Pasados cinco meses del inicio de las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, el gobierno mantiene un importante capital político derivado del modo en que gestionó la crisis sanitaria. Más allá de encontrarse lejos del pico de respaldo logrado en las semanas iniciales, ese capital se expresa en los niveles de respaldo que recogen los estudios realizados por diversas consultoras. En momentos en que los contagios y las cifras de fallecimientos no paran de crecer, por ahora, el Gobierno Nacional puede mostrar un objetivo cumplido: haber evitado el desmadre del sistema de salud y haber puesto a la Argentina en la lista de los países con mejores resultados en el manejo de la pandemia en la región y en el mundo.

No obstante, el nivel de legitimidad alcanzado inicialmente se fue debilitando con el correr de las semanas. Las razones son de distinto orden. Se combinó el desgaste lógico producto de la extensión de las medidas de emergencia, la acción de ciertos sectores que cuestionaron casi desde un comienzo la cuarentena y las debilidades propias, con errores no forzados incluidos.

Luego de una especie de estado de tregua que duró realmente poco, la forma de enfrentar a la pandemia se convirtió progresivamente en un un terreno de disputa. Analizando lo ocurrido en estos meses, el oficialismo se recostó en los logros de su política sanitaria y en las acciones de asistencia socio-económica. Apuntó a neutralizar a los sectores opositores a partir de la articulación con los dirigentes que gobiernan provincias y municipios. Pero en los hechos dejó demasiados flancos libres para quedar a la defensiva. Ante la profundización de los efectos de la crisis económica, se vio tensionado por las necesidades que afectan a muchos sectores que forman parte de su propia base de sustentación -desde los empresarios pyme hasta los trabajadores autónomos e informales- a los que no les llega la asistencia estatal o les resulta insuficiente. A su vez, en muchos momentos se vio desbordado por la iniciativa que asumió un bloque opositor que, capitaneado por los medios masivos más importantes del país y una fracción del Frente Cambiemos, logró no solo imponer diversos temas al tope de la agenda pública, sino que además logró movilizar a una minoría intensa que disputa el terreno virtual de las redes sociales y también el espacio público.

El espacio comandado por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner viene desplegando una línea de acción coherente con la orientación planteada en la campaña electoral, el discurso presidencial de asunción y en la apertura de sesiones parlamentarias: atender primero a lxs más necesitados. No obstante, junto con eso se mostró incapaz para dar respuesta ante algunas situaciones desfavorables que le planteó el bloque opositor y con poca convicción (y cohesión) para avanzar con ciertas medidas que podrían haber incrementado su fuerza relativa y otorgado al Estado importantes herramientas para intervenir en una situación que seguirá empeorando. Por un lado, salió golpeado de debates que le impusieron los sectores opositores, desde el debate sobre la libertad condicional de presxs mientras dure la pandemia hasta la necesidad de rebajar los sueldos de lxs funcionarixs políticxs, pasando por las reiteradas convocatorias a movilizaciones públicas para repudiar la cuarentena. Por otro lado, evidenció muchas dificultades para enfrentar la seguidilla de casos de inseguridad que se instaló en la agenda mediática y ofrecer una respuesta clara y contundente ante el incremento de casos de violencia policial. Mostró marchas y contramarchas en iniciativas con una fuerte carga simbólica como el impuesto a las grandes fortunas y, claro está, dejó ver tensiones y hasta contradicciones en todo lo que fue el tratamiento de la cuestión Vicentín.

Este es el marco en el que el Gobierno Nacional selló a principios de agosto el acuerdo con los bonistas privados por la deuda emitida con legislación extranjera y trató de generar un momento de quiebre en la coyuntura en virtud de renovar su capacidad de iniciativa. Algo que se puso nuevamente en cuestión con la jornada de movilizaciones opositoras del 17 de agosto.

Haber contado con una política de comunicación más agresiva para resaltar los logros en medio de la pandemia es solo una parte relativamente menor de la dificultades que el oficialismo viene mostrando para convertir a la crisis actual en una piso de oportunidades para avanzar sobre problemas de fondo que vienen de lejos y que la experiencia macrista agravó notablemente. Aunque se trata de un periodo excepcional, un análisis más detallado de algunos hitos es clave para pensar las tendencias a futuro.

 

La cuestión Vicentín: la relación con el empresariado y el punto de quiebre que no fue

El 1° de agosto el presidente Alberto Fernández firmó el decreto con el que derogó la intervención de Vicentín. Así formalizó una derrota política que estaba planteada desde hacía varias semanas y echó por tierra, al menos por ahora, la posibilidad de imponer una definición que traería beneficios para el Estado y la mayoría de la población en materia fiscal y de política alimentaria. Más allá de las cuestiones jurídicas que evidentemente el oficialismo no previó o evaluó erróneamente, se trató de una derrota política dado que el Gobierno Nacional no pudo torcerle el brazo a un Juez distrital ni imponerse al rechazo expresado desde el empresariado y un puñado de manifestantes que salieron a repudiar la medida en nombre de la defensa de la propiedad privada. Una mirada más benévola, aunque difícil de convertir en herramienta para la acción política en el corto plazo, habla de que con la anulación de la intervención el gobierno no renuncia al objetivo final y que redirecciona su estrategia hacia la confrontación judicial a través de los diversos organismos públicos en condiciones de demandar a la cerealera.

Sea como sea, es difícil encontrar algún saldo positivo en esta contienda sobre la que, desde un comienzo, el gobierno evitó construir cualquier tipo de épica, no apuntó a darle visibilidad a los actores que sí respaldan una medida de tales características y que, por el contrario, puso de manifiesto divergencias internas de distinto tipo.

Entre tanto, sería un error desvincular las tensiones generadas con el intento de intervenir y expropiar Vicentín del gesto llevado a cabo por el presidente en el acto oficial por el Dia de la Independencia, que tanto revuelo generó en las filas -y en sectores afines- del FDT, en particular luego de la intervención de CFK. La presencia en aquel acto, casi en exclusiva, del llamado Grupo de los 6 estuvo pensada como una respuesta ante la convocatoria callejera impulsada por la oposición para ese mismo día y como un signo de respaldo de cara a la negociación de la deuda. Pero sobre todo pretendió representar una señal conciliatoria con la cúpula empresaria. Si recordamos que en esos días el oficialismo impulsó y aprobó en el Congreso una Ley para regular el teletrabajo, con la cual las entidades empresariales no estuvieron de acuerdo, podemos decir que, aunque las acciones tienen un peso relativo muy distinto, el hilo conductor es búsqueda casi denodada por encontrar niveles de concertación que del otro lado no han encontrado un eco comparable.

En este marco habría que interpretar también los gestos y acercamientos que han existido con el denominado Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), la nueva coordinadora de grandes empresas vinculada al agro y a la producción de alimentos, que pugna por una nueva ley para reimpulsar el comercio exterior en el sector. Las aristas de esos gestos son variadas. El peso específico de los actores económicos reunidos en este Consejo, y por ende su capacidad de lobby, son innegables. A su vez, la no participación de la Sociedad Rural es funcional a la estrategia de fragmentar a las entidades agropecuarias. Eso explica que en un par de semanas, los representantes del CAA se hayan entrevistado con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con la titular del Senado, Cristina Fernández, y con el propio presidente de la Nación. Sin embargo, para un gobierno que ha insistido en que el pilar de la reactivación económica y de la redistribución del ingreso es el mercado interno, la propuesta de los sectores vinculados al agronegocio augura más que nada contradicciones.

Lejos de plantear una lectura maniquea que le dé la razón a quienes postulan la existencia de posturas divergentes entre un ala acuerdista, encarnada en Alberto Fernández, y un ala radicalizada encabezada por la vicepresidenta, las exploraciones que buscan estrechar lazos con distintos sectores del empresariado local no son monopolio del presidente y su entorno más cercano. Ya son bien conocidos los puentes que, sobre todo Sergio Massa, viene tendiendo con varios empresarios de los grandes y el rol de interlocutor asumido por Máximo Kirchner. Más allá de las reuniones y las operaciones mediáticas, de lo que se tratará de cara al futuro inmediato es de como se gesten las condiciones de esos vínculos y de si en el FDT primará la tendencia, que se impuso por ahora, de administrar lo existente o se pretenderá imponer nuevas reglas de juego que permitan avanzar en un modelo de desarrollo autónomo y con mayores niveles de igualdad.

 

La agenda de la seguridad y los debates internos

Desde el inicio del gobierno del Frente de Todxs, más precisamente desde el 10 de diciembre, se supo que en el terreno de la seguridad interior iba a haber problemas políticos. La elección de Sergio Berni y la de Sabina Frederic expresó la fantasía de pretender cambiar el rumbo propuesto a nivel nacional por la gestión Cambiemos, a cargo en su momento de Patricia Bullrich, y apostar a una especie de continuidad en provincia de Buenos Aires.

Sergio Berni desde el día dos de gobierno eligió a su par nacional para confrontar y mostrarse como ministro omnipresente. Lejos de un debate de ideas o propuestas, fue una forma eficaz de autoconstrucción para mantenerse de gira en la televisión, haciendo espectáculo policial, cuestionando la autoridad presidencial y provincial y tirando leña al fuego a los fantasmas de siempre: aumento de la violencia, descontrol en el Conurbano, salida de presos, falta de efectivos, entre otros clichés que denotan más su falta de gestión que un diagnóstico preciso.

Por otro lado, la seguridad vuelve a emerger como preocupación social y se ha vuelto un terreno desde el cual la oposición, sobre todo Patricia Bullrich y los grandes medios, se montan para criticar al gobierno. Alberto Fernández quiere evitar que la seguridad se consolide como problema y que su gestión quede como incapaz de hacerse cargo, por eso se ha puesto en marcha en el último mes un despliegue importante de fuerzas federales en el Conurbano para contener la situación. La composición heterogénea del Frente de Todos habilita la presencia en simultáneo de Frederic (perfil bajo y trayectoria académica) y de Berni (ex soldado y superministro). Desde el oficialismo se  habla de una estrategia a dos puntas que “contiene” por derecha y por izquierda. Sin embargo, queda preguntarse si no se trata más bien de una debilidad política, por la imposibilidad de tomar un rumbo claro en la materia. De hecho, algo de esto volvió a aparecer en las miradas opuestas que la ministra Frederic y Sergio Massa plantearon ante la proliferación de la toma de tierras en diversas ciudades del país.

Hasta ahora la elección de Berni no sólo resultó costosa desde lo simbólico, por su apuesta permanente a mediatizar la inseguridad y hacer política con un problema complejo y doloroso para la población sin proponer soluciones. Además, mostró en muy poco tiempo, los límites de una política que no se propone enfrentar el problema más importante que tiene la provincia: la policía bonaerense.

La desaparición de Facundo Astudillo Castro puso sobre la mesa un problema histórico y estructural de la democracia, la violencia policial y su trama oscura de encubrimientos, que tiene como principal aliada a la justicia. Los más de 100 días de desaparición y la forma en la que la madre (ya una tradición nacional) tuvo que ponerse al frente de la investigación y enfrentar el encubrimiento, no solo policial sino también político, demostraron la forma impune en la que se maneja la policía y la falta de decisión política del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires para colaborar en la búsqueda y apartar a los policías involucrados. Además de que Berni se encargó varias veces de cuestionar a la madre, de dar indicios de que Facundo estaba haciendo algo mal al momento de su desaparición y sin un claro discurso condenatorio hacia la fuerza en pos de prevenir futuras situaciones.

Este caso no sólo supone un duro golpe para al FDT por el hecho de tener un desaparecido en menos de un año de gobierno. Un ministro que no está a la altura de las circunstancias y que pone tanto al gobernador como al presidente a encargarse personalmente del tema deja al descubierto la falta de estrategia política. La estrategia de designar a Berni como un “hombre duro” para contener y conducir a la policía más grande del país para ahorrarse problemas políticos, se mostró ineficaz  para contener el incremento de hechos de inseguridad y colocó el problema en el centro de las preocupaciones políticas ¿Qué hacer con Berni cuando ya lanzó su campaña 2021? ¿Por qué sostener un ministro que encubre policías acusados de una desaparición forzada en democracia? Son interrogantes cruciales para el oficialismo.

 

 

El acuerdo por la deuda y la recuperación de la iniciativa

El acuerdo alcanzado con los acreedores privados que poseen bonos emitidos con legislación extranjera constituyó un acontecimiento político de primer orden. En términos económico-financieros -cuestión que analizamos en un material especial difundido por nuestra Oficina- lo más saliente, como se sabe, está dado por la postergación de los vencimientos -un alivio muy significativo para todo el mandato de AF- y la baja en los intereses -de 7 a 3,1% en promedio- para esta parte de la deuda que constituye el paquete más grande (U$D 67000 millones). Si sumamos el tratamiento equitativo a los acreedores que poseen bonos bajo legislación local, el acuerdo también encaminó la negociación referida a ese otro segmento (U$D 41700 millones), que además se tramitó con respaldo parlamentario.

O sea, más que hablar de un “ahorro” de recursos que el Estado argentino actualmente no tiene, el primer saldo de la negociación con los acreedores privados pasa, ni más ni menos, por haber ganado tiempo. El saldo final en verdad se verá en los próximos años y dependerá de qué políticas se apliquen de acá en más para reactivar la economía y atacar los efectos más graves de la pandemia. Ese resultado también está atado al esquema final que se logre una vez negociado el acuerdo con el FMI (U$D 44000 millones), que según su estatuto no acepta quitas y que sólo ofrece la posibilidad de cerrar un nuevo programa de pagos. Su historia hace pensar que será difícil que el fondo no pretenda imponer condiciones que atentan contra una senda de desarrollo que apunte a reparar los actuales niveles de desigualdad y garantice mayores márgenes de autonomía para el país. Habrá que ver si en este caso, a diferencia de lo que ocurrió en la negociación con los bonistas en la que el contexto de crisis global no generó grandes movimientos en la forma en que la Argentina planteó su posición, la pandemia determina algún cambio en la conducta histórica de ese organismo.

En términos más estrictamente políticos, el Gobierno Nacional salió fortalecido del acuerdo alcanzado de cara a las disputas del día a día. Pudo hablar de un objetivo cumplido entre las tareas que había planteado desde un comienzo como determinantes para empezar a planificar una salida a la crisis económica. También tuvo elementos para sostener que negoció con firmeza y racionalidad a la vez, puesto que mejoró varias veces su oferta pero al final pudo plantear que los acreedores “cedieron más”. Fortaleció la figura de su Ministro de Economía, Martín Guzmán, principal espada en la negociación, y cuya legitimidad depende casi exclusivamente de esta cuestión. Y, por último, pudo acallar las críticas y, hasta lograr el reconocimiento, de los economistas liberales y de las principales voces de la oposición mediática.

En este marco, y más allá de las medidas aplicadas para asistir a desempleadxs, trabajadorxs y empresas que más sufren las consecuencias de la cuarentena, el oficialismo comenzó a trazar algunos ejes de acción que se pueden agrupar en torno a tres objetivos centrales: reactivar la actividad económica, atender derechos postergados de sectores que forman parte de su base actual o potencial de sustentación y atacar, por lo menos parcialmente, el poder creciente que la corporación judicial ha demostrado tener para incidir en los procesos políticos. En todos los casos, vale decir que se tratan de iniciativas que formaron parte de las propuestas de campaña y que tienen un lugar destacado en el discurso presidencial.

Si tenemos en cuenta la propuesta enviada al Congreso para reformar la Justicia Federal, muy probablemente sea la primera acción emanada del Ejecutivo que implica una confrontación más clara con sectores del poder fáctico y que más se puede correr de la vía del diálogo, cultivada como un valor sustancial por el propio presidente. Con media sanción en el Senado, esta iniciativa se transformó en objeto de una disputa significativa a partir del rechazo frontal suscitado en sectores del Poder Judicial y desde la oposición política y mediática. El gobierno no sólo pone en juego la posibilidad de imprimir en el mediano plazo algunos cambios progresivos en el Poder Judicial, también va a jugar una pulseada relevante ante el intento de obstrucción por parte de la oposición política y la campaña mediática desplegada en su contra, que incluyó el tema entre las difusas consignas de las concentraciones del 17 de agosto. Hay que agregar que es una apuesta que está teñida de una identificación importante con la figura del presidente. Más aún luego de las declaraciones públicas de CFK restándole relevancia al proyecto.

La obra pública y lo que hace al impulso de la construcción de viviendas y la urbanización de barrios populares viene ocupando un lugar creciente en la iniciativa gubernamental, aunque está por verse la magnitud que termina teniendo en materia de recursos. En medio del parate fenomenal de la economía, estas acciones constituyen una herramienta fundamental para ponerla en marcha y generar empleo directo e indirecto (se estima que solo con el Programa Procrear se pueden generar 300 mil). También le permite al oficialismo tender puentes con lxs gobernadores e intendentes, sean o no del FDT. El rol del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, encabezado por María Eugenia Bielsa, empieza a tomar notoriedad. Va a ser clave para coordinar y garantizar una serie de programas a los que debería volcarse una masa de fondos significativa.

El Gobierno Nacional también promovió una serie de leyes orientadas a ampliar derechos y a garantizar, en otros casos, condiciones mínimas que pongan un freno a condiciones cada vez más adversas. Medidas como la Ley de alquileres o la Ley de teletrabajo -que comenzará regir concluido el aislamiento social- tienen esa orientación y han sido acciones importantes en medio de la pandemia, aunque hay que ver la capacidad de control y la voluntad de aplicación que disponen los organismos estatales implicados. En la misma línea, pero con un alcance mucho mayor hay que ubicar al lanzamiento del Plan nacional contra la violencia de género.

Un párrafo aparte merece la definición de restablecer el carácter de servicio público a la provisión de internet y a la TV paga (cable o satelital), colocar bajo esa condición también a la telefonía celular y suspender hasta fin de año el aumento de tarifas que venían tratando de imponer las empresas del sector, con el Grupo Clarín a la cabeza (Cablevisión-Telecom). Esta medida, tomada mediante un DNU, implica, por un lado, atender una necesidad en medio de la pandemia ya que la conectividad a internet se volvió una herramienta imprescindible para acceder a la educación, a la salud y también para desarrollar tareas laborales desde los hogares. Por otro lado, significa una mayor capacidad del Estado para regular un área cada vez más relevante en términos sociales y económicos. Finalmente, abre un nuevo frente de disputas con el bloque opositor (y también algunas tensiones en el campo propio).

 

Los pesos y contrapesos en el FDT

La coalición gobernante tiene dos particularidades evidentes y constitutivas: el nivel de heterogeneidad y la sociedad para la conducción que supone el tándem Alberto-Cristina. Con el correr de los meses, se empezó a clarificar un mapa interno que describimos muy sintéticamente. El polo que responde al liderazgo de la vicepresidenta sigue siendo el más consistente. Junto a ese espacio se distinguen otros. En primer lugar, aquellos que se encolumnan, de un modo más o menos estrecho, con el presidente (miembros del gabinete, una parte del peronismo de la Caba, algunas organizaciones sociales como el Movimiento Evita). Parte de estos sectores están debatiendo sobre el nivel de articulación que deben tener como corriente del FDT. En segundo lugar, los gobernadores peronistas y sus estructuras locales, que más que operar como un bloque en sí mismo, se diferencian por la mayor o menor afinidad con una de las dos figuras centrales, sin entrar en conflicto con ninguna. En un sentido similar hay que ponderar la ubicación de las principales estructuras sindicales. Con poca presencia directa en el Ejecutivo y el Legislativo, poseen un peso específico innegable. Con una mayoría de dirigentes que se identifica más con AF que con CFK, no hay que perder de vista la ascendencia que la vicepresidenta ha evidenciado tener entre las bases. En cuarto lugar, ubicamos a la figura de Massa y a los funcionarios que vienen del Frente Renovador. Aquí hay que remarcar que durante los últimos meses la visibilidad pública del presidente de la Cámara de Diputados ha crecido notoriamente, su cargo le dio formalmente el tercer lugar de referencia política en el FDT, cosa que ratificó en los hechos. Lejos de estar aislado de las principales decisiones del frente, aparece implicado en la mayoría. Esto no puede explicarse sólo porque la agenda legislativa del oficialismo tuvo algunos hitos trascendentes que requirieron de su capacidad de negociación, también es evidente que Massa le sumó al vínculo previo con Alberto Fernández una relación cada vez más consolidada con la dirigencia kirchnerista. Finalmente, con un peso menor, en el mapa del FDT hay que ubicar a ciertxs funcionarios de primera y segunda línea (Gómez Alcorta, Lammens, Lozano, Donda) que no responden directamente ni a AF ni a CFK ni a Massa y a un arco de organizaciones sociales y sindicales (MTE, MPLD, UTT, CCC, Barrios de Pié, CTA-A) que se mueven en la órbita del oficialismo pero mantienen niveles de autonomía.

El frente gobernante funciona sin ningún tipo de institucionalidad más allá de las instancias que hacen a la estructura de los poderes del Estado. Por eso depende de la capacidad de maniobra y los acuerdos tejidos sobre la marcha entre las principales figuras. A lo largo de estos meses marcados por las medidas de emergencia, el FDT estuvo lejos de las tensiones internas que los medios opositores describen mediante sus editorialistas. Si bien las diferencias y hasta los contrapuntos públicos no estuvieron ausentes -vale mencionar la cuestión de la inseguridad, el impuesto a las grandes fortunas o la falta de acuerdo respecto de la presencia de la cúpula empresaria en el acto del 9 de julio- prima más bien el equilibrio entre los componentes de mayor peso, al cual por ahora todos siguen apostando, aunque por momentos tal equilibrio derive en la dificultad para dar respuestas acordes a los retos de la coyuntura.

En esa dinámica vale resaltar dos cosas. En primer lugar, en muchos casos el presidente concentra más la comunicación que la toma de decisiones. El caso del aumento de los combustibles es un ejemplo cabal: funcionarios del área económica y de YPF salieron a instalar la necesidad de un aumento, luego la decisión final pasó por el tamiz de AF, pero casi como un hecho consumado. Asimismo, sin referencias fuertes en el gabinete y con el objetivo de alimentar un perfil más abierto en comparación con el que profesa CFK, Alberto Fernández sigue siendo no solo el principal vocero del gobierno, sino que muchas veces termina siendo el único. La constante presencia en los medios de comunicación genera un efecto de cercanía, pero en paralelo devalúa la palabra presidencial. A menudo Fernández termina comentando la realidad en lugar de utilizar sus apariciones para marcar terreno a partir de la agenda del gobierno, marcar posturas claras sobre temas menos cómodos y señalar orientaciones bien elaboradas que dejen poco margen para la manipulación. En ese contexto, mientras exista ese vacío de voces legitimadas en el gabinete, CFK mantenga el perfil bajo -o utilice sus apariciones solo para marcar las diferencias- y la política del FDT no desborde las instancias institucionales, quien está en mejores condiciones para seguir ganando espacio es Sergio Massa. En segundo lugar, al mismo tiempo, la fortaleza interna del polo kirchnerista es innegable. No solo porque cuenta con la única figura capaz de marcarle el paso al presidente con sus intervenciones públicas y es el único sector con peso específico en las principales instancias institucionales y en la mesa chica del FDT que más allá del eufemismo funciona formalmente. En el último tiempo, la fracción que responde a la vicepresidenta avanzó un casillero, relevante para el equilibrio interno, como el nombramiento de Darío Martínez como Secretario de Energía y, sobre todo, con el traspaso de esa dependencia del Ministerio de Producción (Kulfas) a Economía (Guzmán).

Finalmente, en las últimas dos semanas de agosto se registraron algunos hechos que pueden significar un cambio de tendencia en la acción del frente gobernante. Tanto la definición de avanzar en el Congreso con la Reforma Judicial, por más que no cuente con el aval de otros bloques, como el DNU que dispone el carácter de servicio público esencial en competencia de las telecomunicaciones, y hasta el ataque verbal de Alberto Fernández a Mauricio Macri, le imprimen al accionar del gobierno una tónica diferente de la que mostró durante buena parte de la cuarentena. Línea de acción que se ratificó con el dilatado envío al Congreso del proyecto para gravar de manera extraordinaria a las grandes fortunas. El tiempo dirá si se trata de un cambio durable o apenas un momento de firmeza ante la avanzada opositora.

 

Descargá la Parte 2 completa aquí:

El rol del Gobierno Nacional y los equilibrios internos del FDT


Consideraciones generales

Parte 1. La profundización de la crisis socio económica

Parte 3. El bloque opositor o Sobre el bloque opositor

Parte 4. La interna sindical y el rol de los movimientos sociales

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