El Informe #18 del OBSAL presenta el análisis de coyuntura de los países de la región de América Latina y del Caribe, entre mayo y principios de septiembre de 2022. Además del seguimiento de los principales acontecimientos del período, se incluye algunos análisis que se relacionan con ellos y son fruto del cúmulo de debates que se realizan a diario entre los integrantes del Observatorio y también de las conversaciones que sostenemos con activistas de los movimientos populares cercanos al Instituto Tricontinental.
La crisis civilizatoria en curso se ha profundizado con la pandemia, con la guerra en Ucrania y con una nueva crisis económica global —particularidad de análisis de este informe— que se ha manifestado con mayor claridad en los últimos cuatro meses.
Si, por un lado, el segundo cuatrimestre del año se distinguió del primero por la aparición de una suave tendencia a la reducción del precio de los alimentos a nivel mundial —un mínimo alivio luego del pico experimentado en los meses anteriores—, por otro lado se profundizó la crisis energética. De acuerdo con el Banco Mundial, el precio internacional del petróleo tuvo un nuevo pico en junio, con un incremento del 12% respecto de abril; y también los valores del gas se incrementaron, entre abril y julio, un 11%.
Ante el aumento de la inflación a escala global, los países han venido adoptando una política monetaria contractiva, elevando sus tasas de interés, lo que conlleva serios costos económicos. Estados Unidos, que en el primer trimestre del año mostró una caída de su PIB, repitió la dosis en el segundo trimestre, entrando oficialmente en recesión técnica. China, por su parte, no adopta medidas de contracción monetaria, pero continúa con su política COVID cero realizando confinamientos en ciudades que muestran signos de brotes del virus, viene experimentando una importante desaceleración de su economía.
El impacto inflacionario y recesivo tanto en el Norte como en el Sur se combina en Nuestra América con la promoción de nuevos proyectos de explotación de hidrocarburos, particularmente de las llamadas energías extremas, como los hidrocarburos no convencionales y la explotación offshore. Estos proyectos no hacen sino profundizar las causas de la crisis socioambiental y climática cuyos efectos se extienden e intensifican por todo el planeta.
La tendencia hacia el intercambio multilateral no ligado a EE. UU. ha ganado nuevos capítulos en los últimos meses. Aquí destacamos dos: la reunión virtual de los BRICS, el 24 de junio, que además de contar con la participación de los miembros oficiales, estuvieron presentes representantes de posibles nuevos integrantes, como es el caso de Argentina. En dicha reunión se abordó el desarrollo del bloque. Y la reunión de la CELAC, del mes de agosto, en Buenos Aires, en la que, entre otras cosas, se rechazaron los bloqueos de Estados Unidos contra Cuba y Venezuela.
Al mismo tiempo que hay indicios de avances en la descentralización de la organización económica y política por parte de los países de la región, la injerencia externa de EE. UU. se ha hecho presente en los últimos meses. En América del Sur podemos destacar los casos de Argentina y Paraguay y, en América Central, el de Honduras.
Entrando en las temáticas más específicas de las diferentes subregiones y naciones, el Cono Sur está atravesado por intensas disputas sociales y políticas. En esta coyuntura se destacan un intenso calendario institucional y la aparición en el centro de la escena de discursos de odio impulsados por sectores de ultraderecha. En este contexto se desarrollan episodios como el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner y otros graves hechos de violencia política. A su vez, al interior de cada Estado nación se desarrollan procesos propios, con sus agendas particulares.
En el caso de Chile, la derrota del Apruebo en el Plebiscito Constituyente plantea serios interrogantes de cara al futuro, en un sistema político con múltiples contradicciones, que está lejos de salir de la crisis. En términos más generales, el gobierno de Boric ha confirmado su perfil de moderación y en algunos planos de continuidad con el modelo precedente. Es el caso, por ejemplo, de la militarización de la Patagonia frente al conflicto territorial que enfrenta a empresarios privados con comunidades mapuche. En el campo económico, a pesar de que no se han registrado medidas radicales a favor de los sectores populares, el gobierno impulsó el aumento del salario mínimo y un programa social denominado “Chile Apoya”, con ayudas directas para las familias y apoyo a las pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de paliar el alza en el costo de vida.
En Brasil, el destaque ha sido la relativa estabilidad en las encuestas presidenciales, la puesta en práctica el llamado Paquete de Bondades del Gobierno federal, y el inicio de la campaña electoral. En cuanto al proyecto destructivo llevado a cabo por el gobierno de Bolsonaro, se destacaron acciones para socavar las instituciones de defensa y los órganos de inspección en la Amazonía. En junio se produjeron los impactantes asesinatos del indigenista Bruno Pereira y del periodista Dom Phillips, que revelaron el tratamiento actual de la política ambiental en el país.
Desde el acuerdo suscripto en marzo de este año entre el FMI y el gobierno argentino, ratificado por ambas cámaras legislativas, se ha consolidado el cogobierno con este organismo financiero internacional bajo control de EE. UU. El acuerdo dificulta la adopción de medidas socioeconómicas necesarias para el país, potenciando las crisis políticas. En ese marco, se incrementan las movilizaciones de movimientos populares opositores al gobierno, así como de integrantes del propio Frente de Todos, que señalan la falta de cumplimiento del contrato electoral de 2019.
En paralelo, la persecución legal contra Cristina Fernández de Kirchner derivó en una situación inesperada que puede impactar en el panorama político. Es el intento de magnicidio contra Cristina, ocurrido el 1º de septiembre. Este episodio es el emergente de un proceso general de crecimiento del acoso en medios privados tradicionales y en redes sociales, lo cual incluye, junto con la estigmatización de figuras del campo popular, noticias falsas y radicalización del discurso derechista.
En Paraguay la calificación por parte de EE. UU de “significativamente corruptos” a personajes claves del poder, como el ex presidente Horacio Cartes y el vicepresidente Hugo Velázquez, entre otros, provocó un tembladeral político, cuyas aguas parecen estar lejos de aquietarse. Uruguay es el país con elecciones más alejadas y menor conflictividad. Pero el panorama político igualmente se encuentra activo. En un contexto de aumento del costo de vida, como en toda la región, el movimiento sindical expresado por la central PIT-CNT convocó a un paro para el 15 de septiembre.
Por su parte, la región andina sigue caracterizándose por la permanente dinámica de una coyuntura que abarca desde triunfos y consolidaciones de procesos de transformación hasta crisis políticas y amenazas a la democracia.
Un destaque para esta región fue la consolidación del triunfo del Pacto Histórico en Colombia con el traspaso de mando entre la administración saliente de Iván Duque y la entrante de Gustavo Petro y Francia Márquez. El nuevo gobierno anunció formalmente la reforma policial y del Ejército, con la intención de reorientar la formación de las Fuerzas Armadas en el respeto a los derechos humanos y sus funciones originales de seguridad y defensa, y que cambie de una concepción de guerra a una de paz. Además, en el campo diplomático, anunció la restitución de las relaciones con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, suspendidas desde 2019.
En Venezuela, a su vez, a pesar de la continuidad de los bloqueos económicos, el país se ha venido destacando en términos de crecimiento económico y abastecimiento interno. El programa Misión Agrovenezuela se encargó de revertir los impuestos a la dependencia de las importaciones de alimentos. Antes el país importaba el 90% de lo que se consumía, ahora produce el 80% del total que se consume.
Ecuador siguió con una serie de protestas contra la situación socioeconómica. El gobierno de Guillermo Lasso respondió con arbitrariedad y violencia provocando que las protestas aumentaran. Después de 18 días de movilizaciones se firmó el “Acta por la Paz” donde se acordó reducir el precio del combustible y reformar el decreto 151 para prohibir la actividad minera en áreas protegidas.
La inestabilidad política continúa en el Perú. El proceso de avanzada en contra del gobierno de Pedro Castillo ha tenido un nuevo capítulo, que incluye la ya conocida herramienta del lawfare. Por otro lado, el mandatario ha adelantado una serie de reuniones con movimientos sociales buscando consolidar el apoyo de los sectores que lo acompañaron en las elecciones y que han denunciado en los meses que lleva en el cargo la distancia que el mandatario ha puesto entre las prioridades de gobierno y la agenda de los movimientos. De esa forma los movimientos esperan impulsar, por fin, el proyecto de la Constituyente.
En el caso de Bolivia, los últimos meses han significado una importante recuperación política y económica a pesar de los intentos golpistas oriundos de la ciudad de Santa Cruz. En los años de gobierno de Luis Arce se ha dado prioridad a las políticas públicas hacia los sectores populares, como es el anuncio del otorgamiento de 150 000 títulos de propiedades rurales a productores campesinos, indígenas y agropecuarios durante 2022.
La región del Caribe insular se caracterizó por la diversidad de fenómenos, resultado de las diferencias en la constitución política de cada país. Desde el socialismo cubano, pasando por Haití, hasta islas que son colonias formales de Inglaterra. Lo más destacado en Haití sigue siendo el escenario de violencia. Entre enero y junio de este año, se produjeron 557 muertes violentas en el área metropolitana de Puerto Príncipe, frente a 340 casos en el mismo período de 2021. Esta situación continuó en los meses de julio y agosto. En agosto, un exsenador, Yvon Buissereth, que trabajaba para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, fue quemado vivo junto a su sobrino en una zona cercana al barrio donde vivía el asesinado expresidente. El aumento de la violencia, además, limita el funcionamiento de servicios de salud, emergencia, y el abastecimiento de combustible, agua potable y alimentos.
El gobierno de República Dominicana sigue dándole la espalda a Haití mientras avanza con la idea de construir un muro en la frontera entre ambos países, para lo cual se están expropiando tierras cercanas a la frontera.
En Cuba, en estos cuatro meses hubo cambios relacionados con la actualización de leyes derivadas de la Constitución de 2019: en mayo se aprobaron el nuevo Código Penal y la nueva ley de Ejecución Penal, en el mes de agosto se implementó un nuevo sistema cambiario y se abrió el mercado a la inversión extranjera y en septiembre se realizará el referéndum para votar por el nuevo Código de Familia. A la vez, los ciudadanos y ciudadanas siguen sufriendo los apagones intermitentes, que fueron el detonante de las protestas de julio de 2021. A principios de agosto, la noticia que recorrió el continente desde la isla fue el incendio en la zona industrial de Matanzas, a ochenta kilómetros de La Habana, producto del impacto de un rayo en un tanque de combustible, que causó explosiones y se extendió a otros tres tanques.
Por su parte, el 6 de agosto Jamaica cumplió sesenta años de independencia y, como veníamos anticipando en informes anteriores, volvió a manifestar su voluntad de convertirse en república. Planean hacerlo de cara a las elecciones generales en 2025. En junio, el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución para reconocer que Puerto Rico tiene derecho a la libre determinación y la independencia. Resoluciones como esta se vienen aprobando desde hace medio siglo y esta es la número 40.
La crisis migratoria en Mesoamérica es la problemática más urgente por la que atraviesa esta subregión. En junio, en el estado de Texas, Estados Unidos, dentro de un camión fueron encontrados los cuerpos de 53 migrantes, muertos a causa del encierro. Aun así, las migraciones irregularizadas crecieron de manera dramática del 2021 al 2022.
En Panamá la situación social crítica derivó en intensas jornadas de luchas contra las políticas del presidente Laurentino Cortizo. Entre estas medidas de lucha se destaca la huelga general de maestros que duró veintiocho días, siendo una de las más importantes en décadas.
Las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas y estudiantiles de Guatemala se encuentran en movilización permanente ante los atropellos políticos, judiciales y sociales llevados a cabo por el presidente Alejando Giammattei. La respuesta del gobierno a los reclamos sociales es más represión y violación de los derechos humanos.
En El Salvador, lo que se destacó en el período es la forma represiva que el Gobierno de Nayib Bukele responde a los conflictos entre las pandillas, lo que profundiza el escenario de violencia en el país.
El 5 de junio, en México, se llevaron a cabo elecciones en seis de los treinta y dos Estados. El partido de gobierno MORENA y aliados se impusieron en cuatro de ellos. Estos comicios fortalecen al proyecto de gobierno de AMLO. Además, López Obrador anunció la creación de la empresa estatal Litio para México.
En Honduras, el 27 de julio se cumplieron seis meses del gobierno de Xiomara Castro. La presidenta ha puesto en práctica medidas económicas importantes para los sectores populares. Por otro lado, las clases dominantes y EE. UU. comenzaron a presionar y agudizar las tensiones dentro del Gobierno.
De un modo general, lo que podemos señalar, como perspectiva, es que son muchos los desafíos que se imponen para los países de la región. La profundización de la crisis civilizatoria, con una crisis económica, tiene todo para perjudicar a las clases trabajadoras y los más pobres. Para que esto no suceda, es vital la articulación entre gobiernos populares y movimientos sociales. De lo contrario, estos gobiernos quedarán débiles ante la presión de las clases dominantes y estarán privados de atender las demandas de los más necesitados de la región. Sin base política sólida, cualquier medida heterodoxa los pondrá en riesgo ante esperables ataques.
En general el panorama político se encuentra atravesado por una fractura social y una polarización política. Como causa y a la vez consecuencia, hay un corrimiento de los límites de lo decible y lo actuable, amplificado por medios tradicionales y no tradicionales, que dan lugar a un incremento de la violencia simbólica y material y aumentan la posibilidad de ascenso o sostenimiento del poder por parte de grupos conservadores, en no pocas ocasiones embanderados bajo nuevas ropas con el mote de “liberales” o incluso “libertarios”.
Se trata de un fenómeno que crece en la medida en que hay factores interesados en articular globalmente a las derechas. En esta tarea se destacan figuras como Steve Bannon desde el mundo anglosajón y formaciones como la Fundación Libertad en el mundo “hispanista”. Pero el caldo de cultivo principal son las demandas sociales irresueltas. Sobre esta base de descontento es que tiene lugar el crecimiento del malestar y de la violencia horizontal, que en un marco de individualismo y “sálvese quien pueda” se desarrolla muchas veces en clave xenófoba y reaccionaria. Ante este panorama, las posibilidades de refundar procesos hacia la justicia social están ligadas a los emergentes organizativos que construyen lógicas de igualdad, solidaridad y libertad en medio de la pequeña barbarie cotidiana. En la organización que se da la sociedad, cada día, habita la aspiración por una vida mejor. Allí se desarrollan las prácticas que son condición de posibilidad para que emerjan y puedan consolidarse proyectos políticos desde y para la mayoría de la población.
En nuestro último informe, que analiza el período entre el 1º de enero y el 15 de mayo de 2022, examinamos los principales efectos económicos y sociales que el alivio de la pandemia de COVID 19 y el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania tuvieron a lo largo del primer cuatrimestre del año. Señalamos entonces cuánto, entre la pandemia y la guerra, los pueblos afrontaron lo que ha sido llamado el “momento catastrófico” de una crisis civilizatoria en progreso. Como ha sido dicho por el pensamiento crítico y los movimientos populares, se trata de: a) una crisis multidimensional (en lo económico, lo social, lo político y lo ambiental) resultado del propio despliegue del capitalismo en su fase neoliberal; b) respecto de lo cual el agravamiento de una de sus dimensiones incide y agudiza las otras; y c) que –en muchas ocasiones– el proceso de neoliberalización capitalista ha utilizado dicha crisis para imponer sus propias transformaciones y políticas.
Lo acontecido a nivel global y en nuestra región en el periodo que cubre el presente informe (mayo-principios de septiembre) resulta trágicamente un ejemplo de este proceso acelerado por el nuevo escenario de una guerra global. Más allá de sus contendientes y responsables particulares, esta guerra se enmarca en la geopolítica militarista desplegada por EE. UU. con el objetivo de reorganizar su debilitada y amenazada hegemonía global ahora sobre un territorio menos vasto (concentrándose en sostener Europa en su Este; Japón, Australia y Corea en su Oeste; América Latina en el Sur), en lo que hemos llamado el proyecto defensivo de una globalización recortada y agresiva.
Así, los efectos económicos de la guerra no solo resultan de la privación de las exportaciones ucranianas de cereales sino, centralmente, del bloqueo económico promovido por EE. UU. y sus socios europeos sobre las exportaciones rusas, lo que significó la ruptura y reorganización de las cadenas globales de suministros de un sinnúmero de bienes y contribuyó al aumento de sus precios.
En este contexto, a lo largo del segundo cuatrimestre del año sobre el que trata este informe, se profundizó la crisis energética –escasez y aumento del precio de los combustibles– que castiga tanto en el Norte como en el Sur del mundo. Así, considerando los datos del Banco Mundial, el precio internacional del petróleo tuvo un nuevo pico en junio con un incremento del 12% respecto de abril; y también los valores del gas se incrementaron, entre abril y julio un 11%. Una crisis que, según el jefe de vigilancia de la Agencia Internacional de Energía, “es mucho mayor que las crisis del petróleo de los años setenta y ochenta. Y probablemente durará más». Ello está impulsando en el Norte, además de la creciente dependencia europea respecto del shale gas estadounidense, el retorno a fuentes energéticas más contaminantes –como el carbón– y políticas draconianas de ahorro del consumo e incremento de tarifas. Por otra parte, el impacto inflacionario y recesivo tanto en el Norte como en el Sur se combina en Nuestra América con la promoción de nuevos proyectos de explotación de hidrocarburos –particularmente, de las llamadas energías extremas como los hidrocarburos no convencionales y la explotación offshore– y también del desarrollo de proyectos de energías renovables –como el llamado hidrógeno verde que, con destino de exportación, hoy se impulsa en varios países de la región– y de apropiación de las fuentes de dichas energías –como el creciente interés transnacional respecto de las reservas de litio en Argentina, Bolivia y Chile–.
Como puede suponerse, estos proyectos no hacen sino profundizar las causas de la crisis socioambiental y climática cuyos efectos se extienden e intensifican por todo el planeta. Calores extremos, incendios, sequías y bajantes récords de los ríos han granjeado la realidad europea en los últimos meses en particular y en el verano boreal en general; y también fenómenos meteorológicos extremos –lluvias, inundaciones, incendios, sequías, etc.– han castigado al Sur en este tiempo.
Por otra parte, el impacto de esta crisis climática y los efectos de la guerra y el boicot “occidental” a Rusia han descargado sobre los pueblos del mundo una verdadera crisis alimentaria. Hemos mensurado en nuestro último informe estas consecuencias sobre el precio mundial de los alimentos que alcanzaron en ese periodo valores récords, incluso mayores al alcanzado por el ciclo especulativo entre 2008 y 2012. Hemos señalado también las terribles consecuencias de ello, particularmente acentuando los problemas de alimentación y de hambre en una porción creciente de la población mundial. Sobre ello, la edición de 2022 del informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo” (SOFI), elaborado por la FAO y otros organismos internacionales y presentado en junio pasado, señaló que ya en 2021 828 millones de personas padecían hambre, un 9,8% de la población mundial (una tendencia creciente desde el 2020) y 2.300 millones de personas padecían inseguridad alimentaria grave o leve (un 29,3% del total mundial). En este proceso, para el 2022 se señala “la intensificación de los principales factores de la inseguridad alimentaria y la malnutrición, a saber, los conflictos, los fenómenos climáticos extremos y las perturbaciones económicas, en combinación con el aumento de las desigualdades” que plantean que “la cuestión ahora no es si las adversidades seguirán produciéndose o no, […] sino que deberíamos estar adoptando medidas más audaces para crear resiliencia ante ellas”.
En este contexto, el segundo cuatrimestre del año se distingue por la aparición de una suave tendencia a la reducción del precio de los alimentos a nivel mundial, un mínimo alivio luego del pico experimentado en los meses recientes. Así, considerando nuevamente la estadística elaborada por el Banco Mundial, entre abril y julio, por ejemplo, el precio mundial de la soja disminuyó un 5%; del aceite de soja un 23%; del maíz un 7%; del trigo (HRW) un 23%; del arroz (Thai 25%) un 10%; de la carne de res un 5%; del azúcar (world) un 7%; del algodón un 15%. Esta tendencia a la baja también se verificó en el rubro de los metales, como por ejemplo en el hierro con un 28%; en el cobre con un 26%; en el oro con un 10%; en la plata con un 22%.
En contraposición a esta tendencia, este cuatrimestre también se destaca por el agravamiento de la crisis económica en el Norte con su impacto global. En esta dirección, la creciente inflación derivada del incremento de los precios mundiales de la energía, los alimentos y los metales se combinó con una rampante recesión. Así, a fines de julio, se conoció que el Producto Interno Bruto (PIB) anualizado de EE. UU. había disminuido un 0,9% en el segundo trimestre. Sumado a la caída de 1,6% registrada en el primero, la constatación de dos trimestres de contracción económica se conoce como recesión técnica o, simplemente, recesión. De esta manera, el crecimiento del país del Norte se ralentizaría por debajo del dos por ciento, algo que solo ocurrió en los años 70 y principios de los 80, o luego de la crisis financiera global y durante la pandemia.
En este contexto, los recientes informes de los organismos financieros internacionales sobre las previsiones económicas resultan bastantes pesimistas. En el reporte de junio Perspectivas económicas mundiales elaborado por el Banco Mundial se alerta sobre el “riesgo de estanflación, con consecuencias potencialmente perjudiciales tanto para las economías de ingreso mediano como para las de ingreso bajo” previendo que el crecimiento mundial descienda del 5,7% de 2021 al 2,9% en este año —para América Latina y el Caribe se calcula un 2,5%—; comparando este escenario con la estanflación de la década de 1970 que marcó el final de la crisis del keynesianismo y dio paso progresivamente a la salida neoliberal y recomendando nuevamente la adopción de medidas ortodoxas. En similar dirección, la actualización de julio del informe del FMI Perspectivas de la Economía Mundial bajo el título “un panorama sombrío y más incierto” señala que “durante el segundo trimestre de este año, el producto mundial se contrajo …[y] una inflación superior a lo previsto en todo el mundo —sobre todo en Estados Unidos y las principales economías europeas— …una desaceleración peor de lo previsto en China, consecuencia de los brotes de la COVID-19 y los confinamientos, y las nuevas repercusiones negativas de la guerra en Ucrania” obligan a reducir las perspectivas de crecimiento para 2022 al 3,2% o 2,6%”, recomendando también respuestas ortodoxas frente a la crisis. Así, “mientras el aumento de precios sigue reduciendo el nivel de vida en todo el mundo” se indica que “la máxima prioridad de las autoridades económicas debería ser el control de la inflación…el endurecimiento de la política monetaria tendrá sin duda costos económicos reales, pero retrasarlo no hará sino exacerbarlos”. En esta dirección, en el presente informe se examinan las presiones y políticas neoliberales que se impulsan hoy en diferentes países de la región.
Por otra parte, nuestra América Latina y el Caribe no es ajena al impacto de esta dimensión económica de la crisis civilizatoria. En esta dirección, en el Estudio Económico de América Latina y el Caribe de 2022 de la CEPAL presentado en agosto se advierte sobre “un panorama económico complejo” para este año y los venideros signados por menor crecimiento, fuertes presiones inflacionarias (en junio el promedio regional fue más del doble del registrado en el periodo 2015-2019), bajo dinamismo de la creación de empleo, caída de la inversión y crecientes demandas sociales. En este contexto, la CEPAL ha reducido los pronósticos de crecimiento para América del Sur al 2,6% (luego del 6,9% de 2021) aunque este promedio resulta de valores muy heterogéneos previstos para los diferentes países (por ejemplo, se estima que la economía venezolana crecerá este año un 10% mientras que en el caso de Paraguay y Brasil se pronostica un incremento de solo 0,2 y 1,6% respectivamente). En el caso de Centroamérica y México la expectativa de crecimiento se redujo al 2,5% (en comparación con el 5,7% de 2021) y para el Caribe —la única subregión que crecerá más que en 2021— un 4,7%, (sin incluir Guyana). Incluso los consultores económicos como Hermann González de Clapes UC alertan que “los hogares más vulnerables se verán particularmente afectados con un escenario de este tipo, aumentando la frustración y generando una presión adicional sobre los gobiernos en general y sobre las autoridades económicas en particular”. Son estas tensiones sociales que se expresan tanto en el ciclo de huelgas que se despliegan actualmente en Inglaterra y otros países del Norte así como en los procesos de conflicto vividos en Panamá y Ecuador en los últimos meses y que examinamos en las líneas siguientes.
En nuestro último informe señalamos también que “la guerra global se ha proyectado al interior de nuestros países bajo otra guerra, esta vez interna, la de la ofensiva de los productores y exportadores de estos bienes comunes naturales…por la apropiación de las ganancias extraordinarias devenidas de la nueva situación global” en detrimento de la mayoría social y, en particular, de los sectores populares. Pero no se trata solo de una ofensiva económica sino que también, ante la profundización de la crisis civilizatoria, se expresa en el terreno político bajo la forma de la violencia política, el golpe parlamentario, el lawfare y otras formas de autoritarismo promovidas por los sectores más conservadores del arco político y del bloque dominante; y sustentado también en un proceso de fascistización de grupos sociales y de violentización del lazo social. Ello lamentablemente no es nuevo en Nuestra América. En nuestra historia reciente, el uribismo colombiano ha sido un trágico ejemplo de este neoliberalismo de guerra; y más cercano aún, la ola conservadora que se desplegó en la región desde 2015 —conculcando la experiencia de gobiernos progresistas y populares en Argentina, Brasil, Ecuador, entre otros— hizo del lawfare (el uso del aparato judicial, mediático y de inteligencia) o del golpe parlamentario uno de sus recursos centrales en lo que ha sido llamado un “nuevo plan Cóndor”.
En el periodo del que trata este informe, también la acción violenta y autoritaria de los sectores conservadores vuelve a estar en el centro de la escena política y social de la región. Un proceso que, en estos meses, se hace presente en la violencia sin fin descargada sobre el pueblo haitiano para ahogar el ciclo de luchas y levantamientos que recorrió el país desde 2018; en las amenazas de Bolsonaro de desconocer el sistema electoral en Brasil; en los vientos repetidos de golpe cívico en Bolivia; en las reiteradas tentativas de desestabilización y destitución del presidente Castillo en Perú; en los intentos de asesinato y amenazas sufridos por Petro en Colombia antes y después de ganar las elecciones; entre otros hechos que examinamos en las páginas siguientes. Pero sin duda la expresión más reciente y dramática de ello ha sido el intento de asesinato de la vicepresidenta y dos veces presidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, el 1º de septiembre, como respuesta a la movilización popular creciente desplegada frente a la persecución judicial.
En estos procesos de derechización y de construcción de una agenda pública de fractura política cultural participan sectores de poder económico que extraen su excedente de la explotación y exportación de bienes comunes naturales, singularmente actividades promovidas muchas veces por los mismos gobiernos a los que se han enfrentado durante las primeras décadas del siglo XXI. Por momentos estos sectores actúan desde la esfera económica —que es también siempre política— y por momentos muestran su intención más deliberada de intervenir directamente en la política y en las instituciones. Desde posicionarse y presionar —a través de lockouts, por ejemplo— o generar corridas cambiarias que puedan desestabilizar a un gobierno, hasta organizar sus propias fuerzas políticas y presentar sus propios candidatos a elecciones. Asimismo, hacen uso tanto de recursos institucionales (Poder Judicial, Parlamento, fuerzas de seguridad, grandes medios) como extrainstitucionales (redes sociales, organizaciones criminales y mafiosas, bandas armadas, grupos sociales); de la violencia política y social; de la crisis de representación del Estado y del estímulo de procesos de fascistización social; para intentar imponer su salida neoliberal a la crisis actual. Todas esas intervenciones no hacen más que ser el caldo de cultivo y catalizador de la derechización de una parte de la sociedad que suele desencadenar expresiones de violencia como las mencionadas.
En el contexto de guerra y crisis global aparecen movimientos y tensiones en el escenario general. Por un lado hay que señalar que el bloqueo de EE. UU. y Europa occidental a Rusia y las crecientes tensiones con China no parecen impactar negativamente (al menos por ahora) en la tendencia al aumento del intercambio multilateral. Una expresión de esta tendencia es el sostenimiento y posible desarrollo del bloque denominado BRICS, en el que desde su fundación participa Brasil, el gigante de América del Sur y al que se acercan Argentina y otros países del Sur global, en un mecanismo identificado como BRICS Plus.
El 24 de junio se realizó el Foro de Alto Nivel sobre Desarrollo Global del espacio BRICS, de forma virtual. La consigna central fue: «Promover una asociación de desarrollo global para una nueva era e implementar conjuntamente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible».
Además de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, miembros plenos, bajo el formato BRICS Plus participaron también delegaciones oficiales de Argentina, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Kazajistán, Egipto, Nigeria, Senegal, Indonesia y Tailandia.
El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, enfatizó que “todos compartimos el deseo de una mayor representación y perspectivas progresivas en las instituciones de gobierno global. Todos compartimos una historia común de lucha contra el imperialismo, colonialismo, la explotación y subdesarrollo continuo”.
En relación con el acercamiento progresivo de Argentina al bloque, el embajador chino en el país sudamericano reafirmó en una nota de opinión la política de brazos abiertos, “con vistas a robustecer la fuerza y armar asociaciones de alta calidad, inaugurando una nueva era del desenvolvimiento global”. En su artículo, el diplomático destacó que el modelo BRICS Plus fue formulado por Xi Jinping como “una importante plataforma de los mercados emergentes y los países en desarrollo para fomentar juntos un relacionamiento internacional más democrático, una economía global con beneficios más universales y una gobernanza global más razonable”.
En la reunión de junio, el presidente argentino Alberto Fernández expresó la voluntad del país por pertenecer al espacio que —al menos en el terreno económico— se presenta como el principal contrapeso al eje del Atlántico Norte. Pocos días después, a principios de julio, la Cancillería argentina distribuyó una nota de prensa en la que informó la reunión entre los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina y China, Santiago Cafiero y Wang Yi, “a fin de profundizar la Asociación Estratégica Integral que une a ambos países”. En la reunión, “Wang Yi confirmó formalmente el apoyo de su país a la membresía de Argentina al grupo de los BRICS, en línea con lo acordado entre los líderes del grupo. El ministro argentino puntualizó que nuestro país puede contribuir en este mecanismo a fortalecer y ampliar la voz en defensa de los intereses del mundo en desarrollo”. Los ministros también “analizaron la reciente adhesión de Argentina a la Iniciativa de la Franja y la Ruta y acordaron seguir cooperando en usos pacíficos de la energía nuclear, como la medicina nuclear y la producción de radioisótopos, y en asuntos espaciales y defensa, destacando la firma del Acuerdo Marco de Cooperación Estratégica entre SPIC e INVAP”.
En términos regionales, la eventual incorporación de Argentina al BRICS no es un dato menor, por ser el segundo país de América que lo haría y por su peso relativo en el continente. En sí mismo, es un hecho que evidencia el declive relativo de EE. UU. en el patio trasero, un asunto que preocupa y que ha puesto a trabajar activamente a los dispositivos de soft power del país norteamericano.
Es notorio el declive de EE. UU. como potencia con capacidad de construir consenso en torno a su hegemonía. Uno de esos indicadores es el desprestigio de la Organización de Estados Americanos.
Entre los dispositivos de primer nivel del poder suave están los organismos diplomáticos. En el caso de la OEA, desde su creación y casi sin excepciones ha sido un instrumento de la política exterior estadounidense, en torno al cual se despliegan una serie de dispositivos e iniciativas. Entre ellas está la Cumbre de las Américas, espacio de debate en torno al cual EE. UU. intentó desde mediados de la década de 1990 recolonizar económicamente a América Latina y el Caribe con un ALCA: área de libre comercio de las Américas. Este proyecto, lanzado en el momento cumbre del unilateralismo estadounidense (1994), fracasó en la cuarta cumbre de Mar del Plata, en 2005, a partir de la confluencia de líderes de diferentes orientaciones y matices dentro de un campo común a favor de la integración latinoamericana y caribeña. Allí, Néstor Kirchner, Lula y Hugo Chávez se opusieron al acuerdo y el ALCA naufragó.
Con las diferencias propias de otra coyuntura histórica, la política exterior de EE. UU. mostró su crisis relativa en torno a la última Cumbre de las Américas, desarrollada en Los Ángeles, cuando la exclusión de gobiernos adversarios de EE. UU, integrantes de ALBA-TCP, recibió un amplio rechazo por parte de varios gobiernos del continente, entre ellos el de México y los de varios países del Caribe.
En términos de acuerdos, la Cumbre fue irrelevante y como saldo político, mostró una posición de unidad expresada por el presidente de Argentina Alberto Fernández, en carácter de presidente protempore de la CELAC, situación que de paso sirvió para fortalecer la posición de este organismo en el complejo campo de los espacios diplomáticos. En el mismo movimiento, la política de la Cancillería norteamericana pareció errática en cuanto al análisis de la coyuntura política. Hoy existe un complejo tablero en el que no puede hacer todo lo que quiere, como sí sucedió en la etapa 2015-2019. La torpeza y la vacilación mostradas en relación con la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua y todo el proceso de incertidumbre previo contrastaron con el heterogéneo frente unido de los países latinoamericanos y caribeños. En lugar de mostrar fortaleza, EE. UU. mostró debilidad ante serios cuestionamientos a su legitimidad como el gran y único ordenador geopolítico. El equívoco fue tal que —a diferencia de muchos otros temas— logró unificar a las diferentes orientaciones desde el centro a la izquierda. «Sé que vamos a estar bien representados en la voz del presidente Alberto Fernández porque es un hombre valiente y está contra la exclusión, así como López Obrador», dijo el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, en uno de los pocos elogios que parten desde Caracas hacia el gobierno argentino, con el que lo atraviesan diferencias importantes.
Pese a la situación que describimos, no habría que despreciar el lugar que todavía tiene la OEA como espacio permanente de intervención sobre una amplia gama de temas vinculados a la geopolítica americana. A pesar del desprestigio que pueda tener su secretario Luis Almagro o incluso la OEA como organismo, existe una arquitectura diplomática, política y hasta militar en cuyo marco se desarrollan relaciones de peso, que todavía están lejos de ponerse en cuestión de modo general y menos aún, de ser reemplazadas por otro organismo con capacidad de articular integración y soberanía.
En el último período, el gobierno argentino se ha mostrado activo desde la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en continuidad con la línea impulsada previamente por el gobierno de México.
En esta dirección, en agosto se realizó en Buenos Aires un encuentro de coordinadores nacionales de la CELAC, en simultáneo un seminario internacional llamado “El futuro de la integración: Unidos en la Diversidad”. Este último evento fue coorganizado con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y allí Alberto Fernández propuso avanzar en la institucionalidad del organismo, con el objetivo de que pueda tomar resoluciones efectivas hacia la integración. Además, rechazó el bloqueo a Cuba y a Venezuela y se distanció del andamiaje bajo control de EE. UU. “Con Andrés Manuel (López Obrador) sentimos que la OEA ya no nos representa, y que el BID ya no es el banco de América Latina”, dijo el presidente argentino. Previamente, el tema de la institucionalización se trató en la reunión de delegaciones oficiales y si bien no trascendieron mayores detalles, la Cancillería anfitriona dejó trascender que en este sentido existe acuerdo de los 32 países que conforman actualmente el organismo (Brasil suspendió su participación bajo el gobierno de Bolsonaro).
Previo a la reunión, el expresidente de Colombia Ernesto Samper anunció que el Grupo de Puebla —espacio de afinidad política en el que participan activamente Fernández y AMLO, entre otros dirigentes— elaboró una propuesta para que la CELAC sea “un espacio de convergencia de los distintos mecanismos de integración que existen en la región, como la Alianza del Pacífico, el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Comunidad Andina, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), entre otros”.
La CELAC es el único organismo —y el primero en la historia— que, sin incluir a EE. UU. y Canadá, cuenta con la participación de todos los países de América Latina y el Caribe, con la excepción ya comentada de la posición coyuntural de Brasil. El universo de los organismos de integración en el continente ofrece en la actualidad un panorama de fragmentación y superposición, a partir de la existencia de múltiples mecanismos parciales de integración que se fueron construyendo a lo largo de los siglos XX y XXI. A pesar del valioso sentido que tuvieron y en algunos casos tienen estas diferentes iniciativas, hay una política vacante que es la de unidad general, como bloque, que es la que podría ocupar la CELAC.
Para amplios sectores políticos desde el centro a la izquierda es claro que la OEA, desprestigiada tras siete décadas de utilización casi ininterrumpida por parte de EE. UU., no va a tomar ese rol con un sentido progresivo. Precisamente, su tarea histórica, a juzgar por sus resultados, ha sido impedir la integración de la región con autonomía de EE. UU. Por esa razón existe un antagonismo evidente entre la CELAC y la OEA, como herramientas de proyectos enfrentados.
El crecimiento de la relación entre China y todos los países de la región, muchos de los cuales son dirigidos por gobiernos desde el centro a la derecha —y en algunos casos por coaliciones que representan a prácticamente todas las formaciones de derecha, como en Uruguay—, da cuenta de la comunión de intereses entre empresas chinas y diversos grupos empresarios locales, en particular los que están ligados al agronegocio y a otros sectores extractivos, exportadores de commodities. Esta circunstancia explica algunos debates en organismos de integración, situación que se resume como un declive (relativo) de los organismos e iniciativas ligadas a EE. UU., al mismo tiempo que un acercamiento a China. Contra esa tendencia, que se presenta potencialmente irreversible, está dirigida la estrategia central de EE. UU. en la región, que se muestra con creciente violencia. Todas las declaraciones oficiales de altos cargos de EE. UU señalan con claridad la preocupación en torno a lo que señalan como la “amenaza” de China.
En coincidencia con un recalentamiento de las tensiones geopolíticas globales, en los últimos meses el gobierno de EE. UU. ha mostrado una abierta política de injerencia en el continente, en especial en torno a la intervención judicial en América del Sur y Central, a lo que se suman amenazantes declaraciones de la jefa del Comando Sur.
Respecto a América del Sur, en este caso desarrollamos brevemente la situación en Argentina y en Paraguay, dos de los temas más significativos en relación con el lawfare en la región en la actualidad, proceso que también se ha desarrollado con eficacia para los objetivos de EE. UU. en Brasil y Ecuador.
En el caso de Argentina, desde principios de junio se encuentra retenido en este país el avión de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur), filial de la aerolínea estatal venezolana Conviasa, así como la tripulación —de origen venezolano e iraní—, bajo el argumento de que parte de los tripulantes podrían ser “terroristas”.
Violando el principio de presunción de inocencia, y solo por razones geopolíticas, sin ningún otro elemento que un informe del FBI, al cierre de este informe el Poder Judicial argentino mantiene el secuestro de la aeronave y la prohibición de salida del país a parte de los tripulantes “mientras se terminan de hacer las medidas de prueba”. Hay una articulación evidente con el Departamento de Justicia norteamericano y los propios argumentos del fallo judicial implican darle validez y asumir como propios (o universales) las acusaciones de un estado extranjero (EE. UU.) respecto a terceros Estados con los que se encuentra en conflicto. Esta línea de propaganda es reforzada de manera sistemática a través de los medios de comunicación aliados, que apuntan a naturalizar la utilización de los poderes públicos argentinos según los objetivos, las políticas y las resoluciones de los poderes públicos del Estado norteamericano.
En el caso de Paraguay la intervención es menos velada. Directamente los anuncios los realiza el embajador de EE. UU. en rueda de prensa. Según anunció el embajador en Asunción, Marc Ostfield, el Departamento de Estado calificó como “significativamente corruptos” al expresidente Horacio Cartes y al actual vicepresidente Hugo Velázquez, entre otros políticos y empresarios, a quienes sancionaron económica y administrativamente y respecto de los cuales no descartan el pedido de extradición.
Las calificaciones, verosímiles aunque todavía no han sido respaldados con pruebas efectivas, cumplen la función de intervenir en el escenario político en un momento clave para Paraguay, cuando restan pocos meses para las elecciones presidenciales y los distintos partidos y sectores internos se encaminan a dirimir sus candidaturas, que delinearán a su vez las posibilidades de gobierno e integración parlamentaria. La importancia otorgada al tema por la Cancillería estadounidense se muestra en la visita de un alto funcionario del Departamento de Estado: Mark Wells, subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, quien se entrevistó con parte de la dirigencia local en torno a temas de “seguridad y comercio”.
Con gran parte de su territorio sobre el Acuífero Guaraní, y entre grandes vecinos con quienes comparte el uso de importantes ríos, Paraguay tiene una posición clave para la geopolítica suramericana y ha sido históricamente un alfil casi incondicional de EE. UU. El grado de intervención puede responder a ordenar el tablero político en torno a representaciones políticas que percibe más confiables e igualmente subordinadas, en un momento de deterioro institucional y gran complejidad política, con despliegue de contradicciones internas, como analizamos en el apartado dedicado a la coyuntura política interna.
En América Central, en tanto, las últimas novedades de intervención tienen que ver con la publicación de la lista Engel por parte del Departamento de Estado. EE. UU. incluye en esta lista a funcionarios públicos, dirigentes y empresarios señalados por vínculos delictivos, de acuerdo a sus instituciones. La novedad, en este caso, es que junto a sicarios y otros connotados delincuentes incluyen a dirigentes del partido LIBRE. El nuevo gobierno hondureño, liderado por Xiomara Castro, respondió con firmeza. “En el gobierno anterior, las publicaciones del mismo documento, Lista Engel, de forma contradictoria, nunca incluyó a personajes como el dictador hondureño, ex presidente Juan Orlando Hernández, evidentemente protegiéndolo, ya que apenas unas horas después de finalizado su mandato, EE. UU. procedió a acusarlo de narcotraficante y solicitó su extradición”, señala el documento. La Cancillería de Honduras también recordó el golpe de Estado de 2009, que contó con apoyo de EE. UU. para desalojar del gobierno a Mel Zelaya e imponer sucesivos gobiernos derechistas por medio del fraude electoral y la represión, proceso que fue apoyado hasta el final por EE. UU.
A este panorama de intervención basado en el poder blando de la intervención político-judicial hay que sumarle a su vez la voz del brazo militar. Laura Richardson, la comandanta general del Comando Sur, consideró que esta región es “tan rica en recursos” —entre los cuales enumeró especialmente las tierras raras y el triángulo del litio— y que “tiene muchas cosas que ofrecer”. La responsable de la supervisión militar de EE. UU. en el resto del continente se refirió también a las inversiones de China y a la influencia de los medios de países adversarios de EE. UU. como es el caso de RT, respecto de lo cual manifestó la “preocupación” por parte de las fuerzas armadas norteamericanas.
En el contexto de crisis y disputa global, es significativo que afirmaciones sobre estos temas emanen de la autoridad militar dedicada a la región. Además de una advertencia, la intervención de Richardson ilustra sobre la visión híbrida de la guerra en la actualidad, con poco lugar —tal vez solo el de los discursos— para las máximas del pensamiento liberal progresista tales como la separación entre asuntos civiles y militares, la independencia de poderes o la libertad de expresión. Por otro lado, pone en primer plano el papel de la riqueza energética y en general de bienes de la naturaleza que tienen los países de la región.
Esto sucede en un momento donde se incrementa el precio de los minerales —el del litio, especialmente, con aumentos espectaculares en lo que va de 2022— y los diferentes países anuncian diversos planes de inversión y desarrollo, en algunos casos con participación clave de los Estados, asociados entre sí o con empresas de diversos orígenes. Entre ellas, lo que más le preocupa a EE. UU. es la participación de China.
A fines de julio se realizó en Asunción la 60ª Cumbre del Mercosur, en un contexto marcado por conflictos internos, como hemos analizado en ediciones anteriores de este informe. Además de las diferencias ideológicas y geopolíticas que caracterizan este momento político, el principal punto de tensión es actualmente el intento de Uruguay por “flexibilizar” el bloque. En concreto, la pretensión del gobierno uruguayo es que el país permanezca en el Mercosur y al mismo tiempo se le permita que negocie de forma individual un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, proceso que está en pleno desarrollo. Esto es resistido por los restantes miembros plenos: Brasil, Argentina y Paraguay.
Pocos días antes de la cumbre, el presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou anunció el comienzo oficial de las negociaciones con China. “No queremos avanzar solos, pero Uruguay no estaba dispuesto a quedarse quieto”, argumentó. En la reunión, a la que faltó el presidente de Brasil Jair Bolsonaro, el gobierno argentino propuso que el Mercosur negocie de conjunto un TLC con China. “¿Por qué no lanzamos juntos el acuerdo con China? ¿Por qué no lo evaluamos juntos? Va a ser mucho más fuerte”, expresó Alberto Fernández. El presidente uruguayo coincidió en sumar al Mercosur en un segundo momento, pero insistió en el derecho de su país a continuar la negociación individual.
Para agregarle un grado mayor de complejidad, el tema está cruzado además por una particularidad geopolítica: Paraguay es uno de los pocos países del mundo que reconoce a la administración de Taiwán como legítimo gobierno de China y por lo tanto no tiene relaciones diplomáticas con el gobierno encabezado por Xi Jinping. En una región con crecientes vínculos con el efectivo gobierno de la República Popular China, la posición de Paraguay encuentra presiones de peso para una mayor flexibilidad. En los próximos meses habrá una mayor claridad en torno a las posibilidades de superar estas diferencias e impulsar una orientación común.
De todos modos, la Cumbre no estuvo exenta de resoluciones importantes, entre ellas la rebaja en un 10% del Arancel Externo Común (AEC) que pagan los productos extrazona y el avance de un acuerdo de libre comercio con Singapur, que deberá ser ratificado en los parlamentos de los Estados parte.
Otro episodio destacado fue la negativa a la participación del presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, quien formalmente había pedido intervenir, por falta de acuerdo entre los miembros. Si bien no se dio a conocer qué gobiernos rechazaron la solicitud de Zelensky, en los últimos meses Brasil se acercó a Rusia. Argentina, en tanto, tiene buena relación con el gobierno ruso aunque ha condenado la invasión a Ucrania en los foros internacionales.
Por otra parte, de cara al futuro inmediato del MERCOSUR, a los temas que se debatieron en la 60ª Cumbre puede agregarse la impronta que tendrá un eventual nuevo gobierno en Brasil. En ese sentido, hay que destacar la propuesta del expresidente y actual candidato Luiz Inácio Lula Da Silva en torno a la creación de una moneda única para América Latina, llamada Sur. Además, una reorientación progresista, en un nuevo contexto geopolítico regional, puede implicar el levantamiento de la suspensión de Venezuela, así como acelerar la incorporación de Bolivia como miembro pleno. En cualquier caso, estas son hipótesis cuya relevancia se analizará en los próximos meses.
A fines de agosto se realizó en Lima la Cumbre de presidentes de la Comunidad Andina de Naciones, que reunió a los mandatarios de Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia. En la reunión, Ecuador traspasó la presidencia pro tempore del bloque a Perú y quedó abierta la posibilidad de una coordinación mayor con el bloque del Mercosur, además de la posible incorporación de otros miembros.
Como se menciona en el apartado dedicado específicamente a la subregión andina, la cumbre dejó una foto y preguntas políticas impensadas hasta hace muy poco tiempo, cuando la mayoría de los países estaban gobernados por espacios de derecha. Estas circunstancias alientan la posibilidad de una reactivación del espacio, así como de una política dirigida hacia la confluencia y la complementación.
En el Cono Sur, la constante es el dinamismo del sistema político, con un intenso calendario institucional vinculado al desarrollo y a las disputas de las diferentes clases y sectores sociales.
Este informe se sitúa en un momento bisagra, que muestra al mismo tiempo la complejidad de la situación política.
El hecho más destacado en los últimos meses, sin dudas, es el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido al cierre de este informe, en la noche del jueves 1º de septiembre. Este episodio, de obvio impacto político, es el emergente de un proceso general de crecimiento del acoso a su figura en medios privados tradicionales y en redes sociales. Junto con la estigmatización de integrantes del campo popular, esta ofensiva incluye noticias falsas y una radicalización del discurso y de las prácticas derechistas, confirmando una vez más los puentes entre la violencia simbólica y la violencia física.
Otro acontecimiento muy destacado es el triunfo contundente de la opción por el Rechazo en el Plebiscito constitucional de Chile, el 4 de septiembre, que inaugura en la subregión una seguidilla de elecciones importantes. Dentro de pocas semanas se realizarán las elecciones presidenciales en Brasil. En 2023, por su parte, habrá elecciones presidenciales y parlamentarias en Paraguay y en Argentina, con sistemas políticos y judiciales tensionados internamente y operados también por factores externos, como analizamos en el apartado de Imperialismo e integración.
En el caso de Chile, el resultado de la elección en torno a la Constitución plantea serios interrogantes de cara al futuro, en un sistema político con múltiples contradicciones, que está lejos de salir de la crisis. Si bien durante largo tiempo las encuestas señalaron la posibilidad de una derrota del Apruebo, el dato destacado en sí mismo es la diferencia entre ambas opciones: casi el 62% se expresó por el Rechazo a la propuesta de nueva Constitución y poco más del 38% por el Apruebo, en un contexto de altísima participación (casi el 86% del padrón).
Luego de este resultado, el presidente Gabriel Boric convocó a un diálogo de cara a “un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que, recogiendo los aprendizajes del proceso, logre interpretar a una amplia mayoría ciudadana”. Este proceso inició con conversaciones entre las diferentes fuerzas políticas con presencia en el Congreso.
Más allá de cualquier consideración, al comparar los resultados del 4 de septiembre con los de la elección de convencionales constituyentes de mayo de 2021, cuando la opción del Apruebo obtuvo un 80%, se puede ver el fuerte declive del campo progresista considerado en su conjunto. A este proceso no están ajenas las dificultades de las diferentes fracciones de la izquierda para plasmar en el plano político, en general, y en la Convención en particular, los vientos de cambio de la movilización popular iniciada en octubre de 2019.
Si el estallido y el crecimiento de la movilización y de la participación social arrinconó al mínimo a las fuerzas desde el centro a la derecha —en especial la coalición Chile Vamos, pero también el ala más conservadora del espacio de la Concertación—, desde mediados de 2021 a mediados de 2022, en solo un año, el panorama cambió radicalmente, con una deslegitimación de las ideas de cambio en sus diferentes vertientes, en un escenario con importantes niveles de fragmentación y múltiples contradicciones, muchas veces menores históricamente aunque magnificadas coyunturalmente. La deslegitimación de las ideas de cambio también fue consecuencia de una campaña sistemática contra el campo del Apruebo, sea en la Convención, sea en el gobierno, sea en la lucha social. Como nunca quedan espacios vacíos, en los hechos, esto implicó una relegitimación de las fuerzas a la derecha del campo político. Tras su alcance, este proceso seguramente se reimpulsará y tomará nuevos caminos luego de los números del plebiscito.
El crecimiento de las posiciones adversas al cambio político y su contraste con las postales del #ChileDespertó llama la atención. Sin embargo, se trata de un proceso que puede advertirse al menos desde hace varios meses. El campo desde el progresismo a la izquierda estuvo a punto de atravesar una situación similar en la elección presidencial de diciembre de 2021, cuando el ultraderechista José Antonio Kast estuvo a poco de alcanzar la victoria, que finalmente fue para Boric por escaso margen.
Gabriel Boric asumió en marzo y los primeros seis meses de gobierno se dieron en un contexto de crisis global, con guerras, presiones geopolíticas e inflación en ascenso. En esta situación, el nuevo gobierno ha confirmado su perfil de moderación y en algunos planos de continuidad con el modelo precedente. Este es el caso, por ejemplo, de la militarización de la Patagonia frente al conflicto territorial que enfrenta a empresarios privados con comunidades mapuche. A fines de agosto fue detenido el referente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Héctor Llaitul y también en esos días el presidente aceptó la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, luego de que se conociera que una colaboradora suya se había comunicado con Llaitul en mayo pasado. Tampoco en el plano económico se han registrado medidas radicales a favor de los sectores populares, aunque el gobierno sí impulsó el aumento del salario mínimo y un programa social denominado “Chile Apoya”, con ayudas directas para las familias y apoyo a las pequeñas y medianas empresas, con el objetivo de paliar el alza en el costo de vida.
Como ya mencionamos en el informe #17, los sondeos privados señalan un rápido aumento en la desaprobación de la gestión presidencial, tendencia que parece haberse sostenido. En este escenario, los principales interrogantes tienen que ver con la forma en que la coalición en el gobierno procesará la situación política. En el mediano plazo, una pregunta clave es acerca de la representación política de un sujeto social en conformación, que emergió con fuerza en las luchas en torno al estallido y que ha tenido enormes dificultades para cristalizar relaciones de fuerza. Al mismo tiempo, cómo se articula este proceso con el campo ya organizado, parte del cual hoy está en el gobierno. Todo en un marco de rearticulación que también se dará en el campo de la derecha.
En Brasil, la calidad de vida del pueblo brasileño puede decir mucho sobre el resultado de las elecciones de octubre. En este contexto, el seguimiento de los datos socioeconómicos se vuelve aún más importante. La tasa de desempleo, en el segundo trimestre de 2022, fue del 9,3%, una caída en comparación con el primer trimestre, cuando la tasa fue del 11,1%. A pesar de la caída, el ingreso promedio de los trabajadores se mantuvo sin cambios de un trimestre a otro y cayó 5,1%, respecto al segundo trimestre de 2021. Esta disminución se debe principalmente a las tasas de inflación, medidas por el IPCA, que en abril, mayo y junio de 2022 fueron, respectivamente, 1,06%, 0,47% y 0,67% mensual y, en el acumulado de 12 meses, 12,13%, 11,73% y 11,89%. En julio, el índice de inflación ha sido negativo un 0,68%. Esta caída se explica principalmente por las exenciones del ICMS a los combustibles. A pesar de esta disminución, el índice acumulado en 12 meses se mantiene por encima de los dos dígitos, 10,07%, y la inflación de alimentos aumentó 1,3%, siendo mucho más sentida por la población más pobre.
Ante la grave situación socioeconómica de la población y principalmente por los resultados de las encuestas electorales, que señalan la probable victoria de Lula, el gobierno federal ha lanzado una serie de medidas que está siendo denominada el «paquete de bondad», que estará vigente hasta finales de 2022. Entre las principales medidas están: la ampliación de Auxilio Brasil a 600 reales; bono de mil reales por mes para camioneros independientes; ampliación del valor del bono de gas, beneficio pagado bimestralmente; creación de asistencia al taxista; reducción del ICMS para productos de primera necesidad (incluido el combustible). Aunque el paquete es claramente electoral, las medidas anunciadas tienen importancia para la vida de los trabajadores y los más necesitados. Sin embargo, en el mes de agosto, aún con las medidas más importantes puestas en práctica —-como la ayuda de 600 reales, el bono para camioneros y la ayuda para taxistas—- las encuestas electorales igualmente apuntan a una victoria de Lula e incluso con posibilidades de hacerlo en el primer turno.
En la encuesta DataFolha publicada el 1 de septiembre, Lula tenía el 45% de las intenciones de voto y Bolsonaro el 32%. En la anterior, el 18 de agosto, Lula tenía 47% y Bolsonaro el 32%, lo que muestra cierta estabilización. La encuesta hizo el escenario de segunda vuelta entre los dos candidatos. Lula aparece con el 53% de las intenciones de voto. En la encuesta anterior, el petista apareció con el 54%. Bolsonaro apareció con el 38% de las intenciones, oscilando para arriba en relación con el anterior, en el que apareció con el 37%. La encuesta del Ipec, encargada por TV Globo, publicada el 29 de agosto, también muestra a Lula al frente y con posibilidad de ganar en la primera vuelta. Lula aparece con el 44% de las intenciones de voto frente al 32% de Bolsonaro. En la segunda vuelta, Lula tiene el 50% de las intenciones de voto frente al 37% del actual mandatario.
No es solamente en el ámbito nacional que el PT es el favorito para ganar las elecciones. Las últimas encuestas electorales del estado de São Paulo indican una victoria de Fernando Haddad (PT). En la encuesta de Datafolha, el petista tiene el 35% de las intenciones de voto, contra el 21% de Tarcísio de Freitas, candidato apoyado por Bolsonaro, y el 15% de Rodrigo García, actual gobernador del estado y afiliado al PSDB. En la encuesta del Ipec, Haddad tenía el 32% de las intenciones de voto, contra el 17% de Tarcísio y el 10% del actual gobernador. Si Fernando Haddad gana en São Paulo, se rompería una hegemonía de 28 años del PSDB en el poder.
Finalmente, el 16 de agosto se inició oficialmente la campaña política. Lula realizó dos mítines con la participación masiva de activistas y movimientos sociales. La primera, el 18 de agosto, en Belo Horizonte, contó con más de 100 mil personas. Al segundo, el 20 de agosto, en São Paulo, en el Valle de Anhangabaú, asistieron, además de Lula, Alckmin, Haddad y la expresidenta Dilma Rousseff. El apoyo y la movilización de las masas son sumamente importantes para derrotar a Bolsonaro en las urnas y también para poner en práctica un proyecto destinado a atender las demandas populares. Aunque importantes representantes de las clases dominantes han firmado el manifiesto por la democracia y el respeto a las urnas, lo que indica que respetarán una posible victoria de Lula, intentarán colocar al PT y a Lula bajo su tutela e imponer un proyecto que los beneficie, como hemos señalado en algunos de los informes de 2021.
Si se confirma lo que dicen las encuestas, el gobierno de Bolsonaro termina el 31 de diciembre de 2022, pero por ahora se mantiene en el poder y sigue causando estragos en la sociedad brasileña. En la parte del proyecto destructivo que el gobierno de Bolsonaro pone en práctica, volveremos a llamar la atención sobre los ataques al ambiente. Aunque los indígenas desaparecidos a principios de mayo —-según se informó en el último informe #17—- fueron encontrados, el secretario ejecutivo del Conselho Indigenista Missionário (Cimi), Antonio Eduardo Cerqueira de Oliveira, afirmó que la situación en el norte del país sigue grave y que “todas las semanas hay denuncias de violencia contra el pueblo yanomami por la presencia de estos mineros en la zona”. El 4 de junio, un crimen conmocionó al país. Fue el asesinato del indigenista Bruno Pereira y del periodista británico Dom Philips en la región amazónica de Vale do Javari, conocida por ser la segunda tierra indígena más grande. Bruno era un empleado con licencia de Funai que trabajaba para combatir los delitos ambientales en tierras indígenas. Los sospechosos de cometer el crimen fueron detenidos, pero hasta el momento no se sabe si hubo otro autor intelectual. Estos episodios demuestran el proyecto del gobierno actual en relación con el ambiente y más particularmente con los pueblos indígenas. El debilitamiento de instituciones como la FUNAI dificulta la implementación de la política ambiental, la fiscalización y deja a los pueblos indígenas a su suerte, en un contexto de minería ilegal y otras actividades económicas.
En Argentina, el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner suma un tema de peso a un escenario de por sí en plena ebullición. Sucede que las tensiones políticas se desarrollan en un contexto de agudización de la crisis económica, que lleva al menos cuatro años y en el último período se profundizó.
Tras el acuerdo suscripto en marzo de este año entre el FMI y el gobierno nacional, ratificado por ambas cámaras legislativas, en los últimos meses se consolidó el cogobierno con este organismo financiero internacional bajo control de EE. UU. Presentado como una necesidad para frenar el alza del dólar, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, lo cierto es que desde que Argentina regresó a la asistencia del FMI en 2018 no hizo sino acelerar estos problemas. Con una proyección cercana al 100% de inflación anual esperada para el final de 2022, y serios cuestionamientos al interior del Frente de Todos, en julio renunció el ministro de Economía Martín Guzmán, artífice del acuerdo. En medio de un gran desconcierto y una abierta división de la coalición de gobierno, durante varias semanas se realizaron cambios en el gabinete hasta que finalmente el 3 de agosto asumió el ministerio de Economía Sergio Massa, quien reunió bajo su control varias áreas clave y se posicionó a partir de ese momento como un virtual primer ministro. De perfil centroderechista y excelentes vínculos con EE. UU., Massa encabeza el Frente Renovador, una de las “patas” del Frente de Todos. A la ya conocida división entre los sectores más cercanos al presidente Alberto Fernández y aquellos referenciados en Cristina Fernández de Kirchner, se le suma casi al mismo nivel un tercer espacio, que siempre fue importante y ahora parece ganar un lugar clave de cara a lo que se viene. Los primeros anuncios y medidas de Massa fortalecieron el perfil de moderación del gobierno frente a los diferentes sectores del empresariado y apuntaron a dar claras señales de ajuste en función de los compromisos de reducción del déficit fiscal.
En este contexto, el gobierno nacional —lejos de su compromiso preelectoral de “empezar por los últimos para llegar a todos”— continuó realizando concesiones a los sectores de mayor poder económico, entre ellos especialmente el agronegocio. En un país en el que la concentración ha llegado al punto en el que el 1% de las explotaciones agrarias controlan el 36% de la tierra cultivada y solo el 13% de la tierra está en manos de agricultores familiares que producen más del 60% de los alimentos que circulan en el mercado interno, las políticas oficiales se dirigen principalmente a fortalecer el poder de ese 1% más poderoso. Entre otras varias consecuencias, el poder del empresariado terrateniente bloquea desde hace años la sanción de una ley de humedales capaz de proteger a estos ecosistemas naturales, cada vez más agredidos por el avance del extractivismo. Una de las consecuencias más insólitas y visibles cada cierto tiempo, aunque no necesariamente la de mayor impacto sistémico, es la quema a escala masiva de los humedales, que mata flora y fauna y llena de humo a la población de la zona centro litoral argentina, en especial el sur de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos y el norte de la provincia de Buenos Aires hasta llegar a la propia Capital Federal. De esta manera, ya se ha vuelto relativamente habitual la presencia de humo en las zonas más pobladas de Argentina, al punto que el propio Servicio Meteorológico Nacional ha tenido que lanzar advertencias por la situación.
Por fuera de las idas y venidas de palacio, la situación económica y social de la mayoría de la población es crítica. Se incrementan las movilizaciones de movimientos populares opositores al gobierno, así como integrantes del propio Frente de Todos, que señalan la falta de cumplimiento del contrato electoral de 2019. Esta es la posición por ejemplo del Frente Patria Grande, organización que lidera el referente social Juan Grabois, que incluso anunció su retiro del bloque oficialista en la Cámara de Diputados para conformar un espacio propio con sus tres bancas. Luego del intento de asesinato contra la vicepresidenta, este movimiento anunció que suspendía esta definición. Esto no alteraría en lo fundamental el funcionamiento legislativo pero es un indicador del grado de tensión política.
En paralelo, la persecución legal contra Cristina Fernandez de Kirchner, impulsada por sectores del Poder Judicial cercanos a Mauricio Macri y atravesada por un interés político evidente, derivó en una serie de situaciones inesperadas que impactaron en el panorama político. El proceso de guerra judicial contra la expresidenta, amplificado por todos los medios de comunicación, se convirtió en agosto en uno de los principales temas de debate y pasó a ocupar un protagonismo central cuando algunas personas con consignas derechistas, en teoría vecinas y vecinos de Cristina en el exclusivo barrio de Recoleta, se manifestaron en su contra frente a su domicilio particular, hecho que fue respondido por una creciente movilización popular. De forma inexplicable, Horacio Rodríguez Larreta, alcalde de la ciudad de Buenos Aires y uno de los presidenciables de la derecha, decidió el sábado 27 de agosto vallar la zona para impedir el apoyo de las manifestaciones a favor de Fernández de Kirchner, lo que fue completado más tarde con represión de la Policía de la Ciudad, que alcanzó a militantes e incluso también a diputados y funcionarios del gobierno nacional.
Apenas cinco días después, mientras Cristina se bajaba de un vehículo en la puerta de su casa y diferentes personas se acercaban a saludarla, un hombre sacó una pistola a centímetros de su cara y gatilló dos veces con la intención de darle muerte. El arma no disparó y el atacante fue reducido. Si bien es imposible realizar un ejercicio contrafáctico, es evidente que el impacto social de un eventual asesinato sería mayúsculo y por estas horas los temas de debate serían otros. Mientras cerramos este informe, las primeras investigaciones apuntan a grupos de ultraderecha que han proliferado en estos últimos meses y que en algunos casos cuentan con vínculos con sectores de la principal oposición política.
Las primeras consecuencias de esta ofensiva mediática y judicial, luego policial y por último de sicariato contra Cristina Fernández de Kirchner parece haber operado como un factor aglutinador del Frente de Todos y en especial del conjunto del peronismo. Previo al atentado, los discursos de la expresidenta mostraron la distancia que la separa del resto de la dirigencia política, lo cual va en sintonía con el apoyo activo que genera su figura. La aparición de un claro escenario de persecución judicial y los episodios ya mencionados en torno a la disputa por el espacio público contribuyen, al menos en el momento inmediato, a revitalizar su lugar en el espacio político propio. Esto a su vez empalma con una extendida conciencia de movilización democrática que en todo el país se expresó en repudio al intento de magnicidio y opacó, al menos en las primeras horas, las operaciones mediáticas dirigidas a poner en duda las responsabilidades del ataque o incluso su propia existencia.
Sería aventurado hilar fino sobre el devenir de la situación política, pero parece claro que, pese a sus detractores, la vicepresidenta ocupa y ocupará todavía por un tiempo un lugar central en la escena política. Las dificultades emergentes a este liderazgo, de todas maneras, son la continuidad del proceso de lawfare, que no repara en formas, y la propia eventualidad de un triunfo derechista en las elecciones de 2023.
De cara a las presidenciales, la coalición Juntos por el Cambio enfrenta a varios competidores. En el Pro, el partido principal, además de Rodríguez Larreta se anotan la exministra de Seguridad —con fuertes vínculos con EE. UU. e Israel— Patricia Bullrich y el propio expresidente Macri. En la UCR, histórico partido que representó a la socialdemocracia, compiten también algunos gobernadores. Por fuera de esa coalición la ultraderecha “libertaria” posiciona a Javier Milei.
El escenario está abierto y tiene su cuota de imprevisibilidad. La crisis alimenta la movilización y la disputa en todos los escenarios, grandes y pequeños, parciales y más generales. La evolución de la crisis económica será crucial para el desarrollo, la atenuación o la resolución de algunas de estas contradicciones.
En Paraguay la calificación por parte de EE. UU de “significativamente corruptos” a personajes clave del poder, como el expresidente Horacio Cartes y el vicepresidente Hugo Velázquez, entre otros, provocó un tembladeral político, cuyas aguas parecen estar lejos de aquietarse.
Cartes es el líder indiscutido de Honor Colorado, uno de los dos grandes sectores en que está dividida la Asociación Nacional Republicana, el Partido Colorado. Velázquez pertenece al menos hasta el momento al otro sector, Colorado Añetete, liderado por el actual presidente Mario Abdo Benítez. Y hasta la intervención del gobierno de EE. UU. se candidateaba para la presidencia, para lo cual tenía que atravesar competencia interna de este sector. La caída en desgracia de ambos beneficia en la interna a Santi Peña, delfín de Abdo.
A su vez, la situación contribuye a evidenciar la crisis del sistema político y judicial del país, de por sí golpeado por el creciente poder del narco, como lo muestran episodios violentos en el país y hasta el asesinato en Colombia de un fiscal, Macelo Pecci, presuntamente por cuenta de una red de narcotráfico con conexiones internacionales, liderada por el paraguayo Miguel Ángel Insfrán Galeano y un ex futbolista uruguayo, Sebastián Marset, hecho que también impactó en la política uruguaya.
Referentes opositores señalan que el país se encuentra gobernado por las mafias y apuntaron a la complicidad con la corrupción del Partido Colorado. El sector de Cartes controla el Poder Judicial. En agosto, las bancadas de oposición impulsaron el juicio político a la Fiscal General, Sandra Benítez, pero no tuvieron éxito gracias a la participación de varios legisladores del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
El PLRA a su vez impulsa un espacio de Concertación que en principio reunió a varios sectores hacia su izquierda, como el Frente Guasú (FG), y a su derecha, como Patria Querida. Pero en la actualidad se encuentra en crisis ante la salida de varios partidos que integran el Frente Guasú y otros espacios políticos, que acusan al líder del PLRA, Efraín Alegre, de cerrar el espacio a su propio proyecto. Por parte de la izquierda, a las críticas al estilo de conducción de Alegre se suma una diferencia política fundamental porque este dirigente eligió como su compañera de fórmula a Soledad Nuñez, exministra de Cartes, sin votos propios pero expresión de los sectores más concentrados del poder económico del país. Ante la situación, algunos sectores del FG decidieron igualmente permanecer en la Concertación —entre ellos el de Esperanza Martínez, quien declinó la precandidatura presidencial para ir por el Senado— y otros se retiraron. Entre estos últimos se encuentran el Tekojoja, Convergencia Socialista y el Movimiento de Unidad Popular.
En los últimos días de agosto, estos sectores del Frente Guasú anunciaron un acuerdo con el ex canciller de Abdo Benítez, Euclides Acevedo, para integrar una fórmula presidencial en común. Finalmente el martes 30 de agosto se anunció de manera oficial la candidatura de Acevedo a la presidencia acompañado por el doctor Jorge Querey, del Frente Guasú, como vicepresidente. Pese a las desavenencias respecto a la chapa presidencial, tema no menor, en el Frente Guasú decidieron oficialmente respetar las diferentes tendencias internas y anunciaron que apostarán a listas legislativas comunes. El devenir de la propia campaña mostrará las potencialidades y límites de esta estrategia, que en sí mismo muestra un nivel de fragmentación y debilidad importante, aunque en un panorama en crisis, agitado por causas internas e intervenciones extranjeras, las posibilidades son casi infinitas. La resolución se toma, a su vez, en ausencia de uno de sus principales referentes: Fernando Lugo sufrió una descompensación y se encuentra internado desde julio.
En Uruguay, el país con elecciones más alejadas y menor conflictividad, el panorama político igualmente se encuentra activo. Uno de los temas tiene que ver con la entrega del pasaporte al narco Sebastián Marset, que puso la lupa sobre una eventual complicidad de la Cancillería uruguaya. Por otro lado, el gobierno impulsa una reforma educativa en el nivel medio que encuentra oposición del movimiento estudiantil y magisterial.
En un contexto de aumento del costo de vida, como en toda la región, el movimiento sindical expresado por la central PIT-CNT convocó a un paro para el 15 de septiembre. El presidente de la central gremial, Marcelo Abdala, informó que la medida es “una acción importante del movimiento sindical, por trabajo de calidad, por salario, contra la rebaja salarial, contra la carestía” y también para marcar posición ante el proyecto de seguridad social que impulsa el gobierno.
La región andina sigue caracterizándose por la permanente movilización de una coyuntura que abarca desde triunfos y consolidaciones de procesos de transformación, hasta crisis políticas y amenazas a la democracia. Dentro de los principales acontecimientos se destacó la 22° Reunión del Consejo Presidencial Andino de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), evento de encuentro entre los gobiernos de la región. La sola fotografía oficial permite visualizar el cambio de escenario en una región donde hubo un predominio de los gobiernos neoliberales, pero, este año, estuvieron presentes los presidentes del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora; de Colombia, Gustavo Petro Urrego; y del Perú, Pedro Castillo Terrones, gobiernos de corte popular, que evidenciaban la soledad —por lo menos ideológica— del banquero y presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.
En el encuentro estuvo presente la discusión sobre incorporar nuevos países a la CAN, como propusieron Castillo y Petro refiriéndose a Chile, Venezuela y Argentina. Adicionalmente, los presidentes coincidieron en la ”importancia de fortalecer la cooperación internacional y regional para reducir las tasas de pobreza, desigualdad, inseguridad alimentaria y desempleo” y en la posibilidad de cumplir con el objetivo inicial de la creación de la CAN: impulsar la industrialización de los países de la región.
“Quisiera expresar la importancia que tendría para la proyección de la CAN y el beneficio de sus integrantes ampliar su alcance recuperando como miembros plenos a Chile y Venezuela, con quienes compartimos la herencia andina tanto en lo geográfico como en lo político, en lo histórico y en lo social”, señaló el presidente de Perú. Pedro Castillo también amplió la caracterización a Argentina en clave de análisis histórico: “¿Por qué no pensar en una integración subregional que, en torno a la idea de una patria andina, alcance a la hermana República Argentina, con la que compartimos no solo la cordillera de los Andes sino esta herencia común e histórica de los pueblos originarios del Tahuantinsuyo?”, preguntó.
Respecto a las coyunturas locales, en Colombia, como mencionamos, finalmente se consolidó el triunfo del Pacto Histórico y se realizó el traspaso de mando entre la administración de Iván Duque y Gustavo Petro. El pasado 7 de agosto, el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez juraron en sus cargos en una ceremonia de fuerte impronta bolivariana, que dio inicio a un nuevo período en la historia de Colombia. La llegada al gobierno de Petro representa un punto quiebre a más de veinte años de uribismo y a un gobierno ininterrumpido de las clases dominantes, que hemos descrito en informes anteriores y que hoy se encuentra frente al novedoso lugar de la oposición. Los desafíos que atraviesa el Pacto Histórico, inclusive desde antes de su posesión, son numerosos y vale la pena puntualizar en algunos de ellos: transformar un Estado profundamente neoliberal para dar lugar a las millones de personas postergadas por el hambre y la desigualdad; transformar una fuerza pública formada en la doctrina contrainsurgente, que además es la segunda en tamaño en toda la región; y garantizar el cumplimiento de sus promesas de campaña que incluían la protección de la vida de las y los líderes sociales y ambientales, la defensa de los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes, la implementación total del Acuerdo de Paz con las FARC, el reinicio de las negociaciones con el ELN, entre muchas otras.
Ya en su primer mes de gobierno, Gustavo Petro ha anunciado medidas que permiten tener una visión optimista sobre lo anterior, en dos de los puntos más desafiantes de su gestión. Por un lado, el anuncio formal de la reforma policial y del Ejército que reoriente la formación de las Fuerzas Armadas en el respeto a los derechos humanos y sus funciones originales de seguridad y defensa, respectivamente, y que cambie de una concepción de la guerra a la paz. Cabe destacar que las Fuerzas Armadas tuvieron un lugar protagónico en la política de seguridad democrática impulsada por los gobiernos de Álvaro Uribe y sus sucesores, donde tuvieron numerosos beneficios por el desempeño “positivo” en términos de los objetivos de la doctrina contrainsurgente. Es precisamente este uno de los retos centrales del gobierno de Petro: transformar la doctrina contrainsurgente sobre la que se ha construído la estrategia de seguridad y defensa de Colombia a lo largo de su historia. En el marco del reinicio de las negociaciones de paz con el ELN, estas representan un desafío fundamental en torno a la paz definitiva, inclusive para la estrategia de protección a la vida de las y los líderes sociales que continúan en permanente amenaza por parte de grupos paramilitares que han actuado en connivencia con la fuerza pública.
Por otra parte, como una de sus primeras medidas de gobierno en materia regional, Gustavo Petro anunció la restitución de las relaciones diplomáticas con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, suspendidas desde 2019 como parte de la política aislacionista orientada por EE. UU. a Colombia, contra Venezuela. En ese marco, hacia fines del mes de agosto, Nicolás Maduro recibió las cartas credenciales de Armando Benedetti, el nuevo embajador de Colombia en Caracas, como parte del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y el “plan de trabajo parlamentario para impulsar el dinamismo comercial fronterizo garantizando la seguridad”. Con ello, se retoman relaciones diplomáticas centrales en dos países que, además de compartir más de dos mil kilómetros de frontera, tienen zonas comunes que son epicentro de numerosos conflictos y desafíos comunes vinculados a la migración, la seguridad y las economías ilegales como describimos en nuestro cuaderno Colombia, Venezuela y nuestra segunda frontera imperial.
Este elemento permite vislumbrar lo fundamental que será el desempeño de la política exterior de Gustavo Petro, que puede transformar la correlación de fuerzas de lo que Colombia significaba en el vecindario hasta hace apenas algunas semanas: total alineamiento a la política exterior de Estados Unidos, y pívot impulsor de una articulación regional por derecha en contra de los procesos progresistas. El hoy presidente de Colombia recalcó la importancia de la unidad y la integración latinoamericana para consolidar las potencialidades humanas, biodiversas, políticas y energéticas de la región en un contexto de transformación geopolítica.
Este nuevo escenario regional encuentra, a diferencia de 2019 donde fue el punto más álgido de la ofensiva contra la Revolución Bolivariana, una Venezuela transformada y fortalecida, como indican las cifras de crecimiento económico de los últimos meses. Según el presidente del Banco Central de Venezuela, el país lleva cuatro trimestres en línea de crecimiento económico con dobles dígitos, el mayor de forma sostenida en la región: “El tercer trimestre del 2021, en comparación con el tercer trimestre de 2020, creció un 14,65 por ciento; en tanto en el cuarto trimestre del año pasado, el crecimiento fue de 19,07 puntos porcentuales”.
Una de las principales imágenes que los medios de comunicación hegemónicos se encargaron de difundir eran las góndolas vacías de los supermercados, que contrasta hoy con el importante avance en materia alimentaria que se ha conseguido en el último año gracias a la Misión Agrovenezuela. Según declaró el presidente Nicolás Maduro, antes el 90% de los alimentos que se consumían en Venezuela eran importados. Hoy más del 80% de los alimentos que se consumen en el país son producidos localmente.
A pesar de su recuperación, Venezuela sigue con el bloqueo unilateral impuesto en su contra por Estados Unidos, que incluye además la retención ilegal que hacen en el exterior a los activos y el oro de Venezuela —cerca de 215 millones de dólares—, a los que se suma la intervención de la empresa CITGO, entre otros. A pesar de la constante denuncia que ha hecho el gobierno de este secuestro de bienes, ha estado permanentemente invisibilizado por los medios hegemónicos. Sin embargo, con el secuestro del avión de Emtrasur, de propiedad venezolana por parte de Argentina —cuyo embargo ha sido solicitado por Estados Unidos— ha vuelto a reflotar el tema en la agenda internacional, visibilizando la continuación de esta política unilateral que afecta la recuperación económica del país caribeño.
Por su parte, en Ecuador, después del primer año de gobierno de Lasso, se convocaron numerosas movilizaciones por parte de organizaciones sociales, entre ellas la CONAIE. Las protestas son contra el aumento de los precios de los combustibles y contra las políticas neoliberales exigidas en convenio con el FMI, tales como: aumento en los impuestos, reducción del gasto público y desarrollo de actividades mineras en áreas protegidas.
Desde el inicio del gobierno de Lasso, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador acudió a diversas negociaciones para encontrar soluciones a la crisis económica que atraviesa el país, pero no funcionaron. Lasso continuó con las medidas que llevaron a las movilizaciones de junio donde hubo una enorme represión y persecución por parte de las fuerzas de seguridad, que llegaron a detener a Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, lo que generó un incremento en las movilizaciones. Lasso acudió al viejo discurso de culpar a los y las manifestantes de “rebelión y terrorismo” acusándolos de intentar un golpe de Estado con las protestas. Finalmente, después de dieciocho días de movilizaciones se firmó el “Acta por la Paz”, donde se acordó reducir el precio del combustible y reformar el decreto 151 para prohibir la actividad minera en áreas protegidas.
Por otra parte, el proceso de avanzada en contra del gobierno de Pedro Castillo en Perú ha tenido un nuevo capítulo que incluye la ya conocida herramienta del lawfare en nuestra región. La fiscal general, Patricia Benavides, abrió una investigación preliminar al mandatario por presuntos actos de corrupción. Este anuncio se hizo en medio de un show mediático que incluyó un allanamiento a la casa de gobierno y la detención de personas vinculadas al presidente, constituyendo uno de los principales elementos del lawfare: primero la condena mediática para generar un clima social que avale las sentencias previamente acordadas por el Poder Judicial.
En ese marco, Pedro Castillo ha denunciado los intentos de golpe en su contra que han pasado desde la acusación de supuesto fraude en su triunfo electoral, la permanente ofensiva del Poder Legislativo en su contra, donde han intentado destituirlo en numerosas ocasiones, hasta la utilización del golpe por vía judicial. Los medios de comunicación concentrados responden a la estrategia de las clases dominantes locales y buscan crear un clima de aislamiento de Castillo, a partir de la renuncia de diferentes ministros del gabinete.
En ese sentido, en las últimas semanas, Castillo ha adelantado una serie de reuniones con movimientos sociales buscando consolidar el apoyo de los sectores que lo acompañaron en las elecciones y que han denunciado en los meses que lleva en el cargo la distancia que el mandatario ha puesto entre las prioridades de gobierno y la agenda de los movimientos. De esa forma, los movimientos esperan impulsar, por fin, el proyecto de la Constituyente con el que buscan iniciar la transformación de la estructura neoliberal del Estado peruano, que está construida para satisfacer las necesidades de las clases dominantes. Producto de la permanente ofensiva, el gobierno de Castillo ha recibido un importante apoyo de líderes y presidentes de la región, dentro del cual se encuentra la decisión de la Comunidad Andina de otorgar a Perú la nueva presidencia pro témpore del organismo, después de Ecuador.
En el caso de Bolivia, los últimos meses han significado una importante recuperación política y económica a pesar de los intentos golpistas de la ciudad de Santa Cruz. Según el ministro de Planificación y Desarrollo, Sergio Cusicanqui, “ha sido fundamental la reimplementación del modelo económico, social, comunitario y productivo, que tiene como fin beneficiar al pueblo boliviano, sin enfatizar en sectores privilegiados como sucedía con la puesta en marcha de políticas neoliberales. Bolivia ya ha crecido en el año 2021 un 6,1 por ciento, pero más importante aún, ha sido que Bolivia ha vuelto a mejorar los indicadores sociales, logrando los más bajos en la historia de nuestro país”. En los años de gobierno de Luis Arce, en el país ha sido posible ver la prioridad de las políticas públicas hacia los sectores populares, como es el anuncio del otorgamiento de 150 000 títulos de propiedades rurales a productores campesinos indígenas y agropecuarios durante 2022.
Un elemento fundamental de esta recuperación es la ubicación del país como uno de los principales exportadores de litio del mundo, ya que desarrolla procesos de producción y exportación de carbonato de litio. Según informó el viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnez, el país vendió hasta julio al menos 350 toneladas del yacimiento con una ganancia de 150 millones de bolivianos (Bs) través de la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). En ese marco, ha avanzado el fortalecimiento de la defensa de la democracia y el gobierno democráticamente electo, a través de manifestaciones de apoyo masivas como fue la marcha de gremios, organizaciones y movimientos sociales, que responden además a los permanentes intentos de desestabilización de la derecha local, concentrados en la ciudad de Santa Cruz, que fue uno de los principales focos del golpe de 2019.
Ya en nuestro informe anterior, anticipábamos que la situación política e institucional de Haití no prometía estabilizarse respecto de las turbulencias vividas en 2021. Y efectivamente, la situación ha empeorado, causando, como siempre, daños para el pueblo haitiano que, a pesar del terror, no deja de organizarse.
Entre enero y junio de 2022 se produjeron 557 muertes violentas en el área metropolitana de Puerto Príncipe, frente a 340 casos en el mismo período de 2021. En los meses de julio y agosto la violencia continuó.
En este marco, el primer ministro, Ariel Henry, mantuvo un encuentro con el expresidente Jean Bertrand Aristide (partido Fanmi Lavalas), como parte de las reuniones que ha mantenido con otros líderes y grupos políticos con el objetivo de encontrar una salida a la crisis que vive el país. Además, Aristide también se había venido reuniendo con otros líderes políticos, como Helen La Lime, representante de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), y Fabrice Mauriès, embajador de Francia en Haití.
Algunas semanas después de esos encuentros, miles de personas se manifestaron en Puerto Príncipe pidiendo que Aristide sea presidente de la transición política.
Al respecto, consultamos a Lautaro Rivara, periodista y exbrigadista internacionalista en Haití, que ha dejado su opinión al respecto:
Aristide es invisible, está escondido, pero opera a través de su partido político, hoy devenido un partido del establishment. La figura de Aristide sigue siendo una figura popular, y quizás por eso siga generando ciertos resquemores en la clase dominante. A título personal, me cuesta verlo como candidato o presidente, además de que constitucionalmente no puede serlo, aunque eso siempre se puede flexibilizar. No sabría decir qué hay detrás de estas manifestaciones que claman por él, sin duda algo de sentimiento espontáneo hay, pero no lo veo como una salida factible, aunque sí quizás alguien que él o su partido puedan indicar.
El problema más básico es la falta de legitimidad de la partidocracia. Hace 32 años que no hay elecciones democráticas y transparentes. En estos años se pasó de una participación masiva como la que llevó a Aristide al poder en la década de 1990 a los niveles de las últimas elecciones, cuando ganó Moïse en 2016, del orden del 18%. Los elementos consensuales de la política se fueron achicando, la gente dejó de votar, le hicieron fraude en la cara muchas veces. Desde el comienzo de la crisis, 2018 o incluso antes, se ensayaron muchos tipos de acuerdos entre partidos y coaliciones (partidos minúsculos, cuasi unipersonales), siempre por arriba, que no cambiaron nada. Hoy pensar un acuerdo entre Henry como ministro ilegítimo devenido autoridad del país con su mandato provisorio ya vencido, con sectores del partido de Aristide, no cambia eso. Sigue siendo un acuerdo muy pequeño y muy lejos de todo margen de gobernabilidad. Se pueden sacar la foto, pero eso no cambia la crisis orgánica de legitimidad que hay en el país.
El 7 de julio, al cumplirse un año del asesinato todavía no esclarecido del expresidente Jovenel Moïse (cuya causa ha cambiado ya cuatro veces de juez responsable), la violencia recrudeció y, según la ONU, solamente entre el 8 y el 12 de ese mes hubo al menos 234 muertes violentas como consecuencia de enfrentamientos entre pandillas. Como venimos comentando, el aumento de la violencia, además, limita el funcionamiento de servicios de salud, emergencia, y el abastecimiento de combustible, agua potable y alimentos.
Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó por un año el mandato de la Binuh y emitió una resolución pidiendo a los estados prohibir la transferencia de armas a las pandillas en Haití. En ese marco, China pidió el envío de una fuerza policial regional de Latinoamérica, pedido que no fue finalmente incluido en el texto final.
Al cumplirse 107 años de la ocupación estadounidense en Haití, el 28 de julio organizaciones sociales se movilizaron en frente a la oficina de la Binuh en rechazo a su accionar y para denunciar las implicaciones de la negligencia de la comunidad internacional y las autoridades locales ante la situación del país.
En agosto, la violencia siguió escalando y, a principios de mes, un exsenador, Yvon Buissereth, que trabajaba para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, fue quemado vivo junto a su sobrino en una zona cercana al barrio donde vivía el asesinado expresidente. Pero a pesar de las constantes represiones, el pueblo haitiano se sigue movilizando.
Esta ola de violencia sigue teniendo repercusiones en quienes migran queriendo escapar. Por un lado, más de trescientos migrantes haitianxs fueron detenidxs a principios de agosto en las costas de Florida, por autoridades estadounidenses y, a fines del mismo mes, más de cien personas fueron interceptadas frente a Bahamas.
Por otro lado, como venimos contando en nuestros informes, la actitud del gobierno de República Dominicana está lejos de solidarizarse con el país vecino y sigue avanzando con políticas hostiles hacia los ciudadanos y ciudadanas que intentan cruzar la frontera. Luis Abinader declaró de utilidad pública una franja de tierra a lo largo de la frontera, para poder expropiar los terrenos donde se construirá el muro. En las zonas pobladas, se expropiarán 30 metros de tierra hacia adentro y en las no pobladas, hasta 200 metros. Ya hubo vecinos de la provincia de Dajabón que denunciaron que el gobierno no los recompensó por la utilización de estas tierras como se había comprometido.
Por otro lado, al interior del país, tampoco está todo tan calmo. En abril, se realizó un paro de 24 horas en catorce provincias para reclamar que bajen los precios de la canasta familiar, los combustibles y la electricidad, que se aumenten los salarios y en rechazo a la construcción de dos represas hidroeléctricas. El gobierno respondió con represión. En junio, Abinader lanzó un plan con militares en las calles para “combatir la delincuencia”.
A principios de junio, asesinaron en su despacho al ministro de Ambiente Orlando Jorge Mera. El atacante fue un amigo de la infancia del exfuncionario y su familia emitió un comunicado expresando que no le guardan rencor.
Mientras tanto, en Cuba, en estos cuatro meses hubo cambios relacionados con la actualización de leyes derivadas de la Constitución de 2019. En mayo se aprobaron el nuevo Código Penal y la nueva ley de Ejecución Penal, en agosto se implementó un nuevo sistema cambiario y se abrió el mercado a la inversión extranjera, y en septiembre se realizará el referéndum para votar por el nuevo Código de Familia. A la vez, los ciudadanos y ciudadanas siguen sufriendo los constantes apagones, que fueron el detonante de las protestas de julio de 2021.
La noticia que recorrió el continente desde la isla a principios de agosto fue el incendio en la zona industrial de Matanzas, a 80 kilómetros de La Habana, producto del impacto de un rayo en un tanque de combustible, que causó explosiones y se extendió a otros tres tanques.
Los incendios duraron una semana hasta que pudieron ser contenidos y tuvieron como consecuencia más de cien heridos y la pérdida física de dieciséis personas, catorce de las cuales tuvieron un homenaje colectivo debido a que sus restos no pudieron ser individualizados. Se trató de catorce agrupaciones de fragmentos óseos que no pudieron ser identificados debido a las elevadas temperaturas y el prolongado tiempo al que estuvieron expuestos, pero el número correspondió con la cantidad de bomberos desaparecidos.
En cuanto a las nuevas medidas, se trata de la actualización del ordenamiento jurídico iniciada con la Constitución aprobada en 2019.
El nuevo Código Penal empieza a contemplar delitos que afectan al espectro radioeléctrico, el ambiente y el patrimonio natural e incorpora sanciones relacionadas con actos discriminatorios, violencia de género y delitos hacia menores o personas con discapacidad. Actualiza la protección de los derechos de trabajadores de entidades no estatales e incrementa las penas vinculadas a la corrupción. A la vez, cambia el anterior tipo legal de “rebelión” por “delito contra el orden constitucional”, además de agregar dos figuras para enfrentar el financiamiento de la actividad contrarrevolucionaria y los desórdenes públicos. Mantiene la pena de muerte en algunos casos (recurso que no se usa desde hace más de veinte años pero que aún no ha logrado ser eliminado del cuerpo legal). Esta aprobación vino acompañada de la nueva ley de Ejecución Penal, cuyo objetivo principal es la resocialización de quienes cumplen condenas o sanciones y prevé mecanismos de resarcimiento de daños, protección a las víctimas y tratamientos específicos por discapacidad, enfermedad o minoría de edad. En síntesis, incrementa las garantías y el respeto a los derechos ciudadanos durante el proceso penal.
En cuanto a medidas económicas, el 4 de agosto se dio inicio al nuevo sistema de compra de divisas, con el objetivo de que el Estado capte divisas que hoy entran al país y terminan en mercados informales. Díaz-Canel destacó que es una de las setenta medidas orientadas a dinamizar el mercado interno. El primer paso fue la compra de divisas por parte del Estado a personas naturales a un tipo de cambio superior al vigente (y el 23 de agosto comenzó a implementarse también la venta). A través del decreto 63/2022 se permitió implementar distintos tipos de cambios de la economía con el fin de establecer mayor legalidad y que los cubanos y viajeros tengan “un mercado cambiario atractivo que permita no tener que acudir al mercado informal”, afirmó el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández.
Así, el ministro habló de un tipo de cambio “económicamente fundamentado” de 120 pesos cubanos por un dólar estadounidense (cuando la divisa legalmente hasta ahora se cambiaba a 24 pesos cubanos), reconociendo que no es un tipo de cambio de equilibrio pero que permite incentivar la venta. Además, afirmó que esta tasa no es estática y que apunta a ir generando un entorno legal. Admitió también que “no tiene un efecto inmediato” y afirmó que “no genera ningún fundamento para incrementar precios”.
En agosto también se anunció la apertura del comercio mayorista y minorista a inversores extranjeros, con el objetivo de “ampliar y diversificar los bienes y servicios en beneficio del pueblo”.
Al respecto, el Ministerio de Comercio Interior informó que:
Los negocios estarán destinados a proveer y comercializar materias primas, insumos, equipamientos y otros bienes que contribuyan a impulsar el desarrollo de la producción nacional, además del suministro de productos alimenticios, de aseo y de línea económica. También se prevén negocios que propicien la instalación de sistemas de generación de electricidad con fuentes renovables de energía.
En un primer momento, las ventas se efectuarán en moneda libremente convertible (MLC) y con pagos en divisa desde el exterior, con el cambio sujeto al nuevo sistema cambiario y “con el propósito de que la liquidez que se obtenga en el país estimule la producción nacional y respalde las importaciones de productos de línea económica a comercializar a la población en pesos cubanos, favoreciendo a la población que no tiene acceso a esta moneda”, publicó el ministerio. Y en el mismo comunicado agregaron que “la concreción de estos negocios incrementará la oferta de materias primas, insumos y otros productos en el mercado y en correspondencia con este incremento disminuirán los precios”.
Respecto de todas estas medidas, dialogamos con Alcides García, periodista cubano e integrante del Centro Memorial Martin Luther King, quien nos compartió algunas reflexiones sobre estos cambios a nivel general y a nivel particular:
El gran cambio en Cuba vino de la mano de la actualización de la Constitución, que todavía no es la que necesitamos desde el punto de vista popular, sobre todo en materia de participación. Fue un gran salto respecto a la que teníamos anteriormente, ganamos bastante. Y al cambiar la constitución se tienen que cambiar el resto de las leyes para que estén en coherencia sus postulados.
Hay muchos paquetes de leyes, uno de los que más impactan es la ley sobre la empresa socialista, las leyes para estimular el sector privado, las leyes sobre el tema bancario. En este contexto de crisis (bloqueo, crisis energética, crisis internacional) no trajo los resultados que deberían, sino un incremento de la inflación, una reducción de la capacidad de compra, la profundización de la crisis, y con ello la crisis social y política.
Respecto al Código Penal, se pone a tono y contempla figuras que era necesario contemplar, pero lo más significativo está en la ley de Ejecución Penal que se pone a tono con el mundo en cuanto a derechos ciudadanos. En esta parte de las reformas, hay más luces que sombras.
Pero si hablamos de lo económico, hay más sombras que luces. En algunos casos de las últimas medidas (como la del mercado cambiario y la liberalización de muchas cosas para la importación), están beneficiando en alguna medida a la macroeconomía, pero en realidad el sector más beneficiado son los que en los últimos treinta años apostaron por el sector privado y el mercado informal. Las personas que pueden acceder a esas compras son personas que traen los productos legalmente y después los venden en el mercado ilegal, que especulan con las necesidades del pueblo porque no encuentran los productos en el mercado legal. Y todo esto más los apagones generan mucho malestar, manifestaciones, se agrava la crisis y hay muchísima gente que termina queriendo irse del país.
Finalmente, en septiembre será sometido a referéndum el nuevo Código de Familia cuya consulta popular se realizó entre febrero y abril. De aprobarse, quedaría legalmente permitido el matrimonio igualitario —que había sido debatido en 2018 para su inclusión en el texto constitucional y finalmente fue eliminado de la versión final— y habría mayores protecciones contra la violencia de género. Además, el texto incluye la gestación subrogada, prohíbe el matrimonio y las uniones informales infantiles y reemplaza la figura de patria potestad por la responsabilidad parental, que reconoce un grado la autonomía progresiva de las infancias.
Como habíamos mencionado en nuestro informe anterior, San Cristóbal y Nieves estaba viviendo una crisis político institucional a partir de que comenzó a crujir la unidad de la alianza de gobierno y el primer ministro había disuelto el Parlamento en mayo. Finalmente, se convocó a elecciones anticipadas, que se llevaron a cabo el 5 de agosto. El Partido Laborista (SKNLP) obtuvo seis de los once escaños que se renovaron (sobre un total de quince), por lo que, luego de haber sido oposición siete años, ahora asume el gobierno, con el liderazgo de Terrance Drew. Los demás escaños fueron para las distintas fuerzas que anteriormente conformaban la alianza Equipo de Unidad, que estaba en el gobierno: el Movimiento de Acción Popular (PAM), el Partido Laborista del Pueblo (PLP) y el Movimiento de Ciudadanos Preocupados o Movimiento de Ciudadanos Comprometidos, según la traducción que se utilice (CCM, por sus siglas en inglés).
También hubo elecciones en Granada en el mes de junio, que definieron al nuevo primer ministro, el exopositor Dickon Mitchell. Su partido, el partido socialdemócrata Congreso Nacional Democrático (NDC, por sus siglas en inglés), obtuvo nueve de los quince escaños en el Congreso de Granada, Carriacou y la Pequeña Martinica, y se impuso frente al conservador Nuevo Partido Nacional (NNP), que detentaba el poder hasta el momento.
El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, propuso al Parlamento un referéndum para sustituir a la reina británica por un presidente no ejecutivo y autóctono. En 2009 se llevó a cabo una consulta similar y fue rechazada por el 55 por ciento de las personas que votaron. Por eso, el plebiscito se realizará solo si tiene apoyo bipartidista. En caso de contar con ese apoyo de la oposición, Gonsalves afirmó que también se creará un comité para “llevar a cabo un proceso de descolonización en los nombres (de lugares y espacios públicos)”.
De forma similar, a principios de septiembre el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, anunció que en caso de ser reelegido impulsará un referéndum para convertir al país en una república presidencialista. De esta manera el titular de la Corona británica dejaría de ser el jefe de Estado.
Por su parte, el 6 de agosto Jamaica cumplió sesenta años de independencia y, como veníamos anticipando en informes anteriores, volvió a manifestar su voluntad de convertirse en república. Planean hacerlo de cara a las elecciones generales en 2025. Para eso necesitan reformar la constitución, con aprobación del Parlamento y luego un referéndum. El gobierno ya anunció que pronto se nombrará un Comité de Reforma Constitucional para llevar a cabo esta tarea.
En junio, el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución para reconocer que Puerto Rico tiene derecho a la libre determinación y la independencia. Resoluciones como esta se vienen aprobando desde hace cincuenta años y esta es la número 40.
Mientras tanto, en la isla se siguen organizando protestas para que se finalice el contrato con la empresa LUMA de energía eléctrica, servicio que fue privatizado en 2021. Se le reclama por el aumento de precios, el mal funcionamiento y apagones y la corrupción en su administración. Hubo marchas en julio y también en agosto, y estas últimas fueron reprimidas por la Policía.
Como venimos señalando en nuestros respectivos informes de coyuntura, la crisis migratoria es la problemática más urgente por la que atraviesa la región mesoamericana. De la región del Darién hasta el Río Bravo, Centroamérica —y en particular los países del denominado Triángulo norte: El Salvador, Guatemala y Honduras— y México son territorios de destino, partida y tránsito migrante hacia Estados Unidos. En la segunda edición de los cuadernos “Debates Urgentes de Nuestra América”, desde el Observatorio de América Latina y el Caribe (OBSAL) y el Observatorio Internacional de Migraciones y Derechos Humanos ARGOS abordamos en profundidad la problemática migratoria, el rol de los Estados, la injerencia imperialista de los países del Norte global y las luchas migrantes.
El periodo de este informe se inició con la tragedia suscitada en el Estado de Texas, Estados Unidos, el 27 de junio, donde 53 migrantes aparecieron muertos en un camión. Según se estableció preliminarmente, fallecieron por deshidratación y asfixia. Este hecho recorrió los portales de noticias de todo el mundo por haber sucedido en territorio estadounidense. Tragedias como estas suceden todos los días en las zonas fronterizas, donde migrantes mueren dentro de trailers o aparecen ahogados en ríos profundos a causa de la militarización de las fronteras, la negativa al derecho de refugio y las políticas restrictivas impuestas por EE. UU. a los países de la región. La tragedia en Texas también hizo visible algo que venimos analizando, el negocio ilícito que hay detrás del fortalecimiento de las políticas de control migratorio, ya que son las bandas del crimen organizado quienes organizan operativos de tránsito para las personas migrantes que no pueden atravesar sus fronteras por vía legal y deben recurrir a caminos alternativos y peligrosos que por lo general están dominados por grupos vinculados al tráfico ilegal de personas, llamados coyotes.
Según un informe de la Cruz Roja, las migraciones irregularizadas crecieron de manera dramática del 2021 al 2022, en la región fronteriza entre Colombia y Panamá —el Darién, que es la puerta de entrada a Centroamérica— aumentó el flujo de inmigrantes en un 85%. Los datos señalan también que en Honduras, la migración irregular ha crecido un 689% y en México un 108%. El aumento de las deportaciones por parte de Estados Unidos y México mantiene la tendencia en alza de los primeros meses de este año. Por ejemplo, según datos del Instituto Nacional de Migraciones (INM) de Honduras, la deportación de migrantes llegó a 67 135 en lo que va de 2022, un 52,4% más que la registrada en el mismo período de 2021. En Guatemala, la cifra alcanza 56 349 deportaciones. Además, se registra un incremento de las expulsiones a inmigrantes que llegan a este país, que alcanzan a 9 019 desde octubre de 2021 a agosto de 2022. En México, las caravanas migrantes siguen haciéndose presentes exigiendo en algunos casos la regularización de sus situaciones y en otros la libre circulación hacia Estados Unidos. En agosto, el INM de México interceptó a aproximadamente 688 migrantes provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y Cuba, entre otros países. Las caravanas reflejan un flujo migratorio récord a Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) ha registrado a más de 1, 7 millones de personas hasta la fecha.
Las causas de las migraciones forzadas en Mesoamérica se deben a factores estructurales que hacen a las múltiples crisis económica, social, política, climática y violencias que azotan a estos países hace muchos años. La inestabilidad política y económica está directamente relacionada a las relaciones asimétricas impuestas por el imperialismo norteamericano a la región. En conexión con esto, pero que hace a factores coyunturales, como es la guerra en Ucrania, el aumento de los precios de los alimentos y combustibles incrementó el costo de vida en una zona donde amplias capas de sus poblaciones están empobrecidas a raíz de las políticas neoliberales implementadas. La suba en los precios alimenticios está teniendo una fuerte repercusión social y los gobiernos se ven forzados a tomar medidas urgentes para calmar las tensiones sociales, a la vez que enfrentan importantes movilizaciones populares.
Panamá es uno de los países en los cuales la situación social crítica devino en intensas jornadas de luchas contra las políticas del Presidente Laurentino Cortizo y las denuncias de corrupción que rodean al gobierno, por sobrecostos y malversación de fondos públicos. Si bien la inflación se ha acrecentado en el 2022, no es un fenómeno nuevo ya que el alza viene desde el año pasado. Esto repercute fuertemente en una economía dolarizada en la que el Estado no puede hacer uso de la política monetaria y la política fiscal es utilizada para profundizar el endeudamiento (que llegó a un 30,5%). Panamá es la sexta nación con la peor distribución de ingresos a nivel global. Esto se ha agudizado con la pandemia de la COVID 19. El desempleo llegó al 9,9% y un 48% de panameños y panameñas trabajan en el ámbito informal. A esto se suma la balanza comercial desfavorable entre exportación de servicios e importación de alimentos y combustibles, lo que agrava aún más la situación ante las consecuencias en los precios a causa del conflicto bélico en Ucrania y las sanciones impuestas a Rusia por EE. UU. y la OTAN.
A causa de la situación se desarrollaron en el mes de julio importantes movilizaciones, cortes de rutas y de autopistas en todo el país. Entre estas medidas de lucha se destaca la huelga general de maestros que duró veintiocho días, siendo una de las más importantes en décadas. Una amplia parte de las organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y movimientos sociales se nuclea en la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Entre las principales reivindicaciones se encuentran: la disminución del costo de vida ante el incremento del precio de los alimentos, medicamentos y combustible, poner freno a la corrupción y el incremento del presupuesto para la educación. Esto se da en un contexto donde el presidente Laurentino Cortizo, con el apoyo de sectores empresariales, está llevando a cabo un programa de ajuste que afecta a gran parte de la población. Entre las medidas se encuentran el recorte de la planta de trabajadores estatales, ajuste fiscal, congelamiento salarial, entre otras. Luego de tres semanas intensas de lucha y de arduas negociaciones entre el gobierno y los manifestantes, la huelga magisterial levantó la medida de fuerza tras tener el compromiso por parte del gobierno de un incremento que llega al 6% del PBI para educación. Otros de los logros obtenidos son: el establecimiento de un régimen de precios cuidados para productos alimenticios de la canasta familiar, el congelamiento del precio de los combustibles y la transparencia en el uso de la caja de seguro social y abastecimiento de medicamentos.
Tras las intensas jornadas de lucha del mes de julio, la tensa calma social se vio amenazada por el incumplimiento, por parte del gobierno, de los acuerdos establecidos en las mesas de negociaciones. Ante esto, en agosto volvieron los cortes de rutas y reclamos. Entrevistado por el programa radial de Sputnik, En órbita, el profesor de sociología de la Universidad de Panamá, Florencio Díaz Pinzón indicó:
El movimiento social salió a las calles porque se siente agraviado por un Gobierno que ha hecho caso omiso a la mesa planteada por él mismo, a la que denominó Mesa Única del Diálogo, mientras las fuerzas vivas estaban en las calles manifestándose democráticamente por una plataforma extensa y amplia que empieza por el encarecimiento de la vida en el país.
Las tensiones sociales parecen acelerarse en un país supervisado permanentemente por EE. UU. y el FMI, con un rol geoestratégico importante por el Canal de Panamá y de relevancia financiera por la presencia de uno de los paraísos fiscales más importantes del mundo. El movimiento popular panameño despierta y abre un conflicto sin precedentes en las últimas décadas y sin resolución en el corto plazo. La confirmación de la fecha para las elecciones presidenciales del 5 de mayo del 2024 abre otro escenario que todos miran de reojo, el oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), el empresariado panameño y los movimientos sociales.
Otro de los países que está teniendo importantes movilizaciones populares en este 2022 es Guatemala. Es uno de los países más desiguales del continente, con el 59% de habitantes en la pobreza y casi un 20% en la indigencia, y un gobierno que responde profundizando la represión y el deterioro institucional. Las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas y estudiantiles se encuentran en movilización permanente ante los atropellos políticos, judiciales y sociales llevados a cabo por el Presidente Alejando Giammattei. El entramado corporativo, político, judicial y económico denominado por las organizaciones sociales como “pacto de corruptos” tiene cooptadas las instituciones estatales, legislativas y judiciales. Del 9 al 12 de agosto se llevaron a cabo diversas jornadas de lucha que incluyeron bloqueos en once puntos del país y una masiva marcha en la capital bajo la consigna del “paro plurinacional”. Las reivindicaciones se nuclearon en tres ejes de rechazo: al alto costo de vida, a la corrupción e impunidad y a la criminalización.
A la crisis alimentaria que afecta a gran parte de la población guatemalteca y que se agudizó con el aumento del precio de los alimentos y de la energía, se suma la corrupción enquistada en el Estado y la cooptación del poder judicial que hace que no se investigue a los funcionarios corruptos. Uno de los casos que trabajamos en el informe anterior es el de las elecciones en la Universidad de San Carlos de Guatemala y el proceso fraudulento de elección del nuevo Rector. Esto desató la participación activa del movimiento estudiantil en las movilizaciones del 9 y 11 de agosto bajo el lema de #DignaResistencia.
La respuesta del gobierno de Giammattei a los reclamos sociales es más represión y violación de los derechos humanos. La detención de activistas y periodistas se volvió moneda corriente, uno de los últimos casos de privación de la libertad es la del periodista José Rubén Zamora, director de El Periódico, sucedido el 29 de julio. Otra de las medidas del paquete de políticas represivas es la iniciativa de Ley 6076 o Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala.
Según integrantes de movimientos sociales, analistas jurídicos y miembros de partidos opositores, la legislación busca darle impunidad a las fuerzas policiales al otorgarles una serie de privilegios, entre los que se encuentran un tratamiento diferencial en caso de represiones en las protestas sociales al permitirles actuar en “legítima defensa”. Además confunde las funciones de las fuerzas de seguridad pública con las fuerzas militares, lo que pone en peligro la seguridad ciudadana.
El tratamiento del proyecto de ley quedó momentáneamente suspendido tras la serie de protestas en su contra y la fuerte presión ejercido por las autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán que presentaron un informe sobre la violación de la Ley a derechos constitucionales. A pesar de esto, sectores políticos vinculados al gobierno insisten en su aprobación. El desafío de la movilización popular está en avanzar en una alternativa unitaria entre los distintos sectores que se oponen al “pacto de corruptos”, encabezado por Giammattei de cara a las presidenciales del 2023.
El Salvador es otro país de la región que atraviesa un contexto de violencia social a raíz del conflicto entre las pandillas y de estas con el gobierno de Nayib Bukele. Esta situación ha sido aprovechada por Bukele para profundizar su faceta autoritaria y decretar Estado de excepción tras la escalada de los homicidios vinculada a grupos pandilleros. Desde el 27 de marzo rige la medida y el martes 16 de agosto fue prorrogada por quinta vez por la Asamblea Legislativa. El régimen de excepción suspende garantías constitucionales y dota de ciertas prerrogativas a las fuerzas policiales que atentan contra los derechos humanos y la integridad de las personas: afecta los derechos de una persona a que sea informada sobre las razones por la que es detenida y las fuerzas represivas no están obligadas a llevar a los detenidos a un juez en las primeras 72 horas. Pueden detener a las personas y dejarlas en libertad a los quince días o un mes.
Bukele celebra como un logro de gobierno la baja en la tasa de homicidios y la “sensación de seguridad que se vive en El Salvador”, sacando a relucir la cifra de detenidos que llega a más de cincuenta mil. Por parte de las organizaciones de DD HH y de las organizaciones sociales denuncian las violaciones de derechos humanos y que la mayoría de las detenciones no son pandilleros sino personas de la sociedad civil que nada tienen que ver con estos grupos y que han sido apresadas de manera arbitraria. La mayoría de las detenciones son producto de redadas policiales, desplegadas en los barrios más pobres, y luego presentadas como «captura de terroristas». Se denuncia que 63 personas detenidas han muerto en los penales, lo que es ocultado por las cifras oficiales. La organización Cristosal ha manifestado en un comunicado que no existen las razones para seguir con las prórrogas del régimen de excepción y que desde el 27 de marzo al 13 de junio han recibido 1 993 denuncias de violaciones de derechos humanos. El 97% de estos casos es por detención arbitraria y el 58% de estas se dan en la población etaria de 18 a 30 años.
El 5 de junio, en México, se llevaron a cabo elecciones en seis de los treinta y dos Estados: Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Tamaulipas, Quintana Roo y Durango. Estaban convocados a votar un total de 11,7 millones de votantes, lo que supone un 12,6 % del padrón electoral nacional, según informó CELAG. El partido de gobierno MORENA y aliados se impusieron en cuatro Estados -—Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas— y llegan al total de 20, mientras la coalición opositora Va por México (PRI, PAN y PRD) triunfó en Durango y Aguascalientes, quedando en doce Estados. Estos comicios fortalecen al proyecto de gobierno de AMLO denominada la cuarta transformación, la 4T.
López Obrador anunció la creación de la empresa estatal Litio para México (LitioMx), la cual se encargará de explotar este recurso natural debido a que el país cuenta con reservas relevantes del mineral, estratégico para el almacenamiento de la energía. El decreto entrará en vigencia el 24 de agosto. México cuenta con 1,7 millones de toneladas de litio, lo que representa al 2% del total del planeta.
El 18 de agosto se presentó públicamente el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Esta comisión fue creada por el presidente López Obrador en 2018. El hecho transcurrido hace ocho años, es declarado como “crimen de Estado” donde participaron autoridades federales, estatales y locales: “La desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”, declaró en una conferencia de prensa Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno mexicano. Además se señala que el Ejército pudo haber evitado el suceso, ya que tenían un soldado infiltrado para informar sobre las movilizaciones de los estudiantes. En dicha conferencia, el funcionario afirmó que no hay indicios de que los estudiantes desaparecidos estén con vida. El abogado de las familias de los 43 estudiantes señaló que “se necesita una prueba científica y técnica para corroborar lo que dice el informe, que los estudiantes están sin vida, y lo que dice este informe todavía no alcanza este nivel, hay elementos, pero estos tienen que ser corroborados”. El informe de la comisión gubernamental será analizado por los familiares, al tiempo que se prepara la movilización del 26 de septiembre, como lo hacen todos los años, para exigir verdad y justicia.
En lo que respecta al plano judicial del caso hubo importantes avances. El exprocurador general Jesús Murillo Karam durante el gobierno de Peña Nieto fue detenido como responsable de las cuestionadas investigaciones realizadas sobre la desaparición forzada de los estudiantes. Además, se emitió el arresto contra 64 militares y policías acusados de estar involucrados en el crimen.
El 27 de julio se cumplieron seis meses del gobierno de Xiomara Castro en Honduras. Su presidencia está atravesada por las heridas abiertas tras el golpe de Estado a Zelaya en 2009 y una crisis estructural como resultado de los sucesivos gobiernos del Partido Nacional (PN). Además, afronta agendas urgentes y las expectativas puestas en un cambio de rumbo que canalice las demandas olvidadas de amplios sectores de la sociedad hondureña. En nuestro primer informe de este año hemos hecho mención a las importantes medidas tomadas por la mandataria en los primeros cien días de su gestión: 1 millón de hondureños y hondureñas no pagarán la tarifa de energía y pagarán más quienes más consumen, la prohibición de la explotación minera y de los ríos, la eliminación de las ZEDE, la libertad de los presos políticos que resistieron todos estos años a la dictadura del PN y la derogación de la Ley de empleo por hora, entre otras políticas. Esto se fue llevando a cabo a medida que el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) enfrentaba tensiones internas que amenazaban la unidad del bloque de gobierno. Las tensiones continuaron, en este caso con el aliado Partido Salvador de Honduras (PSH), al momento de votar la Ley para nombrar a la junta que propusiera los candidatos para la nueva Corte Suprema de Justicia en el próximo año. Desde Libre se entiende como fundamental la reconfiguración de la Corte ya que el Poder Judicial es uno de los poderes cooptados por el entramado de corrupción y narcotráfico del PN.
La necesidad de desmantelar el aparato clientelar y de impunidad diseñado por el Partido Nacional se conjuga con políticas inmediatas para paliar la crítica situación social empeorada con el aumento del precio de los alimentos y la energía. Sobre esto último, el gobierno ha rebajado el valor del combustible para reducir la inflación. En lo que respecta a lo primero, se creó la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la corrupción y se entabló el diálogo con Naciones Unidas para la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) publicó un informe de balance sobre los primeros cuatro meses de gobierno de Castro. Entre aciertos y desafíos, el documento señala algunas de las cuentas pendientes que debe saldar la actual gestión: la deuda pública y el gasto militar ocupan una parte importante del presupuesto nacional, lo que impide reordenar las prioridades para satisfacer las demandas sociales. Si bien se avanzó en la creación de la secretaría de la mujer, están pendientes avanzar en reivindicaciones planteadas por el movimiento feminista. También la necesidad de desmontar el modelo extractivista y la realización de un proceso de reforma agraria y alimentaria con enfoque de género para asegurar la seguridad y soberanía alimentaria, entre otros planteos. Además, se señala la necesidad de fortalecer la creación de empleo formal y la atención a las demandas territoriales de los pueblos, como ha señalado Berta Zuñiga.
En Honduras no son solo los empresarios y sectores oligárquicos quienes comenzaron a presionar y agudizar las tensiones dentro del gobierno. También sus fichas las comenzó a mover el Departamento de Estado estadounidense con la publicación de la Lista Engel, en el cual figuran funcionarios públicos, dirigentes y empresarios a quienes se les denuncia de estar vinculados a la corrupción, narcotráfico y/o lavado de dinero, entre otras cosas. La presencia de dirigentes del partido gobernante como Enrique Flores Lanza, los Diputados Edgardo Casaña y Rasel Tomé “con los de psicópatas como el Tigre Bonilla, ex jefe de la policía y sicario de la oligarquía; David Castillo, uno de los asesinos intelectuales de la compañera Berta Cáceres y otros jefes intermedios del hampa en el país, ampliamente conocidos por el pueblo y antes también publicados en los listados en cuestión, es una muestra de injerencia imperialista y del objetivo puesto en condicionar o desestabilizar al gobierno”, señala Gilberto Ríos. El dirigente social de Libre indica que tanto el ex presidente Juan Orlando Hernandez (JOH), ahora juzgado en EE. UU. por narcotraficante, como funcionarios allegados a él nunca figuraron en esta lista, y eso se debe a que estaban respaldados por la Casa Blanca. La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional hizo público el posicionamiento del gobierno al respecto:
Rechazamos categóricamente las acciones y propósitos de esta publicación, que constituyen de forma inequívoca en un intento por validar ese y desconocer que no impuso una narcodictadura, que oprime y persigue implacablemente a compañeros mencionados injustamente en esta lista, quienes todavía este día, siguen pagando el alto costo de defender nuestra democracia.
El lunes 20 de junio, el tribunal que está a cargo del juicio por asesinato a la activista ambiental Berta Cáceres condenó a 22 años y 6 meses de prisión a Roberto David Castillo Mejía por ser coautor intelectual del crimen ocurrido el 3 de marzo de 2016. Castillo es exmilitar y ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA). Según el Ministerio Público, este “concertó la muerte de Cáceres como parte de un plan para eliminar cualquier obstáculo que interfiriera con las operaciones de DESA sobre el río Gualcarque”, territorio ancestral del pueblo indígena lenca. Desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se dijo que solo habrá justicia completa cuando capturen, enjuicien y condenen a los autores intelectuales del crimen.
El 19 de agosto, en Nicaragua, fue detenido el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, acusado de formar parte del intento de golpe de Estado contra el sandinismo en 2018. Este hecho, sumado al encarcelamiento de tres sacerdotes —Manuel Salvador García en Nandaime, monseñor Leonardo Urbina en Boaco y el sacerdote Óscar Benavidez en Mulukukú— puso en pie de guerra al gobierno de Daniel Ortega con las máximas autoridades de la Iglesia Católica nicaragüense. Los eclesiásticos son acusados de golpistas por parte del discurso oficial. El suceso cobró relevancia internacional cuando el Papa Francisco manifestó que estaba preocupado por lo que se está viviendo en Nicaragua: “Sigo con preocupación y dolor la situación de Nicaragua. Quisiera expresar mi convicción y mi esperanza de que, a través de un diálogo abierto y sincero, se puedan seguir encontrando las bases para una convivencia respetuosa y pacífica”.
Estas detenciones se suman a la serie de encarcelamientos a dirigentes opositores y ex integrantes de la Revolución sandinista de 1979, como el caso de Dora María Tellez. Estos dirigentes son acusados de ser partícipes de la desestabilización al orteguismo en 2018 y de recibir financiamiento de organismos extranjeros como la USAID y la NED, dependientes de Estados Unidos.
En un contexto crítico social y económico, cabe señalar el avance que ha tenido Nicaragua en los últimos quince años. Actualmente produce en su territorio el 90% de los alimentos que consume y mantiene firme el objetivo propuesto de la soberanía alimentaria. Además, en el mes de julio el gobierno decidió subsidiar la electricidad a quienes consuman menos de 150 KWh (alrededor del 80% de las familias), así como el combustible y gas por tres meses y la tarifa de transporte público.
El solo repaso de los temas destacados en este período da cuenta de la complejidad y el dinamismo de la etapa política actual, en este continente tensionado entre las esperanzas de avance popular y los retrocesos bajo el imperio de la violencia y la crisis global.
De cara al futuro inmediato, predominan las sensaciones ambiguas propias de la incertidumbre en torno a varias líneas en desarrollo. Por un lado, preocupa el crecimiento de la violencia política como recurso cada vez más habitual para llevar adelante la agenda de dominación, en el marco de una guerra híbrida que cuenta con un amplio abanico de opciones: desde la pulcritud de los discursos diplomáticos hasta la utilización de sicarios y espías en clave de operaciones encubiertas, todo acompañado de una política de medios y uso de redes sociales sistemáticamente dirigida a golpear al movimiento popular y a sus líderes. Por otro lado, la continuidad de la movilización popular y los avances políticos del campo progresista plantean cambios importantes en clave emancipatoria. Sobre este punto, los primeros pasos del nuevo gobierno en Colombia son alentadores y ya generan efectos positivos al avanzar en la distensión con Venezuela, en una nueva posibilidad para la paz interna y la cooperación regional.
Los últimos cuatro meses del año estarán marcados por la trascendente disputa en Brasil, con la expectativa de que el proceso de elecciones de octubre concluya con el retorno de Lula Da Silva y el campo progresista al gobierno. En un plano general, la crisis económica en curso y los intentos por construir una integración soberana continuarán en un lugar clave dentro de nuestros análisis. El desarrollo de los acontecimientos en curso y los intereses en juego anticipan la riqueza de un panorama político en permanente cambio.
Esperamos que estos apuntes sean útiles a aquellas personas que, parafraseando a Bertolt Brecht, no se resignan a lo habitual como cosa natural. Porque “en tiempos de confusión organizada, de humanidad deshumanizada”, como decía el dramaturgo alemán, nada debe parecer natural. Nada debe parecer imposible de cambiar. Este trabajo de sistematización está dirigido a apoyar los esfuerzos de construcción de una vida mejor para la mayoría de la población. Ojalá este y los próximos informes aporten en ese sentido.
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