La agenda antifeminista de la extrema derecha latinoamericana

Introducción

Desde 2016, manifestaciones de mujeres vestidas de rosa y hombres de azul, como forma de marcar los roles sociales tradicionales de género, recorren América Latina, con el rechazo a la diversidad sexual y de género como estandarte. Han estado acompañadas de una fuerte presencia en redes sociales, con hashtags como #NoALaIdeologiaDeGenero #ConMisHijosNoTeMetas #AMisHijosLosEducoYo #ConLosNiñosNo.

Estas embestidas que tienen su origen en la década de 1970 en Estados Unidos y reemergen en el siglo XXI, forman parte de una oleada anti género y antifeminista amparada por el fundamentalismo religioso cristiano que ha incluido a países católicos de Europa occidental como España e Italia; de Europa del Este como Croacia, Hungría, Polonia y Eslovenia, y que también llegó a Australia y a África Subsahariana, donde más de la mitad de los Estados criminaliza a las diversidades sexo genéricas, y campañas para sabotear la educación sexual integral, restringir el acceso a anticonceptivos y obstaculizar el aborto seguro están presentes en muchos países (Chela, 2023; Corrêa, 2018).

En paralelo a la irrupción de esta nueva ola conservadora, América Latina vivió un intenso ciclo de movilización social feminista de carácter internacional (2015-2019) que además de cuestionar el avance del neoliberalismo sobre cuerpos y territorios y este “nuevo” discurso anti-derechos; tensionó, amplió y muchas veces desbordó los marcos estatales y las agendas de los gobiernos progresistas de la región.

La extrema derecha actual es transnacional y ha ganado fuerza en todo el mundo, desde Filipinas a Hungría, pasando por India y Argentina. En este dossier abordamos cómo en América Latina sus tentáculos se entrelazan con los de organizaciones ultraconservadoras globales, regionales y locales, tanto religiosas como seculares, para promover una agenda contra los derechos de las mujeres y de las diversidades sexo genéricas. La campaña Con Mis Hijos No Te Metas (CMHNTM), con presencia en casi toda la región, nos sirve como eje principal para analizar cómo esta agenda ultraconservadora incide en diferentes países. La describimos con más detalle en la sección tres.

Analizamos seis países de América Latina procurando abordar diversos tipos de implantación de CMHNTM en el período 2016-2025. Incluimos a Perú donde la campaña fue creada; Ecuador, donde fue exportada primero y comenzó a operar durante un gobierno progresista en lo económico y político; Argentina, con el movimiento feminista más fuerte de la región y con grandes avances legales e institucionales en cuestión de derechos de las mujeres y de las diversidades sexo genéricas; Chile, donde el enorme levantamiento popular de 2019 no logró consolidar muchos avances para el conjunto de la población, mientras que el movimiento feminista sí ha logrado algunos; El Salvador, uno de los países más conservadores con respecto a derechos sexuales y reproductivos, que comparte con Brasil, que también analizamos, un fundamentalismo evangélico muy fuerte y el hecho de que aunque la campaña CMHNTM prácticamente no operó, si lo hicieron otros dispositivos y campañas muy similares.

1. La cuestión de las mujeres en América Latina: entre la transición democrática y la consolidación neoliberal

La agenda de las mujeres en América Latina surgió entre las décadas de 1970 y 1980 como parte de las luchas contra las dictaduras, las desigualdades estructurales y el neoliberalismo, articulando demandas sobre violencia de género, derechos reproductivos, reconocimiento del trabajo de cuidados y participación política, en interlocución con la agenda internacional de la ONU, y también en diálogo y tensión con movimientos sindicales, campesinos y de derechos humanos. Esta agenda se institucionalizó parcialmente en las décadas de 1980 y 1990 mediante políticas de género y organismos estatales, pero se desarrolló en contradicción con la hegemonía neoliberal, que impuso ajustes estructurales, desvalorización del Estado como promotor del bienestar y exaltación del mercado como esfera organizadora de la vida social, cambios que afectaron de manera desproporcionada a las mujeres, especialmente a las pobres y racializadas (Anzorena, 2013).

Las políticas de austeridad y la reducción del financiamiento del bienestar social reforzaron la transferencia de los costos de la reproducción a los hogares (Safa, 1992). El resultado ha sido la intensificación de la explotación invisible del trabajo doméstico y de cuidados, realizado mayoritariamente por mujeres¹, lo que configura lo que Nancy Fraser (2023) denomina “crisis del cuidado”: la creciente demanda de cuidados en condiciones sociales e institucionales cada vez más deterioradas. Esta sobrecarga es un mecanismo funcional para el capital, garantiza la reproducción cotidiana de la fuerza de trabajo sin costo directo para el Estado o el empleador (Vogel, 2022; Federici, 2019), profundizando los mecanismos de explotación orientados a la acumulación de capital.

En paralelo a este proceso, la flexibilización, la precariedad, la ampliación de la informalidad y el aumento del trabajo autónomo inherentes al neoliberalismo, afectaron más a las mujeres, ya que la ausencia de apoyo estatal limitó y limita tanto sus condiciones de acceso a los mercados de trabajo² como la permanencia en empleos más estables. En América Latina y el Caribe, las mujeres se incorporan principalmente a sectores de baja remuneración, alta rotación y ausencia de garantías, mientras siguen realizando, de forma invisible y no remunerada, el trabajo doméstico y de cuidados (Safa, 1992). En 2023, el 26% de las mujeres no tenía ningún tipo de ingresos propios, frente a solo el 10% de los hombres (CEPAL, 2024).

En este escenario, en el que el hogar se convirtió en un amortiguador de la crisis, los discursos sobre “valores familiares”, “resiliencia” y “responsabilidad individual” legitimaron el retroceso del Estado y naturalizaron la expectativa de que las familias absorban las consecuencias del desempleo y la precariedad (Biroli, 2014).

La reconfiguración del rol del Estado neoliberal implicó además la reorganización de relaciones sociales alrededor de las propias iniciativas de la sociedad civil, las comunidades autoorganizadas. Junto con los hogares, los procesos socio comunitarios absorbieron parte de las tareas reproductivas, lo que dio lugar a cierta ampliación de lo doméstico más allá del hogar y a la expansión de la feminización de la reproducción comunitaria de la vida (Bascuas y Barón, 2025). Estas narrativas e implicaciones de la retracción del Estado en materia social, siguieron trayectorias no lineales. Por un lado, se articularon con la idea del “emprendimiento femenino” como símbolo de autonomía, enmascarando las desigualdades estructurales. Por el otro, la politización de las mujeres de barrios populares y la construcción de estrategias colectivas autogestionadas frente a la crisis también construyó un campo de disputa y confrontación contra el neoliberalismo en donde las mujeres tuvieron un papel central (Andújar, 2005). Como muestran Fraser (2023) e Hirata y Kergoat (2007), esta retórica desplazó el debate al plano del esfuerzo individual, ocultando las condiciones materiales y sociales de la explotación de las mujeres; pero también encontró su propio desborde, en la práctica y el trabajo comunitario de las mujeres de los barrios populares vinculados a sobrevivencia y reproducción de la vida.

La ampliación de derechos tras la crisis neoliberal

Desde la primera década del siglo XX se experimentó un declive de la legitimidad neoliberal, impulsado por un fuerte proceso de la movilización y conflictividad social que dio lugar a un ciclo de impugnación neoliberal (Ouviña y Thwaites Rey, 2019) —con mayor impacto entre los años 2000 a 2013— y al ascenso de gobiernos progresistas que, en mayor o menor grado, contaron con soporte de movimientos sociales organizados (Gago 2019; Ouviña, 2022).

Durante el auge de los gobiernos progresistas latinoamericanos (2000-2015), el Estado amplió el reconocimiento institucional de los derechos de las mujeres y las diversidades sexo genéricas, incorporando parcialmente la perspectiva de género en las políticas públicas. Se crearon ministerios especializados, leyes contra la violencia de género, reformas redistributivas de los sistemas de pensiones, programas de salud sexual y reproductiva, educación sexual integral; en algunos casos se reconocieron identidades de género, uniones civiles o matrimonio igualitario y en otros pocos como el argentino, cupo laboral trans³. Estas políticas se sustentaron en marcos internacionales de derechos humanos como la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación a la Mujer), la Convención de Belém do Pará y el proceso Beijing+10, en diálogo con la agenda global feminista que ganó fuerza en la región.

Pese a los avances del ciclo progresista latinoamericano, la igualdad de género enfrentó obstáculos persistentes: enfoques asistencialistas, informalidad laboral femenina, financiamiento insuficiente y bloqueos de alianzas conservadoras, religiosas y empresariales a iniciativas como la educación sexual y el reconocimiento del trabajo de cuidados. La brecha entre la ampliación formal de programas y su restringido impacto transformador en la vida de las mujeres evidencia que los poderes económicos, culturales y patriarcales limitaron el alcance del Estado durante todo el período. Los datos de 2023 lo confirman: solo 35,8% de representación femenina en los parlamentos nacionales y 3.897 feminicidios en la región (CEPAL, 2024).

Las revueltas feministas contra el neoliberalismo

Hacia mediados de la década de 2010, el agotamiento del ciclo progresista latinoamericano abrió una nueva etapa de reconfiguración política en la región. Las limitaciones estructurales de los proyectos posneoliberales: dependencia de rentas extractivas, persistencia de regímenes fiscales regresivos y dificultad para transformar las bases productivas debilitaron su capacidad redistributiva y su legitimidad social. Este proceso fue acompañado por una ofensiva neoliberal renovada, orientada a restaurar el poder del capital financiero y a reinstalar la lógica del mercado como principio organizador de la vida social.

Desde fines de la primera década del siglo y con mayor fuerza en la siguiente, los feminismos populares, comunitarios y sindicales —junto con los movimientos por la diversidad sexual y los derechos reproductivos— protagonizaron una renovación del repertorio político feminista, articulando luchas contra la violencia machista, los femicidios, la precarización laboral, el reconocimiento de los cuidados, el racismo y el extractivismo. Movilizaciones masivas por el derecho al aborto, o las huelgas feministas internacionales hicieron visible la conexión entre la explotación del trabajo de las mujeres y las violencias estructurales del capitalismo y el patriarcado.

Valeria Reynoso (Argentina), fragmento del fanzine Se vos, Editorial In Bocca al Lupo, 2017.
La frase es una cita literal de Lohana Berkins, líder travesti trans en Argentina, fundadora de ATTTA (Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina) e impulsora de la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743).

2. La extrema derecha actual y su pánico moral

En la última década, una ola de terror azota América Latina. Los cuerpos de las mujeres y de las personas de las diversidades sexo genéricas, más aún si son pobres y/o racializados, han sido uno de los blancos fundamentales de discursos de odio y prácticas violentas. Con el avance del neoliberalismo y la crisis de las derechas tradicionales, incapaces de responder a las insatisfacciones de las clases trabajadoras del continente (Katz, 2024), surge una nueva cara de la derecha que ha captado los corazones y las mentes de la población. La extrema derecha actual, aliada con los fundamentalismos cristianos, llegó a los hogares de la clase trabajadora, incluso a los más empobrecidos, mediante un discurso muy didáctico centrado en la defensa de la familia y en la construcción de un enemigo a destruir: todo lo que no se encuentre dentro de la heteronormatividad es una fuerza del mal que se debe combatir para garantizar la prosperidad de la familia, reconociendo como válido un único modelo: marido, mujer, hijxs.

En la región ya hay antecedentes de este uso de la idea de familia tradicional para disciplinar cuerpos y subjetividades, fragmentar a los sectores populares y construir enemigos internos que desvíen la atención de las causas estructurales de la desigualdad. El integrismo católico de las décadas de 1920 y 1930 especialmente presente en Argentina y Brasil defendía la imposición de la religión católica como guía del accionar del Estado y la idea de familia cristiana contra el divorcio, la interrupción del embarazo y la eutanasia. La década de 1960 vio surgir la teología de la liberación, en la que el cristianismo involucró a fieles de diversos países en la lucha por la justicia social y de género, y a la par emergieron los movimientos ultraconservadores Tradición, Familia y Propiedad (1960) y Sodalicio de Vida Cristiana (1971) que promovían familias y roles de género tradicionales. Las dictaduras militares de las décadas de 1970 y 1980 se basaban en la doctrina de seguridad nacional estadounidense, la cual utilizó la moralidad tradicional y los valores católicos como base para el control social, la imposición del orden y la justificación de la represión contra el enemigo identificado históricamente con el comunismo. En esta lógica, la estabilidad familiar era sinónimo de estabilidad nacional.

La agenda actual contra los derechos de las mujeres y de las diversidades sexo genéricas en América Latina forma parte de la batalla de ideas emprendida por la extrema derecha en su reorganización post gobiernos progresistas para legitimar la mayor explotación que el hiperimperialismo impone dada la crisis del capitalismo. Está liderada por organizaciones religiosas y seculares articuladas en torno al cristianismo, tanto católicas como protestantes, junto con ONG, partidos políticos y grupos empresariales. El fundamento ideológico y conceptual de sus propuestas proviene de dos fuentes: la Iglesia Católica que desarrolló el concepto de “ideología de género” y los fundamentalismos cristianos, especialmente neopentecostales.

La “ideología de género”

La elaboración teológica de la Iglesia Católica, que busca transformar un concepto analítico como el género en una ofuscación de la realidad a la que denominan ideología, se articula en la década de 1990. El planteamiento parte de las ideas desarrolladas por el Vaticano de complementariedad perfecta entre dos sexos que, por naturaleza, serían exclusivamente hombre y mujer, y de cuya unión dependería la supervivencia de la especie (Bracke y Paternotte, 2018). Desde esta perspectiva, hablar de género como categoría múltiple con dimensiones sociales y culturales sería romper con el supuesto orden binario natural y atentar no solo contra la familia y la sociedad, sino contra la supervivencia misma de la humanidad. En esta lógica, los matrimonios entre personas del mismo sexo constituirían también una amenaza contra la especie.

Al mismo tiempo, el Vaticano operó políticamente resistiendo la incorporación de la categoría género en la serie de cumbres mundiales sobre derechos humanos organizadas por la ONU en la década de 1990. Este rechazo se articuló en alianza inicialmente con gobiernos conservadores de América Latina (Honduras, El Salvador y Nicaragua) y luego también con países de mayoría islámica como Egipto, Pakistán, Irán, Argelia, Marruecos y Sudán (Corrêa, 2018).

Los fundamentalismos cristianos evangélicos

Los fundamentalismos evangélicos del siglo XXI continúan siendo reactivos a los avances sociales, científicos y políticos de la sociedad, considerándolos enemigos a combatir (y toda interacción con esos enemigos como una “guerra del bien contra el mal”), como lo eran cuando surgieron a finales del siglo XIX en Estados Unidos (Instituto Tricontinental, 2022). Pero ahora también avanzan contra el cuerpo de las mujeres y de las personas de las diversidades sexo genéricas a partir del pánico moral y de estrategias vinculadas a otros sectores sociales más allá del ámbito religioso. Esto se comprende mejor a través de la teología del dominio que busca romper el secularismo, y de la teología de la prosperidad que refuerza el individualismo.

La teología del dominio, desarrollada por fundamentalistas estadounidenses en la década de 1970 (Instituto Tricontinental, 2022), implica la aspiración de establecer una teocracia en la sociedad contemporánea, con el propósito de cumplir la supuesta predestinación de personas cristianas para ocupar puestos de liderazgo, incluyendo presidencias, ministerios, parlamentos, gobiernos nacionales y locales, así como los tribunales superiores, para influir en los asuntos públicos mediante el dominio cristiano⁴.

La teología de la prosperidad se basa en la idea de que “tener éxito en la vida” y conseguir bienes materiales son producto y símbolo de la bendición divina que se alcanza individualmente. Este postulado tiene un rol fundamental en legitimar el neoliberalismo “al idealizar y hasta consagrar religiosamente las diferencias socio-económicas en las personas” (Motta y Amat y León, 2018: 75).

Ambas corrientes teológicas forman parte de una de las estrategias del imperialismo estadounidense para contener los movimientos revolucionarios de izquierda, a los feminismos y a las corrientes progresistas dentro de las iglesias en la región, especialmente la teología de la liberación, que buscan justicia social mediante la acción colectiva (Instituto Tricontinental, 2022; Bermúdez, 2018; Barrera Rivera, 2024).

La extrema derecha actual

La extrema derecha actual busca construir una fuerza social de masas, arraigada en la identidad mayoritaria –religiosa, étnica y de género– en aquellos países en donde emerge (Instituto Tricontinental, 2024b), y lo hace demonizando a quienes construye como minoría. Mientras aplica políticas de austeridad fiscal, culpa a alguna o algunas supuestas minorías de los efectos de esas políticas de ajuste estructural. De este modo, el desempleo sería causado por las personas que inmigraron al país y no por el uso de recursos públicos para subsidiar grandes corporaciones en vez de mejorar la educación o construir infraestructura, dos factores clave para la generación de empleo. La extrema derecha atribuye al feminismo la desarticulación de la familia, pero omite los desafíos que enfrenta la vida familiar bajo asedio de la explotación capitalista y saqueo extractivista: la falta de empleo que impulsa la emigración, los conflictos y la violencia que expulsan a las poblaciones, y, cada vez más, los impactos climáticos y la degradación ecológica producidos por el capitalismo industrial.

Además, el “comunismo” y todo lo que se asocia con ese ideario para la extrema derecha: la izquierda, el progresismo, los movimientos sociales que luchan por los derechos, el feminismo, las disidencias sexuales, forman parte de ese enemigo que enferma a la sociedad y debe ser combatido para una vida plena y satisfactoria. A partir de un discurso belicoso y persecutorio, esta extrema derecha ha logrado absorber de forma arbitraria conceptos muy apreciados por el campo progresista, como la libertad y la democracia, enfrentando al pueblo contra aquellos que realmente defienden estos conceptos en la práctica.

Este escenario es el fruto de un gran financiamiento, trabajo de base e inserción en los medios de comunicación que poblaron la vida de las personas de forma cotidiana y extremadamente articulada. Las iglesias neopentecostales estadounidenses en particular recibieron enormes recursos para implantarse y mantenerse en la región con especial foco en los sectores populares (Instituto Tricontinental, 2022; Nascimento, 2025).

TIC, redes sociales, fake news

Las plataformas digitales, dependientes de métricas de atención e ingresos publicitarios, favorecen contenidos polémicos y emocionalmente atractivos, ideales para movilizar narrativas falsas sobre género. Como observa Cunha (2020), la disputa en torno a este tema abarca no sólo la interpretación religiosa sino la conformación del imaginario social y las políticas públicas, especialmente educativas, mientras que contrapesos como la regulación estatal de las plataformas digitales y la verificación de datos enfrentan serias limitaciones de alcance y disputas sobre autoridad y verdad.

Las noticias falsas y la post verdad en redes sociales no son meras mentiras, sino prácticas con fines específicos: interferir en decisiones públicas, movilizar afectos y delinear identidades políticas. En el amplio abanico de la extrema derecha actual, los grupos cristianos conservadores, especialmente evangélicos⁵, tienden a asimilar y propagar  desinformación sobre el alcance y objetivos de las políticas de género y educación sexual integral. El televangelismo mediante TIC, transmisiones en directo y WhatsApp, facilita la “evangelización de la desinformación”⁶, donde líderes y miembros comunitarios que difunden narrativas sin verificación son percibidos como fuentes fiables.

Paula Socolovsky (Argentina), fragmento de la historieta Las vengadoras de Alicia, circa 1988.
Consta en una serie realizada con motivo del femicidio de Alicia Muñiz, asesinada por el campeón de boxeo Carlos Monzón, y el impacto que este acto produjo en la artista.

3. La campaña Con Mis Hijos No Te Metas

Con Mis Hijos No Te Metas (CMHNTM) es una campaña ultraconservadora que se expandió rápidamente por América Latina, mediante un “uso libre” de la etiqueta, permitiendo que cualquier grupo contra la soberanía de las mujeres sobre sus cuerpos, la educación sexual integral, los derechos reproductivos y los derechos de personas de las diversidades sexo genéricas se autodenominara CMHNTM. Funciona como una red descentralizada, ha organizado múltiples marchas y plantones, mantiene alianzas y un lobby activo con actores de la derecha en parlamentos e instituciones del Estado, dialoga permanentemente con los medios de comunicación y tiene una presencia relevante en redes sociales.

Casi desde el comienzo, se suman a CMHNTM una multiplicidad de grupos, especialmente iglesias y organizaciones evangélicas y católicas conservadoras, con múltiples reivindicaciones. A la par que se oponen a la educación laica y científica sobre derechos sexuales y reproductivos en escuelas y colegios, se oponen a los derechos de las personas de las diversidades sexo genéricas, especialmente al matrimonio homoafectivo, rechazan la interrupción del embarazo, acusan de un supuesto “marxismo cultural” a los avances en estos derechos y demonizan el comunismo. En la campaña CMHNTM cabe mucho, bastante más que lo que sus adalides denominan derechos de las y los progenitores de educar a su prole.

El eslogan #ConMisHijosNoTeMetas se escuchó por primera vez en Colombia en agosto de 2016, en el marco de protestas en varias ciudades contra “cartillas de educación sexual que buscaban incluir la perspectiva de la igualdad de género para, de acuerdo con la Corte Constitucional, fomentar una educación no discriminatoria y respetuosa de la identidad y orientación sexual de los estudiantes” (Martínez Osorio, 2017). Estas protestas, a su vez, se inspiraban en otras acontecidas en México meses antes contra el matrimonio igualitario .

La campaña como tal surge en Lima, Perú, en noviembre de 2016 (Castro, 2019), en respuesta a una reforma del Currículo Nacional de Educación Básica del gobierno de Kuczynski que incorporaba las nociones de igualdad e identidad de género. Amplificado por figuras políticas de derecha laicas y religiosas, el eslogan “Con mis hijos no te metas” creado para rechazar la reforma ganó cuerpo en las redes sociales y se volvió viral. Se trasladó primero a Ecuador y enseguida ya se la podía encontrar en al menos una decena de países de la región (Pina, 2017).

El argumento central de CMHNTM para oponerse a las políticas públicas de igualdad de género era (y sigue siendo) que el Estado, al promover conceptos como la igualdad de género y la educación sexual integral, busca “adoctrinar” a las niñeces e imponer una “ideología de género” que, según ellos, niega la diferencia biológica entre hombres y mujeres y corrompe la inocencia infantil porque estaría intentando convertir a lxs niñxs en homosexuales o transgénero, entendidos como “anormalidades” o “aberraciones”. Esta narrativa apoyada en desinformación, noticias falsas y mensajes alarmistas transmitidos sobre todo mediante las redes sociales, resonó profundamente en sectores sociales tradicionales y religiosos. Los argumentos de la campaña se basan en un determinismo biológico, que naturaliza las diferencias y patologiza la diversidad sexual y de género, a las que consideran “antinaturales” (Motta y Amat y León, 2018: 100; 119-120). Pero además rechazan la secularización del Estado y exigen que no intervenga en la regulación de la vida privada, las relaciones sociales que se estructuran en el ámbito doméstico y la educación. Con relación a esta última, promueven su privatización, la desinversión pública en infraestructura y la reificación del hogar como ámbito privilegiado para su provisión.

Carácter transnacional

CMHNTM ha sido transnacional desde sus orígenes, con múltiples conexiones en la región. En 2016, en el marco de la movilización conservadora contra el matrimonio igualitario, se realizó en Ciudad de México la primera reunión regional de ONG que trabajan en estos temas, para crear el Frente Latinoamericano por el Derecho a la Vida y a la Familia, teniendo como eje el rechazo a la “ideología de género” (Semana, 2016; López Pacheco, 2021). En el encuentro participaron organizaciones de países como Colombia, México, El Salvador, Perú y Brasil. Una de sus participantes fue la diputada colombiana Ángela Hernández, del derechista Partido de la Unión por la Gente, quien apoyaba a Álvaro Uribe. Ella fue una de las organizadoras de la primera marcha donde apareció el eslogan CMHNTM en Colombia, y luego transmitió la experiencia en Perú, lo que constituyó uno de los detonantes de la creación de la campaña (Martínez Osorio, 2017; Castro, 2019).

Parte del resultado de aquella reunión regional fue la conformación en 2017 de la  plataforma transnacional conservadora Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia (CIVF), creada en México por iniciativa de los pastores Aarón Lara y Gilberto Rocha Margaín del movimiento mexicano Iniciativa Ciudadana por la vida y la familia. Christian Rosas, evangélico peruano, lobbista de la minería ilegal (Sarmiento, 2024) y fundador de CMHNTM en Perú, era integrante del comité consultivo y del Centro de Formación, y su compatriota Milagros Aguayo, pastora y diputada de un partido fundamentalista cristiano, y otra líder de CMHNTM, la vicepresidenta (Castro, 2019).

El Cuarto Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia buscó articular las iniciativas locales en una estrategia continental del movimiento conservador y evangélico para disputar la agenda de derechos, combinando incidencia en organismos internacionales, construcción de una plataforma política y parlamentaria común, organización de un movimiento juvenil y articulación de ONG y redes de asistencia social cristianas, con el objetivo de consolidarse como una fuerza política regional capaz de contrarrestar la agenda de género y el avance de los proyectos progresistas. En 2018 se realiza en Ecuador la “Primera Convención Internacional por la Familia […], la cual contó con la participación de los argentinos autores de El libro negro de la nueva izquierda (2008), Nicolás Márquez y Agustín Laje, como principales invitados” (Viteri, 2020: 40). Los dos se cuentan hoy entre los más importantes ideólogos del gobierno de ultraderecha de Javier Milei en su política de “batalla cultural”.

La Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) es un evento anual, surgido en la década de 1970 como parte de los esfuerzos de articulación y construcción de una identidad colectiva del movimiento conservador en Estados Unidos (Parker, 2015), que reúne a activistas y funcionarios conservadores, principalmente de Estados Unidos, –frecuentado por Donald Trump, Steve Bannon y Ted Cruz– y uno de los encuentros más importantes del movimiento conservador transnacional. Desde 2017, la CPAC impulsó una regionalización global, con filiales en países gobernados por derechas conservadoras y extremas: comenzó en Japón y, desde 2019, se expandió a Brasil, Australia y Corea del Sur. En 2022 tuvo sede en Hungría, promovida por Viktor Orbán, primer ministro húngaro y referente del ultranacionalismo europeo, junto a Santiago Abascal, líder del partido español de extrema derecha Vox.

En América Latina, durante los últimos años la CPAC se ha consolidado como una plataforma de articulación de las derechas extremas y conservadoras, en donde circulan presidentes ultra derechistas, representantes de las finanzas globales, ultra católicos y líderes evangélicos. Suelen tener un papel destacado personas como Eduardo Bolsonaro, Javier Milei, José Antonio Kast y Nayib Bukele. Con una agenda abiertamente contraria a las ideas progresistas, a la intervención estatal, a la igualdad y la justicia social, estos espacios funcionan como vitrinas regionales para la difusión de discursos que presentan al feminismo y a la llamada “ideología de género” como amenazas al orden social (Abbott, 2022). Por ejemplo, durante la CPAC 2024, el presidente de El Salvador sostuvo que “es importante que el currículo escolar no incorpore esta ideología de género”, reforzando una narrativa que asocia estos enfoques con un ataque a los valores tradicionales de la familia y la religión (Revelo-Imery, 2024; UOL Noticias, 2024).

Financiamiento

En toda la región, fondos provenientes de sectores ultraconservadores de Estados Unidos y Europa han permitido que las organizaciones locales vinculadas a CMHNTM y afines organicen congresos, capacitaciones y difusión en medios de comunicación que fortalezcan su presencia pública.

Entre los financistas internacionales de este tipo de actividades que fue posible rastrear, sin pretender una evaluación exhaustiva, está Population Research Institute (PRI), de inspiración católica, que proclama que su red global de grupos “Pro-vida” se encuentra en 80 países en el mundo. Según un reportaje, en 2014 PRI destinó USD 174.000 para financiar “actividades de investigación y educación” en América del Sur, el 75% del total mundial financiado. El mismo reportaje señala una serie de ONG y universidades católicas chilenas que tienen relaciones con lobistas internacionales como Alliance Defending Freedom [Alianza para la Defensa de la Libertad] (ADF), Political Networks for Values, Population Research Institute y Advocates International (Ramírez, 2019). Asimismo, en Chile, las voceras de CMHNTM y el Bus de la Libertad que llegó desde España fueron financiadas por la organización española HazteOir.org, que coordina la plataforma global de movilización online CitizenGO (Barrios, 2018), que opera en varios países del continente (Datta, 2021: 37; CitizenGO).

ADF actúa mediante financiamiento, capacitación, orientación y apoyo jurídico a organizaciones “provida”. Invirtió alrededor de 146 millones de dólares en 2014 en América Latina, Europa y Asia para, entre otras actividades afines, la formación de abogados cristianos con valores vinculados al fundamentalismo religioso (Loza y López, 2020: 62; Morán y Peñas Defago, 2020: 254-255). Christian Rosas reporta haber sido capacitado por ADF (Castro, 2019). Las becas Blackstone Legal Fellowship, un programa de tres meses para jóvenes abogados cristianos, operan en el mismo sentido (Sohr et al., 2023).

En Ecuador se documentan apoyos locales de medianas y grandes empresas a CMHNTM: Corporación Favorita, Tía, Centro Comercial Iñaquito (dedicadas al comercio minorista), Junta de Beneficencia de Guayaquil (lotería), PRONACA (alimentos), Novacero (acero para la construcción), Guitarras Vogel, HCJB (radiodifusora evangélica) (Burneo Salazar, 2018: 65; Viteri, 2020: 56-57). Y apoyo internacional de Sodalicio de Vida Cristiana, presente también en Argentina, Chile y Colombia, en proceso de disolución desde 2025 (Maher, 2019; Ponce Ycaza y León Cabrera, 2018).

Powerpaola (Ecuador), Crying, 2022.

4. Proyecto de poder

La campaña CMHNTM fue un vector de politización social que nutrió la “tercera ola de activismo neoconservador” (Morán Faúndes, 2023) en la región contra las agendas feministas y LGBTTIQ+. A pesar de la heterogeneidad de estos “activismos heteropatriarcales”, comparten algunas características propias de esta etapa: su organización en torno a proyectos político-partidarios, la progresiva articulación con proyectos de extrema derecha y neoliberales que buscan reducir lo público (Biroli, 2018; Kalil, 2020) y la ampliación de la articulación internacional.

Las redes fundamentalistas articuladas en torno a la campaña Con Mis Hijos No Te Metas (CMHNTM) se inscriben en una trayectoria de larga duración de incidencia religiosa y conservadora en la arena pública latinoamericana. En países como Brasil y Perú desde la década de 1980 congresistas vinculados al fundamentalismo religioso, han promovido iniciativas orientadas a restringir derechos sexuales y reproductivos y reforzar concepciones tradicionales de familia desplegando capacidad de lobby e intervención legislativa, particularmente en los campos de la educación, la salud y la regulación de la sexualidad, influyendo de manera marginal en las agendas parlamentarias. Esta capacidad de incidencia legislativa que vemos desplegarse en la actualidad  constituye un proceso acumulativo que se profundiza y reconfigura en el tiempo.

En la última década, estos activismos neoconservadores han logrado no solo ocupar espacios institucionales sino también generar una mayor articulación de las estrategias de incidencia en torno a una agenda común, claramente identificable y transnacional, en la que la CMHNTM ha operado como uno de los dispositivos de coordinación política y simbólica. En este nuevo ciclo, la acción legislativa se orienta prioritariamente a frenar o revertir los avances en la legalización del aborto, rechazar los derechos de las personas de las diversidades sexuales, así como a deslegitimar los contenidos de educación sexual integral y la intervención estatal en materia educativa, presentándola como una forma de “adoctrinamiento” estatal y una amenaza a la autoridad parental. En países como Perú, Ecuador, Chile y Argentina, la campaña ha sido utilizada para impugnar leyes vigentes o bloquear nuevas normativas mediante el uso estratégico del lenguaje jurídico y de los derechos, especialmente la apelación al “derecho preferente de los padres” y a la defensa de la familia como núcleo moral de la sociedad. Este discurso ha tenido particular eficacia entre sectores populares precarizados, para quienes la familia aparece como el principal —y a veces único— espacio de protección material y simbólica frente a la incertidumbre social (Teixeira, 2016; Pochmann, 2021, 2024 ). Esta defensa de la familia heteropatriarcal ha significado incluso el rechazo de las políticas estatales para prevenir la violencia intrafamiliar.

En Perú, grupos conservadores y CMHNTM rechazaron un decreto sobre prevención de violencia familiar porque promovía “familias democráticas”, criticaron la intervención estatal en lo privado y defendieron en su lugar “la verdadera familia”, argumentando que el término “democrático” ampliaba demasiado el concepto tradicional de familia (Araujo, 2020). En Chile, Ingrid Bohn, vocera de CMHNTM, en 2024 se opuso a la prevención de violencia de género en la educación, incluida en la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Bohn afirmó que “hemos visto una obsesión del Estado […] por querer introducir la materia de educación sexual desde la más tierna infancia” (León, 2024). En Brasil, el Movimiento Escola Sem Partido (ESP) —surgido en 2004 y de características similares a CMHNTM—, avanza en 2014 hacia la institucionalización de su agenda y desde entonces ha presentado varios proyectos de ley para contener la “ideología de género”, acusando a escuelas y docentes de adoctrinamiento ideológico. Estos proyectos de ley preveían una supervisión de las y los profesores de las escuelas públicas del país para censurar cualquier manifestación expresa sobre preferencias ideológicas, políticas y religiosas. Los dos primeros proyectos fueron propuestos por hijos del ultraderechista expresidente Jair Bolsonaro (Garcia y Dias, 2024).

Medidas coercitivas similares suceden en El Salvador de Nair Bukele, con la intensificación del combate a la “ideología de género”. En el 2022 el gobierno dispuso retirar todos los materiales de educación sexual integral y prevención de violencia de género tras protestas conservadoras en redes sociales. La censura se extendió al sistema de salud: se eliminaron contenidos sobre diversidad sexual y se modificaron formularios que registraban orientación sexual e identidad de género (Revelo-Imery, 2024; AFP, 2024). En Argentina, el gobierno de Javier Milei dio a conocer durante el 2025 el proyecto de Ley de Libertad Educativa que enviará al Congreso para su discusión, en el que establece el “rol preferente de la familia, como agente natural y primario, que posee el derecho y deber de orientar la formación de sus hijos menores” (Art. 4)⁷ y autoriza la enseñanza en el hogar —modelo que en Estados Unidos llaman homeschooling—. La familia y el mercado asumen un lugar preferencial por sobre el Estado en materia educativa, quedando éste relegado a una función subsidiaria: la promoción financiera de la demanda y la competencia entre instituciones para conseguir alumnos y recursos. En lugar de financiar las instituciones educativas, los fondos públicos serían dirigidos a financiar a las familias de lxs estudiantes para que ellas elijan el destino del presupuesto.

Otro rasgo característico de este ciclo, junto con la radicalización de su agenda legislativa hacia la reconfiguración de la sociedad con base a valores neoconservadores, es la vocación explícita de intervención político-electoral y su incorporación a los proyectos de poder de las extremas derechas actuales en América Latina. Las estrategias electorales de estos grupos conservadores y religiosos parecen haber sido más eficaces cuando han decidido construir identidades políticas híbridas —a veces religiosas, a veces anti-género— que puedan confluir con las diversas expresiones política de derecha, que cuando han conformado instrumentos propios para intervenir de manera autónoma en la escena electoral. A su vez, el crecimiento de la incidencia social e ideológica de estas expresiones fundamentalistas nutren los proyectos neoliberales de una renovada misión mesiánica, ahora asociado al resguardo moral y a la restitución de la autoridad –y la familia— patriarcal.

El caso de Bolsonaro ilustra esta construcción identitaria: su conexión con las agendas morales, de género y sexualidad, que no aparecían en su larga trayectoria política previa, lo vinculó al ideario evangélico y fue determinante para llevarse una parte significativa del voto evangélico en 2018, que tiene un rostro específico: el de una mujer negra de clase trabajadora (Balloussier, 2020). En contraste, en Perú, aunque CMHNTM tuvo mucha fuerza en las calles y redes sociales, no logró traducirse en fuerza política en las disputas electorales (Cunha, 2020). Y en Argentina, la incursión electoral en 2019 con un instrumento político electoral propio resultó infructuosa.⁸

Desde el 2018 se observan dinámicas similares a las de Brasil, aunque con resultados desiguales, en Argentina, Chile, Ecuador, Perú y El Salvador, donde estas redes negocian apoyos electorales, ocupan espacios en listas legislativas, influyen en programas de gobierno y participan en actos oficiales. En Perú, algunos líderes de CMHNTM negocian con partidos políticos para apoyar candidatxs presidenciales a cambio de espacio en las listas de candidatxs al parlamento (Motta y Amat y León, 2018: 112).

En Argentina, aun cuando no hubo una estrategia unificada por parte de las expresiones fundamentalistas en las elecciones presidenciales del 2023, el triunfo de Javier Milei contó con el apoyo y predica de pastores evangélicos en barrios populares y asumió como propia la narrativa mesiánica típica del campo de los fundamentalismos religiosos. El gobierno libertario llegó al poder con un discurso homofóbico, negacionista de los derechos humanos y la desigualdad social. Apenas asumió el poder, eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); desjerarquizó y desfinanció las áreas específicas destinadas a la promoción de los derechos humanos, igualdad de género y atención a personas con discapacidad. En las elecciones del 2025 las fuerzas evangélicas fundamentalistas ampliaron su representación parlamentaria, en la mayoría de los casos como parte de la fuerza de La Libertad Avanza, el partido de Milei. Con posterioridad a las elecciones, el gobierno presentó el proyecto libertario de reforma neoliberal del sistema educativo, con una fuerte impronta de las ideas fundamentalistas, como ya hemos descrito.

Algo similar sucede en Chile. En las elecciones presidenciales de 2025, los candidatos de derecha articularon programas conservadores con agendas anti-género. José Antonio Kast, ahora presidente de Chile, defiende la familia como núcleo fundamental de la sociedad y el “derecho preferente de los padres” a educar a sus hijos y elegir su establecimiento educacional (Kast, 2025: 33). Prometió además cerrar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (propuesta de 2021). Johannes Kaiser, el otro candidato ultraconservador, dedicó una sección de su programa: Batalla Cultural a combatir la “ideología de género” (Kaiser, 2025: 14). Por su parte, Evelyn Matthei, única candidata mujer de derecha, presentó una versión menos radical pero similar: devolver a las familias la elección de proyectos educativos según sus valores, valorando a la familia como “núcleo de cohesión social” (Matthei, 2025: 10), en sintonía con lo dicho previamente. El activismo neoconservador ha permeado a los distintos candidatos de derecha en los países de la región, aunque en algunos países también han permeado fuerzas políticas progresistas.

Por lo tanto, la CMHNTM no puede ser comprendida únicamente como una campaña cultural o moral, sino como un nudo de un proceso político y de la batalla cultural de las fuerzas neoconservadoras, en la búsqueda por disputar hegemonía, redefinir el rol del Estado —especialmente en educación y políticas de género— y consolidar una articulación política entre varios fundamentalismos religiosos y extremas derechas en la región. Su capacidad de adaptación a distintos contextos nacionales, su inserción en el campo institucional y su creciente protagonismo electoral dan cuenta de una ofensiva conservadora que ya no se limita a resistir transformaciones progresistas, sino que aspira a gobernar y reordenar estructuralmente el campo político latinoamericano.

Maelitha (Argentina), fragmento de la historieta Mi cuerpo, un bosque, Barro Editora, 2019.
En esta obra, la autora trata temas como elegir gestar, decidir parir, maternar y socializar los cuidados.

Conclusiones

En suma, el resurgimiento contemporáneo de las fuerzas conservadoras y de la ultraderecha no puede comprenderse únicamente como un viraje electoral, sino como una reconfiguración profunda de las disputas por el orden social. Su ofensiva contra las mujeres, las disidencias sexo genéricas y los feminismos constituye un dispositivo estratégico en la restauración de jerarquías de género, raza y clase que sostienen su proyecto de reorganización aún más autoritaria del capitalismo. Lejos de ser un conjunto de posiciones “culturales”, la cruzada anti-género opera como tecnología política de masas, capaz de articular frustraciones sociales, descontentos económicos y ansiedades identitarias producidas por décadas de neoliberalismo. En este sentido, la agenda anti-género funciona como cemento ideológico en la construcción de las nuevas derechas radicalizadas, estableciendo enemigos internos, deslegitimando conquistas democratizadoras y erosionando las bases institucionales de la igualdad.

Luego de una década de estancamiento económico en América Latina, el proyecto político neoliberal se relanza articulado al resurgimiento de las fuerzas conservadoras, y deslinda la responsabilidad de su propio fracaso sobre los feminismos y las disidencias sexuales, en tanto actores movilizados internacionalmente que expresan posiciones antisistema y que han demostrado eficacia en la interpelación de las nuevas generaciones. Esta renovada complicidad del capitalismo en crisis y el patriarcado cuenta con los esfuerzos de organizaciones transnacionales y constituye un punto de unidad con un claro protagonismo de los fundamentalismos religiosos que coinciden en el objetivo de reclamar el campo de la moral y la familia conservadoras para sí.

Su accionar logra instalar un clima de polarización social –especialmente a través de las redes sociales– que dificulta la ampliación de derechos, apelando al miedo y la desinformación como herramientas de movilización. De este modo, se une a los actores transnacionales en la batalla de ideas que no solo disputan el terreno cultural y religioso, sino que también configuran dinámicas políticas a escala continental en contra de la igualdad de género y los derechos de las personas de las diversidades sexo genéricas.

El impacto político de la agenda anti-derechos se manifiesta en la capacidad de incidir en debates legislativos, en retrocesos institucionales y en procesos electorales. Han conseguido frenar o ralentizar proyectos de ley sobre educación sexual, aborto legal y cuotas de género. También han entorpecido o detenido políticas educativas inclusivas y obstaculizado la ampliación de derechos sexuales y reproductivos en distintos países, incluidos todos los analizados aquí. Influyeron en la desaparición o reducción de los presupuestos de los organismos dedicados a los derechos de las mujeres y a la igualdad de género. Han tenido incidencia en la elección de presidentes al menos en Brasil, Argentina, Ecuador y Costa Rica.

Sin embargo, la expansión de estas derechas no avanza sobre un terreno vacío: encuentra una sociedad atravesada por un ciclo de movilización feminista que elaboró imaginarios políticos construidos en procesos de movilización callejera, amplió lenguajes de derechos e instaló una crítica radical de la violencia estructural. La reacción conservadora también expresa, por tanto, el reconocimiento tácito de la potencia política de estos movimientos. Los ataques dirigidos a desfinanciar políticas de igualdad, criminalizar identidades y desarticular redes comunitarias buscan precisamente desmontar las infraestructuras sociales de la reproducción de la vida que los feminismos han visibilizado y fortalecido.

Así, la disputa actual se juega en un terreno más profundo: la definición misma del proyecto civilizatorio. Mientras las ultraderechas impulsan una restauración autoritaria que recentra la familia heterosexual, la subordinación de género, la destrucción del estado garantista y un orden productivo excluyente, los feminismos del Sur Global —con su énfasis en la reproducción social, la justicia material y la autonomía colectiva— proponen una reorganización de la vida social centrada en la vida por oposición a la acumulación capitalista. El desenlace de esta confrontación no está dado; pero su resultado tendrá efectos duraderos sobre la capacidad de las mayorías para imaginar y construir futuros emancipatorios frente a la crisis múltiple que atravesamos.

La experiencia de Con Mis Hijos No Te Metas en América Latina revela cómo el control de la educación, la familia, la sexualidad y los cuerpos de las mujeres es funcional al modelo económico del hiperimperialismo que requiere individualismo, competencia y naturalización de las jerarquías. Este patrón trasciende América Latina y demanda ser estudiado en el Sur Global: ¿cómo operan estas redes en África, donde leyes anti-LGBTIQ+ avanzan con proyectos extractivistas? ¿Cómo se replican en Asia, donde retrocesos en derechos reproductivos dialogan con precarización laboral y despojo territorial? ¿Qué estrategias despliegan las juventudes del Sur Global que crecen en contextos de promesas incumplidas y crisis climática, para resistir esta captura de sus futuros? Mapear estas intersecciones es fundamental: la batalla por los derechos de las mujeres y las disidencias sexo-genéricas es inseparable de las luchas antiimperialistas, anticapitalistas y anticoloniales. Este dossier invita a profundizar en esas conexiones globales, a investigar cómo el capitalismo contemporáneo insiste en estas cruzadas morales en distintas geografías y a construir respuestas colectivas desde los movimientos populares en defensa de la dignidad, la autonomía y la vida plena.

Patricio Oliver (Argentina), poster para la Marcha Federal del Orgullo Antifascista, Antirracista, LGTBIQA+, 2025.

Notas

Referencias bibliográficas

Sitios web y redes sociales