Entrevista realizada por el Colectivo de Investigación en Crisis Socioambiental y Despojo al periodista y docente Julián Raso, integrante de la Asamblea No a la mina de la ciudad de Esquel, Chubut.

 

 

La comunidad y asamblea de Esquel marcaron un hito en las luchas contra la megaminería en el país a partir de las masivas movilizaciones que decantaron en el plebiscito y la sanción de la ley contra la minería contaminante en 2003.  Casi 20 años después las resistencias contra esa megaminería vuelven a estar en el centro de las luchas a nivel nacional. ¿Qué ha pasado en todo ese tiempo?

—En todo ese tiempo se ha sostenido la defensa de la ley 5001 -ahora se llama LEY XVII-Nº 68- que prohíbe la minería a gran escala a cielo abierto y el uso de cianuro. La lucha contra la megaminería ya no es de Esquel y la comarca, sino que se ha expandido a toda la provincia. Hay asambleas organizadas en la mayoría de los pueblos y parajes y es un tema ampliamente conocido por la sociedad, que atraviesa a los partidos, los sindicatos, las organizaciones en general. Por otro lado las presiones desde el gobierno nacional nunca han cesado, más allá de los cambios de color político. Ha habido ciertos intentos de modificar la ley, con un intento muy fuerte en 2012. Lo que nunca frenó es la exploración (cateos) por parte de las empresas y su lento pero constante trabajo social en publicidad, propaganda, lobby político y social, cuyo mayor exponente es la empresa canadiense Pan American Silver, interesada en explotar el yacimiento Navidad en la Meseta Central Norte.

 

Si tuvieras que hacer una breve cronología de los principales hitos de lo sucedido con este conflicto en el último periodo  ¿Cuáles mencionarías?

—El intento de zonificación en 2012 con un pre-proyecto que no llegó a ser tratado aceleró un proceso que se venía gestando desde abajo, que es la unión y la coordinación de las asambleas y comunidades. Se formó la UACCh (Unión de Asambleas y Comunidades de Chubut) que en poco tiempo encontró una herramienta que brinda la Constitución provincial en la cual la sociedad puede proponer leyes a la legislatura. Uno de los hitos más destacables fue la presentación de un proyecto por Iniciativa Popular en 2013 buscando ampliar la ley actual y prohibir otras actividades no contempladas en la ley de 2003, dado que hubo intentos de proyectos sin cianuro y en galerías que no eran alcanzados por la legislación. Ese proyecto de ley fue modificado por la legislatura al punto de fabricar una ley que habilitaba la megaminería. La sesión es recordada por la foto del diputado Muñiz chateando con uno de los responsables de Yamana Gold (la minera dueña del proyecto en el cordón Esquel) en pleno recinto, recibiendo “sugerencias” para modificar un artículo. El escándalo se nacionalizó y la ley nunca se promulgó. En el 2020, viendo que se venía una nueva embestida minera, las asambleas decidieron volver a hacer uso de la iniciativa popular, logrando en cuatro meses reunir y presentar 30.916 firmas en apoyo a una nueva iniciativa popular. A la par, pero a escondidas, el gobernador Mariano Arcioni venía trabajando con Alberto Hensel –Secretario de Minería de la Nación- un proyecto para zonificar la provincia y habilitar la megaminería en dos departamentos. La Iniciativa Popular fue rechazada por la legislatura. El proyecto de zonificación continúa con estado parlamentario y puede ser tratado, pero en este momento se encuentra frenado judicialmente por comunidades mapuche-tehuelche que están buscando que se aplique el Convenio 169 de la OIT, exigiendo su derecho a la consulta previa, libre e informada ante una modificación legislativa que afecta sus derechos.

 

¿Cuáles son las críticas principales que se hacen al proyecto de rezonificación y al emprendimiento minero que se propone desarrollar?

—Chubut es una provincia que hace décadas viene organizándose para resistir proyectos que desde arriba se plantean como de desarrollo pero son todo lo contrario. Antes que Esquel, se frenó un depositorio internacional de residuos nucleares en Gastre, un dique que iba a dejar a Epuyén y su valle bajo el agua, una fábrica de faenar pingüinos en la costa, entre otros proyectos extractivos que la población logró frustrar. El proyecto de zonificación busca habilitar una actividad prohibida y resistida desde hace 18 años por una provincia que quiere elegir un futuro sin extractivismo, sin contaminación y con actividades verdaderamente sustentables. El proyecto de zonificación se rechaza ambientalmente, pero también política y económicamente. Es impugnable por muchos aspectos, entre los que se destaca la falta de licencia social, de consulta a la sociedad y a las comunidades afectadas. La propia clase gobernante y el gobernador hicieron campaña contra la megaminería. Hubo expresiones contra la zonificación dentro de todas las corrientes políticas, pueblos originarios, sindicatos, iglesias, municipios, concejos deliberantes, cámaras, asociaciones y organizaciones de las más diversas. El sector académico, tecnológico y científico (INTA, Universidad Nacional de la Patagonia, CENPAT-CONICET, UTN Regional Chubut) volvieron a expresarse, incluso el CENPAT presentó un informe técnico en donde advierte que la habilitación de la zonificación pone en serio riesgo el agua, un recurso escaso en la provincia y con proyecciones a futuro que indican cada vez menos agua disponible para las actividades productivas y la población.

 

¿Cómo analizan el comportamiento de la elite política ante estos proyectos mineros? ¿Qué poderes actúan en la defensa del extractivismo minero?

—Una de las principales consecuencias del extractivismo minero es la contaminación institucional que genera. Y para ello no hace falta que esté instalado en una provincia, alcanza con que estén presentes los minerales para que se sienta todo su poder. Esto se puede ver en los medios de comunicación comprados por las empresas, pero también en la clase política que evita hablar de megaminería en elecciones (incluso al punto de hacer campaña en contra) pero intenta avanzar, cambia su discurso una vez en el poder.

 

 

El gobierno de Arcioni parece no desistir en impulsar la habilitación legal del proyecto minero. Frente a ello ¿cuáles son los posibles escenarios futuros?

—Ya desde que la sociedad se enteró del proyecto de zonificación se encuentra fuertemente movilizada, a pesar de las restricciones que impone la pandemia. En diciembre y febrero las movilizaciones fueron realmente masivas, y llegado el caso de que se apruebe está claro que van a serlo aún más. El ejemplo de Mendoza está cerca: cuando modificaron la ley 7722 la sociedad toda se volcó a la calle y logró que se vuelva a poner en su lugar. Pero también hay escenarios a futuros por el plano judicial, ya que las comunidades mapuche tehuelche pueden recurrir a instancias nacionales e internacionales para impugnar el proyecto. Ya hay jurisprudencia concreta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a este tema: en abril falló a favor de la Confederación Mapuche de Neuquén en una causa iniciada en 2004 por la creación inconsulta de un municipio en tierras de la comunidad. La sentencia es muy clara y las justicias provinciales no deberían pasarla por encima.

 

¿Existen alternativas a las modalidades predominantes que admitan otro tipo de desarrollo?

—Claro que existen, pero no es el principal problema la falta de alternativas. Chubut es una provincia sumamente rica, con poca población. Es una de las principales exportadoras del país, sólo por detrás de Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Chubut exporta más que el doble que provincias mineras como San Juan y Santa Cruz. Sin embargo, el extractivismo al que ha sido sometida durante un siglo (petróleo, pesca, lana, energía, aluminio) nos ha traído a la situación actual, en donde un círculo constante de endeudamiento externo hace que nos quedemos cada vez con menos para exportar pero siempre debamos más. La megaminería, a diferencia del planteo del gobierno que la propone como una “diversificación” de la economía, sólo viene a profundizar el modelo que nos ha empobrecido.

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