Asamblea Agüita para San Juan[1]

 

Un poco de historia

A partir del desembarco de las multinacionales megamineras hace ya 15 años, en San Juan fueron surgiendo a lo largo de este tiempo distintas experiencias de resistencia frente a lo que significa el impacto que esta actividad trae aparejado tanto en lo social, como en lo económico, político y ambiental. Es necesario remarcar que este tipo de empresas tienen un enorme poder. Solo por dar un ejemplo, la corporación Barrick Gold junto a otro grupo de multinacionales fueron lobistas de la reforma constitucional de 1994 cuando  se traspasaron los recursos mineros de la nación a las  provincias. Una situación que llevó a que pequeños estados provinciales terminaran negociando frente a empresas con un poder económico y diplomático capaz de doblegar cualquier objeción. En este sentido es posible notar el claro abroquelamiento de las distintas instituciones del Estado y sus diversos poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo detrás de los intereses privados. En relación con ello, la decisión del Poder Judicial en el caso de derrame en la localidad sanjuanina de Jáchal en 2015, es un claro ejemplo de esta dependencia. Un derrame de sustancias cianuradas y metales pesados en el Río Jáchal por parte de la Barrick Gold que es considerado una catástrofe ambiental y solo fue penalizado con una pequeña multa y con el despido de dos empleados de la empresa en cuestión. En este recorrido, el “mendozazo” de diciembre de 2019 fue una bisagra en nuestro proceso organizativo que nos llevó a repensarnos y a encontrar nuevas formas de lucha en espacios más amplios que pudieran agrupar a les distintes actores sociales que tengan intenciones de luchar por el agua de la provincia, que atraviesa una crisis hídrica histórica.

 

La crisis hídrica

En general, se presenta a la megaminería como el pilar fundamental de nuestra provincia, un vínculo que se gesta en contraposición a la falta de apoyo político y económico hacia otras actividades productivas. Así, los funcionarios públicos actúan como voceros de las mineras, como lo define el gobernador Uñac “la minería es política de estado”, es la prioridad.

Pero San Juan se encuentra atravesando una de las peores sequías desde que el Departamento de Hidráulica de la Provincia lleva registro de los caudales de los ríos. Esta problemática se expresa con claridad en los polémicos dichos del Director de Hidráulica provincial sobre que “en el 2022 no habrá más reservas de agua en los diques”, situación extremadamente delicada en una provincia que depende exclusivamente del agua que trae el río y de las reservas contenidas en los diques. Esta situación crítica se refleja, por ejemplo, en la merma del riego del arbolado público de sectores periféricos de la provincia y en el agua suministrada  al sector  agrícola.

Es relevante notar cómo ante esta crisis que atravesamos, el Gobierno Provincial y la empresa de Obras Sanitarias de la provincia (OSSE) -a través de una campaña publicitaria y de reiteradas declaraciones de funcionarios en los medios- hacen foco en la importancia del cuidado individual del agua corriendo el eje  del debate e invisibilizando la intención del mismo Estado de brindar, simultáneamente, a una empresa megaminera multinacional una concesión de agua descabellada,  para un emprendimiento que va a utilizar más de 1000 litros por segundo en su proceso extractivo. Mientras rige una Ley Provincial de Emergencia Hídrica, no podemos permitir que se destruyan nuestras fuentes de agua.

 

El Proyecto megaminero José María

La megaminería en la provincia ha sido declarada actividad esencial en plena pandemia. Así aún cuando otras actividades y comercios estan cerrados, las mineras siguen funcionando. Esta defensa férrea de la megaminería se expresa en nuestra provincia desde hace muchos años; por ejemplo, no aplicando la ley de glaciares, dejando pasar o poniendo multas mínimas e insignificantes a los desastres ambientales provocados por las mineras, como el que ya señalamos de Veladero en Jachal hace unos años.

El Gobierno Provincial de Sergio Uñac, y también el de su antecesor Jose Luis Gioja, se han encargado de profundizar este extractivismo y, en los últimos años, han ofrecido los territorios y recursos de la provincia al mercado mundial megaminero en reiteradas ocasiones, consiguiendo así una decena de nuevos proyectos que están en fases avanzadas de exploración mientras existe parte de la población sanjuanina que no accede al agua potable.

Entre ellos, se destaca hoy el proyecto megaminero José María que apunta a ser la mina a cielo abierto de cobre más grande de la provincia. El mismo se encuentra al noroeste de San Juan, en el departamento de Iglesia, sobre la Cordillera de los Andes. Josemaría Resources Inc, del Grupo Lundin, es la firma que pretende avanzar a la etapa de construcción de la mina.

 

 

En este momento, el Proyecto megaminero José María está en el eje del debate.  El gobierno de San Juan pretende aprobar el “Estudio de impacto ambiental” en plena crisis hídrica, lo que resulta mínimamente una incongruencia cuando a su vez se lleva adelante una campaña de concientización sobre el cuidado y uso responsable individual del agua en los hogares sanjuaninos. A ello se suma un discurso que busca maquillar a la megaminería de actividad sustentable y con responsabilidad social. Nada más alejado de eso resulta el Proyecto José María que va a consumir una enorme cantidad de agua, en un contexto de tremenda incertidumbre y fragilidad ambiental, y que despierta una serie de observaciones muy importantes ya presentadas por diferentes asambleas, organizaciones civiles , partidos de izquierda y profesionales de la comunidad científica sanjuanina (miembros del CONICET). Algunas de ellas son las siguientes:

  • La importante concesión de agua que requerirá la megaminera en su proceso extractivo (aproximadamente 1000 L/s), en un contexto de plena vigencia de la Ley de Emergencia Hídrica en la provincia.
  • La violación de la Ley Nacional de Glaciares, a partir del impacto que tendrá sobre diferentes geoformas, tanto glaciares como del ambiente periglacial presentes en la zona de explotación y construcción de las diferentes partes del megaproyecto.
  • Las dificultades para que la población pueda acceder y debatir el Informe de Impacto Ambiental. Un informe que despierta suspicacias y críticas en tanto confunde y oculta información relevante, organiza los datos de manera compleja, con una presentación que tiene una excesiva cantidad de páginas, todo lo cual imposibilita su lectura completa y clara.
  • El avasallamiento sobre la flora y la fauna del área de Reserva Nacional afectada por el emprendimiento.
  • La ausencia de una audiencia pública
  • La no consideración en el informe del impacto y la necesidad de consulta a poblaciones de otros territorios también afectados como los de La Rioja y Chile.

 

En perspectiva

Puede afirmarse que el conflicto por el uso de agua en la provincia se incrementará a medida que la escasez hídrica persista, se profundice y no se apliquen medidas de adaptación efectivas. En ese contexto, se plantea la oportunidad y desafío, para el movimiento socioambiental, de pegar un salto y poder organizar el descontento de la población cada vez más afectada por la crisis hídrica. Estos movimientos afrontan la responsabilidad de gestar una salida política a esta crisis para que la disputa por el agua conlleve una solución que beneficie a las mayorías populares. Una salida  a la crisis hídrica-ambiental, y también económico-social, donde el acceso, distribución y cuidado del agua esté en función de las necesidades de la población, sin privilegios ni negocios que deterioran o destruyen este escaso bien colectivo. Para ello, desde la Asamblea Aguita Pura para San Juan,  planteamos algunos puntos para el debate sobre cuestiones estratégicas:

  • La importancia de buscar el empoderamiento de las comunidades sobre el recurso hídrico, luchando por crear organismos independientes de monitoreo de las nacientes y distribución de agua.
  • Se plantea la contradicción entre el extractivismo vs. la sostenibilidad de la vida. Nosotros queremos seguir viviendo en este suelo y nos imponen condiciones que harán inviable la vida acá. La megaminería es finita, se acaba el recurso y ellos se van, mientras nosotres nos quedamos.
  • La contraposición entre usar el agua para la producción de comida o para grande producciones comerciales. Este es otro de los debates que se reabre con fuerza en épocas de sequía. La poca agua y la tierra, ¿son para producir lo más rentable o lo socialmente necesario? En este sentido, el acceso desigual a un recurso estratégico como el agua subtrerránea, marca un desafío a resolver. El alto costo de la energía eléctrica para su bombeo representa una clara limitación para muchos productores; mientras que a este recurso sí pueden acceder muchos proyectos enmarcados en el agronegocio, con cultivos rentables que por la lógica productiva de su estructura, estrategia productiva, superficie y mercado de destino, pueden lograr pagar el costo energético. Por el otro lado, una gran cantidad de pequeños productores, o fincas con bajas producciones por la edad de los cultivos, por la falta de agua, por el bajo precio de la materia prima en el mercado, o cualquier factor que altere la rentabilidad, son empujados constantemente a subsistir en la inestabilidad, y la baja o nula expectativa de un futuro de vida digna en el campo sanjuanino.

 

 


Referencias

[1] La asamblea “Aguita Pura para San Juan”, situada en la ciudad capital, es parte del movimiento socio-ambiental de la provincia donde confluyen diversos actores (personas autoconvocadas, organizaciones sociales, partidos de izquierda) construyendo  redes de comunidades organizadas para defender la vida en los territorios en vinculación con otras asambleas y movimientos del país y la región.

 

Download as PDF