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Sindicalismo y movimientos sociales: del conflicto por tierra y vivienda a la movilización por el derecho al aborto

 

El movimiento sindical

Las actividades del último 17 de octubre sirven como foto de la situación que vive el movimiento sindical en los que hace a sus dirigencias y agrupamientos de mayor peso. El evento fue multitudinario y federal. La idea inicial tuvo su origen en la conducción de la CGT, aunque una vez lanzada la convocatoria las acciones se diversificaron dando cuenta de las internas y del diferente poder de movilización con el que cuentan unos y otros sectores.

Un día antes, la fracción encolumnada con Luis Barrionuevo y Carlos Acuña realizó su acto conmemorativo frente al monumento a Juan Domingo Peron inaugurado por Macri. Así se ratificó el quiebre en el binomio Acuña-Daer. El dirigente de lxs trabajadorxs de estaciones de servicio viene criticando el vínculo con la Casa Rosada y el respaldo a las organizaciones sociales. El mismo 17 por la mañana el Frente Sindical para el Modelo Nacional encabezó la Caravana de la Lealtad, realizada pese a los cuestionamientos del Gobierno Nacional, que puso en la calle a miles de personas y mostró una vez más la capacidad de movilización de Camioneros y sus aliados, Daer, por su parte, ofició de anfitrión del acto central. Viene siendo el dirigente que más sintonía muestra con el presidente, algo que se observa en su asistencia perfecta a todos los eventos donde el Gobierno requiere de la presencia sindical. Si eso le alcanzará para conseguir el aval oficial para quedarse con la conducción de la CGT en 2021, es difícil de saber.

En ese marco, la primera reunión que hizo posteriormente el Consejo Directivo de la central sindical estuvo atravesada por el malestar con el Gobierno. La propia conducción cegetista hizo trascender que hubo quienes plantearon la necesidad de medidas de fuerza. Una parte de los motivos de ese descontento fueron expresados en un comunicado que planteó la preocupación por la próxima interrupción del IFE y el ATP y llama a “garantizar que el cambio de fórmula de actualización jubilatoria no perjudique a los beneficiarios previsionales”. A esos motivos se suman otros, que pasan por la falta de instancias de diálogo con la conducción política del FDT y la falta de claridad acerca de los gastos que deberían tener que enfrentar las obras sociales ante la vacunación por el Covid-19.

Desde el moyanismo y la Corriente Federal de los Trabajadores no tardaron en diferenciarse. Por un lado, el titular de la Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichetti, aseguró que comparte las preocupaciones pero cuestionó “ese viejo estilo sindical de apretar públicamente para buscar alguna solución a otro tema”. Por otro lado, Pablo Moyano, Secretario Adjunto de Camioneros, respaldó al Gobierno y aseguró que “hubiera sido importante que [la CGT] reclamara durante el gobierno de Macri”.

Respaldo que, por otra parte, se volvió a mostrar en la calle durante la jornada del 17 de noviembre, donde también confluyeron los sindicatos nucleados en las 62 organizaciones.

 

Evolución de las paritarias

Según datos del ministerio de Trabajo, hay alrededor de 4,5 millones de trabajadorxs bajo convenio colectivo. Para el mes de octubre, el total de acuerdos paritarios firmados alcanzaba al 85% de lxs asalariados registradxs bajo convenio. La particularidad de esta ronda de negociación es que sólo el 30% de las paritarias actualizadas se rubricó por un plazo anual (sólo el 25% si se considera el total del universo). Por fuera de las negociaciones ya cerradas quedaron las actividades más afectadas por la pandemia.

Como ocurre desde el comienzo de la pandemia, la mayoría de los sindicatos llevó adelante una estrategia que buscó mantener los puestos de trabajo haciendo concesiones en materia salarial.

En los últimos dos meses se concretaron algunos acuerdos significativos por su peso cuantitativo y por su su carga simbólica y política.

El Sindicato de Empleados de Comercio, que encabeza Armando Cavalleri, firmó con las cámaras del sector una retribución no remunerativa de $5000 a pagar con los sueldos que van de octubre a marzo. El piso salarial del sector quedará así en $50000.

Lxs trabajadores de la administración pública nacional van a recibir un aumento del 7% para el período octubre-diciembre, momento en el cual habrá una reapertura de las negociaciones. El gremio mayoritario, UPCN, avaló el acuerdo mientras que ATE lo rechazó por insuficiente y encabezó una serie de medidas junto con FESPROSA (Salud) y CONADU Histórica (Docentes Universitarios).

La UOCRA, por su parte, selló un aumento del 33% con una primera cuota del 25% en noviembre al que se sumará otro 8% en febrero. Se trata del único gremio de peso que seguía con las negociaciones abiertas.

Hay que tener en cuenta que las últimas cifras aportadas por el INDEC señalan que en el segundo trimestre del año se destruyeron 3.750.000 puestos de trabajo y que, en lo que va de pandemia, los salarios en promedio acumularon una contracción en términos reales  del 5,3%.

Un panorama más abarcativo de los meses anteriores se puede encontrar en nuestro anterior boletín de coyuntura.

 

Conflictos por la tierra y la vivienda

Según datos oficiales el déficit habitacional en el país alcanza a un tercio de la población. De ese universo, de aproximadamente 3,5 millones de familias, se estima que el 40% (1,3 millones) necesita una nueva vivienda. A ese panorama hay que agregarle que alrededor de 5 millones de personas viven en los 4400 barrios populares (villas y asentamientos más o menos recientes) sin acceso garantizado a servicios básicos ni titularidad del suelo. De estas villas y asentamientos, 1700 pertenecen a la Provincia de Buenos Aires, unos 1000 están en el Conurbano.

Promediando las medidas de aislamiento, se comenzó a dar un aumento en las tomas de tierras en el Gran Buenos Aires y La Plata. Indudablemente existe una relación directa entre la crisis económica agudizada por la pandemia y ese incremento. No obstante es importante señalar algunas cuestiones que ayudan a comprender este emergente social.

Vale remarcar que se trata de un fenómeno mucho más diverso del que construyen los grandes medios de comunicación que en general subestiman la heterogeneidad de factores que confluyen en las ocupaciones. Hay tomas pequeñas y tomas masivas. Algunas parten de cero y otras se enlazan con ocupaciones pre-existentes que experimentan un crecimiento. Si bien la acción represiva ha sido un común denominador, hay casos puntuales en los que la intervención estatal canalizó soluciones satisfactorias. Y, sobre todo, en las tomas de tierra intervienen actores muy distintos. Hay, en efecto, loteadores que fraccionan tierra cuya titularidad no poseen y redes ligadas a ciertas actividades delictivas que cuentan con algún tipo de complicidad con las fuerzas de seguridad y redes políticas locales. Pero también existe una densa red de organizaciones sociales, políticas y religiosas que promueven proyectos habitacionales y que son la principal instancia de contención contra especuladores y loteadores.

Por su extensión y la complejidad de intereses que involucró, la toma de Guernica se transformó en un caso paradigmático. Protagonizada por más de 1500 familias, la ocupación evidenció la existencia de lazos fuertes entre el gobierno comunal, grandes especuladores inmobiliarios y sectores del Poder Judicial. Puso en escena a diversas organizaciones sociales, con orientaciones políticas y tamaños muy distintos. Fue escenario de una estrategia contradictoria por parte del Gobierno Provincial que mantuvo durante un tiempo prolongado una negociación con organizaciones sociales, delegados de la toma y organismos de derechos humanos, con el objetivo de promover una resolución política y no represiva del conflicto, y que terminó intempestivamente ejecutando un desalojo violento.

Una mirada más abarcativa de cuenta de que ante la proliferación de tomas de tierra en zonas urbanas y suburbanas, que tuvo su epicentro en la Provincia de Buenos Aires, las salidas negociadas para dar respuestas integrales quedaron diluidas en una política hegemonizada por el criterio punitivo y la acción represiva. En este sentido, por la magnitud y trascendencia, Guernica operó como caso ejemplificador respecto de otras ocupaciones.

Por otra parte, si bien ha habido otros casos que pusieron en escena el problema del acceso a la tierra para producir, el conflicto que involucró a la familia Etchevere con las organizaciones que conformaron el Proyecto Artigas fue sin dudas el de mayor trascendencia de los últimos meses. La relevancia histórica de esa familia tradicional de Entre Ríos, la pertenencia de Luis Miguel Etchevehere al gobierno de Mauricio Macri, el rol de Dolores Etchevehere y la trama de negociados y actividades ilícitas que ella denuncia, lo transformaron en un hecho político de alcance nacional. De ese modo, tal como había planteado tiempo atrás con el Proyecto de Desarrollo Humano Integral General San Martín, el MTE y un conjunto de organizaciones ambientalistas colocaron en el debate público la cuestión de la concentración de la tierra en el campo y la posibilidad de llevar a cabo experiencias alternativas de producción. Si bien, la ocupación de la Estancia Casa Nueva sufrió un revés judicial, el tema tuvo eco incluso en la figura del presidente Fernandez quien avaló parte de los planteos de fondo.

 

Las acciones por el derecho al aborto y un nuevo tratamiento parlamentario

Durante los últimos dos meses se profundizaron las acciones callejeras y el cabildeo parlamentario y político para avanzar en el tratamiento del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo antes de fin de año. La legalización del aborto es un tema nodal de la agenda feminista, alrededor de cuya lucha hace dos años se produjo una movilización sin precedentes.

Desde fines de octubre, con la consigna #EsUrgente y #Aborto2020 la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito desarrolló distintas acciones para visibilizar la necesidad de retomar los compromisos asumidos en la ampliación de derechos hacia las mujeres y personas con capacidad de gestar, con la que se comprometió el Presidente de la Nación durante la campaña electoral y que ratificó en la apertura de sesiones legislativas este año.

La irrupción de la pandemia redefinió la agenda política del Gobierno. Desde el oficialismo hubo voces que siguieron sosteniendo que el tema sería tratado este año, pero no existía hasta ahora ninguna confirmación por parte de las autoridades del Poder Legislativo. Los sectores que se oponen a que se avance en esa discusión, alegan que en este contexto se colapsaría el sistema sanitario y que no sería atinado profundizar las divisiones. La estrategia de las iglesias evangélicas nucleadas en ACIERA (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas) y de la Conferencia Episcopal Argentina es presionar para demorar el debate con el propósito de que el proyecto presentado en 2019 por la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito pierda estado parlamentario y de que el proceso electoral del año próximo torne mucho más difícil que desde el Gobierno se impulse el tratamiento.

En este escenario, los primeros días de noviembre, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto convocó a una Caravana al Congreso Nacional, con acciones en distintos puntos del país. Por su parte, desde el Ejecutivo se ratificó la voluntad de avanzar en el transcurso del año con lo que reconoce como un problema de salud pública que afecta a cientos de miles de mujeres al año[i]. Esto incluye garantizar condiciones sanitarias seguras para las mujeres que decidan interrumpir sus embarazos, y reforzar la educación sexual integral. Asimismo, en la figura de la Secretaría de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, informó que el Ejecutivo enviaría su proyecto para que fuera tratado durante el período de sesiones extraordinarias.

Finalmente, el 17 de noviembre,  Día de la militancia, el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo fue presentado en el Congreso. La incertidumbre respecto de la letra final del mismo, en medio de fuego cruzado con sectores de poder importantes ligados a las iglesias, terminó por disiparse, con un proyecto que no tiene diferencias sustantivas con el de la propia Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Presentación que estuvo acompañada por una concentración frente al Congreso convocada por la Campaña durante el 17 y 18 de noviembre.

Junto con el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, el Poder Ejecutivo presentó el “Proyecto de los 1000 días”, orientado a integrar intervenciones de salud y nutrición en los primeros 1000 días de vida del niñx, y a fortalecer su salud y desarrollo cognitivo. Con esto, recoge los argumentos y preocupaciones expuestas por las iglesias y aliados durante el debate parlamentario del año 2018, más aún en un contexto como el actual, en el que la pobreza alcanza casi al 40% de los hogares, y afecta a más del 50% de lxs niñxs.

El posicionamiento favorable del presidente de la Nación, el Ministro de Salud, y la articulación política interministerial de mujeres en altos cargos de conducción política, así como la capacidad de movilización callejera de los feminismos, parece mostrar condiciones políticas inmejorables para avanzar con una demanda histórica de los feminismos. Sin embargo, la resistencia de los actores eclesiales persiste en una disputa abierta que tendrá en los próximos meses un lugar predominante en la agenda política.

 


Referencias

[i] Por las estimaciones más serias que se han hecho, hay entre 370 mil y 520 mil abortos por año, que en la actualidad se practican en la clandestinidad. Como consecuencia de ello, tenemos entre 38 mil y 40 mil ingresos hospitalarios por abortos mal practicados.


 

 

 

 

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