Con un segundo año pandémico que logró un descenso de casos y de muertes a medida que avanzó la vacunación —aunque en un marco de desigualdad entre los diferentes países y regiones—, las luchas sociales y las confrontaciones políticas aparecieron en toda su diversidad hacia fin de año.
Estas incluyen especialmente a los colectivos de mujeres y diversidad, organizados en torno a la lucha por la igualdad de géneros; a los pueblos originarios, en defensa de sus tierras; a las poblaciones que luchan contra el saqueo y la contaminación de las corporaciones extractivas; a los y a las migrantes y a toda una gama de actividades de defensa de una vida digna. Son atravesadas, desde ya, por las agendas institucionales en las cuales se definen los principales resortes de poder legal en cada país. Todo ello, a su vez, se da en el marco de las disputas geopolíticas globales y continentales, que condicionan la resolución de los diferentes conflictos, en ocasiones de manera decisiva.
En este sentido, el bimestre noviembre/diciembre cierra un año 2021 intenso, que en algunos casos llenó de sorpresas el escenario político y en otros confirmó tendencias, en el marco de una crisis cada vez más evidente de las democracias representativas, que alcanza con particular intensidad a los proyectos neoliberales, aunque no únicamente.
Se puede decir que en general, durante el año, las elecciones favorecieron a las fuerzas de izquierda, tendencia que se acentuó en las últimas semanas con los resultados de Chile, Honduras, Venezuela y Nicaragua. En este país, luego de las elecciones el gobierno inició el proceso para abandonar la OEA, luego de denunciar la injerencia del organismo dirigido por Luis Almagro. Por otro lado, la derecha pareciera no haber alcanzado sus objetivos en sus intentos de asedio a varios gobiernos de izquierda, como sucedió recientemente en Bolivia, Perú y Cuba, además de las propias Venezuela y Nicaragua.
Sin embargo, la dinámica contiene un nivel importante de fragmentación y por lo tanto, de incertidumbre. Si de elecciones hablamos, en casi todos los casos los números aparecen bastante cercanos entre los diferentes partidos o frentes en pugna. Además, aparecen importantes variaciones en los meses previos a las citas electorales. Esto se suma a resultados contradictorios con la tendencia predominante, como es el caso del triunfo del banquero Guillermo Lasso en Ecuador, a principios de año —gobierno que de todos modos afronta un número creciente de dificultades económicas y sociales en estos meses—; y la derrota del Frente de Todos en las legislativas de Argentina, ante la alianza de derecha que fracasó en el gobierno en 2015-2019.
A su vez, aparecen indicios de impugnación a la democracia liberal, como el crecimiento de la abstención y una mayor volatilidad y fragmentación política. Por otro lado, en el terreno social, el desarrollo de luchas por el territorio no pocas veces se contrapone a las legislaciones y a las acciones institucionales que desoyen a sus supuestos representados. Entre estas últimas se puede mencionar los conflictos por territorio en Paraguay, Chile y Argentina, en todos los casos con raíces en el despojo a los pueblos originarios. También los conflictos contra el extractivismo, como sucedió en los últimos días del año en Chubut, en la Patagonia argentina, cuando la lucha de la población obtuvo un triunfo muy importante: el gobierno provincial se vio obligado a retroceder en la sanción de una ley al servicio de las corporaciones mineras.
Las desiguales relaciones de fuerza entre el centro imperial y la periferia aparecen de forma constante en casi todas las situaciones, aunque con diferentes caras. Pueden tener el rostro de una empresa minera, forestal o del agronegocio en alianza con legisladores, intendentes, gobernadores, presidentes. Puede ser un organismo financiero orientado por EE. UU. como es el Fondo Monetario Internacional, en discusión con el actual gobierno argentino por la deuda que legó el gobierno anterior, encabezado por Mauricio Macri. Puede asumir la forma de medidas coercitivas unilaterales, como sucede con EE. UU. respecto a Cuba y a Venezuela. Puede hegemonizar una Cumbre “por el clima”, como sucedió con la COP 26 en Escocia. Puede convertirse en una Cumbre “por la democracia”, con el objetivo de marcar el terreno de juego y aislar a los adversarios de EE. UU. —centralmente, los gobiernos del ALBA-TCP en el continente; China y Rusia en el resto del mundo— respecto a otros gobiernos, incluidos aquellos con rasgos progresistas moderados como México y Argentina.
En el terreno electoral, el triunfo de Gabriel Boric en el balotaje de las presidenciales de Chile es un dato clave para la región, que parece confirmar la debacle del pinochetismo como modelo económico y político. Este año también fue el año de las elecciones de constituyentes, donde la derecha no alcanzó el objetivo de sostener un tercio de convencionales como para conservar poder de veto. Se consolida así un escenario que merece toda la atención. ¿Qué tan de ruptura (o de moderación) será el gobierno de Boric? ¿Cómo responderá la derecha? ¿Hacia qué bloque histórico contribuirá su política exterior? Algunos interrogantes de cara al año próximo.
Mirado con algo de perspectiva histórica, no deja de ser sorpresiva la situación política en este país, hasta hace muy poco considerado el ejemplo (neoliberal) a seguir. Como es sorpresiva la situación de su vecino, Perú, que termina el año discutiendo la vacancia del maestro presidente Pedro Castillo, como continuidad de la ofensiva desplegada por las fuerzas de la derecha contra el gobierno electo hace pocos meses. Finalmente, el Congreso no admitió la moción de censura, aunque la propuesta quedó a pocos votos de los necesarios para iniciar el trámite, lo que muestra el difícil camino para la gobernabilidad en Perú.
A este panorama hay que sumar otras situaciones muy diferentes, aunque siempre con algún elemento convergente. Es el caso de Bolivia, con el pueblo movilizado ante el intento de la ultraderecha por desconocer el gobierno e impulsar otro golpe de Estado; o el de Colombia, que asiste a los cinco años de la firma del acuerdo de Paz con las FARC en un marco de ofensiva paramilitar; al mismo tiempo con importantes luchas sociales —como lo mostró el Paro nacional del primer semestre, duramente reprimido— y posibilidades de que Gustavo Petro triunfe en las presidenciales de mayo de 2022. O el de Brasil, con indicadores económicos y sociales en retroceso y un gobierno de Bolsonaro en baja, ante la posibilidad de concretar el regreso de Lula al gobierno en octubre de 2022. A la derecha pareciera quedarle solo Lacalle Pou, en Uruguay, con una aprobación significativa de su población, aunque parece enfrentar algunos signos de desgaste y tiene por delante una elección clave con el referéndum sobre la Ley de Urgente Consideración, que fue establecido para marzo de 2022.
Muy diferente también es el contexto de Cuba, país que enfrenta el bloqueo y las campañas de desestabilización de EE. UU. y pese a esto alcanza logros históricos en materia de salud pública, como lo muestra su campaña de vacunación con sus propios desarrollos farmacológicos; o el de Haití, con una difícil situación social y política, como lo muestran el magnicidio y el poder de las pandillas, a lo que se suman también las deportaciones desde su vecina República Dominicana. O el de Puerto Rico, todavía colonia de EE. UU. y donde la población —en particular la estudiantil— continúa luchando contra los intentos por “controlar” el presupuesto. También particular es la situación de Barbados, que acaba de cortar lazos con su antiguo colonizador, la Corona británica, para convertirse en república. El tema se encuentra en debate en otros países, como Santa Lucía y Jamaica.
En Mesoamérica, además de las victorias del sandinismo en Nicaragua y de Xiomara Castro en Honduras, una novedad respecto a administraciones anteriores es el distanciamiento de Biden respecto a gobiernos de derecha como los de Guatemala y El Salvador. En toda la subregión hay dos temas transversales excluyentes: uno es la situación de las personas migrantes (y su abordaje casi exclusivo como problema de seguridad); el otro es la creciente relación económica con China, más allá de los diferentes signos políticos. En México, AMLO llega a la mitad de su mandato con alta aprobación popular, con tres reformas —energética, electoral y de seguridad— como desafíos por delante y también con una deuda en materia de política migratoria.
Con sus particularidades y sus rasgos comunes, estos y otros temas son los protagonistas del informe #16 del Observatorio de coyuntura en América Latina y el Caribe que impulsa el Instituto Tricontinental de Investigación Social. Con este documento cerramos el año 2021, razón por la cual, además de analizar el período, intentamos aportar a un balance de la situación política continental, de cara a lo que representó el año que termina y qué deja hacia 2022.
En nuestro último informe, en el examen de la situación epidemiológica en América Latina y el Caribe, señalamos que las amenazas de una nueva ola de contagios tras la llegada de la nueva cepa Delta de la COVID-19 a la región no se habían cumplido y que, desde el último pico de mediados de septiembre, el número de contagiados y fallecidos disminuyó hasta alcanzar a fines de octubre los niveles de mayo pasado. Ciertamente, esta relativa contención de la nueva ola pandémica estaba vinculada a los avances de la vacunación.
Este proceso de vacunación ha seguido avanzando: al 18 de diciembre, ya en el cierre del presente informe, en Sudamérica un 76% de la población estaba vacunada (62% con dos dosis, 14% con una sola) y en México un 63% (51% y 12%). Pero nuestra región también se ve atravesada por la profunda desigualdad en la distribución de las vacunas y en las políticas sanitarias. Así, en la misma fecha, por ejemplo Haití cuenta con solo un 1% de vacunados (0,6% y 0,4%); Jamaica un 24%; y Guatemala un 35%.
Hemos examinado las causas de esta criminal desigualdad en informes anteriores, reseñando particularmente las resistencias de las corporaciones farmacéuticas y de los gobiernos de los países ricos a las demandas de los países del Sur y de las organizaciones y movimientos populares, que planteaban la urgencia de liberar las patentes de estas vacunas. Pero las patentes no se liberaron, el mecanismo COVAX fue boicoteado y las donaciones no pasaron de gestos geopolíticos. De esta manera, mientras que casi el 57% de la población mundial recibió al menos una dosis; en EE. UU. y la Unión Europea la cifra se eleva al 72% y en los países de ingresos bajos disminuye al 7,6%. Reescribiendo la parábola del rey Midas, la concentración de las vacunas en los países ricos —y su contracara de carencias en el Sur— suscitó la aparición de una nueva cepa —la Omicron—. El primer brote de ella ha sido en el sur de África. Vale la pena destacar que la nueva cepa es más contagiosa que las anteriores y tal vez con capacidad para superar algunas de las barreras que proveen las vacunas. Detectada a principios de noviembre en Botsuana, arribada semanas después al «viejo continente», esta cepa ha sido en parte la responsable de la nueva ola pandémica que azota a EE. UU. y a Europa. En este continente se concentra hoy más del 50% de los nuevos contagios registrados a nivel mundial, con picos en el Reino Unido, Francia, Dinamarca, Noruega y Finlandia.
En este contexto, casi reeditando lo señalado en el informe anterior, la llegada de esta nueva variante a Nuestra América interroga sobre si, con similar derrotero al de los países del norte, también aquí experimentaremos una nueva ola pandémica. En ese sentido, el número de contagios y fallecimientos a nivel regional está creciendo lentamente aunque partiendo de niveles bajos, en un cuadro heterogéneo donde se mezclan los ascensos de las últimas semanas en Argentina y en Bolivia y las disminuciones en Brasil y en México. Al 18 de diciembre, sólo Trinidad y Tobago se encontraba cerca del pico histórico y en el resto de los países, salvo Bolivia, el número de contagios no llegaba a superar el 39% de dicho pico.
Esta situación no oculta que la región ha sido en estos años la más afectada por la pandemia a nivel global —concentrando más del 30% de la mortalidad con poco más que el 8% de la población— pero otorga en la actualidad mayor centralidad a la crisis social y económica. Recordemos que América Latina y el Caribe experimentó una desaceleración económica histórica en 2020 con una contracción del producto interno bruto (PIB) en torno al 7%. En esa dirección, las estimaciones para este año evalúan un crecimiento de alrededor del 6%, que no recupera lo perdido en el pasado y con niveles de pobreza y pobreza extrema que se encuentran en su punto más alto en los últimos veinte y doce años, respectivamente.
A lo largo del año hemos reseñado —en base a diferentes informes de CEPAL, OXFAM y otras fuentes— la profundidad que alcanzó en nuestros países el proceso de desigualación social en el contexto de la pandemia, con la acentuación de las hambrunas y las carencias alimentarias. En esta dirección, la difusión del Informe sobre Desigualdad Global 2022 elaborado por el World Inequality Lab ratifica, una vez más, la magnitud de la desigualdad global y regional, señalando que el 10% más rico de la población mundial recibe actualmente el 52% del ingreso mundial, mientras que la mitad más pobre de la población gana el 8,5%. Las desigualdades mundiales de riqueza son incluso más pronunciadas siendo que la mitad más pobre de la población mundial apenas posee el 2% del total de la riqueza; mientras que el 10% más rico posee el 76%. Por otra parte, en la comparación entre regiones, América Latina y el Caribe se ubica tercera, luego de Medio Oriente y del África Subsahariana, donde el 10% más rico se apropia del 55% de los ingresos disponibles. Dicho informe señala además que estas desigualdades globales se acercan a los niveles de principios del siglo XX, cuando el imperialismo europeo se encontraba en su cúspide.
En este contexto, el Banco Mundial ha señalado que “las previsiones de crecimiento para los próximos dos años [para nuestra región] caen por debajo del 3 por ciento, un regreso a las tasas de crecimiento bajas de la década de 2010, generando preocupación de una nueva década perdida en términos de desarrollo”. Una perspectiva de corto plazo que, según el FMI, depende de la evolución de la pandemia, los precios de las materias primas, las condiciones financieras mundiales y el grado de demanda reprimida del sector privado.
En la misma dirección, estos organismos internacionales destacan sus preocupaciones por el incremento de la deuda pública —más de 10% con respecto a 2019— y la inflación —con sus raíces globales y el repetido diagnóstico neoliberal que señala a la emisión y el déficit fiscal como los responsables. A ello se suma, afirman estos organismos, la disminución de la confianza ciudadana en los gobiernos y partidos políticos y la magnitud de las tensiones y descontento social, elementos que plantean un escenario muy complejo hacia adelante. Ante este contexto, tanto el Banco Mundial como el FMI vuelven a plantear la necesidad de llevar a cabo de forma urgente las “reformas muy postergadas” en el ámbito de la infraestructura, la educación, la salud, la política energética, así como la reducción del déficit fiscal y el control monetarista de la inflación. Se reiteran, una vez más, las reformas estructurales que ya habían inspirado la última oleada neoliberal desde, por lo menos, el año 2015. También la tentativa de usar las crisis como catalizadoras de esas políticas. Por otra parte, la CEPAL promueve su paquete de reformas, aunque en este caso con mayor signo social, en su informe “Perspectivas Económicas de América Latina 2021”, elaborado junto a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Comisión Europea, y propone para ello “repensar el contrato social en la región, sugiriendo cuatro principios para guiar un proceso que genere amplios consensos: conciliar los intereses de todas las partes; contextualizar para adaptar a las circunstancias; compensar a los más afectados por las reformas; y comunicar bien el impacto de las mismas”.
Diagnósticos y propuestas formulados por los organismos internacionales ante una Nuestra América signada también por un ciclo de luchas sociales y por el triunfo de coaliciones progresistas —los últimos en Honduras y Chile— que plantean, como lo examinamos a continuación, otros desafíos para los pueblos y las perspectivas emancipatorias.
En nuestro informe #12, de principios de año, proponíamos una caracterización de la llegada a la presidencia de Joe Biden en términos del “regreso de la fracción ‘globalista’ al gobierno de EE. UU., tras los cuatro años del ‘americanismo unilateral’ de Trump”, con el objetivo de
reconstruir o fortalecer las alianzas o integración subordinada de Europa, por una parte, y de Japón, Australia y otros países del sudeste asiático, por la otra, en una tensión de dos frentes […] [con] el uso del llamado ‘soft power’ en su combinación con el ‘hard power’ […] Esos ejes pueden registrarse también en la política seguida hacia Nuestra América.
Los hechos de estos últimos meses no han hecho sino confirmar la construcción de una globalización recortada y agresiva; en el Pacífico, con la creciente presencia naval y acuerdos militares y el apoyo a Taiwán contra China; en la frontera europea, con la intervención en Ucrania contra Rusia. El riesgo de una peligrosa escalada que desencadene una confrontación militar ha sido denunciado por pensadores y movimientos populares que han señalado tanto el renacer de una nueva “Guerra Fría” como la posibilidad de una guerra mundial fragmentada. También a la luz de esta estrategia hay que examinar lo sucedido en las dos cumbres mundiales registradas en este periodo: por un lado la COP 26; por otro lado la llamada Cumbre por la Democracia.
Entre fines de octubre y mediados de noviembre tuvo lugar en Glasgow (Escocia) la 26° Conferencia de las Partes (COP), la cumbre periódica de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Esta COP en particular había despertado ciertas expectativas en el escenario internacional. Por una parte, por el palpable agravamiento de los efectos del calentamiento global con la extensión reciente de incendios, heladas y sequías devastadoras. También por el regreso de EE. UU., de la mano de Biden, a las negociaciones internacionales sobre el cambio climático —tras el retiro decidido por Trump en 2017— y la posibilidad de avanzar en acuerdos efectivos y concretos. Sin embargo, la COP volvió a defraudar estas esperanzas.
Caracterizada por la enorme presencia de lobbistas de grandes compañías —particularmente petroleras y de energía— y su influencia corporativa en las deliberaciones, los acuerdos oficiales resultaron bastante magros y muy lejanos de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero necesaria para mantener la elevación de la temperatura global alrededor entre los 1,5 y los 2 °C hasta el año 2100, recomendada por los Acuerdos de París de 2015. Ello plantea un escenario futuro de intensificación de la crisis climática, con sus efectos dramáticos diferenciales sobre los sectores populares y los países del Sur global. Un balance sobre la COP 26 y los desafíos que plantea para los pueblos del mundo puede consultarse en el Cuaderno N° 6 del Colectivo “Crisis socioambiental y despojo” de este Instituto.
Mucha más atención de los grandes medios mereció el acuerdo firmado por casi 100 países sobre la eliminación del uso del carbón como fuente de energía. Como se ha señalado, este acuerdo promovido por los EE. UU. —con una economía más vinculada al uso del petróleo— sirvió para acusar a China e intentar descargar sobre ella las responsabilidades de la crisis climática.
El uso imperial de una problemática socioambiental ciertamente no es nuevo para el gobierno estadounidense. En relación con el cambio climático, Biden promovió durante 2021 dos cumbres extraoficiales —una global y otra en América Latina—, y utilizó también el combate a la pesca ilegal para promover entre los gobiernos de Sudamérica operaciones navales conjuntas contra China.
Entre el 9 y el 10 de diciembre tuvo lugar de forma virtual la llamada Cumbre por la Democracia (Summit for Democracy) Convocada por el presidente Joe Biden y organizada por el Departamento de Estado de EE. UU. —por fuera de toda institucionalidad internacional—, en la cumbre participaron representantes de 110 países, invitados por el gobierno estadounidense —además de activistas, sindicalistas, investigadores, empresarios y otros miembros de la sociedad civil— para, según el slogan oficial, reforzar “los valores democráticos que están siendo amenazados en los últimos años”.
La confección de la lista de invitados suscitó debates y controversias —tanto al interior del gobierno estadounidense como, fundamentalmente, a nivel internacional— por las inclusiones de los gobiernos de India, Pakistán, Filipinas, Polonia, Brasil, Colombia, acusados de violentar las instituciones de la democracia liberal y/o por denuncias de violaciones a los derechos humanos. En el caso de América Latina y el Caribe, a las de antemano previsibles exclusiones de Venezuela, Cuba y Nicaragua se sumaron las más sorpresivas de Bolivia (gobierno electo resultado de la derrota de un régimen de facto surgido de un golpe de Estado) y los gobiernos del llamado “Triángulo Norte” centroamericano (El Salvador, Honduras, Guatemala). El hecho más insólito y revelador resultó la participación de Juan Guaidó ostentando el cargo de presidente interino de Venezuela que ya ni le reconocen sus propios aliados en ese país ni muchos de los gobiernos que lo sostuvieron en el pasado. Finalmente, la invitación al gobierno de Taiwán y la exclusión de China y de Rusia terminaron de mostrar el profundo sentido geopolítico de la iniciativa, alejado de los principios que decían inspirarla.
En el discurso de apertura, y tras detallar otras medidas adoptadas en el ámbito doméstico e internacional, Biden anunció el lanzamiento de la Iniciativa Presidencial para la Renovación Democrática, que planea destinar en 2022 hasta 424 millones de dólares “para apuntalar una gobernanza transparente y responsable, incluido la defensa de la libertad de los medios de comunicación, la lucha contra la corrupción internacional, el apoyo a los reformadores democráticos, la promoción de una tecnología que promueva la democracia, y la garantía de elecciones libres y justas” (la traducción es nuestra, desde la fuente original). También detalló iniciativas globales de combate a la corrupción, promoción de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas y la creación de un “Fondo de Defensa contra la Difamación de Periodistas” en el marco de la USAID, que además contará con más recursos para la construcción y defensa del “frente democrático” en todo el mundo.
Argamasa ideológica del bloque aliado, ariete discursivo frente a sus enemigos geopolíticos (China, Rusia), la cuestión democrática, junto al cambio climático, parece ser la temática elegida por el gobierno de Biden para el despliegue de su globalización recortada y agresiva. Con el anuncio de una segunda cumbre en 2022, Biden cerró los debates con una nueva intervención:
El mensaje final que quiero transmitir al cerrar esta Cumbre por la Democracia es que sabemos lo duro que es el trabajo que nos espera, pero también sabemos que estamos a la altura del desafío. Porque como he dicho antes, y como ha demostrado este encuentro, el mundo democrático está en todas partes (la traducción es nuestra, desde la fuente original).
A principios de diciembre se realizaron dos encuentros político-diplomáticos entre delegaciones de China y de América Latina y el Caribe. Ambas simbolizan y aportan a un proceso de avance en la integración política y económica, que sin dudas agita la preocupación de EE. UU y promueve campañas de propaganda y debates en todo el continente.
El primero de ellos fue el III Fórum con el PC Chino, en el que participaron —entre otros— los partidos integrantes del Foro de São Paulo. La segunda actividad fue la III Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de CELAC y China. En la declaración final de este último cónclave se menciona la Iniciativa de la Franja y la Ruta como un ámbito en torno al cual profundizar la cooperación; y se anuncia la adopción de un Plan de Acción Conjunto para la Cooperación en Áreas Claves China-CELAC (2022-2024), que aborda diferentes áreas.
La creciente presencia de China en Centroamérica es uno de los elementos a destacar como balance de este año y proyección de los venideros. Desde el 2007 a esta parte el gigante asiático viene incrementando sus acuerdos comerciales con los países de la región. Al respecto, dialogamos con el investigador Ruvislei Gonzalez Saez —miembro del grupo de trabajo de Clacso, China y el mapa de poder mundial—, quien indicó algunos de los factores que hacen al interés de China en Centroamérica:
La variable Taiwan es una cuestión muy importante para China. Con el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Nicaragua, solo Belice, Guatemala y Honduras reconocen a Taiwán. Hay que esperar al año que viene para ver qué sucede con Honduras cuando asuma Xiomara Castro. Con esto soy muy cauto porque el país viene de veinte años muy difíciles. Estados Unidos fue parte del golpe a Zelaya y hay importantes bases militares norteamericanas. Además traería conflicto con empresarios ligados a las maquilas, ya que el rubro textil y de calzados es muy importante para China. El segundo factor es la disputa estratégica con EE. UU., ante el avance de estos en el mar del Sur de China. China responde teniendo mayor presencia en el entorno inmediato estadounidense. Pero se maneja con mucho cuidado; China sabe que Centroamérica es importante para EE. UU. y por eso no quiere cometer un error que traiga conflictos geopolíticos.
Ruvislei añade que los sectores prioritarios para los acuerdos comerciales de China con los países centroamericanos están relacionados con los alimentos y recursos naturales, pero sobre todo con la energía eléctrica y las telecomunicaciones. Los países prioritarios son Costa Rica y Panamá, cuyo proyecto ferroviario para conectar el Atlántico con el Pacífico es parte de las inversiones de la Franja y la Ruta. En lo que respecta a Nicaragua, el investigador es cauto en torno a la construcción del canal interoceánico, ya que la diplomacia china intenta que las relaciones con el gobierno de Ortega corran por un carril distinto al del canal, por un lado por la inversión que implica y por otro, por el factor Estados Unidos.
El 30 de noviembre y el 1 de diciembre se reunió en México el Grupo de Puebla, que nuclea a integrantes de grupos progresistas moderados, en algunos casos con responsabilidades de gobierno, como en Argentina y en México. Del encuentro, entre otras figuras, participaron de forma virtual Alberto Fernández, Lula Da Silva y Luis Arce y en forma presencial Dilma Rousseff y Rafael Correa. En la declaración final, el Grupo de Puebla propone “el abandono definitivo del anacrónico modelo neoliberal”, para lo cual plantea la construcción de “un Modelo Solidario de Desarrollo articulado alrededor de seis ejes: la superación de la desigualdad social, la búsqueda del valor, una nueva política económica, la transición ecológica, la integración como construcción de región y una nueva institucionalidad democrática”. Con las ausencias de Venezuela, Cuba y Nicaragua, el espacio se diferencia de la orientación expresada en ALBA-TCP.
El 10 de diciembre, mientras se desarrollaba la Cumbre por la democracia promovida por el gobierno de EE. UU., en parte en Caracas y en parte de forma virtual se realizó el Congreso Mundial de los Pueblos por la Paz. La convocatoria lo definió como “un congreso internacional de movimientos sociales, organizaciones políticas y gobiernos populares” y planteó debatir tres ejes:
La lucha por garantizar derechos políticos, económicos y sociales para contrarrestar la crisis multidimensional actual;
El rechazo a los intentos de dividir nuevamente al mundo en “buenos” y “malos” para generar un contexto de nueva Guerra Fría;
Propuestas para contrarrestar los actuales retos que enfrentan la humanidad y el planeta.
En la actividad participaron militantes sociales de diversas partes del mundo, junto a dirigentes políticos como Evo Morales, Mel Zelaya, José Luis Zapatero y el presidente anfitrión, Nicolás Maduro, entre otros.
El 14 de diciembre se celebró en La Habana la XX Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los pueblos de América – Tratado de Comercio de los Pueblos. En la declaración final, los temas destacados fueron el rechazo a las medidas coercitivas unilaterales, así como “la actuación injerencista en los asuntos internos de los Estados del secretario general de la Organización de Estados Americanos” y “la utilización de estrategias de guerra no convencional contra los gobiernos y líderes progresistas de la región”. Entre estas estrategias, los mandatarios destacaron los “procesos judiciales políticamente motivados (lawfare), la manipulación con fines desestabilizadores de los derechos humanos, la campaña de propaganda y desinformación, el uso malicioso de las tecnologías de la información y la comunicación y los ataques cibernéticos, entre otros”.
Como continuidad del plan de trabajo que desarrolla desde hace varios meses la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) junto a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), el 15 de diciembre se realizó la II Reunión de Coordinación del Plan de Autosuficiencia Sanitaria para América Latina y el Caribe. El encuentro fue encabezado por el Coordinador Nacional de México en su calidad de Presidencia Pro Tempore, Efrain Guadarrama, y por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena. Pocos días antes Bárcena había anunciado su retiro como titular de la CEPAL a partir del 31 marzo de 2022, luego de trece años en la conducción del organismo dependiente de la ONU.
En cuanto al recambio institucional, los primeros días de 2022 se realizará en Buenos Aires una Cumbre de cancilleres de la CELAC, que podría avanzar en el cronograma de sucesión. De todos modos, la reunión no había sido confirmada oficialmente al cierre de este informe.
El 17 de diciembre se realizó —en formato virtual— la Cumbre de presidentes del Mercosur. Como una muestra de las diferencias en su interior, el comunicado final solo fue firmado por Argentina, Brasil y Paraguay. Uruguay no lo firmó, en desacuerdo con un párrafo donde los gobiernos se comprometen a revisar el Arancel Externo Común (AEC), sin considerar la posición uruguaya de “flexibilizar” las reglas y permitir los acuerdos de libre comercio individuales con otros países. El año 2022 es clave por las elecciones en Brasil, lo cual seguramente impactará en el rumbo de este bloque económico, que pareciera estar cada vez más a la deriva.
En noviembre tres noticias destacadas vincularon a la ONU con América del Sur. Por un lado, el reconocimiento de Nicolás Maduro como legítimo gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Solo 16 de 193 países se opusieron, algo que evidencia la pérdida de legitimidad del gobierno fake de Juan Guaidó, cuya existencia se reducía al plano internacional. Por otro lado, respecto a Bolivia, el Comité contra la Tortura de la ONU declaró como “paramilitares” a la Unión de Jóvenes Cruceñistas y la Resistencia Juvenil Cochala, grupos terroristas con activa participación en la dictadura y en los más recientes intentos por poner en movimiento al campo del golpismo. Por último, expertos de la ONU se mostraron “alarmados” ante la violencia carcelaria en Ecuador.
El 26 de noviembre un conjunto de centros de estudios e institutos de investigación —entre ellos el Instituto Tricontinental— presentamos un primer borrador de Un plan para salvar el planeta. La iniciativa es impulsada por la Red de Centros de Pensamiento, que reúne a espacios de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Dominica, Ecuador y Venezuela, en la región; y de países de Asia, África y Europa. El documento se plantea como un texto provisional, “construido con los análisis y las demandas de los gobiernos y los movimientos de nuestros pueblos. Requiere ser leído y discutido para ser criticado y desarrollado”. En este primer encuentro, el documento fue debatido con las organizaciones que forman la Asamblea Internacional de los Pueblos, en el marco del ciclo Dilemas de la Humanidad.
La Articulación de Movimientos hacia el ALBA informó que la III Asamblea continental se realizará en Argentina entre el 27 de abril y el 1º de mayo de 2022. Consultado para este informe, Gonzalo Armúa, secretario operativo continental, señaló que la reunión, que reunirá a decenas de organizaciones
marcará un nuevo momento para que la Articulación se plantee nuevos desafíos y siga trabajando en pos de la unión de la Patria Grande, con más organización, mejores herramientas de intervención e incorporando nuevas banderas de lucha. Continuando siempre con el horizonte de un socialismo indoafroamericano, para y desde los pueblos.
En el Cono Sur, las disputas electorales ocuparon el centro de la escena en el último bimestre de 2021. La elección más importante, sin dudas, se dio en Chile, con la primera vuelta el 21 de noviembre y la segunda vuelta el 19 de diciembre, que definió que Gabriel Boric será presidente durante el próximo período. De esta manera se da un nuevo momento institucional —el tercero, después del plebiscito de octubre de 2020 y de la elección de constituyentes de mayo de 2021— atravesado por el proceso de cambio abierto con las protestas de octubre de 2019.
El primer turno mostró con toda crudeza la situación del sistema político chileno. La crisis es evidente, no solo por la persistencia de un proceso de movilización y reorganización político-social que está sujeto a fuertes mutaciones y todavía no parece haber terminado, sino también por su impacto en el terreno electoral. El efecto tuvo que ver por un lado con la abstención (votaron solo el 47,3% de las personas inscritas); por otro con la fragmentación (hubo cinco candidaturas por arriba del 10% y ninguna alcanzó el 30%) y por último con la magnitud de la crisis de las dos coaliciones —una de derecha y otra de centro— que administraron el modelo neoliberal durante los últimos treinta años, desde el fin de la dictadura. Ambos espacios no llegaron ni al podio.
La primera vuelta tuvo como candidatos más votados a José Antonio Kast, del Partido Republicano (27,9%) y al candidato de la lista Apruebo Dignidad, Gabriel Boric (25,8%). El tercer lugar, con un sorprendente 12,8%, lo alcanzó el empresario y candidato de la “anti política” Franco Parisi, quien hizo campaña desde EE. UU., donde vive desde hace tiempo. Sebastián Sichel, del oficialista Chile Vamos, salió cuarto, con el 12,8%. Yasna Provoste, de Nuevo Pacto Social —el nombre actual del espacio histórico de la Concertación, liderada por el Partido Socialista y la Democracia Cristiana—, salió quinta, con el 11,6% (en todos los casos el porcentaje se refiere a los votos válidos emitidos).
El 19 de diciembre Boric obtuvo una clara victoria, por casi once puntos de diferencia: 55,9% a 45,1%, con una participación del 55,6% del padrón, novecientas mil personas más que en la primera vuelta. Estas elecciones, y en particular la llegada al balotaje de dos candidatos con nítidas diferencias políticas, expresan la complejidad del proceso de cambio en Chile y abren varios interrogantes sobre el futuro inmediato.
Uno de ellos tiene que ver con el otro gran proceso institucional en curso: ¿qué sucederá con la Constituyente y en particular, cómo impactará el nuevo escenario sobre la letra de la nueva Constitución? El otro se relaciona con el comportamiento de la oposición. ¿Cómo reaccionará el arco de la derecha? Su historia aporta dudas respecto a su apego a la democracia, cuando percibe que los resortes del poder están en juego. ¿De qué manera actuarán ahora, luego de una campaña sucia donde se agitaron todos los fantasmas anticomunistas, al estilo Guerra Fría? No deben pasar inadvertidos sucesos como el boicot al transporte en la propia jornada electoral o la reacción de “los mercados” en los días posteriores a la elección. Por último: ¿qué pasará con las protestas sociales, todavía importantes? Ese porcentaje que hace pocos meses respaldó a las listas de constituyentes emparentadas con la insurrección, pero que ve cómo esas formaciones naufragan en sus propias crisis, ¿cómo traducirá sus deseos y apuestas políticas?
Las respuestas a estas preguntas tendrán mucho que ver con la orientación del gobierno de Boric. ¿Será un gobierno de ruptura, que sepultará el neoliberalismo? O por el contrario, como advierten varios críticos desde la izquierda, ¿se tratará de una administración que no realizará cambios sustanciales?
Por lo pronto, el triunfo de Boric es un límite a la ultraderecha. En el agitado panorama político americano, no es poco. Un triunfo de Kast hubiera sido una pésima noticia para el país y para todo el continente.
Además de la orientación de política económica e institucional, también tienen importancia otros conflictos en torno a derechos sociales, como la lucha de géneros, que logró la aprobación legislativa del matrimonio igualitario y sufrió el rechazo del proyecto de despenalización del aborto. También son importantes los conflictos territoriales que involucran las demandas del pueblo mapuche, hasta ahora respondidas de forma casi invariable a través de la represión. A principios de noviembre, en el contexto de la militarización y el “estado de excepción” —decretado por Piñera con acuerdo del Congreso en octubre pasado—, integrantes de la Armada asesinaron a dos comuneros mapuche. Esto provocó un agravamiento de las tensiones y advertencias de respuestas por parte de las comunidades originarias.
En el sentido de la complejidad y tensión política, pareciera que la elección presidencial, más que cerrar un ciclo, abre un período —diferente, imprevisible— dentro del mismo ciclo de luchas. Es posible que cambie la posición de muchas variables en el terreno pero que se mantenga la intensidad.
En Argentina también en la última parte del año hubo elecciones importantes. El 14 de noviembre se concretaron las legislativas nacionales, provinciales y municipales en todo el país, en las que se confirmó la derrota del Frente de Todos —coalición gobernante formada por diferentes sectores del peronismo y la mayoría de los movimientos populares— frente a la alianza derechista Juntos por el Cambio, aunque por un margen menor al de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) de septiembre.
La misma noche de la elección el presidente Alberto Fernández anunció que enviaría al Congreso un proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), relación clave en la historia y en el presente de la República Argentina. El anterior presidente, Mauricio Macri, entre 2018 y 2019 endeudó al país por 44 154 millones de dólares, que —de acuerdo a su propio testimonio— fueron entregados a los bancos y se fugaron de la economía argentina en pocos meses. Los montos y las dinámicas involucradas son violatorios de los propios estatutos del FMI. El gobierno de Fernández incluso anunció el inicio de una querella criminal e impulsó una investigación del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Sin embargo, todo indica que el gobierno se orienta a pagar sin grandes cuestionamientos, limitándose a negociar plazos de pago y aspectos secundarios del monto.
Pese a todo, son varias las voces, entre ellas de economistas como Claudio Katz y Alejandro Bercovich, que critican duramente la alternativa elegida por el gobierno. En la coalición gobernante han aparecido voces críticas pero —al menos por ahora— minoritarias. Entre ellas se destaca la del dirigente social Juan Grabois, quien ha planteado en varias oportunidades diferencias con la orientación del gobierno en este y en otros temas. La vicepresidenta Cristina Fernández, que ha expresado disconformidad con algunos aspectos de la política económica, anunció por medio de una carta pública que apoyará las negociaciones conducidas políticamente por el presidente.
Si bien en un principio el gobierno quería enviar el acuerdo al Congreso antes de que finalice 2021, en diciembre se supo que las negociaciones, en caso de que finalmente avancen, no estarían cerradas hasta 2022. Durante los primeros días de diciembre el ministro de Economía Martín Guzmán encabezó una delegación que se reunió con Julie Kozack, subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental, en la sede del Fondo, en Washington, tras lo cual el organismo difundió un comunicado en el que plantea que hubo “avances en el trabajo técnico entre la delegación argentina y el equipo del FMI como parte de sus discusiones para alcanzar un programa respaldado por el FMI”. Cabe acotar que Argentina continuó realizando pagos de intereses, incluso en un momento crítico como el actual. El 1 de noviembre el Estado canceló intereses por 390 millones de dólares, con lo que totalizó pagos por 2470 millones en el año, sin contar que en diciembre se vencen otros 1900 millones de dólares.
Mientras tanto, a la polarización política le acompaña la polarización social, con episodios de violencia. En particular, la disputa por el territorio emerge con claridad en la Patagonia a partir de tres situaciones. Una es el conflicto por tierras entre propietarios privados y los titulares de la propiedad ancestral que reclaman las comunidades mapuche. Otra es el derrame de petróleo en Vaca Muerta, luego de una ruptura en un ducto en la zona cercana a Catriel, al norte de Río Negro. La tercera es la aprobación, a mediados de diciembre, de una ley de zonificación minera en Chubut, a espaldas de la población que varias veces ha dicho que no. La respuesta fue una amplia movilización popular en rechazo. La población resistió durante varios días la acción represiva, hasta que el 20 de diciembre el gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, anunció la derogación de la ley y la convocatoria a un plebiscito para definir la cuestión.
Estos episodios son parte de un ciclo de larga duración, que atravesó todo el 2021 y los años anteriores y forma parte del núcleo de contradicciones en la sociedad y en la política argentina, previsiblemente activas también en el próximo año 2022.
En el caso de Brasil, buena parte del escenario gira en torno a las próximas presidenciales, previstas para octubre de 2022. En informes anteriores mencionamos la consolidación de Lula como el candidato más fuerte, la cuota de votantes fieles a Bolsonaro y los numerosos intentos de la tercera vía por hacer «despegar» a su candidato. Los últimos sondeos muestran que Lula sigue liderando la carrera electoral de 2022. En un sondeo de Sensus encargado por IstoÉ, Lula podría ganar en primera vuelta con el 50,6% de las intenciones de voto, frente al 28,7% del segundo, Jair Bolsonaro. Según la misma encuesta, en posibles escenarios de segunda vuelta, Lula vencería a todos sus oponentes (Bolsonaro, Moro y Dória). El índice de rechazo a Bolsonaro alcanzó el 59,25%. La fuerza electoral de Lula se pudo observar en otras encuestas como PoderData, Ipespe, Paraná Pesquisas y Quaest/Genial. En el informe anterior se destacó que el liderazgo de Lula molestaba a uno de los principales representantes de las clases dominantes del país, Roberto Setubal. En una entrevista publicada el 12 de diciembre, el ex director del Banco Central Luiz Fernando Figueiredo dijo que el regreso de Lula sería desastroso para el país y que este necesita desesperadamente una tercera vía. Esta posición refuerza la idea destacada en el último informe: las clases dominantes brasileñas no darán paz a quien se atreva a escapar de su tutela.
A lo largo de 2021 Brasil vivió su peor momento pandémico, varias crisis políticas y vio empeorar la situación socioeconómica del país. El año cierra con un acumulado de más de 616 000 muertes por coronavirus. A medida que avanzó la vacunación hubo una desaceleración en el número de casos y muertes por la enfermedad. Las crisis políticas que atravesó Brasil fueron analizadas a partir del informe nº 12 de OBSAL. Hasta el 7 de septiembre, Brasil vivió numerosas tensiones. Después de esa fecha, la frecuencia de las crisis disminuyó considerablemente.
Por otro lado, la crisis socioeconómica del país se agravó a lo largo de 2021. Las altas tasas de desempleo y la elevada inflación, que en noviembre de 2021 aumentó un 0,95%, alcanzando el 10,74% acumulado en 12 meses, castigan a las clases menos pudientes. Además de las cifras presentadas en los informes anteriores, las escenas diarias denunciaban el crecimiento de la miseria y el hambre en las grandes ciudades. La más reciente fue en noviembre, cuando sorprendió la imagen de personas desmayadas por el hambre en las colas de los centros de salud.
A partir del informe #13, OBSAL comenzó a analizar ciertas políticas de Bolsonaro insertadas dentro de un proyecto de destrucción llevado a cabo por el gobierno. La destrucción puede verse en las medidas contra el medio ambiente, las instituciones estatales y la institucionalidad democrática. En el bimestre de noviembre/diciembre el proyecto destructivo se manifestó en la elección de André Mendonça para el Tribunal Supremo (STF). Bolsonaro, en 2019, ya había anunciado su deseo de nombrar a un ministro «terriblemente evangélico» en el STF. El 1 de diciembre, el Senado aprobó la nominación hecha por Bolsonaro del ex fiscal general de la Unión y ex ministro de Justicia. Mendonça en el STF significa una derrota para el progresismo dentro de las instituciones, ya que el nuevo ministro luchará por agendas conservadoras, siendo contrario a asuntos de diversidad y pluralidad como los derechos LGBTQIA+, el aborto, entre otros. Además, nuevas informaciones de The Intercept muestran que el gobierno de Bolsonaro ha avanzado en el debilitamiento del Estado, ahora en el sector aeroportuario, privatizando terminales y aeropuertos rentables, que antes eran controlados por Infraero, una empresa pública que surgió con la función de administrar los principales aeropuertos del país.
En Paraguay, el histórico conflicto por la tierra recrudeció a partir de la aprobación, en septiembre pasado, de la ley Zavala-Riera, que endureció la represión a los presuntos “invasores” de la propiedad privada. En los últimos meses crecieron los desalojos de familias campesinas, así como también las protestas populares. El 10 de diciembre, en el Día de los Derechos Humanos, el problema de la tierra fue el tema principal de una importante movilización en la capital, Asunción.
En este contexto, la bancada del Frente Guasu presentó un proyecto para derogar la ley Zavala-Riera, lo que provocó la respuesta del bloque ligado al agronegocio, expresado fundamentalmente en el Partido Patria Querida (PPQ). Este tema, junto al de la energía —en el marco de la renegociación del Tratado de Itaipú—, volverá a ser parte de las cuestiones principales de la política paraguaya el año que viene. También continuará la reorganización, de cara a las presidenciales de 2023, del oficialismo —que se mantiene dividido en dos grandes partes: el sector que responde al presidente Abdo Benítez y el que responde al ex presidente Horacio Cartes— y especialmente, de la oposición.
Una de las incógnitas es la posibilidad de una alianza amplia, que involucre desde el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) hasta sectores de izquierda. Sin descartar esta alternativa en absoluto, partidos y frentes de izquierda lanzaron el 20 de diciembre la articulación Ñemongeta, que incluye al Frente Guasú, Paraguay Pyahurã, el PMAS, Kuña Pyrenda y el Frente Amplio, entre otros espacios. El senador Hugo Richer, del Frente Guasú, caracterizó el acuerdo como “un paso muy grande en la unidad de las izquierdas y sectores progresistas de Paraguay. Se va a discutir la articulación política de todos estos sectores. (…) Buscamos fortalecernos para ganar las elecciones de 2023″.
En Uruguay la mirada está puesta en el 27 de marzo de 2022, fecha confirmada por la Corte Electoral para realizar el referéndum sobre la Ley de Urgente Consideración, que enfrentará al oficialista bloque de derecha contra organizaciones sociales, gremiales y políticas que impulsan la Campaña por el referéndum. Esto no quita que aparezcan conflictos como el que llevó a la paralización de plantas de ANCAP, la petrolera estatal, incluyendo la refinería de La Teja. Los trabajadores denuncian intentos de privatización, en particular del sector de cemento, y de avance sobre el convenio colectivo de trabajo.
Por otro lado, el 10 de diciembre, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, miles de personas se movilizaron en Montevideo en rechazo al proyecto de ley para otorgar prisión domiciliaria a represores de la última dictadura militar, impulsado por su expresión política más directa, el partido Cabildo Abierto.
Tras doce años del golpe de Estado a Manuel Zelaya, el tiempo dio la razón al pueblo hondureño: resistió al régimen del Partido Nacional y a su modelo neoliberal y logró triunfar, en lo que se augura como un nuevo proceso de cambio.
El domingo 28 de noviembre se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Honduras. La candidata de LIBRE, Xiomara Castro, se impuso por amplio margen al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura. Superando el 50% de votos y con más de un millón setecientos mil hondureños y hondureños eligiéndola, Xiomara se convirtió en la primera mujer a cargo del poder ejecutivo y la presidenta con más votos en la historia de Honduras.
La campaña electoral estuvo signada por el clima de fraude y hechos de violencia que tiñeron las elecciones. En los días previos a los comicios se registraron 30 asesinatos de dirigentes y candidatos políticos. A pesar de esto, la población acudió masivamente a votar, llegando al mejor porcentaje de asistencia luego de 1997, un 68% del padrón electoral.
La contundente victoria de la candidata de LIBRE, por casi quince puntos de diferencia, despejó toda posibilidad de fraude. Inmediatamente conocida la tendencia que consagró el triunfo de Castro, distintos sectores políticos y económicos saludaron a la presidenta electa. La excepción estuvo del lado del partido gobernante que tardó 48 horas en reconocer la victoria de Xiomara. Es importante recordar que el Partido Nacional gobernó desde el 2009 ininterrumpidamente con la complacencia del Partido Liberal, las FF. AA. y EE. UU.
Además de presidente, se eligieron diputados nacionales y alcaldes. Si bien el mapa del país quedó pintado de rojo con la victoria de Xiomara Castro en 17 de 18 departamentos, en los otros cargos electivos el escenario se vuelve más parejo. En medio de denuncias de fraude contra el Partido Nacional y peleando voto a voto se dirime si LIBRE junto al aliado Partido Salvador de Honduras podrán tener la mayoría simple, por el momento el Congreso queda dividido en cantidad de diputados de la siguiente manera: LIBRE 50 , Partido Nacional (PN) 44, Partido Liberal (PL) 22, Partido Salvador de Honduras (PSH) 10 y los partidos Democracia Cristiana y Partido Anticorrupción 1 cada uno.
En lo que respecta a la distribución de representantes para el Parlamento Centroamericano (Parlacen) el partido de Xiomara Castro obtiene 10 diputados, en segundo lugar se encuentra el PN con 8 y por último el PL con 4. En las elecciones de alcalde se hizo valer el poder territorial de los históricos Partidos Nacional y Liberal: de las 298 alcaldías en disputa, el PN se impone en 133, el PL en 87 y LIBRE en 52. LIBRE logró la victoria en las dos regiones más importantes del país: el Distrito Central —donde se encuentra la capital, Tegucigalpa— y en San Pedro Sula.
Las elecciones tuvieron una importante trascendencia internacional. Por un lado, el programa de LIBRE anuncia el establecimiento de lazos comerciales con la República Popular China y el fin de los acuerdos y el reconocimiento a Taiwán —esto se matiza ante la presencia de sectores pro estadounidenses como el caso de Salvador Nasralla—. Honduras es uno de los catorce países que reconoce a Taiwán y tienen entre sí importantes acuerdos comerciales. Por otro lado, el cambio de gobierno en Honduras abre un nuevo escenario en la región, con un gobierno de izquierda que no solo diversificará sus relaciones diplomáticas y comerciales hacia Rusia y China, sino que también promoverá la integración latinoamericana acompañando a los países progresistas del continente.
El 27 de enero del año próximo será la asunción de Xiomara Castro. Con una agenda plagada de urgencias sociales, económicas y políticas debe hacer frente al desempleo, pobreza y violencia que atraviesa el país. Debe renegociar la deuda externa con el FMI y afrontar la crisis migratoria que atraviesa la región. En su discurso victorioso del 28 de noviembre dejó en claro las prioridades de su próximo gobierno: pacificar el país, derogar las leyes impuestas por el régimen del PN —entre estas se encuentra la carta orgánica de las Zede (Zonas Especiales de Desarrollo Económico)— y llevar a cabo mecanismos de democracia participativa que hagan protagonista al pueblo de las directrices generales de los próximos años.
El 7 de noviembre se realizaron elecciones en Nicaragua, donde el sandinismo triunfó con más del 75% de los votos y reeligió como presidente a Daniel Ortega. Con alto nivel de participación, que alcanzó el 65% del padrón electoral, las elecciones se desarrollaron en un clima de tranquilidad social a pesar de las incertidumbres previas y el abstencionismo promovido por sectores de la oposición y medios internacionales. Se contó con la presencia de 232 acompañantes internacionales procedentes de 27 países y 600 periodistas nacionales e internacionales acreditados durante el proceso electoral.
Los resultados demostraron de manera contundente el apoyo social del sandinismo, con un 75, 92% de los votos. En segundo lugar quedó el PLC con el 14,15% y le siguen el CCN con 3.30%, la ALN con 3,15%, el APRE con 1,78% y el PLI con el 1,70%. Es importante recordar que actualmente hay siete dirigentes opositores detenidos y en proceso judicial que habían manifestado sus intenciones de ser candidatos a presidente. Estos son acusados de atentar contra la soberanía nacional y/o lavado de dinero.
El panorama internacional se agudizó tras los comicios. El gobierno estadounidense y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, se pronunciaron contra la legitimidad y legalidad de las elecciones, algunos países de la Unión Europea y de la región – como Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, entre otros – acompañaron esta postura. Almagro pidió la anulación del proceso electoral y amenazó con aplicar la Carta Democrática del organismo que preside. El gobierno nicaragüense actuó de inmediato ante las amenazas y renunció a la OEA. Rusia y China cuestionaron la posición estadounidense, y los mandatarios de Venezuela y Cuba saludaron el resultado electoral. Lo propio hizo el ex presidente boliviano Evo Morales Ayma.
El segundo giro en política exterior que dio el gobierno de Daniel Ortega fue la ruptura de los lazos comerciales con Taiwán y el establecimiento de las relaciones comerciales y diplomáticas con la República Popular China. Esto tiene una implicancia comercial y táctica, como destino de las exportaciones y forma de contrarrestar las sanciones comerciales de EE. UU., y estratégico-política, al aliarse a la potencia emergente en una región geoestratégica tanto para China como para EE. UU. A partir de esto, la propuesta de la construcción del canal interoceánico vuelve a tomar fuerza.
Durante los diversos informes que fuimos elaborando, analizamos la cuestión migratoria como la problemática central de la región, con el añadido, no menor, que es una agenda compartida con EE. UU. Desde finales de octubre a las primeras semanas de diciembre se sucedieron tres caravanas migrantes en México que se dirigieron hacia el río Bravo para cruzar a Estados Unidos. La primera salió desde el estado de Veracruz el 23 de octubre. Luego de varias deportaciones, hechos de violencia donde han muerto al menos cuatro extranjeros y la entrega de 800 visas humanitarias, todavía quedan unas 1.200 personas que buscan llegar a destino. El 18 de noviembre salieron dos mil migrantes desde Tapachula, y el 23 de noviembre partieron otras mil personas. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, en este año las peticiones de asilo sobrepasaron las 116 mil solicitudes, superando en un 46 % al 2020.
El 6 de diciembre se volvió a implementar la ley sancionada durante el gobierno de Donald Trump, “permanecer en México”. Tras la reunión de Biden con López Obrador se volvió a la medida que establece que las personas migrantes que solicitan asilo en EE. UU. esperen en México la respuesta al pedido. Esto es denunciado como una política anti humanitaria, ya que los y las migrantes deben permanecer en ciudades fronterizas atravesadas por violencia y sin garantías de hospedaje. Esta política junto al Título 42, las deportaciones masivas y la militarización de las fronteras implican una continuidad más que un cambio en la política migratoria de la administración demócrata, un “trumpismo sin Trump”. El endurecimiento de estas medidas fuerza a las personas migrantes a tener que buscar distintos medios peligrosos para cruzar la frontera, poniendo en riesgo su vida. Como consecuencia de esto, el 9 de diciembre fallecieron 55 personas y más de cien resultaron heridas al accidentarse el tráiler en el que eran transportadas más de cien personas migrantes en Chiapas, México. Entre las negociaciones de los presidentes de México y EE. UU. se acordó también la implementación del programa “sembrar oportunidad” en los países centroamericanos con el objetivo de generar empleo y así contener la migración irregular.
El cierre del 2021 implica el término de la primera mitad de la presidencia de López Obrador. El proyecto de la cuarta transformación avanza entre aciertos y cuestiones pendientes a las promesas con las que el líder de MORENA llegó al gobierno federal. Luego de tres años de gobierno, AMLO supera los 60% de aprobación de gestión con importantes logros sociales pero con grandes desafíos para encarar las transformaciones necesarias tras años de gobiernos neoliberales. La promesa de pacificación es una deuda pendiente en un país que desde el 2006 a esta parte ha incrementado de manera exponencial los homicidios, ha visto crecer al narcotráfico y el sicariato. La creación de la Guardia Nacional, dependiente de las fuerzas armadas, no ha sido suficiente para erradicar las bases de la militarización. Por otro lado, el oficialismo no ha podido conseguir las mayorías necesarias para avanzar en reformas estructurales, y en las que ha intentado llevar a cabo se encontró con el obstáculo del poder judicial, del INE y/o de los sectores de poder corporativos alineados a la oposición. Las tres reformas anunciadas para el próximo trienio son la energética, la electoral y la de seguridad.
En lo que respecta a la reforma más inminente, la eléctrica, los acuerdos parecen estar para que sea discutida en el Congreso de la Unión el 17 de enero; el gobierno deberá negociar con sectores de la oposición para aprobarla. AMLO anunció el aumento del salario mínimo en un 22% para el próximo año, alcanzando la medida a un total de 6 millones de trabajadores. Se trata del cuarto incremento desde el 2019 y un aumento del 65% del salario real durante las 4T. A pesar de esto, hay zonas de México donde el salario no llega a la Línea de Bienestar Familiar, en un contexto de crecimiento de la inflación y de desaceleramiento de la economía. Otro de los sucesos importantes fue la aprobación del presupuesto 2022, que tiene una fuerte prioridad en reforzar el sistema de salud y los programas sociales.
El 1 de noviembre inició el periodo que tiene el oficialismo para presentar las dos millones ochocientas mil firmas necesarias para el referéndum revocatorio promovido por López Obrador. Con la oposición en contra y tensiones con el INE, todo apunta a que en abril del 2022, se llevará a cabo la iniciativa. Por último, en el Estado de Colima se despenalizó el aborto, sumandose a Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Baja California.
En El Salvador, Nayib Bukele avanza con sus pretensiones de poder absoluto dando cumplimiento al “quinto paso” prometido en su discurso del primero de junio en la Asamblea Legislativa. Este año destituyó a los jueces de la sala de lo constitucional y logró que estos habiliten su reelección, poniendo en peligro el Estado de derecho. Mediante la ley agentes extranjeros sancionada el 16 de noviembre, distintas organizaciones denuncian que busca ejercer un control sobre las ONG y organizaciones sociales. Legislación similar rige en Nicaragua y Guatemala.
La otra normativa que despertó enormes descontentos es la que prohíbe las concentraciones públicas. Amparándose en la situación sanitaria por la Covid 19, el oficialismo implementó este decreto que es visto como un intento de frenar las sucesivas movilizaciones contra su gobierno. A pesar de esto, el 12 de diciembre se produjo la tercera movilización contra el gobierno de Nuevas Ideas, en la cual se conglomeraron sindicatos, jueces y empleados del Órgano Judicial, veteranos de guerra tanto de la Fuerza Armada como de la exguerrilla y varias organizaciones de la sociedad civil.
Uno de los aspectos más criticados del gobierno de Bukele es el pacto que estableció con las pandillas. Esto impidió la extradición de líderes de estos grupos. A cambio, el presidente se jacta de haber disminuido la tasa de homicidios, adjudicando estos resultados a su Plan de Control Territorial aprobado en el 2020 tras haber militarizado la Asamblea Nacional. El acuerdo con las pandillas parece haber entrado en tensión durante el mes de noviembre ya que se registraron picos históricos de homicidios: del 9 al 12 de dicho mes hubo 48 asesinatos. En los dos primeros años de Bukele (2019 – 2020) hay 3 751 casos de personas desaparecidas, de las cuales más de 1300 todavía siguen sin aparecer.
Las tensiones de Bukele con EE. UU. siguen en aumento. La Casa Blanca sancionó a dos funcionarios de su gobierno por corrupción y por el acuerdo con las pandillas. Las relaciones entre ambos países entraron en cortocircuito con las destituciones de los jueces de la Sala de lo Constitucional y la decisión del presidente de no dar marcha atrás. Además el gobierno salvadoreño aumentó su vínculo comercial con China. Otro de los conflictos que enfrenta Bukele es con el FMI, ya que el organismo exige a El Salvador que el bitcoin deje de ser una moneda de curso legal. Ante esto se anunció la creación de la Bitcoin City, donde únicamente circulará la criptomoneda.
En Guatemala, durante los primeros días de noviembre, organizaciones campesinas y sociales bloquearon importantes carreteras del país como mecanismo de presión contra el gobierno de Giammattei, donde denunciaron el alto costo de la canasta básica, el aumento del precio del combustible, así como cortes eléctricos arbitrarios por parte de las compañías. Además, las comunidades q’eqchi’ vienen resistiendo al avance de la minería en El Estor, Izabal, y exigen al gobierno poner fin al estado de sitio de treinta días impuesto a fines de octubre. Ante esto, el presidente ninguneó a los manifestantes y envió a las fuerzas policiales a reprimir ambas jornadas de lucha. El 21 de noviembre Giammattei declaró el Estado de sitio en dos comunidades indígenas tras el asesinato de 13 campesinos mayas perpetrado por grupos armados.
El presidente de Guatemala busca hacer de su país un interlocutor privilegiado de Estados Unidos en el Triángulo Norte, ante las tensiones de la administración estadounidense con Bukele y el cambio de gobierno en Honduras. A pesar de las intenciones del mandatario, Biden excluyó a su gobierno de la Cumbre por la Democracia, debido a las sucesivas denuncias de corrupción y violación del Estado de derecho. Giammattei viajó a EE. UU. para restablecer las relaciones y declaró: “Guatemala seguirá siendo, en mi gobierno, un aliado y amigo de los Estados Unidos de América, aún, a pesar de este gobierno”.
En Costa Rica arrancó la carrera por la presidencia. Las elecciones que se llevarán a cabo el 6 de febrero del 2022 tienen 27 candidatos y candidatas que buscarán presidir el Poder Ejecutivo. Las primeras encuestas arrojan que solo tres presidenciables superan el 5 por ciento de intención de voto y ninguno llega al 40 por ciento necesario para ganar en primera vuelta.
El candidato mejor posicionado es el expresidente José María Figueres, del Partido Liberación Nacional, quien obtiene un 19 por ciento, a él le sigue la exvicepresidenta, Lineth Saborío, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) con 8 por ciento y en tercer lugar se ubica el pastor evangélico y periodista Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República, con 5 por ciento. La encuesta indica que más del 40 por ciento de costarricenses se encuentran indecisos.
Como anticipamos en nuestro informe anterior, el lobby contrarrevolucionario que había organizado el 11J en Cuba estaba planeando un gran 15N, en un contexto radicalmente distinto al del pasado julio. Ya para noviembre la mayoría de la población cubana estaba vacunada, las fronteras se empezaban a abrir para el turismo —lo que traía la esperanza de una cierta recuperación económica, en el marco, claro está, del bloqueo— y el gobierno había llevado a cabo algunas acciones orientadas a mejorar el bienestar de la población. Se había planeado llevar a cabo movilizaciones el 15 de noviembre, pero finalmente no hubo convocatorias masivas en contra del gobierno. Lo que sí se vio fueron manifestaciones de solidaridad y apoyo a la Revolución, desde adentro y desde afuera de la isla. La más destacada al interior quizás haya sido la Sentada de los Pañuelos Rojos en las plazas del país, así como desde el extranjero el viaje a La Habana de integrantes de la Caravana de la Amistad de Pastores por la Paz, y la campaña #EstamosConCuba de la Asamblea Internacional de los Pueblos.
Además, en Cuba se aprobó una reforma judicial que entrará en vigencia el próximo 1º de enero. Se trata de cuatro leyes: de los Tribunales de Justicia, del Proceso Administrativo, del Código de Procesos y del Proceso Penal. En palabras del secretario de la Asamblea Nacional, Homero Acosta Álvarez, con estas leyes —que incluyen la participación del juez lego junto al juez profesional— “Cuba se pone a la vanguardia de la administración popular de justicia, con respecto al mundo”.
A cinco años de la muerte de Fidel, el 25 de noviembre no faltaron las conmemoraciones que se realizaron dentro y fuera de la isla.
A pesar del bloqueo, las medidas coercitivas de Trump que Biden no derogó y los poderes que se organizan desde dentro y fuera para deslegitimar la Revolución, en 2021 Cuba no solo sobrevivió sino que ya se convirtió en el segundo país del mundo con mayor porcentaje de gente vacunada —después de Emiratos Árabes Unidos— y con sus propias vacunas. Al 18 de diciembre, tiene el 83,41% de población con esquema completo y el 90,71% con esquema iniciado, desarrolló tres vacunas propias, envió brigadas médicas a más de diez países y fue el primer país del mundo en autorizar la vacunación de niños y niñas mayores de dos años —y, no está de más repetir— con sus propias vacunas, que además ya empezó a exportar.
Para la frontera Haití-República Dominicana, 2021 empezó conflictivo, con el inicio de la construcción de un muro fronterizo para frenar la inmigración de haitianxs. Las sucesivas crisis en las que Haití se vio inmerso solo agravaron la situación de lxs migrantes y durante el año fueron varias las ocasiones que se dieron a conocer de deportaciones masivas de ciudadanos y ciudadanas de ese país en distintas fronteras. La notoriedad fue mayor cuando la noticia fue, además, el maltrato en la frontera México-Estados Unidos, por la violencia, por el racismo que implicaba y por la cantidad de personas que esperaban ser aceptadas. En noviembre lxs migrantes haitianxs han vuelto a ser noticia por ser expulsados de un país; esta vez de República Dominicana, que suspendió el visado a estudiantes haitianos y prohibió la atención en hospitales a personas con situación migratoria irregular.
El Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados (GARR) de Haití denunció que, hasta el 18 de noviembre, República Dominicana había deportado unos 1.541 haitianos, entre ellos 153 embarazadas, nueve madres lactantes y 128 niñas y niños. Además, haitianos y haitianas han denunciado maltrato físico, agresiones sexuales en la frontera, deportaciones de mujeres en trabajo de parto y separación de madres de sus hijos e hijas.
Tanto la CIDH como la ONU han instado al gobierno dominicano a cesar las deportaciones de mujeres embarazadas, a lo que este último respondió que no se trata de “perseguidos políticos, miembros de una minoría étnica o religiosa, ni un grupo político particular” que corren peligro de ser sometidos a violaciones graves de sus derechos humanos, por lo que el gobierno dominicano no estaba obligado a recibirlos, y “no tiene responsabilidad alguna ante la situación de pobreza, desigualdad e inseguridad generalizadas que se vive en Haití”.
Por su parte, en Haití se vivió una tregua de las bandas armadas que desde octubre bloqueaban el abastecimiento de combustible, provocando el cierre de hospitales, escuelas, comercios y otros organismos y perjudicando asimismo la actividad de toda la población. Los bloqueos eran llevados a cabo por parte del grupo de pandillas G9, que exigía la renuncia del primer ministro Ariel Henry, al que acusan de participar en el asesinato de Moïse.
El año 2021 (como continuidad de los anteriores) ha sido un año de recrudecimiento de la violencia en Haití y del control de la población por parte de las pandillas y el crimen organizado, llegando incluso a paralizar actividades sanitarias en el marco de la pandemia o cercar barrios enteros en fechas en las que el pueblo estaba movilizándose. Las acusaciones de connivencia del partido de gobierno y sectores de poder con las pandillas son reiteradas y contundentes, y se ha comprobado su financiamiento por parte de actores estatales.
La inseguridad aumentó en paralelo al empeoramiento de la crisis institucional que, si bien venía manifestándose con mayor énfasis desde el cierre del Parlamento en enero de 2020, en febrero de 2021 llegó a un punto cúlmine, cuando el expresidente de facto Jovenel Moïse decidió no reconocer el fin de su mandato. Con la intención de hacer un referéndum para cambiar la constitución y la posposición reiterada de las elecciones, esta crisis alcanzó el clímax cuando Moïse fue asesinado en la residencia presidencial por un grupo de exmilitares colombianos. Desde allí, se sucedieron varios cambios de autoridades con baja legitimidad. La última gran modificación fue la sustitución de ocho ministros y el secretario de la presidencia el pasado 24 de noviembre. Las promesas siguen siendo organizar las elecciones y abordar la crisis de inseguridad. A la inseguridad relacionada con la violencia, se le suma la inseguridad alimentaria, sanitaria y la necesidad de recuperación de los daños producidos por el último terremoto.
Por su parte, en Puerto Rico, las manifestaciones de estudiantes universitarios fueron la expresión más visible de la resistencia contra la junta de control impuesta por Estados Unidos y el Plan de Ajuste de la Deuda aprobado en octubre mediante la Ley 53, que propone la reducción de la deuda pública de más de 70.000 millones de dólares a 34.000 millones. Esta reducción impactará de manera considerable en el presupuesto educativo y, durante el último semestre, los distintos centros de estudiantes llevaron a cabo paros y huelgas intermitentes.
Por su parte, las tres propuestas para resolver el estatus territorial de la isla (independencia, libre asociación y estadidad) siguen sin ser debatidas en el Congreso de Estados Unidos.
Si nos metemos en la situación de descolonización de las Antillas, finalmente en Barbados —en lo que fue el último paso del proceso de descolonización iniciado hace algunos meses y después de diversos intentos a lo largo de varias décadas— juró la nueva presidenta, Sandra Mason —exgobernadora de la isla— en el día del aniversario número 55 de su independencia. El acto en el que finalmente se formalizó el paso de monarquía parlamentaria a república fue presenciado ni más ni menos que por el príncipe Carlos de Reino Unido, lo que generó críticas por parte de activistas y grupos sociales que alegan, además, que la principal dependencia económica —que es seguir siendo parte de la Mancomunidad de Naciones— no se ha roto. Los principales desafíos son ahora la descolonización económica y una nueva constitución no colonial.
Barbados es el cuarto país caribeño en reemplazar a la monarquía británica por un sistema republicano (antes lo hicieron Guyana, Dominica y Trinidad y Tobago) y pareciera que no será el último. En Santa Lucía —país que este año se fue del grupo de Lima como una de las primeras medidas del gobierno que ganó las elecciones el pasado 26 de julio— el exprimer ministro pidió seguir los pasos de Barbados para independizarse de la corona británica. En Jamaica también se viene debatiendo la cuestión: el exprimer ministro se pronunció a favor de romper los lazos con la corona y el actual primer ministro prometió abordar el tema pronto, de cara al 60º aniversario de su independencia en 2022. Además en ese país también se está pensando en una revisión de la constitución, hecho que podría servir para establecer una nueva forma de gobierno. La pregunta que sobrevuela el mar Caribe es si habrá un “efecto dominó” en las islas y efectivamente se producirá una nueva ola descolonizadora.
Para completar el mapa del Caribe insular, cabe mencionar el conflicto que viene creciendo en Antigua y Barbuda por la intención del gobierno de instalar una segunda Zona Económica Especial. Se trata de la venta / cesión de 549 hectáreas a capitales privados para construir hoteles, negocios, parques temáticos, un centro de criptomonedas, un casino, viviendas privadas, un distrito financiero, almacenes, hospitales y universidades, sin pagar impuestos. Las ventas al mercado nacional desde la Zona —que tendrá su propia aduana— se considerarán importaciones a Antigua y Barbuda. El espacio en donde se construirá esto es la mayor zona de humedales del país y alberga especies silvestres únicas. El acuerdo fue firmado en octubre pasado de manera encubierta por el gobierno y los beneficiarios privados. Cuando salió a la luz, semanas después, comenzaron las críticas y se empezaron a organizar protestas en contra. Este proyecto es parte del Programa de Ciudadanía por Inversión (CIP, por sus siglas en inglés), que también suele recibir muchas críticas. Se trata de la posibilidad de obtener la ciudadanía del país a través de la inversión o la donación de dinero a instituciones locales. Este programa lo aplican varios países caribeños (además de otros en otros continentes), como Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía. Una de las voces más críticas que se han alzado contra esta política fue la del primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, afirmando que la ciudadanía no es un commodity a la venta.
Los escenarios electorales protagonizaron este 2021 el desarrollo de la correlación de fuerzas en América Latina y el Caribe y en particular en la región andina: fueron varios los informes en los que mencionamos la importancia estratégica de los comicios en casi todos los países andinos durante el año que termina, y en algunos casos, la proyección de los mismos hacia el 2022. Así, países de histórica tradición neoliberal se encontraron con la batalla de las urnas, y otros con proyectos revolucionarios se enfrentaron a la tarea de defender lo construído. En todo caso, llegaron a diciembre con el peso de ser protagonistas de las modificaciones políticas del mapa continental.
Perú inauguró los escenarios inesperados durante este año con la emergencia de un candidato ignorado por los análisis y las encuestas que, después de unas intensas semanas, finalmente fue proclamado presidente. Sin dar margen, la oposición fujimorista y la derecha local desplegaron desde el primer momento una campaña contra el gobierno de Pedro Castillo echando mano del recurso de la vacancia presidencial, que se vio intensificada con el avance de los meses y con la crisis política del partido de gobierno, Perú Libre, por el permanente cambio del gabinete de ministros que impulsaba Castillo, haciendo malabares entre las exigencias de su espacio político y la incesante amenaza de la oposición de desconocer su gabinete ministerial.
El Pleno del Congreso del Perú se citó el pasado 7 de diciembre para realizar la votación sobre la moción de censura contra el presidente por su “incapacidad moral” propuesta por partidos de oposición como Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular, y con 76 votos en contra y 46 a favor se rechazó la admisión de la Moción 1222. Sin embargo, se prenden las alarmas ya que para ser admitida la moción eran necesarios 52 votos que no están tan lejanos de los 46 que se obtuvieron, y permiten vislumbrar un camino difícil para la gobernabilidad en Perú.
De la votación, es importante destacar que, a pesar de los conflictos internos, Perú Libre rechazó la moción de censura contra el presidente y Vladimir Cerrón, uno de sus principales referentes, acudió a reuniones citadas por Castillo días previos a la votación en el Congreso. Para el partido, el mecanismo de la vacancia presidencial constituye a todas luces un intento de golpe de Estado contra un gobierno democráticamente electo. Una encuesta realizada por Estudios Peruanos publicó un relevamiento en el que el 71% de la población desaprueba el accionar del Congreso en el marco de este intento de vacancia presidencial.
En este marco de inestabilidad política, Pedro Castillo se reunió con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, en un encuentro que buscó “reforzar la lucha contra la corrupción, y el compromiso de garantizar la gobernabilidad y la democracia”. Con los antecedentes de Almagro en materia de desestabilización de gobiernos en América Latina y el Caribe, esta reunión marca un importante precedente en reconocer la legitimidad de Castillo; sin embargo, veremos en el 2022 qué implica eso para Perú en materia de su agenda internacional.
Entretanto, el magistrado Rafael Martínez anunció la apertura de un proceso penal contra el ex dictador Alberto Fujimori y varios de sus ministros por su responsabilidad en casos de esterilizaciones forzadas que se realizaron en el país entre 1996 y el 2000, como parte del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, por medio del cual fueron esterilizadas cerca de 300 mil personas, la mayoría mujeres.
Ecuador fue otra de las trincheras electorales de este 2021. Con la crisis económica y social profundizada por las políticas neoliberales del ex presidente Lenin Moreno y un aparente hartazgo social de este modelo, se proyectó en los primeros meses del año un posible retorno del correísmo al gobierno nacional. Sin embargo, a pesar de que el candidato de UNES, Andrés Arauz, alcanzó el primer lugar en la primera vuelta presidencial, la crisis social y en particular la tensión con los sectores indígenas y campesinos articulados en la CONAIE cambiaron el escenario previsto. Después de una fuerte disputa sobre quien pasaría a segunda vuelta entre Yaku Pérez, candidato por el instrumento electoral de la CONAIE, Pachakutik, y el candidato representante de los sectores bancarios, Guillermo Lasso, finalmente Lasso no solo pasó a la segunda vuelta a medirse con Aráuz sino que terminó consiguiendo la victoria presidencial. Con esto se selló el triunfo neoliberal y quedaron fuera de estos escenarios tanto el correísmo como el sector de Yaku Pérez dentro de la CONAIE.
Con el cambio de gobierno, el 2021 fue un año de intensas movilizaciones sociales en Ecuador en rechazo a las medidas económicas impulsadas desde el primer momento por el nuevo presidente, que continuaban el camino de privatización y endeudamiento abierto por Moreno. Así, en octubre —como en 2019— se realizó un importante paro nacional contra el aumento del precio a los combustibles, que es parte de una serie de medidas de ajuste solicitadas en el último acuerdo firmado con el FMI. La protesta se encontró —igual que hace dos años— con una respuesta represiva por parte de las fuerzas de seguridad. Las movilizaciones en rechazo a las medidas neoliberales continúan y se intensifican después de haber fracasado un intento de negociación entre delegados del gobierno de Lasso y representantes de la CONAIE, con manifestaciones ya convocadas para el mes de enero de 2022. Es importante agregar que el pasado 21 de diciembre Lasso criminalizó públicamente a Leonidas Iza, el presidente de la CONAIE, acusándolo de actos vandálicos y afirmando que lo enfrentará con “todo el poder del Estado”. Estas afirmaciones prenden las alarmas de una nueva persecución política contra dirigentes opositores en el país como lastimosamente ya es costumbre en Ecuador.
A esta crisis social se suma una preocupante situación humanitaria en las cárceles del país. Durante todo el año hubo numerosas denuncias de violación de derechos humanos en los centros penitenciarios del país, y en el mes de noviembre, los días 13 y 14 murieron 68 prisioneros producto de una masacre perpetrada en la Penitenciaría del Litoral por cerca de 900 efectivos militares, que ingresaron a las instalaciones penitenciarias, donde asesinaron —e inclusive quemaron— a varios ciudadanos privados de la libertad. Producto de la gravedad de este hecho, Lasso removió a la cúpula militar. Es importante resaltar que esta crisis se da en el marco de un estado de excepción carcelario decretado por el presidente el 29 de septiembre, después de una masacre precedente de 120 personas muertas, y un estado de emergencia nacional decretado el 18 de octubre por la continuación de la ola de violencia en los centros penitenciarios entre los detenidos y las fuerzas de seguridad y militares.
Ante esta grave situación, producto de la insistente denuncia de organizaciones defensoras de los derechos humanos, Ecuador recibió una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH) para verificar la situación humanitaria en los centros penitenciarios. Dentro de la agenda de la Comisión se incluyó una visita al ex vicepresidente Jorge Glas, quien sigue detenido desde el inicio del gobierno de Lenin Moreno en la cárcel de Cotopaxi.
Venezuela fue la tercera batalla electoral en las elecciones regionales y municipales realizadas en el mes de noviembre en las que el chavismo, a pesar de obtener buenos resultados en cantidad de gobernaciones, se midió electoralmente con las diferentes expresiones de la oposición que obtuvieron un apoyo importante a nivel nacional. Sobre esto conversamos con Hernán Vargas, del Movimiento de Pobladoras y Pobladores de Venezuela, en una entrevista en profundidad sobre el desarrollo de estas elecciones en medio del bloqueo, los desafíos para una nueva etapa y el sostenimiento de la Revolución, en la que se destaca la importancia de profundizar el modelo comunal del proyecto bolivariano.
Después de los comicios en los que se evidenció la dispersión de la oposición, los diferentes sectores de la misma desarrollaron agendas en paralelo. Por un lado, los gobernadores de la oposición que ganaron las elecciones en los Estados de Zulia, Nueva Esparta y Cojedes se reunieron con el presidente Nicolás Maduro en una reunión convocada por el mandatario. Por otra parte, representantes de la Plataforma Unidad se reunieron en Estados Unidos con la secretaria de Estado adjunta para Asuntos Políticos del Departamento de Estado en un encuentro donde la funcionaria expresó el apoyo de Estados Unidos que está del “lado de la democracia”. Aquí es importante mencionar que el gobierno de Biden invitó a la Cumbre por la Democracia al ex presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como representante de Venezuela, hecho que contrasta con el reciente reconocimiento en la Asamblea General de las Naciones Unidas por parte de 177 de 193 países al gobierno de Nicolás Maduro, a quien otorgaron las credenciales oficiales de la única representación en el organismo de la República Bolivariana de Venezuela.
El ya frágil liderazgo de Guaidó se debilitó aún más con la salida de su “canciller”, Julio Borges, quien anunció su renuncia a “representar diplomáticamente el gobierno interino” y señaló que el mismo “debe desaparecer”. Según Borges, “el Gobierno interino era un instrumento para salir de la dictadura, pero en este momento se ha deformado hasta convertirse en una especie de fin en sí mismo, manejado por una casta que existe allí. Se ha burocratizado y ya no cumple con su función”. En sus palabras, “el manejo de activos es un escándalo. No hay rendición de cuentas, los activos se utilizan para fines personales”, demostrando que las reiteradas denuncias del gobierno de Nicolás Maduro sobre el robo de los activos venezolanos por parte de este grupo corresponden con la realidad.
Bolivia, por su parte, también tuvo una batalla electoral en 2021. Con unos resultados no del todo satisfactorios en las elecciones municipales y regionales, el MAS-IPSP inició un camino de restructuración para consolidar su poder a nivel local, especialmente en las zonas rurales, buscando impulsar liderazgos jóvenes para que protagonicen el proceso de cambio y hacia el futuro se logren recuperar las gobernaciones perdidas. Esto se da en el marco de la permanente ofensiva de los sectores golpistas que, a pesar de tener a la presidenta de facto Jeanine Añez detenida por la larga lista de delitos cometidos durante su gobierno inconstitucional, continúan intentando avanzar con amenazas golpistas sobre el gobierno de Luis Arce.
Como respuesta a esto, se realizó una importante caminata de siete días denominada “Marcha por la Patria” hacia la capital del país, que congregó más de un millón y medio de personas en apoyo al presidente Arce y el gobierno del MAS. La defensa de la democracia fue la principal bandera de la movilización, que congregó a diferentes sectores sociales como la Central Obrera Boliviana, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), entre otros.
Por otra parte, la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y la Unión Juvenil Cruceñista —los sectores que impulsaron el Golpe de Estado de 2019— fueron catalogados por el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas como grupos paramilitares por haber perpetrado acciones de violencia contra la población durante el desarrollo del golpe. Según denunció en Ginebra, Suiza, el presidente del Comité Contra la Tortura, Claude Heller Rousant, estas dos organizaciones “se desplazaban en motocicleta, utilizando bazucas caseras o palos como armas, justificando su acción en defensa de la democracia, para apoyar en barrios a los opositores de Evo Morales y el Movimiento Al Socialismo (MAS) durante paros y bloqueos”. También señaló que “los hechos de discriminación racial se expresaron en acciones conjuntas de militares y policías, y la represión y el lenguaje racista, y anti indígena se dirigieron en contra de la población movilizada, que en su mayoría era indígena, obrera y campesina, tal como ocurrió en Betanzos, Yapacaní, Montero, Sacaba y Senkata. La gran mayoría de las personas heridas, asesinadas o detenidas desde el 10 de noviembre pertenecía a este segmento de la población”.
Según el informe, “estos grupos paramilitares fueron financiados por los denominados pititas, personas de clase media alta y con la cooperación de elementos de las fuerzas de seguridad, y desde la propia presidencia interina (de Jeanine Áñez) se expresaron discursos racistas y de discriminación en contra de los pueblos indígenas recogidos en redes sociales, pretendiendo restaurar el protagonismo del catolicismo en la vida pública”.
Finalmente Colombia, el único país de la región andina que no se midió en las urnas en 2021, se midió principalmente en las calles durante el Paro Nacional de abril, mayo y junio, donde la crisis social y humanitaria se agravó de manera escandalosa, como denunciaron numerosas Misiones de Observación y Verificación de Derechos Humanos que viajaron al país, donde se encontraba inclusive una Misión de Verificación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las decenas de manifestantes asesinados por la fuerza pública, más los centenares de heridos producto de la represión policial engrosaron la ya dramática lista de líderes, lideresas y firmantes de paz asesinados en 2021 que a diciembre rondan las 206 personas.
En ese marco, inició la carrera preelectoral con la conformación de coaliciones que buscan presentarse a los comicios legislativos de marzo y presidenciales de mayo de 2022. Dentro de estas destaca por un lado la coalición político-electoral del Pacto Histórico que contiene partidos políticos y organizaciones sociales del campo popular del país, como las figuras de Gustavo Petro y Francia Márquez; el llamado sector de “centro”, protagonizado por el Partido Verde, también construyó por su parte la coalición Centro Esperanza, con figuras cercanas al uribismo y agrupadas principalmente por su rechazo a una posible candidatura de izquierda como la de Gustavo Petro, y finalmente, la articulación —con una interna álgida— de los diferentes sectores del uribismo, que después de una disputa por ser el o la elegida para continuar el legado del ex presidente Uribe Vélez, terminaron optando por Óscar Iván Zuluaga por sobre la senadora Maria Fernanda Cabal. Vale la pena recordar que Zuluaga ya fue candidato presidencial por el uribismo, en 2014, y perdió las elecciones contra Juan Manuel Santos.
Según la última encuesta publicada por Invamer, Gustavo Petro obtendría en cualquier escenario —con diferentes candidatos por las demás coaliciones— más del 42% de los votos. Estas mediciones se hacen, sin embargo, antes de que se realicen consultas internas en varias de las coaliciones sobre quienes serán finalmente sus candidatos a la presidencia, y toman los nombres de quienes se imponen en cada una de ellas. El avance de la carrera electoral se da en el marco de una encuesta que reveló que el 69,8% de las y los colombianos desaprueban la gestión del presidente Iván Duque.
En el mes de noviembre se cumplieron cinco años de la firma de los Acuerdos de Paz entre el Estado colombiano y la entonces insurgencia de las FARC – EP que, a pesar de continuar siendo un acuerdo sin implementar por parte del gobierno de Iván Duque —que ha incumplido sistemáticamente sus compromisos—, han inaugurado un nuevo momento político en el país, sin el cual no podría comprenderse la envergadura de las movilizaciones desde 2016 en adelante. En ese marco, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, llegó al país para realizar la verificación del cumplimiento del acuerdo, en la que afirmó que el presidente Duque y la comunidad internacional tienen la obligación moral de evitar la repetición de la violencia. Asistieron a un acto organizado por la Jurisdicción Especial para la Paz, tribunal que ha sido clave para conocer la responsabilidad del Estado y la Fuerza Pública en los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, y que ha sido insistentemente atacada por el partido de gobierno y en especial por el ex presidente Uribe Vélez.
En el contexto de este quinto aniversario, el secretario de Estado de EE. UU. Antony Blinken anunció en un comunicado que el Departamento de Estado revocó “la designación de las FARC como organización terrorista extranjera«, ya que «tras un acuerdo de paz de 2016 con el gobierno colombiano, las FARC fueron disueltas y desarmadas oficialmente. Ya no existen como organización unificada dedicada al terrorismo o actividades terroristas, o con la capacidad o intención de hacerlo».
Como hemos señalado de forma recurrente a lo largo del año, la situación política continental es altamente dinámica e inestable. Esto se expresa en múltiples sorpresas, marchas y contramarchas, avances y retrocesos que a veces aparecen sumando a una tendencia, otras contradiciéndola. Los acontecimientos políticos, que se relacionan de forma compleja, tienen su origen tanto en la actividad de los pueblos como en una dinámica global donde existen múltiples actores de peso. Poco o mucho, todas las fuerzas inciden en el escenario.
A nivel mundial la humanidad atraviesa una crisis civilizatoria que pone en peligro la reproducción material de la vida y de la naturaleza de la que somos parte. Además, estamos ante una transición hegemónica de occidente a oriente, de Estados Unidos a China, que tiene importantes implicancias geopolíticas.
Tres hechos distinguen a América Latina y el Caribe en el plano internacional. Por una parte, ha sido la región más castigada por la COVID19 concentrando, por ejemplo, más del 30% de la mortalidad mundial, con solo el 8,4% de la población. Por otro lado, experimentó la mayor retracción del PBI durante 2020, con una modesta recuperación en 2021 que no alcanza a compensar la pérdida anterior. Finalmente, castigada por una mayor desigualdad social y por la pauperización social, ha sido un territorio atravesado también por un intenso proceso de conflictividad social que tensionó las relaciones entre la calle y el Estado, acentuando en varios países la crisis de representación.
Las movilizaciones populares pusieron a prueba la capacidad de unidad de los partidos políticos para encarar los procesos electorales. Los triunfos en Perú, Nicaragua, Honduras, Venezuela y Chile, a lo que se suma la resistencia heroica del pueblo cubano y la experiencia descolonizadora en Barbados, acentúan la hipótesis de una posible nueva oleada progresista en el continente, abierta en torno a 2018-2019 con los triunfos de López Obrador en México y del Frente de Todos en Argentina.
Con una activa resistencia por parte de los sectores más conservadores, en los últimos meses el movimiento feminista ha logrado importantes conquistas de derechos. Después de la legalización del aborto a fines de 2020 en Argentina, hubo una “ola” de debates al respecto en distintos países del continente (Venezuela, Honduras, Chile, México, Colombia) con distintos tipos de avances y particularidades, pero con un claro efecto de la marea verde. Pareciera que esto va a continuar y profundizarse en 2022, más si los gobiernos que vienen ganando elecciones (como en Chile y en Honduras) son de tinte progresista y en algunos casos ya se han expresado a favor de la ampliación de derechos.
Con diferente intensidad, aunque atravesando todo el continente, también las luchas en defensa del territorio y por la ecología crecen en sectores urbanos, expresadas en conflictos antes grandes proyectos extractivos, como sucedió en Argentina en el cierre del año, así como en disputas sobre las ciudades, el transporte, los servicios públicos, los espacio verdes y contra los grupos económicos del sector inmobiliario.
Otro de los sujetos más dinámicos del continente es el movimiento indígena. Los pueblos originarios de Nuestra América vienen luchando hace más de quinientos años contra el despojo y saqueo de sus territorios, en defensa de los bienes comunes y por el reconocimiento de la plurinacionalidad, tal como se está exigiendo en Chile, en Perú, en Guatemala y en Honduras. Como actor político, es innegable su potencialidad, como lo muestran —no exentos de contradicciones y no siempre en el mismo sentido— los casos de Bolivia, Perú y Ecuador.
Una eventual segunda ola progresista, en palabras de García Linera, encuentra importantes desafíos en un contexto de crisis social, económica, ecológica y política. Las estrategias desestabilizadores por parte del imperialismo y de los sectores dominantes de cada país, como es natural, buscan condicionar a los gobiernos progresistas. Además, la derecha latinoamericana busca reagruparse y tiene con qué hacer frente a las diferentes batallas. Así lo indican algunos recientes triunfos electorales, como en las presidenciales de Ecuador y en las elecciones intermedias de Argentina, y en general la existencia de un margen ajustado en las disputas en cada país.
En el 2022 estarán en juego dos contiendas electorales claves para la región, que podrán acentuar o atenuar la tendencia. Nos referimos a Colombia, que elegirá presidente el próximo 29 de mayo y a Brasil, que hará lo propio el 2 de octubre. Si se diera tanto una victoria de Gustavo Petro (u otro candidato o candidata del Pacto Histórico) en Colombia y luego el triunfo de Lula en Brasil —ambos eventos anunciados por diversos sondeos, cuando todavía faltan varios meses—, entonces se confirmaría con creces la existencia de un cambio de etapa. Pero para hacer afirmaciones tajantes todavía falta mucho. Ya hemos visto que algunos pocos meses, a veces semanas, pueden cambiar totalmente las evaluaciones previas.
A lo largo de los informes fuimos analizando una constante: América Latina y el Caribe está en una dura disputa, cada vez más abierta. En ese contexto, y sin desconocer las dificultades, el año 2021 cierra con un presente esperanzador y con preguntas abiertas de cara al futuro. La primera es efectivamente respecto al ciclo político: ¿Estamos ante un cambio de etapa? En paralelo, hay otras igualmente relevantes: ¿Cúal será la relación que tendrán entre sí los gobiernos progresistas y de izquierda de la región? ¿Se fortalecerán los organismos de integración latinoamericana? ¿Emergerán nuevos liderazgos?¿Qué pasará con la OEA y con la CELAC? ¿Cómo se desarrollarán los procesos de vinculación económica regional, como es el caso del Mercosur, con fuertes tensiones? ¿Qué otros modos de asociación económicas avanzarán y sobre qué bases? En síntesis: ¿Qué formas adoptará la confrontación global en curso y cómo afectará a la región?
Creemos que 2022 tendrá mucho para decirnos. Ojalá que los nuevos vientos de cambio con que cierra 2021 lleven hacia el nuevo año mejores condiciones de vida para el continente. El presente es de esperanza, aunque —o tal vez porque– el futuro está en disputa. Como dijera Salvador Allende en su último discurso: “La historia es nuestra y la hacen los pueblos”.
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