar su campaña por la principal alianza de oposición.

En relación con el Partido Colorado, la ya tradicional interna entre Honor Colorado, liderado por el ex presidente Horacio Cartés, y Colorado Añetete, por el actual mandatario Mario Abdo, tendrá como expresión la disputa entre por lo menos dos candidaturas: por el cartismo ya se encuentra en campaña el exministro de Hacienda Santiago Peña y por Añetete el actual vicepresidente Hugo Velázquez. Sin embargo, al cierre de este informe comenzó a cobrar fuerza la posibilidad de una tercera lista, encabezada por Luis Pettengill, titular de la Cámara Paraguaya de [empresas de] Carnes.

Los reacomodamientos hacia la principal instancia electoral que tiene el escenario paraguayo en el corto plazo se da en un contexto donde ya es inocultable el avance del narcotráfico. Mientras terminamos este informe, dos hechos dan cuenta de la situación. Uno es el atentado contra el intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, baleado por sicarios y al cierre de esta edición, al borde de la muerte. El otro es más grave aún: se trata del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido en Colombia, lo cual muestra por añadidura el grado de articulación regional de las bandas criminales, en particular en los países donde operan con mayor injerencia las fuerzas militares y de seguridad norteamericanas, como el Comando Sur y la DEA.

Ante el asesinato, el Frente Guasú difundió un duro comunicado, en el que señaló que “el sicariato, el crimen organizado y el poder del narcotráfico ganan fuerza en nuestro país, evidenciándose como una fuerza trasnacional que opera con estrecha relación con organizaciones extraterritoriales”. Además de destacar “el total grado de poder e impunidad con el que operan”, la fuerza de izquierda denunció que “estos poderes permean cada vez más en nuestro país y al propio Estado paraguayo […] que se encuentra en gran medida controlado por los mismos poderes políticos y económicos que se benefician y aceitan con el dinero sucio proveniente de negocios ilícitos y el lavado de dinero”. Para finalizar, el texto lamenta que “Paraguay se haya posicionado como el principal exportador de cocaína a Europa y uno de los principales puntos de lavado de dinero en la región”.

En Uruguay, el hecho político de la primera parte del año es sin dudas el Referéndum por la Ley de Urgente Consideración, realizado en marzo, que culminó con el triunfo del No (a la derogación) por un escaso margen: 49,9% a 48,8% del Sí, con un 1,3% de voto en blanco. A nivel territorial, el Sí se impuso en la capital Montevideo y en los departamentos de Canelones y Paysandú, el No en el resto del país.

A partir de ese momento se desató un debate por la interpretación de estos datos. Por un lado, el presidente Luis Lacalle Pou logró mantener su ley ómnibus, dato no menor porque la alternativa a esa victoria hubiera significado una derrota muy fuerte desde lo simbólico, escenario que la coalición multicolor logró conjurar. Por otro lado, el carácter ajustado del margen de ventaja obtenido por el No es también un dato político inocultable. En un contexto de pérdida de ingresos de la mayoría de la población, a lo que se suma un 2022 con inflación, el gobierno derechista no logra ampliar su base de hegemonía y se empieza a percibir un desgaste. El bloque opositor, expresado por el campo de la izquierda política y social que se nucleó en torno a la campaña por el referendum—el Frente Amplio, el PIT-CNT, los espacios sociales y de derechos humanos— sostiene un importante caudal de adhesión, aunque tampoco logra imponerse. Dos bloques antagónicos en un virtual empate.

El gobierno de Lacalle Pou promedia su mandato y aunque todavía falta, la fecha de la próxima elección presidencial —octubre de 2024– comienza a aparecer relativamente cercana. A partir de ahora el gobierno parece tener más para perder que para ganar. En un contexto de crecimiento de la inflación y deterioro en los ingresos populares, su desafío principal estará en la economía y luego en la política, a sabiendas de que un Frente Amplio renovado puede capitalizar un eventual crecimiento del descontento social.

Crisis migratoria en Mesoamérica, políticas soberanistas en México y Honduras y nueva ola de violencia en El Salvador 

La cuestión migratoria es una de las problemáticas más importantes y urgentes que tiene la región mesoamericana. En los primeros meses del 2022 se sucedieron varias caravanas migrantes, registrando en el mes de marzo el número más alto de flujo migratorio en la frontera de México y EE. UU. desde el año 2000. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) se reportaron 209 906 migrantes en dicha frontera. La principal política antimigratoria estadounidense es Título 42, creada durante el gobierno de Donald Trump bajo la excusa de la pandemia de Covid 19 para detener y expulsar a las personas migrantes y suspender los asilos. El 23 de mayo dejaría de tener efecto esta medida, por lo que se espera el incremento del flujo migrante hacia Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas sostienen que las deportaciones seguirán mediante la política Título 8, lo que da cuenta del consenso bipartidista en torno a cómo encarar esta problemática.

A la política antimigratoria de Estados Unidos se complementa la presión ejercida por la Casa Blanca a los gobiernos de México, Guatemala, Honduras y El Salvador para que refuercen el control en sus fronteras y tengan una política de “disuasión” de las caravanas migrantes. La consecuencia de esto es la militarización de las fronteras y la represión a quienes intenten cruzarlas, forzando a los migrantes a transitar de un país a otro de manera ilícita y peligrosa para sus vidas.

Una de las polémicas en torno a la agenda migratoria es la decisión tomada por el gobierno estadounidense de dar permiso humanitario para acoger migrantes ucranianos. Esto generó el repudio de muchos migrantes latinoamericanos que vienen solicitando permiso de asilo. Desde el inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania han llegado alrededor de 10 mil migrantes ucranianos a México.

En México, el 2022 está marcado por los desafíos políticos encarados por la denominada “cuarta transformación” (4T) del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). A la par que se proponen una agenda de reformas que buscan limar las estructuras neoliberales enraizadas en las instituciones y sociedad mexicana, también buscan impulsar prácticas democráticas en una población con una cultura democrática en desarrollo. El 10 de abril se llevó a cabo la consulta popular por la revocación del mandato de AMLO, es la primera vez que un mandatario lo convoca, siendo una de las promesas de campaña del actual Presidente. La ciudadanía debía elegir por la continuidad o no del mandato del primer mandatario, teniendo que llegar al 40 por ciento de participación electoral para ser vinculante.

El proceso previo al referéndum estuvo marcado por tensiones entre el gobierno, los partidos opositores, medios de comunicación y el Instituto Nacional Electoral (INE). Al respecto dialogamos con Elisa Godínez, politóloga y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quien señaló:

“La derecha fue cambiando de discurso con respecto a la figura del presidente, primero pedían que se vaya del gobierno y ahora con respecto al referéndum revocatorio llamaron a no votar, lo cual resulta contradictorio con la postura anterior. El INE, que es nuestro máximo órgano a cargo de organizar las elecciones y consultas, boicoteó la consulta popular. Utilizaron un recurso jurídico legal para suspender la consulta, lo cual fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia; luego acusaron falta de presupuesto para colocar las casillas electorales correspondientes y por último, no brindaron la información suficiente a la ciudadanía.”

La participación electoral de la consulta fue de un 18 por ciento, no pudiendo ser vinculante. El 91,87 por ciento votó a favor de la continuidad del mandato de AMLO, mientras que solo el 6,47 por ciento lo hizo en su contra. Sobre los resultados, Elisa Godínez analizó:

“Si bien el total de participación popular no alcanzó para que sea vinculante el referéndum, el obradorismo logró movilizar a la base dura de votantes que ronda entre 15 y 16 millones de personas, lo cual no es nada desdeñable ya que con eso se gana una elección presidencial. Además, la oposición quedó expuesta en su faceta no democrática, al no llamar a participar de la iniciativa,. No pudieron ofrecerle nada a la ciudadanía. Por último, la revocación de mandato quedará como parte del legado de López Obrador junto a otras políticas que buscan generar prácticas de participación popular, como así también que esta consulta se pueda implementar para otros cargos electivos, como gobernadores”.

En la agenda de la 4T destacan tres reformas. La primera es la reforma eléctrica que implicaba cambios constitucionales y buscaba derogar la reforma de Peña Nieto de 2013 que implicó una privatización en la producción y distribución de la energía. La nueva legislación se proponía fortalecer al sector público de energía para que las empresas estatales sean las que abastezcan la mayor parte del mercado de energía, pudiendo así garantizar la estabilidad energética a un precio justo. Además se iban a revisar algunos contratos de empresas privadas. La iniciativa fue rechazada en diputados ya que no alcanzó la mayoría calificada —dos terceras partes— necesaria para su aprobación. Morena y sus aliados necesitaban votos de los partidos opositores (PRI, PAN, PRD y MC), que se unieron para bloquear la reforma, respondiendo así a los intereses de los grupos económicos nacionales y extranjeros que se mostraron fuertemente en contra de este proyecto de ley. Tanto AMLO como sus seguidores consideraron a los diputados que votaron en contra como “traidores a la patria”.

Como respuesta al rechazo de la reforma eléctrica, el Presidente mexicano envió el 18 de abril al Congreso un proyecto de reforma de la Ley minera para la nacionalización del litio. Esta resultó aprobada ya que necesitaba una mayoría simple para su sanción. La reforma garantiza el control del Estado sobre uno de los recursos en pugna en el continente como es el litio. Además, AMLO anunció que buscará articular con otros países como Argentina, Bolivia y Chile la explotación del mineral.

La tercera reforma es la política – electoral y está siendo tratada actualmente por el Congreso Federal. La misma consiste en modificar dieciocho artículos constitucionales y busca garantizar procesos electorales más limpios y económicos. Entre las principales reformas se encuentran la reconversión del INE hacía el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), eliminar las representaciones plurinominales —reduciendo 200 diputados y 32 senadores— y modificar la forma en que se eligen los legisladores federales.

Entre el 5 y 8 de mayo, López Obrador emprendió una gira diplomática por América Central. Se reunió con los mandatarios de Estado de Belice, Cuba, El Salvador, Guatemala y Honduras. Los principales temas abordados fueron la problemática migratoria, el desarrollo energético, acuerdos económicos entre los países y la integración regional. En lo que respecta a la crisis migratoria que atraviesa Mesoamérica, se acordó implementar dos programas sociales que impulsa AMLO, “Sembrar vida” y “Jóvenes construyendo futuro”, buscando incentivar a las personas para que permanezcan en sus países de origen. Además, el presidente mexicano exigió a Estados Unidos que sea parte de la solución y no de los problemas ante esta problemática. También se destaca el acuerdo de cooperación en el campo de la salud con Cuba. En su gira AMLO planteó la necesidad de fortalecer la unidad latinoamericana, señalando que “tenemos que ver hacia el sur y no darle la espalda a los países de Nuestra América”.

El 27 de enero asumió Xiomara Castro la presidencia de Honduras, dejando atrás 12 años de régimen del Partido Nacional tras el golpe de Estado a Manuel Zelaya en 2009. La amplitud de la victoria electoral, la profunda crisis social, económica y política que atraviesa el pueblo hondureño y las promesas de campaña generaron grandes expectativas y esperanzas en el proceso de cambio. Pero tras los festejos electorales de noviembre del año pasado, los problemas al interior del nuevo bloque de gobierno no tardaron en llegar. Días antes de asumir la mandataria electa, unos veinte diputados de su partido Libertad y Refundación (LIBRE) comandados por Jorge Cálix se declararon en disidencia con la definición oficial de elegir a Luis Redondo, del Partido Salvador de Honduras (PSH), como presidente del Congreso. Así, la legislatura se dividió en dos, una presidida por Cálix y acompañada por los tradicionales partidos Nacional (PN) y Liberal (PL) y la otra dirigida por Redondo, apoyado por la alianza de gobierno entre Libre y el PSH. Tras arduos días de negociación, los disidentes del partido de gobierno declinaron sus posturas y se logró la unidad del Congreso.

Sobre los sucesos descritos anteriormente, Mario Membreño, analista político y miembro de la Convergencia contra el Continuismo, indicó lo siguiente:

“La derecha se ha movido inteligentemente y de entrada buscó condicionar el control del Poder Legislativo atrayendo a los diputados de Libre más débiles en términos del proyecto histórico que el partido de gobierno busca representar. Así, el sector disidente generó un entendimiento con los partidos Nacional y Liberal. Pero gracias al liderazgo de la presidenta de la República el conflicto se encauzó tras expulsar a los disidentes del partido. Esta posición firme hizo que los implicados se sentaran a negociar y llegaran a un acuerdo. Las secuelas de la disputa interna continúan, ya que esto demoró la conformación del gabinete de gobierno e hizo que se actúe lentamente ante algunos problemas urgentes. Además, la división al interior de Libre permanece en el Congreso, con 30 diputados que se mantuvieron firmes desde un principio y 17 que mantienen cierta distancia con la bancada del gobierno”.

En su discurso de asunción, la presidenta anunció importantes medidas: 1 millón de hondureños y hondureñas no pagarán la tarifa de energía y pagarán más quienes más consumen, la prohibición de la explotación minera y de los ríos, la eliminación de las ZEDE y exigió justicia por Berta Cáceres y la necesidad terminar con la impunidad y corrupción en el país. También se manifestó en pos de una democracia participativa, por lo cual va impulsar las consultas populares para que la población sea partícipe de las decisiones políticas. Xiomara denominó al proyecto político de su gobierno como “socialismo democrático”.

Consultado por los primeros meses de gobierno, Membreño señaló:

“A diferencia de lo que puede ocurrir en otros países, en Honduras los primeros cien días de gobierno no son parámetro de análisis, tanto por los problemas estructurales e históricos que afronta el país como por los condicionamientos coyunturales tras años de gobierno de la dictadura del Partido Nacional. Estos son la profunda desigualdad que hay en la sociedad, con el 74 por ciento de la población viviendo en condiciones de miseria, más del 50 por ciento que no tienen trabajo, el endeudamiento externo, un Estado cooptado por la corrupción y el narcotráfico y el Poder Judicial y el Ministerio Público controlados por el PN. Además, a los problemas que señalamos que hay en la legislatura, se añade que tanto el Partido Nacional  como el Partido Liberal tienen la mayoría de los municipios”.

A pesar de estos determinantes, el analista explica que se han llevado a cabo medidas muy importantes como la mencionada de la gratuidad de la tarifa eléctrica para los sectores populares, la libertad de los presos políticos que resistieron todos estos años a la dictadura del PN, la derogación de la Ley de empleo por hora, la declaración de Honduras libre de minería a cielo abierto y sobre todo, la eliminación de las ZEDE. Sobre esto último, el activista indicó:

“Las ZEDE comenzaron a ser una amenaza desde 2013, se consideraba que había doce zonas del país que estaban en condiciones de constituirse en zonas especiales bajo control del capital transnacional. Esto desencadenó una importante lucha y resistencia contra este proyecto. En los últimos años muchos municipios se declararon como territorios libres de ZEDE. En el país esta lucha generó un sentimiento nacionalista. Que su derogación se haya aprobado por mayoría calificada en el Congreso es de suma trascendencia en favor de la soberanía nacional”.

Otra de las políticas soberanistas que está en agenda en Honduras es la Ley Nacional de Energía enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. Esta se propone rescatar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y recuperar un elemento estratégico para la soberanía del país, garantizando el servicio de las energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social.

En el plano internacional, el nuevo gobierno anunciaba cambios en las relaciones diplomáticas en comparación con los gobiernos que le antecedieron. Las expectativas estaban puestas en retomar relaciones con la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China. En el caso del país latinoamericano se restablecieron las relaciones diplomáticas, pero en lo que respecta a China no se ha avanzado. Además, según Mario Membreño, se observa un entendimiento entre el gobierno y el Departamento de Estado estadounidense. Honduras tiene un rol importante en el reposicionamiento que busca la Casa Blanca en Centroamérica. Por parte de EE. UU., el objetivo es abordar con el gobierno la problemática migratoria. Por parte del gobierno se busca ganar estabilidad teniendo una relación de no confrontación directa con EE. UU. y poder avanzar en una renegociación de la deuda externa con el FMI.

Parte de la agenda pendiente está en regularizar la situación laboral de trabajadores del sector salud, garantizar el retorno a clases en las escuelas, solucionar el problema del transporte y abordar de manera urgente la creación de empleo y recuperación de la economía. Para esto, afirma el analista, es indispensable que el gobierno se termine de organizar internamente. Por último, indica que Honduras está atravesando “un proceso de transición, no hay que esperar grandes cambios, pero sí es el momento de generar condiciones para las grandes transformaciones”.

El 28 de marzo, la Corte Suprema de Justicia ratificó la extradición de Juan Orlando Hernandez (JOH), quien será judicializado en un Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, EE. UU. El exmandatario enfrenta cargos por narcotráfico y tráfico de armas. La extradición se realizó el 21 de abril.

En Costa Rica se dieron las primeras elecciones presidenciales del 2022. La primera vuelta se llevó a cabo el 6 de febrero. Dos elementos caracterizaron al proceso electoral, la fragmentación de candidaturas con 25 postulantes para la presidencia y el nivel de abstencionismo, un 40 por ciento, que  llegó a porcentajes históricos para el país. Ningún candidato alcanzó los votos necesarios para imponerse en primera ronda, siendo el ex presidente José María Figueres —27, 28 por ciento—  y Rodrigo Chaves —16, 78 por ciento— los más votados. El dato de color lo dió el hasta entonces partido de gobierno —Partido de Acción Ciudadana (PAC)—, a cargo de las últimas dos presidencias, que optuvo menos del 1 por ciento de los votos y no alcanzó ninguna diputación. Por parte de la izquierda, el Frente Amplio  sacó casi el 9 por ciento, obteniendo 6 diputados.

La segunda vuelta fue el 3 de abril donde triunfó Chaves sobre Figueres, con el 52,84 por ciento sobre el 47,16 por ciento. Contrariamente a su contrincante, Rodrigo  viene por fuera de las estructuras partidarias y construyó un perfil outsider de la política. Durante treinta años fue funcionario del Banco Mundial y ocupó el cargo de ministro de Hacienda durante el 2019, en el gobierno de Carlos Alvarado, renunciando al año siguiente por diferencias con el presidente. El nuevo mandatario asumió el 8 de mayo. Sus desafíos centrales son bajar el costo de vida y alcanzar la recuperación económica.

Para analizar las elecciones costarricenses dialogamos con Héctor Solano, politólogo de la Universidad de Costa Rica. En relación al contexto electoral y la situación social y económica que vive el país indicó:

“Las elecciones se desarrollaron en un contexto complejo, marcado por una profundización de la desigualdad social y del desempleo, acrecentados producto de la reforma fiscal de 2018 y por la pandemia. Durante estos años se afianzaron las posturas autoritarias y antipolíticas”.

Además, el politólogo señaló que el abstencionismo récord de estas elecciones

“se explica en gran parte por el fracaso de los gobiernos del PAC. Este partido emergió con un perfil de centroizquierda con la expectativa de construir los pilares para una transición hacia un modelo posneoliberal, pero ha implantado feroces políticas neoliberales y de ajuste. Esto afianzó el sentimiento antipolítica, a lo que se sumó la desesperanza que se vive en las zonas más empobrecidas de la periferia rural. Hay provincias como Guanacaste, Puntarenas y Limón en las que el abstencionismo ha sido mayor a la media nacional, que fue del 41%. Recordemos que en Costa Rica no es obligatorio el voto. La izquierda también ha sido incapaz de posicionarse como una opción en esos sectores. Se trata de localidades con una presencia estatal venida a menos y muy desgarradas desde lo social. También hay penetración del crimen organizado”.

Solano señala que si bien Rodrigo Chaves irrumpió como una opción electoral contra los privilegios de la clase política, su campaña fue financiada por la banca privada. Y que en términos de programa de gobierno no había mayores diferencias entre Figueres y Chaves: para el poder económico las elecciones fueron el 6 de febrero. De cara al balotaje, la opción de voto había quedado entre dos candidatos de la derecha, lo cual permitía cualquier tipo de acuerdo.

El Salvador atraviesa una ola de violencia extrema a partir del asesinato de varias personas por parte de las pandillas y el recrudecimiento de la polítca autoritaria y represiva del gobierno de Nayib Bukele. El 27 de marzo el ejecutivo decretó el Estado de excepción por un mes, que luego fue extendido por otro mes más. La medida se tomó luego de que unas 90 personas hayan aparecido asesinadas. El estado de excepción suspende garantías legales y judiciales de la población civil, lo cual fue denunciado por organizaciones nacionales e internacionales como un atropello a los derechos humanos por parte de Bukele. Esto se da en un contexto en el cual el partido de gobierno, Nuevas Ideas, tiene cooptado todos los poderes del Estado  —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— y busca profundizar su modelo neoliberal.

El analista y periodista de ARPAS, Leonel Herrera, señaló que las pandillas son bandas criminales y que tienen un importante poder político, sobre todo por el control que ejercen sobre sus territorios:

“Las pandillas tuvieron un gran crecimiento en la primera década del 2000,  siguen creciendo y llegaron en un momento a ser tan poderosas que controlan ciertas partes del territorio nacional y descubren que tienen un poder político y que pueden entrar a negociaciones con el gobierno. En el año 2012, durante el gobierno de Mauricio Funes,  el primer gobierno del FMLN, se promueve un proceso de pacificación donde las pandillas se comprometían a no matar, y así se logró a bajar el nivel de asesinato, pero esta tregua fracasó y lo que vino después fue una subida terrible de los asesinatos y de la actividad pandillera. Luego, el gobierno del entonces presidente Sánchez Cerén decide llevar a cabo un combate frontal contra estos grupos”, explica.

Herrera señala que gracias al periodismo de investigación se descubrió el pacto de Bukele con la maras, acuerdo que el Presidente niega rotundamente:

“Bukele negoció con las pandillas que a cambio de mejorar las condiciones en las cárceles y darles prebendas a sus familiares lo apoyasen electoralmente. Esto implicaba que  en todas aquellas zonas donde controlan obligan a la gente a votar por el partido de Bukele y no dejen entrar a esas comunidades a otros candidatos”, detalló.

Además, el mandatario había acordado la disminución del nivel de asesinatos, lo cual lo adjudicó a su política de seguridad, el plan de control territorial. Pero el periodista indica que es mentira que hayan dejado de matar: “Es bien curioso que cuando baja el nivel de asesinatos, suben las desapariciones. Lo que sucede es que matan pero no dejan tirado ahí en la calle el cadáver, sino que lo van a enterrar a un cementerio clandestino y entonces aparece como desaparecido”. En febrero se descubrió un cementerio clandestino con 23 cadáveres a quinientos metros de la casa del presidente Bukele.

Varios análisis sostienen que la “guerra contra las pandillas», es en realidad contra uno de los grupos criminales y no sobre todas las bandas. En particular se hace referencia a la Mara Salvatrucha (MS). Además se denuncia que  esta ofensiva por parte del gobierno es un montaje para profundizar la escalada autoritaria y represiva sobre las organizaciones sociales, estudiantiles, de derechos humanos y periodistas. Según datos del gobierno, se han detenido a más de veinticinco mil personas sindicadas como integrantes de pandillas o terroristas.

Desde organizaciones sociales se viene denunciando que la mayoría de las personas detenidas son población civil que fueron arrestadas de manera arbitraria por la policía. No hay garantías judiciales ni derecho a defensa y las fuerzas represivas no están obligadas a llevar a los detenidos a un juez en las primeras 72 horas. Pueden detener a las personas y dejarlas en libertad a los quince días o un mes. Por el momento no se avizora una salida al conflicto, si se pactará un nuevo acuerdo entre las pandillas y el gobierno o se profundizan las detenciones y represiones. La estrategia de Bukele parece estar en jugar a ambas puntas.

En los primeros días de marzo, el Congreso de Guatemala aprobó la Ley de protección de la vida y la familia. La legislación fue rechazada por las organizaciones feministas y sociales que se movilizaron en la calle para exigir su derogación. La Ley agrava las penas por aborto, en el país solamente está permitido el aborto terapéutico. Además, definía legalmente como única familia viable a la familia nuclear, constituida por padre, madre e hijos. Negando otras formas posibles de configuración familiar. Prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo, la educación sexual acusando a esta de “ideología de género” y todo aquello que promueva la diversidad sexual. La contundente respuesta de las movilizaciones contra la “ley de odio”, debido a que esta viola artículos constitucionales y tratados internacionales, presionó para que finalmente el ejecutivo tenga que vetar la legislación y vuelva al Congreso, donde ha sido archivada.

Durante los días de abril diversas organizaciones campesinas, sociales, sindicales, políticas, entre otras, organizaron distintas jornadas de lucha contra el gobierno de Giammattei. Estas movilizaciones se llevaron a cabo en distintas ciudades del país. “Las principales reivindicaciones fueron el rechazo a la corrupción, crítica al gobierno porque no tomó ninguna medida para reducir el impacto de la subida inflacionaria, lo que impactó en el incremento del costo de vida, y también se exigió la transparencia en la elección de la persona que va a estar a cargo del Ministerio Público”, declaró Carlos Barrientos, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC).

Dos son los ejemplos de cómo funciona el “pacto de corruptos”, que es definido por Barrientos como “una alianza entre el ejecutivo, diputados, funcionarios, empresarios y políticos que buscan desarmar todas aquellas iniciativas que intentan investigar los casos de corrupción”. El primer caso tiene que ver con la ya mencionada elección para presidir el Ministerio Público. La fiscal general Consuelo Porras es la candidata por parte del gobierno. La funcionaria se ha encargado de desmantelar aquellas fiscalías que investigaban casos de corrupción, como también de deshacerse de fiscales y jueces que no formaban parte del pacto de corrupción. El segundo caso es la fraudulenta elección del Rector de la Universidad San Carlos de Guatemala. La importancia de la institución reside en que maneja el 5 por ciento del presupuesto nacional y tiene presencia en un serie de instituciones importantes —como la junta monetaria que define la política monetaria del país—, así como en la elección de jueces y magistrados.

El 24 de abril, el gobierno de Nicaragua anunció la decisión de abandonar efectivamente la Organización de Estados Americanos (OEA) y expulsó a la sede de dicho organismo de su país. El comunicado publicado por el canciller Denis Moncada expresa:

“Ratificamos nuestra invariable decisión de abandonar la OEA, según lo expresado el día 19 de Noviembre del 2021, y al confirmar nuestra denuncia y renuncia irrevocables, ante esta calamitosa, truculenta y mentirosa dependencia del Departamento de Estado del Imperialismo yanqui, también comunicamos que a partir de esta fecha dejamos de formar parte de todos los engañosos Mecanismos de este engendro, llámense Consejo Permanente, llámense Comisiones, llámense Reuniones, llámense Cumbre de las Américas”.

Para absorber el impacto económico del alza internacional de los hidrocarburos como consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el gobierno sandinista decidió subsidiar el precio de los combustibles y el gas licuado. La medida fue de aplicación desde el 27 de marzo hasta el 7 de mayo y se extenderá al menos una semana más. Se estima que el gobierno destinará alrededor de 17 millones de dólares en esta política, buscando que la suba de los precios internacionales no impacte en la población nicaragüense.

Situación política en el Caribe insular 

En el marco del cumplimiento de los sesenta años de la oficialización del bloqueo estadounidense a Cuba, el 3 de febrero en la isla comenzó un proceso de consulta popular que se ha destacado por su carácter participativo y democrático. Entre esa fecha y el 30 de abril se llevó a cabo la consulta popular sobre el nuevo Código de Familias que busca legalizar la unión civil entre personas del mismo género y la posibilidad de adopción. El 61% de la población apoyó la propuesta y dentro del 39% restante hubo una parte que propuso modificaciones (20,36%); otra, adiciones (3,47%) y otra, la eliminación del mismo (12,69%). Pero más allá de los resultados, es interesante la forma en que se llevó a cabo. Asambleas en las que se explicaba el código y sus implicancias, debates y propuestas de modificación por parte de los y las participantes fueron algunos de los elementos que incluyó el proceso. Se realizaron en total más de 79 mil reuniones y participaron aproximadamente 6,5 millones de personas, con más de 330 mil intervenciones y 397 mil propuestas. Terminado el proceso de consulta se entregan las propuestas a la Comisión Redactora del Código de las Familias, para su posterior trabajo en un documento final que será sometido a la aprobación de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Paralelamente a esto, el gobierno cubano y el estadounidense comenzaron a tener algunas conversaciones (no sin mediar tensiones) sobre la situación de migrantes cubanxs y los servicios consulares de la Embajada de EE. UU. en Cuba. A principios de marzo, Estados Unidos informó que reabriría estos servicios en La Habana, luego de haber sido suspendidos en 2017. En ese momento se había retirado al personal cuando Donald Trump acusó a Cuba de atacar a sus funcionarios mediante “armas sónicas”, lo que además llevó a endurecer las medidas de bloqueo económico. A partir de mayo —informaron— se atenderán en La Habana solamente las solicitudes de visas de madres o padres de ciudadanxs estadounidenses, sin certezas de en qué momento se ampliarán los servicios para todas las demás personas. Mientras tanto, las solicitudes deberán seguir siendo tramitadas en Guyana como hasta ahora, con el consiguiente gasto que eso implica para quien desee solicitarla.

Paralelamente  a estos anuncios, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla acusó al gobierno de Biden de estimular la emigración irregular de ciudadanos y ciudadanas cubanas y a la vez ejercer presiones sobre gobiernos de la región para que les dificulten el tránsito. Recordó en sus redes sociales que todavía Estados Unidos incumple su obligación de otorgar al menos 20 mil visas anuales a cubanos y cubanas. El 21 de abril funcionarios de ambos países se reunieron para tratar el tema, donde se revisó el cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales y Cuba expresó su preocupación por “las medidas del gobierno estadounidense que estimulan la migración, impiden la migración legal y ordenada, y generan las condiciones socioeconómicas que incitan a la emigración”, según informó el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. Además, insistió en la obligación del gobierno de Estados Unidos de garantizar la emisión en La Habana de no menos de veinte mil visas anuales y en la necesidad de retomar los servicios consulares en La Habana.

¿Podría ser esta reunión consular un indicio de una voluntad de cambio por parte del gobierno estadounidense? Esta fue la primera ocasión en la que altos funcionarios del gobierno de Biden se reunieron con el gobierno cubano, y este no es un dato menor. Sin embargo, las recientes exclusiones del gobierno estadounidense de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la próxima Cumbre de las Américas son un elemento para pensar que nada ha cambiado ni está por cambiar en las decisiones de bloqueo unilaterales del país del norte.

Recientemente, y al cierre de este informe, el 16 de mayo el gobierno estadounidense anunció algunas medidas que podrían ser consideradas en dirección de acercar posiciones en su relación con Cuba. Son medidas “positivas pero de alcance muy limitado”, afirmó la Cancillería cubana en su comunicado. Se trata del restablecimiento de vuelos comerciales y facilidades para viajes y visitas, suspensión del límite a las remesas, restablecimiento de un programa de reunificación familiar, se amplían los servicios consulares, se amplía el acceso a servicios de internet y de comercio electrónico en plataformas estadounidenses.

Según el Minrex, “los anuncios no modifican en lo absoluto el bloqueo, ni las medidas principales de cerco económico tomadas por Trump. Se trata, sin embargo, de un paso limitado en la dirección correcta. Para conocer el alcance real de este anuncio, deberá esperarse por la publicación de las regulaciones que las implementen”.

Por su parte, Cuba anunció que la Asamblea General de las Naciones Unidas volverá a tratar este año la resolución cubana que demanda el fin del bloqueo impuesto por Estados Unidos.

El viernes 6 de mayo se produjo una explosión en el hotel Saratoga de La Habana. Hasta el día 11, se sabía que el accidente había dejado 43 personas fallecidas y otras tantas heridas, mientras que las fuerzas de rescate seguían buscando a dos personas que continuaban desaparecidas. A causa de la explosión, fueron dañadas viviendas vecinas al edificio del hotel y sus habitantes están alojados temporalmente en hoteles o casas de familias cercanas, mientras se pone en marcha la construcción de nuevas viviendas para esas familias desde el municipio de La Habana. Se construirán dos edificios para poder alojar a las y los damnificados.

Si el 2021 fue un año turbulento para Haití, el 2022 no parece prometer menos. Ya enero empezó con la elección de un nuevo presidente interino por parte de la Comisión Nacional de Transición (CNT), que fue desconocida por el primer ministro Ariel Henry. Henry anunció que planea convocar a una Convención Constituyente (idea que venía impulsando —con poco apoyo— el expresidente asesinado Jovenel Moïse) y luego a elecciones, a fines de 2022. Y es que en febrero se cumplió lo que Moïse entendía como su mandato oficial y muchos desconocían, pidiendo su dimisión en 2021.

Alrededor de esta fecha, se organizaron manifestaciones para pedir la renuncia del primer ministro. Y en esa misma semana inició una serie de manifestaciones de los obreros textiles —que constituyen la segunda fuerza laboral más grande del país, con más de 50 000 trabajadores— para pedir mejoras de salarios y condiciones laborales que terminó, después de tres semanas, en una desmedida represión por parte de las fuerzas policiales en la que asesinaron a un periodista. El salario del sector estaba congelado desde hacía tres años y la inflación en el país provoca que la canasta básica sea cada vez más inaccesible.

En el mes de marzo, luego de varios episodios de violencia que incluyeron el asesinato de un profesor universitario, volvieron a llevarse a cabo protestas contra la inseguridad, cuyas reacciones dejaron nuevamente un muerto y varios heridos, además de una aeronave de un grupo misionero estadounidense incendiada en el aeropuerto de Los Cayos.

A fines de abril, la violencia recrudeció y la situación de distintos barrios de Puerto Príncipe y alrededores estuvo teñida por una guerra de pandillas que controlan las zonas y que, desde el 24 de abril dejó 148 personas muertas (que incluyen decapitaciones, incendios, ataques con machete y víctimas de tiroteos, entre otros), y otras tantas desaparecidas y heridas, además de 81 viviendas y 57 vehículos incendiados, según la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH). Esta red también informó que, desde el 6 de mayo, los ataques han cesado y se vive una “aparente calma”.

Los hechos de violencia fueron causados por enfrentamientos entre las bandas 400 Mawozo y Chen Mechan, e incluyeron asesinatos, incendios de casas, violaciones de mujeres y niñas y la necesidad de alrededor de nueve mil personas de escapar de sus hogares y la imposibilidad de otras de salir. Además, se vio afectado el funcionamiento de negocios, escuelas, servicios, centros médicos y medios de transporte en los barrios aledaños. Este conflicto tiene lugar en la llanura de Cul-de-Sac y provoca que las autoridades del país pierdan control de la ruta que conecta la capital con cuatro departamentos hacia el norte del país. Por su parte, la cuestionada Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh) expresó preocupación por el “reclutamiento de menores en pandillas, una de las seis violaciones graves de los derechos de los niños”.

En el marco de estos enfrentamientos, fue secuestrado el diplomático dominicano Carlos Guillén Tatis (liberado a los cuatro días), un miembro de la Secretaría de Estado para la integración de las personas con discapacidad en Canapé-Vert, y una médica pediatra, lo que provocó que cerraran más hospitales. Desde enero a marzo se registraron 225 secuestros en el país, un 58% más que en 2021.

Como venimos analizando y relevando en nuestros informes, el objetivo principal del entramado paramilitar en Haití es paralizar a la población, impedir la movilización popular, romper el tejido social y la resistencia para que se puedan seguir implementando políticas impopulares. En este sentido, Camille Chalmers, dirigente popular haitiano y coordinador de la Plataforma para el Desarrollo Alternativo de Haití (PAPDA), consideró:

“Hay una conexión muy clara, demostrada, entre estas bandas y los sectores de poder. Están articuladas a este proyecto de extrema derecha. Y son grupos que tienen financiamiento y armamento que viene de Estados Unidos. Muchos de sus líderes son haitianos que han sido repatriados por Estados Unidos, pertenecen a las redes transnacionales del crimen organizado, con altos niveles de formación militar. En resumen, tienen vínculos comprobados con el gobierno haitiano, son dirigidos desde Washington y tienen además el apoyo de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. Es el mismo modelo que se utilizó en Centroamérica con los escuadrones de la muerte, y más recientemente muy vinculado al tráfico de drogas en Colombia y México”.

En el marco de la creciente violencia en Haití, la actitud del gobierno dominicano ha sido de expresa hostilidad hacia sus ciudadanos y ciudadanas. Por un lado, el presidente Luis Abinader ratificó la pronta construcción del muro fronterizo (que ya tiene 20 km desde hace más de un año) pero cuyo inicio oficial se dio en febrero pasado en la provincia de Dajabón. Por otro lado, jóvenes haitianos y haitianas que estudian en universidades dominicanas denunciaron que las autoridades de ese país retuvieron sus pasaportes durante meses (desde noviembre de 2021 cuando se generó un cruce de palabras en redes sociales entre los más altos funcionarios de ambos países) y suspendieron el programa de visados que les permite permanecer y estudiar en el país.

En cuanto a las demás Antillas, destacamos algunos hechos relacionados con la adquisición de mayor autonomía frente a las potencias de las cuales, en varios casos, todavía son colonias. La reciente República de Barbados —que dejó de ser monarquía en noviembre pasado— tuvo elecciones nacionales en enero y fue reelecta la primera ministra Mia Mottley. Por su parte, en Jamaica, como ya habíamos anticipado en informes anteriores, crece la idea de seguir los pasos de Barbados y convertirse en república. En marzo, los príncipes Guillermo y Catalina viajaron al Caribe y visitaron varios de los países que todavía forman parte de la Mancomunidad de Naciones en ocasión del 70º aniversario de la coronación de la reina Isabel II. No tuvieron el recibimiento que esperaban. Un claro ejemplo de ello fueron las protestas que su presencia produjo en Jamaica. Por un lado, el primer ministro jamaiquino, Andrew Holness, recibió a la pareja y les recalcó que su nación está “avanzando” y que tiene la intención de convertirse en república y dejar atrás la monarquía. Pero la protesta social fue aún más allá: se produjeron manifestaciones que reclamaban que la monarquía reconozca, se disculpe e indemnice el pueblo jamaiquino por su rol en el comercio de esclavizados africanos en la época en la que eran colonia.

Por su parte, los departamentos franceses del Caribe eligieron presidente y se produjo un fenómeno que, en principio, llama la atención. En la primera vuelta fue Jean-Luc Mélenchon (referente de la izquierda, por el partido Francia Insumisa) quien lideró ampliamente el conteo: obtuvo 56,16% en Guadalupe, 53,10% en Martinica, 50,59% en Guyana y 28,13% en San Bartolomé y San Martín. En el balotaje entre Marine Le Pen  y Emmanuel Macron, la exponente de la extrema derecha obtuvo más del 61% en promedio en los cuatro departamentos. Todavía quedan instancias electorales importantes en Francia —y, por lo tanto, en sus “territorios de ultramar”— ya que un mes después de la elección del presidente se llevan a cabo las elecciones de la Asamblea. Es posible que ese momento aporte claridad respecto de si la gran elección que había hecho Mélenchon en la primera vuelta en el Caribe tenía relación con algún grado de convicción o un “voto ideológico” o si, más bien, era solo una opción posible para votar en oposición a Macron. Con los elementos que hay hasta el momento, la tesis que pareciera más apropiada es que fue una especie de “voto castigo” a Macron más que un giro a la izquierda y luego otro rotundo a la derecha. Es que la desigualdad entre las condiciones de vida en las islas francesas con relación al continente europeo es notoria y a esto se agrega el descontento por las políticas de sanidad implementadas por Macron durante la pandemia, como la obligatoriedad de vacunarse para algunos trabajadores o el pase sanitario, que fueron ampliamente rechazados en el Caribe bajo control francés.

El creciente voto a Le Pen es también parte de un contexto global en el que están en ascenso fuerzas de extrema derecha con candidatos outsiders (y ya no tanto) que hacen críticas a los partidos tradicionales. Patricia Braflan-Trobo, socióloga guadalupense, analizó: “Lo que triunfó fueron los teóricos de la conspiración y los antivacunas. Estoy convencida de que los ciudadanos caribeños franceses no apoyan las posiciones de la Agrupación Nacional (partido al que pertenece Marine Le Pen)».

Finalmente, cabe mencionar la crisis política que está viviendo San Cristóbal y Nieves, cuyo primer ministro Timothy Harris, del Partido Laborista Popular (People’s Labour Party) ha disuelto el Parlamento en las primeras semanas del mes de mayo, después de destituir a seis ministros. Es que la alianza de gobierno que ganó las elecciones en 2020, Equipo de Unidad (Team Unity), está crujiendo desde hace tiempo y un grupo de legisladores había pedido la destitución del primer ministro —que fue rechazada por el gobernador—, cuyo partido solo tiene dos bancas en el poder legislativo. Harris anunció que llamará a elecciones en los próximos meses. La pregunta es si su partido tiene la suficiente fuerza como para ir a elecciones sin la unidad que le permitió llegar al poder.

Esta coalición está formada por el Partido Laborista Popular (PLP); el Movimiento de Acción Popular (PAM), que lidera el viceprimer ministro Shawn Richards; y el Movimiento de Ciudadanos Comprometidos (CCM), encabezado por Mark Brantley, primer ministro de Nieves. Se creó en 2015 para conformar una coalición de gobierno que derrotara al Partido Laborista.

En perspectiva 

Los primeros meses del 2022 muestran una vez más a un continente en permanente movimiento. Elementos de continuidad y de cambio respecto al año anterior configuran una región con elementos de incertidumbre en su porvenir político, social y económico.  Cuando parecía que lo peor de los efectos sociales, económicos y sanitarios de la Covid 19 se atenuaban y los países debatían las estrategias para la recuperación económica, vino un acontecimiento que modificó las perspectivas de reconstrucción y crecimiento no sólo en Nuestra América, sino a nivel mundial: el conflicto bélico en Ucrania.

Analizamos como América Latina y el Caribe deben hacer frente a problemas coyunturales —producto de la guerra y los efectos de la pandemia— como también estructurales, muchos de los cuales se profundizaron por los dos acontecimientos globales anteriormente mencionados. A la profundización de la desigualdad, el incremento de la pobreza y el aumento de la violencia social se suman la suba de precios de los combustibles, alimentos y bienes de primera necesidad, como también la recesión económica y la inflación, siendo estos condicionantes los grandes molinos de vientos sobre los que deben cabalgar los gobiernos latinocaribeños. Pero, como vimos, la crisis no es para todos, incluso para algunos es una oportunidad para acrecentar sus riquezas. Y los Estados deberán intervenir políticamente para que la puja distributiva se redireccione en favor de los sectores populares, quienes, en los últimos años, han visto deterioradas sus condiciones materiales de vida.

A lo largo del informe observamos cómo el capital político de los gobiernos parece licuarse en un contexto de crisis donde los Estados no están pudiendo dar respuestas  —o lo hacen de manera limitada— a las necesidades de sus poblaciones. Los escenarios políticos se polarizan hacia el extremo, mientras que las estrategias electorales de las opciones progresistas y de izquierda buscan incrementar la base de apoyo hacia el centro. Además, asistimos a un contexto de desafección política y la canalización del descontento social por liderazgos de extrema derecha, al tiempo que se producen movilizaciones sociales en distintas regiones ante el deterioro de la situación económica y social.

En el 2021, los gobiernos progresistas fueron ganando terreno en el continente con las victorias electorales que se dieron en Perú, Chile y Honduras. Este año las expectativas están puestas en lo que pueda suceder a fines de mayo con Petro en Colombia y en octubre con Lula en Brasil. Alvaro García Linera señala que los progresismos latinoamericanos marchan a dos velocidades. Por un lado aquellos países que están atravesando sus primeras oleadas de gobiernos progresistas —Chile, Perú y México— y quienes están en la segunda —Bolivia, Argentina y Honduras—. Ambas oleadas parecen marchar más lento que rápido. Los primeros deben satisfacer las expectativas puestos en ellos al tiempo que limar las estructuras e instituciones neoliberales de larga data; los segundos, deben avanzar en  nuevas transformaciones, a la vez que lidian con las internas del bloque de gobierno y la embestida de la derecha. También deben señalarse los desafíos que afrontan los proyectos de cambio más radicales, nucleados en ALBA-TCP, como Bolivia, Nicaragua, Cuba y Venezuela, luego de haber sobrevivido a la ofensiva neoliberal e imperialista de los últimos años. Una de las deudas de todos estos gobiernos desde el centro hacia la izquierda está en avanzar hacia un proceso de integración regional que fortalezca la unidad de los pueblos latinoamericanos. Las confrontaciones en Colombia y en Brasil de los próximos meses también incidirán en este escenario.

Por el lado de la derecha y los sectores conservadores, vemos cómo al tiempo que intentan rearticularse regionalmente, el extremismo gana terreno de la mano de liderazgos que buscan capitalizar el descontento social, y con el avance de un neoliberalismo destructivo, como es el caso tanto de Bolsonaro como de Bukele. Además, las derechas partidaria, judicial y mediática se ensamblan para bloquear las políticas populares de los gobiernos progresistas y en muchos casos, desestabilizarlos.

La política imperial estadounidense lanzó una ofensiva a nivel global que repercute en nuestro continente, ante el intento de reconstruir una globalización recortada y agresiva.  Esto tiene que ver con el objetivo de desestabilizar al gobierno de Putin, condicionar al hegemón emergente chino y favorecer a grupos económicos norteamericanos ligados a la industria armamentística e hidrocarburífera. Como contrapoder al imperialismo se tejen articulaciones que dan esperanza a los pueblos de Nuestra América, como fueron el encuentro de ALBA Movimientos, que reunió a dirigentes de más de 23 países, la reunión de la Vía Campesina por sus treinta años, el encuentro del Foro Social Mundial y la respuesta de muchos países latinoamericanos y caribeños ante la tentativa de EE. UU. de excluir de la Cumbre de las Américas a Venezuela, Cuba y Nicaragua.

En el desarrollo del informe dimos cuenta de varias de las problemáticas y agendas urgentes que deben afrontar los gobiernos y movimientos populares, y que seguiremos con atención durante todo el año. Entre estas se encuentran la violencia social presente en varios países —Haití, El Salvador, Colombia, entre otros—, producto del incremento de las desigualdades, del fortalecimiento de discursos reaccionarios y de odio, del crecimiento del crimen organizado de las pandillas y los grupos paramilitares, que ponen en peligro la vida de millones de personas en  el continente. Será clave seguir de cerca la disputa por los bienes comunes, ante el avance de proyectos extractivistas y las políticas soberanistas de los países por el control de los recursos naturales. También la problemática migratoria parece ser un fenómeno en ascenso, que profundiza la crisis humanitaria en un contexto donde proliferan las políticas antimigratorias acompañadas de discursos xenófobos. Por último, queda por ver los efectos que tendrá en los próximos meses una nueva escalada de contagio de casos de la Covid 19, que se comienza a manifestar en varios países.

Durante el 2021 sostuvimos en nuestros análisis que América Latina y el Caribe está en disputa y estos primeros meses del año 2022 no hacen más que afirmar esa hipótesis. Pero la disputa parece acelerarse a un ritmo frenético a medida que se acrecienta la crisis del capitalismo neoliberal y sus consecuencias destructivas para el ambiente y la reproducción de la vida. Primero la pandemia y ahora la guerra entre Rusia y Ucrania parecen ser el prolegómeno de un porvenir incierto sobre el que nadie se anima a hacer predicciones muy concluyentes. La única certeza es que habrá lucha. El impulso por avanzar hacia asambleas constituyentes en varios países y procesos de descolonización como en el Caribe son muestra de esto. Y siempre que los pueblos luchen hay esperanzas. Frente a la política de muerte y destrucción masiva del capitalismo se levanta la potencia de la vida de quienes —desde las periferias hacia el centro y de abajo hacia arriba— ponen en movimiento la Patria Grande.

Referencias

^[1] En el caso de América Latina y el Caribe es necesario tener en cuenta la dinámica de exportaciones e importaciones desde y hacia la Federación Rusa y Ucrania. En ese sentido, es importante señalar que la producción rusa representa el 15% del comercio mundial de fertilizantes nitrogenados y el 17% de fertilizantes potásicos con su impacto en la producción agrícola regional. Además,  el conflicto impacta en el turismo de la región del Caribe, sobre todo de Cuba y de República Dominicana, quienes eran destinatarios de  turistas rusos. Otro de los sectores afectados por el contexto económico internacional son las industria tecnológica —por ejemplo la producción de microchips— y automotriz. Esta última tiene cierta relevancia en la generación de empleo e ingresos en muchos países de América Latina.

Continuidades y rupturas en Nuestra América: Crisis, movilizaciones y panorama electoral →

Informe #12 – marzo y abril

Atravesando la nueva ola. Cambios, continuidades y disputas en la situación política continental →

Informe #13 – mayo y junio

Subiendo por la Cordillera de los Andes: cambios y procesos abiertos en todo el continente →

Informe #14 – julio y agosto

Frente a frente: Proyectos de integración en disputa, procesos electorales y movilizaciones populares →

Informe #15 – septiembre y octubre

Bajo la otra pandemia: crisis social, ofensiva neoliberal y movilización popular →

Informe #16 – noviembre y diciembre

Vientos de cambio y esperanza en un 2021 que termina: ¿en camino hacia una nueva ola progresista? →

Introducción

La crisis económica se despliega en el marco de la pandemia en todo el globo. La situación de los países del cono sur no es para nada excepcional. Sin embargo, la crisis en Argentina adquiere una forma particular: la inflación se mantiene alta y se suma a la lenta reactivación productiva.

En los documentos que presentamos a continuación, nos enfocamos en las dos caras del proceso inflacionario. Por un lado, la inflación opera en el país como una estrategia decidida por las grandes esferas del poder económico para incrementar sus ganancias y volcar la distribución del ingreso nacional a su favor. Lejos de las explicaciones monetaristas, los datos son lo suficientemente contundentes: los aumentos de precios responden a los objetivos de rentabilidad del gran empresariado. 

Por otra parte, como contracara de la espiral de aumento del costo de vida, tenemos el impacto en las clases trabajadoras. Evidentemente, el efecto de la inflación sobre los sectores asalariados y de ingresos fijos es uno de los principales temas a tener en cuenta en esta coyuntura económico-política que atravesamos. 

Desde el Instituto Tricontinental de Investigación Social, intentamos entonces presentarles algunos datos de mayor peso para comprender estos dos fenómenos vinculados: la inflación y la desigualdad. Incluimos, además, el análisis de las principales políticas estatales que ha llevado adelante el gobierno nacional para paliar esta situación compleja y un abordaje de las principales acciones de los actores sociales más relevantes. 

índice

El infinito espiral. La dinámica de los precios (descargar)

1. 1. El escenario económico y las características generales del actual ciclo inflacionario
   2. Concentración, precios internacionales y nuevos mercados
   3. Las ganancias al interior del empresariado
   4. Las políticas gubernamentales
   5. Los movimientos políticos del gran empresariado industrial

¿En una pendiente sin piso? La dinámica de los ingresos populares (descargar)

1. 1. Situación general de los ingresos
   2. La evolución de los salarios por sector
   3. Las medidas del Gobierno Nacional
   4. Las paritarias
   5. La agenda de los sindicatos y los movimientos sociales

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El infinito espiral
La dinámica de los precios

El escenario económico y las características generales del actual ciclo inflacionario ⤴

El análisis de cualquier dimensión de la economía argentina tiene que tener presente necesariamente la profundidad de la crisis económica de 2020. Según los datos del Ministerio de Economía, la contracción del producto bruto alcanzó  9,9%, una de las mayores caídas en la historia argentina y la más elevada de la región después de Perú. A su vez, hay que agregar que Argentina fue el único país latinoamericano que al momento de la irrupción de la pandemia arrastraba dos años consecutivos de caída del producto: 2,6 % en 2018 y 2,1% en 2019.

Después de las erogaciones extraordinarias que se registraron al inicio de la pandemia, se pasó a una reducción del gasto público en términos reales a partir del tercer trimestre de 2020. Para el primer trimestre de 2021 el gasto se había incrementado apenas un 0,6% respecto al mismo período del año previo. Los únicos ítems que crecieron dentro del gasto primario son los subsidios, en el marco del congelamiento tarifario, y los gastos de capital (infraestructura). Estos últimos, sin embargo, quedaron en términos reales en niveles similares a los de 2019.

En medio de un aumento significativo de la recaudación (en donde jugó un papel importante el impuesto extraordinario a las grandes fortunas) y de la reducción de la carga de vencimientos de la deuda producto de la reestructuración, esa política tuvo como resultado una sensible disminución del déficit fiscal (del 60% en términos reales para el primer trimestre). En suma, el camino asumido, desde el Gobierno Nacional, por lo menos hasta el primer cuatrimestre de este año, ha tenido más que ver con la búsqueda de generar un efecto virtuoso del equilibrio macroeconómico en el ciclo de recuperación, que en generar un impulso sostenido en base a una política fiscal expansiva.

Desde el tercer trimestre de 2020 comenzó a registrarse una reactivación impulsada en ese momento, fundamentalmente, por la inversión y el consumo privados. La reactivación se vio limitada por la segunda ola de contagios de Covid-19. Para el primer trimestre de 2021 se registró un crecimiento de la producción del 2,2% en relación al año anterior y el nivel del PBI -que según el INDEC creció 2,5% en ese lapso- no alcanza aún los valores del último trimestre de 2019 que, por cierto, fue un año de recesión debido a las políticas neoliberales de Cambiemos. 

En este contexto, el punto más saliente en términos económicos es, sin duda, la aceleración del proceso inflacionario, que tiene en los precios de los alimentos a uno de sus componentes de mayor importancia. Esa aceleración revirtió una tendencia inversa que se venía desplegando en la primera parte de 2020 en el marco de la crisis económica y de la caída del consumo privado fruto de la pandemia. Entre abril y septiembre del año pasado el índice de precios al consumidor (IPC) promedió un incremento del 2,1% mensual, mientras que en el primer trimestre de 2020 fue del 2,5% y había registrado un 3,7% en promedio durante 2019. A partir de octubre la tendencia cambió y la inflación minorista se elevó al 3,9% mensual en el promedio de octubre de 2020 a marzo de 2021, con un pico de 4,8% en ese mes. La tendencia a la desaceleración de la inflación desde abril de este año no representa un alivio significativo puesto que siguen siendo tasas elevadas, en particular en lo que respecta a los rubros alimentos y bebidas, transporte y salud. El aumento de precios de junio de 2020 a junio de 2021 ronda el 50,2% mientras que los alimentos alcanzaron un aumento del 53,2% en ese período. Muy lejos quedó la pauta de 29% inflacionaria que propuso el Gobierno Nacional para el presente año. 

Si tomamos como punto de referencia el último trimestre del año pasado, para poner en relación al aumento del IPC con otras variables fundamentales vamos a tener el siguiente panorama. Los salarios crecieron por debajo de la inflación, el incremento en el tipo de cambio se amesetó y se registró un mayor aumento en los precios internacionales de alimentos y bebidas a partir de enero. Sin embargo, la velocidad del incremento de los precios domésticos, y la estabilización actual del tipo de cambio –el ritmo de las devaluaciones está por debajo de la inflación en el último semestre–, lleva a poner el foco en las empresas formadoras de precios. Aquellas que poseen una posición dominante en la estructura productiva y logran  imponer condiciones en las diferentes ramas en las que operan. 

Hay que resaltar que en plena crisis sanitaria y en medio de un proceso de destrucción de puestos de trabajo y retroceso del salario real, esta dinámica inflacionaria se traduce en un significativo aumento de la participación de las ganancias sobre el producto, en desmedro de la participación de los salarios. En el último año, la participación de las ganancias sobre el producto alcanzó un 51%. 

Concentración, precios internacionales y nuevos mercados ⤴

Los ciclos inflacionarios en Argentina tienen siempre diversas fuentes. Las explicaciones liberales insisten en la expansión monetaria, la monetización del déficit fiscal (es decir, la emisión para financiar gasto) y la inflación de costos producto de los aumentos de salarios y precios internacionales de insumos. 

Por más que se fuercen una y otra vez estas explicaciones, la dinámica de precios en Argentina responde a dos factores: uno interno y otro externo. En el primer caso, frente a la reticencia de los empresarios para incrementar su rentabilidad por medio de mayor inversión y por ende mayores ventas, la puja distributiva entre empresarios y trabajadorxs desemboca en un traslado inmediato de esa presión a los precios. De esta manera, más que inflación de costos lo que tenemos por lo general es que la tensión distributiva en Argentina se resuelve mediante un margen de ganancia sobre costos que es inflexible y que, además, se encuentra entre un 30% y 50% por encima de lo que las mismas ramas obtienen en países centrales. 

Por otro lado, la dinámica de los precios internacionales tiene un efecto trascendental ya que nuestro país basa sus exportaciones en materias primas y manufacturas de origen agropecuario. Cada aumento de los precios internacionales de los bienes primarios, como cada aumento del tipo de cambio, se traduce de manera casi lineal en un aumento de  precios internos. Al mismo tiempo, la dependencia importadora de la industria manufacturera se encuentra asociada a los precios internacionales de insumos que se intercambian también en dólares. Ante cada aumento del tipo de cambio, los costos de producción de la industria manufacturera se incrementan y las empresas líderes de cada rama ajustan sus precios al alza. 

En los últimos años, la presión distributiva no fue un factor determinante en el espiral inflacionario. Por el contrario, desde 2016 las negociaciones salariales no han implicado aumentos salariales en ningún caso. La caída de la rentabilidad empresarial no se debió a factores distributivos, sino a la combinación de un modelo donde se priorizaron las finanzas y los servicios en detrimento de las ramas de producción de bienes, en el marco de una crisis internacional que afectó a las ramas más dinámicas del país. 

Ante esto, es claro que tenemos que buscar más en los factores indicados las explicaciones del ciclo inflacionario que comenzó en el último trimestre del año pasado y que tiene a los alimentos en un lugar determinante. Pasando por la corrida inicial contra el peso que elevó el precio del dólar, hasta el aumento de los precios internacionales y la consolidación de nuevos mercados de exportación, el alto nivel de concentración existente en toda la cadena de producción y comercialización agroalimentaria aparece como el gran elemento que facilita la suba indiscriminada de precios para incrementar ganancias y la adopción de medidas especulativas y coercitivas por parte del empresariado y hace más difícil cualquier acción estatal que pretenda regular y corregir la situación. Veamos una aproximación al despliegue de dichas variables. 

En primer término, hay algunos elementos coyunturales a tener en cuenta. Estados Unidos vino aplicando una política monetaria expansiva para paliar la crisis del coronavirus. Ese aumento en la emisión ha tenido un efecto devaluador del dólar ante otras monedas fuertes, lo que a su vez impacta en la demanda y en los precios internacionales de las commodities. Si a eso le sumamos que China, gran demandante de productos agropecuarios, es el país con el mejor desempeño económico durante la pandemia y la única potencia que mostró un crecimiento durante 2020 (6,5 % interanual en el último trimestre de ese año), entonces podemos comprender por qué en lo que va del año estamos ante un escenario internacional con precios más elevados. 

En efecto, esa suba presiona sobre los precios internos. Tanto de manera indirecta, por el desaliento de actividades agrícolas y ganaderas menos rentables en comparación -por ejemplo- con la soja y sus derivados, como de forma directa por el impacto en los productos que son insumo para la producción ganadera o para la elaboración alimenticia, como el maíz, el trigo o el girasol. A su vez, el nivel de concentración que existe en el complejo de cereales y oleaginosas, pero también en el polo exportador ganadero, posibilita acciones especulativas que pueden perseguir objetivos económicos inmediatos y también de condicionamiento político. 

En cuanto al frente exportador, los principales productos que vende el país pertenecen al sector oleaginoso (soja, girasol y sus derivados) y al complejo cerealero (cebada, maíz y trigo).  La participación de ambas producciones en el total de las exportaciones se ubica en torno al 45% del total. Los tres productos más exportados son: harina de soja, maíz y aceite de soja. 

El último informe de la Bolsa de Comercio de Rosario indica que el 90% de las exportaciones del sector, y por ende la mayor entrada de divisas, está en manos de diez empresas de origen nacional (4) y extranjero (6): Cargill (EEUU), Cofco (China), Oleaginosa Moreno, ADM (EEUU), Bunge (EEUU), AGD, Dreyfus (Francia), ACA, Molinos, Amaggi (Brasil). Las tres primeras concentran casi el 40 % del total de lo exportado. Las cifras del primer semestre del año hablan de un récord en la facturación y en el ingreso de divisas por esos rubros, aunque el volumen exportado es menor y por más que en las últimas semanas se haya registrado una baja en los precios. Para tener una referencia concreta: en el mes de junio los grupos agroexportadores liquidaron un 43% más en la comparación interanual.  

En ese marco, a comienzos de año se generó un conflicto significativo con las cámaras de productores y exportadores de maíz, en el cual el Gobierno Nacional estableció un acuerdo para garantizar el abastecimiento interno luego de imponer durante unos días cuotas de exportación. 

El conflicto con los exportadores de carne ha sido el otro gran emergente en esta coyuntura. En una actividad con una alta concentración, principalmente, en la comercialización, tanto interna como hacia el exterior, el aumento de precios responde a una estrategia de los actores dominantes para recuperar rentabilidad. A eso hay que añadir el papel de China y el incremento de la compra de carne bovina por parte del gigante asiático. 

La reactivación en Estados Unidos y la Unión Europea a partir de la masificación de la vacunación y el crecimiento económico en China empujan hacia arriba la demanda y los precios.  Argentina es el cuarto proveedor mundial de carne y el segundo mayor abastecedor de China, lejos el principal destino de la producción local. Allí se coloca el  75% del total, con un incremento del 1138% en los últimos seis años. 

En su momento, el gobierno de Mauricio Macri liberalizó las exportaciones. Desde 2015 las ventas al exterior crecieron casi un 300% y el consumo interno no paró de bajar. En aquel año Argentina destinó al comercio internacional el 7,7% de su producción, para 2019 el 21,7% y actualmente el 29%. En ese período, cada argentinx dejó de consumir alrededor de 15 kilos en promedio por año. 

El peso de la carne en la economía familiar es notorio. Tiene una incidencia en el Índice de Precios al Consumidor que está en torno al 10%, lo que ubica a este tema entre los más urgentes. En mayo el precio promedio de la carne vacuna aumentó 5,9%. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en términos interanuales los cortes populares fueron los que más crecieron y se movieron por encima de la variación de precios del período. A la cabeza de los aumentos sobresalen cortes como el asado (92,6%), el matambre (80,2%) y el vacío (84,6%). 

En cuanto a la producción y comercialización de productos esenciales el nivel de concentración está a la vista con solo recorrer un pasillo de un gran supermercado. Esa imagen ilustra el poder de los formadores de precios sobre lxs consumidorxs. 

Se trata de una situación estructural que viene de lejos y que la pandemia agudizó, al incrementar la distancia entre las cadenas de supermercados y los comercios de cercanía. Para mostrar un indicador, mientras que a principios de 2020, las ventas por dispositivos online representaban el 1,4% del total y llegaban a los $980.259 millones, actualmente ya representan un 4,7% y suman un total de $3678006. Obviamente son las firmas más grandes las que tienen las mejores condiciones logísticas y presencia territorial, para aprovechar el nuevo escenario.  

Actualmente, según el INDEC, las grandes cadenas de supermercados concentran el 83 % de las ventas totales del sector. Las tres cadenas principales (Carrefour, Cencosud -Jumbo, Disco, Vea- y Coto) son responsables de aproximadamente la mitad de las ventas del sector. Carrefour y Cencosud operan en la mayoría de las provincias del país. Coto cuenta con más de la mitad de sus sucursales en la Caba. 

En tanto, supermercados DIA, de capitales españoles, con sus locales más pequeños, es la cadena con mayor cantidad de sucursales, ubicadas principalmente en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires. 

Un informe del CEPA muestra otros datos reveladores de los grupos económicos dedicados a la producción de alimentos y bebidas. Estos son algunos de los que evidencian mayores niveles de concentración: 

La existencia de unas pocas grandes empresas en los rubros de consumo masivo es un condicionante clave para entender la dinámica de los precios que pagan lxs consumidorxs finales y también para la cadena productiva en su conjunto. En los hechos, al tener en el centro a los productos de primera necesidad el proceso inflacionario que atraviesa el país significa un proceso de transferencia de riqueza desde lxs asalariados y las Pymes a los grupos oligopólicos. 

Las ganancias al interior del empresariado ⤴

Está claro que esta dinámica de los sectores concentrados no responde a un fenómeno coyuntural, sino más bien a la condición estructural dependiente de nuestro país. En ese sentido, esta condición conjuga dos elementos de gran importancia para nuestra economía y, por tanto, para la reproducción del poder del gran empresariado. Por un lado, las ramas ganadoras en diferentes períodos y con diferentes marcos de política macroeconómica han sido las ramas vinculadas a los sectores primarios y extractivos, con la excepción de las manufacturas dedicadas a los rubros de alimentación. Por otro lado, la concentración que mencionamos en el apartado anterior es un fenómeno propio del capitalismo en general, pero fuertemente marcado en el capitalismo periférico. 

En cuanto al primer punto, si tomamos en cuenta tres períodos desde la década del ‘90 a esta parte, en donde se dieron diferentes proyectos económico-políticos, encontramos que las ganancias sobre el capital invertido de las ramas vinculadas a la Agricultura y Ganadería y Minas y Canteras, se ubican de modo constante muy por encima del promedio de ganancias de la economía. Por dar un ejemplo concreto, en 2016-2019 el promedio de la ganancia sobre capital invertido de la economía alcanzó el 33% mientras que agricultura y minería alcanzaron niveles muy superiores (44% y 91%, respectivamente). Vale aclarar que en 2020, los efectos de la profunda crisis de la economía no se vieron reflejados en la rentabilidad total, principalmente por los niveles de desinversión que redujeron los riesgos de pérdidas del gran empresariado.  

Hay una novedad de los años de Cambiemos que permanece como un problema de peso durante el año 2020: los servicios de electricidad, agua, gas incrementaron sus ganancias en promedio un 100% y marcaron la diferencia central con el período previo. 

Claro que la contracara de esta súper rentabilidad de ciertos sectores lleva no sólo a un aumento de la participación de las ganancias en el PBI en desmedro de la participación de lxs trabajadorxs, sino que además tenemos un diferencial en esta desmejora de la distribución de ingresos durante la ofensiva neoliberal de Cambiemos y el año de crisis del coronavirus. En todas las ramas (a excepción de construcción), los ingresos del empresariado en relación al producto se incrementaron entre 2015 y 2020, pero en particular en las ramas de agricultura y minería los incrementos llevaron esas participaciones a niveles muy elevados: 65% y 74% para agricultura y para minería, respectivamente, en el año 2020. Mencionamos esto porque, efectivamente, es un indicador del aumento de la desigualdad entre empresarios y trabajadorxs. En promedio todxs lxs trabajadorxs empeoraron su condición en 5 años, pero fueron los empresarios  de las ramas más dinámicas los que recibieron una porción sustancialmente mayor de la torta en detrimento de lxs trabajadorxs. 

Este recorrido es sólo para indicar que efectivamente el poder del gran empresariado ligado a las ramas primarias, extractivas y de alimentos responde a posiciones estructurales que por el momento aparecen como incuestionables. Ahora bien, pensando en la coyuntura la prueba de este poder estructural se puede ver en los datos concretos de aumento de los márgenes de ganancia de las grandes empresas de cada rama entre el año 2020 y el 2021. 

Sólo tomando un puñado de empresas testigo, que son algunas de las fijadoras de precios en cada rama de actividad, tenemos el siguiente cuadro: 

En todos los casos, las ganancias dieron un salto significativo. Tanto empresas de la alimentación (como Molinos Río de La Plata, Ledesma y Arcor), como la megacorporación de telecomunicaciones (Grupo Clarín-Telecom) y las empresas líderes de ramas metalúrgicas con inserción en cadenas globales de valores, pasaron de tener pérdidas en 2020 o resultados menos abultados, a grandes ganancias. 

¿Bajo qué estrategia estas empresas lograron incrementar sus ganancias? Difícil saberlo en detalle. Pero podemos al menos inferir que el efecto de los incrementos de precios en sus rubros principales y las inversiones financieras especulativas, en particular en fondos de inversión de alto riesgo, son dos de las formas concretas para dar cuenta de estos incrementos de peso en las ganancias de las megacorporaciones. Los incrementos de precios son una herramienta a mano debido a su posición dominante e incuestionable en cada mercado en el que operan y se demuestra con claridad ante cada incremento mensual de la inflación.

Lo interesante en este punto es que, repasando los balances de cada empresa, los costos totales muestran una disminución (en algunos casos por la vía financiera y en otros vía los costos operativos) entre 2020 y 2021. Ante estos datos producidos por las mismas empresas, en los balances obligatorios de las empresas líderes, encontramos que toda la estrategia de aumento de precios de las grandes empresas tiene más que ver con ganar participación en el producto y aumentar sus ganancias que con sostener las ganancias debido a los incrementos de costos.

Más allá de la profunda crisis que transitamos en 2020 y la lenta recuperación de este 2021, las mega corporaciones que marcan el ritmo de las diferentes ramas de producción parecen indemnes a los impactos en el empleo y los ingresos, como ocurre con la gran mayoría de las empresas pequeñas y medianas del país. Así lo indica, por ejemplo, el balance de ARCOR S.A propiedad de la familia Pagani, cuando afirma que  «el Grupo no ha sufrido impactos significativos en sus resultados como consecuencia de la pandemia».

Y estos resultados los atribuyen centralmente a la dinámica de incremento de la demanda de alimentos de China que implicó precios internacionales de alimentos con fuertes alzas. 

En definitiva, aquí radica la importancia central del control directo de precios de exportación, de las posibilidades de liquidación de exportaciones con intervención estatal y de la participación del Estado mediante empresas testigo que permitan monitoreo de costos. Sin estas herramientas, que han sido progresivamente arrebatadas por los gobiernos neoliberales, las empresas líderes de los rubros más sensibles para los bolsillos populares, continúan realizando la mayor parte de su producción en el mercado internacional y tienen la posibilidad de remarcar precios internos en función de los precios internacionales. 

Las políticas gubernamentales ⤴

En el marco de la crisis económica y del incremento del proceso inflacionario, el gobierno ha puesto en juego una estrategia con varias líneas de acción orientadas por un horizonte que por ahora estuvo más ligado a generar equilibrios macroeconómicos que a impulsar la recuperación incentivando el consumo interno. La implementación de una política fiscal y monetaria austeras y de una política cambiaria centrada en la desaceleración del ritmo devaluatorio constituye el marco general en cual el oficialismo desplegó una serie de medidas para intentar garantizar que el incremento de precios no atente contra el incipiente crecimiento de la economía. Esas medidas, que evidencian efectos desiguales y sobre todo insuficientes, se llevaron a cabo en dos carriles fundamentales: los acuerdos con los sectores empresarios y demás programas que pretendieron contener los precios de los productos de primera necesidad; y la debatida definición de actualizar las tarifas de los servicios públicos bien por debajo de los índices de inflación.

Entre las principales acciones para el control de precios y la diversificación del acceso a productos de primera necesidad, hay que mencionar:

• Programa Precios Máximos: establecido en marzo de 2020, congeló el precio de 2300 categorías de productos. Se fue prorrogando con ajustes y a partir de noviembre comenzó el descongelamiento gradual por grupos de productos. Fue resistido hasta último momento por los empresarios nucleados en la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal). 
• Programa Precios Cuidados: vigente desde 2014, actualmente abarca 702 artículos de primera necesidad. Se basa en generar precios de referencia negociados con las empresas que participan voluntariamente, con actualizaciones cada tres meses. En julio el promedio de los aumentos quedó en 5% con respecto a abril. Según la Secretaría de Comercio Interior, con la reciente incorporación de 32 productos lácteos se duplicó la cantidad de empresas que participan del programa, muchas de ellas pymes. Las ventas de los artículos incluidos representan el 10% de las ventas en supermercados.  
• Programa Súper Cerca: lanzado en junio, establece 70 artículos de alimentos, bebidas, aseo y limpieza con precios fijos hasta fin de año en almacenes y autoservicios de barrio. El acuerdo, que implicó una reducción promedio en los precios de un 7%, se selló con empresas líderes que garantizan la distribución. Como condición, los precios deben figurar en los envases.  
• Acuerdos por la carne: después de decretar el cierre de exportaciones (aunque mantuvo abiertas las ventas de cortes de alta calidad a EEUU y la Unión Europea), el 22 de julio el Gobierno anunció una serie de medidas negociadas con los frigoríficos exportadores y las grandes cadenas de supermercados. En primer lugar, la reapertura gradual de las exportaciones, con un tope del 50% del volumen mensual promedio exportado en 2020. Transitoriamente no podrán exportarse un conjunto de cortes para garantizar el consumo interno. En segundo lugar, se amplió el acuerdo de precios internos, con ofertas de cortes a valores accesibles toda la semana y con precios hasta un 45% más bajos. También se informó la ampliación de los puntos de venta del Mercado Federal Ambulante. En tercer lugar, se pondrá en marcha un Plan ganadero, consensuado con los empresarios del sector, que tiene como objetivo aumentar la producción de carnes. 
• Ley de góndolas: aprobada en el Congreso a principios de 2020, se reglamentó en diciembre y los supermercados minoristas tuvieron hasta mayo para adecuarse. La norma involucra a los grandes supermercados y los obliga a garantizar un 25% de la góndola para la exhibición de productos de micro y pequeñas empresas nacionales y un 5 por ciento adicional para productos originados por la economía popular. Además, establece que debe señalizarse el artículo más barato en cada rubro y una sola marca no puede abarcar más del 30% de cada góndola. Se trata de una iniciativa cuya aplicación dependerá directamente de la capacidad de inspección que tenga la Secretaría de Comercio Interior, y también de que se acorten los plazos de pago que con los que suelen manejarse las grandes cadenas de supermercado y que son inviables financieramente para cualquier emprendimiento pequeño o mediano.

Por otra parte, una de las acciones que más impacto positivo ha tenido en el esquema de precios es, sin dudas, la política implementada respecto de las tarifas de los servicios públicos. Mientras los entes reguladores analizaron el estado de situación del sistema y, en el marco de la emergencia sanitaria, en todo 2020 se sostuvo el congelamiento de las tarifas de luz, gas y agua. Una vez concretado el descongelamiento, en mayo el Ente de Regulación de la Energía Eléctrica (ENRE) y el Ente Regulador del Gas (ENARGAS) anunciaron aumentos del 9% y 6% respectivamente.

La medida, que coloca los aumentos habilitados muy por debajo de la inflación acumulada en 2020 y de las estimaciones sobre la pauta inflacionaria para este año, apunta a aliviar el peso de este rubro en los gastos de los hogares y busca apuntalar el crecimiento económico. La contrapartida es el impacto que tiene en las cuentas públicas como consecuencia de los subsidios puestos en juego por el Estado Nacional. Más allá de los cálculos financieros y de su impacto directo en la distribución del ingreso, hay que enmarcar esta cuestión -que de hecho generó debates y tensiones públicas dentro del equipo de gobierno- en los requerimientos planteados por el FMI para llegar a un acuerdo sobre la reestructuración de la deuda y en las posibles estrategias a sostener en esa negociación. La ecuación es sencilla, a menos aumento en las tarifas más aumento en los subsidios y por ende menos reducción del déficit fiscal, al menos en lo inmediato. El debate que se dio en el Frente de Todxs implica evaluaciones diferentes respecto a cómo calibrar tres grandes variables: el papel del gasto público en la recuperación, la situación del salario real luego de cuatro años de caída y los tiempos para sellar un acuerdo con el FMI.

Veamos los datos centrales a tener en cuenta para ponderar integralmente la política oficial en esta materia: 

• En 2019, de cara a las elecciones, el gobierno de Macri suspendió la serie de aumentos que había pautado y que venía implementando en los años previos. Esa sucesión de aumentos había implicado una baja de los recursos públicos destinados al sector, que habían tenido un pico en 2014 (15.753 millones de dólares, un 2,8% del PBI). Para el último año del gobierno de Cambiemos las cifras fueron 4753 millones y 1,1%, respectivamente.
• El congelamiento de las tarifas de gas y electricidad provocó un aumento sensible en el nivel de subsidios en 2020. Los subsidios energéticos aumentaron un 31% respecto a 2019, alcanzando los 6.200 millones de dólares (1,6% del PBI).
• Ese incremento se produjo en un año donde los productos energéticos tuvieron una histórica caída a raíz de la pandemia. Por lo cual, en cualquier escenario los subsidios energéticos en 2021 serán mayores a los de 2020.
• Según diversos análisis, el incremento pautado en las tarifas de luz y gas, del 9% y del 6%, generará un incremento en los subsidios de entre 650 y 700 millones de dólares. Vale agregar que ese aumento redundará en un incremento del ingreso de las compañías distribuidoras de gas y electricidad que rondará el 20%. 
• Si los subsidios energéticos en 2020 representaron el 1,6% del PBI, con los incrementos anunciados, este año los subsidios serán de alrededor del 1,8% del producto. Por lo tanto, un aumento tarifario mayor (el Ministro Guzmán llegó a hablar de un 30%), implicaba la posibilidad de estar más cerca de congelar esa proporción o incluso de disminuirla, pero con un costo muy importante en términos distributivos, puesto que el impacto de un aumento superior al 30% en las tarifas implicaría un aumento del costo de vida cercano al 3% mientras que los aumentos del 9% habilitados el anterior no alcanzan el 1% de impacto en la inflación general a nivel nacional. La tensión es entonces entre la cuestión del orden fiscal, ligada a la negociación con el FMI, y los impactos en el bolsillo de una reducción de subsidios.

En lo que hace a los servicios públicos, la otra esfera determinante está dada por las telecomunicaciones. En agosto de 2020 el Gobierno Nacional decretó (DNU 690/20) el carácter de servicio público esencial en competencia para la telefonía móvil y fija, Internet y la TV por cable, congeló el valor de las tarifas y estableció la Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU) para cada uno de esos servicios. A partir de ese momento las tarifas del sector quedaron reguladas y bajo la órbita de la autoridad de aplicación, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). 

Desde enero, el Enacom habilitó una serie de aumentos que de conjunto están claramente por debajo de la inflación acumulada desde agosto (47%) y también por detrás de la inflación del primer semestre (25%): 

• En enero un 5% para los servicios de telefonía fija, móvil, internet y TV por cable. 
• En febrero permitió a las compañías de telefonía celular aumentar un 7,5% y, luego, otro 2,5% en marzo.
• Las compañías de TV por cable, internet y telefonía fija, pudieron aumentar entre un 5% y un 7,5% a partir de marzo de este año a condición de que devolvieran los aumentos realizados de forma indebida (algo que nunca hicieron). 
• En julio el Enacom aprobó un aumento general del 5%. 

Por el momento, esta política ha chocado con la estrategia asumida por las principales empresas de telecomunicaciones, que acudieron a la Justicia para trabar los efectos prácticos del DNU 690 y lograron fallos que en los hechos avalan y permiten aumentos muy por encima de los permitidos. El desafío permanente por parte de esas corporaciones no ha tenido hasta el momento una respuesta acorde por parte del oficialismo y los organismos de la administración pública.     

Los movimientos políticos del gran empresariado industrial ⤴

Recientemente se llevó a cabo la renovación de autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA). La llegada de Daniel Funes de Rioja a la presidencia tiene muchas aristas significativas para el análisis de la estrategia desplegada por la cúpula del gran empresariado local en el escenario que venimos describiendo y analizando. 

Por empezar, hay un gesto claro hacia el Gobierno Nacional. Más allá de los resultados concretos, junto con el Consejo Agroalimentario Argentino (CAA), la UIA venía siendo un interlocutor privilegiado para el gobierno del Frente de Todxs en sus llamados a tejer acuerdos puntuales y sus convocatorias a construir consensos sobre perspectivas de  mayor alcance (como la puesta en escena del Consejo Social y Económico). La pandemia y la agudización de la crisis económica pusieron como prioridad casi absoluta a los problemas urgentes, pero el equipo económico encabezado por Marín Guzmán y Matías Kulfas venía encontrando en la entidad industrial una postura mucho más dialoguista y constructiva que, por ejemplo, sus colegas de la Sociedad Rural o de la Asociación Empresaria Argentina, que nuclea a los principales empresarios a título personal. Los movimientos en la conducción de la UIA auguran más tensiones y, a priori, colocan a la entidad un poco más cerca del bloque opositor que -con sus patas empresarial, política y judicial- viene accionando sistemáticamente para condicionar al gobierno del FDT. En otro plano, la reciente incorporación de la Mesa de Enlace al CAA, puede tener efectos en un sentido similar. 

En segundo término, la designación de Funes de Rioja ratifica la definición de los principales grupos del poder económico local de imponer su conducción política y sus intereses más sectoriales al conjunto del empresariado industrial. Sus caras más visibles son Techint, Arcor, Ledesma y, también, Mercado Libre. Por fuera de la UIA, el Grupo Clarín. Se trata de una línea de acción que se viene desplegando a lo largo de la última década, evidenciada en la tendencia a ocupar más los primeros planos en los espacios de conducción gremial mediante alfiles de su riñón y en el impulso a nuevas entidades corporativas, como el Foro de Convergencia Empresarial. A su vez, en términos de intereses, se trata de las fracciones más concentradas -oligopólicas-, crecientemente transnacionalizadas y cuyo desarrollo depende menos de un mercado interno pujante. Su programa tiene como eje fundamental la liberalización de la actividad económica, incluyendo las instancias que reglamentan las condiciones salariales y de trabajo, y el rechazo a cualquier esquema tributario proclive a generar una mejor situación distributiva.  

La crisis económica ha reforzado las tensiones y contradicciones entre las distintas fracciones del empresariado. Aunque suene exagerado, para los industriales que dependen de un mercado interno tan golpeado, en especial para las Pymes, el tipo de política económica es lo que, en muchos casos, determinará su supervivencia o su desaparición. La diferencia con las firmas más grandes, y más aún con las ligadas directamente al comercio exterior, es muy clara. Como ya señalamos, estas ya recompusieron márgenes y aumentaron sus ganancias por encima de la inflación gracias a su posición dominante. 

En este marco se resolvió la sucesión en la conducción de la UIA y se dieron los primeros pasos de su nuevo titular. Tal como hizo saber José de Mendiguiren, dos veces expresidente de la UIA y actual titular del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), la otra candidatura que estuvo en danza fue la de Miguel Angel Rodríguez, de la fábrica de pinturas Sinteplast, una compañía cuyas ganancias dependen del nivel de actividad interna y del éxito de la incipiente reactivación de la construcción a pequeña escala. A Rodríguez lo apoyaba incluso el presidente saliente, Miguel Acevedo, de Aceitera General Deheza (AGD). Sin embargo, desde Techint y Arcor le hicieron saber que no contaría con su aval, por lo que bajó su candidatura y quedó integrado en la nueva comisión directiva como Secretario General. 

Daniel Funes de Rioja no es un industrial clásico. Es un cuadro técnico que desde hace décadas ocupa puestos relevantes en las entidades empresarias. Abogado, docente en la Universidad Católica (UCA) y de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), desde 1967 asumió diversas tareas en la UIA. A partir de 1976, representó a la Institución internacionalmente en la OIT. Fue Vicepresidente Ejecutivo de la Organización Internacional de Empleadores, entre 2001 y 2014, y luego su Presidente hasta 2017. También presidió en los años noventa el Comité Empresarial de Asuntos Laborales de la OEA. Desde esos cargos impulsó cuestionamientos al derecho a huelga y a las normas que garantizan el derecho a un salario mínimo y vital.

Desde 2009, Funes de Rioja está al frente de la poderosa Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal). El espacio nuclea a 37 cámaras, en donde coexisten  verdaderos gigantes transnacionales y otros actores medianos, empresas ligadas al consumo interno y otras con una importante actividad exportadora, como el Consorcio de Exportadores de Carnes ABC, que ocupó las primeras planas a raíz del debate por la escalada de precios y el cierre de exportaciones del sector.

Más allá de toda formalidad, el 8 de junio Funes de Rioja pronunció un discurso de asunción en el que quedó muy clara la orientación que se fortalecerá con su presidencia. 

Lejos de poner el eje en la necesidad de contribuir a paliar la profunda crisis social y económica que atraviesa el país fruto de la pandemia de Covid-19, el flamante titular de la UIA hizo un llamado a que todos los sectores aporten en la consolidación de lo que llamó “las tres C”: Certidumbre, Confianza y Concertación. También se refirió a la necesidad de retomar el camino comenzado por tres figuras de la historia argentina: el republicanismo de Juan Bautista Alberdi; el ideario de la generación del ́80, destacando el aporte realizado por Carlos Pellegrini para jerarquizar el papel de la industria nacional; y la visión estratégica de Arturo Frondizi. En otras palabras, una reivindicación del republicanismo y las libertades individuales, del trabajo nacional representado en la industria, y de la idea del desarrollo económico “solvente” ligado a la “unidad nacional”, divergente con cualquier “partidismo”.

Hechas esas referencias más conceptuales, Funes de Rioja se concentró en los elementos programáticos de su gestión. Por empezar, fijó como criterio rector la afirmación de la actividad privada como “principal generador de riqueza y prosperidad”. En ese punto, se refirió a un gran objetivo: “Argentina necesita realizar las reformas que transformen recuperación en crecimiento sostenido”. Y dejó planteados dos planos sobre los que deberían actuar esas reformas: la macroeconomía y las políticas estructurales de largo plazo. Allí destacó la necesidad de “reglas de juego previsibles”, “precios relativos estables” y “políticas que bajen la nominalidad”. Bregó por “un sistema laboral tributario que potencie la inversión y el empleo, así como nuestra inserción en el mundo”. Y destacó como objetivos el “aumento de la productividad”, el “potenciar el perfil exportador” y la generación de “incentivos para más empleo formal”. 

 Una vez asumido, Funes de Rioja dio una conferencia de prensa en la que se refirió a las demandas más urgentes que promoverá la entidad. Por un lado, dejó en claro su desacuerdo con lo que denominó el «triple cepo laboral», en referencia a las prohibiciones de despidos, suspensiones y la doble indemnización, implementadas por el Gobierno Nacional para sostener el empleo en medio de la pandemia. En esa línea, afirmó que «cuando se generan obstáculos de esta naturaleza a la posibilidad de contratar y despedir se dificulta la entrada de nuevos trabajadores». Por otro lado, adelantó que reclamará al equipo económico “medidas pro inversión”, una “menor presión tributaria”, y un ataque a lo que llamó “competencia del sector informal». 

 De este modo, si contemplamos las primeras intervenciones públicas del nuevo titular de la UIA y las proyectamos sobre el telón de fondo que representa el accionar del gran empresariado que hemos descrito en este documento hay mínimamente dos cosas que podemos concluir. Por un lado, para esos sectores no existe margen para ninguna medida “excepcional” que podría haber sido aceptable en el peor momento de la pandemia. Por otro, la cúpula del gran empresariado encabeza una ofensiva en pos de imponer sus intereses y no encuentra razones de envergadura para aminorar su marcha. 

¿En una pendiente sin piso?
La dinámica de los ingresos populares 

Situación general de los ingresos ⤴

Es fundamental comenzar diciendo que estamos ante una “crisis de empleo”. El saldo en 2020 fue de 1,1 millones de puestos de trabajo menos. La persistencia de esa crisis se pone de manifiesto en el hecho de que la recuperación de la tasa de empleo registrada en el primer trimestre de 2021 no alcanza para que este indicador llegue a los niveles que tenía en el primer trimestre de 2020. Según el INDEC, la cantidad de trabajadorxs empleadxs sobre la población económicamente activa ronda el 41%, un nivel un poco inferior al del primer trimestre de 2020. En el mismo sentido, si bien la tasa de desocupación descendió desde el peor momento de la crisis en 2020, para el primer trimestre de este año se mantuvo en niveles mayores a la situación de pre-pandemia: 13,1% en el segundo trimestre de 2020;  11% en el marco de la recuperación del cuarto trimestre y 10,2% en el primer trimestre de 2021. A su vez, entre los puestos de trabajo que se recuperaron, hay un alto grado de informalidad y precariedad, ya que el 40% son empleos de menos de 35 horas semanales. Muchos de los nuevos ocupadxs buscan activamente otro empleo, lo que explica la tasa de subocupación del 11%, en lo que se denomina como “efecto-llamado” dado que el empleo que poseen lxs trabajadorxs no resuelve sus necesidades cabalmente. 

Un elemento fundamental en ese escenario es el proceso sostenido de destrucción de empresas que se inicia con la irrupción de la crisis en 2018 y se sostiene en el marco de la pandemia sanitaria. Según datos de la AFIP, referidos a los empleadores registrados: en noviembre de 2020 se registraron 7,6% de empresas menos que las que había en diciembre de 2017. En términos absolutos, estamos hablando de 43 mil empresas, de las cuales casi la mitad cerraron en 2020. 

El deterioro del 8% que sumó el salario promedio en el primer semestre de 2021 se suma al de los últimos tres años. La depresión del poder adquisitivo acumula desde 2018 un 28% y amenaza con convertirse en la más prolongada de la democracia. Los datos de precios de mayo y junio (hipervínculo al Doc 1), sin haberse generado nuevos acuerdos salariales más que en algunas ramas puntuales, nos dan la pauta de que el salario efectivamente se encuentra a la baja en términos reales. Después de tocar un piso en enero, en abril el salario real medido por la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) creció por tercer mes consecutivo, pero en mayo volvió a caer. En el acumulado de 2021 este indicador muestra un aumento del 20,4% contra una inflación del 17,6%, aunque está casi en los niveles de diciembre de 2020 y por debajo de lo que entregó el gobierno de Cambiemos. Es más, si se lo compara con 2015 el salario real sigue un 22% abajo.

Desde este año los ajustes jubilatorios se definen en base a la Ley de movilidad promulgada en enero, que toma en cuenta en partes iguales el aumento de los salarios y la evolución de la recaudación tributaria con destino a la ANSES.
En la primera mitad de 2021 las jubilaciones recibieron dos aumentos trimestrales —8,07% en marzo y 12,12% en junio— lo que representa un suba de 21,2%. Así, con el aumento de junio incluido, la actualización está incluso por debajo de la inflación acumulada hasta mayo según el INDEC, que fue de 21,5%.
La caída acumulada desde mayo de 2015 es del 29,4% para las jubilaciones mínimas, que cobran más de 4 millones de jubiladxs (sobre un total de 6,6 millones). Con una inflación de 2,5% en agosto, un supuesto que está por debajo de los niveles que alcanzaron los precios en los meses previos, las jubilaciones caerían en términos reales un 8% más.

En este marco, la política fiscal y monetaria desplegada al menos hasta el  primer cuatrimestre de 2021 pueden caracterizarse de mínima como moderadas. Tanto el nivel del gasto público como de la base monetaria en términos reales son históricamente bajos. Si bien, en los últimos dos meses se evidencian medidas que significan una inyección -directa o indirecta- de recursos en los sectores más perjudicados por la crisis y también en sectores medios, la política económica no ha operado por ahora como motor fundamental de la recuperación económica tras el peor momento del parate producto de la pandemia. 

La evolución de los salarios por sector ⤴

Los impactos promedio de la inflación sobre los ingresos no dan cuenta de la cabal diferencia entre los sectores más expuestos y excluidos y el resto de los sectores asalariados y de ingresos fijos (jubiladxs y pensionadxs, beneficiarixs de programas socio-productivos, etc.). En este punto, cabe la pregunta sobre el impacto de la caída de ingresos al interior del pueblo trabajador.

En buena medida, la caída del salario real para los sectores de trabajadorxs formales nos da una idea de que la reducción del salario real es la contracara del incremento de las ganancias de las grandes empresas y, por tanto, los dos indicadores (ganancias y salarios) nos acercan a la idea de que la inflación es un fenómeno centralmente distributivo.

El primer análisis que resulta evidente es identificar la diferencia entre los ingresos reales de trabajadorxs formales, informales y del sector público. Más allá de la caída promedio de ingresos reales entre lxs trabajadorxs, encontramos que los ciclos de aumento y caída del salario real difieren entre estos grupos de trabajadorxs.

En el siguiente gráfico vemos los datos que incluimos más arriba sobre la dinámica de los salarios, pero la separación entre tipos de trabajo nos da la pauta de que los salarios de lxs trabajadorxs estatales mostraron las caídas más pronunciadas ante la aceleración de la inflación. Por su parte, lxs trabajadorxs no registrados fueron los únicxs que en un período (el último trimestre del año pasado) tuvieron incrementos de salarios por encima de los incrementos de precios. En enero de 2021 esta tendencia desapareció por completo y en todos los casos los ingresos cayeron en términos reales. En efecto, lxs trabajadorxs del sector público fueron aquellos sobre los que recayeron los costos más importantes en términos de pérdidas de poder adquisitivo. 

Salarios por tipo de trabajo y aumento de precios

Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC.

Estos resultados se deben a dos fenómenos que están vinculados. Por un lado, como hemos mencionado, las paritarias no lograron alcanzar los incrementos del costo de vida. Más aún, se produce el ajuste tardío de las paritarias de trabajadorxs formales a los incrementos de precios ya producidos (en particular en los primeros meses del año). En este sentido, algunas paritarias únicamente logran alcanzar los niveles previos al aumento de precios y la nueva exposición a la inflación sitúa nuevamente el poder adquisitivo en los niveles previos. Por otro lado, el proceso de desalarización tuvo durante el gobierno de Macri una gran aceleración. Muchos de los “empleos” creados en los primeros años de la gestión de Cambiemos fueron en realidad puestos de trabajo asalariados encubiertos tras la denominación de autónomos o trabajadorxs free-lance. Este proceso siguió una tendencia creciente enmascarada en el discurso del “emprendedorismo” durante los años de pandemia. Eso hizo que buena parte de los aumentos de los ingresos de los considerados “informales” no sean apropiados por asalariadxs informales, sino más bien autónomos que tienen ingresos complementamente pro-cíclicos. 

Un elemento que es clave tener en cuenta es que estos datos sólo nos muestran la evolución de los salarios de cada sector pero no su nivel, es decir, el salario que efectivamente cobran de bolsillo (o bien en bruto) los diferentes sectores de trabajadorxs. Aquí radica la diferencia clave. Si bien no tenemos datos actualizados para estos últimos meses, en diciembre de 2020 los ingresos de lxs trabajadorxs registrados se encontraban 2,3 veces por encima de los ingresos de los trabajadores no registradxs. Y más aún, se evidencia una sustancial desigualdad de ingresos entre asalariadxs y patrones, como podemos ver en este cuadro: 

Esta situación estructural nos muestra que la pandemia y el proceso inflacionario iniciado por los formadores de precios no hace más que incrementar las imposibilidades de los sectores trabajadores más vulnerables. Son precisamente estos sectores los que reciben un ingreso muy reducido en relación a los aumentos de la canasta básica total (indicador de la pobreza por ingresos).

Estos datos nos aproximan a la desigualdad al interior de la clase trabajadora que se mantuvo en niveles elevados en estos años. Sin embargo, la conclusión más importante a la que podemos arribar es que los años de pandemia, como mencionamos en el informe anterior, incrementaron centralmente la desigualdad entre empresarios y trabajadorxs, reafirmando el poder estructural del gran capital y dando espacio para su estrategia de incremento de ganancias por precios y no por mayores ventas. Para concluir, es posible ver ese carácter estructural de la desigualdad al interior de la clase trabajadora desde 2003 hasta 2020 en el siguiente gráfico: 

Ingresos por categoría ocupación en relación al promedio

Fuente: elaboración propia en base a datos de EPH-INDEC.

Lo que analizamos aquí es que en todo el período los jefes, los asalariados profesionales, los autónomos profesionales y los asalariados técnicos han obtenido ingresos por encima del promedio (100% AGREGAR UNA LÍNEA RECTA EN EL 100%). Mientras que el resto de las categorías socio-ocupacionales se encuentran sistemáticamente por debajo del promedio de los ingresos de la clase trabajadora. Las variaciones son muy pequeñas entre 2003 y 2020.

Según estos datos, la desigualdad y heterogeneidad estructural al interior de lxs trabajadrxs es muy importante pero relativamente estable en el tiempo. En cambio, los efectos de la crisis y el espiral inflacionario que no parece ceder, tendieron a incrementar la desigualdad entre clases, es decir, aumentar los ingresos de los dueños y accionistas de empresas frente a los diferentes estamentos de la clase trabajadora. Un punto que quizá vale la pena mencionar en esta línea es que los ingresos de lxs jefxs, aquellxs asalariadxs que cumplen funciones de control para los empresarios, han tendido a aumentar, mientras que los autónomos profesionales han visto decrecer fuertemente sus ingresos en relación al promedio. 

Las medidas del Gobierno Nacional ⤴

A diferencia de lo que ocurrió en 2020, para este año el Gobierno Nacional proyectó un escenario sin líneas de asistencia masiva directa a los sectores de la población más castigados por los efectos de la crisis sanitaria y el desplome de la actividad económica. La postura general del oficialismo se sintetizó en la consigna “que los salarios le ganen a la inflación”. En los hechos, tanto en materia de salarios como respecto a los ingresos que dependen del sistema previsional y los programas sociales, las acciones gubernamentales corren de atrás ante un escenario que no se condice con ese horizonte buscado.

Como ya señalamos, el primer cuatrimestre estuvo regido por la austeridad en el manejo del gasto público. Luego, en el marco de un ritmo inflacionario por encima del esperado y con las elecciones de medio término en el horizonte, el Gobierno Nacional comenzó a implementar una serie de medidas que, sin los resultados esperados a la vista, lo muestran volcando más recursos para lograr el objetivo de revertir el retroceso de los ingresos populares o que significan señales claras en ese sentido. Tales medidas tienen un universo variado y fragmentado: lxs asalariadxs con empleo formal, lxs autónomos, lxs jubiladxs y el heterogéneo segmento de desempleadxs, empleadxs informales y trabajadorxs de la economía popular que son beneficiarios de diversos programas sociales. 

La política hacia lxs trabajadorxs con empleo formal y los autónomos incluye las paritarias de los organismos estatales, beneficios directos e indirectos de distinta naturaleza (impositiva, tarifaria, etc.) y las disposiciones legales para hacer frente a la crisis económica y sanitaria.

En principio, como veremos luego más en detalle, lxs trabajadorxs de la administración pública nacional tuvieron un aumento salarial del 35%, el mismo incremento que tuvo el Salario Mínimo Vital y Móvil. No obstante, la paritaria de lxs estatales ya tiene fecha de reapertura para agosto y el Ministerio de Trabajo oficializó el adelantamiento de los aumentos previstos en el Salario Mínimo Vital y Móvil, que quedará en $29.160 en septiembre, cifra inicialmente pautada para febrero.

Como suele ocurrir, lxs empleadxs de dependencias nacionales que negocian paritarias específicas obtuvieron aumentos mayores. Por ejemplo, lxs trabajadorxs del Congreso y de la AFIP tuvieron mejoras del 40%, mientras que lxs del PAMI y de la ANSeS alcanzaron el 43% y el 45% respectivamente. En todos los casos, quedaron por debajo de la inflación anual acumulada hasta ahora y de las proyecciones para 2021, pero están en mejores condiciones para encarar el momento de las revisiones.

Una de las políticas gubernamentales que ha tenido más efecto positivo sobre la capacidad adquisitiva de los salarios es el congelamiento de las tarifas de servicios públicos y su posterior actualización bien por debajo de la inflación acumulada entre el año pasado y los primeros meses de este (Ver el Informe 1). Si sólo se considera el caso de la energía eléctrica, según datos del ENRE, de haberse mantenido la política tarifaria aplicada por el gobierno de Cambiemos, a febrero de 2021 lxs usuarios residenciales habrían tenido que afrontar un 168% de aumento en sus facturas, entre 116% y 130% los comercios, y entre 128% y 139% las industrias.

Como parte de esa orientación, el bloque del Frente de Todxs en el Congreso impulsó la sanción de la Ley de ampliación del subsidio a la tarifa de gas natural en zonas de bajas temperaturas. Así, 3,2 millones de hogares se suman a unos 800 mil de la Patagonia, Mendoza y La Puna que estaban contemplados inicialmente. Es decir, casi un 45% de los hogares integrados a la red a nivel nacional recibirán un descuento del 30%, bonificación que trepará a un 50% en el caso de usuarios beneficiarixs de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo.

En otro orden, en abril el Congreso aprobó la nueva ley que regirá el Impuesto a las Ganancias. Las modificaciones estipuladas implican un incremento indirecto en los ingresos de más de 1.200.000 trabajadorxs en relación de dependencia, al elevar el mínimo imponible para la cuarta categoría a $150000 y establecer la retroactividad del beneficio a todo el 2021. La AFIP dispuso que la devolución de lo abonado se hará en cinco cuotas consecutivas a partir de julio. La norma también incorpora la posibilidad de sumar nuevas erogaciones.

También en el terreno tributario, a iniciativa del oficialismo, el Congreso se dispone a aprobar una ley que reforma el régimen del monotributo apuntando a las categorías más bajas. Centralmente el proyecto pretende implementar una moratoria, cambia las escalas para aliviar la carga fiscal de lxs trabajadorxs de menores ingresos y aplaza la fecha de actualización de la alícuota. Se estima que la iniciativa beneficie a más de 3,5 millones de personas.

A la vez, el Ejecutivo Nacional mantiene en vigencia dos líneas de asistencia directa a lxs asalariadxs en relación de dependencia y a autónomxs que trabajan en sectores críticos, especialmente la gastronomía. Para enfrentar las restricciones sanitarias de abril y mayo tanto el Programa de Reactivación Productiva II (Repro II) como el Programa de Asistencia al Trabajo Independiente fueron ampliados para llegar a más beneficiarixs e incluir también a autónomxs o monotributistas que cuentan con hasta cinco empleadxs. En mayo ambos programas cubrieron a un total de 580 mil trabajadorxs, un 75% más que en abril. La remuneración media por beneficiarix fue de $18.900 y significó una inversión total de cerca de $11.000 millones.

En cuanto a disposiciones que condicionan de manera indirecta la evolución de los ingresos también vale recordar que, en el marco de la emergencia pública en materia sanitaria, el Poder Ejecutivo Nacional prorrogó mediante sendos DNU la vigencia de la doble indemnización y la prohibición de los despidos y suspensiones hasta el próximo 31 de diciembre.

Respecto a las jubilaciones, como manera de compensar la pérdida de poder adquisitivo en estos ingresos, el Gobierno viene echando mano al pago de montos especiales a quienes reciben las jubilaciones menores. Hizo lo propio en abril y mayo con montos de $1.500 que cobraron 4,8 millones de jubiladxs, o sea el 70% del total. Y sumó un nuevo bono a pagarse en agosto por $5.000, para las personas que tienen ingresos de hasta 2 haberes mínimos. Este plus alcanzará a más de 6 millones de personas. De esta forma, quien percibe una jubilación mínima en agosto cobrará, por única vez, $28.065.

En el universo que integran dosocupadxs, trabajadorxs informales y de la economía popular se combinan los incrementos realizados en los programas regulares (regidos por la misma Ley que las jubilaciones) con otras medidas excepcionales. Aquí las principales acciones pasan por el ANSeS, el Ministerio de Desarrollo Social y, en menor medida, el Ministerio de Trabajo. 

Ratificada la decisión de no implementar acciones de asistencia masiva como el Ingreso Familiar de Emergencia que se abonó en 2020, ante la agudización de la segunda ola de contagios de Covid-19, el Gobierno avanzó con acciones focalizadas. Entre fines de abril y comienzos de mayo ANSeS pagó, por única vez, $15.000 a lxs beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), y monotributistas de las categorías A y B, radicados en el AMBA, por entonces la región del país más afectada. La iniciativa abarcó a un millón de personas.

Para el mes de junio la AUH y la AUE recibieron el ajuste pautado por la fórmula de actualización. Desde entonces se ubican en $4.504 por hijx. Para los meses de junio y julio el Ejecutivo dispuso que lxs beneficiarixs cobrarán un plus de $7.000, que implica un adelanto del acumulado anual que se abona por la acreditación de los requisitos de salud y escolaridad.

Recordemos que estos programas alcanzan a padres y madres desocupadxs, no registradxs, que trabajan en el servicio doméstico, son monotributistas sociales o están

Inscriptxs en otros programas de inserción productiva. Por ende es un segmento de la población que ha sido asistido también mediante los recursos volcados en los programas de asistencia alimentaria, centralmente la Tarjeta Alimentar.

En febrero los montos acreditados para la compra de alimentos con esa tarjeta, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, tuvieron un aumento del 50%. Durante mayo su alcance se amplió considerablemente. Mientras que antes solo alcanzaba a familias con niñxs de hasta 6 años, se pasó a cubrir a niñxs de hasta 14 años. Así sumó un millón de familias a un universo inicial de un millón y medio, para alcanzar a 3,7 millones de niñxs y adolescentes. El monto mensual de la tarjeta pasó a ser de $6.000 para madres con un hijx; $9.000 con dos; y $12.000 con tres o más hijxs (antes cobraban $9.000). El nuevo alcance del programa significa una inversión total de $250 mil millones, un 0,7% del PBI.

El Programa Nacional Potenciar Trabajo, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, es el programa vinculado a la inclusión socioproductiva más masivo. Tiene unos 900 mil beneficiarixs y fue lanzado en 2020 fusionando lo que eran hasta ese momento los planes Hacemos Futuro y Proyectos Productivos Comunitarios. Sus beneficiarixs realizan tareas de servicios y asistencia comunitaria o asisten a instancias formativas. La mayoría están encuadradxs en organizaciones sociales y/o de la economía popular. Los montos percibidos equivalen a la mitad de un salario mínimo, por lo que se incrementan en función de ese parámetro. Para julio, el monto que se percibe es de $12.960, que en este caso vendrá acompañado por un bono a cobrar por única vez de $6.000, reclamado específicamente por las organizaciones de la economía popular a modo de aguinaldo. 

En los últimos meses el Ejecutivo lanzó iniciativas que ponen el acento en los ingresos de mujeres y grupos de identidades disidentes. Por un lado, ANSeS lanzó el Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Aportes por Tareas de Cuidado, que busca facilitar el acceso a la jubilación a mujeres que hayan tenido hijxs, y llegaron a los 60 años sin los aportes necesarios para jubilarse. Con este programa, que empezará a funcionar en agosto, se reconocerán como años trabajados los destinados a la crianza. También habrá ventajas para quienes fueron titulares de la AUH. Por otro lado, desde el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad se pusieron en marcha los programas Producir y Acompañar, destinados a organizaciones y a mujeres y miembrxs del colectivo LGBTI+ que estén atravesando o hayan atravesado situaciones de violencia. En el primer caso se otorga un acompañamiento integral y un ingreso equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil por 6 meses. El Producir da apoyo técnico y económico para la creación o el desarrollo de proyectos productivos. 

Finalmente, para quienes perdieron un empleo registrado en relación de dependencia existe la posibilidad de acceder al seguro de desempleo, que en el marco de la pandemia registró algunas modificaciones. Dado que originariamente estaba dirigido a lxs asalariadxs despedidxs “sin justa causa” o “por fuerza mayor”, o bien que hayan perdido su trabajo por el quiebre de la empresa empleadora, el Ministerio de Trabajo resolvió extender la prestación a quienes hayan sido despedidxs por “mutuo acuerdo”, una figura que lxs empresarixs utilizaron para eludir las prohibiciones para despedir y la vigencia de la doble indemnización. En tanto, el Ejecutivo también definió realizar pagos adicionales a través de ANSeS a quienes no hayan podido reinsertarse en el mercado laboral y hayan finalizado el cobro de esta prestación entre febrero de 2020 y julio de 2021.

Según los últimos datos oficiales , en marzo 138.879 trabajadorxs en relación de dependencia registrados cobraron el seguro. Casi el 70% son varones y en promedio cobraron $7.200.​ Para julio cobrarán entre $7.200 y $12.000. Lxs alcanzadxs por esta prestación cobran asignaciones familiares y mantienen la cobertura de la obra social. El período de cobro se reconoce como aportes para la jubilación.

Las paritarias ⤴

Para analizar lo ocurrido con las paritarias hay que tener en cuenta lo ocurrido en tres grandes momentos. El cierre de los acuerdos que vencían en el primer tramo del año, los que se firmaron durante el segundo cuatrimestre y las revisiones que empezaron a darse a partir de junio, incluyendo algunas convocatorias a reabrir la discusión antes de lo pautado, como ocurre en el caso del sector público nacional.

El grueso de las paritarias se cerró durante el primer cuatrimestre. Los primeros  sindicatos en acordar lo hicieron con aumentos más cercanos a la pauta del 29% planteada originalmente por el Gobierno. A medida que avanzaron los meses, los acuerdos se firmaron más cerca del 35%, en todos los casos con instancias de revisión en el segundo semestre.

De esta manera, no sólo hay que prestar atención al porcentaje global del aumento pautado, sino también a la ubicación de las cuotas, al momento fijado para la revisión y si existen mejoras en las condiciones laborales, como por ejemplo mecanismos de categorización. Respecto a 2020 el panorama es mucho más previsible, dado que el año pasado la gran mayoría de las paritarias se habían suspendido. A su vez, la orientación establecida desde el Ejecutivo para que los salarios le ganen a la inflación “por algunos puntos” moderó las expectativas de las conducciones sindicales y condicionó simultáneamente cualquier pretensión de establecer negociaciones directamente a la baja, como sucedió en medio de la pandemia. Esta cuestión, sumada al marco inflacionario determinó que los acuerdos pasen de establecer cláusulas gatillo a la de la revisión abierta. La mayoría quedaron para agosto-septiembre.

El primer acuerdo de 2021 fue firmado en diciembre por Aceiteros, que luego de una intensa huelga lograron incluir sumas adicionales para 2020 y pactaron una suba del 25% a partir de enero, sin cuotas, hasta agosto. Luego le siguieron otras paritarias importantes, tanto por la cantidad de trabajadorxs que involucran como por el nivel de salarios que manejan. Los mecánicos de Smata acordaron un 28,7% en dos cuotas, entre enero y junio. La Bancaria acordó inicialmente un 29% en tres tramos. Comercio, la paritaria más grande con casi 1,2 millones de trabajadorxs involucradxs, cerró un 32% en cuatro cuotas, las últimas dos a cobrar en 2022.  Luego le tocó el turno a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que registró un 35,2% y a lxs trabajadorxs de la construcción (Uocra), que pactaron 35,8%, ambos con tres cuotas que terminan de cobrarse en enero y febrero respectivamente.

En esa primera ronda de negociaciones, algunos gremios estuvieron por encima de la media. Entre ellos, lxs trabajadorxs del plástico, que cerraron en un 36% de aumento en tres cuotas, y lxs del vestido, que lo hicieron en un 36,6% también en tres cuotas. Los que marcaron una diferencia mayor fueron lxs vitivinícolas, con un 47% en cuatro cuotas, que terminarán de cobrar en 2022.

En la segunda tanda los acuerdos se ubicaron en una franja que va del 35% al 45%. Entre los gremios que quedaron más atrás están lxs estatales nacionales y lxs textiles. UPCN y ATE acordaron con el Gobierno nacional una suba de 35% en seis tramos, con cláusula de revisión en noviembre. En tanto la Asociación Obrera Textil firmó el mismo aumento en cinco cuotas y revisión un mes después. En el otro extremo quedó Camioneros con un incremento del 45% en tres cuotas y la revisión en febrero. Mientras que el gremio de la Alimentación y trabajadoras de casas particulares lograron un aumento del 42% en cuatro tramos, a cobrar hasta febrero en el primer caso y hasta marzo en el segundo. 

Entre tanto, la única paritaria significativa que permanece abierta y en pleno conflicto es la de lxs trabajadorxs de la sanidad, que reclaman un aumento del 45%, negado por la Federación Argentina de Prestadoras de Salud, que le reclaman al Gobierno la autorización para aumentar los aranceles de las prepagas que nuclea. 

Por otra parte, como indicamos más arriba, ya hubo casos de revisión de los acuerdos iniciales y de reapertura de las negociaciones. El caso emblemático es de lxs bancarios que pasaron a totalizar un aumento del 43%, sumado a un bono por el día del bancarix de $100 mil. Más allá de las cifras, el acuerdo contó con el aval del presidente Alberto Fernández en persona, quien asistió a la inauguración del Congreso Nacional de la Bancaria donde se evaluó la propuesta. A su vez, al cierre de este informe, se encuentra en plena negociación la actualización de la paritaria de lxs empleadxs de Comercio y la de Aceiterxs.   

En los primeros días de julio, el Gobierno Nacional hizo otros gestos que van en la misma dirección. Además de adelantar el aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil, convocó de manera anticipada a la reapertura de las paritarias de lxs trabajadores estatales y de los docentes universitarios.  

Con una proyección del nivel de inflación que rondará el 50%, muy lejos de la pauta inflacionaria inicial establecida por el Ejecutivo, está claro que las revisiones pautadas para el segundo semestre serán clave para generar condiciones que posibiliten un avance de los salarios sobre los precios en este 2021. Más allá de la vocación del oficialismo, que eso se concrete dependerá de cómo quede planteado el escenario económico y de la evolución de la pandemia, y más aún de la disposición a la confrontación frente a los sectores empresarios que demuestren lxs trabajadorxs y sus sindicatos, todo ello en medio de un escenario electoral que comienza en agosto y culminará recién en noviembre.    

La agenda de los sindicatos y los movimientos sociales ⤴

En un contexto marcado por más de tres años de caída del salario real, con sectores económicos que quedaron profundamente dañados y en medio de una reactivación todavía frágil los sindicatos más relevantes del sector privado y público, asumieron como objetivo que las paritarias de este año debían servir para frenar la caída del salario real y que una recuperación realmente significativa del poder adquisitivo quedaría, en el mejor de los casos, para más adelante. De ese modo, más allá de los agrupamientos internos y de las modalidades de acción que suelen marcar diferencias al interior del mundo sindical, la mayoría de las estructuras gremiales confluyeron sin grandes tensiones con las metas fijadas por el Gobierno Nacional. 

Con el avance de las rondas de negociación y ante el incremento de la inflación por encima de lo esperado, los principales sindicatos adecuaron los pedidos o reclamaron la reapertura de las paritarias. Lo mismo con la actualización del Salario Mínimo Vital y Móvil. Planteos que, por otra parte, vienen siendo avalados desde el oficialismo.   

Más allá de algunas acciones o de las declaraciones públicas esta postura general significó un respaldo a la política oficial en la primera parte del año. En lo que sigue el escenario queda más abierto. Van a ser meses atravesados por diversas situaciones que de conjunto pueden derivar en tensiones mayores. Por un lado, a las elecciones de medio término hay que sumar los procesos de renovación de autoridades en los sindicatos y en la propia CGT (previsto para octubre). Por otro lado, es de esperar una mayor apertura en cuanto a las condiciones sanitarias una vez pasado el invierno y con un plan de vacunación que está teniendo avances notorios.      

En ese marco, el escenario electoral que está en pleno desarrollo es un punto a tener en cuenta en un doble sentido. Porque es esperable que se intensifiquen las negociaciones para obtener respuesta a ciertas demandas corporativas. En ese marco, el Gobierno Nacional hizo un gesto importante al limitar por decreto el traspaso de obra social hacia las prepagas o a otras que no sean las de origen. Y porque los principales nucleamientos del sindicalismo -en su gran mayoría alineados con el FDT- son un actor más en las disputas por ocupar espacios de representación institucional, y por ende han pujado por mantener y/o ampliar el terreno ganado en ese plano. Más allá de las negociaciones puertas adentro, hay intervenciones públicas de los últimos meses que se enmarcan en ese contexto. Las de aquellos sectores que muestran un perfil alto en la defensa del oficialismo e, incluso, las de quienes se muestran proclives a marcarle al Gobierno un camino de mayor confrontación. En suma, el cierre de listas -que tuvo lugar mientras cerramos este documento- no deja conforme a todos, pone en juego retribuciones múltiples y hasta puede generar tensiones durables. Sea como fuera, dejará facturas por cobrar hacia adelante que habrá que tener en cuenta.

En cuanto al papel y la estrategia asumida por los movimientos sociales se puede hacer un análisis con muchos puntos de contacto con el mundo sindical. Sin la posibilidad de desplegar grandes acciones callejeras y con presencia en algunas áreas importantes del Ejecutivo, las principales organizaciones territoriales y de la economía popular ofician como un respaldo fundamental para el gobierno del FDT. Son clave en el dispositivo de contención de los sectores más golpeados por la crisis, y han apoyado las medidas de cuidado sanitario al tiempo que marcaron la necesidad de acompañar esas medidas con un mayor reconocimiento estatal a ese rol y con políticas de asistencia masiva. En esa dirección, durante la primera parte del año, han reclamado la vacunación prioritaria de quienes sostienen los espacios comunitarios y, en los últimos meses, pidieron un plus a modo de aguinaldo para quienes forman parte de los programas socio-productivos. Asimismo, algunos referentes han tenido intervenciones públicas que marcan matices y diferencias con políticas aplicadas por el Gobierno, en pos de orientar los recursos más al fomento de la producción y la generación de puestos de trabajo que a la asistencia alimentaria. Como ocurre con las estructuras sindicales, los distintos sectores que integran la UTEP también han desplegado sus estrategias para conservar y ampliar su presencia legislativa, en el marco de las negociaciones para el armado de las listas del FDT en los principales distritos.

Dicho esto, es importante agregar que en los últimos meses, distintas organizaciones sociales que no integran la UTEP ni el FDT han protagonizado reclamos que se tradujeron en acciones callejeras relevantes. Primero por la reedición del IFE, el acceso a los programas sociales y las demoras en la entrega de alimentos y más tarde para reclamar por un aumento en la retribución del Potenciar Trabajo.

En definitiva, desde la perspectiva del pueblo trabajador, la primera mitad del año se caracterizó, nuevamente, por un escenario dominado por las urgencias derivadas de la segunda ola de la pandemia de Covid-19, el empeoramiento generalizado de las condiciones de vida y el retroceso en la distribución del ingreso. En el segundo semestre una mejora en las condiciones sanitarias puede redundar en una reactivación económica que genere un marco más propicio para la puja distributiva. El rol que juegue el movimiento de trabajadorxs será determinante en ese plano, pero también en la posible  instalación de temas estratégicos que están vinculados a los cambios estructurales a favor de las mayorías que la pandemia ha vuelto más visibles y más necesarios.

Consideraciones generales

1. 1. A diferencia del último trimestre de 2020, en el primer tramo del año la pandemia volvió a ubicarse como gran ordenador de la agenda pública. El incremento de casos experimentado en diciembre y enero y, luego, el reinicio del ciclo lectivo confluyeron con la segunda ola experimentada en el hemisferio norte y con la agudización de la disputa global por el acceso a las vacunas. El pico experimentado en los países limítrofes durante las últimas semanas completó un panorama cada vez más crítico. Luego de asumir que los niveles de vacunación están muy por debajo de las previsiones, desde el Gobierno Nacional se advirtió que hay que prepararse para una segunda ola de contagios.
   2. En ese marco, la marchas y contramarchas en el proceso de vacunación, junto con la puja registrada respecto de los precios de bienes y servicios de primera necesidad, y las negociaciones con el FMI sintetizan en gran medida los conflictos que marcan el ritmo de la coyuntura actual.
   3. Los sectores dominantes, que vienen actuando como un bloque opositor que opera en distintos frentes con la premisa de condicionar al Gobierno del FDT, han sostenido esa actitud, tal como lo hicieron en los momentos de mayor incertidumbre producto de la pandemia. Una mirada panorámica al comportamiento que durante los primeros meses de 2021 han sostenido los empresarios del sector agroindustrial y grupos exportadores, los propietarios de grandes cadenas de supermercados, algunas empresas de telecomunicaciones y sectores relevantes del Poder Judicial, alcanza para prever que lo más probable es que sigan moviéndose en ese sentido.
   4. En medio de la consolidación del alza del precio de las materias primas a nivel internacional, el comportamiento del sector agroalimentario ha sido ejemplificador. En un marco de recesión y caída del poder adquisitivo de los ingresos populares, con una pobreza que supera el 40%, el nivel de aumento de los alimentos durante 2020 y lo que va de 2021 implica una realidad absolutamente incompatible con las necesidades de la población. El nivel de concentración en la producción y la comercialización de alimentos plantea un reto específico para cualquier proceso político que apunte a garantizar los derechos básicos del conjunto de la población.
   5. El contexto de crisis global combinado con la profunda contracción sufrida por una economía local que además atraviesa un nuevo proceso de reestructuración de la deuda pública, abre las puertas a un reimpulso del modelo extractivo-exportador como vía de salida. El conflicto que se vive en la provincia de Chubut a raíz del intento de habilitar la megaminería, las ventajas promovidas desde el Gobierno Nacional para aumentar exponencialmente la producción en Vaca Muerta y las expectativas expresadas por Alberto Fernández, respecto de actividades extractivas tradicionales y emergentes, en su discurso de apertura de sesiones parlamentarias, son sólo algunos indicadores de esa tendencia.
   6. En la derecha política prima la tensión entre jugarse todo a una polarización descarnada y la disposición a la negociación. Más allá de las pertenencias partidarias, la diferencia entre quienes gestionan y quienes solo hacen oposición al Gobierno Nacional es clara, aunque todos comparten dos elementos. Sin la capacidad de instalar una agenda propia rapiñan sobre los errores y limitaciones del FDT. Y están inmersos en una tendencia a agudizar la confrontación, a raíz de la proximidad de las elecciones legislativas y también de la emergencia de una “derecha de la derecha” que se viene haciendo un espacio poniendo en cuestión los modales instituidos en el sistema político.
   7. El bloque social y político articulado en torno al FDT intenta sostener una línea de acción centrada en la recuperación económica y en paliar la pandemia con la concreción de la vacunación masiva. El Gobierno Nacional mantiene una estrategia basada en la concertación y el diálogo, que es en los hechos tensionada sistemáticamente por buena parte de sus interlocutores de las corporaciones económicas y erosionada desde la oposición política. En ese marco tuvo que enfrentar un momento crítico, luego de que saliera a la luz la provisión de vacunas por fuera del esquema previsto en el Plan Estratégico de Vacunación, que derivó en la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García. Los efectos políticos nocivos de ese hecho son realmente imprevisibles.
   8. En medio de la crisis económica, financiera y sanitaria, el oficialismo ratifica el camino del “equilibrio fiscal”. El Estado no será la palanca fundamental de la reactivación, aunque el Gobierno apunta a poner en juego mecanismos para imponer regulaciones que alimenten el rebote que se registra en los últimos meses. Para eso apuesta a garantizar un piso de recomposición en los ingresos populares, para lo cual necesita ponerle coto a la inflación y seguir conteniendo el precio del dólar. El descongelamiento de las tarifas, el cierre de las paritarias más significativas, la negociación con el FMI y el desenvolvimiento de la pandemia aparecen como elementos clave en el corto plazo.
   9. Los resultados económicos serán determinantes para los escenarios políticos que pueden darse en los próximos meses. La legitimidad de la coalición de gobierno está atada a la capacidad que demuestre para hacer frente a los condicionamientos de los grupos de poder y a las medidas que implemente para contener su ofensiva, al tiempo que garantiza una recuperación económica que -gestión de la pandemia mediante- tenga consecuencias palpables en las condiciones de vida de las mayorías. De cara a las elecciones de medio término, las dudas están planteadas en relación a esto último. No hay razones para pensar en grandes conflictos internos que pongan en duda la continuidad del FDT como herramienta electoral del peronismo unido más aliados.
   10. Luego del affaire por las vacunas de privilegio y en vistas al proceso electoral, el presidente Fernández dio señales de lo que puede ser una estrategia que contenga una suerte de polarización selectiva. Mientras que para sostener la estabilidad cambiaria y desacelerar la inflación apela a las mesas de diálogo con los distintos sectores del poder económico, sube el tono de la confrontación con el Poder Judicial y las fuerzas políticas del gobierno anterior. Esa estrategia ya tuvo consecuencias en la composición del equipo ministerial. Marcela Losardo, de perfil moderado, proveniente del mundo judicial y muy cercana al primer mandatario, presentó su renuncia como Ministra de Justicia. En su lugar fue nombrado Martín Soria, quien ha construido toda su trayectoria como parte del peronismo rionegrino, ejerció cargos ejecutivos y legislativos y había trascendido en el último tiempo por sus denuncias por el accionar del Poder Judicial durante el gobierno de Macri. Soria aparece como una figura más acorde para una línea confrontativa. Sin ser un dirigente del riñón del kirchnerismo ni del propio presidente, aparece como una figura de consenso entre ambos sectores.
   11. Como parte de ese delicado equilibrio entre la concertación y la confrontación, el oficialismo se ha mostrado capaz de avanzar con algunas iniciativas que pueden fortalecer el vínculo con su base social. A la aprobación de la Ley de interrupción legal del embarazo en diciembre pasado hay que sumar la modificación del impuesto a las ganancias y la Ley de Financiamiento del Sistema científico. En tanto, la decisión de no asumir desde el Estado el control de la Hidrovía Paraguay-Paraná y abrir una nueva licitación tiene lógica en virtud de dicho equilibrio, aunque representa una nueva concesión que tendrá costos significativos para la soberanía nacional.    
   12. Luego de un último trimestre de 2020 caracterizado por movilizaciones callejeras importantes, la iniciativa política pasa casi enteramente por los espacios de representación institucional. Las organizaciones sindicales y sociales asumen por ahora un rol expectante. Las organizaciones feministas no han dejado el espacio público, aunque en el último período su dinámica estuvo atravesada por la denuncia de nuevos feminicidios, y por ende su accionar más marcado por demandas defensivas.
   13. A nivel regional, la asunción de Biden genera expectativas modestas respecto del papel de gendarme que Estados Unidos se atribuye en la región, aunque el cambio de estilos y la necesidad de atender la crisis política interna pueden traducirse en  un escenario menos hostil para las fuerzas progresistas y de izquierda. Así como ocurrió con el triunfo electoral del MAS en noviembre pasado, la reversión de las causas judiciales contra Lula en Brasil son una buena noticia para el FDT. En ese marco, el Gobierno argentino oficializó su salida del Grupo de Lima. Se trata de una tendencia regional que puede reforzarse en caso de un triunfo del correísmo en la incierta segunda vuelta en Ecuador y, también, si el progresismo se impone en Perú.

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Entre la disputa global por las vacunas, la puja distributiva y la inminencia de la segunda ola

-| Parte 1: Las pujas económicas [descargar]

-| Parte 2: El escenario político: vacunas, inflación y una confrontación selectiva [descargar]

-| Parte 3: Sindicatos y movimiento feminista: entre los efectos de la pamedia, las paritarias y la lucha contra los femicidios [descargar]

Las pujas económicas

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Es evidente que el efecto recesivo de la pandemia está teniendo una duración mayor a la prevista de acuerdo al optimismo de los últimos meses de 2020. El rebote es lento, la economía global con la excepción de China continúa en una crisis que acentúa la incertidumbre doméstica y Latinoamericana, y esta crisis atraviesa la propuesta económico-política del gobierno que esperaba con ansias un escenario menos adverso para lograr un pacto entre empresarios y trabajadores a los fines establecer un sendero de crecimiento con mayor estabilidad.

Al parecer el sector empresarial, sobre todo aquellos sectores más concentrados, tienen una postura de confrontación más allá de los gestos del gobierno para acercar posiciones. Las pujas se expresan en varias dimensiones, pero las más importantes son sin duda: el frente inflacionario y fiscal; el frente externo; las posibilidades de un crecimiento estable a mediano plazo.

La inflación y el déficit fiscal

La acentuación del proceso inflacionario es una de las estrategias clave que el empresariado desarrolla para intentar recuperar sus ganancias y a través de esta estrategia también logran poner en tensión la política del gobierno. Los acuerdos de precios de la carne tuvieron un efecto muy reducido debido a que la mayor parte del consumo de carne del país se realiza a través de comercios minoristas, no incluidos en los acuerdos a los que habían llegado las grandes cadenas y frigoríficos. Por su parte, los aumentos de frutos y verduras y las manufacturas de origen agropecuario, sufrieron incrementos superiores al promedio  en los meses de diciembre, enero y febrero. En estos meses, la inflación acumulada traspasó la barrera del 11%, lo cual pone en tela de juicio la proyección del gobierno del 31% para este año.

La inflación de alimentos responde, como siempre, a dos factores clave: el aumento de precios internacionales de materias primas e insumos; la estrategia de fijación de precios que las grandes empresas de cada sector de productos alimenticios impulsa para restablecer sus ganancias en el marco de la pandemia con una tasa de inversión reducida.

Es evidente que el aumento de precios también se ve fogoneado por dos medidas que son directamente responsabilidad del gobierno: la autorización para los aumentos de combustibles y telecomunicaciones. También se esperan aumentos (supuestamente des-dolarizados y con una convergencia diferencial por nivel de ingresos) de las tarifas de servicios públicos que han sido uno de los principales ganadores durante los años de Macri. Estos incrementos, que en el caso de los combustibles rondan un acumulado de 15% en tres meses, no hace más que impactar en la tendencia alcista del nivel general de precios, sin que quede en claro la justificación para esta política.

Por su parte, la política cambiaria también incidió en el aumento de precios. El canal externo de la inflación es por demás conocido en nuestro país. El ancla cambiaria no fue utilizada por el gobierno nacional que dejó depreciar el tipo de cambio en un 41% entre marzo de 2020 y marzo de 2021. Esto entraña un problema de análisis sobre el tipo de cambio que es relevante: el gobierno intentó sostener la competitividad cambiaria de Argentina en el marco de la pandemia, al costo de evidente del encarecimiento de los insumos importados, la caída del salario en dólares y el incremento de los precios de los bienes transables que se comercian a precios similares para compensar el diferencial de ganancias en el exterior y en el país.

Por estos motivos, parece que la inflación es uno de los grandes problemas del año y que en el análisis oficial de este problema aparece el control del déficit fiscal y la emisión monetaria como los dos elementos de mayor peso. En este sentido, el análisis desde el Ministerio de Economía aparece más centrado en la política económica que en el rol de la estrategia del gran empresariado que son, en definitiva, los actores sociales que pueden tomar la decisión de remarcar sus precios.  Esta diferencia de diagnóstico reviste importancia para lograr converger a una inflación que deje espacio para incrementos del salario real y, por su intermedio, del consumo popular como dinamizador de la economía doméstica. En cierta medida, parece que la modificación del impuesto a la ganancias es una forma de recuperación del salario de un sector de los trabajadores y trabajadoras formales por otros medios, es decir, sin tocar los intereses del gran empresariado y sin provocar nuevo ciclo de puja distributiva.

Como es sabido, el efecto concreto de este proceso de incremento general de precios viene impactando de lleno en los aumentos de la Canasta Básica Total (indicador de la pobreza) y en la caída del salario real que alcanzó un promedio en los últimos 3 años de 22%, con caída aún mayores para los trabajadores y las trabajadoras estatal e informales. La precisión del diagnóstico se vuelve cada vez más importante. Si bien es cierto que pueden no repetirse los meses iniciales del año con alta inflación por el boom de precios internacionales de commodities y ciertas dinámicas de ajuste de ajustes propios de los cambios en los costos que se reflejaron en estos primeros meses, la inercia, la desinversión de los sectores formadores de precios, la continuidad de un tipo de cambio que siga la inflación para compensar la pérdida de competitividad y la autorización de aumentos de precios regulados, pueden dar lugar a aumentos mensuales de precios más parecidos a los de enero 2021 que a los de mitad de 2020.

El frente externo

En estas condiciones de inflación elevada y salarios que no logran recuperar las pérdidas de poder adquisitivo de los últimos 4 años, la expectativa de crecimiento económico se centra en la posibilidad del dinamismo exportador como una solución a la falta de vigor de la demanda interna.

Sin duda, los aumentos de precios de materias primas que tuvieron desde finales del año pasado representan una buena posibilidad de ingreso de dólares, volver a acumular reservas y fortalecer la estrategia de control cambiario que en el plano financiero ha tenido éxito. Por su parte, el acuerdo por la reestructuración de la deuda, permitió un ahorro importante: $71.600 millones en intereses lo cual hubiese implicado  un déficit cerca de 15 veces el actual.

Por el lado de la balanza comercial, vemos que las exportaciones en febrero aumentaron un 9,1% en relación a febrero de 2020, pero todo el aumento se explica por los incrementos de precios, mientras que las cantidades exportadas cayeron un 4,5%. La contracara es un aumento de cantidades importadas cercana al 19% interanual y una caída de 2,2% de los precios de importaciones. Esto dió como resultado un superávit comercial de poco más de 1000 millones de dólares, que continúa estando por debajo del que tuvimos en el mes de febrero de 2020 con el arrastre de la crisis que nos dejó Cambiemos.

Por esto, aún con la situación de aumento de precios y el crecimiento de China que es uno de los destinos de exportación centrales de nuestro país, el despegue de las exportaciones y el establecimiento de un modelo de crecimiento tirado por las exportaciones, está sujeto a un grado importante de incertidumbre. Más aún si tenemos en cuenta dos factores por demás significativos. Por un lado, el gobierno no logró avanzar en un control mayor del comercio exterior en ninguna de sus iniciativas. Esto hace que una estrategia basada en exportaciones pero con capacidad de reorientar recursos a otros sectores menos competitivos pero con alta capacidad de crear empleo, aparece como difusa. Por el otro, las exportaciones siguen concentradas en las ramas primarias, extractivas y las manufacturas de origen agropecuario. Esto hace que la volatilidad de los precios y la demanda global sea clave para explicar las fases de auge y declive de los saldos comerciales.

Por su parte, el MERCOSUR viene mostrando un sinnúmero de limitaciones económicas y políticas, además de la situación de crisis sanitaria extrema en varios países miembro, que da cuenta de su fracaso como estrategia de integración de la región que debe pensar con mayor creatividad.

Las posibilidades de crecimiento sostenido

Recomponer la economía argentina luego de los cuatro años de ofensiva neoliberal y el impacto de la pandemia es una tarea que se muestra a las claras dificultades de peso. Un tejido industrial destrozado, un desarrollo agudo de la financiarización expresada en la especulación con el tipo de cambio, una híper rentabilidad de los sectores agrarios y de telecomunicaciones y servicios públicos que van en desmedro de una reconversión productiva acorde a la etapa que atravesamos a nivel global, son algunos de los puntos críticos de la coyuntura económica.

Quizá hay que tener presente que la esperanza en un crecimiento del producto cercano al 5% que es lo esperable para este año, puede tener un impacto positivo en el empleo que ya muestra algunos signos de recuperación. Si bien el desempleo aún se encuentra en dos dígitos, la posibilidad de que el crecimiento arrastre la mayor creación de puestos de trabajo existe. Por supuesto, la situación epidemiológica a escala regional será un marcapasos de esta tendencia al alza del producto y el empleo.

¿Hasta qué punto las empresas privadas están dispuestas a realizar inversiones que permitan fortalecer el proceso de crecimiento? ¿Qué herramientas debe fortalecer el Estado para impulsar sectores dinámicos en empleo y que produzcan bienes que satisfagan necesidades de las mayorías? ¿Cuánto del dinamismo de la producción depende de las posibilidades de mejoras de salarios y niveles de empleo? ¿Empleo de qué calidad se va a generar en esta  situación de pandemia con la tenencia que ya arrastramos a la precarización de una parte importante de la clase trabajadora? ¿Qué mecanismos de redistribución de ingresos puede aplicar el Estado en el corto y mediano plazo?

Estas preguntas que parecen de fondo, son en realidad urgentes por el grado de profundidad de la crisis que atravesamos. Una cuestión es clara: las chances de resolver las tensiones económicas que atraviesa el país fortaleciendo las alianzas con el gran empresariado, puede caer en saco roto rápidamente.

El escenario político: vacunas, inflación y una confrontación selectiva

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En el último tramo de 2020, la dinámica política estuvo atravesada por las expectativas generadas a partir de los incipientes signos de reactivación económica, las tensiones derivadas de la corrida cambiaria y el relativo alivio al que dio lugar la estabilización de la crisis sanitaria de cara a la llegada del verano. El comienzo de año estuvo signado por cuestiones que si bien no desplazan a las mencionadas, implican ciertas novedades en los temas que explican los movimientos de las principales fuerzas sociales y actores políticos.

En primer lugar, la pandemia volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública. Una  segunda ola azotó a los países del hemisferio norte y hubo rebrotes relevantes en países limítrofes. A nivel local, las medidas de apertura que se extendieron por todo el país, sumadas a la circulación creciente en el marco de las vacaciones de verano, se tradujeron en un aumento de casos que si bien no llegó a desbordarse sí se mantuvo en una meseta alta. Asimismo, el  debate acerca de la vuelta de las clases presenciales se transformó en terreno de disputa crucial entre el oficialismo y los sectores de la oposición que gobiernan distritos importantes, con especial atención en la Caba. Desde la política asumida por el Ministerio de Educación de la Nación, el oficialismo definió no dejar este franco abierto para la acumulación de la oposición, tempranamente aseguró que la vuelta a las clases presenciales no estaba en discusión y que de lo que se trataba era de garantizar condiciones seguras. Cualquier definición al respecto era realmente compleja por la adaptación que implica para los sistemas educativos provinciales y por lo que pone en juego respecto de la vida cotidiana de las familias y la sociabilidad de niñxs y adolescentes. Es muy probable que con esa orientación, que no estuvo acompañada de un aumento de recursos acorde a los cambios de funcionamiento que se requieren ni por una estrategia coordinada con los principales gremios del sector, el FDT apenas haya podido aminorar los costos de un proceso que estuvo lejos de la planificación requerida. En todo caso, los gobiernos provinciales de Juntos por el Cambio, pudieron anotarse en este tema una módica victoria al quedar como quienes sostuvieron su posición desde antes y con más coherencia.

En segundo lugar, el oficialismo pudo mostrarse al cierre de 2020 como uno de los pocos gobiernos de la región que logró negociar en buenas condiciones la provisión de vacunas, algo que se vio reforzado cuando la vacuna Sputnik V recibió el aval en medios científicos internacionales. No obstante, la demora en los plazos de entrega -que el mismo presidente Fernández había anunciado- y. más aún, el escándalo por los casos de vacunación por fuera del Plan Nacional, que terminó con la renuncia de Ginés González García, colocaron a la defensiva al oficialismo, justo en el terreno en que podía hacerse más fuerte.

La otra gran cuestión que se ha constituido en un nudo determinante de la actual coyuntura es el proceso inflacionario y, en especial, el aumento de precios de los alimentos. En un contexto de alza de los precios internacionales de las materias primas, la economía argentina, crecientemente concentrada y financierizada, sufre presiones diversas. A las que provienen del frente externo, se le suman las estrategias de las empresas de producción y comercialización de alimentos que en un contexto de caída exponencial del nivel de actividad (en 2020 el PBI se redujo casi un 10%) pujan por sostener e incluso incrementar su margen de ganancia. Contenida, al menos por ahora, la corrida devaluatoria contra el peso, este es un tema crucial por varios motivos. La contención de este fenómeno de alza de precios es clave para revertir el retroceso que los ingresos populares vienen sufriendo desde hace al menos un lustro y también para darle sostén a los indicios de reactivación de la economía. En este sentido, el capital político del FDT y los resultados económicos están ligados de un modo más que evidente.

Tal como sucedió en su primer año de gestión, el accionar del Gobierno Nacional está concentrado, mayormente, en atender los distintos emergentes de una crisis que es financiera, económica y social. Son pocos los momentos en los que puede sostener una agenda y dar cuenta de los efectos positivos de las políticas que despliega. Su estrategia sigue teniendo como camino principal la concertación. Estrategia que no excluye momentos de confrontación, cuya dosificación no responde sólo a cuestiones programáticas, sino que deben ser leídos en tanto respuestas a las encerronas que le plantean sus adversarios.

Afronta un cuadro muy complejo agravado por la herencia recibida del macrismo y potenciado por la actitud sostenida por los principales actores del poder económico, mediático y judicial que pugnan por condicionar al máximo su despliegue. Pero también por sus limitaciones a la hora de apoyarse más decididamente en su base social y en los errores que remiten a una cultura política que sostiene una mirada demasiado administrativa de la acción de gobierno y que naturaliza ciertos privilegios. Paradójicamente, especialmente, en esas limitaciones de “origen” las variantes de la derecha política encuentran un terreno propicio para construir una oposición que, aunque por ahora aparezca más concentrada en contener su núcleo duro, pretende capitalizar el descontento generado por una crisis económica que se prolonga y por la incertidumbre producto de la pandemia

Los objetivos del Gobierno y la agenda del FDT

“Alinear salarios, tarifas y alimentos”, la consigna que fijó CFK en aquel acto en el Estadio Único de La Plata viene teniendo eco en la orientación seguida por el equipo de Gobierno. Si bien la eficacia de las acciones desplegadas está por verse, desde los ministerios del área económica y los funcionarios de la jefatura de Gabinete que coordinan las instancias de negociación se impuso un discurso homogéneo y una política que apunta a un objetivo más bien mínimo: frenar el retroceso que vienen sufriendo los ingresos populares.

Para eso la intervención gubernamental ha tenido líneas diversas. A nivel discursivo se afirma que la pauta de inflación anual prevista por el presupuesto elaborado por el Ministerio de Economía y aprobado en el Congreso es viable, a pesar de que el nivel de inflación no bajó del 3% en los últimos tres meses. Dándole continuidad a un discurso que apuesta por el “equilibrio fiscal”, el Ministro Guzmán viene afirmando que las causas macroeconómicas del proceso inflacionario serán atacadas, en tanto el Ejecutivo se comprometió a no emitir moneda para hacer frente a las urgencias que plantea la crisis y a promover aumentos de salarios y jubilaciones que no signifiquen un salto en la demanda que derive en aumentos de precios. Junto con eso, Guzmán enfatiza en que para la recuperación es necesario un crecimiento del salario real. El Gobierno dio señales que van en ese sentido al cerrar la paritaria nacional docente en un 34,5%. Y al anunciar un aumento en jubilaciones y AUH del 8%, que será complementado con bonos para quienes perciben el haber mínimo y con un incremento del 50% en la tarjeta Alimentar.

En esta primera parte del año, las instancias de diálogo con distintos actores de la economía estuvieron a la orden del día. Por medio de diversas convocatorias, el Gobierno se mostró activo para generar espacios con sindicalistas y empresarios, con la pretensión de alinear expectativas y sobre todo mostrar que pretende fortalecer el papel del Estado como árbitro y regulador. Por un lado, hubo encuentros para trabajar sobre el eje precios y salarios. Por otro, se establecieron mesas sectoriales de diálogo pensadas para el mediano plazo. En esas instancias el mensaje del Gobierno tuvo tres premisas fundamentales. Paritarias sin techo, sin cláusula gatillo, pero con revisión. Monitoreo y control de precios. Programas de asistencia a la producción y promoción del consumo. Por otro lado, el Gobierno puso en funcionamiento el Consejo Económico y Social, una instancia en la que pretende construir acuerdos de más largo alcance, y que con la dirección de Gustavo Béliz trabajará sobre un arco de temas bien diversos. Se trata además de una propuesta de campaña de Alberto Fernández, con la que el presidente intenta poner en escena tanto su impronta acuerdista como su llamado a construir un nuevo pacto social. Toda esta línea de intervención muestra una continuidad con acciones desplegadas en los meses previos y refuerza un rasgo a destacar: la presencia dominante de las grandes corporaciones y la ausencia o el lugar testimonial de los actores pyme y del mundo de la economía popular.

Más allá de tales convocatorias y de la puesta en marcha de esas instancias de diálogo, el Gobierno atraviesa tensiones constantes que marcan la pauta de la dinámica política que promueven los sectores del gran capital. Luego de una puja que se extendió durante semanas el Gobierno Nacional llegó a un acuerdo con los productores y exportadores de maíz que pretende evitar que la suba del precio internacional de ese producto genere desabastecimiento interno o una mayor suba de alimentos, dado que se trata de un insumo fundamental para la producción ganadera, avícola y porcina. Luego de decretar límites diarios a las exportaciones, con el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, a la cabeza, el Gobierno estableció un monitoreo permanente de las distintas variables en conjunto con el sector privado, representado por la Mesa Intersectorial del Maíz, que funcionará por lo menos hasta que la nueva cosecha genere a partir de marzo una situación más holgada. El dato político de esa negociación fue la fractura al interior de la Mesa de Enlace y la consolidación del lugar privilegiado del Consejo Agroindustrial Argentino como interlocutor empresarial del Gobierno.

A su vez, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo se ha intentado ampliar los programas de control de precios y se creó el Consejo Federal de Comercio Interior, con el objetivo de amplificar la capacidad de fiscalización. Además de la renovación de Precios Cuidados, la Secretaría de Comercio Interior lanzó otras acciones, con efectos y alcances diversos, como los acuerdos con el sector de la carne y con productores de aceite. En ese marco, desde dicha Secretaría también se imputó a un conjunto de empresas líderes en la producción de productos de consumo masivo ante la falta de mercadería en distintos centros de comercialización, en lo que se identificó como una infracción a la resolución de precios máximos y la Ley de abastecimiento.

Más allá de esta línea de acción, el horizonte aparece con turbulencias. La inflación de enero fue del 4% y se estima que la de febrero rondará el 3,5%. Las condiciones estacionales del mes de marzo hacen que sea un mes que tiende a mostrar importantes aumentos de precios. Por lo tanto, para ser realidad la pauta del 29%, fijada por el Ejecutivo, se requerirá de un cambio de tendencia pronunciado en los meses siguientes.

Sin dudas, concretar la vacunación masiva contra el Covid-19 es el otro gran objetivo del Gobierno. Si hace un año, con el inicio de la pandemia, su legitimidad se jugaba casi en pleno ante la necesidad de evitar un desborde del sistema sanitario, a esta altura la campaña de vacunación tiene un significado similar. En un contexto de disputa descarnada a nivel global, el acceso a las vacunas es determinante para evitar una segunda ola o mitigar sus efectos. Y la concreción de la campaña de vacunación es fundamental para darle aire a la tenue recuperación económica, más aún cuando desde el Ejecutivo se apuesta a no tener que destinar una masa de recursos comparable a la del año pasado para asistir a los sectores que quedarían  más comprometidos con una nueva cuarentena. En este sentido, los efectos negativos del escándalo por los casos de vacunación por fuera del Plan Nacional son aún incalculables.

El Gobierno apuesta a aminorar los daños con una estrategia que combina la construcción del hecho como un “error personal” y un caso aislado, y el incremento del ritmo de inmunización de la población a partir de la llegada sostenida de más vacunas provenientes de diversos laboratorios en los próximos dos meses. A su vez, anunció que en el mediano plazo habrá condiciones para la producción local.

En medio de la dinámica marcada por la crisis económica y la pandemia, el FDT trabajó sobre algunos temas a modo de una agenda propia que remite a su vez a los sectores que conviven en su interior y a los niveles de cohesión que serán puestos a prueba en un año electoral. Entre esas iniciativas se destaca el proyecto que modifica el régimen del impuesto a las ganancias y que beneficia a más de un millón doscientos mil trabajadorxs. Promovido por Sergio Massa, cuenta con la cantidad de votos para ser aprobado en ambas cámaras del Congreso. La medida retoma reclamos de los sindicatos y también concreta una promesa incumplida por el gobierno de Cambiemos. En concreto, mejorará el poder adquisitivo de una franja, cuantitativamente significativa, de lxs asalariadxs que recibe sueldos medios, pero al mismo tiempo implica un esfuerzo fiscal importante por el monto que el Estado dejará de recaudar. Por ende, deja pendiente un debate más abarcativo respecto del sistema tributario. Asimismo, tiende a descomprimir la presión sobre los niveles salariales, y con ello también implica un beneficio indirecto para los empresarios.

Con menos repercusión mediática, el oficialismo impulsó durante el período de sesiones extraordinarias la aprobación de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Cajoneada por el macrismo durante su mandato, la norma fija como objetivo de acá a diez años que el presupuesto para ese rubro represente el 1 % del PBI. Lo que significa cuatro veces más que la situación actual. Entretanto, a través de un decreto, el Gobierno Nacional derogó el DNU de Mauricio Macri que endurecía la política migratoria con un sistema de expulsiones exprés de extranjerxs que tuvieran cualquier tipo de vinculación a cualquier tipo de causa penal, dejando así en plena vigencia la Ley de Migraciones. Si con la modificación del impuesto a las ganancias el oficialismo hace un gesto a su pata sindical y al espacio referenciado en Sergio Massa, estas últimas medidas sirven para responder demandas de su base que se ubican del centro hacia la izquierda.

Un párrafo aparte merece la definición adoptada respecto de la nueva licitación para la gestión privada de la llamada Hidrovía Paraguay-Paraná. A pesar de que en agosto, el presidente Fernández había decidido la creación de la “Administración Federal de la Hidrovia Sociedad del Estado”, tres meses después el decreto 949/20 frustró la posible recuperación del control estatal de la principal vía para el comercio exterior que tiene el país y dejó en claro que el manejo de ese espacio estratégico seguirá en manos de grupos empresarios. El llamado para concretar la nueva concesión realizado desde el Ministerio de Transporte (la actual vence en abril), generó dudas y debate entre las propias filas del Frente de Todos que por ahora solo se tradujo en el acuerdo para constituir una comisión bicameral de seguimiento.

Gestos de confrontación

El discurso de apertura de sesiones legislativas mostró a un Alberto Fernández confrontativo. A días de transitar el momento más difícil en el frente interno, producto del affair de las vacunas vip, y en el marco de un año electoral, el presidente asumió una estrategia esperable: evitar quedar colocado a la defensiva apostando por una contraofensiva que tiene en el Poder Judicial y la oposición política a sus dos blancos excluyentes. En este sentido, se trató de una intervención que estuvo en sintonía con el alegato que días más tarde pronunció la vicepresidenta, Cristina Fernández, en el marco de la causa por el dólar futuro.

En términos de anuncios, lo más destacable del discurso presidencial puede resumirse en tres decisiones. El llamado a que el Congreso asuma de manera decidida el control cruzado del Poder Judicial, para lo cual instó a conformar una comisión bicameral. La definición respecto de convertir el combate de la violencia de género en una política de Estado comparable con la actitud asumida en su momento acerca de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar. Definición que tuvo un correlato concreto una semana más tarde con la firma del “Acuerdo Federal para una Argentina Unida contra la violencia de género”, junto con todxs lxs gobernadorxs. Y, por último, el anuncio de que el Poder Ejecutivo impulsará la investigación penal sobre los funcionarios del anterior gobierno responsables del acuerdo con el FMI que representó un endeudamiento récord de 44 mil millones de dólares.

En este punto, hay que destacar que en las últimas semanas diferentes voces del oficialismo hicieron énfasis en el hecho de que el crédito otorgado por Christine Lagarde a la gestión de Macri tuvo una finalidad geopolítica y fue aprobado para contribuir a sostenerlo en el poder. Esto, que de hecho fue admitido por funcionarios del FMI en una reunión con la CGT y que está siendo investigado al interior del propio organismo, no modifica la estrategia de no confrontación llevada a cabo hasta el momento, pero incorpora una dimensión que puede ser clave en el tramo decisivo de la negociación.

La oposición

Se cumple un año del inicio del ASPO en marzo de 2020: uno de los blancos elegidos por la oposición más radicalizada y apartada de la gestión, para confrontar con el gobierno del Frente de Todos fue la gestión de la pandemia. Primero fue la cuarentena y su extensión, la falta de libertad y coerción estatal, luego las vacunas y su dudosa eficacia, luego la apertura de escuelas,y por último, en una especie de cinta de moebius de racionamiento, la escasez de vacunas y el vacunatorio VIP. La oposición ante cada coyuntura redobla la apuesta para radicalizar sus posiciones y avanza en construir un ala de derecha conservadora en el armado de Juntos por el Cambio.

Los principales exponentes de la oposición parecen apostar a dañar cualquier estrategia planteada por el Gobierno para contener la crisis sanitaria, y, por lo general, terminan reafirmando su posición de víctima: nos quieren envenenar, nos roban las vacunas. “Emocionado y contento de ver como los argentinos se movilizan”, tuiteó el ex presidente Mauricio Macri el 27 de febrero posterior a la movilización en protesta por el vacunatorio VIP. Ese sábado, una raleada masa de Juntos por el Cambio (JxC) ocupaba una parte de la Plaza de Mayo mientras colocaba bolsas mortuorias con nombres de dirigentes políticos y dirigentes de DDHH como Estela de Carlotto. ¿Quiénes lo organizaron? su ala de ultraderecha, la Unión Republicana (UR) y los Jóvenes Republicanos (JR). El acercamiento de Bullrich a los libertarios y este tipo de agrupaciones de jóvenes con “performances” fascistas en la Plaza de Mayo, dan cuenta de una radicalización por derecha de JxC que conduce Patricia Bullrich y que busca socavar la expectativa presidencial de Horacio Rodriguez Larreta. Pero, lo más peligroso parece ser la audacia permanente de este sector por apostar a la acción directa y correr el límite de lo socialmente aceptable para disputar políticamente, al menos del ´83 a esta parte.

Las disputas internas de cara a las legislativas también vienen desde adentro del radicalismo, quienes han empezado a cuestionar su posición dentro de la alianza y también la conducción de Mauricio Macri. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, fue el que tiró la primera piedra y dijo que el ex presidente “no es el líder” de la UCR, anticipó que el radicalismo tendrá un “candidato propio” en las presidenciales de 2023 y criticó a los “tirabombas” de la coalición opositora de derecha. No es el único que piensa esto: lo acompañan en esa idea tanto Alfredo Cornejo como Martín Lousteau. Aunque estuvo destinado al ex presidente, el mensaje también fue para el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que puja por ser el candidato a presidente de Juntos por el Cambio.

En la capital hubo un cruce, que sonó a adelanto de las PASO o, al menos, pone de manifiesto las disputas entre sectores del  PRO: Fernán Quirós vs Patricia Bullrich. Luego de la crisis por el vacunatorio VIP, Fernán Quirós estaba respondiendo a la denuncia penal por enviar vacunas al sector privado de salud (aseguró que las prepagas y obras sociales recibirán una cantidad de dosis proporcional a sus afiliados), cuando mencionó que lo ocurrido con las vacunas a nivel nacional fue «un error grave que daña severamente la credibilidad de la campaña y eso afecta a todas las jurisdicciones, fue muy dolorosa y penosa». Al cruce salió la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien lo trató de tibio: «Recién escuché al ministro Quirós decir que esto es un error y no me parece que sea un error. Es más serio que un error. Tiene que haber definiciones más contundentes». Luego, redobló la apuesta y planteó que era necesario “democratizar la compra de vacunas” permitiendo que las personas compren vacunas de acuerdo a su disponibilidad monetaria en vez de que sea el estado el que centralice la compra.

En la provincia de Buenos Aires, las piezas comenzaron a moverse en Juntos por el Cambio. Elisa Carrió apuesta a liderar la boleta este año. Hizo algunas reuniones  con los intendentes del PRO e hizo las paces con Jorge Macri, quien también podría ir como candidato. Otro actor de JxC que està con los ojos puestos en la PBA es el vicejefe porteño Diego Santilli, quien no sòlo está recorriendo el territorio bonaerense, sino también auspicia de gestor de recursos para intendentes propios: entregó patrulleros viejos de la policía de la ciudad en La Plata y Mar del Plata, y ya lo había hecho en Lanús en el mes de enero. La alianza de Lilita con Jorge Macri busca confrontar a Santilli con Horacio Rodriguez Larreta. Otros dos posibles candidatos provinciales son Cristian Ritondo y Martín Lousteau, quien también salió a recorrer la provincia, pero -en su caso- para militar a Gustavo Posse en la elección interna de la UCR bonaerense, del 21 de marzo. Las internas en PBA se sumaron a las de CABA. y  Córdoba.

Por su parte, Miguel Ángel Pichetto y el PJ disidente lanzaron Peronismo Republicano, una agrupación para disputar espacios dentro de Juntos por el Cambio. Hicieron el lanzamiento durante un acto en San Miguel. El ex candidato a vicepresidente criticó al Gobierno, reivindicó a Carlos Menem, al “peronismo de Perón» e identificó como el problema de la Argentina “la ideología del pobrismo”. Pidió “bajar la carga impositiva de los empresarios porque son los que generan empleo” y reclamó “modernizar las normas laborales: son todas leyes de los años 70 y se mantienen casi intactas“ Afirmó que van a consolidar la coalición opositora para volver a ganar en 2021 y en 2023″

El año electoral asoma como un laboratorio del ala radicalizada que busca sumar adhesiones ya no sólo desde el antiperonismo sino también desde la antipolítica, estrategia más fácil de desplegar lejos del gobierno. Como señala el manifiesto de la revista crisis: la profunda fractura social que atravesamos y sus múltiples caras, han agudizado las contradicciones frente a una clases dominantes que no está dispuesta a negociar nada. Esta situación de crisis sin aparente solución deja a la derecha en una mejor posición para sacar tajada y ganar legitimidad. La antipolítica sobrevuela cada coyuntura, y la ultraderecha local se encarga de vestirse de antisistema para llamar a la rebeldía de la juventud y de los desencantados. El acercamiento de Bullrich con Milei y otros exponentes libertarios apunta a canalizar por derecha un descontento creciente con un sistema que no da respuestas y que ubica a los “políticos” como los principales responsables.

En este sentido, Marisa Duarte (directora del IADE) señala en esta entrevista que uno de los grandes desafìos que presenta la alianza del Frente de Todxs es lograr satisfacer las diversas expectativas que tienen sus diferentes partes frente a una derecha que desafìa permanentemente y una crisis económica que deja en mejores condiciones a los sectores concentrados. Afirma: “En la región hay una disputa en la cual la derecha tiene absolutamente claro hacia dónde debe ir, mientras que en el espectro de la izquierda asistimos a un debate constante entre la radicalización de las propuestas y cierta dilución de determinadas banderas. Esa tensión (…) puede ser una forma gradual de ir camino hacia la derechización de las sociedades, e incluso de los propios movimientos”. Sin dudas, unos de los grandes desafìos del campo popular en este año no sólo se ciñe a lo electoral sino, sobre todo, a dar respuesta a los grandes malestares de la población y ofrecer una salida política que gane logre salir del callejón de lo posible.

Sindicatos y movimiento feminista: entre los efectos de la pamedia, las paritarias y la lucha contra los femicidios

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El movimiento sindical

A un año de que se decretaran las primeras medidas de aislamiento, no hay dudas de que la pandemia de Covid-19 transformó la realidad del trabajo y que hay fenómenos que llegaron para quedarse, al menos un tiempo más.

Un relevamiento privado indica que más del 70% de lxs trabajadorxs que hacen home office no recibió ningún equipamiento por parte de sus empleadores y que el 90% no tuvo asistencia económica complementaria para el pago de servicios. El 56% dice que su situación económica empeoró y un tercio considera que sigue igual. La ley de teletrabajo, sancionada en 2020 por el Congreso, regirá a partir de abril. La norma establece, entre otras cuestiones, que el empleador deberá proporcionar las herramientas de trabajo necesarias y asumir los costos del mantenimiento del equipamiento. También fija el derecho a la desconexión. Los gremios más implicados en esta modalidad deberán adecuar sus estrategias para hacer cumplir la normativa.

Aunque lejos del contexto impuesto por las medidas más restrictivas, la pandemia sigue siendo parte fundamental de los conflictos que atraviesan algunos sectores relevantes del mundo sindical. Entre los casos más salientes, en la Caba tanto los Metrodelegados como lxs trabajadorxs de la educación y la salud están a la cabeza de reclamos para garantizar condiciones seguras, incluyendo la pelea por acceder a la vacunación. Los metalúrgicos volvieron a enfrentar al Grupo Techint por despidos y la falta de cumplimento del convenio colectivo. Por su parte, uno de los actores más visibles en la pandemia, como los trabajadores de aplicaciones de reparto, encabezaron en las últimas semanas una nueva medida de fuerza convocada a nivel nacional.

Mesas de acuerdo y cambios en ganancias

En los primeros meses del año las conducciones de las centrales sindicales y los dirigentes de las principales estructuras gremiales tuvieron un importante protagonismo en algunas de las principales iniciativas promovidas por la coalición de gobierno. Fueron actores fundamentales en las instancias convocadas para generar un marco de discusión de precios y salarios. Mientras el Gobierno sostuvo la necesidad de no ponerle techo a las paritarias, en los hechos los dirigentes sindicales avalaron el criterio de que las negociaciones no pongan en discusión el retroceso que los salarios vienen sufriendo en los últimos años, sino que se orienten por la pauta inflacionaria, del 29%, que el equipo económico estableció en el presupuesto de este año. También ocupan una decena de sillas en el flamante Consejo Económico y Social, que comparten con empresarixs, investigadorxs y parte del gabinete nacional. Finalmente, participaron de lleno en la generación del proyecto de ley que modifica el impuesto a las ganancias.

Para las principales conducciones este no es un año más. Prevista inicialmente para agosto pasado, la renovación de autoridades en la CGT está en suspenso. A su vez, si la pandemia lo permite, muchos sindicatos deberán pasar por las urnas en 2021. De hecho, el Ministerio de Trabajo dispuso una nueva prórroga de los mandatos y suspendió la realización de elecciones en los sindicatos de todo el país hasta el 31 de agosto. Tanto bancarios, como la Uom, Sanidad, Alimentación, La Fraternidad y La Unión Ferroviaria tienen que ir a elecciones. También Gastronómicos, Petroleros, Suteba y el sindicato del neumático.

En el marco de la CGT, Daer se proyecta desde hace tiempo para lograr su continuidad. Pero del lado del moyanismo parecen resueltos a poner en la conducción a un nombre propio, como es Pablo Moyano. No hay que descartar la aparición de una tercera figura que cierre por consenso y evite dirimir esta disputa en un Congreso (algo que históricamente ha derivado en la fractura de la central).

Paritarias

El año empezó con un conflicto que a la postre quedaría como un hecho excepcional. Luego de 22 días de huelga, los trabajadores agrupados en la Unión de Recibidores de Granos y Anexos (Urgara), el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) y la Federación Aceitera (Ftciodyara) lograron hacer valer la revisión pactada en la negociación paritaria de 2020 que las cerealeras se negaban a aplicar. Fue excepcional porque en medio de la pandemia lo que primaron fueron las negociaciones salariales a la baja a cambio de garantizar puestos de trabajo y porque el resultado de la medida de fuerza reafirmó el criterio que viene promoviendo esa Federación: reclamar aumentos salariales de acuerdo al valor de la canasta familiar y no sólo teniendo en cuenta el nivel de la inflación.

Llegado el mes de marzo las paritarias cerradas no son demasiadas, pero ya se puede hablar de una tendencia a la negociación enmarcada en la pauta que se postula desde el Gobierno Nacional. Aumentos por encima del 29%, con revisiones y sin cláusula gatillo.

La Bancaria marcó el camino al cerrar un 29% de incremento para este año más una actualización salarial del 2,1% pendiente, además de una cláusula que prevé revisiones en septiembre y noviembre. Acuerdos similares fueron sellados por el sindicato de encargados de edificios y el de los trabajadores de entidades deportivas y civiles (Utedic).

También hubo acuerdos importantes que involucran al sector público o a empresas del Estado. En AySA lxs trabajadores tendrán un aumento del 32%, con revisión en noviembre. Mientras que la Paritaria Nacional Docente se cerró con un incremento de 34,5% en tres cuotas con tres revisiones hasta septiembre.

El movimiento feminista

¿A nosotras quién nos cuida? La cuestión de la reforma judicial feminista

El movimiento feminista cerró el año 2020 con un festejo político que estaba esperando hace dos años. La revancha tuvo lugar en los últimos días de diciembre, cuando el Senado aprobó la legalización del aborto en Argentina. Desde entonces la discusión está centrada en cómo avanzar para garantizar su efectiva implementación. La discusión legislativa por la legalización del aborto significó además la recuperación de la estrategia callejera por parte del movimiento, a partir de cierto relajamiento de las medidas de aislamiento social obligatorio que predominaron desde la irrupción de la pandemia.

El femicidio de Úrsula Bahillo el 9 de febrero por parte de su ex pareja, un agente de la Policía Bonaerense, despertó una nueva zaga de movilizaciones. “Si no vuelvo, rompan todo”, les dijo a sus amigas tiempo antes de su muerte, en alusión a la falta de respuesta de la justicia y la complicidad policial con quien se convertiría en su femicida. La movilización convocada por la familia y amigos los días posteriores a su muerte en la localidad de Rojas fue reprimida. En lugar de respuestas, quienes se movilizaron recibieron balas.

El Registro Nacional de Femicidios de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, publicó que durante el año 2019, hubieron “268 femicidios, 54 hicieron denuncias previas, 19 tenían medidas judiciales, y 15 femicidas pertenecen a las fuerzas armadas o de seguridad”.

El movimiento feminista convocó a movilizar en reclamo de justicia, con la consigna “Por Ursula, por todes”. El colectivo Ni Una Menos en articulación con las organizaciones feministas, convocaron a una movilización nacional frente a los poderes judiciales de cada jurisdicción. Con ello el feminismo se inscribe en la discusión política abierta sobre la reforma judicial, tema importante de la agenda del oficialismo. Los contornos de qué implica una reforma feminista de la justicia aún están por definirse y está abierto a la disputa política entre las posturas punitivas (más cárcel, más seguridad), las burocrático administrativas (más pulseras para los violentos y refugios para las víctimas) y las que ponen el foco en la prevención y la no revictimización, al tiempo que muestran los límites de las respuestas punitivistas para frenar la impunidad machista y su complicidad institucional.

La respuesta del Poder Ejecutivo tampoco se hizo esperar. La madre y el padre de Úrsula fueron recibidos en la Casa Rosada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández; junto a Sabrina Frederic, Ministra de seguridad; la entonces responsable de la cartera de justicia y derechos humanos, Marcela Losardo, y Elizabeth Gomez Alcorta, Ministra de la Mujer, Género y Diversidad. Como parte de las respuestas institucionales, el Presidente de la Nación convocó a los gobernadores a comprometerse en la construcción de una sociedad libre de violencia de género, para lo cual llamó a la creación de un “Consejo Federal para la Prevención, Asistencia y Abordaje de los Femicidios”.

8M: los feminismos denuncian a Larreta

Con un febrero movilizado y con la cuestión de la reforma judicial incorporada a la agenda feminista se abrió un nuevo proceso de construcción del Paro Feminista de cara al Día Internacional de la Mujer, en un escenario de pandemia todavía vigente. Las asambleas abiertas, que vienen caracterizando la construcción de los paros feministas, cedieron lugar a un espacio de coordinación entre las organizaciones con mayor incidencia en la escena política.

Otras cuestiones se impusieron en el centro de la agenda. Temas sostenidos desde hace años por las organizaciones populares, sindicales y redes feministas, articuladas al proceso político del movimiento feminista en nuestro país. Parte de esa agenda se expresó en la conferencia de prensa que ese mismo 8M organizaciones sindicales, políticas y feministas realizaron contra Larreta, en la puerta de la Jefatura de Gobierno de la CABA. “Por una Ciudad para Todes”, anunciaron en su convocatoria. Con la presencia de los principales centrales sindicales y organizaciones políticas, se denunciaron las nuevas condiciones de explotación del trabajo que la crisis pandémica impuso a mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries; la problemática habitacional, la falta de trabajo, la ausencia de políticas para erradicar la violencia machista en la Ciudad. Entre las reivindicaciones planteadas se destacan: “trabajo con derechos, recomposición salarial y sistema integral de cuidados”, “reconocimiento de las trabajadoras comunitarias”, “cumplimiento de la Ley cupo laboral travesti trans”, “emergencia habitacional”, “presupuesto para erradicar la violencia machista”.

Desde las asambleas feministas de las villas de CABA se realizaron distintas actividades para denunciar la problemática habitacional que padecen mujeres y la población LGTIBQ, las cuales se vieron agravadas en contexto de pandemia. También denunciaron la falta de infraestructura pública de cuidado y reclamaron por el reconocimiento social y económico de los trabajos de cuidados comunitarios. Techo, tierra y trabajo (de cuidados) son también los temas prioritarios de la agenda feminista de las trabajadoras de la economía popular articuladas en la UTEP

Por la tarde se convocó una concentración en el Congreso Nacional, que contó con la presencia del amplio arco que hace parte del movimiento feminista. Durante la jornada, un lugar especial tuvo el “verdurazo feminista” realizado por las trabajadoras de la tierra “contra el modelo del agronegocio y el modelo agroindustrial que reproduce y promueve el machismo, envenena nuestros cultivo, cuerpos, territorios y alimentos”. Estuvo también presente el reclamo por la liberación de las presas por abortar. Detrás de la consigna “No estamos todas, faltan las presas”, organizaciones feministas junto a organismos de derechos humanos denunciaron las condiciones precarias en las que viven las mujeres en situación de encierro domiciliario.

Disputas electorales e intervencionismo imperialista: entre la crisis de legitimidad del neoliberalismo y su reforzamiento autoritario →

Informe #06 – marzo

Del 8M a las crisis del coronavirus: Movilización social, gobiernos en tensión y neoliberalismo en tiempos de pandemia →

Informe #07 – 1º de abril al 15 de junio

Nuestra América bajo la expansión de la pandemia: entre la crisis sanitaria y social y las disputas por las salidas →

Informe #08 – 15 de junio al 15 de agosto

Reactivación del conflicto político y social en el pico de la pandemia →

Informe #09 – 15 de agosto al 5 de noviembre

¿Cambio de etapa? Avances contra el imperialismo y aumento de la movilización popular →

Informe #10 – 1 de noviembre al 20 de diciembre

Segunda ola, crisis económica y cambios políticos: ¿qué 2021 proyecta el año que pasó? →