Laura Prol[1]

 

Este texto retoma ideas de documentos generados junto a las organizaciones Casa Río, Cauce y FARN, que junto a Taller Ecologista integramos el Programa Humedales Sin Fronteras; así como de exposiciones en eventos sobre la temática en la UNRaf e IIGG-UBA.

 

Los incendios de gran magnitud que se registran desde comienzos de este año en el Delta del Paraná en Argentina se despliegan a escala de la Cuenca del Plata y se extienden a lo largo de los valles de inundación del río Paraná, al río Paraguay y sus nacientes, y hasta la región del Pantanal en Brasil. Con esta amplitud, el fuego está devastando enormes áreas de uno de los mayores sistemas de humedales fluviales del planeta. La ocurrencia de este fenómeno y su continuidad en el tiempo está vinculada a una serie de factores convergentes, presentes en toda la Cuenca. Aquí haré referencia a tres de ellos, considerando lo sucedido en el Delta del Paraná y, en particular, en las porciones superior y media de esta región,  para reflexionar sobre esta recurrencia y las acciones que se tornan imprescindibles para prevenirla.

 

La devastación

En primer lugar, hay que examinar las condiciones climático-ambientales. En los últimos veinte años los grandes incendios en la región ocurrieron en períodos de sequía. En este sentido, el Delta presenta una variabilidad ambiental temporal dada por los pulsos de creciente y bajante del río. En relación con ello, en el 2020 se registra una bajante del Paraná (y del Paraguay) que por las mínimas alturas del agua y su prolongación en el tiempo se considera extrema o extraordinaria. Hace cincuenta años que no se registraba una bajante como la actual. La situación de extrema sequía obedece también a las escasas precipitaciones regionales.

En segundo lugar, debemos considerar los factores de orden socio-productivo, relativos al uso de fuego principalmente -porque el fuego se utiliza también para otras actividades- en ganadería extensiva para el manejo de pasturas naturales. Esta actividad tradicional del Delta registró una serie de transformaciones derivadas de la reestructuración del sector agropecuario pampeano. En la primera década de 2000 experimentó un auge -con el incremento en la cantidad de ganado y de productores- así como cambios en cuanto al tipo de productores empresariales y en el sistema productivo -de engorde a incluir ciclo completo-, por el cual la actividad pasó de ser predominantemente estacional a permanente.

En tercer lugar, no hay que olvidar los aspectos políticos e institucionales vinculados a este proceso de expansión agroganadera, en relación a la política pública realizada en los últimos diez años. En 2008, también un año de sequía, se produjeron grandes incendios y la región fue incorporada a una agenda gubernamental de los gobiernos nacional y de las tres provincias con jurisdicción en el Delta (Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires) orientada al ordenamiento ambiental del territorio. Entre 2010 y 2014 se elaboró un plan de “aprovechamiento y uso sostenible”, el PIECAS-DP[2], que tuvo entre sus objetivos “encontrar soluciones viables y efectivas a la problemática de los incendios que recurrentemente afectan diferentes zonas del Delta del Paraná, en tanto se desarrollan sobre un humedal caracterizado por su fragilidad”. A partir de ese plan, la provincia de Entre Ríos elaboró otro para su jurisdicción entre 2015 y 2016. Ambos procesos contaron con instancias participativas.

Los incendios actuales pueden verse como un emergente de estos tres factores porque pese a que la ganadería registra una importante caída respecto al período de auge, los incendios siguen estando asociados mayormente a esta actividad, a la situación de extrema sequía y a que los planes de ordenamiento territorial no se implementaron.

 

La preservación

Desde el inicio de los incendios en el mes febrero de 2020, numerosas organizaciones junto a otras instituciones, investigadores y técnicos advertimos a las autoridades nacionales, provinciales y municipales de la situación y reclamamos en varias oportunidades que institucionalicen el PIECAS-DP y generen instancias participativas para tratar la problemática. Asimismo, solicitamos a las autoridades de los tres niveles administrativos que emprendan acciones urgentes sobre el uso del fuego en diferentes actividades que se desarrollan en el Delta, en especial las agropecuarias; acciones que ya fueron previstas en los planes para abordar el tema con funcionarios, técnicos, expertos, organizaciones, pobladores, productores y propietarios de campos. Esperábamos que las administraciones convocaran a los actores del agronegocio pues, está claro, que no serían ellos quienes dieran el primer paso para atender la problemática.

En estos nueve meses las acciones gubernamentales tomaron otros rumbos. La acción urgente y efectiva en el territorio consistió en apagar los incendios. En esta tarea, desde febrero intervinieron diferentes brigadas de bomberos y se aplicaron los planes de manejo de fuego de las provincias y la Nación; cuyos esfuerzos, a esta altura, en ocasiones no bastan[3].

En simultáneo, la labor de las autoridades se enfocó en asignar responsabilidades y sanciones, encauzada en buena medida hacia instancias judiciales. En esta dirección procedió, en un inicio, el municipio de Rosario y de localidades vecinas directamente afectadas por el humo de los incendios; luego el Ministerio de Ambiente de la Nación; y más tarde el gobierno de la provincia de Entre Ríos. Distintas organizaciones sociales también recurrieron a los tribunales. Una de ellas logró que la Corte Suprema de Justicia ordenara a los gobiernos nacional, de las tres provincias y de dos municipios conformar un Comité Interjurisdiccional de Emergencia. Lo llamativo de esta orden, que fue saludada por las distintas autoridades alcanzadas por esta medida, es que los gobiernos ya venían manteniendo reuniones para reactivar el Comité Interjurisdiccional de Alto Nivel que tiene a su cargo la implementación del PIECAS.

Finalmente, otra dirección tiene que ver con acciones adoptadas en dicho espacio interjurisdiccional, con implicancias en el territorio, dirigidas a regular el uso del fuego (declaración de emergencia ambiental y suspensión de las quemas) y a establecer una Red de Faros de Conservación, a cargo de la Administración de Parques Nacionales con el objetivo prioritario de controlar el uso de fuego en el territorio.

En estos tres rumbos de las acciones de los gobiernos se desestimaron las acciones territoriales claves previstas en el PIECAS para “dar una solución viable y efectiva a la problemática”. A la fecha los incendios continúan y sólo menguan cuando llueve.

 

Las alternativas

Desde nuestras organizaciones sociales insistimos en la urgencia de recuperar los consensos alcanzados entre los gobiernos y diversos sectores de la sociedad, concretados en el PIECAS. En este caso, en particular, el abordaje de la problemática de los incendios en los territorios con los actores involucrados, para lograr acuerdos mínimos sobre criterios de uso (o de no uso) del fuego en este contexto, y modificar prácticas productivas que degradan -y aún no sabemos si ocasionan la pérdida de- los humedales del Delta.

Esta insistencia se funda en una lectura de la coyuntura actual en la que la bajante del río y el contexto climático dan lugar a condiciones ambientales en las que los productores, como mínimo, no están preparados para operar. Las previsiones climáticas e hidrológicas indican la continuidad de la sequía. Según uno de los seguimientos de los focos de calor[4] que se vienen realizando, a partir de julio éstos se incrementaron, siendo agosto hasta ahora el mes en que se registraron más. Esto puede vincularse al comienzo de la temporada de engorde en la ganadería. Y, en este sentido, al finalizar el invierno se realizan quemas de pastizales secos para obtener pasturas con las que se alimenta el ganado en los meses estivales.

Dada la extensión y permanencia del fuego en las islas durante nueve meses, la pregunta inevitable es acerca de la capacidad de recuperación de los humedales afectados por el fuego. Ecosistemas que además de sostener una rica diversidad biológica, proveen de bienes naturales a las actividades productivas de la región. Ante este escenario, creemos imprescindible abordar el problema en el corto plazo y en el territorio, siguiendo las recomendaciones del PIECAS para la gestión territorial. Se trata de acciones iniciales para una transición hacia la sostenibilidad de la vida. Por un lado, la inclusión de un criterio ecosistémico: las intervenciones, en este caso originadas en actividades productivas, deben ajustarse a las características ecológicas y a la dinámica hidrológica del Delta, y llevarse a cabo en niveles compatibles con el mantenimiento de las funciones ecosistémicas de los humedales. En este sentido la ganadería de islas debe adaptarse a tales características, y en especial a las condiciones ambientales de esta coyuntura. Las decisiones de los productores empresariales no pueden estar regidas sólo por criterios relativos a costos y ganancias monetarias; deben necesariamente incluir criterios que atiendan la conservación de los ecosistemas (en esa línea ya existen trabajos realizados). Esto implicará generar innovaciones socio-productivas, de manera semejante a lo que ya sucede con la agroecología, donde producción y conservación se integran, dando lugar a nuevas formas de vinculación con la naturaleza y entre los productores y las comunidades.

Por otro lado, el PIECAS establece una recomendación en base a un criterio de equidad social. Las políticas dirigidas a la sustentabilidad de la región deben atender de manera prioritaria las necesidades de la población local. Los pequeños productores del Delta superior y medio, muchos de ellos dependientes de sus empleos en ganadería, precisan ser asistidos y apoyados para sostener (y mejorar) sus unidades productivas, teniendo en cuenta que desarrollan actividades (pesca, caza, apicultura, ganadería) basadas en bienes naturales sometidos a variadas presiones -las condiciones ambientales, los incendios y su sobre-utilización-, y que poseen una posición desventajosa para colocar sus productos en los mercados.

La implementación de estos criterios y de una estrategia participativa en la gestión territorial es clave para generar alternativas de uso de los bienes naturales (y comunes) que resguarden los ecosistemas y las comunidades que los habitan y que dependen de ellos. En este sentido el PIECAS puede verse como un antecedente en la elaboración de la norma de presupuestos mínimos de protección de humedales que hoy está discutiendo el Congreso. Varios son los proyectos legislativos que incorporan en sus textos criterios como los previstos en dicho plan. La sanción de una ley que los incluya, brindará herramientas clave de gestión de los humedales del Delta del Paraná -así como de la diversidad de estos ecosistemas que posee nuestro país-, al dar mandato a los gobiernos provinciales de realizar un ordenamiento ambiental de sus territorios a través de procesos participativos. Contar con una ley de ese tipo, aportará a las acciones que buscan proteger los humedales de las presiones del agronegocio, la minería, el desarrollo inmobiliario, las grandes obras de infraestructura, entre otras; y contribuirá a la urgente transición social y ecológica que nos reclama nuestra época.

 


Referencias

[1] Licenciada en Antropología (UNR) y Magíster en Antropología social (UNAM). Actualmente es la Coordinadora del Área Humedales del Taller Ecologista, Rosario, y dicta clases en el IST N.º 25 Beppo Levi.

[2] El Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (PIECAS-DP) tuvo su origen en una Carta de intención firmada en 2008 frente a los importantes incendios desatados en ese año por autoridades de los gobiernos de las cuatro jurisdicciones (Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y el Estado nacional). Fue planteado como un espacio de consenso y de intervención estatal para compatibilizar la conservación con el desarrollo sostenible de la región. Su formulación contó con una Evaluación Ambiental Estratégica, en la que se trazaron tres lineamientos rectores, recomendaciones, y acciones institucionales y territoriales a ejecutar en el ordenamiento ambiental del territorio.

[3] En Rosario y localidades vecinas se han conformando brigadas de voluntarios, compuestas por integrantes de organizaciones y autoconvocados que desde meses atrás vienen movilizándose por los incendios de los humedales.

[4] Elaborado semanalmente por el Museo de Ciencias Naturales A. Scasso (San Nicolás, provincia de Buenos Aires).

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