Rodolfo Carrizo
Presidente del CECIM (Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas) de La Plata

 

Nuestro país posee una de las costas marítima y oceánicas más importante del planeta, este vínculo geográfico natural nos impulsó a tratar de entender cuáles son o deberían ser las formas de relacionarnos con el mar, sus recursos intrínsecos y los humanos. Pensar nuestros vínculos con el mar en la más amplia complejidad nos generó una multiplicidad de premisas que fuimos internalizando como centrales y determinantes. Malvinas en nuestra vida como ex combatientes de la guerra y como militantes del CECIM (Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas) nos permitió abrirnos a un cúmulo de preguntas a modo de entender que las razones del conflicto no solo deberían remitirse a las autoritarias decisiones de la dictadura militar sino a profundas razones ideológicas, militares y de negocios que generaron la guerra de 1982. Como organización nacida bajos los duros días de la guerra no podíamos resumirnos en el dolor de los hechos; necesitábamos buscar explicaciones, tratar de saber que esta complejidad de relaciones debía pensarse y entenderse con un profundo sentido soberano asumiendo la soberanía como la propiedad indisoluble e indivisible de un pueblo y el respeto a la memoria de quienes murieron en las islas nuestros compañeros.
La guerra de Malvinas tiene diferentes e intrincadas explicaciones; por un lado, aquellas vinculadas al mar y los negocios, dos grandes planos con un origen colonial e imperialista verificables en las acciones políticas, militares, comerciales y expansionistas del Reino Unido (R.U.) y, su aliado estratégico, los EE.UU.; por el otro, las explicaciones asociadas al carácter dependiente y periférico de nuestro país que determina la manera en que se ejerce y desarrolla nuestro vínculo con el mar.
Debemos considerar que el R.U. desde 1833 ejerce un control de carácter colonial hegemónico sobre las islas Malvinas, los mares circundantes, y la proyección antártica con incidencia directa. Desde 1982 esta injerencia y apropiación ilegal de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur e islas aledañas se verifica en un incremento de sus fuerzas militares que a la vez multiplicó los negocios sobre los recursos naturales, fundamentalmente los ictícolas y los energéticos.
Nuestro mar dotado de las especies más demandadas y requeridas en el planeta por la calidad de los recursos pesqueros (langostinos, calamares, merluzas y otras) constituye un atractivo botín económico que genera un intenso movimiento de diversas flotas pesqueras que lo invaden sistemáticamente sin control ejerciendo una pesca extractiva y ciertamente depredadora. El R.U. de la Gran Bretaña fue y es quien más licencias de pesca otorga de manera unilateral y de manera arbitraria donde los beneficios de estas licencias le permiten constituir el principal ingreso de las Islas. El PBI de las islas Malvinas, que en los primeros años de finalizada la guerra no superaba los 5/6 millones de dólares anuales, en el 2015 se había incrementado a más de 300 millones de dólares; siendo la pesca el principal aporte, en el orden del 39 % del total de su PBI.
Estas primeras cifras ponen en evidencia la importancia de la representación económica que tiene la pesca y a la vez comprender cómo impacta en las potencialidades de desarrollo de una economía y su pueblo.
La flota comercial argentina -en su gran mayoría extranjerizada- pesca en nuestros mares aproximadamente 900 mil toneladas anuales, que en su gran mayoría tiene destino de exportación por un orden superior a los 2.200 millones de dólares, es una pesca volumétrica que genera un descarte de especies de menor valor comercial para las grandes empresas pesquera donde la ganancia queda en manos de 15 o 20 grupos poderosos que reportan en el puerto de Vigo (España).
Ahora bien, desarrollemos imaginariamente la magnitud del negocio pesquero: el langostino conocido como diamante naranja es una de las especias más demandadas y caras, cada tonelada promedia un valor que oscila entre los 7.000 a 10.000 dólares según la demanda ya que funciona muchas veces como un commodity; le sigue el calamar Ilex, y así otras especies. Incluso algunas de ellas son deliberadamente descartadas ya que, una vez capturadas, se desprecian muertas sin considerar que de ser aprovechadas en el contexto de una política pública y manifiesta de lucha contra el hambre se podría dar de comer a 3 millones de personas diariamente con la mejor proteína animal. Argentina tiene potestad sobre la Zona Económica Exclusiva hasta la milla 200 según la ley 24.543 (ratificación de la convención de Naciones Unidas sobre los derechos del mar) siendo propietaria de todos los recursos móviles y fijos de nuestro océano (Lerena, 2019).
Cuando observamos la dimensión de estos asombrosos números nos vuelven a surgir espeluznantes preguntas llenas de incógnitas. Si Argentina exportó 2.000 millones promedio en los años sin pandemia, al cabo de 39 años serían números equivalentes a la deuda externa. Esta comparación nos permite mensurar la dimensión del recurso pesquero que si lo tomáramos a valor de mercado se sextuplicaría, y si lo hacemos extensivo a la pesca sobre la milla 201 donde en la actualidad hay más 500 buques de diversos países que ejercen pesca ilegal comprenderiamos de manera un poco más acabada el por qué de la presencia del R.U. en nuestras Islas Malvinas y su ambición imperial.
La ausencia de una industria naval nacional y soberana también tienen un por qué. De las cinco provincias Argentina con costa marítima (Buenos Aires, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) un total de más de 6.500 km incluyendo nuestra Antártida perfilan un longilíneo y riquísimo litoral profundamente desaprovechado ya que no disponemos de una flota naviera propia, apenas de algunos pocos astilleros, entre los que Rio Santiago es el más importante con una deliberada y bajísima actividad productiva.
Repensarnos como un país marítimo nos remite a nuestra propia historia. Belgrano, quien fuera un visionario estadista, sostenía que un Estado sin pesca nada puede sobre el mar; y, salvo contados períodos históricos, nunca pudimos disponer de una flota de mar con sentido estratégico y soberano.
En 1946 nuestra flota de mar creció tres veces en tonelaje con respecto a 1945, se incrementó el comercio exterior, disminuyeron los costos de los fletes, aumentó de manera ostensible el tráfico de pasajeros y creció la actividad productiva de los astilleros, nuestra marina mercante creció un 286 %, se intensificó la conectividad norte-sur y este-oeste, además de ser la flota más moderna del planeta asociado a un crecimiento de miles de puestos de trabajos en el contexto de un plan nacional de desarrollo estratégico y soberano .
Los magnos resultados del primer plan quinquenal de Perón fueron devastados por la autoproclamada Revolución Libertadora de 1955 que fusiló a miles de trabajadores y militantes populares a la vez que desguazaba nuestra flota de mar generando una regresión económica que atrofió los sueños de un país marítimo y soberano.
Recuperar aquella tradición de un desarrollo naval implica abrir los debates sobre el sentido de un país marítimo. Malvinas es un disparador genuino porque nos exige mirar el conflicto en su dimensión geopolítica y geoeconómica, de manera holística, donde las fuerzas populares puedan construir articulaciones entre los recursos del mar y las necesidades básicas de nuestro pueblo entendiendo la pesca como una oportunidad en la lucha contra el hambre.

 

La Pesca Social

Nuestro país ejerce una pesca esencialmente comercial y exportadora. Se pesca de modo similar a como se hace uso de la minería o de muchos otros bienes naturales, sin considerar la vida, desarrollo de las sociedades y las personas. Sin embargo, nos parece oportuno considerar lo establecido por la ley nacional de pesca vigente (N° 24922/97) que en sus artículos tercero y cuarto define que son de dominio de las provincias hasta la milla 12 todos los recursos vivos del mar y desde la 12 a la 200 del Estado nacional. Esta definición es la que nos da sentido jurídico y de pleno derecho para entender que los recursos como la pesca son propiedad del Estado, o sea de cada una y cada uno de los argentinos. Desde esta perspectiva, la pesca fue siempre ejercida por el hombre, en todos los tiempos de la historia, como una fuente de alimentos, como un recurso de vida, por lo que desconsiderar esta premisa es un verdadero error en un país de más de 6 millones de km2 de mar y al amparo del flagelo del hambre que hace estragos en nuestra patria en más del 40 % de la población. La pesca debe ser una oportunidad que contribuya a vencer el hambre y ello sólo es posible si la decisión política de un gobierno ejerce plena soberanía sobre este derecho.
Son innumerables los ejemplos que grafican y determinan que hay condiciones materiales para ejercer una práctica pesquera que redunde en beneficios alimentarios y, a la vez, sea un estimulador de los puertos, los astilleros y el trabajo. Ello traería una serie de beneficios directos al que se le deben aunar los beneficios indirectos y el correspondiente crecimiento de la acuicultura, la pesca familiar y las cooperativas que se vinculan con el sector.
Se sabe que la ingesta de carnes de pescado aporta nutrientes solo comparables a la leche materna. En tanto en nuestro país, donde poseemos uno de los caladeros más envidiados del planeta, se engorda a nuestros pibes con harinas e hidratos de carbono, acto por demás bochornoso. Frente a esta realidad que es posible cambiar, se necesitan construir los consensos populares que divulguen los beneficios y ventajas comparativas que tiene hacer uso de un recurso legítimo y propio del pueblo argentino. No se trata de una mera consigna; por el contrario, es un desafío que nos debe movilizar para generar la conciencia necesaria que transforme el modelo pesquero actual que sólo favorece la concentración económica en beneficio de las grandes y poderosas flotas pesqueras que en su gran mayoría reportan en el puerto de Vigo.
Promover la pesca social que aporte a la batalla contra el hambre es un imperativo; se puede hacer, y las fuerzas sociales debemos exigir que sea responsabilidad del Estado en todas sus instancias ejercer esa soberanía plena.

 


Bibliografía

Lerena, César. Atlántico Sur, Malvinas y reforma federal pesquera (Mar del Plata: CESMA), 2019

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