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El Gobierno del Frente de Todxs entre la corrida cambiaria, el “ordenamiento fiscal” y el impuesto a las grandes fortunas

 

El gobierno del Frente de Todxs (FDT) cumple su primer año de gestión en un escenario cambiante y complejo. Lejos de generar un momento de mayor concertación y diálogo, la pandemia dio paso a una dinámica política y económica caracterizada por la confrontación. En la segunda parte de este 2020 el oficialismo alternó momentos de desorientación con otros en los que pudo recuperar la iniciativa, aunque lejos de lograr imponer condiciones por un tiempo prolongado. Sin poder concretar su premisa de avanzar por el sendero del diálogo y la concertación entre los principales actores económicos, sociales y políticos del país, con el Estado como gran articulador y garante, su estrategia principal quedó a mitad de camino. De todos modos, el  análisis de lo ocurrido en los últimos dos meses da cuenta de que esa estrategia sigue en pié y explica buena parte de las acciones más relevantes de la coalición gobernante.

La crisis económica agravada por la pandemia ha golpeado muy fuerte en los sectores más vulnerables del pueblo trabajador y en gran parte de las pequeñas y medianas empresas. Los datos de pobreza y desempleo llegaron a mitad de año a los niveles máximos de la última década y media. Algo que supone un desafío extra para un espacio político que accedió al gobierno canalizando el descontento por los resultados económicos de su antecesor y levantó la consigna de “primero los últimos”.

En este marco, los medios de comunicación dominantes, la derecha política, gran parte de la cúpula empresaria y de la corporación judicial mantienen una oposición sistemática con el objetivo de debilitar y condicionar al Gobierno Nacional. Más allá de las posturas ideológicas y de los intereses históricos que ligan a esos grupos privilegiados, lo que está en juego en la coyuntura actual es sobre qué espaldas recaen los costos de la profunda crisis que está en curso y si hay margen para una salida que imponga condiciones más regresivas para las mayorías.

El Gobierno parece corrido del rol que enunció a comienzos de la cuarentena cuando Alberto Fernández sostuvo que “era el momento del Estado” y que en medio de semejante debacle las posibilidades de reactivación iban a depender de amplificar el volumen de su intervención para defender el empleo y apuntalar el mercado interno. El exiguo aumento aplicado en el salario mínimo vital y móvil y en los salarios del sector público; la falta de actualización de los montos en el IFE, su aplicación bimensual y el anuncio de su interrupción; la definición de no seguir emitiendo moneda y compensar el déficit fiscal con endeudamiento; y la poda de los gastos de asistencia por la pandemia en el presupuesto 2021 en nombre de un “ordenamiento fiscal”, marcan un camino de austeridad y abren un gran interrogante para el futuro próximo.

En momentos en que desde el oficialismo se pretendía dar señales fuertes de un relanzamiento que dejara a las urgencias generadas por la gestión de la pandemia en un segundo plano, en septiembre se consolidó la corrida contra el peso promovida por sectores del gran empresariado para imponer una devaluación brusca. Desde entonces, ese hecho marcó el pulso de la coyuntura y concentra la atención del equipo gubernamental.

El acuerdo que el Gobierno Nacional está negociando con el FMI es otro factor clave para entender su gestualidad y sus acciones. Incluso desde antes de asumir, Alberto Fernández colocó al proceso de renegociación de la deuda externa como un paso necesario para poner en pié la economía. El ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantó que pedirá un programa de facilidades extendidas que supondrá un acuerdo de metas fiscales, monetarias y financieras. En un contexto de necesidades mayores a las previstas, no hay que descartar incluso que la estrategia del Gobierno incluya un pedido de fondos al FMI o a otros organismos multilaterales. Una vez más, habrá que preguntarse por cuáles serán los condicionantes.

En medio de un panorama global que sigue siendo sombrío, el oficialismo se apoya en algunos hechos para mirar el futuro próximo con un moderado optimismo. Desde la posibilidad de comenzar en pocas semanas con un gran plan de vacunación contra la Covid-19 hasta los signos de recuperación industrial registrados luego de un segundo trimestre caracterizado por un desplome generalizado. Pasando por la tendencia alcista en el precio de la soja, la unidad que se percibe en el frente gobernante, que más allá de algunos debates internos no muestra peligros de escisiones, y el triunfo del MAS en Bolivia, que aporta un gobierno aliado en la región y legitima la política que el FDT se dio hacia Evo Morales y otros dirigentes de ese país a los que les dio asilo. Todos aspectos cuyo desarrollo serán cruciales en los meses que vienen.

 

De la corrida cambiaria al acuerdo con el FMI

Una vez que la pandemia de coronavirus dió paso a las medidas de emergencia, los objetivos y las políticas que el Gobierno Nacional delineó en el frente económico y financiero pueden sintetizarse de esta manera. (1) Asistir, sobre todo mediante la emisión monetaria, a lxs trabajadores formales e informales y a las empresas afectados por la pandemia para contener la destrucción de puestos de trabajo, apuntalar el mercado interno y lograr una reactivación lo más pronto posible; (2) congelar tarifas y garantizar precios máximos para que no se dispare la inflación ni se genere una crisis social más profunda; (3) mantener los controles de cambio e implementar microdevaluaciones para no tener problemas con el valor del dólar, cuestión que en Argentina no remite sólo al plano económico sino también a la estabilidad política. Para la aplicación de esa hoja de ruta el Gobierno apeló a la negociación con -y entre- las entidades empresarias y las organizaciones gremiales.

En los últimos dos meses, ese esquema de objetivos y acciones comenzó a alterarse producto de presiones que se despliegan mucho más por “arriba” que por “abajo”. Así como sectores exportadores y del capital financiero redoblaron la apuesta por una devaluación, las empresas de servicios públicos presionan por aumentos en las tarifas y las que producen bienes y servicios esenciales pretenden una liberalización de los precios. Las negociaciones abiertas con el FMI es clave para entender el escenario de operaciones, todo indica que la estrategia del oficialismo es hacer “buena letra” antes para que figuren pautas menos coercitivas en el acuerdo. En simultáneo, el gobierno ve en los primeros signos de reactivación la posibilidad de aligerar la carga sobre los recursos estatales. La impronta del presupuesto 2021, que contempla una apuesta por bajar drásticamente el déficit fiscal a partir de la poda de los “gastos Covid-19” y una módica actualización en jubilaciones y salarios del sector público, también responden en gran medida a esa estrategia. La definición de frenar la emisión de pesos tiene un efecto en la pretensión de achicar el déficit fiscal y a su vez en la búsqueda de aminorar la demanda de dólares “ahorro” que en muchos casos se vuelcan al paralelo aprovechando la ampliación de la brecha.

En los últimos dos meses, la política para contener la corrida contra el peso y evitar una devaluación brusca se transformó en el objetivo principal y más inmediato del oficialismo. Con la premisa de que una brusca devaluación del peso significaría otro terrible golpe para los sectores populares, hay que decir que el Gobierno del FDT se mantuvo firme en esa posición.

Su política, no obstante, se mostró errante y evidenció diferencias en el equipo económico. En un primer momento apuntó a engrosar las reservas del Banco Central estableciendo más regulaciones para el acceso al dólar y medidas para alentar las exportaciones y la rendición de las divisas por parte de los agroexportadores. El presidente del BCRA, Miguel Pesce, y la Vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, fueron las caras visibles de esa orientación. Sin resultados positivos en el intento por achicar la brecha entre la cotización del dólar oficial y las operaciones paralelas legales e ilegales (contado con liquidación, dólar bolsa y blue), en un segundo momento, el Gobierno cambió de estrategia. Pasó a privilegiar la implementación de instrumentos de inversión (bonos de deuda en dólares y en pesos atados a la cotización oficial) para que actores locales y extranjeros que operan en el sistema financiero se corran de las operaciones especulativas con el precio del dólar y apunten a otro tipo de operaciones. A la cabeza de esta segunda línea de acción está el Ministro de Economía, Martín Guzmán, quien logró -al menos por ahora- contener la situación y de esa manera apuntalar su capital específico en el equipo gobernante.

Entretanto, desde el Gobierno Nacional nunca se abandonó ni el discurso ni la disposición a construir acuerdos con la cúpula empresaria, aunque ese camino no había tenido los resultados pretendidos. Agosto había marcado un hito contradictorio en esa relación puesto que en pocas semanas, el oficialismo había aprobado una ley para regular el teletrabajo, decretado el carácter de servicio público de internet, la telefonía celular y la TV por cable, y había enviado al Congreso el proyecto del impuesto extraordinario a las grandes fortunas. Todas medidas que no contaron con el beneplácito empresario o que incluso generaron un rechazo explícito.

Cuando las pujas abiertas en el plano cambiario, de precios y tarifas, sumadas a la inminencia de la negociación con el FMI reacomodaron el tablero, la estrategia oficial consistió en dar señales inequívocas de que estaba resuelto a no ceder ante la presión devaluatoria, pero a su vez dio pasos contundentes para demostrar que estaba dispuesto a negociar e incluso hacer concesiones en otros planos. La carta pública circulada por Cristina Fernández el 27 de octubre vino a bendecir -entre la debilidad y la advertencia- una línea de acción que está en el origen mismo de la conformación del FDT y de la candidatura de Alberto Fernández. Desde ese doble punto de referencia -estrategia original y urgencias del momento- hay que analizar la reunión entre el ministro Guzmán y los representantes de AEA, las mesas de trabajo con las principales cámaras empresarias -donde se discute por ejemplo una nueva ley para promover las exportaciones del agro– e incluso las reuniones personales que el presidente viene manteniendo con empresarios clave.

“Tranquilizar la economía”, esa expresión terapéutica utilizada tantas veces por el ministro Guzmán puede resumir bien la dirección que el gobierno le imprimió a sus acciones en este contexto. De “ponerse al hombro la reactivación” pasó a dar por garantizado un piso de contención en medio del retroceso social y económico y a apuntalar desde un papel más subsidiario la reactivación de los sectores más dinámicos. En paralelo, se esmeró en dar señales de que no habrá derroche y de que primará el equilibrio en el manejo de los recursos. La premisa de “tranquilizar la economía” está en la base de las declaraciones que intentan desalentar -al menos por ahora- las expectativas de recomposición salarial, la aplicación de la fórmula de actualización de las jubilaciones que -en un contexto de alza de precios- no contempla el índice inflacionario y, como ya señalamos, la definición de llevar al mínimo posible la emisión monetaria. No obstante, ese hilo conductor también llega hasta otro tipo de definiciones, como la dilación del tratamiento del impuesto a las grandes fortunas, y de medidas como el desalojo violento a la toma de tierras de Guernica (y muchos otros). Aunque transite por otro carril, la señal de ese hecho fue contundente: no hay lugar para los desbordes ni para dudar sobre el respeto a la propiedad privada.

 

La agenda de la producción y la reactivación económica

Mientras daba pelea contra la corrida cambiaria, el Gobierno Nacional trató de construir una agenda vinculada a la producción y el crecimiento con la idea de apuntalar la reactivación de las actividades que pueden ser motor de un repunte sostenido de la economía. Para eso desempolvó la fórmula del Acuerdo Social y Económico, propuesta en campaña por Alberto Fernández, presentó los lineamientos básicos de las políticas públicas que pretende aplicar, delineó planes de fomento en áreas clave y tomó definiciones para proyectar la “nueva normalidad”, colocando en un lugar muy relevante a la próxima temporada turística de verano.

El 19 de octubre el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el de Trabajo, Claudio Moroni encabezaron la presentación del Acuerdo Económico Social junto con cien empresarios y dirigentes sindicales. Los términos que más se repitieron en los discursos de ambos funcionarios fueron: “desarrollo”, “crecimiento”, “acuerdos”, “diálogo” y “previsibilidad”. En ese marco también se pusieron en marcha una serie de mesas de trabajo sectoriales.

Entre los asistentes se destacaron el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo; el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y portavoz del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), José Martins; el titular de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Ivan Szczech; el presidente de la Confederación General Empresaria (Cgera), Marcelo Férnandez; el titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja; el secretario general de la CGT, Héctor Daer, y su par de la CTA, Hugo Yasky.

En el encuentro se presentaron diez puntos de consenso sobre los cuales Estado, empresarios y sindicalistas se comprometen a trabajar de acá en adelante: exportar más, para generar más divisas y financiar el crecimiento económico; ningún sector productivo sobra, todos son importantes; mercado interno versus mercado externo es una falsa antinomia; no hay futuro sin políticas productivas; ninguna política productiva será sustentable sin dimensión ambiental; una macroeconomía estable ayuda al desarrollo productivo; sin mejorar la productividad, no bajaremos ni la pobreza ni la desigualdad; una buena política productiva debe reducir las brechas de género; la apertura comercial no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que debe ser utilizada de manera inteligente; toda política de desarrollo productivo debe ser una política de desarrollo regional.

Cabe señalar el protagonismo que en dichas iniciativas y eventos vienen teniendo las entidades que nuclean al gran empresariado en detrimento de sectores pequeños y medianos, que son los que más empleo generan. Por otra parte, tiene sentido indicar que el retiro progresivo de los programas de asistencia para trabajadores formales e informales -IFE Y ATP- puede dificultar en los hechos la tenue recuperación económica que está en marcha. En las últimas semanas el Gobierno Nacional anunció dos decisiones que sirven para ilustrar cómo piensa el rol del Estado en esta nueva etapa y muestran el tipo y el volumen de asistencia prevista de aquí en adelante. Mediante un DNU, el presidente Fernández extendió la prohibición de despidos y suspensiones en el sector privado hasta enero inclusive. En tanto, el Ministerio de Trabajo anunció el relanzamiento del Programa de Recuperación Productiva (REPRO II), que entregará $9000 por cada trabajador/a de empresas en crisis, que no efectúen despidos.

Entre las iniciativas que el Gobierno impulsó para favorecer las inversiones en sectores estratégicos hay que destacar la llamada Ley de economía del conocimiento y el Plan de promoción para la producción de gas. Dicha ley, aprobada pese al rechazo de Juntos por el Cambio, establece mecanismos de fomento que varían según se trate de empresas pequeñas, medianas y grandes, dedicadas al software, servicios informáticos y digitales, la biotecnología, y la industria aeroespacial y satelital, entre otras. El llamado “Plan Gas 4” pretende aumentar fuertemente la producción para evitar un fuerte incremento en la importación de gas licuado que podría producirse a causa del parate de la actividad producto de la crisis económica y apunta a atraer inversiones privadas para desarrollar todas las cuencas del país y, en especial, Vaca Muerta. Con este objetivo el Ministerio de Economía puso en marcha una agenda de acuerdos con sindicatos y las cámaras involucradas en la actividad.  El Estado Nacional destinará una masa importante de subsidios (incluídos en el presupuesto) e YPF tendrá un rol central.

Durante el último mes desde el Ejecutivo Nacional se dieron a conocer los protocolos para habilitar la actividad gastronómica, artística y hotelera en los destinos turísticos de todo el territorio. En ese contexto, quedó permitida la entrada al país de turistas provenientes de países limítrofes y los vuelos interprovinciales. Más allá de las evaluaciones respecto de que para el verano se contará con la vacuna contra el Covid-19 y de las proyecciones que indican una merma en el ritmo de los contagios en casi todo el país, no hay dudas de que en estas disposiciones hay mucha valoración económica dado que están involucradas actividades que fueron profundamente dañadas por la pandemia y están implicadas muchísimas ciudades en las que el turismo está entre sus principales fuentes de ingresos.  En efecto, desde el Ministerio de Turismo no sólo se viene regulando el proceso de habilitación, sino que también se han impulsado herramientas para fomentar los viajes por vacaciones.

 

Reactivar al Gobierno

Hace al menos dos meses que la gestión de la pandemia dejó de ocupar el lugar prioritario que tuvo hasta entonces en el discurso, las acciones y la agenda del Ejecutivo. AF empezó a recorrer el país para mostrar un Gobierno activo, dejó atrás las filminas y abundaron los anuncios y las inauguraciones de obras públicas y privadas.

Entre los elementos que le dan sustento a ese cambio de impronta, hay que ubicar a las actividades que se dieron en el marco del 17 de octubre. La coalición de gobierno, y en especial la figura de AF, se fortalecieron porque pudieron mostrar un apoyo callejero que hasta ese momento se había aplazado en medio del debate por las movilizaciones anti-cuarentena y porque -más allá de las disputas esperables- hubo  señales de unidad en el peronismo.

El vacío que implicó la ausencia de CFK en el acto realizado en la CGT se llenó días más tarde con su carta del 26 de octubre. A su modo, respaldó al presidente, enfatizando que los aciertos y errores son responsabilidad suya. Además remarcó que la necesidad de establecer acuerdos con los principales actores del poder económico no es sólo una idea de AF y su equipo económico. Como en otras apariciones, la mezcla de ambigüedades y certezas le permitió dejar contenidos a los distintos sectores de su espacio político y generar un debate mediático que se extendió durante días.

El gobierno viene diversificando y ampliando su iniciativa, pero no logra sostener temas en la agenda pública. Las medidas que representan mejoras concretas y/o acciones significativas para una parte importante de su base social han tendido a diluirse en medio de un contexto social y económico tan desfavorable. Pero tampoco son objeto de un trabajo comunicacional y pedagógico suficiente. Vale mencionar lo ocurrido con la definición de internet, la telefonía celular y la TV paga como servicios públicos, con el aporte extraordinario de las grandes fortunas o con la incorporación de casi un millón de niñxs a la AUH.

En ese marco contradictorio, el oficialismo pretendió hacer del 17 de noviembre un momento de quiebre. El haber avanzado con el tratamiento en Diputados del proyecto que grava por única vez a las principales fortunas del país y con la reforma a la Ley de manejo del fuego, en simultáneo a la presentación del proyecto para legalizar el derecho al aborto, intenta mostrar a un Gobierno fortalecido y con margen de maniobra. El hecho de que haya sido una apuesta con movilización callejera incluida, refuerza ese mensaje hacia propios y ajenos.

El impuesto extraordinario a las grandes riquezas incluye pautas para la utilización de los recursos recaudados. Se destinarán a seguir haciendo frente a la pandemia, a subsidios para jóvenes, a urbanizar barrios populares y a apuntalar la producción de combustibles. Más allá de eso, puede ser el primer paso para discutir una reforma progresiva en el sistema tributario. Los cambios introducidos a la Ley de uso del fuego impondrán fuertes regulaciones para desalentar los incendios intencionales. Es una norma fomentada desde colectivos y organizaciones ambientales. La aprobación de estas leyes fortalece al polo del FDT organizado en torno al liderazgo de Cristina, más aún es un espaldarazo para Máximo Kirchner, autor de ambos proyectos. La presencia de varios ministros en la sesión, intentó demostrar que el oficialismo había cerrado filas en estos temas.

La cuestión del derecho al aborto merece un párrafo aparte. En lo que va del año el Gobierno incorporó aspectos importantes de la agenda feminista y los tradujo en una serie de medidas que están en sus primeras etapas o en proceso de aplicación, No obstante, la presentación en el Parlamento del proyecto de ley por parte del presidente supone un hecho político en sí mismo. Por los sectores religiosos que se oponen abiertamente, muchos de ellos aliados al gobierno del FDT y porque fue una promesa de campaña que de no cumplirse dañaría la credibilidad del gobierno entre una parte de su base. Dado que esta demanda ha sido uno de los pilares de la masividad alcanzada por el movimiento feninista en nuestro país -que de hecho ha sostenido la movilización para reclamar sobre este tema-, seguramente el debate en el Congreso  será un momento crucial no solo para la coyuntura sino muy probablemente para el mandato presidencial de AF.

En la zaga del “relanzamiento”, hay que ubicar asimismo al primer cambio ministerial en el Gobierno del FDT. La asunción de Jorge Ferraresi al frente del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación en lugar de María Eugenia Bielsa da cuenta de que los resultados de esa cartera estuvieron hasta ahora muy por debajo de lo pretendido y de lo que hubiesen permitido los recursos ya asignados. Además con el nombramiento del intendente de Avellaneda, el kirchnerismo suma una nueva figura bien propia al Gabinete.

En el frente judicial el oficialismo tiene planteada una batalla de largo alcance. Luego de que la presentación de su proyecto de Reforma (que ya cuenta la aprobación del Senado) generara rechazo público y off de récord en instancias relevantes del Poder Judicial, el Ejecutivo festejó como un triunfo el fallo de la Corte Suprema que indica como transitorios los desplazamientos de los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia. Si bien la Corte no avaló la anulación que sancionó el Senado meses atrás, dejó peor parada a la oposición que pedía la ratificación de dichos jueces en los cargos que ocuparon luego de un DNU de Macri. Después de evaluar casi como un golpe institucional la aceptación del per saltum presentado por los camaristas a principios de octubre, esta definición de la Corte -que mostró divididos a sus integrantes- fue interpretada por el Ejecutivo como un gesto que busca calmar las aguas.

A su vez, el bloque del FDT en el Senado rompió el letargo en el proceso de nombramiento del Procurador General. Hasta ahora ese nombramiento estuvo trabado por la postura de la oposición a avalar la candidatura de Daniel Rafecas Desde el bloque de senadores del oficialismo se impulsa un cambio en la normativa que permitiría definir al jefe de los fiscales mediante mayoría simple y que el cargo deje de ser vitalicio. La situación es realmente compleja. En una misma jugada se abrió un debate en Juntos por el Cambio y quedó en evidencia la falta de coordinación en el FDT, ya que el presidente Fernández insistió públicamente en que su plan A sigue siendo Rafecas.

 

Una agenda internacional revitalizada

Octubre fue el mes en que desde el gobierno se tendieron los puentes para gestionar la llegada de la vacuna rusa contra el Covid-19. Si bien no se comunicó oficialmente, la relación de Cristina con el presidente Vladimir Putin fue clave. A fines de ese mes, la vicepresidenta se reunió en su despacho del Senado con el embajador de Rusia en Argentina. A partir de ahí, en cuestión de días funcionarias del Ministerio de Salud viajaron a Moscú para encaminar el acuerdo. A su vez, se abrió un canal directo entre el presidente Fernández y su par ruso. A través de una comunicación quedaron en trabajar para reactivar los proyectos de Asociación Estratégica Integral que CFK rubricó en 2015.

En el plano regional, luego de los debates internos que generó el voto argentino en la ONU que condenó la situación de los derechos humanos en Venezuela, el triunfo del MAS en Bolivia constituye el otro gran dato de política internacional para el oficialismo. No sólo porque implica la asunción de un gobierno aliado en momentos de mucho aislamiento, sino porque el asilo político a Evo Morales y un conjunto de funcionarixs bolivianxs, otorgado en diciembre de 2019, fue tal vez la medida de política exterior más audaz y trascendente del gobierno del FDT. La presencia de Alberto Fernández en la toma de posesión de Luis Arce y en la partida de la caravana que llevó de vuelta a Evo Morales a su país demuestran que desde el gobierno argentino se trató de capitalizar al máximo esa definición y que apostará por un vínculo estrecho con Bolivia.

De acá en más, y en el marco del cambio de signo político del gobierno estadounidense,  ciertas definiciones respecto de la política de integración regional van a adquirir una relevancia aún mayor. Con un panorama menos hostil por delante, el Gobierno del FDT deberá definir con más claridad qué iniciativas alentar y a qué espacios apostar. En particular, el Gobierno debería evaluar prontamente su continuidad en el Grupo de Lima.

 

 


No dejes de leer la PARTE 2 del Informe de Coyuntura de noviembre

Sindicalismo y movimientos sociales: del conflicto por tierra y vivienda a la movilización por el derecho al aborto

 

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Ofensiva empresaria, austeridad fiscal y relanzamiento gubernamental: la “nueva normalidad” a un año del Gobierno del Frente de Todxs

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