Por Paula Lucía Aguilar[i]

 

Nos enfrentamos a una crisis socioeconómica y sanitaria inédita. En Argentina, la pandemia de COVID-19 agrava el escenario de recesión y deterioro económico previo a su irrupción. Las previsiones no son alentadoras. La caída de la actividad económica ha empeorado las condiciones de vida y trabajo de la población durante este año. Una gran parte de ella se vio afectada por una merma en sus ingresos o la imposibilidad de su obtención debido al cese de actividades y a los efectos de las medidas de aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO). Dada su condición socio laboral y habitacional, esta coyuntura incide particularmente sobre la situación de mujeres, lesbianas, travestis y trans. En este marco, propongo una mirada sobre los datos principales de la situación social y sus perspectivas.

La última Encuesta Permanente de Hogares publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) arroja un panorama cuanto menos alarmante. La pobreza (medida por ingresos) asciende al 40.9% de la población en el primer semestre de 2020.  Vale decir que entre 2019 y 2020, 2,5 millones de personas más han sido registradas dentro de la población en esta situación. La cifra hubiera alcanzado al 43.5 % de la población sin las medidas de protección social adoptadas por el gobierno nacional. Sin embargo, es claro que la ciudadanía ha visto degradadas sus condiciones de vida en lo que va de 2020 y es esperable una profundización de las desigualdades sociales existentes[ii]. Las cifras de pobreza adquieren mayor incidencia en niñxs y jóvenes, ya que más de la mitad (56,3%) de las personas de 0 a 14 años y el 49,6 % de 14 a 29 viven en hogares en dicha condición[iii].

La tasa de desocupación para el total de la población activa en el segundo semestre de 2020 se calcula en un 13%, cifra que en el mismo período de 2019 era de 10,6% y a principios de 2020 10,4%. En la región pampeana llega al 16%[iv].  Especialistas coinciden en señalar que la baja de la tasa de actividad debido a la merma en la búsqueda de empleo, la disminución en la oferta y la restricción de los desplazamientos por el ASPO hace que esta cifra no alcance niveles cercanos al 29%. La desocupación se profundiza en la población más joven. En los varones entre 14 y 29 años la cifra subió del 18,4% al 22%, mientras que para las jóvenes el indicador subió alrededor de 5 puntos y se ubica en el 28,5 %. Estas cifras señalan un problema estructural en aquella franja etaria en la que se produce el ingreso al mundo laboral.

La situación empeora especialmente en el caso de las mujeres. Debido a la división sexual del trabajo aun imperante, su inserción informal e intermitente en el mercado laboral está condicionada por la asignación de actividades domésticas y de cuidado no remuneradas[v]. Al mismo tiempo, se ha comprobado que la dedicación intensiva a las tareas de cuidado y crianza en mujeres jóvenes menores de 18 años conlleva consecuencias negativas para sus trayectorias educativas y laborales, además de una profundización de la desigualdad de género[vi].

La brecha salarial entre asalariados y asalariadas se sostiene. Esta alcanza el 29,0% en el empleo formal y asciende al 36,8% en el mercado informal. La informalidad laboral también es más marcada en las mujeres que en los varones (38,2% versus 33,9%) producto de la inserción precaria en el mercado de trabajo. El resultado de estas desigualdades en el ámbito laboral y la distribución del trabajo no remunerado doméstico y de cuidado, exacerba el diagnóstico que viene caracterizando a la Argentina de una feminización de la pobreza: las mujeres están sobrerrepresentadas en el decil de ingresos más bajos (69%) y subrepresentadas en el de ingresos más altos (37%)[vii]. La reciente sanción del cupo laboral trans para la administración pública nacional, iniciativa que impulsa que al menos 1% de la planta sea ocupada por personas que se autodefinen bajo esta condición, es una novedad alentadora en términos de política socio laboral y de reconocimiento a la larga lucha que registra este colectivo.

La situación actual no afecta a todos los hogares por igual. Tampoco tiene las mismas consecuencias en los distintos tramos etarios. Su impacto fue mucho mayor en aquellos hogares que ya se encontraban en situación de pobreza o percibían ingresos bajos-medios, así como aquellos que se desempeñan laboralmente en algunas ramas y sectores particularmente afectados por la pandemia, como la construcción y el trabajo doméstico, que usualmente emplean al menos un tercio de la población en situación de pobreza.  La composición de los hogares es clave para comprender la situación y las posibles políticas a implementar. Aquellos con hijxs y los que son monoparentales (en su mayoría encabezados por una mujer) tienen mayores dificultades para acceder a ingresos que permitan cubrir sus necesidades básicas.

Los hogares monomarentales tienen una tasa de pobreza por ingresos mayor que aquellos biparentales con jefes varones, debido a su mayor tasa de informalidad, desempleo y bajas entradas monetarias. Del 2% de hogares a cargo de una sola persona el 89% está encabezado por una mujer. En el decil más bajo de ingresos, la cifra de hogares a cargo de una persona asciende al 6% del total; y el 98% de ellas son mujeres[viii].  Investigaciones recientes[ix] han mostrado además que la coyuntura de crisis económica intensificó el endeudamiento de las mujeres, proceso que se venía observando en los últimos años. Las deudas “no bancarias” (alquileres, servicios de electricidad, agua, gas y conectividad) se han incrementado allí donde hay un único ingreso o donde viven madres solteras.  Se produce así un proceso de sobreendeudamiento de las mujeres que les brinda alivio momentáneo para cubrir gastos de subsistencia, pero por el otro las ata a ciclos de endeudamiento y constante pago moroso que conlleva, incluso situaciones de violencia.

Lamentablemente, la información estadística oficial relevada y disponible sobre empleo y pobreza está construida heteronormativamente y sólo discrimina de modo binario entre varones y mujeres. Dadas las características precarias de la inserción laboral de la población travesti y trans, sus fuentes de ingresos, en muchos casos emprendimientos asociativos o la provisión de servicios sexuales se vieron interrumpidas en las condiciones de aislamiento. Esto conllevó además el agravamiento de su situación habitacional dado que su acceso a la vivienda es generalmente informal con alquileres de pago diario. Las dificultades de acceso al sistema de salud y medicación se vieron también profundizadas por problemas en la obtención de permisos ocasionados por la falta de conectividad y las prioridades del propio sistema puestas en la atención de la pandemia. Con la extensión temporal del ASPO crecieron las complicaciones para la subsistencia cotidiana, adquirir alimentación, pagar alquiler y servicios. En este contexto, muchas personas trans han logrado sostenerse a partir de la solidaridad entre pares y el trabajo de organizaciones sociales y políticas, pero la incertidumbre sobre los próximos meses es acuciante[x].

En la primera mitad del año se ha producido una intensificación de la carga de tareas domésticas y de cuidado. Este conjunto de actividades es mayoritariamente realizado por mujeres sean éstas niñas, jóvenes o adultas. Según el reciente cálculo de la Dirección Nacional de Economía Igualdad y Genero del Ministerio de Economía estas tareas aportan un 15.9 % del Producto Bruto Interno o más. La suspensión de clases presenciales y el cierre desde marzo pasado de los espacios institucionales dedicados a la crianza, enseñanza y cuidado tanto públicos como privados ha concentrado la responsabilidad de cumplimiento de las tareas necesarias para la sostenibilidad de la vida en los hogares, así como también el apoyo a las tareas educativas.  A esto se suma, la necesidad de atender a los adultos mayores definidos como un grupo de riesgo Y discapacitados o personas que requieren de cuidadores/as profesionales y cuya situación sanitaria requiere ser observada especialmente[xi].

No todas las personas están en las mismas condiciones para enfrentar este enorme desafío impuesto por la pandemia. La situación es particularmente difícil en aquellos hogares monomarentales donde mujeres están a cargo a tiempo completo del cuidado de sus hijos, tarea que se suma a la presión laboral o de obtención de ingresos, y en muchos casos la atención también a lxs adultss mayores de la familia. También se complica en aquellos hogares donde la subsistencia obligó a seguir cumpliendo tareas fuera del ámbito doméstico, sin red de cuidados disponible. Otra situación particularmente complicada es el cuidado de personas con distintos niveles de discapacidad, que vieron desmantelada las estructuras básicas de atención, terapias y rehabilitación. En suma, la coyuntura que atravesamos ha problematizado como nunca antes la relación entre la vida y el trabajo, visibilizando las tareas de reproducción social y su desigual distribución.

Un conjunto clave de ocupaciones fueron consideradas “esenciales” por lo que se mantuvieron en actividad aún en el contexto de la ASPO. La lista inicial contemplaba aquellas relacionadas con el personal médico sanitario y los servicios que garantizan el funcionamiento del sistema de salud, a las que se sumaron las ocupaciones relacionadas con la provisión de alimentos y servicios. En todos los casos, sectores altamente feminizados. La exigencia de cumplimiento de funciones aun en situaciones de alta exposición al virus se contrapone a sus históricos bajos salarios y precarias condiciones de contratación. En este contexto, la situación del servicio doméstico remunerado es dramática. En Argentina, constituye la principal ocupación de las mujeres: asciende al 16,5 % de las mujeres ocupadas y al 21,5% de las asalariadas. El 96.5% de las personas que trabajan en las tareas domésticas son mujeres. Más del 70% de estas trabajadoras lo hace de modo irregular dado que no están registradas por sus empleadorxs[xii]. De acuerdo con las disposiciones oficiales las trabajadoras de casa particular tienen derecho a cumplir el ASPO en sus hogares mientras perciben sus salarios. Sin embargo, la condición de informalidad hizo que esta situación no fuera cumplida en todos los casos. Tampoco las normativas acerca de la prohibición de despidos. Según datos recientes de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) entre 50.000 y 55.000 empleadas fueron despedidas en los últimos meses.

Las medidas de distanciamiento social y las campañas de prevención con énfasis en la higiene, condensadas en el lema “quédate en casa”, expusieron la desigualdad espacial y habitacional, especialmente en los centros urbanos.  El hacinamiento, la falta de servicios públicos o su deficiente funcionamiento signaron las posibilidades de cumplir con las medidas de modo adecuado para evitar los contagios o detenerlos allí donde los hubiera. Las condiciones habitacionales de los barrios populares muestran la multiplicidad de factores que dificultan el sostenimiento de medidas sanitarias básicas y las consecuencias que tienen para la salud de la población. Según reseña un informe reciente, los hogares en situación de pobreza son parte de hábitats precarios, con bajo acceso a servicios “cerca del 12% de las personas vive en condiciones de hacinamiento, el 47% no tiene cloacas y el 15,3% no tiene acceso a agua corriente, guarismos que disminuyen al 2%, 27%, y 10,6%, respectivamente, en el resto de la población”[xiii].

Las organizaciones sociales territoriales han clamado históricamente por la solución de esta situación respecto a la infraestructura. Especialmente las mujeres, lesbianas travestis y trans de los barrios populares han reforzado las tramas de sociabilidad y trabajo comunitario construidas a lo largo de los años colaborando en distintas iniciativas territoriales como efectoras de salud, apoyando tareas de prevención ligadas a la pandemia, trabajando en comedores allí donde urge la asistencia alimentaria, conteniendo situaciones de violencia de género y en la atención la emergencia social. Un caso paradigmático, que conjuga tanto la crisis habitacional como el deterioro de las condiciones de vida y trabajo de la población, se vive en este momento en Guernica, localidad de la provincia de Buenos Aires. En un predio descampado de 100 hectáreas, unas 2500 familias resisten en precarios refugios construidos, la posibilidad de un desalojo. Un censo realizado a esta población muestra que el 90% son desocupadxs, la mayoría perdió sus medios de vida, sufría hacinamiento o fue desalojadx por falta de pago del alquiler. Un conjunto de organizaciones sociales con amplia presencia feminista está acompañando la dramática situación buscando una salida colectiva que garantice los derechos de quienes allí sostienen la toma.

Al inicio del ASPO una serie de medidas fueron rápidamente dispuestas desde el Estado para abordar la difícil situación social. Entre ellas se destaca el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) administrado por el ANSES. Constituye una transferencia de dinero de 10.000 pesos de ayuda económica mensual. La reglamentación del IFE establece que la prioridad de cobro en un grupo familiar donde distintos miembros hayan solicitado el IFE será de las mujeres. Dado que la transferencia del IFE se realizó por hogar, aquellos con más miembros percibieron un ingreso menor por integrante. Los primeros informes de implementación indican que fue percibido en un 55,7% por mujeres y que el 61,5% de quienes recibieron el IFE tienen entre 18 y 34 años. Hasta el momento el IFE ha tenido 4 pagos mensuales, a los que se sumaron anuncios de transferencias puntuales focalizadas en la autonomía económica de mujeres que han sufrido violencia de género bajo el programa “Acompañar”. Han sido más complejas de abordar las problemáticas presentadas por las personas migrantes, que vieron diezmada su capacidad para generar ingresos, y en muchos casos, no cuentan con los requisitos necesarios para acceder al IFE.

La implementación de esta política ha permitido visibilizar todo un sector de la economía informal cuya opacidad para el Estado era cuanto menos inaceptable. También habilitó su bancarización. Al IFE se suman la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por embarazo (AUE) y pagos suplementarios de la tarjeta “Alimentar”. Cabe destacar que el 94,7% de los y las titulares de AUH son mujeres (madres, tutoras o encargadas). Estas políticas han apuntado a los sectores de mayor vulnerabilidad y constituyen un alivio en una situación de extrema necesidad. Sin embargo, no han contemplado a monotributistas de categorías bajas y asalariados formales de bajos ingresos que en un contexto de pérdida de empleo, suspensiones y merma de ingresos podrían necesitarla.  Actualmente, se evalúa la posibilidad de discontinuación del IFE o su transformación en una política estable de ingreso ciudadano, lo que dependerá tanto de la legitimidad política y social de la medida como de su viabilidad fiscal.

 


Referencias

[i] Socióloga. Dra. en Ciencias Sociales. Investigadora Adjunta CONICET Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA) [[email protected]]

[ii] Diaz Langou, Gala; Kessler, Gabriel; Della Paolera, Carola y Karcmarczyc, Matilde (2020) Impacto social del Covid-19 en Argentina Balance del primer semestre del 2020. Documento de trabajo Nº 197. Septiembre de 2020. Programa de Protección Social, CIPPEC. Disponible en https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2020/10/197-DT-PS-Impacto-social-del-COVID-19-en-Argentina.-D%C3%ADaz-Langou-Kessler…-1.pdf

[iii] Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2020a) Informes técnicos. Vol. 4, nº 181 Condiciones de vida. Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. Primer semestre de 2020. Disponible en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_01_200703093514.pdf

[iv] Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2020b) Informes técnicos. Vol. 4, nº 174 Trabajo e ingresos. Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH) Segundo trimestre de 2020. Disponible en: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_2trim20929E519161.pdf

[v]  Se encuentra en preparación la Encuesta Nacional de Uso del tiempo, que brindará mayores precisiones sobre el tiempo dedicado a estas tareas en todo el país: https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/documento_trabajo_enut.pdf

[vi] UNFPA (2020) Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en argentina. Disponible en https://argentina.unfpa.org/es/Consecuencias-socioeconomicas-del-embarazo-en-la-adolescencia-en-Argentina

[vii] Ministerio de Economía Dirección Nacional de Economía Igualdad y Géneros (2020d) Políticas públicas y perspectiva de género. Disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/analisis_de_politicas_publicas_ppg_2020_.pdf

[viii] Diaz Langou, Gala; Kessler, Gabriel; Della Paolera, Carola y Karcmarczyc, Matilde (2020) Impacto social del Covid-19 en Argentina Balance del primer semestre del 2020. Documento de trabajo Nº 197. Septiembre de 2020. Programa de Protección Social, CIPPEC.

[ix] Cavallero, Lucía y Gago, Verónica (2019) Una lectura feminista de la deuda: ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos! Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fundación Rosa Luxemburgo.

[x] Boy, Martin; Rodriguez, Maria Florencia; Basualdo, Solange; Farji Neer; Anahí; Newton, Camila y Pedra, Alejandra (2020) “Vivir y (trans)itar la cotidianidad en contexto de COVID-19. Un informe sobre la situación de la población travesti y trans en el noroeste del Conurbano Bonaerense” en Goren, Nora y Ferrón, Guillermo (Compiladorxs) Desigualdades en el marco de la pandemia: reflexiones y desafíos. José C. Paz: Edunpaz, 2020. Disponible en https://edunpaz.unpaz.edu.ar/OMP/index.php/edunpaz/catalog/book/53

[xi] Ministerio de Economía Dirección Nacional de Economía Igualdad y Géneros (2020c) Los cuidados, un sector económico estratégico. Medición del aporte del Trabajo Doméstico y de Cuidados no Remunerado al Producto Interno Bruto. Disponible en:

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/los_cuidados_-_un_sector_economico_estrategico.pdf

[xii] Ministerio de Economía. Dirección Nacional de Economía Igualdad y Géneros (2020b). Las brechas de género en la Argentina Estado de situación y desafíos. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/las_brechas_de_genero_en_la_argentina_0.pdf

[xiii] Diaz Langou, Gala; Kessler, Gabriel; Della Paolera, Carola y Karcmarczyc, Matilde (2020) Impacto social del Covid-19 en Argentina Balance del primer semestre del 2020. Documento de trabajo Nº 197. Septiembre de 2020. Programa de Protección Social, CIPPEC.

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