La encrucijada de Asia Oriental: contradicciones y posibilidades en la nueva Guerra Fría
Japón, Corea del Sur, Filipinas y Taiwán atrapados entre la dependencia militar de EEUU y una profunda integración económica con China, se enfrentan a contradicciones cada vez mayores a medida que la “Nueva Guerra Fría” reconfigura Asia Oriental.
Cuando Estados Unidos e Israel iniciaron su guerra de agresión ilegal contra Irán el 28 de febrero de 2026, era inevitable que Irán retaliara con restricciones al tránsito por el Estrecho de Ormuz. Aunque este país nunca había cerrado ni restringido el paso por el estrecho, el gobierno de Teherán había dejado claro que esta geografía formaría parte de su estrategia defensiva si era provocado. Para los países de Asia, el Estrecho de Ormuz y el Estrecho de Malaca son vías vitales, puntos de atasco estratégicos para el flujo de productos, en especial de energía. Alrededor del 90% del petróleo de Japón y el 75% del de Corea del Sur pasan por el estrecho. Cualquier desaceleración en la vía marítima afecta de manera dramática a las economías industriales de Asia Oriental, ávidas de energía. Desde una perspectiva económica, la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán es también una guerra contra los intereses de Japón y Corea del Sur, y de hecho contra los de todos los países asiáticos que dependen del petróleo del Golfo Pérsico. A pesar de este hecho, muchos países asiáticos han mantenido silencio diplomático o, como en el caso de Japón y Corea del Sur, han respaldado abiertamente a Estados Unidos.
Países como Japón y Corea del Sur se alinean con Estados Unidos en contra de sus propios intereses económicos porque fueron absorbidos por la arquitectura militar estadounidense tras el fin de la Guerra Mundial Antifascista (conocida comúnmente como la Segunda Guerra Mundial) (Tricontinental, 2025). La presencia continua de enormes bases militares de EE. UU. en estos países los arrastra inexorablemente hacia las guerras perpetuas de Estados Unidos. Estos países no pueden romper con EE. UU. en lo que respecta a la guerra contra Irán mientras estén subordinados militarmente a él.
El objetivo militar central estadounidense en Asia no es Irán sino China, uno de los principales socios comerciales de Japón, Corea del Sur, Filipinas, Taiwán y de la mayoría de los demás países asiáticos. Dada la centralidad de China en las cadenas industriales de la región, cualquier agresión contra ella alteraría todo el paradigma de desarrollo de Asia Oriental. Por otro lado, EE. UU. sigue siendo el principal patrocinador militar de Japón, Corea del Sur, Filipinas y Taiwán, además de ser un importante mercado de exportación para varios de ellos. Estas economías se encuentran así en una encrucijada: no pueden romper fácilmente su dependencia militar y económica de Estados Unidos, ni tampoco su relación económica vital con China, la nueva fábrica del mundo.
En este dossier La encrucijada de Asia Oriental: contradicciones y posibilidades en la nueva Guerra Fría, analizamos cómo Japón, Corea del Sur, Filipinas y Taiwán están atrapados en una contradicción insoluble que persiste independientemente de los cambios de gobierno. Aunque nuestro foco está en Asia Oriental, también analizamos brevemente el papel de Estados como Australia e India en esta coyuntura. Las contradicciones que se exploran en este dossier son principalmente económicas y geopolíticas, pero plantean posibilidades para avanzar en la lucha de clases en estas sociedades, al poner en evidencia la necesidad de romper con las alianzas subordinadas al imperialismo.
Asia Oriental y el rol de China
En los últimos 30 años, Japón, Corea del Sur, Filipinas y Taiwán han experimentado un cambio radical en sus patrones comerciales y en sus trayectorias de desarrollo (Glawe y Wagner, 2021; Banco Asiático de Desarrollo, 2025). Durante la Guerra Fría, Estados Unidos fue el principal pilar del orden económico de la región, seguido por Japón hacia finales del siglo XX (Johnson, 1982; Aoki, 1995). Hoy, el nuevo centro de gravedad es China, que desempeña un papel fundamental, aunque desigual, en estas economías. Aunque cada una tiene su propio modelo de desarrollo y su propia relación política con Beijing, las cuatro están profundamente integradas en una red de producción en la que China funciona como centro manufacturero, base de la cadena de suministro y mercado principal.
Estudios del Banco Mundial y del Banco Asiático de Desarrollo han demostrado claramente la importancia económica de China en Asia Oriental (2026). China es el principal socio comercial de Japón y Corea del Sur, y representa aproximadamente el 20–25% de las exportaciones de cada uno de estos países. La relación de Taiwán es aún más estrecha: entre el 30 y el 40% de sus exportaciones van a China. Filipinas está menos integrada, pero China sigue siendo uno de sus principales socios comerciales, y absorbe aproximadamente el 15–20% de sus exportaciones. Estas cifras indican que una parte significativa de la actividad económica de Asia Oriental está directamente vinculada a la demanda de las industrias chinas (Lin, 2012).
Si se analiza en relación con la producción económica total, la importancia de China resulta aún más evidente. El comercio con China, es decir, el total de exportaciones representa una décima parte del Producto Interno Bruto (PIB) de Corea del Sur. Una cuarta parte del PIB de Taiwán depende del comercio con China continental. Japón, con una economía mucho más orientada al mercado interno, tiene, no obstante, el 5% de su PIB relacionado con las exportaciones a China (aproximadamente el mismo porcentaje de su PIB está ligado con EE. UU., lo que incluye el impacto económico de las 120 instalaciones militares estadounidenses en Japón). Filipinas, con menor intensidad exportadora, tiene alrededor del 6% de su PIB vinculado a las exportaciones a China2. La vitalidad de la economía china está, por tanto, directamente relacionada con los niveles de producción, empleo e inversión en el conjunto de Asia Oriental.
En la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN por su sigla en inglés) celebrada en 2011 en Bali, Indonesia, los Estados miembros debatieron la necesidad de crear un marco regional para la integración económica. Esas discusiones condujeron finalmente a la Asociación Económica Integral Regional (RCEP por su sigla en inglés), un acuerdo comercial firmado en 2020 y que entró en vigor en enero de 2022. El RCEP representa aproximadamente el 30% de la población mundial y el 30% del PIB global. Abarca economías que van desde Nueva Zelanda hasta Japón, reúne una amplia gama de industrias, desde la minería hasta la alta tecnología y un mercado de 2.200 millones de consumidorxs. Los signatarios acordaron reducir o eliminar los aranceles en un 92% en el transcurso de 20 años. Japón, Corea del Sur y Filipinas forman parte del RCEP, lo que refuerza los flujos comerciales y formaliza el espacio económico interconectado en el que China es la mayor economía (Cheng, 2023).
Más allá de las cifras agregadas del comercio, la estructura de la producción refuerza aún más esta integración. China no es solo un mercado final, sino también un nodo central en las cadenas industriales regionales y globales, en tanto consumidora y productora de bienes intermedios. Las empresas japonesas y surcoreanas exportan componentes de alto valor, como maquinaria y piezas de automóvil, petroquímicos y semiconductores, que suelen ensamblarse o procesarse en China antes de ser reexportados al mundo. La industria de semiconductores de Taiwán está profundamente imbricada con la manufactura china: los chips producidos en Taiwán suelen enviarse a China para su integración en productos electrónicos terminados (Tinn, 2025; Sinha, 2026). Estas estructuras de producción integradas han generado interdependencias sectoriales. La industria de semiconductores de Corea del Sur, liderada por empresas como Samsung Electronics y SK Hynix, depende de la demanda de la industria electrónica china. El sector automotriz y de maquinaria de Japón, liderados por empresas como Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Komatsu, Hitachi y Mitsubishi, dependen de lxs consumidorxs y de las redes de producción chinas.
Tomados en conjunto, estos vínculos comerciales y productivos demuestran que las cuatro economías están estructuralmente ligadas a China, aunque el grado de integración varía, es el más elevado en Taiwán y Corea del Sur, y más moderado en Japón y Filipinas. Esto crea tanto oportunidades de crecimiento como vulnerabilidades, a medida que la presión de EE. UU. sobre China repercute en toda la región.
La red de bases militares estadounidenses
Durante la última década, Estados Unidos ha consolidado una estrategia militar coherente destinada a cercar a China. Esta “estrategia de negación” se oficializó en sucesivos documentos de la Estrategia de Defensa Nacional de EE. UU. y se expuso claramente en el libro de Elbridge A. Colby de 2021, The Strategy of Denial: American Defense in an Age of Great Power Conflict [La estrategia de negación: la defensa estadounidense en una era de conflicto entre grandes potencias]. Colby dirigió la elaboración de la Estrategia de Defensa Nacional de 2018 como subsecretario adjunto de Defensa para Estrategia y Desarrollo de las Fuerzas Armadas durante el primer mandato de Trump. Actualmente es subsecretario de Guerra para Política del gobierno estadounidense y además de uno de sus principales estrategas frente a China (Colby, 2021).
La idea central de la estrategia de negación es que el Indo-Pacífico, que se extiende desde África Oriental hasta la costa oeste de Estados Unidos y abarca los océanos Índico y Pacífico, es la región de mayor importancia económica del mundo. Los intereses estratégicos de EE. UU. dependen de impedir que China desplace la primacía estadounidense en la región Indo-Pacífico. La estrategia se sustenta en la disuasión a través de la superioridad militar y la coordinación de alianzas, institucionalizada a través del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad, por su sigla en inglés), que reúne a Australia, India, Japón y Estados Unidos (2017); la asociación trilateral de seguridad entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos (AUKUS, por su sigla en inglés) (2021); la Iniciativa de Disuasión del Pacífico (PDI, por su sigla en inglés), un marco de financiamiento militar y despliegue de fuerzas para el Indo-Pacífico (2021) y el Acuerdo Trilateral Estados Unidos-Japón-Corea del Sur (2023) (Fernandes, 2022; Fowler, 2024; Wagner y Song, 2023).
En lugar de una confrontación directa, como ocurre con Irán, EE. UU. busca elevar el costo de defensa de China a un nivel inaceptable, mediante el fortalecimiento del sistema de alianzas liderado por Washington y el posicionamiento avanzado de bases militares. Actualmente existen alrededor de 270 instalaciones militares estadounidenses que se extienden desde Diego García, en el Archipiélago de Chagos, hasta Guam. Un elemento central de esta estrategia es la convicción de Washington de que una capacidad militar estadounidense creíble puede limitar las opciones estratégicas de China, al mismo tiempo que preservar el orden regional liderado por EE. UU. y seguir aprovechando el papel de China como motor económico de la región.
Taiwán ocupa un lugar clave en este marco estadounidense (Zhao y Yang, 2024). El 1 de enero de 1979, Estados Unidos reconoció formalmente a la República Popular China y aceptó la postura de Beijing de que existe “una sola China”, de la que Taiwán forma parte. Sin embargo, el 10 de abril de 1979, el Congreso de EE. UU. aprobó la Ley de Relaciones con Taiwán, que proporcionó la base legal para que Washington mantuviera una relación no oficial con Taiwán. Esto permitió a EE. UU. jugar un doble papel: reconocer formalmente el marco de una sola China mientras provocaba a Beijing mediante ventas de armas a Taiwán y mantenía vínculos económicos y culturales directos con Taipei. Desde 1950, Estados Unidos ha vendido a Taiwán cerca de 50.000 millones de dólares en equipos y servicios de defensa (Council on Foreign Relations, 2023). Para EE. UU., el estatus de Taiwán no es solo político sino estratégico, porque la reunificación de Taiwán con el continente otorgaría a China un acceso significativamente mayor al océano Pacífico. Para Washington, Taiwán es un instrumento para presionar a Beijing y limitar a China.
La estrategia de contención estadounidense está organizada geográficamente a través de un sistema de cerco que comienza con la primera cadena de islas (un arco de islas que abarca desde Japón hasta Filipinas y actúa como barrera al acceso de China al océano Pacífico). Esto se extiende a la “profundidad del cerco” más amplia de Diego García, Sri Lanka y las bases de EE. UU. en la región del Golfo Pérsico.3 Estados Unidos ha desarrollado una red de bases y acuerdos de acceso a lo largo de esta cadena para controlar nodos clave y rutas marítimas, y para limitar la movilidad militar china. Esta estrategia de cerco incluye no solo grandes instalaciones militares permanentes, como las de Japón y Corea del Sur, sino también, cada vez más, una red dispersa de sitios más pequeños y flexibles en los océanos Pacífico e Índico, diseñados para mejorar la resiliencia militar. Las bases están integradas con sistemas de vigilancia, inteligencia y misiles que permiten el monitoreo y la respuesta rápida. En conjunto, esta red militar constituye un sistema estructurado de contención. Si bien los documentos de seguridad nacional de Estados Unidos lo presentan como una medida de disuasión defensiva, el despliegue efectivo de sus fuerzas a lo largo de la frontera con China crea tensiones en lugar de resolverlas.
Este marco estratégico de contención y cerco se ha operacionalizado a través de una expansión sostenida de las capacidades e infraestructuras militares estadounidenses en Asia Oriental, en especial durante las últimas dos décadas y con creciente intensidad desde 2020. Estados Unidos también ha financiado ejercicios militares a gran escala, como el Ejercicio Balikatan (con Filipinas), el Ejercicio Malabar (con Australia, India y Japón) y el Ejercicio Talisman Sabre (con Australia). Estos esfuerzos buscan mejorar la interoperabilidad militar y convertir a los aliados de EE. UU. de socios regionales en participantes de primera línea en la contención de China.
Uno de los marcos más recientes impulsados por Estados Unidos es la Iniciativa de Disuasión del Pacífico (PDI, por su sigla en inglés), establecida mediante la Ley de Autorización de Defensa Nacional de Estados Unidos de 2021 (Prashad et al., 2022). La PDI garantiza financiamiento específico para el despliegue de fuerzas, la infraestructura de bases, la defensa antimisiles y los ejercicios conjuntos con aliados de EE. UU. como Japón, Corea del Sur y Filipinas. En Japón, ha asegurado mejoras en la defensa antimisiles y en las fuerzas de despliegue rápido. En Corea del Sur, ha permitido ejercicios conjuntos, mientras que en Filipinas ha modernizado las bases y los sistemas de vigilancia de Estados Unidos. La PDI también respalda la integración y el despliegue de sistemas de misiles de precisión de largo alcance en todo el Indo-Pacífico. Esto incluye la ampliación de las capacidades de defensa aérea y antimisiles construidas en bases militares estadounidenses en lugares como Guam y las Islas Marianas, así como en la Base Aérea Basa, en Filipinas (para la cual el gobierno de EE. UU. destinó alrededor de 66 millones de dólares en 2023) (Heydarian, 2023). La PDI garantiza sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento que mejoran el seguimiento de la actividad militar regional y posibilitan lo que se conoce como “ataque de precisión”: la identificación rápida y el ataque preciso de blancos militares.
Estos desarrollos han transformado a países como Japón, Corea del Sur y Filipinas en plataformas operativas de avanzada para la agresión estadounidense.
Sembrar el conflicto: contradicciones de clase y los límites de la democracia
La estrategia de negación de Estados Unidos no depende solo de la integración militar, sino también de la alineación de las clases dominantes a lo largo de la primera cadena de islas en una postura coordinada contra China, en particular en Japón, Taiwán y Filipinas y en general en la vecina Corea del Sur. Esta alineación refleja los intereses de las élites industriales, militares y políticas nacionales vinculadas al poder estadounidense. En Japón, Corea del Sur, Filipinas y Taiwán, la profundización de esa integración militar agudiza las contradicciones de clase existentes y expone la estrechez de los sistemas electorales. Aunque esto genera resistencia desde abajo, estos sistemas políticos están diseñados para impedir el crecimiento de cualquier fuerza adversa a la intervención extranjera. Además, cada una de estas sociedades carga con las cicatrices de la Guerra Mundial Antifascista y de la presencia militar estadounidense en la posguerra, incluidas las bases militares que hoy parecen permanentes, una experiencia que ha continuado definiendo el horizonte político de estos “Estados clientes”4.
Japón
El sistema político japonés de la posguerra ha estado dominado por el Partido Liberal Democrático (PLD), una organización política de derecha a extrema derecha con estrechos vínculos con el Estado y el capital estadounidenses. Aunque formalmente democrático, el sistema político japonés está dominado en la práctica por un solo partido, el PLD, que desde su fundación en 1955 ha estado en el poder todos los años menos cuatro. Aunque el artículo 9 de la Constitución japonesa de 1947, en ocasiones denominado la “cláusula pacifista”, prohíbe un rearme que vaya más allá de la defensa mínima, la derecha ha pedido su derogación desde el mandato de primer ministro de Nobusuke Kishi (1957–1960). En 2014, durante el mandato del nieto de Kishi, Shinzō Abe (2012–2020), el artículo 9 fue reinterpretado para permitir la “autodefensa colectiva”, lo que facilitó la expansión del gasto militar japonés, que ha aumentado especialmente desde 2022 bajo lxs primeros ministros Fumio Kishida, Shigeru Ishiba y Sanae Takaichi. Entre 2023 y 2024, el gasto militar japonés aumentó un 21%, y representa el 1,4% del PIB del país (Stockholm International Peace Research, 2025). En abril de 2026, bajo el mandato de Takaichi, Japón levantó la prohibición de exportar armas letales, establecida partiendo de la lógica de que un país pacifista no debería lucrar de las guerras.
La contradicción entre el gasto militar y las demandas democráticas para que la riqueza de Japón se invierta en necesidades sociales, ejemplificada en las protestas contra las bases en regiones más empobrecidas como Okinawa, pone de manifiesto las limitaciones de la democracia formal japonesa. La sociedad japonesa sigue subordinada a las prioridades militares definidas por una élite japonesa permanente alineada con Estados Unidos.
La construcción de una nueva base del Cuerpo de Marines en la zona de la bahía Henoko-Oura, en Okinawa, destinada a reemplazar la Base Aérea Futenma, largamente criticada por su ubicación en medio de la densamente poblada ciudad de Ginowan, enfrenta una oposición continua desde 1996. En 2018, Denny Tamaki fue elegido gobernador de Okinawa con una plataforma contraria a las bases. En un referéndum provincial celebrado en 2019, el 70% de lxs encuestadxs rechazó la construcción de la base. A pesar de esos mandatos democráticos y de décadas de impugnaciones legales, el gobierno central de Japón avanza con las obras de relleno que destruyen los ecosistemas de coral de la bahía de Oura en beneficio del ejército de EE. UU. (Mitchell, 2026). Organizaciones como el All Okinawa Council Against Construction of New Base in Henoko [Consejo de Todo Okinawa contra la Construcción de la Nueva Base en Henoko], el Okinawa Peace Movement Center [Centro del Movimiento por la Paz de Okinawa], el Okinawa Environmental Justice Project [Proyecto de Justicia Ambiental de Okinawa] y lxs manifestantes del plantón de Henoko, que mantienen una resistencia diaria desde hace más de dos décadas, encarnan una política que vincula la lucha local con las grandes cuestiones del imperialismo y la autodeterminación (McCormack y Norimatsu, 2018).
Corea del Sur
La historia política de Corea del Sur está marcada por una intensa lucha de clases. Creada en el contexto de la Guerra de Corea, iniciada en 1950 y formalmente sin resolver desde que el armisticio de 1953 no produjo un tratado de paz, Corea del Sur ha sido tratada por Estados Unidos como una base militar y un bastión económico contra el comunismo. Aunque ha estado bajo gobiernos pro-estadounidenses, incluida una dictadura militar de 1967 a 1988, su sistema político ha parecido más fluido que el japonés: ningún partido ha gobernado de manera continua. No obstante, los gobiernos electos, tanto conservadores como liberales, siguen dependiendo estructuralmente de EE. UU. Este es el caso, por ejemplo, bajo el mandato tanto de Yoon Suk-yeol, un conservador fuertemente alineado con Estados Unidos y con los chaebols (conglomerados surcoreanos), como de Moon Jae-in, un liberal que buscó una autonomía limitada pero permaneció ligado al capital orientado a la exportación y a los chaebols. De hecho, en 2018, durante la presidencia liberal de Moon Jae-in, el gasto militar de Corea del Sur se elevó al 2,5% del PIB, estableciendo un nivel que los presupuestos anuales posteriores mantienen (y que ascendió al 2,6% en 2022) (Banco Mundial).
Desde mediados de la década de 2010, Corea del Sur ha presenciado una oleada de luchas democráticas: desde la Revolución de las Velas o Chot-bul Hyuk-myung (2016–2017), que destituyó a la presidenta Park Geun-hye, hasta la Revolución de las Luces o Bit-eh Hyuk-myung (2024–2025), que buscó defender la democracia surcoreana contra la ley marcial impuesta por el presidente Yoon Suk-yeol en diciembre de 2024. A pesar de la reiterada movilización de la clase trabajadora y la sociedad civil contra la desigualdad y en favor de una mayor independencia en política exterior, la subordinación de Corea del Sur a EE. UU. ha impedido dicha transformación. Además, esta dependencia económica y militar la obliga a adoptar medidas profundamente impopulares, como el envío de tropas coreanas a Irak o la instalación del sistema antimisiles balísticos de defensa de área a gran altitud (THAAD, por su sigla en inglés). Desde sus inicios, Corea del Sur ha subordinado su política exterior a la de EE. UU. Una consecuencia de esto es que la fallida Cumbre de Hanói de 2019 entre Corea del Norte y Estados Unidos derivó en un congelamiento de las relaciones intercoreanas (Song, 2024a). Mientras tanto, el fortalecimiento de los vínculos de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) con Rusia ha ampliado el margen de maniobra de Pyongyang.
En junio de 2025, Lee Jae-myung ganó la presidencia tras haber contribuido a impedir que el presidente Yoon impusiera la ley marcial unos meses antes. Abogado de derechos humanos y laborales, el presidente Lee, sin embargo, ha continuado involucrando el complejo militar-industrial de Corea del Sur con EE. UU. Aun intentando recuperar el control operacional en tiempo de guerra del ejército coreano, sus concesiones económicas al presidente de Estados Unidos Donald Trump integran a Corea del Sur más profundamente en la maquinaria de guerra de EE. UU.
Lee no solo ha aceptado el llamado de Estados Unidos a que sus aliados destinen el 3,5% del PIB a defensa, Corea del Sur también invertirá 350.000 millones de dólares en los próximos diez años para aumentar la fabricación de semiconductores en Estados Unidos, cuyo doble uso permite la expansión de la inteligencia artificial militar y ampliar la construcción naval para la marina estadounidense, contribuyendo a aliviar los crónicos atascamientos en la base industrial marítima de EE. UU. Un impulso que queda sintetizado en el servil eslogan coreano MASGA: Make American Shipbuilding Great Again [Hagamos grande de nuevo la construcción naval estadounidense]. Más concretamente, la adquisición del Astillero de Filadelfia por parte del Grupo Hanwha en 2024 lo posiciona como una solución potencial al retraso acumulado en la construcción de submarinos de propulsión nuclear de la Armada estadounidense y una contribución a su producción de buques de guerra. Además, Corea del Sur alberga una presencia de la Fuerza Espacial de EE. UU. que coopera con Washington en la creación de una red de satélites interoperables para el Golden Dome de Trump (Song, 2024b). Todas estas acciones han permitido a Corea del Sur unirse a Israel en el club de EE. UU. de los “aliados modelo” (Departamento de Defensa de Estados Unidos, 2026).
Filipinas
Filipinas ha luchado por afirmar su soberanía desde que fue anexada por Estados Unidos en 1898. El poder político en el país ha estado dominado por unas pocas familias de élite. El actual presidente, Bongbong Marcos, es hijo de Ferdinand Marcos, quien fue presidente de 1965 a 1986. El país dependió enteramente de EE. UU. para sus planes de seguridad hasta 1991, y en 1995 puso en marcha el Programa de Modernización de las Fuerzas Armadas de Filipinas, que permitió la expansión de la marina y la fuerza aérea filipinas, en gran medida mediante la compra de material militar de estadounidense. El ejército filipino quedó integrado con el de EE. UU. a través de la contratación y los ejercicios conjuntos.
La estructura del poder de EE. UU. sobre Filipinas queda muy bien ilustrada por el Acuerdo de Cooperación para la Defensa Ampliada (EDCA, por su sigla en inglés), firmado por primera vez en 2014 y luego ampliado en 2022. El EDCA otorga acceso rotativo a bases militares filipinas, lo que permite el preposicionamiento de equipos, el entrenamiento conjunto y la construcción de infraestructura militar de EE. UU. en las bases, con una supervisión mínima por parte del gobierno filipino.
En 2023, al comienzo del gobierno de Marcos Jr., los sitios designados bajo el EDCA casi se duplicaron, de cinco a nueve. La Base Naval Camilo Osias y el Aeropuerto de Lal-lo están ubicados en el extremo norte de Filipinas, lo que permite una “respuesta rápida” a los conflictos en el Estrecho de Taiwán (De Guzman, 2023). Estas dos bases cuentan con el respaldo del Camp Melchor F. Dela Cruz, en el montañoso valle de Cagayán, que actúa como retaguardia logística. La presencia de EE. UU. en estas bases ayuda a Washington a proyectar fuerza a través del Estrecho de Luzón, que Filipinas comparte con Taiwán. El cuarto sitio de reciente designación no ha sido revelado públicamente, pero su ubicación deja en claro su papel en la proyección de EE. UU. en el Mar del Sur de China.
A través del EDCA, las fuerzas de EE. UU. llevan a cabo el Ejercicio Balikatan, que ha alcanzado una escala sin precedentes bajo el gobierno de Marcos Jr., con incluso Japón sumándose en 2025. Las organizaciones de la sociedad civil y lxs activistas por la paz continúan debatiendo las implicaciones de la estrecha alineación del gobierno de Marcos Jr. con EE. UU. Esta alineación se ha desarrollado en paralelo a una represión intensificada de activistas y militantes rurales, incluido el asesinato de 19 personas por parte de tropas filipinas en Toboso, Negros Occidental, en abril de 2026. Un incidente que los grupos de derechos humanos han exigido que sea investigado de manera independiente.
Taiwán
Tras su derrota en la Revolución China, el partido nacionalista Kuomintang (KMT) huyó a la isla de Taiwán bajo el liderazgo de Chiang Kai-shek y estableció allí su gobierno. El KMT gobernó Taiwán bajo ley marcial durante 38 años, hasta 1987, y continuó gobernando en un sistema electoral de partido dominante hasta el año 2000. Desde entonces, el Partido Democrático Progresista (PDP) ha estado en el poder durante la mayor parte del tiempo, llevando la política taiwanesa hacia un mayor separatismo respecto de China continental e integrando la isla más profundamente en los planes estratégicos de EE. UU. El PDP refleja una coalición de tecnocapitalistas, élites separatistas e instituciones militares, mientras que el KMT obtiene su apoyo de los sectores empresariales con intereses en el comercio transestrecho con China. Ambos, sin embargo, operan dentro de un marco moldeado por las prioridades estratégicas de Estados Unidos Desde 2022, el gasto militar de Taiwán y el apoyo militar de EE. UU. han mostrado un patrón de fortalecimiento sostenido y coordinado, más que un rearme repentino. El presupuesto militar de Taiwán se ha disparado y alcanza aproximadamente 30.000 millones de dólares en 2026. El gasto militar ha aumentado del 2% del PIB en la década de 2010 al 3,3% en 2026, con planes de llegar al 5% para 2030. Esta enorme desviación de recursos recae sobre una sociedad que ya enfrenta salarios estancados y un costo de vida en alza.
El presupuesto militar financia compras de armas y enriquece a los contratistas de defensa de EE. UU. Las ventas militares a Taiwán se han vuelto más regulares, con frecuentes paquetes de armamento centrados en misiles, defensa aérea y drones. Entre 2019 y 2024, Estados Unidos aprobó más de 32.000 millones de dólares en ventas de armas a Taiwán, incluidos cazas F-16V (8.000 millones), tanques M1A2 Abrams (2.000 millones), sistemas de cohetes HIMARS (436 millones) y misiles costeros Harpoon, con enormes nuevos paquetes por más de 11.000 millones anunciados en 2025 (Basta de Guerra Fría, 2023b; 2023a). Pero la venta de armas ya no es el límite de la participación militar de EE. UU. Desde 2024, Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense, conocidas como Boinas Verdes, están estacionadas en las islas de Kinmen y Penghu, la primera presencia militar estadounidense duradera en territorio taiwanés en más de 40 años. La escalada militar está impulsada de manera inequívoca por EE. UU., que crea las condiciones para una crisis autocumplida a través de la militarización, al tiempo que califican las respuestas chinas de “provocaciones”.
La fragilidad política de este camino hacia la militarización merece énfasis. Lai Ching-te, del PDP, asumió el cargo el 20 de mayo de 2024 tras obtener solo el 40,1% de los votos, con el KMT obteniendo el 33,5% y el Partido del Pueblo de Taiwán (PPT) el 26,5%. Es fundamental señalar que la oposición del KMT y el PPT controla el Yuan Legislativo, el máximo órgano legislativo de Taiwán, por primera vez desde 2016. De los 113 escaños, 52 corresponden al KMT, 8 al PPT y 51 al PDP. Esta apertura política quedó subrayada en abril de 2026, cuando la presidenta del KMT, Cheng Li-wun, visitó Beijing y se reunió con Xi Jinping, la primera visita de este tipo por parte de una presidenta del KMT en una década, lo que indica que parte de la oposición intenta reabrir el diálogo entre ambos lados del estrecho en lugar de seguir el camino de escalada militar del PDP. El poder legislativo no votó a favor de la escalada militar que el PDP promueve.
Las encuestas de opinión pública del Centro de Estudios Electorales de la Universidad Nacional Chengchi revelan que solo el 3,8% de la población, el porcentaje más bajo desde 2002, apoya la “independencia inmediata”, mientras que el 1,2% apoya la unificación inmediata. Mientras tanto, entre el 83 y el 88% prefiere el statu quo, con un récord del 33,2% que desea el “statu quo indefinidamente” (National Chengchi University Election Study Center, 2025). La postura confrontacional del PDP con el continente, intensificada con la Ley Antiinfiltración de 2019, orientada a frenar la supuesta influencia política de China en Taiwán, carece ahora tanto de mandato legislativo como de respaldo popular.
Organizaciones unionistas de izquierda como el Partido Laborista de Taiwán han argumentado que la base social del separatismo del PDP tiene sus raíces en lxs colaboracionistas japoneses de la era colonial, y que la cuestión de Taiwán es un legado de la intervención estadounidense en la Guerra Civil China. Estados Unidos no necesita expandir formalmente su presencia en Taiwán como lo hace en Japón o Filipinas, ya que el PDP apoya sin reservas la estrategia de contención de EE. UU. Estas tendencias apuntan a una mayor integración militar entre Estados Unidos y Taiwán, que en la práctica se acerca a una cuasi-alianza, ya que un tratado formal provocaría una respuesta de Beijing. EE. UU. ha llegado incluso a sugerir volar las fábricas de semiconductores taiwanesas para proteger sus intereses en la isla.5
Más allá de la primera cadena de islas
La estrategia de EE. UU. para contener a China se extiende más allá de la primera cadena de islas a través de agrupaciones como AUKUS y el Quad. Estos acuerdos crean capas superpuestas de cooperación militar que limitan la movilidad de China en las aguas cercanas y en todo el Indo-Pacífico. También revelan tensiones entre la interdependencia económica con China y las alianzas militares orientadas a la confrontación. Las contradicciones resultantes plantean interrogantes sobre la durabilidad de estas formaciones. Dos grandes actores destacan como protagonistas clave en esta arquitectura más amplia: Australia e India.
Australia
Australia es miembro de los Five Eyes [Cinco Ojos], una red de intercambio de inteligencia liderada por EE. UU. y uno de los seis “Enhanced Opportunities Partners” [Socios con Oportunidades Ampliadas] de la OTAN. Como tal, Australia siempre ha desempeñado un papel clave en la estrategia de EE. UU. en Asia. El avance más significativo de los últimos tiempos en la alianza Estados Unidos-Australia es el acuerdo AUKUS de 2021, cuyo primer pilar prevé dotar a Australia de submarinos de ataque de propulsión nuclear.
El programa comenzó con visitas cada vez más frecuentes de submarinos de EE. UU. a puertos australianos, seguidas de despliegues rotativos en bases australianas. Se espera que culmine con la adquisición por parte de la Armada Real de Australia de al menos ocho submarinos de propulsión nuclear a partir de la década de 2030, con una parte construida internamente mediante cooperación conjunta en la década de 2040. Con un costo total estimado en más de 264.000 millones de dólares, estos submarinos de propulsión nuclear son estratégicos porque permiten operaciones de largo alcance en los océanos Índico y Pacífico. Aunque no se declara de manera explícita, la interoperabilidad y la profunda dependencia operativa convertirían a Australia en parte de esa postura frente a China, incluso en los esfuerzos por controlar las rutas marítimas y apoyar las operaciones en el Estrecho de Taiwán o en el Mar del Sur de China.
Aunque Australia ya pagó a Washington más de 1.000 millones de dólares en el marco de AUKUS, el gobierno de Trump, que enfrenta su propio cuello de botella en materia de submarinos, revisa si entregarle a Australia los submarinos prometidos.6 Un informe del Congreso incluso consideró la posibilidad de mantener los submarinos bajo control de EE. UU. y operarlos desde bases australianas, dada la reticencia de Australia a comprometerse a intervenir militarmente en una posible guerra entre EE. UU. y China, ya que este es el mayor socio comercial de Australia (Doherty, 2026). Esto ilustra las contradicciones y tensiones entre los intereses nacionales y los compromisos de alianza.
India
La posición de India en la arquitectura de contención difiere de la de Japón o Taiwán. India no tiene una alianza formal con EE. UU., mantiene su membresía en los BRICS y en la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), y hereda una poderosa tradición de no alineamiento. Sin embargo, la trayectoria de la política exterior india en la última década revela una tendencia de cumplimiento con las preferencias estratégicas de Estados Unidos, muchas veces enmascarada por la retórica de la autonomía estratégica. India ha firmado acuerdos marco de defensa con EE. UU. que integran sus fuerzas en las arquitecturas de mando, control e inteligencia estadounidense.
El giro de India hacia Washington resulta más instructivo cuando se analiza en el contexto de su debilitada relación con Irán, un amigo y aliado tradicional. Cuando el gobierno de Trump volvió a imponer sanciones a Irán en 2018 y exigió el cese de las compras de petróleo iraní, India cumplió reduciendo sus importaciones de 500.000 barriles diarios a casi cero para mayo de 2019. El cumplimiento de India implicó renunciar al petróleo iraní más barato y poner en riesgo sus inversiones en el Puerto de Chabahar, un proyecto de importancia estratégica para India porque garantiza el acceso a Asia Central sin necesidad de pasar por Pakistán (Prashad, 2013; Karat, 2007; Bhadrakumar et al., 2007). El 12 de marzo de 2025 entraron en vigor aranceles globales del 25% sobre el acero y el aluminio, lo que elevó los aranceles sobre el acero y el aluminio indios al 26%. El 6 de agosto, Trump impuso un arancel adicional del 25% sobre los productos indios por las compras de petróleo ruso con descuento que realizaba India, con lo que la tasa acumulada llegó al 50%. India finalmente acordó suspender las compras de petróleo ruso, pero no llegó a firmar un acuerdo comercial decisivo con EE. UU. tras el fallo de la Corte Suprema que anuló los aranceles de Trump.
A pesar de estos acuerdos con EE. UU., India sigue siendo miembro del proceso de los BRICS y mantiene importantes relaciones económicas tanto con China como con Rusia. El comercio bilateral India-China creció un 12% interanual en 2025 y alcanzó los 155.600 millones de dólares. La participación de India en la OCS se ha profundizado, en especial tras la presencia del primer ministro indio Narendra Modi en la Cumbre de la OCS de 2025 en Tianjin. En 2018, India firmó un acuerdo de 5.400 millones de dólares para adquirir el sistema de defensa aérea S-400 de Rusia, pese a las amenazas de sanciones de EE. UU. El comercio entre India y Rusia se ha incrementado de manera significativa en los últimos años, impulsado en particular por las compras de petróleo crudo ruso con descuento, que pasaron de niveles insignificantes antes de 2022 a un pico de 2 millones de barriles diarios en 2025, con lo que Rusia se convirtió en el mayor proveedor de petróleo de India. Este continuo comercio contrasta con su participación en el Quad y en los acuerdos de asociación con EE. UU., lo que pone de manifiesto una contradicción en el núcleo del posicionamiento de India. India ilustra un patrón de coerción gradual por parte de EE. UU.: incluso como socio estratégico, India no está protegida de la coerción imperial (Bodapati, 2025; Tricontinental, 2026).
Fragilidad de las alianzas y contradicciones económicas
La estrategia de negación supone que EE. UU. puede lograr que sus aliados se comprometan a contener a China, una suposición que se desmorona al examinarse con detenimiento. La prosperidad material de los aliados de EE. UU. depende cada vez más de la integración económica con China, aun cuando las alineaciones militares los comprometen con un posible conflicto. Cada región examinada en este dossier enfrenta la misma contradicción fundamental: entre la integración económica con China y la alineación militar contra China. En 2025, el comercio de estos países con China, 331.000 millones de dólares en el caso de Corea del Sur, 322.000 millones de Japón, 73.000 millones de Filipinas y 207.000 millones de Australia— superó con creces su comercio con EE. UU.,: 241.200 millones de dólares para Corea del Sur, 228.000 millones para Japón, 27.000 millones de Filipinas y 89.600 millones para Australia. Incluso el comercio de India con China (156.000 millones de dólares) es mayor que su comercio con EE. UU. (149.000 millones de dólares). Estos flujos representan riqueza, empleo e ingresos fiscales que una guerra o una confrontación sostenida con China devastaría. Cuando el conflicto efectivo se acerca, estos intereses económicos pueden resultar más determinantes que los compromisos militares abstractos.
Durante la guerra estadounidense contra Irak, importantes aliados de EE. UU. se negaron a participar a pesar de las enormes presiones de Washington y de la invocación de los compromisos de alianza. En Asia, Japón y Corea del Sur se negaron a aportar fuerzas de combate, aunque sí prestaron asistencia logística y fondos para la reconstrucción. Más recientemente, ningún aliado de EE. UU., incluidos Japón y Corea del Sur, ha respondido a las exigencias de Trump de enviar barcos para abrir el Estrecho de Ormuz. Si los aliados resultaron poco fiables para una guerra contra un adversario más débil, ¿qué tan probable es su participación en una guerra contra China, una potencia industrial y nuclear? ¿Enviaría Australia fuerzas de combate para luchar contra China, arriesgando represalias contra sus ciudades y la pérdida de su principal socio comercial? ¿Participaría Corea del Sur, cuando una guerra regional podría desencadenar la intervención de Corea del Norte? ¿Aceptaría el pueblo japonés, traumatizado por el bombardeo nuclear de EE. UU., sufrir bajas en combate? ¿Enviaría India sus fuerzas cuando el estatus de Taiwán carece de relevancia directa para la seguridad india y la participación pondría en riesgo sus relaciones con China y Rusia? ¿Lucharía Filipinas si ello significase arriesgarse a represalias chinas?
Las alianzas funcionan sin problemas cuando los costos permanecen hipotéticos y abstractos: ejercicios conjuntos, intercambio de inteligencia, compras de armas y coordinación diplomática. Enfrentan pruebas severas cuando una guerra real exige sacrificar vidas, aceptar la devastación económica y arriesgar la existencia nacional en beneficio de los intereses de otra potencia, en especial cuando esa potencia es la agresora. La dependencia de la estrategia de negación en la participación aliada puede ser su falla fatal si estalla un conflicto, sobre todo cuando las alianzas se basan en la subordinación y la coerción en lugar de intereses compartidos genuinos.
Resistir la maquinaria de guerra y construir el multilateralismo
La Nueva Guerra Fría emergente, centrada en Asia Oriental, es la respuesta estratégica de EE. UU. al desplazamiento del centro de gravedad de la economía mundial. A medida que las capacidades económicas y tecnológicas de China se expanden, la política de EE. UU. recurre cada vez más a la fuerza militar y a las estructuras de alianza para mantener la influencia estratégica en el Indo-Pacífico (Tricontinental, 2024). Esta estrategia de negación busca contener a China a través de la militarización, la coordinación de alianzas y la modernización de la defensa. Washington construye una arquitectura militar provocadora en la región a través de una red de iniciativas y asociaciones.
En todo el conjunto de Asia Oriental y el Indo-Pacífico, las implicaciones de la creciente militarización son profundas. Japón, Corea del Sur, Filipinas, Taiwán, Australia e India albergan infraestructuras militares significativas o participan en una cooperación militar que podría situarlos en el centro de una confrontación de gran envergadura. Para muchas sociedades de la región, la perspectiva de una mayor militarización genera preocupaciones sobre los costos de oportunidad, ya que los recursos destinados al gasto en defensa compiten con las inversiones en bienestar social, infraestructura, resiliencia climática y desarrollo económico.
Analistxs de política exterior y responsables políticxs progresistas de la región han propuesto varias reformas orientadas a la paz y la distensión. Entre ellas, se incluyen medidas de fomento de la confianza en zonas conflictivas como el Estrecho de Taiwán, nuevas iniciativas de control de armamentos y mecanismos multilaterales para gestionar las disputas marítimas en el Mar del Sur de China. Las organizaciones regionales, en particular la ASEAN, suelen citarse como posibles plataformas para el diálogo y la gestión de conflictos.
Si bien estas propuestas son bienvenidas, cualquier transformación debe provenir inevitablemente de los propios pueblos organizados de la región. Diversos movimientos sociales en toda la región siguen abogando por la diplomacia, la cooperación regional y la desmilitarización. En Okinawa, organizaciones como el Proyecto de Justicia Ambiental de Okinawa y No More Battle of Okinawa protestan contra la expansión de las bases de EE. UU. En Filipinas, organizaciones como Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) [Nueva Alianza Patriótica] se oponen a los acuerdos ampliados de acceso militar y reivindican una mayor soberanía nacional. En Corea del Sur, partidos políticos y movimientos sociales, como Acción Internacional de los Pueblos contra Trump [People’s International Action Denouncing Trump], apoyan una renovada participación diplomática para reducir las tensiones en la Península Coreana. Debates similares tienen lugar en Taiwán, Australia, India y otras regiones que navegan el militarismo de EE. UU.
La Asamblea Internacional de los Pueblos (AIP), una red de alrededor de 200 movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos fundada en 2015, ha trabajado estrechamente con organizaciones de base en la región, construyendo solidaridad y consenso sobre cuestiones clave. En esta coyuntura crucial, cuando la militarización amenaza la paz y el desarrollo en Asia y en el mundo entero, la AIP ha lanzado la campaña “¡Bases Fuera de Asia!”. Esa campaña se articula en torno a cuatro demandas para desescalar esta Nueva Guerra Fría en Asia:
- Retirar todas las bases militares extranjeras y democratizar la seguridad. Los cientos de bases militares extranjeras que salpican la región asiática deben ser retiradas para que la política regional pueda democratizarse y la paz sea algo más que la preparación para la próxima guerra. Los Estados deben evitar la formación de bloques militares rígidos, limitar los despliegues avanzados y comprometerse a prevenir una carrera armamentista. La política militar debe rendir cuentas ante la ciudadanía: debe existir supervisión del Parlamento, de los gobiernos locales y de la sociedad civil sobre los acuerdos militares, los presupuestos de defensa y los despliegues de tropas extranjeras.
- Ampliar el contacto entre los pueblos. Apoyar la cooperación entre sindicatos, grupos estudiantiles, organizaciones por la paz y movimientos sociales en toda Asia para oponerse a las carreras armamentistas, las bases extranjeras y la escalada de la confrontación. Fomentar los intercambios entre los pueblos, los lazos culturales y la diplomacia de base a través de las fronteras, en especial entre sociedades en conflicto o en situaciones de gran tensión, para construir una cultura regional compartida de paz.
- Institucionalizar un diálogo sostenido. Establecer canales regulares de comunicación de alto nivel, tanto políticos como entre las fuerzas armadas para gestionar las crisis, reducir los errores de cálculo y generar confianza. Promover mecanismos prácticos de fomento de la confianza, como líneas directas y acuerdos de prevención de incidentes.
- Priorizar la seguridad cooperativa y los desafíos compartidos. Desplazar el foco de la competencia de suma cero hacia la colaboración en cuestiones clave como el cambio climático, la salud pública, la estabilidad económica y el desarrollo, reforzando la interdependencia como base para la paz. Promover reducciones en el gasto militar y la reasignación de recursos hacia la atención de salud, la acción climática, la educación y la reducción de la desigualdad, vinculando la paz con la justicia social.
A estas luchas subyace en un cambio estructural más amplio en la economía global. El crecimiento de China como principal potencia industrial ha reconfigurado las redes de producción mundiales y alterado la distribución de la influencia económica. Estos cambios han dado un nuevo impulso a los movimientos que luchan por la soberanía en todo el Sur Global. Si esta transición conduce a un multilateralismo estable y pacífico o a una competencia más intensa sigue siendo incierto. Mucho depende de si la lucha de clases puede avanzar de modo tal que empuje la agenda hacia la paz y el desarrollo, en lugar de la guerra y la austeridad.
Notas
1 Aunque Okinawa solo representa el 0,6 % de la superficie terrestre de Japón, alberga aproximadamente el 70% de todas las instalaciones militares estadounidenses del país. Para saber más sobre Kinjo y la historia de Okinawa, consulta nuestro Boletín de arte 26 (abril de 2026), “No se puede tragar una aguja, por pequeña que sea: el escultor de la resistencia en Okinawa”. https://thetricontinental.org/es/boletin-de-arte-escultor-resistencia-okinawa/.
2 Estos datos están disponibles en el sitio web de la base de datos Comtrade de la Organización de las Naciones Unidas https://comtradeplus.un.org/.
3 Sobre el papel de Sri Lanka en el epicentro de la estrategia indopacífica de EE. UU., véase Illanperuma (2024); sobre Diego García, véase Sands (2022).
4 Seguimos la línea argumental expuesta en McCormack, 2007.
5 La propuesta de esta estrategia de “tierra quemada” se planteó por primera vez en el artículo de Jared McKinney y Peter Harris (2021) y fue retomada dos años más tarde por el exasesor de seguridad nacional de EE. UU. Robert O’Brien (Clemons, 2023).
6 En febrero de 2025, Australia pagó 500 millones de dólares y, en julio, otros 525 millones de dólares (Mahadzir, 2025; Reuters, 2025).
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