Una sistematización de los efectos de la Coronacrisis en la clase trabajadora argentina

Informe / abril 2020

En Argentina hay aproximadamente 23 millones de personas que viven de su trabajo, que están empleadas o buscan empleo. Antes de la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional para enfrentar la pandemia del coronavirus, cruzando datos del INDEC y el Ministerio de Trabajo (1), el mapa resultante entre quienes tienen empleo o desarrollan algún tipo de actividad por cuenta propia era el siguiente:

A esto hay que sumar a quienes no tienen empleo. Para diciembre del año pasado el INDEC estimó que el desempleo se mantenía en torno al 9%, o sea que afectaba a más de un millón y medio de personas. No obstante, creció tanto la tasa de empleo como la cantidad de personas que debieron salir a buscar trabajo, incluyendo a una franja de ocupadxs. La precariedad del empleo y el aumento de la subocupación, son las contracaras más evidentes.

Si tenemos en cuenta a lxs asalariadxs no registradxs, a lxs cuentapropistas de las categorías más bajas y precarias de monotributo y a lxs desempleadxs se trata del universo de las 10 millones de personas que se accedió al Ingreso Familiar de Emergencia otorgado por el Gobierno en las últimas semanas.

El mercado interno atraviesa una importante crisis que se profundiza desde mediados de 2018. Las medidas de apertura de capitales, el endeudamiento y el ajuste del sector público acentuaron el derrumbe de la economía. El último informe de actividad económica del INDEC (2) registra una caída del 2,2 % del Producto Interno Bruto durante el año pasado.

Para este año, por efecto de las medidas de aislamiento social, se estima que la economía va a retroceder entre un 4 y un 6%, según cálculos privados y de organismos como la CEPAL y el FMI.

La Encuesta Permanente de Hogares del Indec registró que, para el último trimestre del año pasado, el 60% de la población recibió un salario de menos de $26 mil por mes. Dato que grafica la pérdida de poder adquisitivo que se potenció a partir de 2018.

La desocupación, la desigualdad y la pobreza afectan más a las mujeres. Para graficar esto valen dos datos. Entre las mujeres de menos de 30 años, la tasa de desempleo se duplica y alcanza el 19%. De las mujeres que viven en barrios populares, solamente el 31% tiene un trabajo remunerado (3).

La crisis global y las consecuencias de la cuarentena expusieron la precarización del mercado de trabajo argentino y la situación de vulnerabilidad que sufren millones de familias. Una situación que se agrava entre lxs desocupadxs e informales, pero que tiene -y tendrá- efectos sobre el conjunto de lxs asalariadxs.

El parate económico colocó al gobierno del Frente de Todxs ante un desafío inusitado. Si bien ha tomado medidas relevantes para sostener los puestos de trabajo y garantizar un piso de ingresos para el conjunto de la población, la extensión del marco de emergencia acrecienta las disputas con el empresariado. Una parte importante del gran capital local amenaza con endurecer sus posiciones para eludir los costos de la debacle, lo que pone en peligro la eficacia y la suficiencia de esas acciones y expone las limitaciones de la intervención estatal.

En este marco, este informe ofrece un resumen de las principales consecuencias y conflictos que enfrentan y protagonizan los diversos sectores del pueblo trabajador; sistematiza las medidas gubernamentales que los tienen como destinatarios y aporta elementos para reconstruir la estrategia de las fracciones empresarias.

1. Las medidas del Gobierno

Muy esquemáticamente, el gobierno nacional tomó dos tipos de medidas para paliar los efectos de la cuarentena entre lxs trabajadores (4) y morigerar las consecuencias del parate económico. Las diferenciamos entre las legales y las de asistencia directa e indirecta:

• El DNU 297/20 prohibió expresamente el desplazamiento de personas por rutas, vías y espacios públicos exceptuando los servicios “esenciales”. Y dispuso que durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio lxs trabajadorxs del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales.
• El DNU 329/20 (del 31 de marzo) establece que por 60 días quedan prohibidos los despidos “sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor”, como así también las suspensiones “por las causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo”. En los considerandos se plantea que “resulta indispensable garantizar la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un diálogo social en todos los niveles y no con medidas unilaterales”.
• Precios máximos para los productos de primera necesidad, tanto de consumo general como los vinculados directamente a la emergencia sanitaria.
• Congelamiento de alquileres y créditos hipotecarios
• Suspensión temporaria del corte de servicios por falta de pago.
• Refuerzo extra para todxs lxs beneficiarios de la Tarjeta Alimentar ($4000 para aquellas familias con un hijo, y de $6000 para las que posean 2 o más) e Incremento en las partidas para asistir a comedores escolares, comunitarios y merenderos.
• Ingreso Familiar de Emergencia (bono de $10 mil para desocupadxs, trabajadorxs informales, monotributistas de las categorías más bajas y trabajadorxs de casas particulares),
• En el mes de marzo otorgó un bono extraordinario a jubiladxs, pensionadxs, titulares de la Asignación Universal por Hijx y Asignación Universal por Embarazo.
• Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción. Este programa incluye medidas como: el salario complementario del 50% para lxs trabajadorxs en relación de dependencia del sector privado (que llegará a las más de 400 mil empresas inscriptas en Afip para solicitar asistencia); los créditos a tasa 0 para monotributistas y autónomxs; un sistema integral de prestaciones por desempleo; y la simplificación de la reducción de aportes patronales.
• Créditos a tasas bajas para que Pymes y MiPymes destinen al pago de salarios.
• Incorporación de la COVID-19 como enfermedad de carácter profesional: de este modo las ART deben adecuar sus coberturas para atender a lxs trabajadorxs damnificadxs.
• Pago extraordinario al personal sanitario.

Los informes elaborados por el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) (5) son ilustrativos para analizar los efectos de la crisis en el primer mes de cuarentena (15 de marzo al 15 de abril) (6). Retomamos esos trabajos con tres propósitos: señalar los datos más indicativos, marcar las tendencias y dejar planteadas las situaciones más críticas.

Por un lado, el informe del CEPA, que releva casos que se hicieron públicos a partir de los medios o de la acción de los sindicatos, permite ver algunos datos fundamentales y una tendencia.

• Las medidas del gobierno aplanaron la cantidad de despidos, pero no tuvieron el mismo efecto sobre las suspensiones y las distintas situaciones de riesgo salarial (recortes, cuotas, retrasos).
• Mientras que para la segunda quincena de marzo el relevamiento marca 1720 casos de empresas que aplicaron suspensiones, para la primera de abril se sumaron 5503.
• En cuanto a las situaciones de riesgo salarial se produjo un salto fenomenal en la primera quincena de abril pasando de 9 a 81 casos, que afectaron a 9.830 trabajadorxs en marzo y 287.233 trabajadorxs en abril.
• Del total de los despidos registrados el 60% se explica por cuatro casos, o sea que la mayor parte se dió en grandes empresas.
• Si se analizan despidos y suspensiones del sector privado, se observa que la amplia mayoría (58%) corresponden al sector servicios, seguido por construcción (19%) e industria (14%).
• Si se consideran los casos de riesgo salarial la industria es la que comanda, con 79% de los casos, seguido por comercio (11%), servicios (5%) y el sector primario (se concentran en minería, 4%).

Por su parte, el Informe de la CTA-A es una sistematización de denuncias y reclamos colectivos de trabajadorxs de todo el país. En ese marco describe los conflictos generados en torno a la falta de delimitación clara entre actividades esenciales y no esenciales; a las condiciones sanitarias de trabajo en las actividades que siguen funcionando; y los referidos a suspensiones, despidos y recortes salariales.

Destacamos a continuación los datos más relevantes:

• La categorización de cada actividad como esencial responde a una lógica de abastecimiento urbano, pero también es objeto del poder de lobby de las grandes empresas. Muchos empleadores encontraron formas para justificar que sus actividades continúen funcionando. Sobre todo trabajadorxs de empresas de telecomunicaciones, metalúrgicas, mineras, y alimenticias han cuestionado el carácter esencial de una parte de esas actividades. Lxs trabajadorxs de call centers que hacen tareas para Telecom; los minerxs de Barrick Gold, lxs trabajadores de Quilmes y de ingenios azucareros de Salta y Jujuy, son algunos de los ejemplos.
• Existen planteos para reconvertir líneas de producción para generar bienes más prioritarios. Tal fue el caso en Bimbo, Felfort y Fernet Branca donde se cuestiona la fabricación de golosinas, aperitivos y facturas congeladas.
• El relevamiento muestra reclamos referidos a las condiciones de trabajo que van desde el pedido de insumos básicos como jabón o alcohol en gel hasta la demanda de protocolos para garantizar instrucciones sobre distanciamiento social. Aquí se destacan las denuncias en supermercados Coto, La Anónima, Wall Mart, Carrefour y Jumbo. En Coto se dio incluso el ocultamiento de un caso de Covid-19 en una sucursal de la Caba. Lxs trabajadorxs exigen acortar el tiempo de exposición al público y la provisión de los elementos de seguridad e higiene para evitar contagios. Situaciones similares se dan en el transporte de pasajeros, donde tanto colectiverxs como ferroviarixs de diversas líneas denunciaron el incumplimiento de medidas de seguridad sanitaria y reclamaron la adopción de modificaciones adicionales, como que lxs pasajerxs de colectivos suban por la puerta trasera para evitar el contacto.
• En cuanto a los despidos se registran reclamos en todo el país. En la industria manufacturera y en las actividades ligadas al entretenimiento y la cultura se detectaron la mayor cantidad de denuncias. Se destacan, por un lado, los despidos en los frigoríficos Penta, Senillosa y Agroservice, en Dánica, Laboratorio Craveri, Lavaderos Apparel, Panificadora Pan Pan. Por otro lado, hubo despidos en el complejo Cinemark, el Teatro Colón, la Revista Pronto (cerró sin previo aviso), Cablevisión (GSA tercerizada de call center), Orquesta de José C Paz, Casinos Santa Fé, Teleperformance (call centers). Por su parte, la industria del cine denunció la pérdida de 4000 puestos de trabajo. También se registraron despidos masivos en empresas tercerizadas de seguridad (Murata, Arsec, Siseg), en el transporte de pasajeros (Ersa de Corrientes, Via Bariloche, Terminal Salta, Ko Ko), en actividades ligadas al comercio (cadena de Kioscos Mc Kio, Famacity), a la gastronomía (Mostaza, KFC, Flykitchen, Tea Connections), a la energía y construcción (YPF, Techint, Obing y Pecan, Ice Ingeniería).
• Si se analizan los casos de suspensiones y aquellos en los que se aplicaron recortes o hay retrasos salariales el panorama es realmente variado, aunque llama la atención la nutrida presencia de grandes empresas que tomaron estas medidas a menos de un mes de decretada la cuarentena, muchas de ellas estando incluidas entre las productoras de bienes esenciales. A eso se agregan actividades con una larga historia de precarización laboral, y otras ligadas al turismo y el entretenimiento. Entre las que registran casos de suspensiones masivas están: General Motors, Siderar, Neverland, ACC Group – PYD – Next Latinoamérica (Call Center que presta servicios a empresas como YPF, Santander Rio, Telecentro, La Caja Seguros), EMA S.A (tercerizada de Edesur que suspendió sin pago de salario a 100 operarios). Entre las empresas que anunciaron recortes salariales o pagos diferidos resaltan: Pol-Ka, Verónica, la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán, Editorial Atlántida, América, Corporación Médica. Danone (La Serenísima), Wendys, Mcdonald’s, Burger King, Starbucks, Todo Moda/Isadora, Tenaris-SIAT (Grupo Techint), Garbarino, LATAM, Plusmar, grupo Vía Bariloche, Grupo Crucero del Norte, Grupo Flecha, Diario Clarín y las principales compañías de turismo online, Despegar, al Mundo, Avantrip. Finalmente, EDVESA, la empresa que brinda servicios a las firmas YPF, Shell, Pan American Energy, Chevron, Total y Pluspetrol notificó la suspensión por más de 6 meses con el pago del 85% de los salarios.
• Por último, según el informe, hubo empresarios que directamente se negaron a abonar los salarios: entre ellos aparecen el Grupo Indalo, Autobuses Neuquén, Sheraton Córdoba y Diario Popular.

En el marco que venimos describiendo —y luego de que el Gobierno anunciara la asistencia al sector privado para afrontar el pago de salarios a través del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción— la CGT y la UIA (27/4) firmaron el acuerdo que establece que en los casos en que se produzcan suspensiones sin tareas asignadas puede recortarse el salario hasta un 25% (7). El convenio marco, luego avalado por el Ministerio de Trabajo, estipula que las suspensiones que se lleven a cabo dentro de esas condiciones serán aprobadas automáticamente. También sostiene que “los empleadores podrán disponer la aplicación de suspensiones en forma simultánea, alternada, rotativa, total parcial, según sus respectivas realidades productivas”.

En los hechos, este acuerdo formalizó la actitud y los criterios que venían aplicando los gremios más grandes de la central sindical vinculados a las actividades más afectadas por la cuarentena en las negociaciones con las distintas cámaras empresarias. El común denominador está dado por la aceptación de suspensiones con recortes salariales a cambio del compromiso de mantener los puestos de trabajo. Lo que varía son los montos y plazos.

A continuación, ofrecemos un panorama sintético de la situación de algunos de los sectores más representativos.

4. Lxs trabajadorxs de la salud

Según el informe del Observatorio del Derecho social de la CTA-A, lxs trabajadorxs del sector vienen reclamando la contratación de más personal, la regularización de lxs contratadxs bajo formatos precarios y la creación de comités de crisis en los establecimientos sanitarios. También se registraron denuncias ante la falta de equipos de protección. En muchos casos los equipos terminaron siendo adquiridos por lxs propixs trabajadorxs o por las organizaciones sindicales.

En el sector público se registraron reclamos en instituciones que dependen del gobierno de la CABA y de Nación, como el Hospital Ramos Mejía, el Pirovano, el Fernández, y el Garrahan. También en estructuras provinciales y municipales de Buenos Aires, Mendoza, Tucumán, Chaco, Córdoba, Neuquén, entre otras. En el ámbito privado, lxs trabajadorxs denuncian falta de insumos y ocultamiento de casos de infección entre el personal.

Con el correr de las semanas se intensificaron los reclamos por el incremento de contagios en el sector, que representa un 15% del total de los casos registrados en el país. Según el referente de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA), Jorge Yabkowski, hay provincias en las que esa proporción llega o supera el 20% (13).

5. Lxs últimxs de la fila

Según el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción, el 75% de lxs monotributistas y el 71% de lxs autónomxs fueron “severamente” afectados por las consecuencias económicas de la extensión del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio. Son 2 millones de trabajadorxs independientes que se dedican a actividades muy diversas.

Dentro del mundo de lxs monotributistas, la cuarentena puso en primer plano a lxs repartidorxs. En un relevamiento hecho hace un año por la OIT se plantea que las plataformas de reparto y transporte empleaban al 1% de lxs ocupadxs del país (14). De ese conjunto de más de 160 mil trabajadorxs, más de 60 mil estaban dedicadxs estrictamente al reparto. Si, como marcan los datos del INDEC, en el lapso transcurrido, el empleo precario creció, podemos inferir que esa cifra ha aumentado significativamente. El estudio de la OIT señala además que el 45% de ese universo no tenía aportes previsionales de ningún tipo y que menos del 10% estaba registrado en relación de dependencia.

Ese ejército de ciclistas informales y monotributistas viene encarando una serie de protestas e intentos de sindicalización, que chocan con fuertes resistencias de las empresas. Incluso, el 22 de abril, en plena cuarentena, coordinaron una protesta regional de repartidores, con fuerte anclaje en Argentina. En 6 países en simultáneo pidieron ser reconocidos como trabajadores formales y ser protegidos del posible contagio de Covid-19.

En el universo de la economía popular, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) está conformada por movimientos territoriales, cooperativas y organizaciones comunitarias de todo el pás y nuclea alrededor de 600 mil trabajadorxs. Una buena parte, no recibe regularmente ninguna asistencia estatal para desarrollar tareas como la venta ambulante, la construcción, la producción gastronómica y textil, el reciclado urbano, estacionamiento medido y agricultura. Sacando este último sector que, aunque golpeado, siguió funcionando, el panorama general es de parálisis y por ende se agrava semana a semana. Consultado para este informe, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluídos (MTE, integrante de UTEP), Nicolás Caropresi, graficó la situación diciendo que “la cuarentena paró en seco a toda la economía popular”. Inclusive en el caso de las cooperativas de reciclado urbano que tienen convenios con el gobierno de la Caba y otros municipios, que por medio de negociaciones “están volviendo a trabajar en estos días de a poco”.

En este sector vale destacar el papel cotidiano que cumplen las mujeres. En la previa a la cuarentena, las mujeres representaban el 62% de lxs beneficiarixs de los programas Salario Social Complementario y el 74% del Hacemos Futuro, que el Estado abona para tareas sociocomunitarias y/o productivas (15). Un rol que se torna más evidente con las actividades de asistencia social que siguen desarrollándose ante la emergencia, y que a su vez se ve recargado con un aumento de las tareas de cuidados, en la gran mayoría de los hogares.

• En la Argentina el escenario es más grave aún dadas las condiciones previas. La tendencia indica que de continuar la cuarentena, la pérdida de puestos de trabajo se contarán de a cientos de miles en pocos meses. Y que aún conservando sus empleos, buena parte de lxs asalariadxs verán caer sus ingresos a la mitad. Mayo será un momento crucial.
• El gobierno del Frente de Todxs ha actuado con rapidez para atender primero a los sectores más desprotegidos y precarizados y, luego, intervino con políticas que buscan evitar los despidos y salvar la mayor cantidad de puestos laborales.
• El paquete de recursos volcado por el gobierno es de una magnitud significativa. Representa el 2,3% del PBI (entre asistencia indirecta y gasto efectivo). Aunque no es tanto comparado con lo que ponen en juego los países más desarrollados y parece insuficiente ante las consecuencias que se estiman tendrá esta crisis, incluso una vez superada la cuarentena.
• Una pregunta fundamental es ¿por cuánto tiempo el Estado podrá afrontar un costo fiscal creciente, mediante la emisión monetaria y sin generar nuevos ingresos, en un escenario que combina la contracción de la recaudación y la profundización de la recesión?
• En ese marco, es de esperar que las disputas por los costos de la crisis se acrecienten. El gran empresariado mostró los dientes ni bien se confirmó que la cuarentena había llegado para quedarse. Los bancos se rehusaron a aplicar resoluciones del Banco Central, grupos como Techint aplicaron despidos masivos, los propietarios de las mayores prepagas se opusieron férreamente a delegar las definiciones operativas del conjunto de sistema sanitario en el ministerio de Salud. Ante este escenario, no son muy alentadoras las medidas de asistencia que no diferencian entre las empresas de mayor y de menor tamaño y por ende que cuentan con capacidades muy distintas para transitar los efectos de la crisis; tampoco el rol secundario que viene jugando el Ministerio de Trabajo ante el avance del ajuste empresario; ni el papel de las conducciones sindicales que aplican la negociación entre cúpulas como herramienta privilegiada para afrontar la crisis laboral.
• Finalmente, y solo con la intención de remarcar algunas demandas y propuestas que se vienen realizando desde diversos sectores del movimiento sindical, dejamos planteados tres grandes línea de acción que concentran terrenos de disputas clave de cara al futuro próximo:
  • Determinar con la mayor precisión posible las áreas de producción “esenciales”. Fortalecerlas con la asignación de recursos y la reasignación de trabajadores que se desempeñan en las áreas no esenciales. Garantizando las máximas condiciones de salud y seguridad en el trabajo.
  • Fortalecer la capacidad de intervención estatal en articulación con sindicatos, cuerpos de delegados y organizaciones de la economía popular. Tanto para promover nuevos mecanismos para la provisión de bienes y servicios esenciales, como para lograr la efectiva aplicación de las normativas destinadas a resguardar la capacidad de compra de las mayorías y el acceso a ese tipo de productos; resguardar la salud de lxs trabajadorxs y proteger el salario y las fuentes laborales.
  • Avanzar en la regulación del teletrabajo. Este aspecto es clave dada la gran cantidad de sectores que han sufrido una sobrecarga pronunciada en sus tareas durante la cuarentena (docentes, administrativos, trabajadorxs de dependencias públicas, del Poder Judicial, etc.). Y también por el tipo de antecedente que puede dejar planteado este hecho para avanzar en formas de mayor flexibilización. Un caso a tener en cuenta es el de la Asociación Judicial Bonaerense, que firmó un convenio que establece un piso de derechos para quienes tengan que desarrollar tareas desde sus hogares durante la cuarentena (16). Excepcionalidad mientras dure el aislamiento, voluntariedad, límites en la jornada laboral y acceso a la información por parte del sindicato respecto de las condiciones efectivas de trabajo, son algunos de los puntos que se destacan en ese acuerdo.