Cuando un gobierno de izquierda radical asume el poder con un mandato de transformación, a la mañana siguiente tendrá que enfrentar bancos que siguen en manos privadas, minas bajo control corporativo, grandes medios privados de comunicación y una administración pública regulada por procedimientos heredados. El capital puede posponer la inversión, transferir dinero al exterior, cerrar fábricas, acaparar bienes esenciales, despedir a trabajadorxs y especular contra la moneda. El efecto devastador causado en la economía y en la población es presentado después como prueba de que la transformación es imposible, mientras se señala al gobierno como responsable de una crisis provocada o intensificada por fuerzas fuera de su control.

Esta realidad revela un problema central para la estrategia socialista. Ocupar un cargo gubernamental puede ser un paso importante hacia la transformación sistémica; sin embargo, confundir estas dos formas de poder como si fueran una sola puede tener consecuencias peligrosas. Para evitar patrones que han afectado a los procesos revolucionarios de todo el mundo, es necesario realizar un análisis clarificador sobre dónde reside el poder y cómo interactúan sus diferentes formas.

Una victoria electoral puede confundirse con un acontecimiento revolucionario cuando un partido de izquierda llega al poder, aunque el aparato estatal en sentido amplio, la economía y las instituciones que configuran el sentido común sigan mayoritariamente fuera de su control. Por el contrario, un movimiento socialista puede tener una fuerza social considerable sin poder traducirla en autoridad de gobierno ni en cambios en las estructuras del Estado y de la economía. La clase dominante ejerce el poder mediante su control sobre la producción y las estructuras que la refuerzan, mientras que la clase trabajadora ejerce el poder colectivo a través de huelgas, manifestaciones y las organizaciones que construye en la lucha. Emplear una sola palabra —poder— para referirse a todas estas capacidades distintas puede confundir la estrategia política. En este dossier, por tanto, distinguimos tres formas de poder relacionadas entre sí como marco analítico para la discusión y el debate:

• Poder social es la capacidad organizada de una clase o de un bloque político para actuar colectivamente, reproducir la vida material y disputar el mando de la clase dominante sobre la sociedad. Se construye mediante instituciones de lucha y cooperación como sindicatos, organizaciones campesinas y de mujeres, cooperativas, estructuras comunitarias, proyectos culturales y de comunicación, formación política y partidos políticos. A través de estas instituciones, una clase o un bloque político puede luchar por transformar el sentido común y establecer un liderazgo moral e intelectual.
• Poder gubernamental es la capacidad de asumir la autoridad del gobierno, ya sea mediante elecciones, insurrección u otra ruptura política, y de utilizar las instituciones ejecutivas, legislativas y administrativas para llevar a cabo un programa. Proporciona acceso a importantes instrumentos de administración y de política pública, pero no equivale, por sí solo, al control del Estado ni del sistema en su conjunto.
• Poder sistémico es la capacidad de transformar el carácter de clase y la forma institucional del Estado, de someter los principales medios de producción y el excedente social a la autoridad democrática y de reorganizar las relaciones a través de las cuales la sociedad se reproduce. Incluye el poder estatal, pero no puede reducirse a este, porque las relaciones sociales capitalistas se reproducen más allá de las instituciones formales del Estado, a través de la propiedad, las finanzas, el mercado mundial, las relaciones coloniales, la cultura y la reproducción social. Muchas de esas relaciones exceden el alcance de cualquier gobierno o Estado nacional en particular.

Estas formas son distinciones analíticas, no compartimentos estancos. No constituyen una secuencia fija. Se superponen, se desarrollan de manera desigual y pueden orientarse en direcciones opuestas. El poder gubernamental puede convertirse en un puente entre el poder social organizado y la transformación sistémica. También puede debilitar a la organización popular y reconciliarla con el sistema existente. La cuestión estratégica central no es, por tanto, qué forma de poder importa, sino cómo se pueden conectar las tres en un proceso de emancipación.

Poder social

La sociedad no es simplemente un conjunto de individuos. Nos formamos a través de relaciones e instituciones sociales históricamente específicas: hogares y comunidades, lugares de trabajo y otros espacios de producción, escuelas e instituciones religiosas, organizaciones culturales y de comunicación, plataformas digitales y las instituciones del Estado. Estas esferas se superponen. Las escuelas y los medios de comunicación, por ejemplo, pueden estar organizados por el Estado, el capital u otras fuerzas sociales, mientras que los lugares de trabajo son a la vez espacios de producción y de vida social cotidiana. Mediante estas relaciones e instituciones, las personas desarrollan una comprensión sobre lo que es natural y posible, legítimo e ilegítimo, y sobre lo que se puede o se debe resistir.

Las personas experimentan este mundo de diferentes maneras y se relacionan entre sí por medio de relaciones desiguales de propiedad y producción: como propietarias del capital, trabajadoras asalariadas, campesinas, inquilinas, acreedoras y deudoras, y como personas cuyo trabajo no remunerado sostiene a los hogares y las comunidades. Estas relaciones de clase se cruzan con jerarquías heredadas de género, raza, casta, nacionalidad y otras formas de opresión. El poder social es la capacidad organizada de intervenir en este campo y disputar su dirección.

Antonio Gramsci buscó capturar parte de este proceso a través del concepto de hegemonía, basándose en parte en la obra de Vladimir Lenin y en debates marxistas anteriores (Anderson, 2017a; 2017b). Para Gramsci, la hegemonía no es simplemente manipulación ideológica. Es la capacidad de una clase o de un bloque político para establecer el liderazgo en la sociedad por medio del consentimiento, respaldado por el poder coercitivo del Estado, al tiempo que incorpora algunas demandas de las clases subordinadas en un acuerdo más amplio. Una clase dominante no presenta sus intereses como únicamente propios, sino como los intereses de la sociedad en su conjunto. Para Gramsci, el Estado en este sentido amplio abarca tanto la sociedad política, donde se concentra la autoridad coercitiva, como la sociedad civil, donde se organiza el consentimiento. Describió esta relación como “hegemonía acorazada de coerción” (Gramsci, tomo 3, 1984: 76).

Ningún orden dominante puede mantenerse indefinidamente solo por la fuerza. Debe convencer a sectores importantes de la población de la legitimidad del orden existente, haciendo ver que es inevitable o preferible a cualquier alternativa. El poder capitalista se ejerce, por tanto, a través de la propiedad de los medios de producción y también mediante la organización de la vida social. La clase capitalista controla la inversión y el empleo, es propietaria de gran parte de los medios de comunicación e integra sus premisas en la ley, la educación, las instituciones políticas, la publicidad y la cultura popular. El lenguaje ayuda a definir la realidad de modo que se ajuste a la arquitectura del poder: la competencia se convierte en “la supervivencia del más apto”, la desigualdad se percibe como resultado de la (falta de) capacidad individual, la pobreza como un fracaso personal, la austeridad como responsabilidad financiera, la privatización como eficiencia y la vulneración de los derechos de lxs trabajadorxs como reforma del mercado laboral.

El consentimiento no se genera únicamente mediante persuasión explícita. Ludovico Silva empleó el concepto de “plusvalía ideológica” para describir cómo la comunicación de masas, la publicidad y el entretenimiento pueden reproducir el apego al orden existente en el plano de la conciencia. Theodor Adorno describió un proceso relacionado como el “mensaje oculto”: las suposiciones subyacentes al contenido explícito de una serie de televisión, un anuncio o una noticia pueden escapar al análisis consciente y contribuir a configurar lo que parece normal, posible o deseable. Esto ayuda a explicar cómo la austeridad puede percibirse como una responsabilidad en lugar de una elección política. Las prácticas colectivas de organización, lucha y estudio pueden hacer visibles estos presupuestos, lo que permite cuestionarlos y superarlos (Silva, 1970; Adorno, 1954: 213-235).

El poder social no es únicamente ideológico, cultural o simbólico: sus fundamentos materiales y organizativos también son decisivos. Los fondos sindicales que sostienen una huelga, una cooperativa que organiza la producción, una asociación campesina que defiende la tierra, un comedor comunitario que satisface necesidades sociales y una organización de mujeres que ofrece protección y formación política crean capacidades prácticas. Permiten a las personas sobrevivir, deliberar, coordinar acciones y ejercer formas de autoridad colectiva, así como construir confianza y sentar las bases para satisfacer sus necesidades más elementales. Las cooperativas, por ejemplo, también pueden ser escuelas de autogestión y centros de poder social, aunque siguen condicionadas por los mercados, el crédito, el derecho de propiedad y la correlación de fuerzas de clase en su conjunto (Tricontinental, 2025b). Contribuyen a la transformación sistémica solo cuando están vinculadas con un proyecto más amplio capaz de transformar esas condiciones. Estas instituciones, como hemos sostenido anteriormente, pueden encarnar el concepto “lo que aún no ha llegado” del socialismo: las anticipaciones materiales de relaciones sociales diferentes, en las que la clase trabajadora desarrolla capacidades colectivas que apuntan más allá de la organización capitalista.¹

La lucha por el poder social debe desafiar tanto el poder material de la clase dominante como su capacidad para presentar sus intereses como el sentido común de la sociedad. No puede lograrlo únicamente mediante la propaganda. Los movimientos socialistas construyen la hegemonía a través de la lucha, la organización, la formación política y la creación de instituciones en las que el pueblo adquiera la capacidad de analizar y actuar. La praxis —la unidad de la teoría y la práctica transformadora— exige que las ideas se desarrollen, se pongan a prueba y se perfeccionen a partir de la acción. La línea de masas es un método político para llevar esta relación a la práctica. Comienza por aprender de las experiencias y las ideas del pueblo, articularlas mediante el estudio y el análisis político y devolverlas como un programa más claro de acción colectiva. Luego, ese programa se pone a prueba en la práctica, se extraen las lecciones aprendidas y se repite el proceso. La línea de masas no es, por lo tanto, la imposición de ideas desde arriba ni una celebración de la espontaneidad, sino un movimiento continuo entre la experiencia popular, el análisis político y la acción colectiva.

Los sindicatos no solo negocian salarios más altos y mejores condiciones de trabajo, sino que también pueden transformar la forma en que se perciben esas condiciones. Las luchas colectivas pueden lograr que los salarios bajos dejen de percibirse como una desgracia individual y se vean como parte de un sistema más amplio de explotación que puede cambiarse mediante acciones de masas organizadas. Asimismo, las luchas por la vivienda y la educación pueden convertir las inquietudes privadas en cuestiones políticas. La organización contra la violencia de género ofrece otro ejemplo: puede revelar que la violencia en la familia y en el hogar no es solo privada, sino que se sustenta en jerarquías sociales como el patriarcado, que confluyen con las relaciones de clase (Federici, 2004). Estas luchas y demandas inmediatas pueden convertirse en la materia prima a partir de la cual se desarrolla una conciencia política más amplia.

El poder social crece cuando las luchas dispersas se incorporan a un proyecto político común. Esto exige organizaciones capaces de interpretar la experiencia inmediata de la clase trabajadora y el campesinado, y de vincularla con un análisis del conjunto. Estas organizaciones acumulan la historia de la lucha y los momentos de indignación, que pueden contener un potencial extraordinario de transformación, pero que también pueden ser efímeros. Millones de personas ocupan las calles de El Cairo y Nairobi, Yakarta y Delhi, Buenos Aires y Quito, pero dejan tras de sí poca capacidad duradera. Las clases dominantes de estos países han desarrollado sus propios métodos durante más de un siglo: absorber a sectores de la dirección en la clase dominante y ofrecer concesiones menores a la lucha, dividir a los movimientos enfatizando sus diferencias, agotarlos esperando que se desanimen y reprimirlos para restablecer el orden cuando todo lo demás parece fallar.

Para que la movilización se convierta en poder social duradero, debe crear o fortalecer instituciones: sindicatos, organizaciones campesinas, organizaciones de mujeres, cooperativas, movimientos culturales, centros comunitarios, escuelas de formación política, proyectos de comunicación y partidos políticos. Sin esas instituciones, incluso una gran indignación popular podría dejar poca capacidad para actuar tras el enfrentamiento inmediato. La tarea de la organización no es dar lecciones a los movimientos desde fuera ni limitarse a celebrar su espontaneidad. Consiste en trabajar desde dentro, aprender de su experiencia, ayudar a identificar las fuerzas que generan sus condiciones y vincular las demandas inmediatas con la estructura de la sociedad capitalista. La formación política se desarrolla a través de este proceso, pero no se limita a él. Los partidos y los movimientos también crean espacios deliberados para el estudio y la formación —escuelas, cursos, grupos de estudio y otras formas de aprendizaje colectivo— donde las personas pueden interpretar su experiencia, profundizar su comprensión teórica, desarrollar capacidades organizativas y construir una orientación política compartida. En consecuencia, la formación política tiene sus raíces en la lucha y, al mismo tiempo, se organiza de manera consciente (Asamblea Internacional de los Pueblos y Colectivo Internacionalista de Formación Política, 2025).

Sin embargo, las organizaciones populares no son inmunes a las relaciones que buscan superar. Una jerarquía puede desarrollarse dentro de la propia clase trabajadora cuando quienes organizan, dirigen o poseen conocimiento especializado forman una capa burocrática separada de la militancia de base. Por ello, las instituciones duraderas deben preservar la participación democrática, la crítica, la rotación y la rendición de cuentas, en lugar de tratar la organización en sí misma como una garantía contra la burocratización o la reproducción de la jerarquía. Su vitalidad democrática no está garantizada: depende del contacto sostenido con las masas y de la formación política periódica de los cuadros (Mao, 1965b: 17-25).

En gran parte del mundo, décadas de austeridad han deteriorado los servicios públicos y el nivel de vida de las comunidades de la clase trabajadora. Han surgido movilizaciones de masas contra las políticas y condiciones que han hecho más precaria la supervivencia cotidiana. Las revueltas árabes, Occupy Nigeria, el Estallido Social chileno y el Aragalaya [lucha] de Sri Lanka pusieron en movimiento a millones de personas contra condiciones que se habían vuelto intolerables (Bevins, 2023). Sus diferentes trayectorias nos advierten que no debemos considerar la movilización como un poder social consolidado. Cuando la organización duradera, un programa común y las instituciones independientes siguen siendo débiles, la energía de la movilización de masas puede canalizarse hacia un cambio de gobierno sin que ello produzca una transformación correspondiente de la correlación de fuerzas de clase subyacente. El poder social se vuelve duradero cuando las clases populares cuentan con instituciones a través de las cuales pueden formular demandas, coordinar acciones, formar a sus propixs intelectuales, reproducir la vida colectiva e imponer límites a la clase dominante. Puede existir antes de que un partido socialista llegue al gobierno. De hecho, sin él, una victoria electoral puede dejar la correlación de fuerzas subyacente prácticamente inalterada.

El poder social puede ayudar a defender las instituciones públicas, resistir golpes de Estado, bloquear privatizaciones y transformar el vocabulario político y moral de la sociedad. No obstante, el poder social por sí solo sigue siendo limitado mientras el poder decisivo sobre la inversión, la producción y la tierra permanezca concentrado en el capital y las instituciones del derecho y la coerción continúen reproduciendo el orden de clase existente. Puede disputar el liderazgo de la sociedad ejercido por la clase dominante, pero no transforma por sí solo las relaciones de propiedad capitalistas ni el carácter de clase del Estado.

Poder gubernamental

Desde el siglo XIX, los partidos obreros modernos y los movimientos de liberación nacional trataron de alcanzar la autoridad de gobierno por medio de elecciones, insurrecciones y guerras anticoloniales. Experiencias tan distintas como las revoluciones de Rusia, China y Cuba, la elección de un gobierno comunista en Kerala, India, en 1957, la victoria de Kwame Nkrumah en las primeras elecciones presidenciales de Ghana en 1960, el gobierno de la Unidad Popular en Chile en 1970 y la victoria de Hugo Chávez en Venezuela en 1998 muestran que la obtención de la autoridad de gobierno es un momento importante, pero parcial, dentro de una lucha más amplia por el poder.

A pesar de los inmensos desafíos que enfrentan los gobiernos de izquierda tanto en el plano nacional como en el subnacional, no debe subestimarse la importancia del poder gubernamental. Los gobiernos recaudan y distribuyen parte del excedente social, elaboran presupuestos, nombran funcionarixs, administran servicios públicos, regulan la economía y toman decisiones que afectan a toda la población. Los gobiernos de izquierda han aumentado los salarios, reducido la jornada laboral, ampliado la educación y la atención médica, redistribuido la tierra, protegido a lxs inquilinxs, reconocido los derechos de las comunidades oprimidas y ampliado el espacio en el que pueden actuar las organizaciones de la clase trabajadora. Una comida escolar, la protección contra el desalojo o un salario mínimo más alto pueden transformar la vida cotidiana. Las conquistas logradas mediante la lucha son logros materiales cuya defensa puede fortalecer la confianza de las clases populares en su poder colectivo y la comprensión que tienen de él (Gorz, 1967).

No obstante, hay que distinguir entre el gobierno, el Estado y el sistema en su conjunto. En “Sobre la nueva democracia”, Mao Zedong distingue entre el carácter de clase del sistema estatal y la forma de gobierno mediante la cual se organiza el poder político (Mao, 1965a). Un cambio de gobierno puede modificar las políticas y la composición de las instituciones ejecutivas o legislativas sin cambiar el carácter de clase del Estado. En una transición revolucionaria, en cambio, el poder de clase y la forma institucional no pueden separarse: el nuevo poder de clase requiere instituciones a través de las cuales pueda organizarse y ejercerse.

La autoridad de gobierno también coexiste con otros centros de poder político: tribunales, burocracia permanente, policía y fuerzas armadas, bancos centrales, ministerios de relaciones exteriores y cuerpo diplomático, administraciones subnacionales e instituciones que configuran la opinión pública. Los cargos ejecutivos y legislativos pueden estar abiertos a la disputa electoral, pero controlarlos no equivale a ejercer el mando sobre todo este campo. Jueces, generales, altas autoridades administrativas, diplomáticos y los responsables de los bancos centrales pueden considerarse a sí mismos guardianes de un orden permanente y pueden obstaculizar la actividad legislativa, limitar la política económica o resistirse a un gobierno que amenaza intereses establecidos. Una fuerza laboral especializada como esta no puede reemplazarse de un día para otro, lo que deja a los gobiernos de izquierda expuestos al sabotaje económico y tecnocrático, como lo demostraron la huelga y el paro patronal petroleros de 2002-2003 en Venezuela, durante los cuales fuerzas opositoras, gerentes y técnicos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) prácticamente paralizaron la producción petrolera durante dos meses. Es decir, un gobierno de izquierda puede poseer una autoridad de gobierno considerable y aun así enfrentarse a poderes económicos e institucionales que no controla. El poder gubernamental es, por lo tanto, un terreno de lucha y no la conclusión de la lucha (Poulantzas, 1978: 128-129).

Operar a través de instituciones heredadas genera otro peligro. Para poder desempeñar sus funciones, lxs funcionarixs de izquierda deben aprender los procedimientos administrativos y adquirir competencia técnica. Con el tiempo, también pueden interiorizar los supuestos del Estado sobre lo que es razonable y posible, y llegar a considerar tranquilizar a lxs acreedorxs, satisfacer a los mercados, posponer reformas y traducir las demandas populares en formas administrativamente manejables como requisitos inevitables del gobierno. Esto no es simplemente la historia de individuos débiles que abandonan sus convicciones. Las personas y las organizaciones se ven moldeadas por sus entornos institucionales. La participación prolongada en el gobierno puede convertir la concesión temporal en rutina, la rutina en justificación y la justificación en una transformación de la perspectiva política (Przeworski, 1985; Miliband, 1961).

Un gobierno de izquierda se enfrenta a tres tentaciones relacionadas entre sí: la adaptación, la sustitución y el tutelaje.

• Adaptación: un gobierno se adapta cuando acepta gradualmente los límites impuestos por el sistema existente y se convierte en administrador del orden que prometió cambiar. La adaptación subordina el programa a la correlación de fuerzas existente.
• Sustitución: un gobierno comienza a actuar como sustituto de la organización popular cuando da por sentado que, porque actúa en nombre del pueblo, su acción administrativa puede reemplazar la actividad organizada del pueblo. Se pide a los movimientos que esperen, que se mantengan disciplinados o que defiendan al gobierno sin crítica, mientras la iniciativa de masas independiente llega a ser tratada como una amenaza.
• Tutelaje: un gobierno lleva a cabo un proceso de tutelaje cuando crea organizaciones presentadas como populares, define su ámbito de acción, las financia y las elogia como expresiones de la organización popular. El apoyo público a la organización autónoma no es en sí mismo el problema. El peligro surge cuando las estructuras creadas o validadas por el Estado desplazan a las organizaciones que surgieron en la lucha, se vuelven dependientes de la orientación oficial o colapsan cuando termina el apoyo gubernamental.

La experiencia de Chile bajo el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973) es un ejemplo claro de estas contradicciones.² La victoria electoral permitió al gobierno impulsar un programa ambicioso de nacionalización y redistribución, mientras lxs trabajadorxs y comunidades desarrollaban formas propias de organización y coordinación. Al mismo tiempo, las fuerzas militares, el poder judicial y el aparato burocrático permanecieron prácticamente intactos, y los medios de comunicación privados y el capital nacional y extranjero conservaron un poder significativo. Estas restricciones internas fueron reforzadas por la intervención imperialista estadounidense. El gobierno de Nixon se propuso desde el principio impedir que el entonces presidente Salvador Allende consolidara el poder, mientras la CIA financiaba clandestinamente a partidos de oposición, medios de comunicación y organizaciones del sector privado, y trabajaba para debilitar al gobierno de la Unidad Popular.

La autoridad de gobierno, el poder popular organizado, el aparato estatal heredado, el poder capitalista interno y el poder internacional ejercido a través del Estado estadounidense interactuaron y entraron en conflicto dentro de un mismo proceso. El golpe de Estado de 1973 no puede explicarse solo por una acción gubernamental o por una movilización popular insuficientes. La experiencia chilena muestra que la lucha por el poder gubernamental, el poder social y el poder sistémico se desarrolla simultáneamente en el plano nacional e internacional, y subraya por qué la relación entre estas formas de poder debe tratarse estratégicamente (Tricontinental, 2023).

Kerala presenta un conjunto de restricciones diferente, pero relacionado. En 1957, poco después de que Kerala se constituyera como un estado dentro de India, el Partido Comunista de India ganó el mayor número de escaños en la asamblea estatal y Elamkulam Manakkal Sankaran Namboodiripad (conocido popularmente como EMS) condujo a su partido al gobierno. EMS quiso usar las facultades disponibles para un gobierno estatal con el fin de impulsar la reforma agraria, regular el sistema educativo, fortalecer las protecciones laborales y ampliar el abastecimiento público de cereales. Estas reformas se apoyaron en un movimiento comunista con profundas raíces entre agricultorxs arrendatarixs, trabajadorxs agrícolas y otros sectores organizados de las clases populares, pero la autoridad de gobierno en Kerala siguió limitada por el sistema federal de India y por las facultades ejercidas en el plano nacional. En 1959, tras una sostenida campaña de oposición, el gobierno de la Unión, encabezado por el Partido del Congreso, destituyó al gobierno comunista en virtud del artículo 356 de la Constitución. La experiencia de Kerala muestra, así, tanto lo que el poder social organizado puede hacer posible cuando se traduce en autoridad de gobierno como los límites del poder gubernamental cuando el orden estatal y económico más amplio permanece fuera de su control.

La cuestión no es si la participación gubernamental es, por naturaleza, revolucionaria o reformista. Se trata de cómo cambia esa participación la correlación de fuerzas: si fortalece la capacidad independiente de las clases populares, si absorbe el movimiento dentro de las instituciones estatales heredadas o produce ambas tendencias en tensión.

Desde esta perspectiva, el poder gubernamental es más productivo cuando fortalece el poder social y abre al mismo tiempo un camino hacia la transformación sistémica. Un gobierno de izquierda puede ampliar el espacio organizativo de lxs trabajadorxs y del campesinado, facilitar el acceso a la información, transferir recursos a las instituciones populares, someter las decisiones económicas al debate público y hacer visibles las formas en que el capital obstruye la reforma. Al hacerlo, el gobierno de izquierda no solo impulsa reformas desde el gobierno, sino que también puede aprovechar ese poder para ayudar a construir un bloque político más amplio de las clases populares capaz de desafiar el sistema arraigado del poder capitalista.

La relación entre movimientos y funcionarixs debe permanecer dialéctica. Los movimientos no deben convertirse en apéndices del gobierno, ni deben actuar como si las decisiones gubernamentales fueran irrelevantes. Los gobiernos necesitan la presión popular para romper con las costumbres burocráticas y la resistencia de las élites. Los movimientos necesitan políticas y recursos públicos para mejorar la vida de la gente a gran escala y ampliar su capacidad de lucha. Pueden surgir conflictos cuando lxs trabajadorxs y comunidades se oponen a decisiones de un gobierno de izquierda, pero una cultura política revolucionaria debe ser capaz de atravesar esos conflictos sin tratar la crítica como traición.

El poder gubernamental es valioso, pero inestable. Está moldeado por el poder acumulado en la sociedad, al tiempo que opera dentro de las estructuras más profundas del Estado y de la economía. Si las fuerzas sociales organizadas son débiles o están en gran medida ausentes, puede ser neutralizado y convertirse en un instrumento de desmovilización si conservar el cargo se vuelve más importante que mantener un proyecto político independiente. Por lo tanto, para evaluar si, o de qué forma, resulta beneficioso ocupar el poder gubernamental en un contexto determinado, se deben considerar tanto los avances en materia de organización, condiciones de vida material y confianza de clase que el gobierno hace posibles, como el grado en que una participación prolongada en el gobierno podría llevar a los movimientos y a lxs funcionarixs a interiorizar la lógica del Estado capitalista. Ninguna fórmula resuelve esta cuestión de antemano, pero la cuestión en sí misma no puede eludirse.

Poder sistémico

Con frecuencia se describe al Estado como un instrumento neutral que aplica el programa de quien gana una elección. Esto es incorrecto. El Estado capitalista moderno no surgió sobre un terreno vacío. Sus leyes, formas de propiedad, rutinas administrativas, instituciones coercitivas e ideas de orden se desarrollaron en paralelo al capitalismo. Puede limitar a los capitalistas individuales, regular los mercados, aplicar impuestos a la riqueza, crear sistemas de bienestar social y nacionalizar industrias, por lo general como resultado de la lucha popular. Pero contener a una fracción del capital no es lo mismo que superar el poder capitalista. El Estado puede disciplinar a determinados capitalistas o a fracciones del capital con el fin de preservar las condiciones de acumulación y el sistema capitalista en su conjunto (Poulantzas, 1978; Block, 1977: 6-28).

En el Sur Global, las relaciones que debe enfrentar la transformación sistémica también están moldeadas por la conquista colonial y sus secuelas. Las administraciones coloniales reorganizaron la tierra, el trabajo, los impuestos, las fronteras, el estatus legal y la coacción para facilitar la extracción de recursos y el dominio imperialista. La independencia formal estableció la soberanía nacional, pero no transformó automáticamente economías estructuradas en torno a la exportación de materias primas, la propiedad desigual de la tierra, las jerarquías raciales y étnicas, las finanzas externas o instituciones administrativas separadas del pueblo. En estas condiciones, la transformación sistémica debe enfrentar tanto las relaciones de clase internas como las relaciones internacionales y neocoloniales a través de las cuales se reproducen. Sus dimensiones de clase, nacional, anticolonial y antiimperialista no pueden separarse ni tratarse como añadidos a un modelo derivado de los centros capitalistas.

Esta dinámica se ha manifestado a lo largo de la historia. Cuando las fuerzas anticoloniales conquistaron el poder estatal, muchas buscaron romper las formas de dominación externa —lo que Nkrumah llamó “neocolonialismo”— y establecer una soberanía nacional sustantiva. Aun así, sus trayectorias divergieron (Chela y Prashad, 2024; Chelwa y Prashad, 2026). Los procesos revolucionarios que desarrollaron proyectos explícitamente socialistas, como los de China y Vietnam, fueron más allá al transformar las relaciones de propiedad y las instituciones estatales en un esfuerzo por consolidar nuevas relaciones de poder de clase. Sin embargo, muchos otros proyectos estatales anticoloniales fueron posteriormente debilitados, derrocados o redirigidos mediante golpes de Estado, crisis de deuda y programas de ajuste estructural respaldados por el FMI y el Banco Mundial.

Para gran parte del Sur Global, la lucha por el poder apareció inicialmente como una confrontación entre una nación y las fuerzas externas que la dominan, más que como una lucha de clases inmediatamente visible. Los procesos en países como Venezuela y en todo el Sahel, por ejemplo, comenzaron intentando reconstruir la soberanía nacional (Tricontinental, 2025a). Bajo la presión de la deuda, las sanciones, las protecciones a la inversión extranjera, el comercio desigual y la dependencia monetaria, la soberanía es sin duda un terreno necesario de lucha y una condición previa de los programas transformadores.

Con todo, el poder imperial no solo está mediado por fuerzas externas, sino también por fuerzas de clase internas que se benefician de la dependencia, entre ellas sectores del capital comercial y financiero y las clases terratenientes, cuya acumulación está vinculada al capital extranjero. Las luchas que convocan a la unidad nacional contra el ataque externo sin enfrentar las fuerzas de clase internas a través de las cuales se reproduce el poder imperialista posponen la cuestión de quién controla la producción, la tierra y los recursos nacionales. Recuperan soberanía sin transformar las relaciones de producción y se limitan a reemplazar una élite alineada con el exterior por una élite nacional. La soberanía es, por tanto, necesaria para la transformación socialista, pero no puede sustituirla. La lucha antiimperialista y la lucha de clases deben entenderse como dimensiones entrelazadas de un mismo proceso.

Las instituciones y los mecanismos financieros son fundamentales en la arquitectura contemporánea del poder neocolonial: las negociaciones de la deuda pueden convertirse en mecanismos para imponer austeridad y privatización, mientras los bancos, los mercados de bonos y los inversionistas institucionales determinan si los Estados pueden obtener crédito y en qué condiciones. Los acuerdos comerciales y de inversión pueden restringir aún más el espacio de políticas públicas disponible para los gobiernos. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio establece normas internacionales de protección de la propiedad intelectual que pueden reforzar los derechos monopólicos sobre medicamentos, tecnologías e incluso variedades vegetales.

Por otra parte, el papel dominante del dólar estadounidense en el ámbito internacional le otorga a Estados Unidos una influencia particular a través de un sistema financiero en el que las reservas, el comercio, la deuda y los pagos transfronterizos siguen estando fuertemente denominados en dólares.³ Las agencias de calificación crediticia pueden influir aún más en el costo y la disponibilidad de los préstamos. Las corporaciones multinacionales ejercen un poder enorme mediante su control sobre las cadenas de suministro globales, las tecnologías, las patentes y la inversión (Tandon, 2015).

La transformación sistémica también debe enfrentar la herencia colonial de economías que a menudo dependen de rentas derivadas de una sola commodity de exportación. Bajo un gobierno de transformación profunda, el petróleo, los minerales y otras exportaciones pueden proporcionar recursos para la redistribución y la inversión pública. No obstante, la dependencia de esos ingresos deja al proceso expuesto a caídas bruscas de los precios, sanciones, control extranjero del comercio y la tecnología, y la persistencia de una estructura productiva extractiva. Los ingresos pueden ampliar el margen de acción sin transformar por sí mismos la base productiva necesaria para sostener la soberanía.

Dentro de esta arquitectura del poder, se mantiene la desigualdad económica mientras se otorgan a lxs trabajadorxs ciertos derechos políticos como ciudadanxs formalmente iguales ante la ley. Dentro de la producción, lxs capitalistas siguen siendo propietarixs del capital o controlándolo y ejercen autoridad sobre la inversión, la tecnología, el empleo y el proceso de trabajo, mientras lxs trabajadorxs dependen de la venta de su fuerza de trabajo para sobrevivir. La igualdad política formal es significativa, pero dentro de este marco se apoya en una base social de desigualdad económica.

El poder sistémico busca transformar esta arquitectura más amplia, integrada en las relaciones mediante las cuales se organiza la vida material: propiedad privada, trabajo asalariado, finanzas, tierra, reproducción social, división del trabajo y mercado. Esta arquitectura vincula el lugar de trabajo con el ministerio, lxs acreedorxs con el banco central, la corporación con el acuerdo comercial, el Estado heredado con el mercado mundial. Aunque históricamente producidas, estas relaciones llegan a parecer leyes naturales e inmutables que rigen la vida social, y no relaciones sociales que las personas han creado y pueden transformar.

Una vía para superar esta contradicción consiste en introducir nuevas relaciones socialistas dentro de instituciones y estructuras productivas aún integradas en el viejo orden, lo que Chávez llamó “estrategia del injerto”. Un injerto, explicaba, es una nueva unidad de propiedad social establecida como “centro de gravedad” dentro de una economía aún dominada por el capital. No está destinado a permanecer como un enclave y debe extender su influencia “en todas las direcciones”: a lo largo de las cadenas de suministro, hacia la distribución y hacia las escuelas, la vivienda y la vida comunitaria que lo rodean. Advirtió que, si se lo dejaba solo, el “mar del capitalismo” se tragaría el injerto, aplastándolo directamente o reabsorbiéndolo en las relaciones capitalistas, incluso aunque siguiera siendo formalmente de propiedad social (Chávez, 2012). En este experimento, el poder gubernamental fue utilizado para ayudar a construir poder social, ambos orientados hacia la transformación sistémica.

En el camino hacia la transformación sistémica, distintos procesos revolucionarios, desde Venezuela hasta la Unión Soviética y China, se han nutrido de las lecciones de la Comuna de París de 1871. Como escribió Marx, esta experiencia demostró que la clase trabajadora no podía limitarse a tomar posesión de la maquinaria estatal existente y utilizarla sin cambios para nuevos fines (Marx, 2021). Lenin desarrolló además este argumento en El Estado y la revolución (Lenin, 1964). El problema, para ambos, no era la administración en sí misma —toda sociedad compleja requiere coordinación, conocimiento, registros, planificación y toma de decisiones colectiva—, sino la separación de estas capacidades del control popular y su concentración en un poder especializado situado por encima de la sociedad. Un proceso revolucionario enfrenta un problema práctico adicional: los movimientos que desarrollan grandes capacidades de organización y lucha no poseen automáticamente las capacidades técnicas y administrativas necesarias para gobernar instituciones complejas. Construir esas capacidades mientras se mantiene el control popular es en sí mismo parte de la transformación sistémica.

Transformar el poder estatal exige, por tanto, más que reemplazar a ministrxs conservadorxs por ministrxs socialistas. Requiere democratizar la administración y enfrentar instituciones coercitivas que no son políticamente neutrales. Es posible que la policía, las fuerzas armadas y los organismos de seguridad deban subordinarse al control democrático y popular, transformarse desde dentro, ser reemplazados por nuevas formas de defensa popular o reconfigurados mediante alguna combinación de estos procesos. La transformación sistémica también requiere rehacer las instituciones cuyas rutinas reproducen la dominación de clase, colonial, racial, de casta y patriarcal. La democracia no puede limitarse a elecciones periódicas, sino que debe extenderse a todo el proceso de gobierno: identificar necesidades, deliberar sobre prioridades, tomar decisiones, implementarlas, evaluar resultados y corregir errores. La planificación democrática debe, asimismo, coordinar necesidades y capacidades entre lugares de trabajo, regiones, sectores y generaciones, en lugar de dejar esas decisiones exclusivamente en manos de ministerios, expertxs técnicxs o el mercado.

Sin embargo, la transformación política alcanza su límite si la producción permanece fuera del control democrático. Mientras las decisiones principales sobre inversión y producción sigan bajo control privado, el capital conserva el poder decisivo sobre qué se produce, hacia dónde fluye la inversión, qué tecnologías se desarrollan, qué mano de obra se emplea y qué se descarta por no ser rentable. Un gobierno puede legislar en nombre del pueblo mientras la acumulación privada sigue gobernando las bases materiales de la vida. Un proceso revolucionario debe, por tanto, socializar las decisiones fundamentales que organizan la existencia colectiva. Esto puede requerir control público democrático de las finanzas, la energía, los minerales, el transporte, las comunicaciones, la industria a gran escala, la tierra y otros sectores estratégicos. La propiedad pública puede ser necesaria en tales sectores, pero no es suficiente. Una empresa estatal puede preservar la jerarquía en el lugar de trabajo, los privilegios burocráticos y la exclusión de trabajadorxs y comunidades. La socialización debe extender la autoridad democrática a la producción, la planificación, la inversión y la asignación del excedente social. Debe coordinar entre regiones y sectores, considerar los límites ecológicos y equilibrar las necesidades inmediatas con las prioridades sociales y ecológicas a más largo plazo.

Las preguntas son concretas:

• ¿Quién decide qué produce una fábrica o una explotación agrícola?
• ¿Qué necesidades sociales se priorizan?
• ¿En qué condiciones se realiza el trabajo?
• ¿Qué consecuencias tiene la producción para las comunidades y los ecosistemas circundantes?
• ¿Quién controla el excedente social y con qué fines se asigna?
• ¿Qué autoridad tienen lxs trabajadorxs en la planificación y la gestión?

Estas no son cuestiones administrativas secundarias. Determinan si la producción se reorganiza en torno a las necesidades humanas o si es administrada simplemente por una nueva capa gerencial.

La transformación sistémica también debe implicar la creación de nuevas instituciones de autoridad y participación populares. Sus formas han sido históricamente diversas: comunas, sóviets y consejos, congresos populares, comités de aldea y de barrio, órganos consultivos, organizaciones de masas, frentes populares, consejos comunales y mecanismos populares de supervisión y revocación del mandato. Las comunas de Venezuela, por ejemplo, ofrecen un caso concreto de esfuerzos por construir autoridad popular mediante la organización territorial, los recursos públicos y la producción colectiva dentro de un Estado y una economía más amplios que siguen siendo disputados. De este modo, contribuyen a forjar el poder popular y la correlación de fuerzas necesarios para una transformación sistémica. Lo importante es si permiten al pueblo deliberar, decidir, implementar, supervisar y corregir, y si su autoridad se expande frente a la burocracia y el capital.

Las instituciones populares también pueden ser vaciadas de contenido por organizaciones que afirman actuar en su nombre. En su carta de marzo de 1920 a Lenin, Piotr Kropotkin advirtió que los comités de partido habían desplazado en la práctica a los sóviets y reproducido los defectos de la burocracia. No se trata de contraponer la organización a la espontaneidad, sino de garantizar que los partidos, lxs funcionarixs y los órganos administrativos sigan rindiendo cuentas ante las instituciones a través de las cuales trabajadorxs y comunidades ejercen su iniciativa y autoridad (Kropotkin, [1920] 1995).

El nuevo Estado sigue siendo un terreno de lucha. Lxs funcionarixs pueden adquirir privilegios, lxs expertxs pueden aislarse de la supervisión democrática y las instituciones revolucionarias pueden desvincularse del pueblo que las creó. La autoridad política también puede contribuir a transformar la subjetividad humana, como argumentó Che Guevara en sus reflexiones sobre la conciencia socialista y el “hombre nuevo”, pero esa transformación depende de la participación consciente y de nuevas relaciones sociales, más que de las meras exhortaciones administrativas (Guevara, 1965).

Un nuevo orden no puede borrar simplemente ni aceptar sin cambios los conceptos de autoridad, justicia, comunidad, liderazgo y obligación que hereda. Debe trabajar críticamente con las formas culturales heredadas, preservando y transformando lo que pueda servir a un proyecto emancipador, al mismo tiempo que disputa las jerarquías que estas contienen. Las tradiciones revolucionarias han enfrentado repetidamente este problema. Los esfuerzos por desarrollar el marxismo en relación con las condiciones históricas de China, el llamado de Amílcar Cabral a un “regreso a la fuente” y a la reafricanización, y la insistencia de José Carlos Mariátegui en que el socialismo en América debe ser una “creación heroica” y no calco y copia plantean una pregunta común: ¿cómo puede un proceso revolucionario nutrirse de tradiciones culturales vivas al tiempo que transforma las relaciones de dominación arraigadas en ellas? (Cabral, 1970; Mariátegui, 2011: 127-132).

Por todas estas razones, el poder revolucionario debe medirse por la expansión continua de la capacidad popular, que se refleja en la cultura revolucionaria. Un Estado no puede considerarse socialista solo porque ice una bandera roja o utilice un lenguaje revolucionario. Su carácter debe juzgarse concretamente:

• ¿Lxs trabajadorxs y las comunidades están ganando autoridad sobre la producción y la planificación?
• ¿El campesinado está ganando poder sobre la tierra y la agricultura?
• ¿Las mujeres y las comunidades oprimidas están adquiriendo medios institucionales para transformar la vida social?
• ¿El pueblo puede supervisar a los organismos públicos y corregir la política?
• ¿Las nuevas instituciones están reduciendo la separación entre quienes gobiernan y quienes son gobernados?

El poder sistémico no es un aparato que pueda capturarse de una vez y para siempre. Es la capacidad de transformar y reproducir las relaciones sociales bajo la dirección popular continua.

El poder como proceso

Las tres formas de poder —social, gubernamental y sistémico— no son peldaños de una escalera por la que cada movimiento asciende en un orden fijo: se desarrollan de manera simultánea y desigual. En las crisis revolucionarias pueden surgir y coexistir centros rivales de autoridad política, lo que Lenin describió en la Revolución Rusa como “dualidad de poderes”. Las instituciones revolucionarias pueden ejercer autoridad junto con las del Estado existente y en competencia con ellas. Las bases de apoyo revolucionarias de China ofrecen un ejemplo relacionado, pero distinto: la organización social, la autoridad armada, la administración, la reforma agraria y las nuevas instituciones políticas se desarrollaron conjuntamente en territorios disputados entre las fuerzas revolucionarias y el orden existente. En otras circunstancias, el poder social puede crecer mediante la organización legal, el poder gubernamental puede crecer mediante elecciones, y la confrontación por el poder sistémico puede agudizarse cuando fuerzas arraigadas obstaculizan la reforma.

La relación entre las tres formas es fundamental para la estrategia socialista:

• El poder social prepara al pueblo para gobernar mediante el desarrollo de la organización, el conocimiento, la confianza, la cooperación material y la unidad política. Sin suficiente poder social, un gobierno de izquierda puede quedar aislado y verse obligado a retroceder o a hacer concesiones bajo la presión del capital, los medios hostiles y las instituciones estatales arraigadas. Pero un poder social que no desarrolle una estrategia de transformación gubernamental y sistémica puede no llegar a convertir su fuerza organizada en un cambio social más amplio.
• El poder gubernamental puede lograr reformas, reorientar recursos, abrir espacio institucional y exponer los límites del orden heredado. Puede servir de puente entre el poder social organizado y la transformación sistémica. Pero también puede contener a los movimientos, reducir sus expectativas y convertir organizaciones independientes en maquinaria electoral. Sin un poder social independiente que lo respalde, el gobierno puede quedar aislado o ser absorbido por el orden existente; sin enfrentar el poder sistémico, sus reformas siguen limitadas por estructuras que no controla.
• El poder sistémico se ejerce a través de la transformación de la propiedad, la producción, el Estado y las relaciones más amplias mediante las cuales se reproduce el dominio capitalista. Pero la transformación sistémica depende de un poder social sostenido que mantenga las nuevas instituciones bajo dirección popular, y de instituciones políticas capaces de organizar y administrar las relaciones sociales transformadas. Sin ello, la transformación sistémica puede generar un nuevo poder situado por encima del pueblo en cuyo nombre actúa.

La estrategia política debe, por tanto, formular preguntas concretas en lugar de inferir el poder a partir de cargos, leyes o consignas:

• ¿Una lucha determinada deja al pueblo mejor organizado, con mayor capacidad política y en mejores condiciones materiales que antes?
• ¿Cómo altera una reforma la correlación de fuerzas entre las clases populares y el capital?
• ¿Una victoria electoral amplía la participación popular o reduce cada vez más la política al trabajo de ministrxs y funcionarixs?
• ¿Un programa público transfiere autoridad a trabajadorxs y comunidades, o la concentra en una burocracia que no rinde cuentas?
• ¿La nacionalización somete la planificación, la inversión y el excedente social a control democrático, o se limita a reemplazar a un propietario privado por un gerente nombrado por el Estado?
• ¿La cooperación internacional amplía la soberanía colectiva o reproduce la dependencia?
• ¿Las nuevas instituciones permiten al pueblo criticar a sus dirigentes, corregir el rumbo de la política y revocar o destituir a representantes que hacen mal uso de su autoridad?

Estas preguntas ayudan a evitar dos errores opuestos. La ilusión electoral confunde el control del gobierno con el control del sistema, mientras que la impaciencia revolucionaria descarta las reformas, las elecciones y las victorias parciales porque no eliminan de inmediato el capitalismo. Las reformas pueden construir poder social cuando crean instituciones duraderas, desarrollan confianza política y aclaran el conflicto de clases. Las elecciones pueden impulsar la política revolucionaria cuando amplían la participación y ponen de manifiesto los límites de las instituciones existentes. El poder gubernamental puede convertirse en un puente hacia la transformación sistémica cuando la autoridad pública se utiliza para debilitar el poder del capital y fortalecer la capacidad popular independiente.

El poder no es un objeto almacenado en un parlamento, un ministerio o un palacio presidencial. Es una relación entre fuerzas sociales que se reproduce mediante instituciones y la vida cotidiana. La clase dominante es poderosa no solo porque controla los medios de producción y ejerce influencia a través del aparato coercitivo y otras instituciones estatales, sino porque la propiedad privada, el trabajo asalariado, la ley, la educación, la cultura y las instituciones de reproducción social mantienen y renuevan continuamente las relaciones sociales en las que se sostiene su poder. La clase trabajadora no se vuelve poderosa por declaración, sino desarrollando la capacidad práctica de organizar la producción, sostener comunidades, crear conocimiento, construir alianzas, gobernar la sociedad y defender un nuevo orden.

Todo orden dominante se presenta a sí mismo como permanente. Sus leyes parecen más antiguas que la historia, sus instituciones más sólidas que la piedra y sus desigualdades parte del orden natural. Sin embargo, todo orden social fue hecho por seres humanos. Lo que se ha creado se puede volver a crear.

La medida del socialismo no es el color de una bandera sobre un edificio gubernamental. Es la capacidad creciente del pueblo para dar forma a su trabajo, sostener la vida colectiva, participar en la planificación de la sociedad, gobernar sus comunidades, exigir rendición de cuentas a sus dirigentes y determinar su futuro compartido. La tarea no es simplemente poner una mano nueva sobre la vieja maquinaria, sino transformar las instituciones y las relaciones sociales a través de las cuales se ejerce el poder, y dar al poder popular una forma democrática duradera. Ese es el horizonte: un pueblo que aprende a gobernarse a sí mismo y, a través de ese proceso, aprende a construir un mundo nuevo.

Notas

Referencias bibliográficas

Collage del Instituto Tricontinental de Investigación Social a partir de una proyección cartográfica Dymaxion y de mapas islámicos, mesoamericanos, etíopes y chinos realizados entre los siglos XII y XVII.

Imágenes procedentes de: Muhammad al-Idrisi, Tabula Rogeriana, 1154, reconstrucción y transcripción de 1929 a cargo de Konrad Miller, vía Wikimedia Commons. Matteo Ricci y Li Zhizao, Kunyu Wanguo Quantu (坤輿萬國全圖), 1602. Biblioteca del Congreso, División de Geografía y Mapas, vía Wikimedia Commons. Código Xólotl, Lámina 1, Tetzcoco, México, c. 1541, vía Wikimedia Commons. Mapa circular de Tigray del Māshafā Aksum (Libro de Aksum), anterior al siglo XVIII. Bibliothèque nationale de France, Colección Antoine d’Abbadie, vía Wikimedia Commons. Justinkunimune, Blank World Map, Dymaxion Projection [Mapa mundial en blanco, proyección Dymaxion], 2023, Wikimedia Commons, CC0 1.0.

Los mapas de este dossier trazan cómo el orden mundial hegemónico ha organizado y representado el mundo; desde la época colonial, el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial y la bipolaridad de la Guerra Fría hasta el capital internacionalizado, la división Norte-Sur y la unipolaridad estadounidense. Más allá de representaciones, destilan los conceptos que las potencias imperiales y coloniales han utilizado para ejercer el poder. Cada gota de tinta es una elección: qué se sitúa en el centro, qué países se ponen arriba, qué distorsiones son aceptables. La portada reúne tradiciones cartográficas con diferentes centros, orientaciones y cosmologías, y plantea una pregunta: más allá de los polos y los bloques, ¿cómo podríamos entender las relaciones sociales desiguales que constituyen el propio orden mundial?

La proyección de Mercator se desarrolló en 1569 para la navegación europea durante el período colonial. Durante la expansión imperialista, se convirtió en la proyección cartográfica estándar, que actualmente se utiliza.
Este mapa, que muestra las esferas de influencia de las “grandes potencias” y sus posesiones, fue creado por H. E. C. Robinson en 1908. Fuente: Biblioteca Nacional de Australia, vía Wikimedia Commons.

El lenguaje de la “unipolaridad” y la “multipolaridad”, es decir, si el poder global se concentra en un solo Estado dominante o se distribuye entre varios Estados importantes, se ha vuelto casi inevitable en los debates políticos. Los responsables políticos de Estados Unidos y de sus aliados han descrito a menudo el sistema internacional posterior a la Guerra Fría como un “orden internacional liberal” cada vez más amenazado por “potencias revisionistas” como China y Rusia. Muchos gobiernos y movimientos del Sur Global, en cambio, celebran lo que consideran el surgimiento de un mundo multipolar en el que Washington ya no puede dictar los términos de la vida internacional. Esta aspiración es comprensible. Todo debilitamiento de la capacidad de Estados Unidos para imponer bloqueos y sanciones unilaterales, organizar golpes de Estado y librar guerras puede abrir espacio político para el desarrollo soberano y para que la lucha de clases avance.

La “multipolaridad” puede funcionar como consigna de resistencia a la primacía estadounidense y ofrecer una descripción aproximada de cómo se distribuyen ciertas formas de poder estatal. Sin embargo, su atractivo político no debe confundirse con capacidad explicativa. El número de Estados poderosos dice poco sobre las relaciones sociales que producen su poder, los intereses de clase organizados en su interior o las jerarquías imperialistas que los conectan. La multipolaridad no proporciona, por sí sola, una explicación marxista del mundo. Cuando se la trata como tal, puede inducirnos a creer que una distribución más amplia del poder estatal es intrínsecamente progresista.¹

El expresidente venezolano Hugo Chávez, quien tenía todos los motivos para acoger con agrado un mundo con múltiples centros, estaba tan insatisfecho con el término “multipolaridad” que acuñó el de “pluripolaridad” en contraposición, insistiendo en que lo que importaba no era el número de centros, sino si los sujetos populares eran los agentes de la transformación.² La necesidad de precisar este contenido político era en sí misma reveladora: el número de polos por sí solo no dice nada sobre las fuerzas de clase ni sobre los sujetos populares que configuran el orden resultante.

Por lo tanto, un análisis marxista debe sustituir la aritmética de los polos por el análisis de una cadena: un sistema de formaciones sociales de desarrollo desigual, constituidas internamente por la lucha de clases y vinculadas entre sí por relaciones de explotación y dependencia. La pregunta no es cuántos polos hay, sino cómo se sostiene la cadena y dónde es más susceptible de romperse.

El problema, entonces, reside en la propia imagen del polo. Esta nos pide imaginar el sistema internacional como un conjunto de Estados soberanos tratados como sus unidades decisivas, cada uno de los cuales posee una cantidad mensurable de poder. Según cómo se distribuya ese poder, el sistema se describe como unipolar, bipolar o multipolar. Este vocabulario nos dice cuántas grandes potencias cuentan como polos geopolíticos. No nos indica qué tipo de orden social reproduce cada Estado, cómo se produce su poder, qué intereses de clase dan forma a ese poder, ni a través de qué relaciones transnacionales se ejerce. Captura una imagen del tablero de ajedrez mientras oculta las relaciones sociales que fabricaron el tablero, esculpieron las piezas y decidieron quién tiene permiso para jugar.

La polaridad se presenta como una forma de medición. Si se mide mediante el producto interno bruto (PIB) a paridad de poder adquisitivo (PPA), que ajusta las diferencias en los niveles de precios entre países, el mundo parece económicamente plural. Ninguna economía por sí sola ejerce algo parecido a la dominación que implica la palabra “unipolaridad”. No obstante, si se mide por el gasto militar y los sistemas de alianzas organizados en torno a él, ese mismo mundo parece mucho más concentrado: en 2022, Estados Unidos representó por sí solo alrededor del 53,5% del gasto militar mundial y el bloque militar liderado por este país concentró el 74,3%. Estados Unidos mantenía, además, al menos 902 bases militares en el extranjero, lo que constituye, sin duda, la red más grande del mundo (Tricontinental, 2024).

Si se mide de una tercera manera, por el control sobre mercados e infraestructuras críticos que funcionan como puntos de atasco estratégico en la producción y el intercambio contemporáneos, el mundo no parece plural ni bipolar, sino cercano al monopolio. Aun así, esta concentración no se corresponde nítidamente con los Estados. Cuatro empresas controlan el 56% del mercado mundial de semillas comerciales y el 61% del mercado de plaguicidas. Una de ellas es Bayer, que absorbió a Monsanto y su cartera de patentes en 2018 (ETC Group y GRAIN, 2025; Howard, 2021). Tres empresas, Eli Lilly, Novo Nordisk y Sanofi, controlan más del 90% del mercado mundial de insulina en valor y alrededor del 95% del mercado en los países de ingresos bajos y medianos (Access to Medicine Foundation, 2022).³Palantir, una sola empresa estadounidense, suministra la plataforma de datos en la que el Ejército de Estados Unidos ejecuta sus operaciones y las autoridades migratorias estadounidenses rastrean a las personas.⁴

La misma concentración se observa en las finanzas y la energía. El dólar representa más de cuatro quintas partes del financiamiento del comercio mundial, un predominio que excede con creces la participación de Estados Unidos en la producción o el comercio mundiales. Se trata de una forma de dominio monetario que una clasificación basada en el peso económico nacional no puede reflejar.⁵ En el sector energético, la propiedad de un recurso puede, igualmente, divergir del control sobre los circuitos a través de los cuales llega al mercado. Esta divergencia es visible en los vecinos Venezuela y Guyana. Venezuela es propietaria absoluta de su petróleo desde 1976, pero la agresión estadounidense —ya sea militar, como el bombardeo del 3 de enero de 2026; económica, con más de 1.000 sanciones y otras medidas coercitivas unilaterales, o de otro tipo— sigue determinando las condiciones bajo las que se puede vender el petróleo venezolano a nivel internacional. En la vecina Guyana, el acuerdo de producción compartida de 2016 que rige el bloque de Stabroek, situado mar adentro, restringe la capacidad del gobierno para modificar sus términos sin el consentimiento previo por escrito del consorcio liderado por ExxonMobil (Oficina de Control de Activos Extranjeros [OFAC], s. f.).

Tres formas de medir, tres mundos distintos, una sola realidad. El desacuerdo entre quienes ven unipolaridad y quienes ven multipolaridad no es, por lo tanto, un simple desacuerdo sobre los hechos. Es también un desacuerdo sobre qué relaciones constituyen poder, y es precisamente esta pregunta la que debe resolverse antes de comenzar cualquier recuento, una pregunta que el vocabulario de los polos deja sin respuesta.

La polaridad también hereda lo que suele denominarse una representación westfaliana del poder: un mundo compuesto principalmente por Estados territoriales soberanos tratados como unidades internamente coherentes. Esto oculta cómo los Estados territoriales, los mercados capitalistas, las compañías coloniales privilegiadas y los circuitos transfronterizos de acumulación de capital se desarrollaron conjuntamente. Décadas antes de la Paz de Westfalia de 1648, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, fundada en 1602, poseía amplios poderes comerciales y cuasi soberanos, incluida la autoridad para declarar la guerra, celebrar tratados y construir fuertes (Brandon, 2017). Por lo tanto, la historia del sistema mundial capitalista moderno no es una en la que primero aparecieron Estados soberanos plenamente formados y sólo después las corporaciones cruzaron sus fronteras. El poder capitalista combinó formas territoriales, comerciales e imperialistas desde el principio.

La Carta del Atlántico de 1941 estableció una visión angloestadounidense del orden de posguerra, al afirmar el derecho de “todos los pueblos a elegir la forma de gobierno bajo la cual han de vivir”, mientras Gran Bretaña aún gobernaba un vasto imperio colonial.
Mapa creado por MacDonald Gill en 1942. Fuente: Colección de Cartografía Persuasiva P.J. Mode, Biblioteca de la Universidad de Cornell, vía Wikimedia Commons.

La genealogía estadounidense de la polaridad

El vocabulario moderno de la polaridad surgió del mundo institucional y político de la ciencia política estadounidense posterior a 1945. Como veremos, contaba con antecedentes más antiguos en los debates europeos sobre el equilibrio de poder. Sin embargo, fue en Estados Unidos, en medio de la revolución conductista, la teoría de sistemas, la estrategia de la Guerra Fría y la rápida expansión de la investigación universitaria sobre seguridad nacional, donde la “polaridad” pasó a ser tratada como una propiedad formal del sistema internacional. La figura central en la consolidación de la polaridad como teoría de la estructura internacional fue Kenneth Waltz, el principal arquitecto del neorrealismo. En lugar de partir de las características internas de los Estados, el neorrealismo buscó explicar su comportamiento a través de las restricciones de un sistema internacional anárquico y de la distribución de capacidades entre sus principales Estados.

Waltz se basó en el trabajo de Morton Kaplan, cuyo libro Sistema y proceso en la política internacional (1957) contribuyó a traducir la historia diplomática de los equilibrios de poder y las alianzas a modelos abstractos regidos por reglas. Kaplan organizó la política internacional en seis modelos: el de equilibrio de poder, el bipolar flexible, el bipolar rígido, el universal, el jerárquico y el de veto unitario. Le dio así un andamiaje propio de la teoría de sistemas a lo que hasta entonces se había estudiado en gran medida por medio de la historia diplomática. Tanto Kaplan como Waltz estudiaron en la Universidad de Columbia con el especialista en relaciones internacionales William T. R. Fox, quien acuñó el término “superpotencia” en 1944. En un momento en que la ciencia política estadounidense buscaba cada vez más modelar el comportamiento político en términos formales y científicos, Kaplan primero y Waltz después recurrieron a la teoría general de sistemas para analizar la política internacional. Las historias del imperialismo, la revolución y la lucha de clases fueron desplazadas por interacciones abstractas entre unidades formalmente comparables. La clase no tuvo que ser refutada explícitamente: desapareció del propio objeto de estudio.

Waltz dio a este enfoque sistémico su forma neorrealista canónica. En La estabilidad de un orden bipolar y, de manera más sistemática, en Teoría de la política internacional sostuvo que el sistema internacional era anárquico, es decir, que ninguna autoridad central se situaba por encima de los Estados soberanos. Dentro de este sistema, los Estados eran tratados como funcionalmente similares a pesar de las diferencias en sus sistemas políticos y sociales, y se distinguían principalmente por la distribución de capacidades entre ellos (1964; 1979). Los órdenes internos de estos Estados podían diferir profundamente, pero la teoría estructural de Waltz abstraía esas diferencias y sus modelos trascendían la ideología. Estados Unidos y la Unión Soviética podían, por lo tanto, ser tratados como unidades funcionalmente comparables que ocupaban dos polos, y su conflicto podía analizarse principalmente a través de la estructura de la bipolaridad y no del antagonismo entre sus sistemas sociales. Que en cada país la producción estuviera organizada por el capitalismo o por el socialismo se consideraba una diferencia interna, no algo constitutivo del propio sistema internacional. Esta abstracción no era inocente. Convirtió una coyuntura históricamente específica de la Guerra Fría en una teoría general de la política internacional. Dentro de este marco, la revolución anticolonial, los sistemas sociales en competencia, el intercambio desigual y el imperialismo estadounidense quedaron analíticamente subordinados al número y al peso relativo de los Estados más fuertes. El marco resultante reflejaba fielmente las preocupaciones de un establishment de seguridad nacional estadounidense centrado, ante todo, en la estabilidad estratégica y la gestión de la rivalidad.

Durante la Guerra Fría, Waltz sostuvo que la bipolaridad era más estable que la multipolaridad porque las dos superpotencias dependían menos de sus aliados y podían evaluar con mayor precisión las capacidades de la otra. A medida que la URSS se desintegraba, este mismo vocabulario conceptual se reorientó para describir la primacía estadounidense. En su conferencia conmemorativa de Henry M. Jackson de 1990, Charles Krauthammer sostuvo que la aparente pluralidad del poder mundial ocultaba el predominio de una única superpotencia, Estados Unidos (1990/1991). El concepto pronto pasó del comentario político a la investigación académica realista. En su obra La estabilidad de un mundo unipolar, William Wohlforth argumentó que la magnitud del predominio de Estados Unidos dificultaba el contrapeso y hacía menos probable una guerra entre grandes potencias (1999). Ese mismo año, Samuel Huntington describió el orden emergente como “uni-multipolar”: una superpotencia que operaba junto a varias grandes potencias cuya cooperación a menudo requería (1999). Aunque estos autores discrepaban sobre el número de polos y la distribución de capacidades entre ellos, compartían la misma concepción subyacente del sistema internacional: los Estados como unidades comparables cuyas capacidades relativas determinan su estructura.

A medida que el predominio de Estados Unidos se ha erosionado en algunos ámbitos mientras permanece firme en otros, el lenguaje de la polaridad ha vuelto al centro del debate. Las categorías heredadas de Kaplan y Waltz se utilizan ahora para preguntarse si China, Rusia, India, Brasil y otros Estados constituyen polos independientes. El debate suele girar en torno a indicadores como el PIB, el gasto militar, la población, la capacidad tecnológica y el alcance diplomático. Sin embargo, “multipolaridad” se usa a menudo menos para identificar una estructura coherente del poder mundial que para describir el declive relativo del poder estadounidense. Lo que a menudo queda sin cuestionar en estas descripciones sucesivas, la bipolaridad, el momento unipolar y ahora la multipolaridad, es el supuesto de que los Estados territoriales son los contenedores básicos del poder y que el orden mundial puede entenderse jerarquizándolos.

Los límites de este enfoque se hacen más evidentes cuando intentamos interpretar la guerra en Ucrania, la expansión de los BRICS+ o las distintas posiciones y políticas de China, Rusia, India y Brasil. Estos Estados no pueden ser tratados como unidades equivalentes solo porque se resisten a determinadas iniciativas estadounidenses, negocian con ellas u operan al margen de ellas. Sus bloques gobernantes, formas de propiedad, relaciones con las finanzas internacionales, presiones populares y posiciones dentro de la cadena imperialista difieren marcadamente. Esas diferencias ayudan a explicar por qué gobiernos que cooperan en el marco de los BRICS+ u otra institución multilateral pueden divergir notablemente en otras cuestiones, y por qué un mismo Estado puede resistir la presión estadounidense en política exterior mientras reproduce la explotación a nivel nacional y las relaciones de dependencia a nivel internacional.

Además, juzgado por sus propios criterios, el historial predictivo de este marco después de la Guerra Fría ha sido, en el mejor de los casos, desigual. El realismo estructural nunca fue meramente descriptivo: sus defensores lo utilizaron para hacer predicciones concretas sobre cómo se desarrollaría el orden posterior a la Guerra Fría. En 1993, Waltz sostuvo que las presiones del equilibrio de poder empujarían a Alemania y Japón hacia la condición plena de grandes potencias, incluida la adquisición de armas nucleares (1993).⁶ Partiendo de premisas realistas similares, John Mearsheimer sostuvo en 1990 que, si las fuerzas estadounidenses y soviéticas se retiraban de Europa y el sistema de alianzas de la Guerra Fría se disolvía, Europa volvería a un orden multipolar más propenso a la inestabilidad (1990). Ninguna de las dos predicciones se cumplió. Alemania y Japón no adquirieron armas nucleares. Estados Unidos mantuvo su presencia militar en Europa. La OTAN se expandió.

Una explicación marxista de esta secuencia de acontecimientos apunta, en cambio, a relaciones que el realismo estructural deja en gran medida de lado. En Alemania y Japón, las fracciones de clase dominantes se integraron en circuitos de acumulación centrados en Estados Unidos, mientras que sus aparatos estatales se reestructuraron dentro del orden más amplio liderado por Estados Unidos (McCormack, 2007; Lundestad, 1998). Esta estructura no dejó de determinar los resultados. La estructura nunca fue la que describió Waltz.

La obra de Mearsheimer ilustra tanto la fortaleza como los límites de esta tradición. Su rechazo al lenguaje de la “promoción de la democracia”, utilizado para justificar la expansión de la OTAN hacia el este, puede iluminar las presiones estratégicas que rodean la guerra en Ucrania con mayor claridad que los relatos enmarcados principalmente en términos de valores liberales. Con todo, al tratar a las grandes potencias principalmente como Estados en busca de seguridad y funcionalmente similares, el realismo no puede explicar adecuadamente las fuerzas de clase que dan forma a la política rusa, ucraniana, europea y estadounidense. Tampoco puede explicar los intereses materiales organizados a través de la energía, las finanzas, la producción de armas y las relaciones de propiedad, ni las estructuras imperiales desiguales en las que se toman las decisiones estratégicas. Una crítica de la ideología liberal es necesaria, pero sin un análisis social de los Estados y las fuerzas de clase involucrados permanece incompleta.

Paradójicamente, el discurso que hoy anuncia el fin del predominio estadounidense sigue arraigado en un marco conceptual desarrollado dentro de la academia de seguridad nacional de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Las relaciones sociales y de clase que contribuyeron a dar forma al orden posterior a la Guerra Fría son precisamente las que este marco tiende a no registrar.

Este mapa representa los dos bloques antagónicos de la Guerra Fría y la lógica geopolítica de la bipolaridad.
Robert M. Chapin, Two Worlds 1950 [Dos mundos, 1950], 1950.
Fuente: Time, 2 de enero de 1950, vía la Colección de Cartografía Persuasiva P.J. Mode, Biblioteca de la Universidad de Cornell, vía Wikimedia Commons.

El modelo westfaliano y el mercado mundial

La teoría de la polaridad se basa en lo que a menudo se denomina una representación westfaliana del orden internacional: un mundo compuesto por Estados territorialmente delimitados, cada uno soberano dentro de sus fronteras y formalmente igual a los demás, que interactúan en ausencia de cualquier autoridad superior. El término remite a la Paz de Westfalia, los acuerdos concluidos en Münster y Osnabrück en 1648 que pusieron fin a la Guerra de los Treinta Años —un conflicto devastador en Europa Central marcado por divisiones religiosas, rivalidad dinástica y luchas por la autoridad política dentro del Sacro Imperio Romano Germánico— y que más tarde fueron tratados en la teoría de las relaciones internacionales como el nacimiento del sistema moderno de Estados soberanos. Ahora bien, los tratados de Münster y Osnabrück de 1648 no inventaron de repente la soberanía ni produjeron una separación nítida entre jerarquía interna y anarquía internacional. Más bien, dirimieron la guerra dentro de un orden dinástico e imperial estratificado, en el que la autoridad política permanecía superpuesta, desigual y socialmente heterogénea. Por eso, los historiadores y los especialistas en relaciones internacionales han cuestionado el “mito westfaliano”, la idea de que los acuerdos de 1648 crearon el sistema moderno de Estados soberanos (Teschke, 2003). La importancia de Westfalia reside menos en lo que los tratados crearon de inmediato que en lo que más tarde llegaron a simbolizar en la teoría internacional: el supuesto nacimiento de un mundo compuesto por Estados soberanos territorialmente delimitados.

Para Waltz, Westfalia sirvió como un límite histórico útil. En Teoría de la política internacional, sostuvo que, desde Westfalia en adelante, no más de ocho grandes Estados habían competido al mismo tiempo por el dominio del sistema mundial. Waltz recurrió a este ejemplo europeo temprano para demostrar el problema estructural de la multipolaridad, dejando en buena medida de lado las personalidades de cada gobernante y los detalles de las maniobras diplomáticas.

Una segunda vía para pensar la multipolaridad surgió del estudio de Henry Kissinger sobre el Congreso de Viena. Su tesis doctoral de Harvard de 1954, reelaborada y publicada en 1957 como Un mundo restaurado, examinó cómo Castlereagh y Metternich recurrieron a la legitimidad, la moderación y el equilibrio para estabilizar el arreglo posnapoleónico (1957). Kissinger se preguntó cómo la diplomacia podría gestionar un orden multipolar. Waltz se preguntó cómo el número y las capacidades relativas de las grandes potencias condicionaban la diplomacia independientemente de quién las gobernara. En conjunto, estos enfoques establecieron las dos concepciones estadounidenses dominantes de la multipolaridad: una centrada en la gestión diplomática y la otra en la estructura sistémica.

En ambas explicaciones del orden interestatal, las relaciones económicas quedan subordinadas a las relaciones entre Estados soberanos. Lo que se pierde de vista es el desarrollo histórico del capital mercantil, industrial y financiero; la formación de mercados nacionales e internacionales; y las instituciones jurídicas y políticas que rigen el comercio, la propiedad, el trabajo y la inversión. Waltz reconoció que las grandes corporaciones “y otros actores no estatales son difíciles de regular y pueden rivalizar en influencia con algunos Estados” (1979: 94). Aun cuando la “importancia” de los actores no estatales es “obvia”, argumentó, ello no vuelve obsoleta la “concepción estadocéntrica de la política internacional”. La cuestión, entonces, no es si Waltz reconoció a los actores no estatales, sino si estos pueden ser tratados como fuerzas secundarias que operan dentro de un sistema cuya estructura básica ya está definida por los Estados. Desde un punto de vista marxista, no pueden: las capacidades atribuidas a los Estados son a su vez producidas mediante relaciones de propiedad, producción, finanzas, imperio y lucha de clases, que traspasan las fronteras territoriales.

Para los marxistas, esta omisión importa porque los Estados territoriales modernos no se desarrollaron primero como unidades políticas cerradas para solo después incorporarse a las relaciones económicas capitalistas. El sistema estatal moderno y el mercado mundial capitalista se desarrollaron en conjunto. La consolidación de la soberanía europea estuvo ligada a la esclavitud, el despojo y el dominio colonial en el exterior.⁷ La igualdad formal de los Estados soberanos en el derecho internacional ha coexistido durante mucho tiempo con una profunda jerarquía material en todo el sistema mundial: colonias privadas de soberanía, Estados deudores formalmente independientes, territorios ocupados, protectorados y Estados cuyo margen de acción política se ve limitado por acreedores, normas comerciales, sanciones y amenazas militares. La soberanía territorial moderna misma se forjó a lo largo de siglos mediante la guerra, la conquista colonial, las relaciones de propiedad capitalistas y la lucha de clases.

La metáfora del polo convierte estas relaciones en atributos de Estados individuales. El poder financiero aparece como algo que posee Estados Unidos, en lugar de un conjunto de relaciones que se reproducen a través del papel internacional del dólar, los bancos centrales y comerciales, los contratos de deuda, los sistemas de pago, la contabilidad corporativa y las restricciones que estos acuerdos imponen a otros Estados. La producción contemporánea se organiza mediante cadenas de valor mundiales en las que el control corporativo, la manufactura, la logística, los datos, la propiedad intelectual y la ubicación de las ganancias están geográficamente dispersos. Una corporación puede poseer pocas fábricas y, sin embargo, controlar a miles de proveedores mediante normas, patentes, contratos de compra y plataformas digitales. Lxs trabajadorxs de todo el Sur Global pueden integrarse en las mismas redes de producción transnacionales y permanecer divididos por fronteras, regímenes salariales, controles migratorios y una exposición diferencial a los daños ambientales. Las empresas líderes y los propietarios financieros tienden a acaparar una parte desproporcionada de valor y de ganancias, mientras que los proveedores, lxs trabajadorxs y los Estados asumen gran parte del riesgo.

Un marco de polaridad no tiene forma convincente de captar este tipo de poder. Si una empresa tecnológica con sede en Estados Unidos organiza la producción en Asia oriental, extrae datos a escala mundial, mantiene la propiedad intelectual en una jurisdicción, registra utilidades en otra, depende de minerales de África y de América Latina y se apoya en los tribunales, la diplomacia, los controles de exportación y la protección militar de Estados Unidos, ¿a qué polo pertenece su poder? Calificarla simplemente de “estadounidense” pasa por alto la organización transnacional de la acumulación. Tratarla como “sin Estado” ignora los sistemas jurídicos y coercitivos respaldados por el Estado que hacen exigibles sus derechos de propiedad. El argumento marxista, por lo tanto, no es que las corporaciones hayan reemplazado a los Estados. El capital necesita Estados que definan y hagan valer los derechos de propiedad, disciplinen la mano de obra, absorban las pérdidas, construyan infraestructura, vigilen las fronteras y defiendan el acceso a mercados y recursos. Las multinacionales operan más allá de las fronteras, pero siguen dependiendo de la autoridad territorial. Explotan las diferencias entre los regímenes fiscales, laborales y regulatorios nacionales, a la vez que se apoyan en poderosos Estados de origen y negocian con los Estados anfitriones. La relación no es ni un mundo de bolas de billar soberanas ni un imperio de corporaciones sin fronteras. Es una unidad diferenciada de Estados y capitales, formas distintas de poder que son, no obstante, profundamente interdependientes.⁸

Esta comprensión relacional del poder tiene raíces profundas en las teorías marxistas del imperialismo. La teoría del imperialismo de Vladimir Lenin ya apunta más allá de un simple mapa de grandes potencias. Lenin definió el imperialismo mediante cinco características interrelacionadas: la concentración de la producción y del capital en monopolios; la fusión del capital bancario con el industrial en el capital financiero; la importancia creciente de la exportación de capital; la formación de asociaciones capitalistas monopolistas internacionales; y el reparto territorial del mundo entre las principales potencias capitalistas. Para Lenin, el reparto del mundo entre las grandes potencias importaba no simplemente porque existieran varios Estados poderosos, sino porque ese reparto estaba ligado a la acumulación capitalista y al desarrollo desigual. Una teoría contemporánea debe extender esta perspectiva a la producción mundial, las finanzas centradas en el dólar, los monopolios digitales, la expansión de la extracción hacia nuevas fronteras ecológicas y la arquitectura legal de la propiedad intelectual y la inversión, en lugar de replegarse a contar polos.

En el Segundo Congreso de la Internacional Comunista, en 1920, los debates sobre las Tesis sobre la cuestión nacional y colonial, que incluyeron el borrador de tesis de Lenin y las tesis complementarias presentadas por el revolucionario indio M. N. Roy, se preguntaron cómo debían los comunistas distinguir las naciones oprimidas de las opresoras, analizar la composición de clase de los movimientos anticoloniales, relacionar a las y los trabajadores y campesinos con la burguesía nacional y combinar las alianzas temporales con la independencia política del proletariado. En este marco, las relaciones interestatales, la liberación nacional y la lucha de clases interna formaban partes interconectadas de un único problema estratégico.

La obra de Mao Zedong Sobre la guerra prolongada (1938) ofrece un ejemplo magistral de este método en el contexto de la guerra de resistencia de China contra Japón. El análisis de Mao partía de la correlación concreta de fuerzas: las condiciones sociales y políticas y la vasta geografía de China, las fortalezas y debilidades militares y económicas de Japón y la cambiante situación internacional. La revolución vietnamita, asimismo, derrotó al colonialismo francés y al imperialismo estadounidense combinando un análisis de las clases internas, las contradicciones sociales y políticas dentro de Estados Unidos y las posibilidades creadas por las relaciones y las divisiones entre Estados con distintos sistemas sociales y alineamientos políticos. La diplomacia revolucionaria de Cuba —desde la defensa de su soberanía hasta su actividad internacionalista— ha demostrado reiteradamente esa misma capacidad de operar en el marco de las contradicciones interestatales sin reducir la política a las relaciones entre Estados.

Este mapa se creó en 1956 como parte de una campaña publicitaria de un importante banco estadounidense para mostrar su expansión en el extranjero, especialmente en América Latina, África y Asia, destacando los circuitos financieros internacionales y la acumulación de capital.
Fuente: Tomado de un anuncio del First National City Bank de Nueva York en el artículo “How Bankers ‘on the Scene’ Make the Difference Overseas” [“Cómo los banqueros ‘en el terreno’ marcan la diferencia en el extranjero”], de la colección de Cartografía Persuasiva P.J. Mode, Biblioteca de la Universidad de Cornell, vía Wikimedia Commons.

Los Estados, el capital internacionalizado y la cadena imperialista

Nicos Poulantzas desarrolló la teoría del imperialismo de Lenin en una dirección particularmente útil para comprender la relación entre los Estados nacionales y el capital internacionalizado. Aunque Poulantzas no elaboró una teoría de la geopolítica como campo separado, sus escritos sobre el Estado capitalista, las clases sociales y la internacionalización del capital aportan elementos importantes para una teoría de ese tipo. En Estado, poder y socialismo, describió el Estado como una “condensación material específica de una relación de fuerzas entre clases y fracciones de clase” (1978: 129). Para Poulantzas, el Estado no se sitúa por fuera de la lucha de clases: la correlación de fuerzas entre las clases y los sectores en competencia dentro de ellas se materializa en sus instituciones y políticas. El Estado no es ni un actor neutral ni simplemente el instrumento de una clase capitalista unificada. El propio capital está dividido en fracciones en competencia, como el capital industrial, el comercial y el financiero, cuyos intereses no siempre coinciden. En consecuencia, el Estado posee un grado de “autonomía relativa” respecto de cualquiera de esas fracciones, lo que le permite organizar lo que Poulantzas llamó un “bloque en el poder”: la alianza de clases dominantes y fracciones de clase cuyos intereses en competencia se mantienen cohesionados bajo la dirección de una fracción hegemónica. Por lo tanto, la política exterior no debe entenderse ni como una expresión automática de los intereses capitalistas ni como la búsqueda de un interés nacional atemporal. Está moldeada por la cambiante correlación de fuerzas de clase expresada a través del Estado.

En Las clases sociales en el capitalismo actual (1975), Poulantzas aplicó este enfoque a la internacionalización del capital. La expansión de las corporaciones multinacionales, sostenía, no abolió los Estados nacionales ni generó un único Estado capitalista sin fronteras. El capital internacional todavía debía reproducirse dentro de formaciones sociales concretas y a través de los Estados nacionales, que garantizan la propiedad, regulan el trabajo, proveen infraestructura, gestionan las crisis y organizan el consenso político. Por lo tanto, la internacionalización del capital no ocurre por fuera o por encima de los Estados nacionales, sino a través de cambios dentro de ellos. El capital extranjero se integra en la producción nacional, en las alianzas de la clase dominante, en las instituciones administrativas y en las estrategias estatales. Así, las relaciones imperialistas se reproducen no solo mediante la presión externa entre Estados, sino también a través de las relaciones de clase y las instituciones internas de los Estados que conectan.

Poulantzas desarrolló la categoría de “burguesía interna” para describir a las fracciones de la burguesía doméstica cuya acumulación seguía teniendo base nacional, pero se había entrelazado con el capital extranjero. En la Europa de la posguerra, argumentó, sectores importantes de la burguesía no eran ni capitalistas nacionales autónomos ni agentes pasivos de Estados Unidos. Su capital permanecía arraigado en sus propias formaciones sociales, pero su reproducción se había entrelazado con las corporaciones estadounidenses y con los circuitos internacionales de acumulación dominados por el capital estadounidense. Estas burguesías podían negociar con el capital estadounidense y a veces entrar en conflicto con él, a la vez que permanecían estructuralmente dependientes del orden imperial más amplio. En consecuencia, la jerarquía imperial se reproducía no solo mediante la presión ejercida por un Estado sobre otro, sino también dentro de los propios bloques en el poder de los Estados subordinados.⁹

Esto nos lleva de vuelta a la concepción leninista de la cadena imperialista, ahora entendida a través de la teoría del Estado de Poulantzas. Sus eslabones no son Estados soberanos idénticos que se distinguen solo por cuánto poder poseen. Cada eslabón es una formación social con su propia combinación de clases, instituciones, luchas políticas y formas de dependencia. La cadena se caracteriza por un desarrollo desigual: los Estados ocupan posiciones diferentes dentro de la producción mundial, las finanzas, el poder militar y el control tecnológico. Pero esas posiciones no pueden ser determinadas clasificando a los Estados únicamente según sus capacidades nacionales, porque las relaciones imperialistas también atraviesan la estructura de clases interna de cada Estado.

En consecuencia, un análisis al estilo de Poulantzas plantearía preguntas que la teoría de la polaridad no formula. ¿Qué fracciones de clase constituyen el bloque en el poder de un Estado? ¿Qué fracción ejerce la hegemonía dentro de él? ¿Cómo se inserta el capital extranjero en la producción nacional y en las instituciones estatales? ¿Qué corporaciones dependen de qué Estados para proteger su propiedad, sus mercados, sus tecnologías y sus cadenas de suministro? ¿Cómo alteran las luchas populares la correlación de fuerzas dentro del Estado? Estas preguntas no hacen irrelevante el conflicto interestatal, sino que explican su contenido social.

La Línea Brandt de 1980, superpuesta a una proyección de Gall-Peters, representa la división entre un Norte más rico e industrializado y un Sur más pobre, en gran parte antiguamente colonizado.
Fuente: Portada de North-South: A Programme for Survival [Norte-Sur: un programa para la supervivencia], informe de la Comisión Independiente sobre Cuestiones del Desarrollo Internacional, presidida por Willy Brandt, Pan Books, 1980.

Poulantzas nos ayuda a superar la falsa disyuntiva entre un mundo de bolas de billar soberanas y un imperio sin fronteras de corporaciones multinacionales. El capital está internacionalizado, pero el poder político sigue organizándose de manera desigual a través de una pluralidad de Estados nacionales. Los Estados se constituyen a nivel nacional, pero sus relaciones de clase internas también están moldeadas por el capital internacional y la jerarquía imperial. La geopolítica no es un concurso autónomo entre Estados territoriales, sino la organización internacional del poder de clase a través de un sistema diferenciado de Estados. Esto también nos ayuda a comprender el poder de las corporaciones transnacionales. Las cadenas de suministro mundiales y las finanzas internacionales permiten que las grandes empresas monopolistas operen atravesando jurisdicciones, pero su existencia y expansión dependen de manera decisiva de los Estados. Los monopolios digitales y tecnológicos estadounidenses dependen de la investigación pública, la contratación pública, los subsidios, los tribunales, las patentes, los controles de exportación, la presión diplomática, los sistemas de inteligencia y el poder militar. Del mismo modo, otros capitales monopolistas dependen de los Estados en los que están anclados su propiedad y su mando estratégico. En la etapa imperialista, la integración del Estado y el capital monopolista no termina cuando las finanzas cruzan las fronteras. Se reproduce internacionalmente a través de un sistema desigual en el que el capital opera más allá de las fronteras nacionales al tiempo que conserva relaciones privilegiadas con determinados aparatos estatales.

Por lo tanto, el desgaste de ciertas formas de poder soberano bajo la presión de las finanzas internacionales no debe confundirse con la desaparición del Estado. Incluso un Estado capitalista subordinado sigue siendo un aparato central por medio del cual las clases dominantes organizan la explotación, aseguran la propiedad, disciplinan a la fuerza de trabajo, gestionan el conflicto social y reproducen su poder. La integración en la cadena imperialista cambia la correlación de fuerzas dentro del Estado y puede obligar a su bloque gobernante a ceder margen de acción política, pero también convierte la lucha contra la subordinación imperialista en parte de la lucha de clases dentro de ese Estado. En consecuencia, la relación entre el poder de clase y la soberanía nacional es concreta, no abstracta. La soberanía ejercida por una clase capitalista dominante no es soberanía popular. Sin embargo, romper o aflojar los mecanismos del mando imperial puede ampliar el terreno sobre el que luchan la clase trabajadora y otras fuerzas populares.

Este mapa, creado por el gobierno de Estados Unidos, divide el mundo en las “áreas de responsabilidad” geográficas asignadas a los mandos militares estadounidenses.
Fuente: Agencia Nacional de Imágenes y Cartografía de los Estados Unidos, The World with Commanders’ Areas of Responsibility [El mundo con las áreas de responsabilidad de los comandantes], 1999, vía la División de Geografía y Mapas de la Biblioteca del Congreso y Wikimedia Commons.

Un orden mundial contradictorio

Ni la unipolaridad ni la multipolaridad captan adecuadamente el orden mundial actual. El predominio estadounidense se ha erosionado, pero no ha desaparecido por completo. Estados Unidos sigue siendo el país con el mayor gasto militar del mundo, se sitúa en el centro de un sistema inigualable de alianzas y bases militares en el extranjero y se beneficia del papel central del dólar en las reservas, el comercio, la deuda y los pagos (Tricontinental, 2024). Su poder es institucional y relacional, no una mera suma de recursos nacionales. Al mismo tiempo, China se ha convertido en un importante centro industrial y tecnológico. Rusia conserva formidables capacidades militares y vastos recursos naturales. Los Estados de Asia, África y América Latina han ampliado su margen de maniobra. La expansión de los BRICS+ refleja demandas reales de representación, de financiamiento para el desarrollo y de liberación de la tutela occidental en el Sur Global.

No obstante, estas tendencias no suman varios polos equivalentes. El mando militar, la capacidad industrial, las finanzas, la energía, la tecnología, los recursos naturales y la legitimidad política se distribuyen según patrones diferentes. Un Estado puede estar militarmente protegido por Estados Unidos, industrialmente vinculado a China, ser dependiente de la energía del Golfo, estar expuesto a acreedores privados y responder a un movimiento popular interno, todo a la vez. La interdependencia no abole la jerarquía, y la rivalidad no pone fin a la integración.

El capital estadounidense y el capital chino pueden competir en el terreno tecnológico mientras las empresas de ambos países siguen conectadas a través de la producción y los mercados. La industria de los semiconductores ilustra esta geografía estratificada: la propiedad intelectual, el diseño de chips, la fabricación, la litografía (la tecnología especializada utilizada para imprimir circuitos microscópicos en los chips), la extracción de minerales, el ensamblaje y los mercados finales se concentran en territorios distintos y están controlados por combinaciones diferentes de corporaciones y Estados. Ninguna clasificación nacional individual capta esta estructura, aunque el poder estatal sigue siendo decisivo a través de subsidios, controles de exportación, sanciones, infraestructura y alianzas militares. Las sanciones y las llamadas políticas de “reducción de riesgos”, diseñadas para reducir la dependencia estratégica de las economías rivales, alteran o redirigen algunos circuitos económicos, mientras que las finanzas y el intercambio de mercancías básicas mantienen unidos a otros. A la par, la crisis climática, el trabajo de cuidados, la migración y la reproducción social generan presiones materiales que ningún balance de las grandes potencias mide.

Estas diferentes distribuciones de poder no surgieron de manera independiente unas de otras: se reconfiguraron a través de una transformación interconectada del capitalismo mundial. A partir de la década de 1970, el capital con base en Estados Unidos reubicó cada vez más la producción intensiva en mano de obra en el extranjero, al tiempo que conservaba o fortalecía el control sobre funciones como el diseño, la propiedad intelectual, los estándares, las marcas, las finanzas y las infraestructuras jurídicas y coercitivas que las sostenían.

La industrialización de varias economías de Asia Oriental y Sudoriental alineadas con Estados Unidos, entre ellas, los “tigres asiáticos” además de Malasia, Tailandia y otras, y la financiarización de las economías norteamericana y británica fueron dos aspectos de un mismo proceso. Lo que en un registro aparece como declive estadounidense (la pérdida de empleo manufacturero) y en otro como un poder estructural estadounidense persistente (el dólar, las instituciones jurídicas y financieras, los controles de exportación y las bases militares) puede entenderse así como resultados relacionados de una misma reestructuración. A medida que el control estratégico sobre la producción se separaba cada vez más de la ubicación física de la manufactura, comenzaron a surgir grandes conflictos no solo por el territorio, sino también en los puntos donde se ejerce ese control, como los controles a la exportación de litografía y diseño de chips, las sanciones a los sistemas de pago, la aplicación extraterritorial de la legislación nacional y las disputas sobre estándares técnicos y datos. Una clasificación de las grandes potencias difícilmente puede captar estos conflictos, porque convierte en atributos de Estados individuales las relaciones que los producen.

Una teoría marxista de la geopolítica no debería partir del número de Estados poderosos, sino de la totalidad de las relaciones sociales capitalistas históricamente desarrolladas. Preguntaría cómo se produce, se apropia y se transfiere la plusvalía; cómo se organizan la propiedad y el control a lo largo de las cadenas mercantiles; cómo las finanzas disciplinan a los Estados y a los hogares; cómo la raza, la casta, el género y la ciudadanía segmentan a la clase trabajadora mundial; y cómo los costos ecológicos se desplazan hacia las regiones dominadas. Examinaría la correlación de fuerzas cambiante dentro de cada Estado, situaría a ese Estado dentro de las relaciones desiguales de la cadena imperialista y rastrearía cómo determinados bloques de capital permanecen anclados nacionalmente mientras acumulan transnacionalmente. Analizaría cómo las instituciones estatales persiguen las condiciones para la acumulación, la legitimidad política y la seguridad en distintas circunstancias históricas.

Aplicado al orden mundial actual, este método se niega a tratar a China, Rusia, India o Brasil como social o políticamente equivalentes por el solo hecho de participar en los BRICS+ o de favorecer un orden menos dominado por Estados Unidos. Más bien, pregunta en cada caso cómo surgió históricamente cada Estado, qué clases y fracciones de clase conforman su bloque en el poder, cómo las diferentes formas de propiedad y de planificación configuran la acumulación, cómo las luchas obreras y campesinas la constriñen, cómo se relaciona el capital nacional con las finanzas internacionales y si sus acciones externas reproducen o debilitan la jerarquía imperial. Solo un análisis así puede explicar por qué los Estados se alinean en algunos ámbitos y divergen en otros, en lugar de inferir su política a partir de su posición en un mapa geopolítico.

Una teoría semejante también distinguiría entre luchas y proyectos políticos que con demasiada frecuencia se agrupan en la categoría de “competencia entre grandes potencias”. Entre ellos se encuentran los conflictos entre fracciones de capital, los proyectos de desarrollo soberano, los experimentos socialistas, los movimientos de liberación nacional y las luchas contra las corporaciones transnacionales libradas por trabajadores, campesinos, mujeres, pueblos indígenas y otros sectores afectados. Su contenido político no puede deducirse de si se oponen a Washington, ni toda afirmación de soberanía puede tratarse como emancipadora.

Las preguntas pertinentes son concretas: ¿debilita un proyecto los mecanismos de dominación imperial? ¿Amplía el control popular sobre la producción y la riqueza social? ¿Reduce la dependencia y la jerarquía, o reproduce la explotación bajo una nueva bandera? Un Estado puede aumentar su autonomía estratégica sin transformar sus relaciones internas de explotación. A la inversa, un mayor control soberano sobre las finanzas, los recursos, la tecnología o la infraestructura puede crear condiciones para que las fuerzas populares impulsen transformaciones más profundas. Ninguno de los dos resultados puede deducirse únicamente de la oposición de un Estado a Estados Unidos.

Por eso, las luchas por la soberanía nacional no pueden descartarse como distracciones de la lucha de clases. En los Estados subordinados dentro del sistema imperialista, el control sobre las finanzas, los recursos, los alimentos, la tecnología, la infraestructura y la política exterior puede ser indispensable para cualquier programa popular. Un aflojamiento de los eslabones de la cadena imperialista puede ser valioso incluso cuando lo inicia un Estado capitalista, porque puede debilitar las restricciones externas y alterar las condiciones de la lucha interna. Sin embargo, su significado político depende de qué fuerzas de clase lo conduzcan, de quién obtenga el control sobre las capacidades soberanas que se recuperen y de si la organización popular puede convertir la autonomía estatal en transformación social.

La multipolaridad, entonces, tiene un significado político limitado pero real. Un orden interestatal menos concentrado puede dificultar la coerción unilateral y abrir resquicios para el Sur Global. Esos resquicios pueden favorecer los proyectos de liberación nacional y hacer avanzar las luchas de clases dentro de los Estados capitalistas. No obstante, la alineación con otros Estados contra la primacía estadounidense no altera el carácter de clase de un Estado ni abole su orden social explotador. No existe un camino automático que conduzca de la existencia de varios centros de poder estatal a la igualdad entre los pueblos. Un mundo de potencias capitalistas en competencia puede seguir siendo profundamente imperial, explotador y ecológicamente catastrófico.

La tarea no consiste en elegir el número correcto de polos. La imagen de una balanza trata el poder como un conjunto de pesos comparables cuya distribución puede reorganizarse. Una cadena, en cambio, está compuesta de relaciones desiguales y entrelazadas. No se transforma simplemente reordenando sus eslabones, sino rompiendo las relaciones que los unen en los puntos donde esas relaciones son más débiles. La pregunta decisiva no es, por lo tanto, dónde es más fuerte un Estado, sino dónde son más vulnerables a la ruptura las relaciones imperialistas.

Para los marxistas, el horizonte no puede ser únicamente un mejor equilibrio entre los Estados dominantes. Debe ser el poder internacional de los pueblos trabajadores: soberanía popular contra el imperialismo, cooperación contra la rivalidad de suma cero, propiedad social contra el monopolio, reparación ecológica contra la acumulación sin fin e internacionalismo arraigado en la lucha popular.

La ONU aprobó por 164 votos contra 1 la promoción de proyecciones de áreas equivalentes (en rojo), que representan con mayor precisión el tamaño relativo de los continentes, cuestionando distorsiones como el agrandamiento de las masas continentales del norte que presenta la proyección de Mercator (mostradas en azul). El único voto en contra fue el de Estados Unidos.
Comparación de las proyecciones de Mercator y Equal Earth realizada por el Instituto Tricontinental de Investigación Social.

Notas

Referencias bibliográficas

El socialismo es el camino que el pueblo chino eligió para acceder a la modernidad. Como afirmó el presidente Xi Jinping en el XX Congreso Nacional del Partido Comunista de China, “la modernización china es una modernización socialista impulsada bajo el liderazgo del Partido Comunista de China” (Wenhua Zongheng, 2025). En China, la “modernización” (现代化) se entiende en oposición dialéctica al “siglo de humillación” (百年国耻), el período de sometimiento imperialista que se extendió desde la Primera Guerra del Opio (1839-1842) hasta la victoria de la Revolución China en 1949. La modernización china remite a un proceso histórico progresivo arraigado en las condiciones particulares de China y orientado hacia el socialismo. La concepción china de la modernización tiene, por lo tanto, una genealogía distinta a la de la teoría clásica de la modernización, que entiende el desarrollo como una transición lineal desde la sociedad “tradicional” hacia las instituciones económicas, políticas y sociales del Occidente capitalista industrializado.¹ La formulación de Xi hace explícita esta orientación socialista. Es esta comprensión de la modernización china como un proceso histórico socialista la que constituye el eje central de este dossier.

El capitalismo llegó a China no en la forma de la industria moderna, sino a través del opio, las cañoneras y los tratados desiguales que anunciaron un siglo de humillación. El capitalismo, en tanto imperialismo, no socializó la producción y el trabajo en el país a escala nacional. Por el contrario, destrozó y atomizó la sociedad china, sosteniendo a la clase terrateniente, a los señores de la guerra y a las élites compradoras vinculadas al capital extranjero. La tarea histórica de la Revolución China fue superar esta humillación y crear un movimiento hacia la razón científica y la dignidad humana que rechazara la subordinación política y la polarización social asociadas al capitalismo. A ese movimiento lo llamamos socialismo. Pero, ¿cómo se podía construir el socialismo en un país pobre?

Al momento de la revolución, China era uno de los países más pobres del planeta. Solo diez países tenían un PIB per cápita más bajo (Prashad y Ross, 2021). No había forma de construir una sociedad sin clases más que socializando la pobreza. Eso no era ninguna solución cuando se necesitaba una industria moderna para proporcionar una vida digna y desarrollar la capacidad material y tecnológica requerida para defender la soberanía nacional frente a la guerra, el bloqueo y las sanciones. Por lo tanto, lxs comunistas de China tenían la doble tarea de transformar las relaciones sociales y desarrollar las fuerzas productivas: las dos piernas del camino revolucionario de China hacia la modernización socialista. La revolución tuvo que avanzar sobre ambas piernas, y el énfasis fue variando entre la transformación social y el desarrollo tecnológico según el momento histórico.

La Revolución China es una de las grandes transformaciones de la era moderna. En menos de un siglo, el país transitó de la humillación de la dominación semicolonial y la pobreza masiva semifeudal a convertirse en una de las principales fuerzas que moldean el mundo contemporáneo. Esta transformación no surgió de las operaciones espontáneas del mercado, de la benevolencia de la clase capitalista ni de la guía de potencias extranjeras. Provino de un prolongado proceso revolucionario liderado por el Partido Comunista de China (PCCh), enraizado en las luchas de la clase trabajadora y el campesinado (Chak y Prashad, 2024). La modernización china se desplegó a lo largo de distintas etapas históricas, cada una de las cuales respondía a las contradicciones heredadas de la etapa anterior e intentaba hacer avanzar las condiciones materiales y sociales del pueblo chino.

Desde 1949, la modernización socialista de China ha pasado por tres etapas principales. La primera, el período de revolución y construcción socialista de 1949 a 1978, se centró en sentar las bases en un país empobrecido e inestable para que las fuerzas productivas pudieran desarrollarse y la soberanía nacional pudiera asegurarse. La segunda, el período de reforma y apertura de 1978 a 2013, se concentró en la industrialización acelerada, el avance tecnológico y la creación de riqueza social. La tercera, la nueva era inaugurada bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping en 2013, ha buscado situar el bienestar común y el desarrollo de alta calidad en el centro de la construcción socialista. Estas etapas no están aisladas entre sí, sino que forman un proceso histórico continuo, moldeado por la lógica de la modernización socialista (Longway Foundation, 2023).

Etapa 1: Revolución, estabilidad y los cimientos del desarrollo (1949-1978)

Cuando se fundó la República Popular China en 1949, el país se encontraba entre los más pobres del mundo. Más de un siglo de convulsiones había devastado el tejido social e institucional de China. Esto incluyó la intervención imperialista, las Guerras del Opio y la adicción masiva al opio, los tratados desiguales, el caudillismo militar, la invasión y ocupación japonesa entre 1931 y 1945, además de la guerra civil. La industria moderna estaba subdesarrollada, la agricultura era atrasada, la infraestructura estaba destruida, las tasas de alfabetización eran extremadamente bajas y la esperanza de vida rondaba los 35 años (Banco Mundial, 2024). China enfrentaba no solo el subdesarrollo económico, sino también la fragmentación política y el caos social. La primera tarea de la revolución fue la supervivencia y la estabilización. El gobierno revolucionario tuvo que consolidar la soberanía nacional, desmantelar las estructuras feudales y las redes compradoras que vinculaban a las élites nacionales con el capital extranjero, y sentar las bases institucionales para el desarrollo de largo plazo. Sin esta etapa inicial, ninguna modernización posterior habría sido posible.

Uno de los primeros logros del nuevo gobierno fue la reforma agraria. Hacia 1953, se habían confiscado casi 47 millones de hectáreas a la clase terrateniente, con parte de la tierra también requisada a campesinos ricos. Aunque constituían clases rurales distintas, terratenientes y campesinos ricos representaban en conjunto menos del 10% de la población rural, pero habían controlado previamente entre el 70 y el 80% de la tierra cultivable (Tan Rong et al., 2005: 1-21). La tierra fue redistribuida a aproximadamente 300 millones de campesinas y campesinos sin tierra o con poca tierra, lo que equivalió a una redistribución prácticamente universal de la tierra entre la población rural pobre. Esto transformó el campo y quebró el poder de las élites feudales que habían dominado la China rural durante siglos. La reforma agraria no fue meramente una política económica. Fue una revolución social que otorgó dignidad y capacidad de acción política al campesinado. En el lenguaje de la propia revolución, fue un proceso de fanshen (翻身) [dar vuelta el cuerpo o ponerse de pie]. El primer gran logro de la revolución se midió, por lo tanto, no solo en hectáreas redistribuidas, sino en el “ponerse de pie” de cientos de millones de campesinos, quienes se convirtieron en participantes activos del desarrollo nacional (Hinton, 1966). Esta comprensión del desarrollo como redistribución material y transformación humana a la vez ha definido la modernización china desde entonces.

Junto con la redistribución de la tierra, el gobierno avanzó para estabilizar la economía sobre nuevas bases. Mediante el control público de los bienes esenciales y la eliminación de los rentistas feudales, el gobierno quebró las redes especulativas que habían impulsado uno de los episodios de hiperinflación más severos de la era moderna. En abril de 1949, la inflación mensual superó el 5.000%. El renminbi, emitido por primera vez en diciembre de 1948, reemplazó gradualmente a las múltiples monedas entonces en circulación. Hacia inicios de la década de 1950, el gobierno había establecido un sistema monetario nacional estable y unificado (Burdekin y Whited, 2005: 71-89). Esta acción estabilizó los precios y facilitó el intercambio en todo el país, creando las condiciones para una vida económica productiva. El gobierno también dio el paso radical de repudiar las deudas ilegítimas que los regímenes anteriores habían acumulado a través de más de 700 préstamos extranjeros contratados entre 1852 y 1949 (Mi Rucheng, 2024). Todas estas iniciativas contribuyeron a que la sociedad china pudiera empezar de cero y liberar los recursos necesarios para el desarrollo futuro.

El nuevo Estado chino también lanzó campañas masivas de alfabetización y salud pública. Antes de 1949, el analfabetismo estaba generalizado y los servicios médicos eran inaccesibles para la mayoría de la población. Por medio de la movilización masiva, las reformas a la lengua escrita china y la rápida expansión de la infraestructura educativa rural, incluyendo 182.960 salas de lectura rurales hacia 1956, las tasas de alfabetización pasaron de menos del 20% al momento de la revolución de 1949 a 57% hacia 1959 (Tricontinental, 2025a). Asimismo, el programa de los “médicos descalzos”, que inspiró directamente la Declaración de Alma-Ata de 1978 de la Organización Mundial de la Salud sobre atención primaria de salud, extendió la atención médica básica a las aldeas rurales, reduciendo enormemente la mortalidad infantil y la incidencia de enfermedades infecciosas. La esperanza de vida aumentó, como muestran los datos del Banco Mundial, de aproximadamente 35 años en 1949 a más de 63 años en 1978. Este aumento en la esperanza de vida representa por sí solo una de las mayores mejoras en el bienestar humano de la historia moderna. Para 1978, China tenía una población más sana y mejor educada que otros países con niveles de ingreso comparables, una base importante para el rápido desarrollo que siguió.

La industrialización fue el eje central del Primer Plan Quinquenal (1953-1957). Con apoyo parcial de la asistencia técnica de la Unión Soviética, China comenzó a establecer una base de industria pesada a través del programa conocido como los 156 Proyectos. Este abarcó sectores como el carbón, el acero, la energía y la maquinaria, y fue llevado a cabo por empresas estatales. Aunque China seguía siendo pobre, estos proyectos crearon la base industrial necesaria tanto para el desarrollo futuro como para la defensa nacional, al proporcionar los materiales, la maquinaria y la energía imprescindibles para equipar y sostener sus fuerzas armadas. Durante este período, China amplió su capacidad de producción de hierro y acero, con una producción de acero que se cuadruplicó de 1,3 a 5,2 millones de toneladas a lo largo del Primer Plan Quinquenal. El país también construyó sus primeras fábricas de automóviles y tractores, y edificó importantes instalaciones hidroeléctricas y termoeléctricas (Giorcelli y Li, 2022). En conjunto, estos esfuerzos sentaron las bases de un sistema nacional integrado de industria e infraestructura, incluyendo puentes sobre el río Yangtsé y la restauración y expansión de las conexiones ferroviarias hacia zonas remotas del noroeste de China. Las nuevas zonas industriales se construyeron deliberadamente en el interior, en lugar de en los puertos costeros sujetos a tratados de la época colonial. La planificación socialista permitió movilizar los escasos recursos hacia las prioridades nacionales en lugar de orientarla hacia la ganancia privada (Adler, 1957).

Las críticas tienden a concentrarse únicamente en las dificultades y errores de este período, incluyendo las consecuencias del Gran Salto Adelante (1958-1962) y la agitación asociada a la Revolución Cultural (1966-1976). Estos episodios causaron, sin duda, sufrimiento e inestabilidad política. Sin embargo, es históricamente parcial reducir todo el período a estas tragedias. La importancia más amplia de esta primera etapa reside en el hecho de que China emergió de décadas de humillación como un Estado soberano y unificado, capaz de un desarrollo independiente. Lo notable es que muchos de estos avances se lograron bajo severas restricciones externas y la amenaza constante de guerra. En 1951, la Asamblea General de las Naciones Unidas impuso un embargo sobre bienes estratégicos destinados a China y a la República Popular Democrática de Corea (RPDC o Corea del Norte). Estados Unidos reforzó estas restricciones mediante la Ley de Control de Asistencia Mutua en materia de Defensa de 1951, conocida comúnmente como la Ley Battle.

Estas restricciones y las sanciones estadounidenses más amplias, diseñadas para causar estragos en la economía, continuaron a lo largo de la década de 1960, limitando el suministro de bienes y maquinaria esenciales, restringiendo el ritmo del desarrollo e imponiendo un alto grado de autarquía a la economía (Zhang, 2001). Además, después que las fuerzas lideradas por Estados Unidos invadieran Corea del Norte y avanzaran hacia la frontera china en octubre de 1950, China intervino militarmente en apoyo de Corea del Norte y en defensa de su propia seguridad nacional. Como consecuencia de estas amenazas, China realizó su primera prueba nuclear en 1964 para establecer un escudo frente a los ataques de sus enemigos.

El liderazgo colectivo de la primera generación del PCCh, encabezado por Mao Zedong, debe entenderse en este contexto histórico. La revolución logró lo que reformistas anteriores y gobiernos nacionalistas no pudieron: unificación territorial, independencia política, liquidar las relaciones feudales y crear un Estado comprometido con el bienestar de las masas. El ethos revolucionario fomentó una cultura de sacrificio colectivo y propósito nacional. Incluso lxs economistas del desarrollo occidentales reconocieron posteriormente que las bases del ascenso económico de China se sentaron durante este período socialista, a través de la reforma agraria, la industrialización básica, la educación y la salud pública (Banco Mundial, 1982). El énfasis en la educación universal generó una población disciplinada y cada vez más calificada. La industrialización rural y la gobernanza de base ayudaron a crear una estructura administrativa descentralizada y receptiva. Cuando comenzaron las reformas económicas en 1978, China ya poseía un aparato estatal cohesionado, una fuerza laboral saludable y una capacidad industrial básica.

Etapa 2: Reforma, crecimiento y la creación de riqueza social (1978-2013)

Para 1978, los líderes chinos reconocieron que, aunque el país había logrado soberanía y estabilidad, seguía siendo económicamente subdesarrollado. Las fuerzas productivas eran todavía demasiado débiles para proporcionar bienestar a la población. Además, dado que muchos recursos eran escasos en relación con el tamaño de la población, China necesitaba comerciar con el mundo. Durante este período, Deng Xiaoping, el principal arquitecto de la reforma y apertura, junto con otros líderes reformistas, inició una nueva etapa del desarrollo socialista dirigido a acelerar la industrialización, la modernización tecnológica y el crecimiento económico. Este período suele malinterpretarse en los relatos occidentales como un simple abandono del socialismo en favor del capitalismo o, peor aún, como la adopción del neoliberalismo (Harvey, 2005). La era de reforma representó una adaptación de la estrategia socialista a condiciones históricas concretas. El PCCh mantuvo el control político mientras gradualmente permitía que operaran los mecanismos de mercado y que el capital privado se acumulara. Este proceso fue monitoreado y mediado a través de las estructuras e instituciones del Estado construidas en la primera etapa. El objetivo no era la acumulación privada como fin en sí mismo, sino la rápida expansión de las fuerzas productivas para posibilitar la erradicación de la pobreza (Deng, 1987a).

Deng Xiaoping sostuvo, en su célebre frase, que “la pobreza no es socialismo” (1987b). El Estado revolucionario había asegurado la independencia nacional, pero el socialismo también requería abundancia material. Sin crecimiento económico, China seguiría siendo vulnerable e incapaz de mejorar la vida de su pueblo. Los resultados de esta estrategia fueron extraordinarios. Entre 1978 y 2019, China experimentó una de las transformaciones económicas más rápidas de la historia humana. Más de 765 millones de personas salieron de la pobreza (Banco Mundial et al., 2022). La manufactura se expandió rápidamente, las ciudades se modernizaron y los proyectos de infraestructura transformaron el paisaje físico del país. Las Zonas Económicas Especiales, como Shenzhen, se convirtieron en laboratorios de experimentación industrial. En 1980, Shenzhen era un pequeño pueblo pesquero. En pocas décadas, se transformó en un centro tecnológico global con industrias manufactureras avanzadas. Empresas importantes como Huawei y Tencent se fundaron allí, y hacia 2018 su PIB había superado al de Hong Kong, un centro internacional del capital global (Chan y Leng, 2019). Esta transformación reflejó el uso estratégico del capital y la tecnología extranjeros bajo la guía del Estado.

A lo largo del período de reforma, el Estado conservó un rol central. A diferencia de las economías neoliberales, donde el capital privado domina al Estado y los mercados incentivan las ganancias especulativas de corto plazo, las reformas chinas preservaron la propiedad pública en sectores estratégicos como la banca, la energía, las telecomunicaciones y el transporte. Esto permitió una planificación a largo plazo e impidió que el capital privado capturara los monopolios naturales y extrajera rentas de ellos. En cambio, el Estado lideró un proceso de construcción de mercado en el cual el capital privado fue dirigido hacia objetivos determinados políticamente y sometido a una intensa presión competitiva, que obligó a las empresas a mejorar su producción y ampliar su capacidad industrial. El control sobre el sistema financiero, en particular la asignación de crédito, dio al Estado un mecanismo clave para orientar la inversión. El mercado fue tratado como un instrumento y no como un principio absoluto (Meng Jie y Zhang Zibin, 2025).

Este período se caracterizó por importantes inversiones y avances en ciencia y tecnología. Jiang Zemin, quien se desempeñó como ministro de la industria electrónica entre 1983 y 1985 y posteriormente como presidente entre 1993 y 2003, supervisó desarrollos estratégicos en el ámbito de la electrónica y la tecnología de la información que ayudaron a sentar las bases para avances posteriores en semiconductores, informática e inteligencia artificial (Jiang, 2010). Cuando China ingresó a la Organización Mundial del Comercio en 2001, su base industrial nacional ya era lo suficientemente dinámica como para atraer volúmenes significativos de capital extranjero, y sus bienes eran lo suficientemente competitivos como para dominar el mercado mundial. China ya había comenzado a desplazarse de la producción intensiva en mano de obra hacia una manufactura e innovación cada vez más avanzadas. El tren de alta velocidad, los sistemas de energía renovable, la infraestructura de telecomunicaciones y las plataformas digitales se desarrollaron a gran escala. China inauguró su primera línea de tren de alta velocidad para pasajeros en 2007. En 2012, había construido más de 10.000 km de vías de alta velocidad prácticamente desde cero, la red más extensa del mundo (Brilliant Maps, 2026). A principios del siglo XXI, China no era simplemente “la fábrica del mundo”, sino una potencia tecnológica emergente.

Al mismo tiempo, esta etapa generó nuevas contradicciones. El crecimiento acelerado produjo desigualdades regionales significativas, corrupción y disparidades entre zonas urbanas y rurales. Los salarios no se mantuvieron al ritmo del aumento de la productividad. Las regiones costeras progresaron más rápido que las provincias del interior. La riqueza privada creció y la estratificación social se hizo cada vez más evidente. La degradación ambiental también se convirtió en una preocupación seria. No obstante, los propios líderes chinos reconocían cada vez más estas contradicciones. Bajo el mandato de Hu Jintao, secretario general del PCCh entre 2002 y 2012, el partido comenzó a responder más directamente a las contradicciones generadas por el crecimiento acelerado, incluyendo el descontento laboral, la desigualdad regional y la degradación ambiental. En la década de 2000 se elevaron los niveles del salario mínimo y se reforzaron las protecciones laborales, mientras que los costos ecológicos de la rápida industrialización hicieron que las cuestiones ambientales cobraran mayor importancia en la agenda política. Este viraje se reflejó en la Concepción Científica del Desarrollo, introducida en 2003 e incorporada a la Constitución del PCCh en 2007, que abogaba por un desarrollo centrado en las personas, integral, equilibrado y sostenible (Chen y Luo, 2009: 54-67).

Los logros de la segunda etapa son innegables. China se convirtió en la mayor economía industrial del mundo, mejoró drásticamente los estándares de vida y construyó las capacidades tecnológicas necesarias para un desarrollo soberano. Ningún otro país ha logrado un desarrollo a esta escala en un período tan breve. Tampoco ningún país ha logrado sostener tasas de crecimiento de dos dígitos sin caer eventualmente en una recesión paralizante. Es importante destacar que China evitó el destino que sufrieron muchas sociedades postsocialistas tras el colapso de la Unión Soviética. En lugar de someterse a una terapia de choque, desmantelar el Estado y rendirse a la privatización oligárquica, China conservó el rol dirigente del PCCh y preservó la propiedad pública sobre los sectores estratégicos de la economía: la banca, la energía, las telecomunicaciones y el transporte. Esta continuidad permitió al país mantener la coherencia nacional y la planificación de largo plazo (Weber, 2021). En definitiva, el período de reforma nunca se presentó como la forma final del socialismo. Se entendió como una etapa necesaria en el desarrollo de la capacidad productiva.

Etapa 3: Prosperidad común, civilización ecológica y desarrollo de alta calidad (2013-presente)

Hacia 2013, China había cumplido en gran medida las tareas históricas asociadas al desarrollo de las fuerzas productivas. El país poseía infraestructura avanzada, sofisticación tecnológica y una riqueza nacional sustancial. Comenzaron a surgir nuevas preguntas. ¿Cómo debía distribuirse esta riqueza y a qué propósito social debía servir el desarrollo? ¿Cómo pueden armonizarse las fuerzas productivas y el imperativo de crecimiento con los límites ecológicos? ¿Cuál es el lugar y el rol de la cultura tradicional china en un mundo tecnológicamente avanzado y atomizado? ¿Cuál es el lugar de China en un orden mundial convulsionado y cuál es su relación con el Sur Global? Estas no son preguntas fáciles y ninguna tiene una respuesta tajante. La tercera etapa de la modernización china ha buscado abordarlas.

La igualdad y el bienestar común han resurgido como principios socialistas centrales bajo el liderazgo de Xi Jinping. En primer lugar, el Estado chino ha puesto un énfasis creciente en las dimensiones sociales del desarrollo, más allá del crecimiento por sí solo. Uno de los logros más significativos de esta etapa fue la campaña para eliminar la pobreza extrema. Lanzada en 2013, la campaña de Alivio Focalizado de la Pobreza (精准扶贫) buscó identificar y abordar los focos remanentes de pobreza extrema que la etapa anterior de desarrollo no había logrado eliminar. Sus objetivos se resumieron como “un ingreso, dos seguridades y tres garantías”: un ingreso mínimo, seguridad de tener alimentación y vestimenta adecuadas, y garantía de educación obligatoria, salud básica y vivienda segura. La campaña movilizó a más de tres millones de cuadros del partido junto con instituciones estatales y gobiernos locales, y amplió la infraestructura y los servicios públicos en zonas rurales empobrecidas, incluyendo el acceso a agua potable y electricidad. Más de 9,6 millones de personas que vivían en zonas con condiciones ambientales adversas recibieron viviendas mejoradas, infraestructura, servicios públicos y acceso al empleo en comunidades de reasentamiento. En febrero de 2021, el gobierno chino anunció que había erradicado la pobreza absoluta conforme a su estándar nacional multidimensional (Oficina de Información del Consejo de Estado de la República Popular China, 2021; Tricontinental, 2021). La campaña formó parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer los servicios públicos y la protección social, incluyendo el sistema de pensiones. En lugar de depender únicamente de los resultados del mercado, el Estado intervino directamente para mejorar las condiciones de vida en las comunidades más pobres, con los cuadros del partido desempeñando un rol protagónico y demostrando la capacidad continua de la organización socialista. Esto refleja la concepción china del desarrollo: una centrada en el bienestar colectivo.

En segundo lugar, el concepto de prosperidad común también ha implicado medidas para prevenir concentraciones extremas de riqueza. Desde fines de 2020, el gobierno chino intensificó la aplicación de normas antimonopolio en toda la economía de plataformas, apuntando a los abusos de posición dominante en el mercado, los acuerdos de exclusividad y las fusiones y adquisiciones que no habían pasado por las revisiones gubernamentales requeridas. Alibaba, Tencent y Bilibili estuvieron entre las grandes empresas tecnológicas investigadas o sancionadas. Alibaba recibió una multa récord de 18.200 millones de yuanes (aproximadamente 2.800 millones de dólares) (Huo Li y Liu Hiu, 2021). Estas medidas buscaron frenar la concentración de mercado y someter el poder de las grandes empresas tecnológicas a una mayor regulación pública.

El gobierno también ha impuesto restricciones generalizadas a las empresas de clases particulares para reducir la desigualdad en la educación y la carga financiera que estas prácticas imponen a las familias (Hao Shengnan, 2021). En respuesta a la aparición de una posible burbuja inmobiliaria, el eslogan del presidente Xi Jinping de que “las casas son para vivir, no para especular” señaló un giro hacia una mayor regulación del mercado inmobiliario (Xi Jinping, 2022a). El Estado también ha utilizado su control sobre el sistema financiero para restringir el crédito al sector inmobiliario y canalizarlo hacia industrias estratégicas de alta tecnología, algo que los sistemas capitalistas del Norte Global no han podido hacer desde la Tercera Gran Depresión (2007-2008). Estas políticas señalan la voluntad y la capacidad política de subordinar el capital a objetivos sociales y de desarrollo más amplios.

Esta evolución refleja una importante comprensión teórica. El socialismo no puede medirse únicamente por las tasas de crecimiento económico o los logros tecnológicos, por muy impresionantes que estos sean. El indicador decisivo es la relación entre el desarrollo productivo y el bien social encarnado en el concepto de prosperidad común. La modernización económica adquiere significado socialista solo en la medida en que expande las capacidades materiales, culturales y democráticas del propio pueblo. El fortalecimiento continuo de la educación pública, la salud, la infraestructura, la investigación científica, la planificación ecológica y la renovación cultural representa, por lo tanto, un esfuerzo por asegurar que los extraordinarios avances productivos de las décadas anteriores sirvan cada vez más a objetivos sociales más amplios.

En tercer lugar, la sostenibilidad ambiental se ha convertido en una prioridad importante. Las primeras etapas de la industrialización a menudo se basaban en prácticas ambientalmente destructivas. En realidad, la deslocalización de industrias contaminantes a China implicó que el país cargara con la mayor parte del peso de los costos ecológicos asociados al consumo del Norte Global. En la etapa actual, sin embargo, China ha invertido fuertemente en energía renovable y vehículos eléctricos (VE), y es hoy líder mundial en energía solar y eólica, así como en producción de VE. A mediados de 2024, China concentraba dos tercios de toda la capacidad solar y eólica a gran escala en construcción en el mundo. También produjo más de 10 millones de VE en 2024 (Aiqun Yu et al., 2024; Agencia Internacional de Energía, 2025). El cambio que se ha producido desde la grave contaminación urbana de hace una década, descrito ampliamente como un “apocalipsis del aire”, hacia la meta de “civilización ecológica” ilustra la magnitud de este cambio de política (Feng Kaidong y Chen Junting, 2024). El concepto de “civilización ecológica” y el eslogan de que “las aguas cristalinas y las montañas verdes son tan valiosas como las montañas de oro y plata” se han integrado al discurso oficial de planificación como parte de la modernización socialista, señalando la intención de China de enfrentar la contaminación y el cambio climático (Ju Li, 2020). Este compromiso ha tomado forma concreta en esfuerzos a gran escala para rehabilitar entornos devastados por la contaminación industrial. Un ejemplo es la restauración del lago Erhai, en la provincia de Yunnan, mediante la coordinación de residentes, cuadros del partido, y los gobiernos local y central (Xiong Jie y Tings Chak, 2024).

En cuarto lugar, China ha buscado ir más allá del alivio de la pobreza y reducir la brecha entre el campo y la ciudad a través de su proyecto de revitalización rural, entre otras vías mediante la transferencia de tecnología y recursos hacia zonas rurales (Lu Xingyu, 2024). Esto representa un retorno al imperativo marxista y socialista de larga data de abolir la distinción entre el campo y la ciudad (Engels, 1935). También refleja un retorno a las raíces revolucionarias del PCCh en las masas rurales que constituyeron la columna vertebral de la Revolución China. La revitalización rural no es, por lo tanto, únicamente una estrategia de reducción de la pobreza, sino un intento de reducir la brecha urbano-rural y construir formas de desarrollo menos dependientes del consumismo y la atomización social asociados a la urbanización acelerada. Al fortalecer la infraestructura rural, los servicios públicos, las industrias locales y la restauración ecológica, el proyecto busca convertir al campo en un sitio de desarrollo socialista moderno, en lugar de un reservorio de mano de obra desplazada para las ciudades.

Durante esta tercera etapa, el papel de China en la comunidad internacional también ha evolucionado. Proyectos como la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI por su sigla en inglés), iniciada en 2013, reflejan los esfuerzos por reconfigurar el desarrollo global mediante la inversión en infraestructura y la cooperación Sur-Sur. El dominio del país sobre las fuerzas productivas también lo ha convertido en un socio esencial en la industrialización de África. Por ejemplo, el Ferrocarril Addis Abeba-Yibuti conecta a Etiopía sin salida al mar con el puerto de Yibuti y fomenta el comercio regional, mientras que el Ferrocarril de vía estándar de Kenia ha reducido significativamente los costos de transporte. Esto contrasta con el historial del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cuyas políticas han perpetuado el subdesarrollo en el continente.² Mientras lxs críticxs occidentales suelen interpretar estas iniciativas a través del lente de la rivalidad geopolítica, muchos gobiernos de Asia, África y América Latina ven a China como un socio alternativo frente a las estructuras desiguales históricamente dominadas por las potencias occidentales. China también ha propuesto tres marcos amplios para la cooperación internacional: la Iniciativa de Desarrollo Global, que apoya proyectos de desarrollo y fortalecimiento de capacidades; la Iniciativa de Seguridad Global, que establece principios y áreas para la cooperación en seguridad; y la Iniciativa de Civilización Global, que promueve el diálogo y el intercambio entre civilizaciones. En conjunto, representan esfuerzos por ofrecer una alternativa a la polarización de la globalización neoliberal y a la hipocresía del orden mundial liberal de posguerra. Su éxito depende de que los países participantes del Sur Global definan sus prioridades e implementación de acuerdo con sus propias necesidades y agendas (Yang Ping, 2025).

El significado de la experiencia china para el Sur Global no radica en su replicabilidad, sino en lo que revela sobre las precondiciones estructurales para el desarrollo soberano (Tricontinental, 2022). El modelo chino presupone un Estado unificado con la capacidad de dirigir sectores estratégicos, planificar a lo largo de generaciones y subordinar el capital a prioridades nacionales de largo plazo: capacidades que no son técnicas, sino políticas, que se basan en una ruptura revolucionaria que reconfiguró fundamentalmente la relación entre Estado, clase y mercado. Allí donde otras naciones del Sur Global han articulado visiones comparables, como el argumento de Kwame Nkrumah a favor de una unión política continental africana en 1963, los intentos de implementarlas han sido reiteradamente frustrados por condiciones que China ha superado en gran medida: soberanía fragmentada, deuda externa y condicionalidad, dependencia de las exportaciones de materias primas, y sectores estratégicos poseídos y controlados por capital extranjero. La trayectoria de China no ofrece un modelo listo para usar. Plantea una pregunta: ¿qué transformaciones políticas e institucionales necesitarían otros países para ejercer un control estratégico similar sobre su propio desarrollo?

Igualmente significativa ha sido la determinación de China de alcanzar la autosuficiencia tecnológica en un momento en que Estados Unidos y sus aliados han intensificado los intentos de contener su desarrollo mediante controles de exportación, sanciones, restricciones al acceso a tecnologías de semiconductores y una presencia militar en expansión en el este de Asia (Tricontinental, 2026c). Estas medidas no han hecho más que reforzar la convicción del partido de que la soberanía científica y tecnológica se ha vuelto inseparable de la soberanía nacional. La inversión en manufactura avanzada, inteligencia artificial, energía renovable, aeroespacial, biotecnología y tecnologías cuánticas se entiende, por lo tanto, no simplemente como política económica, sino como un componente esencial del desarrollo socialista bajo condiciones de una presión hiperimperialista intensificada.³

El significado de esta tercera etapa radica en su intento de sintetizar la modernización económica con la ética socialista. China posee ahora una base productiva sustancial. El desafío consiste en asegurar que esta continúe transformando las relaciones sociales y sirviendo al bienestar colectivo, y no solo a la acumulación privada. Esto representa un retorno a las preocupaciones socialistas fundacionales en nuevas condiciones históricas.

El camino por delante

El socialismo de la modernización china no puede entenderse como una simple progresión lineal. Es un proceso histórico moldeado por condiciones materiales cambiantes y adaptaciones estratégicas. Aun así, a lo largo de sus distintas etapas persiste una continuidad central: el intento de coordinar la transformación de las relaciones sociales y el desarrollo de las fuerzas productivas para construir una sociedad socialista.

Karl Marx y Friedrich Engels entendían el socialismo como un proceso histórico, y no como un modelo predefinido para imponer desde arriba (1998). Avanzar de una etapa de desarrollo a otra requiere confrontar y resolver contradicciones, pero este no es un proceso mecánico ni economicista. Tampoco es necesariamente lineal: puede comprender un ciclo de avances exploratorios y retrocesos tácticos. Es un proceso experimental que requiere una dirección consciente guiada por la teoría, puesta a prueba en la práctica frente a condiciones concretas, y arraigada en las experiencias y luchas de la clase trabajadora y del campesinado (Li Tuo, 2025).

A diferencia de los partidos electorales convencionales, cuya actividad en las democracias burguesas se limita en gran medida a disputar elecciones o administrar instituciones existentes, el PCCh se ha concebido sistemáticamente a sí mismo como el organizador de un proyecto histórico cuyo horizonte se extiende a lo largo de generaciones. Su legitimidad se ha basado no solo en sus compromisos ideológicos, sino también en su capacidad demostrada para identificar las contradicciones históricas cambiantes y formular estrategias capaces de resolverlas de manera que mejoren la vida de la mayoría de la población.

Queda por ver cuáles serán los próximos pasos. Dentro de la modernización china, se ha buscado una democracia sustantiva tanto a través de mejoras en los niveles de vida como de una gobernanza consultiva y receptiva, lo que el PCCh denomina “democracia popular de todo el proceso”. Este sistema combina la democracia electoral y la consultiva, y amplía la participación a través de elecciones, consultas, toma de decisiones, gestión y supervisión, incluso mediante los congresos populares, los órganos consultivos políticos y el autogobierno de base. En conjunto, estos desarrollos sociales y políticos forman parte del proceso hacia la meta centenaria de China de convertirse en un país socialista moderno para 2049 (Wang Hui, 2024; Amin, 2013).

Sin embargo, el camino por delante no es ilimitado. En su XIX Congreso Nacional, en 2017, el PCCh trazó una ruta de dos etapas: alcanzar la modernización socialista básica para 2035 y convertir a China en un país socialista moderno para el centenario de la República Popular en 2049. Esta ruta se reafirmó en el XX Congreso Nacional en 2022. La meta intermedia para 2035 no es una aspiración vaga, sino un programa concreto: elevar sustancialmente el PIB per cápita hasta el de un país desarrollado de nivel medio (lo que equivaldría a aproximadamente el doble de la cifra actual); fortalecer la autosuficiencia y la capacidad en ciencia y tecnología; garantizar el acceso equitativo a los servicios públicos básicos; y asegurar una reducción constante de las emisiones de carbono (Xi Jinping, 2017; Xi Jinping, 2022b).

El 15º Plan Quinquenal (2026-2030), adoptado por la Asamblea Popular Nacional el 12 de marzo de 2026, es el primero de los dos planes quinquenales restantes que conducen al objetivo de 2035. El PCCh ha descrito el período 2026-2030 como un “eslabón crucial” en el camino hacia el logro de la modernización socialista básica para 2035 (Green y Park, 2026; Xinhua, 2026).

Este plan marca un giro dialéctico del desarrollo extensivo al intensivo: de un crecimiento impulsado principalmente por la expansión de insumos a un crecimiento impulsado cada vez más por la productividad, la innovación y la eficiencia. Durante gran parte de la era de reforma, el extraordinario crecimiento de China fue impulsado por la acumulación de insumos: una gran oferta de mano de obra relativamente barata que se desplazaba del campo a la industria, inversiones fijas a gran escala en infraestructura y capacidad manufacturera, y una integración cada vez más profunda en los mercados de exportación globales. Ese modelo, que sacó de la pobreza a cientos de millones de personas y construyó la base material de la China contemporánea, ha alcanzado sus límites históricos. Los costos laborales han aumentado, muchas de las principales redes de infraestructura del país ya están sustancialmente desarrolladas, y el acceso a algunas tecnologías y mercados se ha restringido deliberadamente mediante controles liderados por Estados Unidos y la desconexión de las cadenas de suministro.

El 15º Plan Quinquenal registra esta transición de manera estructural. La meta principal de crecimiento se ha reducido a entre 4,5 y 5% anual, por debajo del 5% por primera vez desde 1991, mientras que se exige que el gasto en investigación y desarrollo (I+D) crezca a más del 7% anual. La señal es explícita: el volumen de producción ya no es la única medida del desarrollo. Su calidad y contenido tecnológico también son cruciales. El hecho de que esta meta de crecimiento más baja represente una decisión estratégica y no un fracaso económico es en sí mismo históricamente significativo. Ningún país en desarrollo importante ha subordinado voluntariamente sus metas de crecimiento del PIB a indicadores de calidad a esta escala.

El marco teórico central de esta transición es el concepto de “nuevas fuerzas productivas de calidad”, articulado por primera vez por Xi Jinping durante una visita de inspección a la provincia de Heilongjiang en septiembre de 2023. Se estableció como una prioridad política importante durante las “dos sesiones” anuales de China en marzo de 2024 (las reuniones de la Asamblea Popular Nacional, el órgano legislativo nacional, y de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, el máximo órgano asesor político del país). Al aplicar un énfasis cualitativo a la categoría marxista de las fuerzas productivas, el concepto se refiere a una productividad avanzada, liberada de los patrones tradicionales de crecimiento y caracterizada por alta tecnología, alta eficiencia y alta calidad. En la práctica, esto significa fomentar una nueva generación de industrias estratégicas —inteligencia artificial, biotecnología, manufactura avanzada, nuevos materiales, tecnología cuántica, energía de hidrógeno y aeroespacial— mientras se moderniza simultáneamente a las industrias tradicionales mediante la digitalización y la transformación verde.

Bajo el 15º Plan Quinquenal, se prevé que la participación de la economía digital en el PIB aumente del 10,5% en 2025 al 12,5% para 2030, mientras que la capacidad de producción de grano debe alcanzar aproximadamente 725 millones de toneladas, la capacidad total de producción energética debe incrementarse en 13%, y la participación de la energía no fósil en el consumo debe subir de 21,7% a 25% (República Popular China, Asamblea Popular Nacional, 2026).

Un giro dialéctico crucial opera en la respuesta de China a la contención tecnológica liderada por Estados Unidos. Los controles de exportación, las restricciones a los semiconductores y las presiones sobre las cadenas de suministro que Washington ha impuesto desde 2018 y endurecido en 2025 fueron diseñados para frenar el avance tecnológico de China. Sin embargo, su efecto ha sido el opuesto: al cerrar el acceso a la tecnología extranjera de punta, Estados Unidos ha obligado a China a invertir con extraordinaria urgencia precisamente en las capacidades que buscaba negarle al país. La meta del 15º Plan Quinquenal de al menos 7% de crecimiento promedio anual en gasto en I+D y su énfasis en lograr avances en semiconductores, software industrial y materiales avanzados pueden, por lo tanto, entenderse en parte como una respuesta productiva interna a la contención externa. La presión externa se ha internalizado como un motor de autosuficiencia, transformando un obstáculo en un acelerador.

Al mismo tiempo, el plan intenta resolver una contradicción estructural acumulada a lo largo de la era de reforma: la desproporción entre la extraordinaria capacidad productiva de China y la relativa debilidad del consumo doméstico como motor del crecimiento. La estrategia de “doble circulación”, propuesta por primera vez en 2020 e incorporada al 14º Plan Quinquenal (2021-2025), toma al mercado doméstico como el pilar de la economía, buscando a la vez que la circulación nacional e internacional se refuercen mutuamente. Esto no es un mero ajuste técnico. Reorienta la relación entre la producción y la reproducción social, las condiciones y servicios que sostienen a la clase trabajadora y a los hogares; así como la relación entre la economía nacional y el mercado mundial. Mientras que el modelo impulsado por las exportaciones de la segunda etapa requería que China se insertara en la división internacional del trabajo en términos parcialmente fijados desde el exterior, el modelo de doble circulación busca hacer de la demanda interna el motor principal del crecimiento económico. El aumento de los salarios, la ampliación de los servicios públicos y un estrato de ingresos medios más amplio son condiciones tanto para una demanda interna más sólida como para la prosperidad común. De este modo, la estrategia vincula las dimensiones distributiva y macroeconómica del desarrollo socialista.

En un momento en que gran parte del Sur Global busca nuevas rutas de industrialización, desarrollo tecnológico y soberanía económica, la experiencia de China ha reabierto preguntas que muchas personas creían resueltas para siempre tras la destrucción de la Unión Soviética.⁴ Ha demostrado que la planificación sigue siendo posible, que la inversión pública puede transformar sociedades, que el liderazgo tecnológico no tiene por qué seguir siendo monopolio del Norte Global, y que el futuro no tiene por qué pertenecer exclusivamente al capital financiero.⁵

La modernización china representa un camino distinto en la historia mundial. Rechaza tanto la dependencia colonial como la ortodoxia neoliberal. Es un proyecto socialista que camina con las dos piernas: la transformación de las relaciones sociales y el desarrollo de las fuerzas productivas. Este proyecto ha avanzado a través de diferentes etapas históricas, manteniendo siempre como objetivo central la soberanía nacional y la dignidad humana. Independientemente de las contradicciones que aún persistan, la Revolución China se erige como uno de los procesos emancipatorios más trascendentales de la era moderna.

Notas

Referencias bibliográficas

“No puede haber nada más antimarxista que el dogma, no puede haber nada más antimarxista que la petrificación de las ideas. Y hay ideas que incluso se esgrimen en nombre del marxismo y que parecen verdaderos fósiles”.

– Fidel Castro, discurso de clausura, Congreso Cultural de La Habana, 12 de enero de 1968 (1968: 57-71).

“Hago la revolución, y por tanto existo, por tanto existimos”.

– René Depestre, Comisión I, Congreso Cultural de La Habana, 1968 (1968: 42-46).

En la mañana del 4 de enero de 1968, en el Hotel Habana Libre, el presidente cubano Osvaldo Dorticós inauguró el Congreso Cultural de La Habana. Durante los 9 días siguientes, 470 delegados de 70 países llenarían las salas de las comisiones. Juntos, buscaban comprender cómo opera el imperialismo a través de la cultura en todas sus dimensiones y qué significaría construir un frente antiimperialista capaz de enfrentarlo y desmantelarlo.¹

El congreso tuvo lugar en un momento en que la revolución se sentía no solo posible, sino inminente. Vietnam mantenía en jaque al ejército más poderoso de la Tierra. Los movimientos de liberación armada en las colonias portuguesas de Angola, Guinea-Bissau y Mozambique construían nuevas sociedades en las zonas ya liberadas.² En toda América Latina, los movimientos guerrilleros se multiplicaban a raíz de la Revolución cubana. Los pueblos del Tercer Mundo estaban en movimiento en todos los frentes. El duelo por el asesinato de Ernesto “Che” Guevara en Bolivia, tres meses antes, no había hecho sino agudizar la resolución colectiva de las personas delegadas y de los movimientos que representaban. La pregunta ya no era si el imperialismo podía ser derrotado, sino por quién y en qué frentes.

El Congreso Cultural de La Habana se organizó en cinco comisiones que trazaban los frentes en que se libraba la batalla cultural: Cultura e independencia nacional (Comisión I); Formación integral del hombre (Comisión II); Responsabilidad del intelectual (Comisión III); Cultura y medios de comunicación de masas (Comisión IV); y Creación artística y trabajo científico-técnico (Comisión V).³ Como observó Dorticós en su discurso de apertura, “según nuestras noticias, se reúnen por primera vez hombres que proceden de todos los continentes, que pertenecen a distintas profesiones” reunidos en torno a un mandato cultural común (1968: 4). La decisión de invitar no solo a trabajadorxs culturales como artistas y escritores, sino también a médicxs, economistas, sociólogxs, científicxs, técnicxs y trabajadorxs intelectuales de toda procedencia, fue una elección política deliberada, que insistía en que la cultura no era simplemente un complemento de la lucha política y militar, sino un frente de lucha antiimperialista por derecho propio.

El congreso no se limitó a las salas de comisiones y los discursos. Tuvo repercusión en toda la ciudad a través de vallas publicitarias, afiches y transmisiones radiales. En la antesala del congreso, el Instituto del Libro publicó ediciones populares de obras de varios escritores participantes y se proyectaron películas de algunos delegados en cines de toda La Habana. En la noche del 9 de enero, se inauguró en el Pabellón Cuba, en el Vedado, la exposición Del Tercer Mundo. Concebida como un recorrido cinematográfico más que como una exposición convencional, empleaba luz, sonido, montaje y movimiento para guiar a los visitantes a través de la historia inconclusa de Asia, África y América Latina. Los visitantes recorrían seis zonas que narraban la historia no concluida del Tercer Mundo, desde el mito de las tierras “vírgenes”, pasando por la violencia y la privación de la dominación imperialista, hasta las luchas revolucionarias del presente. La exposición recurría a animaciones de neón, historietas, montajes cinematográficos satíricos y efectos sonoros que incluían un túnel del horror sobre el hambre y cajas de luz giratorias que multiplicaban la imagen icónica del Che tomada por el fotógrafo cubano Alberto Korda, junto a la pregunta: “¿Y nosotros, los explotados del mundo, cuál es nuestro papel?”. La exposición, producida colectivamente por más de 100 personas, fue visitada por más de 250.000 personas durante sus tres meses de duración, con un horario que permitía a estudiantes y trabajadorxs asistir de camino a casa, como quien visita un cine popular (Berríos, 2019: 101-119).

La participación masiva y la amplitud cultural del congreso encarnaban su argumento fundacional: que la cultura contiene la totalidad de cómo una sociedad produce y reproduce la vida humana. Como concluyó la declaración general del congreso: “si la derrota del imperialismo es el prerrequisito inevitable para el logro de una auténtica cultura, el hecho cultural por excelencia para un país subdesarrollado es la revolución” (CCLH, 1968: 49-50).

Los debates que tuvieron lugar a lo largo de esos nueve días produjeron uno de los análisis colectivos más ricos sobre el imperialismo cultural del siglo XX y una visión de la cultura antiimperialista cuyo alcance y ambición siguen interpelando hoy a los movimientos a pensar la cultura no simplemente como arte o propaganda, sino como un terreno de lucha que atraviesa todas las dimensiones de la vida social. Sin embargo, el congreso ha sido poco estudiado y ha estado prácticamente ausente desde entonces de muchos relatos históricos del período. Este dossier presenta una síntesis de algunos de esos debates, organizada en cinco secciones: el diagnóstico de cómo opera el imperialismo cultural, la praxis de la cultura dentro de las luchas de liberación activas, las formulaciones teóricas surgidas del congreso, la visión del nuevo ser humano y el papel del trabajador/a intelectual en la revolución.

Hacia el Congreso Cultural de La Habana

El congreso fue el tercero de una secuencia de eventos internacionalistas celebrados en La Habana. El primero fue la Conferencia Tricontinental (enero de 1966), que reunió a fuerzas revolucionarias de África, Asia y América Latina para construir una alianza político-militar contra el imperialismo y que creó la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina (OSPAAAL). En agosto del año siguiente, la reunión de la Organización Latinoamericana de Solidaridad institucionalizó la lucha armada como estrategia principal de la liberación continental. En 1968, el Congreso Cultural de La Habana extendió esa estrategia hacia un terreno ideológico y cultural que, durante dos décadas, había sido objeto de una ofensiva imperialista masiva y en gran medida encubierta.

El congreso respondía a la necesidad material de combatir no solo la agresión militar directa liderada por Estados Unidos (como la invasión de Playa Girón en 1961), sino también una guerra cultural y de información de larga data. De hecho, fue convocado como la respuesta directa al Congreso por la Libertad de la Cultura (CCF, por su sigla en inglés), la operación cultural insignia de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Con el propósito expreso de construir hegemonía cultural, el CCF promovía las ideas de que no existía alternativa al orden capitalista occidental, que los movimientos revolucionarios eran amenazas a la “libertad” y que los intelectuales debían ser críticos autónomos y apolíticos. Fundado en 1950 con operaciones en 35 países, publicó más de 20 prestigiosas revistas literarias y políticas (Encounter en Londres, Preuves en París y Cuadernos en América Latina, entre otras), patrocinó conferencias, financió intercambios académicos y cultivó una red internacional de intelectuales comprometidos, consciente o inconscientemente, con un consenso liberal anticomunista.⁴ Aunque la revelación en 1967 de que el CCF era financiado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) desprestigió a la organización, la infraestructura que había construido permaneció intacta, desde revistas, fundaciones y redes académicas hasta hábitos de pensamiento. Eric Hobsbawm, historiador marxista británico y delegado, describiría más tarde al Congreso Cultural de La Habana como el “opuesto exacto” del CCF. Mientras el CCF se presentaba como defensor de la autonomía intelectual, al tiempo que operaba bajo patrocinio imperialista, el Congreso Cultural de La Habana buscaba establecer la infraestructura cultural y el programa para quienes luchaban contra el imperialismo (Hardesty, 2019: 61).

La idea del Congreso de La Habana nació de Casa de las Américas, institución fundada en abril de 1959 que se había convertido, a través de su revista y su premio literario anual, en el principal puente cultural de Cuba con América Latina y el Caribe. En enero de 1967, el comité de colaboración de la revista emitió una declaración para reunir a intelectuales de Asia, África y América Latina, en respuesta al llamado de la Conferencia Tricontinental de 1966 a construir un frente activo contra la intervención cultural en el Tercer Mundo. Esta convocatoria propuesta se convirtió en el Congreso Cultural de La Habana de 1968. Entre octubre y noviembre de 1967, un seminario nacional de preparación reunió a 1.343 escritorxs, artistas, científicxs y técnicxs cubanxs en la misma estructura de cinco comisiones que luego adoptaría el congreso internacional, con meses de trabajo intelectual y organizativo colectivo realizados antes de que llegara un solo delegado internacional (OSPAAAL, 1966: 217-40; González Lage, 2019: 276-277).

La estrategia de invitación del congreso fue deliberadamente amplia: trotskistas y surrealistas se sentaron junto a militantes de partidos comunistas. Editores de New Left Review junto a militantes del Movimiento Popular de Liberación de Angola (MPLA). Existencialistas y antipsiquiatras junto a economistas de la teoría de la dependencia y teólogos de la liberación y las 212 personas delegadas de naciones “desarrolladas” se sentaron junto a las 205 personas delegadas de naciones subdesarrolladas, entre ellas 53 de países socialistas (González Lage, 2019: 283-284). Aunque la estrategia cubana buscaba construir un frente antiimperialista que alcanzara a los sectores progresistas del centro imperialista, decisiones estructurales aseguraron que fueran las perspectivas del Tercer Mundo las que marcaran el rumbo de las deliberaciones. Con este fin, la jefatura de todas las comisiones recayó en personas delegadas de proyectos socialistas y de liberación nacional del Tercer Mundo. El testimonio de las personas delegadas que hablaban desde luchas de liberación activas tuvo un peso político y moral que enmarcó la totalidad del congreso (CCLH, 1968; Parmelin, 1968: 3-20).

El congreso se convocó en un momento de agudas contradicciones. Dos días antes de la apertura, Fidel Castro anunció que la Unión Soviética reduciría el suministro de petróleo a la isla. Días después de la clausura, el Comité Central del Partido Comunista de Cuba se reunió para actuar contra una “microfacción” de militantes del partido acusados de buscar subordinar la estrategia revolucionaria cubana a la línea de Moscú (González Lage, 2019: 276; Comité Central del Partido Comunista de Cuba, 1968). Tras el congreso, la Organización de los Estados Americanos (OEA) elaboró un extenso informe clasificado que calificó al congreso de “acción subversiva del comunismo internacional” y detalló a los asistentes, así como sus afiliaciones políticas, historiales de viaje e intervenciones en el congreso (Organización de los Estados Americanos, 1968).

El diagnóstico: cómo opera el imperialismo a través de la cultura

Aunque las personas delegadas provenían de una amplia gama de historias coloniales y etapas de lucha distintas, compartían un diagnóstico del imperialismo cultural de su época. El imperialismo, sostenían, opera mediante una ofensiva sistemática que atraviesa todas las dimensiones de la sociedad y la cultura, incluyendo la colonización de la conciencia, el control de la información, la extracción del trabajo intelectual, la “fuga de cerebros” de médicos y científicos del Tercer Mundo y el control de la producción de conocimiento.

Durante el congreso, Roberto Fernández Retamar, poeta cubano que más tarde dirigiría Casa de las Américas, ofreció una lectura estructural del orden global y de los intelectuales que este producía. El mundo, argumentó, no se divide entre países “desarrollados” y “subdesarrollados”, sino entre países subdesarrollados y lo que él llamó países subdesarrollantes, es decir, cuyo propio desarrollo depende de producir activamente subdesarrollo en otras partes.

Para Fernández Retamar, los intelectuales de esos países “subdesarrollantes” adquirían su conocimiento a través del mismo sistema: uno construido sobre el trabajo explotado y la riqueza del Tercer Mundo. Sostuvo que “la ciencia y el arte de los países explotadores pertenecen también a los países explotados sobre los cuales se han construido”. Devolverlos, dijo, “no será una forma de paternalismo, sino una forma de reintegrarles lo arrancado”. Para él, esto significaba que lxs intelectuales de izquierda de los centros imperialistas tenían la responsabilidad de poner su conocimiento, científico, económico, lingüístico y técnico, al servicio de los movimientos de liberación cuyos pueblos habían hecho posible ese conocimiento. Si la reparación era lo que Fernández Retamar exigía de lxs intelectuales en los países que “subdesarrollan”, lo que exigía de quienes estaban en los países subdesarrollados era lo inverso: apropiarse del conocimiento del colonizador y de sus productos y utilizarlos para su propia liberación.

En 1971, tres años después del congreso, la formulación de Fernández Retamar cristalizaría en su ensayo emblemático Calibán. En él, reivindicó la figura de Calibán, el sujeto esclavizado de La tempestad de Shakespeare, cuya isla ha colonizado Próspero, como símbolo de América Latina y el Caribe: “Próspero invadió las islas, mató a nuestros ancestros, esclavizó a Calibán y le enseñó su idioma para poder entenderse con él: ¿qué otra cosa puede hacer Calibán sino utilizar ese mismo idioma, hoy no tiene otro, para maldecirlo, para desear que caiga sobre él la ‘roja plaga’?” (Fernández, 1974: 34-35).

En los años siguientes, Calibán se convirtió en una figura compartida a través de la cual los intelectuales de América Latina y el Caribe exploraron la dominación colonial, el lenguaje, la revuelta y la agencia histórica. El congreso contribuyó a consolidar esta reelaboración al poner en diálogo en La Habana a pensadores anticoloniales caribeños, entre ellos Fernández Retamar, C. L. R. James y Aimé Césaire (González Seligmann, 2019: 49-54, 76-77). En 1969, por ejemplo, Césaire publicó Une tempête [Una tempestad], una reescritura anticolonial de la obra de Shakespeare y el poeta barbadense Kamau Brathwaite publicó su poema Calibán. Junto con el ensayo de Fernández Retamar, estas obras contribuyeron a una importante inversión cultural y política, que colocó al Tercer Mundo, como sujeto colonizado colectivo, en el centro y no en la periferia de la historia.

Esta disputa en torno al lenguaje, la representación y la acción histórica formaba parte del diagnóstico más amplio del congreso sobre el imperialismo cultural. En el congreso, Fernando Martínez Heredia, quien había fundado la influyente revista Pensamiento Crítico, sostuvo que la capa más insidiosa de la dominación imperialista era la colonización cultural (Sánchez, 2018). Planteó que, “la colonización cultural penetra fuertemente en todos los órdenes de la vida, hasta influir en el pensamiento y en la acción de los propios luchadores contra el colonialismo”, produciendo “un molde mental de castración, de incapacidad para representarse un destino alcanzable con fuerzas propias” (Martínez, 1968: 15-19; Tricontinental, 2026a). Esta “castración mental” se produce a lo largo de un período extenso y a través de varios frentes, entre ellos, el aparato mediático. Durante el congreso, el historiador cubano Moreno Fraginals describió un vasto sistema imperialista de comunicaciones: 850 horas semanales de transmisiones de onda corta de Estados Unidos hacia América Latina, dos redes radiales que controlaban más del 90% de los oyentes y radios de frecuencia fija preconfiguradas para estaciones estadounidenses que circulaban por toda la región. Para el escritor cubano Edmundo Desnoes, los medios de masas eran las “armas secretas” del imperialismo, eficaces precisamente porque eran invisibles (Moreno, 1968: 71-74; Desnoes, 1968: 13-17).

El economista indio Lajpat Rai mostró cómo las instituciones educativas y culturales también habían sido dominadas por intereses imperialistas. En su país, dijo, “Las universidades, institutos, escuelas, organizaciones sociales y culturales de la India están infestados hoy de agentes culturales norteamericanos bajo la apariencia de profesores visitantes, expertos en educación, cuerpos de paz, e incluso agentes de la CIA”.⁵ Documentó un “programa de castración política de los intelectuales”, haciendo eco de las palabras de Martínez Heredia, con las fundaciones Asia, Ford y Rockefeller y el ya desenmascarado CCF, operando abiertamente dentro de la academia india (Rai, 1968: 10-17).

Un tercer frente de la ofensiva cultural imperialista operaba a través del registro histórico y el archivo físico. Delegados del mundo árabe, de la península coreana y del sur de África aportaron testimonios de supresión cultural. Gisèle Halimi, una abogada nacida en Túnez que había defendido a militantes del Frente de Liberación Nacional argelino (FLN) durante la guerra de independencia, trajo al congreso su propio testimonio de colonización cultural. Criada bajo el sistema educativo colonial francés en Túnez, describió la exclusión de la historia y la cultura árabes y cómo “[ ] la belleza, la inteligencia, la libertad no podían ser más que valores franceses; la fuente de toda cultura, la civilización era Francia” (Halimi, 1968: 136-144).

Hablando desde un país que aún se reconstruía, Kim Youn Seun y Pak Hai Chin, de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) (Corea del Norte), a apenas 15 años de una guerra en que los bombardeos estadounidenses destruyeron prácticamente toda estructura en pie en el norte del país, ofrecieron al congreso el concepto de juche (주체). Traducido a menudo como “autosuficiencia”, el juche se refiere a la capacidad de un pueblo colonizado de convertirse en sujeto de su propia historia, en lugar de objeto pasivo de la dominación imperialista. “Sin la liberación completa y la independencia del país”, dijeron las personas delegadas de la RPDC al congreso, “no puede haber esperanza de una verdadera cultura nacional, ni puede hablarse de la formación integral del hombre”, condensando, en una sola frase, el vínculo entre el diagnóstico del congreso sobre el imperialismo cultural y su horizonte del nuevo ser humano (Kim Youn Seun y Pak Hai Chin, 1968).

Lo que revelaban estos testimonios, provenientes de todos los continentes, era un único aparato colonial integrado que abarca la manera en que una sociedad se narra a sí misma: sus transmisiones, sus universidades, su lenguaje, sus archivos. Varias personas delegadas señalaron que este aparato está también indisolublemente ligado a la estructura económica y a la lógica extractivista del imperialismo. Como planteó Alex La Guma, novelista y ex preso político del apartheid sudafricano: “Somos los primeros productores de oro del mundo, pero nuestros mineros cobran un salario de 40 centavos por 8 horas de trabajo”. Mientras que cirujanos sudafricanos habían realizado en Ciudad del Cabo el primer trasplante de corazón del mundo apenas semanas antes del congreso de La Habana, el 80 % de la población vivía en un nivel de hambruna. El planteamiento de La Guma no buscaba condenar el logro científico en sí, sino exponer la contradicción de la sociedad del apartheid: una riqueza y una capacidad técnica inmensas que coexistían con la privación masiva y la dominación racial. La Ley de Educación Bantú (1953) dio a este sistema una forma explícitamente cultural, al imponer una educación inferior y segregada a la población negra sudafricana, preparándola para el trabajo subordinado bajo el apartheid (La Guma, 1968; Silber, 1970: 48-53).

El congreso de La Habana también abordó la extracción imperialista de la capacidad humana. El Dr. Horacio Zalce, médico mexicano que presentó en tres de las cinco comisiones del congreso, trazó el circuito de la fuga de cerebros en su campo. Médicos formados a expensas públicas en países subdesarrollados eran atraídos hacia Estados Unidos, sometidos a la “transculturación” (la adopción gradual de los valores, hábitos y formas de vida de otra cultura) y absorbidos por el imperialismo o enviados de vuelta a sociedades donde ningún trabajo correspondía a su especialización. En palabras del Dr. Zalce, “se ha exportado ‘materia prima’, ésta se ha ‘elaborado’ en el extranjero y entonces es substraída” (Zalce, 1968: 30-31).

De manera similar, el delegado cubano José Fernández-Britto Rodríguez informó que, entre 1956 y 1965, cerca de 40.000 científicos y técnicos latinoamericanos emigraron a Estados Unidos (CCLH, 1968: 34-39). Por su parte, los investigadores cubanos Aníbal Rodríguez y Fernando Barral describieron la colonización de la propia producción de conocimiento sobre el Tercer Mundo, en la cual América Latina suministraba “materia prima científica”, datos e investigadores, a think tanks estadounidenses como la RAND Corporation, la Special Operations Research Office y el Hudson Institute. Esas instituciones devolvían luego los “productos terminados” de esa investigación a la región en forma de intervención política, económica, de inteligencia y militar (Rodríguez y Barral, 1968: 2-6).

A través de las cinco comisiones, las personas delegadas describieron a intelectuales, médicxs y científicxs colonizadxs como materia prima que es extraída, procesada y sustraída. Cada médico de la periferia formado en el ámbito público que termina ejerciendo en el núcleo imperialista representa una transferencia de valor económico: años de inversión social capturados a través de la propia estructura de la dependencia imperial. Como concluyó la resolución de la Comisión IV (Cultura y medios de comunicación de masas), “la industria de la cultura de masas no se limita a funciones superestructurales, es hoy parte integral del sistema de producción económica” (CCLH, 1968: 30).

Praxis: la liberación como acto cultural

El congreso rechazó la idea de que la cultura es algo que se restaura o se crea solo después de haber ganado la liberación. Por el contrario, las personas delegadas, que hablaban desde el interior de las guerras de liberación nacional, sostuvieron que la cultura es la sustancia a través de la cual se construye la liberación, creando, en el proceso mismo de la lucha, nuevos sujetos, lenguajes, instituciones y conocimientos. La liberación nacional, en esta visión, no es la condición previa para la renovación cultural: es en sí misma un acto de cultura.

Vietnam, entonces dividido entre la República Democrática de Vietnam en el norte y la República de Vietnam, respaldada por Estados Unidos, en el sur, estuvo representado en el congreso por dos delegaciones: una de la República Democrática de Vietnam y otra del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur (FNL), el frente revolucionario que combatía al régimen sureño y a sus patrocinadores estadounidenses. Cù Huy Cận, viceministro de Cultura de la República Democrática de Vietnam (Vietnam del Norte) y uno de los poetas más celebrados del país, informó sobre la importancia de construir vida cultural pese al bombardeo estadounidense: “La supresión de la cultura nacional de los pueblos es la consigna de los conquistadores”. Tư Huỳnh, reconocido pintor y representante del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur (FNL), describió cómo los informes mensuales del FNL registraban el número de habitantes liberados del analfabetismo junto al número de soldados enemigos abatidos.⁶ En un territorio donde un túnel subterráneo podía servir a la vez de escuela y de refugio, cultura y liberación estaban indisolublemente ligadas. En la resolución de la Comisión IV (Cultura y medios de comunicación de masas), las personas delegadas señalaron que los equipos de cine vietnamitas trabajaban desde sótanos en las provincias más bombardeadas. “El canto acalla el sonido de las bombas”, escribieron (CCLH, 1968: 30).

Desde las zonas liberadas en la África bajo ocupación portuguesa, donde la lucha armada de Angola contra el colonialismo entraba en su séptimo año y las guerras en Guinea-Bissau y Mozambique también avanzaban, el poeta angoleño Mário Pinto de Andrade, cofundador y primer presidente del Movimiento Popular de Liberación de Angola, habló de la transformación cultural en curso en las zonas liberadas, donde surgían escuelas, imprentas, talleres de artistas y canciones revolucionarias.⁷ Una “revolución semántica”, dijo, estaba abriendo el portugués colonial, remodelándolo a través de estructuras lingüísticas africanas y generando nuevas formas literarias. De manera similar, Abílio Duarte, dirigente caboverdiano del PAIGC (Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde), habló de los cimientos fundacionales de la nueva sociedad dentro del cascarón de la vieja. “Siendo nuestra lucha de liberación nacional armada”, declaró Duarte, “el acontecimiento cultural más importante ocurrido en nuestro país desde el inicio de la colonización” (1968: 104-107).

Desde Cabo Verde hasta Cuba y Vietnam, atravesando continentes y tradiciones nacionales de liberación distintas, la vida cultural no se concebía como algo que debía simplemente preservarse de la destrucción o posponerse hasta la victoria, sino como el medio mismo a través del cual se construía la liberación. Lo que unía a estas luchas era una comprensión compartida, extraída de la práctica vivida: que la cultura es la sustancia misma de la lucha y que la liberación nacional es, en efecto, un acto de cultura. Como declaró la resolución de la Comisión III, “Toda lucha contra el imperialismo y neocolonialismo se convierte automáticamente en una lucha por el acceso del pueblo a la cultura: las luchas de liberación nacional toman, así, la forma hermosa y heroica de la defensa del conocimiento y la belleza” (CCLH, 1968: 28).

La síntesis: la revolución como fenómeno total

Junto a los diagnósticos del imperialismo y los testimonios de las luchas activas, el congreso de La Habana generó formulaciones teóricas para comprender la cultura, la revolución y el sujeto humano. Los debates del congreso fueron tan amplios como las personas delegadas que asistieron a él y abarcaron desde la teoría de la dependencia y la relación entre ciencia y cultura hasta los términos en que podía construirse la solidaridad antiimperialista. Entre las intervenciones que generaron el debate más agudo estuvo un ajuste de cuentas con la negritud, un movimiento literario, filosófico y político que sostenía que los pueblos negros poseían una identidad cultural distinta, forjada en la experiencia de la esclavitud y el colonialismo, que exigía reconocimiento frente al universalismo occidental. El debate de La Habana interpelaba directamente preguntas que hoy siguen siendo relevantes sobre la relación entre identidad racial y cultural y lucha de clases.

En el congreso, el poeta haitiano René Depestre rastreó los orígenes de la negritud como “la operación cultural mediante la cual los intelectuales negros de África y de las dos Américas tomaban conciencia de la validez de la originalidad de las culturas negro-africanas”. En su origen, reflejaba una doble alienación de los pueblos negros: como trabajadores en el mercado capitalista y como sujetos de una deshumanización racializada. Para Depestre, expresaba “la conciencia de esta doble alienación y de la necesidad histórica de superarla mediante la praxis revolucionaria” (Depestre, 1968: 42-46). Pero, separada del análisis de clase, la negritud pronto sería apropiada para fines contrarrevolucionarios.

En Haití, dijo Depestre, “pseudosociólogos” como el entonces dictador François Duvalier, conocido como “Papa Doc”, aislaron la cuestión racial del desarrollo económico, reduciendo la historia haitiana a “una sucesión caótica de conflictos únicamente entre mulatos y negros” (Depestre, 1968: 42-46). La pequeña burguesía negra había utilizado esta interpretación para convencer a las masas de que ahora estaban en el poder, cuando la realidad no podía estar más alejada de esa afirmación. Depestre vio lo que ocurrió cuando la negritud pasó de ser una revuelta literaria anticolonial a convertirse en ideología de Estado, bajo la forma de lo que se conoció como noirisme, la ideología racial esencialista empleada por Duvalier que convirtió la defensa de la cultura negra que propugnaba la negritud en una justificación para la dictadura, aterrorizando al pueblo haitiano y a la izquierda en nombre de la autenticidad negra. Puesto bajo arresto domiciliario, Depestre partió hacia Cuba en 1959 por invitación del Che Guevara (Miller, 2015: 159-178).

Depestre también señaló la conocida formulación de Léopold Senghor, primer presidente de Senegal y uno de los pensadores fundadores de la negritud, según la cual “la emoción es negra, como la razón es blanca”. Para Depestre, el problema no era la afirmación original de negritud de las culturas negras, sino la manera en que tales formulaciones podían esencializar la identidad racial cuando se separaban del análisis de clase, abriendo la puerta a que las burguesías negras de África y de las Américas explotaran a lxs trabajadorxs negrxs “en nombre de una espiritualidad común”.⁸ Separada de las exigencias concretas de la revolución, la negritud se había convertido en lo que Depestre llamó “un inaceptable ‘sionismo negro’” (1968: 46). Más bien, afirmó Depestre, la lucha contra el racismo debe basarse en la práctica revolucionaria; cuando “la negritud se ha incorporado a la revolución socialista”, el racismo “ha encontrado su superación a través de un proceso histórico en que blancos y negros y mulatos dejan cada día más de oponerse entre sí”. El nuevo Orfeo negro, continuó, “será revolucionario o no será, pues se trata de un contemporáneo y un aliado de Ho Chi Minh, de Fidel Castro y de Ernesto Che Guevara” (1968: 46).

Mientras que Depestre había rastreado la captura histórica de la negritud, el escritor y delegado guineano Condetto Nénékhaly-Camara hizo un planteamiento filosófico más incisivo: los valores que la negritud atribuía a la identidad negra: coraje, creatividad y profundidad espiritual, no eran propiedades raciales en absoluto, sino parte del “patrimonio común de la humanidad”. Esencializarlos era entregar a las élites gobernantes de la África recién independizada el mismo instrumento mistificador que había empleado el racismo colonial. El debate de La Habana fue, en efecto, una advertencia contra los nacionalismos culturales que ganarían terreno en África y el Caribe recién independizados. El trabajo de construir una cultura antiimperialista requiere, por tanto, un análisis de clase en su centro, sin el cual cualquier frente cultural podría disolverse en las mismas identidades que el imperialismo había construido.

En el congreso, el testimonio del poeta sudafricano Dennis Brutus señaló el mismo problema bajo otra forma. Mientras Depestre y Nénékhaly-Camara advertían contra el esencialismo racial, Brutus mostró cómo la dominación racial organizaba cada esfera en que se desarrolla el ser humano. Baleado por la espalda por la policía en Johannesburgo en 1963 y encarcelado más tarde durante 18 meses en Robben Island junto a Nelson Mandela, Brutus, cofundador del Comité Olímpico No Racial de Sudáfrica, mostró cómo el apartheid extendía su deshumanización incluso al deporte. En el período previo a los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964, Brutus y otros hicieron campaña con éxito para que la Sudáfrica del apartheid fuera excluida de participar. Las contradicciones raciales del apartheid eran visibles también en otros ámbitos del deporte y la vida pública, como lo evidenció el caso del halterófilo sudafricano de nacimiento Precious McKenzie, a quien se le impidió representar a su propio país en los Juegos de la Mancomunidad, por lo que ganó tres medallas de oro para Inglaterra y luego una cuarta para Nueva Zelanda. “No puede haber discusión sobre el amplio desarrollo del hombre”, concluyó Brutus, “mientras el racismo sea permitido y tolerado en el deporte” (1968: 34-37).

Tomadas en conjunto, estas intervenciones mostraron que el racismo no podía superarse ni mediante la inclusión liberal ni a través del esencialismo cultural. Para resistir la reducción de la lucha social a identidades fijas, la cultura debía comprenderse en su totalidad. El filósofo sirio Antun Maqdesi, cofundador del Movimiento Socialista Árabe, ofreció un marco dentro del cual las diversas intervenciones del congreso encontraron un terreno común.⁹ La revolución, sostuvo, es un “fenómeno total” que debe transformar “el sentido de la existencia” y “al hombre en cuanto hombre”. Continuó: “una revolución y una educación revolucionaria, es un porvenir que se hace presente, que se encarna y por ese mismo, lanza sobre el pasado una luz nueva” (1968: 99-102). Su insistencia en la totalidad, en la revolución como transformación que abarca la conciencia, el cuerpo, las instituciones, los sistemas de conocimiento y cada dimensión de la vida social, dio expresión filosófica al hecho de que la cultura, en toda su amplitud, es un frente esencial en el que se gana o se pierde la liberación.

El horizonte: el nuevo ser humano

Si la revolución es un fenómeno total, entonces su horizonte es la formación del nuevo ser humano a través de la práctica revolucionaria. Este fue el tema de la Comisión II, cuyo título, “formación integral del hombre”, anunciaba un programa que Che Guevara había esbozado en 1965 en El socialismo y el hombre en Cuba. En su discurso de clausura del congreso, Fidel Castro lo llamó “el magnífico folleto que nos dejó el Che… cómo expresó su idea de cómo debe ser el hombre nuevo, cómo debe ser el hombre del mañana, cómo debe ser el hombre del siglo XXI” (1968: 57-71; 2020: 28).

El congreso de La Habana tradujo la visión del Che en términos concretos. En esa línea, el delegado cubano Eduardo Lara describió el trabajo no solo como una necesidad económica, sino como un medio de formar al nuevo ser humano, citando tanto la caracterización que hacía el Che del trabajo como un proceso que “purifica los mejores atributos del ser humano” como la perspectiva de Marx de que el trabajo es “el único método de producir hombres plenamente desarrollados” (1968: 62-65).

Bajo el gobierno revolucionario cubano, la visión del Che se convirtió en praxis en la forma del trabajo voluntario, la participación masiva en el trabajo agrícola y las brigadas organizadas para desbrozar miles de hectáreas de tierra improductiva. Estas no eran simples medidas productivas, sino instrumentos de transformación humana dirigidos a romper la división entre el trabajo manual e intelectual y las jerarquías y prejuicios sociales asociados a ella. Otras intervenciones cubanas extendieron este argumento a los campos científico, técnico y otros, insistiendo en que la formación del nuevo ser humano no podía separarse del desarrollo de la tecnología. En una ponencia colectiva titulada “El hombre nuevo”, presentada ante la Comisión II, la delegación cubana nombró al Che como la encarnación más clara de este ideal: “un trabajador no impulsado por la necesidad física de venderse a sí mismo como mercancía, capaz de adquirir las cualidades del ser humano del futuro, libre de las cargas del pasado, que da todo de sí mismo sin esperar ninguna recompensa material, guiando cada una de sus acciones con los sentimientos más profundos de amor por el pueblo y por los oprimidos de todo el mundo y con odio eterno hacia el enemigo opresor y criminal” (CCLH, 1968: 73-79).

La resolución de la Comisión II definió al nuevo ser humano en términos que excedían cualquier concepción estrecha de la cultura: alguien “capacitado ideológica, científica, técnica y culturalmente para participar de modo activo y consciente en la construcción de la nueva sociedad” y “que es apto para desarrollar tareas manuales de carácter productivas o actividades intelectuales, indistintamente” (CCLH, 1968: 22-25). La salud, el deporte, la ciencia, el trabajo manual, la defensa militar y la apreciación artística no eran suplementarios a esta visión, sino constitutivos de ella y esenciales para la defensa de cualquier revolución. Lejos de sugerir un modelo fijo, en su declaración general el congreso insistió en que el nuevo ser humano “cambiará con las épocas, se transformará al paso de la ciencia y la técnica y de la imaginación incesante” (CCLH, 1968: 54). Esta visión transformadora y dinámica del nuevo ser humano exigía un proceso continuo de rehumanización.

Ese proceso también debía enfrentar la subordinación de género arraigada en las relaciones sociales burguesas. Las delegadas cubanas Elena Díaz y Natasha Klein señalaron que la formación del nuevo ser humano exigía la liberación de la mujer respecto de la objetivación y la subordinación inherentes a las relaciones sociales burguesas. Su intervención extendió el argumento más amplio del congreso sobre la transformación humana hacia un terreno que había sido planteado, pero no plenamente elaborado: “La real y efectiva liberación femenina sólo comienza a partir de su premisa única: la remoción de la estructura socio-económica burguesa que elimina la opresión del hombre por el hombre, de la cual la discriminación de la mujer es una consecuencia inherente” (1968: 116-132). La liberación de la mujer no era un añadido al programa revolucionario, sino una condición estructural del ser humano integral que el congreso imaginaba.

Trabajadorxs intelectuales y la revolución

El discurso de clausura de Fidel Castro planteó una pregunta que había recorrido todas las comisiones: ¿qué papel debían jugar lxs intelectuales, o lxs “trabajadorxs intelectuales”, como él los llamó, en la revolución? En la comisión dedicada a esta cuestión, “responsabilidad del intelectual”, muchas de las personas delegadas cuestionaron la tendencia a exigir que lxs intelectuales se convirtieran en guerrillerxs mientras no se pedía nada equivalente a lxs trabajadorxs, técnicxs, docentes o deportistas. El poeta uruguayo Mario Benedetti criticó la idea de que mientras otras profesiones cumplían “una función necesaria dentro del ámbito revolucionario… el escritor o el artista sólo asumen, dentro de ese ámbito, un papel de artículos suntuarios”. La resolución de la comisión desarrolló el mismo argumento, insistiendo en que “su oficio no es un lujo, sino una necesidad social” vinculándolo a la visión del congreso sobre la formación del hombre nuevo (1968: 5-9; González Lage, 2019; Tricontinental, 2026b). La revolución, afirmó la resolución, “crea las condiciones para que se extinga el concepto de ‘intelectual’ como miembro de una élite de la cultura. Un esfuerzo tenaz y múltiple permitirá que en el futuro todo hombre sea un hombre integral, es decir, también un intelectual en el sentido más amplio del término” (CCLH, 1968: 29-30).

La visión del intelectual como “lujo” no desaparecería subordinando al intelectual a la acción militar. Más bien, la distinción entre intelectual y no intelectual se superaría a medida que el pueblo en su conjunto accediera a la vida intelectual. En la misma comisión, C. L. R. James, intelectual trinitense que había pasado décadas en el centro de los debates panafricanos, marxistas y anticoloniales, llevó el argumento más lejos. “La función de este congreso”, declaró, “es que los intelectuales deben preparar el camino para la extinción de los intelectuales como personificación de la cultura” (1968: 67-68; Silber, 1970: 118; González Seligmann, 2019). En otras palabras, el intelectual como categoría social separada debía ser abolido y el conocimiento debía volver al pueblo que había producido las condiciones materiales que lo hicieron posible.

En su discurso de clausura, Fidel reunió estos argumentos. Comenzó señalando que la respuesta más fuerte a la muerte del Che Guevara no había venido de organizaciones ni de partidos, sino de “trabajadores intelectuales”, a quienes describió como “hombres y mujeres honestos, sensibles, los que tuvieron la actitud de asimilar, de comprender, de admirar”. Los intelectuales habían mostrado mayor combatividad que “otras organizaciones de las que se esperaba mayor militancia”. El intelectual, entonces, no era un “bien de lujo”, la idea que Benedetti había criticado, pero tampoco era una figura para elevar por encima de la lucha. En su discurso de clausura, Fidel leyó íntegramente una declaración presentada por un grupo de sacerdotes católicos en la Comisión III, que afirmaba que “es el marxismo el que proporciona el análisis científico más exacto de la realidad imperialista” y que Camilo Torres Restrepo, muerto combatiendo con la guerrilla colombiana, “dio el más alto ejemplo de un intelectual cristiano comprometido con el Pueblo”. Fidel continuó: “¿Cómo cuando vemos a sectores del clero devenir en fuerzas revolucionarias vamos a resignarnos a ver sectores del marxismo deviniendo en fuerzas eclesiásticas?” (1968: 62-63).

Fidel continuó “Pero necesita el marxismo desarrollarse, salir de cierto anquilosamiento, interpretar con sentido objetivo y científico las realidades de hoy, comportarse como una fuerza revolucionaria y no como una iglesia seudorrevolucionaria” (1968: 65-66). Esta imagen sirvió como síntesis de muchos de los testimonios compartidos a lo largo del congreso: el marxismo debía interpretarse y aplicarse según las condiciones y necesidades concretas de cada lucha para realizar su potencial revolucionario. La cultura, en esta lectura, no puede concebirse como un dominio administrado por burocracias, ya sean capitalistas o socialistas, ni construirse como una “iglesia seudorrevolucionaria”. Como planteó Fidel en su discurso de clausura, había que entenderla como un sitio de lucha activa “un Vietnam en el campo de la cultura” y esa lucha exigía una revolución permanente del pensamiento dentro y a través de los movimientos revolucionarios y de las propias instituciones de la cultura (1968: 67).

De hecho, las personas delegadas se negaron a dejar que el congreso terminara como un simple registro de análisis y transformaron su resolución-declaración de clausura en un programa de acción antiimperialista práctica conocido como el Llamamiento de La Habana (Salkey, 1971: 217-218). Este llamamiento exhortó a “los escritores y hombres de ciencia, a los artistas, a los profesionales de la enseñanza y a los estudiantes” a romper los lazos institucionales con el imperialismo estadounidense, rechazando becas, invitaciones y otras formas de cooperación, frente a lo que identificaba como el método del enemigo: “un esfuerzo sistemático tiende a movilizar a los técnicos, hombres de ciencia e intelectuales en general, al servicio de los intereses y los objetivos capitalistas y neocolonialistas” (CCLH, 1968: 46-47). Cuando las personas delegadas abandonaron el Hotel Habana Libre, se llevaron consigo un diagnóstico, un cuerpo de teoría, una visión del nuevo ser humano y un programa de acción. Regresaron a países en guerra, bajo ocupación, construyendo el socialismo, o luchando por respirar dentro de las instituciones del imperialismo.

Los ecos de La Habana 1968

El Congreso Cultural de La Habana no terminó cuando las personas delegadas abandonaron el Hotel Habana Libre. La energía de esos nueve días se canalizó en una década de producción cultural revolucionaria que constituyó, en la práctica si no de nombre, el frente antiimperialista que el congreso había convocado. En marzo de 1968, apenas semanas después de la clausura del congreso de La Habana, la Asociación de Escritores Afroasiáticos publicó el primer número de Afro-Asian Writings, más tarde renombrada Lotus, una revista trilingüe que, hasta 1991, llevaría adelante el tipo de solidaridades literarias que el congreso había encarnado. Liberación nacional y cultura (1968), de Cabral, extendió el marco que las personas delegadas del PAIGC habían llevado a La Habana hacia una teorización más amplia sobre la liberación nacional. En Pedagogía del oprimido (1970), el educador brasileño Paulo Freire, elaboró la visión de la formación del nuevo ser humano hasta convertirla en método. Las venas abiertas de América Latina (1971), del escritor uruguayo Eduardo Galeano, se convirtió en la contrahistoria del continente. Calibán (1971), de Fernández Retamar, ayudó a invertir el paradigma político existente, situando al Tercer Mundo en el centro de la historia y de la producción cultural. Cómo Europa subdesarrolló a África (1972), del historiador guyanés Walter Rodney, desarrolló más tarde, en términos históricos y materialistas, uno de los diagnósticos centrales del congreso: que el colonialismo no se había limitado a explotar a África, sino que había producido activamente su subdesarrollo.

Esta ola se extendió por campos y tradiciones artísticas. En el terreno del cine, los cineastas argentinos Fernando Solanas y Octavio Getino estrenaron La hora de los hornos (1968) y publicaron su manifiesto Hacia un tercer cine (1969), que planteaba un programa cinematográfico explícitamente antiimperialista. En el terreno del teatro, Técnicas latinoamericanas de teatro popular (1975), del dramaturgo brasileño Augusto Boal, declaraba que las naciones latinoamericanas, hasta entonces “satélites del arte metropolitano”, debían convertirse en “el centro de nuestro propio universo artístico” y que el objetivo no era distribuir productos culturales terminados sino “popularizar los medios de producción” del propio arte.¹⁰

La Nueva canción, movimiento latinoamericano de música políticamente comprometida y arraigada en las tradiciones populares y folclóricas, llevó la lucha al canto a través de la obra del chileno Víctor Jara, la argentina Mercedes Sosa y los cubanos Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. En el sur de África, inspiradas en exiliados de la Brigada Ramona Parra tras el golpe de Estado de 1973 en Chile, las brigadas culturales del Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO) y las pinturas del artista mozambiqueño Malangatana Ngwenya fusionaron la producción artística con la liberación armada.¹¹ El arte gráfico de la OSPAAAL, diseñado en La Habana y distribuido por todo el mundo a través de la revista Tricontinental, dio al movimiento tricontinental su lenguaje visual. La ola se extendió también por el mundo de la literatura, desde Ghassan Kanafani escribiendo sobre literatura y resistencia en Palestina hasta Ngũgĩ wa Thiong’o volcándose hacia la lengua indígena gĩkũyũ para escribir contra el neocolonialismo en Kenia. Estos proyectos y muchos otros como ellos, muestran la amplitud del frente cultural que La Habana ayudó a consolidar. En todo el mundo, cada uno de ellos llevó adelante la intuición central del congreso: que la cultura no era un reflejo secundario de la lucha política, sino uno de sus frentes decisivos.

El Congreso Cultural de La Habana tuvo lugar en enero de 1968, meses antes de que la revuelta estudiantil en el Barrio Latino de París se convirtiera en el símbolo más célebre del Mayo del 68 mundial. Sin embargo, el frente cultural que estalló en los años siguientes tuvo su raíz no en las ocupaciones universitarias de la metrópoli europea, sino en las luchas de liberación del Tercer Mundo. En este sentido, fue en La Habana 1968 y no en el más aclamado Mayo francés, donde se encendió un “Vietnam en el campo de la cultura”. Pese a ello, el congreso fue quedando relegado del registro histórico junto con el mundo que lo había producido. ¿Por qué, entonces, volver a él ahora?

Las preguntas que planteó el congreso no son menos urgentes hoy. ¿Podemos desarrollar una cultura nacional bajo la dominación colonial y neocolonial? ¿Es posible pensar la formación del nuevo ser humano sin una transformación radical de la sociedad? ¿Cuál es la responsabilidad de la intelectualidad frente a su medio y frente al mundo? ¿Cuál debería ser el papel de los medios de comunicación de masas en relación con la lucha antiimperialista? (CCLH, 1968: 16-17)

A medida que el imperialismo ha alcanzado la etapa peligrosa y decadente del hiperimperialismo, los mecanismos que el congreso identificó se han metastatizado con la Nueva Guerra Fría contra el Sur Global.¹² El aparato mediático expuesto en el congreso se ha convertido en un monopolio de plataformas que coloniza algorítmicamente la atención y el deseo y fabrica consenso para el orden imperialista. La fuga de cerebros que el congreso diagnosticó se ha visto agravada por la extracción de datos y de trabajo digital, la materia prima de la economía de guerra de Silicon Valley. Los “agentes culturales” del Congreso por la Libertad de la Cultura, financiado por la CIA, han reaparecido en la “oenegización” de la producción de conocimiento. Esto incluye las redes académicas que buscan desprestigiar o desacreditar a los sistemas políticos y económicos alternativos al orden capitalista occidental, desde los proyectos socialistas de China, Cuba y Venezuela hasta los países que afirman su soberanía frente a la dominación occidental en Irán, Rusia, el Sahel y más allá.

El congreso de La Habana diagnosticó la producción cultural como parte del propio sistema económico. Hoy, mientras la hegemonía económica estadounidense entra en declive relativo, Washington busca compensar ese declive intensificando el militarismo. El frente cultural es arrastrado cada vez más a esa misma lógica, en la medida en que las guerras culturales, la fabricación de consenso para la confrontación y la propia maquinaria de guerra operan como un único aparato integrado.

El congreso de La Habana fue una intervención en la Guerra Fría cultural. Si el Congreso por la Libertad de la Cultura buscaba producir una intelectualidad global comprometida con la idea de que no existe alternativa al orden occidental, el congreso de La Habana buscaba producir lo opuesto: un frente internacional de nuevxs intelectuales, científicos, médicos, educadores y artistas comprometidos con la construcción de alternativas soberanas, avanzando hacia el socialismo. ¿Cómo puede ese ejemplo interpelarnos hoy y empujar a los movimientos populares a pensar de manera amplia y estratégica la cultura como terreno de lucha política y a construir un frente cultural antiimperialista a la altura de nuestro momento? ¿Qué significaría hacerlo ahora: rechazar la compartimentación que relega el “trabajo cultural” al arte y la propaganda, mientras trata la salud, la ciencia, la educación, el deporte y la producción de conocimiento como dominios técnicos separados, ajenos al ámbito de la estrategia política? ¿Qué significaría construir instituciones, redes y formas de producción intelectual colectiva insertas en los movimientos del presente, tal como el congreso estuvo inserto en las luchas de liberación de su tiempo? El Instituto Tricontinental de Investigación Social ha buscado llevar adelante esta tradición, acompañando las luchas políticas de hoy, cultivando la nueva intelectualidad que esas luchas exigen y trabajando desde las trincheras de la batalla de las ideas y las emociones.¹³ El trabajo de recuperar el Congreso Cultural de La Habana forma parte de ese esfuerzo, no como un ejercicio de nostalgia histórica sino como una contribución al pensamiento estratégico que hoy necesitan los movimientos.

Dorticós inauguró el congreso al declarar que “crear en un país en vías de desarrollo revolucionario para los intelectuales no es sólo crear una obra literaria o artística, científica o técnica; es crear toda una obra más hermosa y, en última instancia, beneficiaria de aquella creación científica, literaria o artística. ¡Es crear un nuevo pueblo, un nuevo país, una nueva sociedad!” (1968: 10) Volver al Congreso Cultural de La Habana es volver a esa proposición, e insistir en que cada dimensión de la vida humana es un frente del imperialismo y, por lo tanto, un frente de resistencia. La batalla de las ideas y las emociones continúa y el frente cultural, en su totalidad, sigue por construirse.

Notas

Referencias bibliográficas

La historia de los últimos 200 años es la historia del ascenso y la impugnación de dos de esas monedas clave: la libra esterlina y, de forma mucho más amplia, el dólar estadounidense.

El actual orden global, sustentado por el dólar, otorga a Estados Unidos lo que se ha denominado acertadamente un “privilegio exorbitante”: el poder de emitir la moneda que el resto del mundo necesita como reserva de valor, medio de pago y unidad de cuenta (Batista Jr., 2024). Eso permite a Estados Unidos financiar sus déficits, consumir por encima de su producción y proyectar su poderío militar, simplemente porque su deuda pública se considera el activo más seguro del planeta. Además, permite a Estados Unidos tener el mercado financiero más importante del mundo, base de formación de expectativas que trascienden la dimensión financiera e influyen en las decisiones de inversión y producción; establece las condiciones más importantes para definir la dirección de los flujos financieros globales que limitan la autonomía de los países dependientes y subordinados.

Existe una jerarquía entre las monedas nacionales en relación con el dólar. Algunas de ellas gozan de aceptación internacional, como el euro y el renminbi. Para los países del Sur Global, esta arquitectura impone un costo elevado. Sus monedas son tratadas como activos financieros volátiles, y sus economías quedan rehenes de la disciplina impuesta por el capital financiero internacional. La necesidad de acumular dólares como defensa contra ataques especulativos y para garantizar las importaciones resulta en una transferencia líquida y perversa de riqueza del Sur hacia el Norte Global, especialmente hacia inversionistas y especuladores de Europa Occidental y de Estados Unidos.

Ante estas cuestiones estructurales del capitalismo contemporáneo, comprender el ascenso del dólar, los mecanismos de su dominio actual y los límites estructurales a los que se enfrenta cualquier alternativa es, por lo tanto, una tarea central para quienes buscan un orden internacional más justo y cooperativo.

El dinero, el valor y la necesidad de una moneda mundial

En cualquier sociedad basada en la división del trabajo y el intercambio de mercancías, el dinero surge como una necesidad práctica. Cuando diferentes productores se especializan — uno cultiva trigo, otro fabrica telas, otro extrae minerales — necesitan intercambiar sus productos entre sí para satisfacer sus necesidades. Pero el intercambio directo, o trueque, presenta dificultades evidentes: la agricultora que quiere tela necesita encontrar una tejedora que, en aquel exacto momento, quiera trigo, en la cantidad exacta, y acepte la proporción de intercambio propuesta.

El dinero resuelve ese problema al funcionar como un equivalente general: una mercancía especial que todos aceptan a cambio de cualquier otra. Con el dinero, la agricultora puede vender su trigo a cualquier comprador, guardar el valor recibido y, cuando quiera, comprar tela de cualquier vendedora. El dinero cumple así tres funciones básicas: sirve como medio de circulación, facilita los intercambios; como unidad de cuenta, permite comparar el valor de mercancías diferentes; y como reserva de valor, permite guardar riqueza para uso futuro.

En el análisis marxista, el dinero no es una invención arbitraria ni un simple instrumento técnico. Es la expresión material de una relación social: el valor. El valor de una mercancía corresponde al tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. Cuando millones de productores independientes intercambian mercancías en el mercado, están, en la práctica, comparando cantidades de trabajo humano. El dinero es la forma mediante la cual esa comparación se vuelve posible y visible. Representa, de forma condensada, el trabajo social (Marx, 2023).

Dentro de un mismo país, el uso del dinero es relativamente sencillo: existe una moneda nacional, emitida y garantizada por el Estado, que todos los habitantes reconocen y aceptan. Pero ¿qué sucede cuando productores de diferentes países quieren comercializar entre sí?

Consideremos un ejemplo concreto. Una empresa brasileña exporta café a Alemania. La empresa importadora alemana tiene euros; la exportadora brasileña necesita reales para pagar a sus trabajadorxs, proveedores e impuestos. ¿Cómo conciliar estas dos monedas?

El problema se desdobla en varias dimensiones. Primero, es necesario establecer una tasa de cambio: ¿cuántos reales equivalen a un euro? Segundo, se necesita un mecanismo para convertir efectivamente una moneda en la otra. Tercero, se requiere que ambas partes confíen en que la moneda recibida tendrá un valor estable y será aceptada por otros.

Cuando el comercio internacional era pequeño y esporádico, esos problemas podían resolverse caso por caso, frecuentemente con el uso de metales preciosos (oro y plata), que tenían aceptación universal. Pero a medida que el mercado mundial se expandió, esa solución se volvió insuficiente.

Con el crecimiento del comercio internacional, surge la necesidad de un sistema organizado para liquidar (ajustar) las cuentas entre países. No es práctico que cada transacción individual implique la transferencia física de oro o la conversión directa entre dos monedas cualesquiera. Se necesita un mecanismo de compensación.

Imaginemos que, en un período determinado, Brasil exporte 100 millones de dólares en café a Alemania e importe 80 millones de dólares en maquinaria. En lugar de realizar dos transferencias separadas, basta con que Alemania transfiera a Brasil la diferencia neta de 20 millones. Este es el principio de la compensación.

Pero para que este mecanismo funcione a escala global, involucrando a decenas de países con monedas diferentes, es necesario que exista una referencia común, una divisa que todos acepten como unidad de cuenta y medio de pago para liquidar los saldos. Históricamente, esa función fue desempeñada por el oro y, posteriormente, por las monedas nacionales de los países económicamente dominantes.

Por lo tanto, las ventajas asociadas al control de la moneda de referencia son todo menos simples. Entre ellas se incluyen:

(i) La posibilidad de que el Estado emisor amplíe de forma desproporcionada su capacidad de endeudamiento y de gasto con relación a los demás Estados nacionales.

(ii) El uso de la moneda como instrumento de política y dominación externa, por medio del control de canales centrales de liquidez internacional, como en el caso de la aplicación de sanciones económicas.

(iii) Los beneficios garantizados a la actuación internacional de sus bancos que, insertos en un sistema de reservas fraccionarias respaldado por esa moneda expansiva, pasan a ocupar una posición privilegiada en el circuito de las altas finanzas globales.

Surge aquí una pregunta fundamental: ¿quién emite esta moneda de referencia? ¿Cómo se elige? ¿Y cuáles son las consecuencias de que un país vea elevada su moneda nacional a la condición de moneda mundial?

El mercado mundial se expande, el problema se agrava

El mercado mundial no creció de forma gradual y pacífica. Su expansión fue impulsada, desde el siglo XV, por la conquista colonial, el tráfico de personas esclavizadas, la apropiación de tierras y recursos naturales y la imposición de relaciones comerciales asimétricas a las poblaciones subyugadas. La acumulación primitiva de capital, que Marx analizó en el primer volumen de El Capital, fue un proceso global y violento (Marx, 2023).

A medida que el capitalismo se consolidó como modo de producción dominante, el volumen del comercio internacional creció exponencialmente. En el siglo XVIII, la Revolución Industrial intensificó este proceso: las potencias europeas necesitaban materias primas de todo el mundo (algodón, minerales, productos agrícolas) y buscaban mercados para sus productos manufacturados.

Este crecimiento hizo que el problema de la moneda internacional en cada vez más urgente. Con millares de transacciones diarias entre decenas de países, era indispensable un sistema monetario internacional organizado: un conjunto de reglas, instituciones y prácticas que definieran cómo se relacionan las monedas entre sí, cómo se liquidan los pagos y cómo se ajustan los desequilibrios comerciales.

La solución encontrada entre el siglo XIX y principios del XX refleja la estructura de poder de la época: un mundo dividido entre imperios coloniales rivales. Cada potencia imperial organizó su propia zona monetaria, integrando sus colonias y áreas de influencia al espacio de circulación de su moneda nacional.

Como mayor potencia industrial, comercial y financiera del siglo XIX, Gran Bretaña convirtió a la libra esterlina en la principal moneda del comercio internacional, imponiendo sus “preferencias imperiales”. El llamado patrón oro, que estuvo vigente desde el último cuarto del siglo XIX hasta 1914, era en la práctica un patrón libra-oro: la libra era la moneda en que se denominaban la mayoría de los contratos comerciales, en la que se cotizaban las principales commodities y en la que se realizaban los préstamos internacionales.

El sistema de la libra esterlina como moneda internacional dominante fue posibilitado por el drenaje de riqueza de las colonias. La India mantenía elevados superávits en la balanza de pagos con Europa continental, Estados Unidos, Canadá y Japón. Pero mantenía un déficit en la balanza de pagos con Gran Bretaña, en parte debido a las exportaciones británicas a la India, y, principalmente, por las obligaciones impuestas por los británicos a la colonia, incluidas enormes cantidades de “regalos” de la India Británica a la metrópoli (Patnaik y Patnaik, 2024). Según el informe Estudios sobre comercio ultramarino británico, presentado por los autores, “la clave de todo el patrón de pagos de Gran Bretaña residía en la India, que probablemente financiaba más de dos quintas partes del déficit total británico”.

Las colonias británicas —desde la India hasta África, desde el Caribe hasta Oceanía— se integraron al espacio monetario de la metrópoli mediante el sistema de preferencias imperiales británico. Sus exportaciones se cotizaban en libras y sus importaciones, en gran parte procedentes de la propia Gran Bretaña debido al exclusivismo comercial metropolitano, se pagaban en libras. Sus sistemas bancarios operaban con la libra como referencia. Las poblaciones coloniales se veían obligadas a obtener libras para pagar impuestos y adquirir bienes esenciales, lo que las subordinaba enteramente a los términos de intercambio definidos por la metrópoli.

El imperio colonial francés, que se extendía por el norte y oeste de África, por Indochina y las islas del Pacífico y del Caribe, constituía una zona monetaria propia, organizada en torno del franco. Hasta hoy, vestigios de esa estructura sobreviven en el franco CFA, moneda utilizada por 14 países africanos que permanece vinculada al euro y antes, al franco francés (Metri, 2023).

Aunque no poseía un imperio colonial formal comparable al de los europeos, Estados Unidos ejercía una hegemonía económica sobre gran parte de las Américas desde finales del siglo XIX. La Doctrina Monroe (“América para los estadounidenses”) expresaba esa pretensión. El dólar circulaba ampliamente en Centroamérica, el Caribe y partes de Sudamérica, frecuentemente impuesto por intervenciones militares y por la presencia de empresas estadounidenses que controlaban sectores estratégicos (como United Fruit Company en Centroamérica).

Alemania, Japón, Holanda, Bélgica y Portugal también mantenían sus propias esferas monetarias coloniales, aunque menores.

El resultado de esta configuración era un sistema monetario internacional fragmentado. No había una única moneda mundial, sino varias monedas regionales compitiendo entre sí, cada una dominante en su esfera de influencia. La libra era la más importante a nivel global, pero no era universal.

Ese sistema reflejaba la estructura del imperialismo tal como la analizaron Lenin y otros marxistas de inicios del siglo XX: un mundo dividido entre potencias capitalistas rivales, cada una controlando su propio bloque de territorios coloniales y semicoloniales. Las tensiones entre estos bloques —la disputa por mercados, materias primas y áreas de inversión— fueron una de las causas profundas de la Primera Guerra Mundial (Lenin, 2012).

La guerra de 1914-1918 destruyó ese orden. El conflicto exigió gastos colosales, financiados por la emisión monetaria y el endeudamiento. La mayoría de los países suspendió la convertibilidad de sus monedas en oro. El Reino Unido, antes el gran acreedor mundial, emergió como deudor. Estados Unidos, que entró tarde en la guerra y suministró provisiones a los aliados, se convirtió en el principal acreedor internacional.

El período entreguerras (1918-1939) estuvo marcado por intentos fallidos de restaurar el patrón oro, por inestabilidad cambiaria crónica, por devaluaciones competitivas, las llamadas guerras cambiarias, y por el colapso del comercio internacional tras la crisis de 1929. La Gran Depresión demostró que un sistema monetario internacional desorganizado era incompatible con la estabilidad del capitalismo.

La Segunda Guerra Mundial creó las condiciones para una reorganización radical. Estados Unidos salió del conflicto como la única gran potencia con su economía intacta y fortalecida. Aunque compartía la hegemonía mundial con la antigua URSS, solo Estados Unidos se destacó como una potencia capitalista líder dispuesta a no imponer controles de capital, a permitir la venta de sus activos y a utilizar su moneda como moneda mundial.

Al final del conflicto mundial, Estados Unidos mantenía cerca de dos tercios de las reservas globales de oro. Su industria representaba casi la mitad de la producción manufacturera mundial. Su territorio no había sido devastado por la guerra (Mazzucchelli, 2013).

Esta asimetría de poder permitió a Estados Unidos imponer una nueva arquitectura monetaria internacional. En 1944, en la conferencia de Bretton Woods, se creó un sistema que, por primera vez en la historia, establecía una única moneda nacional como eje del sistema monetario mundial: el dólar estadounidense.

El sistema de Bretton Woods marcó la transición de un escenario de zonas monetarias en competencia vinculadas a imperios rivales hacia una hegemonía monetaria unificada bajo el liderazgo de Estados Unidos. Este proceso representó el cambio de un sistema inter imperialista, caracterizado por la disputa entre múltiples potencias, a un modelo imperialista de orden unipolar liderado por Estados Unidos, en el cual una única potencia dominante organiza el conjunto (Tricontinental, 2024).

Esa transición no fue automática ni puramente económica. Fue el resultado de la guerra, de la destrucción de las potencias rivales, de la ocupación militar de antiguos imperios (Alemania, Japón) y de la construcción de una vasta red de bases militares, alianzas e instituciones internacionales bajo liderazgo estadounidense.

Cómo el dólar se volvió hegemónico

La verdadera consolidación del dólar como moneda dominante fue un proyecto estratégico meticulosamente ejecutado por Estados Unidos durante e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. El ascenso del dólar no fue un accidente histórico; fue el resultado de tres movimientos estratégicos decisivos.

1. El financiamiento de las guerras

Estados Unidos utilizó su posición como “arsenal de la democracia” para estructurar la dependencia global de su moneda. Inicialmente, la regla cash-and-carry [pague y lleve] de 1937 exigía que quienes compraban suministros de Estados Unidos pagaran inmediatamente en dólares u oro.

Posteriormente, el programa Lend-Lease [Préstamo y Arriendo] suministró financiamiento vital para las importaciones de los países aliados. No obstante, esto tuvo un efecto estructural profundo: al final de la guerra, las potencias aliadas y decenas de otros países acumularon deudas masivas en dólares. Dada la vulnerabilidad de los demás países, Estados Unidos pudo imponer la moneda de denominación de sus créditos. Esto creó una demanda estructural y permanente de la moneda estadounidense; los países ahora necesitaban exportar bienes reales o contraer nuevas deudas para obtener los dólares necesarios para liquidar sus pasivos (Metri, 2023).

2. El control del petróleo

El segundo pilar fue garantizar el control sobre la fuente de energía que alimentaría el capitalismo industrial de la posguerra. El petróleo, debido a la transformación que provocó en la lógica de los conflictos —ya desde la Primera Guerra Mundial— terminó convirtiéndose en el recurso natural central del sistema internacional. El control de las regiones productoras pasó a formar parte del núcleo de las disputas geopolíticas globales. Más específicamente, el petróleo se convirtió en el principal combustible de las Fuerzas Armadas; ocupó una posición decisiva en la matriz de transportes a escala mundial; y sus derivados pasaron a ser ampliamente empleados en numerosas cadenas productivas.

De ello se derivó una implicación adicional para las relaciones internacionales: el petróleo pasó a ser manejado como instrumento recurrente en el “tablero diplomático”, funcionando como mecanismo de presión, represalia, disuasión, apoyo o sustento, siempre vinculado a cálculos, intereses e iniciativas que reflejan las disputas geopolíticas más amplias propias de la competencia entre Estados.

En 1940, Estados Unidos era la potencia petrolífera dominante, produciendo 63% del petróleo mundial (Quintas, 2020). Sin embargo, a medida que quedaba claro que el centro de gravedad de la producción futura se trasladaría a Oriente Medio, Estados Unidos actuó de forma decisiva.

Desde 1933, empresas estadounidenses habían adquirido derechos de explotación en Arabia Saudita. En 1943, el presidente Roosevelt incorporó el Reino de Arabia Saudita al “territorio monetario del dólar”, autorizando el financiamiento del reino de Ibn Saud a través del programa Lend-Lease. La intensa actividad diplomática y militar de Estados Unidos en la región, que consolidó su dominio sobre Arabia Saudita, garantizó que a partir de 1970, las cotizaciones y las transacciones del petróleo exportado desde este nuevo centro neurálgico fueran exclusivamente en dólares. Así se produjo la transformación de Arabia Saudita en zona de influencia y espacio económico de Estados Unidos, así como su incorporación a la esfera monetaria del dólar (Metri, 2015).

Esta decisión obligó a la mayoría de los países, especialmente a las naciones industrializadas e importadoras de energía, a unirse al territorio monetario del dólar. Para comprar energía, primero era necesario obtener dólares.

En este sentido, más que el control directo sobre la producción fue decisiva la imposición de una arquitectura monetaria para el mercado petrolero global. A partir de la década de 1970, principalmente con las crisis del petróleo, este movimiento se institucionalizó a través de los “petrodólares”. Con la Guerra de Yom Kippur, el precio del petróleo se cuadruplicó y la economía mundial entró en colapso. En ese contexto, el gobierno de Nixon negoció un acuerdo secreto con Arabia Saudita. Los términos eran los siguientes: los sauditas se comprometieron a vender su petróleo exclusivamente en dólares y a invertir los excedentes en bonos del Tesoro estadounidense. A cambio, Estados Unidos garantizó protección militar al reino saudita. Los demás países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) pronto siguieron el mismo modelo.

Al vincular la principal commodity del mundo a su moneda, Estados Unidos amplió de manera estructural el alcance internacional del dólar.

3. Los Acuerdos de Bretton Woods

En 1944, en la Conferencia de Bretton Woods, Estados Unidos formalizó e institucionalizó su hegemonía, principalmente en el ámbito económico. Un año después, en 1945, tuvo lugar la Conferencia de Yalta, que reorganizó el orden geopolítico y militar y, desde el punto de vista monetario, acordó que las reparaciones de guerra de Alemania serían contabilizadas en dólares.

En Bretton Woods chocaron dos visiones opuestas sobre el orden de la posguerra. La propuesta inglesa, liderada por John Maynard Keynes, era radicalmente diferente de la vencedora. Keynes proponía el “bancor”, una moneda de cuenta internacional supranacional, controlada por un órgano multilateral (la Unión de Compensación). El objetivo de Keynes era crear un sistema simétrico, que penalizara tanto países con déficit crónico como a los países con superávit crónico. Esencialmente, la propuesta de Keynes tenía como objetivo impedir el paso del “privilegio exorbitante” de la libra al dólar.

La propuesta de Keynes fue sumariamente derrotada. Dada la correlación de fuerzas, prevaleció el plan de Estados Unidos, liderado por Harry Dexter White. El plan de White era simple y centrado en el poder estadounidense: el dólar sería establecido como la moneda de cuenta internacional y sería la única moneda con plena convertibilidad en oro, a una tasa fija de 35 dólares por onza de oro. Todas las demás monedas mantendrían su convertibilidad al dólar a tasas de cambio fijas, pero ajustables.

Para administrar este nuevo orden, se crearon el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, hoy Banco Mundial). El capital de ambos se fijó en dólares y la estructura de estas instituciones fue diseñada para garantizar su control por parte de Estados Unidos.

El poder de voto de cada país miembro se vinculó a sus cuotas o suscripciones de capital. En el FMI, estas suscripciones se pagaban en parte en oro y en parte en la moneda nacional. En el BIRF, parte del capital debía aportarse en oro o en dólares. Dado que Estados Unidos tenía la mayor participación en ambas instituciones, mientras que el Reino Unido ocupaba el segundo lugar, se consolidó una estructura de toma de decisiones asimétrica. En el caso del FMI, dado que las decisiones cruciales requieren una mayoría calificada del 85% de los votos, Estados Unidos pasó a ejercer, en la práctica, poder de veto sobre las reformas fundamentales (Batista Jr., 2019).

Centralidad y declive de la hegemonía del dólar en el siglo XX

El sistema de Bretton Woods, a veces llamado “patrón oro-dólar”, consolidó la centralidad estadounidense. Sin embargo, este sistema no funcionaba solo, necesitaba liquidez. Las economías devastadas de Europa y Japón no contaban con los dólares necesarios para importar insumos y reiniciar sus exportaciones o reconstruir las ciudades, infraestructuras y aparatos productivos.

Estados Unidos resolvió este problema mediante el Plan Marshall para Europa y el Plan Dodge para Japón, que proporcionaron los dólares necesarios para financiar esa reconstrucción. Estos planes “salvaron” el sistema de Bretton Woods, garantizando que sus aliados estratégicos se recuperaran ya plenamente integrados al territorio monetario del dólar. Al mismo tiempo, Estados Unidos estimuló la expansión global de sus empresas multinacionales, que realizaban inversiones directas en dólares.

Dado que los recursos en dólares se utilizaban, en gran medida, para la compra de bienes y servicios producidos en los propios Estados Unidos, el plan acabó recibiendo apoyo interno de diversos segmentos económicos. En una conjuntura de enfriamiento de la actividad interna, agravada por el aumento de la capacidad industrial durante los años de guerra en Europa y el Pacífico, ese flujo de demanda externa ayudaba a sustentar la economía estadounidense.

Del punto de vista estratégico, Estados Unidos no solo viabilizó los llamados “milagros” de reconstrucción y crecimiento en varios países, estabilizando regiones clave para la lógica de la Guerra Fría, sino que también fortaleció, de forma duradera, la posición hegemónica de su moneda. En las décadas siguientes, las áreas bajo su influencia experimentaron un largo ciclo de expansión y prosperidad, anclado en la centralidad del dólar.

Más concretamente, al mismo tiempo que financiaban la recuperación económica de las regiones clave para la contención de la URSS, Estados Unidos reforzó la primacía del dólar porque:

i) Inyectó dólares directamente en las economías aliadas, por medio de programas como el Plan Marshall (1948-1951)

ii) Amplió significativamente sus gastos militares en el exterior, denominados en dólares, como en el caso de la Guerra de Corea

iii) Abrió, de manera unilateral, su mercado a las exportaciones de socios estratégicos, garantizándoles ingresos en dólares

iv) Aceptó que esos países mantuvieran tasas de cambio artificialmente devaluadas, teniendo el dólar como referencia

v) Estimuló la inversión extranjera directa de sus grandes corporaciones, que naturalmente se realizaba en dólares, dado el origen de estas empresas.

Además, toleró la adopción de controles unilaterales sobre movimientos de capitales internacionales (en cualquier moneda), aceptó la inconvertibilidad de las demás monedas, no reaccionó de manera contundente ante políticas proteccionistas e incluso envió misiones de asistencia técnica.

El dilema de Triffin

A pesar de su aparente solidez, el sistema de Bretton Woods encerraba una contradicción fatal, identificada por el economista Robert Triffin. El dilema de Triffin expuso la falla lógica de utilizar una moneda nacional como moneda internacional.

La contradicción era la siguiente: para que el comercio global y el crecimiento económico se expandieran, el mundo necesitaba una oferta creciente de liquidez internacional, es decir, más dólares. Pero, para suministrar esos dólares al resto del mundo, Estados Unidos se veía obligado a incurrir en déficits en su balanza de pagos, es decir, enviar más dólares al exterior de los que recibía del exterior. No obstante, al emitir cada vez más dólares (pasivos) de los que poseía en oro (activos) en sus arcas, Estados Unidos erosionaría inevitablemente la confianza global en la convertibilidad del dólar en oro (Akyüz, 2010: 147-185).

El sistema estaba, por lo tanto, condenado. Si Estados Unidos detuviera sus déficits, el comercio mundial se estancaría. Si continuaran, la confianza en el dólar se derrumbaría.

Durante los años 70, esta contradicción se agudizó. El aumento masivo del gasto público de Estados Unidos, impulsado simultáneamente por la Guerra de Vietnam y los programas sociales internos, condujo a déficits crecientes y a una emisión descontrolada de moneda. Al mismo tiempo, la hegemonía de Estados Unidos era cuestionada por las revoluciones en la periferia y por las críticas de los aliados europeos, especialmente los franceses. Incluso en 1969, el FMI creó los Derechos Especiales de Giro (DEG), apodados “oro-papel”, un activo de reserva sintético y supranacional, cuyo valor se basaba en una canasta de monedas. Era un intento de crear una fuente de liquidez que no dependiera de los déficits de Estados Unidos.

En 1971, el dilema de Triffin llegó a su punto de ruptura. A medida que los países con superávit (liderados por Francia) cambiaban dólares por oro, las reservas de Estados Unidos se fueron reduciendo drásticamente. El 15 de agosto de 1971, el presidente Richard Nixon tomó medidas. En una decisión unilateral que reconfiguró todo el sistema que había sido creado de manera multilateral, Nixon suspendió indefinidamente la convertibilidad del dólar en oro. El “patrón oro-dólar” había muerto. El mundo entró en una nueva era: la del dólar “flexible, financiero y fiduciario”. La moneda hegemónica ya no tenía ningún respaldo en una mercancía física. Su valor estaba determinado puramente por la confianza o, más precisamente, por la imposición de poder.

Después de 1973, ante las sucesivas devaluaciones y la inestabilidad del valor del dólar, los principales países capitalistas pasaron a adoptar un régimen de “tasa de cambio flotante”, o sea, las monedas dejaron de tener paridad fija con relación al dólar y su valor pasó a determinarse en el mercado de divisas de cada economía nacional.

El choque de las tasas de interés y la “diplomacia del dólar fuerte”

Para completar este panorama, ante el creciente cuestionamiento a la economía estadounidense, especialmente en los ámbitos económico y monetario, Estados Unidos decidió actuar en lo que se conoció como “golpe de las tasas de interés”. Ante las presiones inflacionarias internas y la amenaza a la hegemonía del dólar, Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal (FED por su sigla en inglés), decidió elevar la tasa básica de interés estadounidense. Así, la tasa de interés a corto plazo en Estados Unidos se elevó de niveles cercanos al 10–11% a niveles próximos al 20% anual, en un movimiento que comenzó en 1979 y se extendió hasta 1980, lo que representó prácticamente una duplicación del costo del dinero a escala mundial (Tavares, 1985).

Según la economista brasileña Maria da Conceição Tavares (1985), en un texto seminal titulado El resurgimiento de la hegemonía estadounidense, antes del “golpe de las tasas de interés” el sistema bancario privado funcionaba prácticamente al margen del control de los bancos centrales, en especial de la FED. Las redes de filiales transnacionales estructuraban una división regional de trabajo dentro de las propias empresas, muchas veces en desacuerdo con los intereses nacionales de Estados Unidos, y alimentaban un aumento de la competencia entre capitales que resultaba desfavorable para la economía estadounidense. En términos generales, la configuración de una economía mundial sin un polo hegemónico definido contribuía a la desorganización del orden establecido en la posguerra y a la creciente fragmentación de los intereses privados y regionales. A partir de 1979, con el “golpe de las tasas de interés”, la conducción de la política económica interna y externa de Estados Unidos se orientó precisamente en el sentido de revertir esas tendencias y recuperar el control sobre las finanzas internacionales.

Maria da Conceição Tavares (1985) utilizó la expresión “diplomacia del dólar fuerte” para referirse a esta acción unilateral estadounidense, que hizo uso deliberado de su poder monetario y financiero como instrumento de política exterior y de reconstrucción de su hegemonía. No es posible entender el aumento de las tasas de interés únicamente como una medida de política monetaria para hacer frente a los problemas macroeconómicos internos de Estados Unidos, sino como una acción central para la recuperación de la hegemonía del dólar y la reconstrucción completa del sistema monetario y financiero internacional.

Si la tasa de interés estadounidense es elevada, quienes poseen riqueza financiera comienzan a salir de sus posiciones en los demás países y buscan obtener ganancias con el diferencial de interés de la deuda pública estadounidense. Con ello, ese mercado de eurodólares que se estaba gestando fuera del control del Banco Central estadounidense, en Europa, regresa casi en su totalidad a la plaza financiera de Wall Street. Esto refuerza el dominio del capital financiero por parte de Estados Unidos y refuerza el poder de su sistema bancario. Por lo tanto, se utilizó la moneda estadounidense como “arma geoeconómica”: al controlar las tasas de interés, la liquidez y el acceso al crédito internacional, Estados Unidos disciplina a sus aliados, pone en su lugar a competidores y profundiza la dependencia de la periferia. Por lo tanto, la política de tasas de interés altas y dólar fuerte no es solo economía, es una estrategia de poder.

Con todo, esta acción tuvo repercusiones. La primera de ellas es que sumió a Estados Unidos y al resto del mundo en una “recesión prolongada”, quebrando empresas e incluso bancos estadounidenses. En segundo lugar, se produjo una contracción repentina del crédito internacional, causando daños especialmente a la periferia capitalista que había aprovechado el período de elevada liquidez internacional para endeudarse en dólares con tasas de interés prefijadas. En tercer y último lugar, el “golpe de las tasas de interés” hizo que el crédito interbancario y los grandes bancos internacionales volvieran a centralizarse en Nueva York bajo el paraguas de la FED, que desde entonces comanda el sistema bancario privado internacional.

Otro objetivo del “golpe de las tasas de interés” fue poner en jaque a los competidores de Estados Unidos. Japón había alcanzado un fuerte dinamismo industrial y tecnológico, obteniendo crecientes superávits comerciales con Estados Unidos, en una trayectoria para convertirse en el mayor acreedor del mundo, a diferencia de Estados Unidos que estaba (y está) en la posición de mayor deudor.

Con las tasas de interés muy altas, el dólar se mantuvo sobrevalorado y, gracias a los enormes rendimientos de los bonos de la deuda pública estadounidense hubo un flujo de capitales hacia Estados Unidos, inclusive japoneses, con empresas y bancos comprando bonos del Tesoro estadounidense.

A pesar de sus superávits comerciales, Japón se vio en una posición en la que financiaba el déficit estadounidense comprando activos en dólares y su propio desarrollo fue vinculándose cada vez más al sistema financiero y al ciclo de activos de Estados Unidos.

Cuando el déficit comercial de Estados Unidos con Japón se dispara y aumenta la presión política interna, viene la segunda parte del ajuste. En 1985, el gobierno Reagan amenaza con medidas proteccionistas severas y fuerza una coordinación en el G5, en lo que se conoce como el Acuerdo del Plaza. El objetivo era promover una devaluación coordinada del dólar frente al yen y al marco alemán. Resultado rápido: entre septiembre de 1985 y abril de 1986, el yen se aprecia cerca de un 35% frente al dólar (Melin, 1997).

Después viene el Acuerdo del Louvre (1987) que intentó estabilizar las paridades tras esa fuerte corrección. Según la interpretación de Tavares y Melin (1997), no se trató de un ajuste “técnico” neutro, sino de un movimiento político destinado a consolidar su poder: Estados Unidos utilizó su posición en el centro del sistema para obligar a Japón a aceptar una fuerte apreciación del yen y una reorganización de su patrón de crecimiento.

Por lo tanto, Estados Unidos obligó a Japón a ajustar su trayectoria de crecimiento y su política cambiaria y financiera a los intereses de la hegemonía estadounidense, asegurando que el yen no se convirtiera en una moneda de reserva rival y que los superávits japoneses se reciclaran en beneficio del financiamiento del déficit y del liderazgo financiero de Estados Unidos. En lugar de una ruptura, hay una reabsorción de Japón dentro de un orden comandado por el dólar: el país mantiene una alta sofisticación productiva, pero bajo un fuerte condicionamiento financiero y geopolítico definido en Washington.

Cómo se mantiene el dólar

El colapso de Bretton Woods, paradójicamente, no debilitó al dólar. Por el contrario, liberó a Estados Unidos de cualquier restricción material a su política monetaria y consolidó una nueva forma de hegemonía, basada ya no en el oro, sino en tres nuevos pilares: el petróleo, la profundidad de sus mercados financieros y el uso de la moneda como arma de guerra.

Para entender el orden posterior a 1971, es crucial recurrir al análisis marxista de la “financiarización”. El abandono del respaldo metálico (oro) fue un punto de inflexión. Eliminó la restricción material a la creación infinita de dinero. El dinero, que antes era una representación de una mercancía (oro), se convirtió en una representación de sí mismo — puros números en cuentas computarizadas. En otras palabras, hubo autonomización de la “moneda del mundo”.

Esto permitió que el capital migrara masivamente de la esfera de la producción de valor (la inversión en manufactura, agricultura, etc., basada en la aplicación del trabajo social) a la esfera de la circulación, del “capital ficticio”. El capital ficticio es la inversión en títulos de propiedad (acciones) y, principalmente, en títulos de deuda (hipotecas, deuda pública), cuyo valor no se basa en el valor ya producido, sino en la anticipación de rendimientos futuros.

Este proceso, posibilitado por la creación ilimitada de dinero fiduciario, permitió que el capital ficticio se autoalimentara, generando más capital ficticio desconectado de la base de valor del trabajo social.

Pilar 1: El reciclaje del petrodólar

Con el fin del patrón-oro, Estados Unidos actuó rápidamente para volver a anclar el dólar en otra commodity esencial. Reforzó su alianza estratégica y militar con Arabia Saudita, asegurándose de que la OPEP continuara fijando el precio y negociando el petróleo exclusivamente en dólares. Esto recreó la demanda estructural: como toda nación industrializada necesita petróleo, toda nación necesita dólares. Esto también creó un nuevo mecanismo de reciclaje. Los países productores de petróleo (OPEP) acumulaban enormes superávits en dólares (“petrodólares”), que luego se “reciclaban” de vuelta a los bancos de Wall Street, financiando los déficits de Estados Unidos.

Pilar 2: La dictadura de la liquidez (bonos del Tesoro)

El dominio del dólar hoy en día se basa en algo pragmático: el dólar es la única moneda que garantiza el acceso a los mercados financieros más líquidos y profundos del mundo. El pilar central de este sistema son los bonos de la deuda pública de Estados Unidos (U.S. Treasuries, bonos del Tesoro). Son considerados universalmente como el “refugio seguro” global, el activo financiero más noble, con un riesgo de crédito mínimo y liquidez inmediata.

Esto permite a Estados Unidos subvertir completamente la lógica económica: es el mayor deudor del mundo, pero los otros países consideran su deuda como el activo más valioso. En momentos de crisis financiera global —incluso en crisis originadas en Estados Unidos, como la de 2008 — el capital internacional no huye del dólar; corre hacia el dólar, buscando la seguridad de los bonos del Tesoro. Esto sustenta el Mecanismo Global de Reciclaje de Excedentes (MGRE), una versión ampliada del reciclaje de los petrodólares:

1. Estados Unidos absorbe los excedentes de productos del mundo, incurriendo en déficits comerciales masivos con países como China, Alemania y Japón.
2. Las ganancias de esas exportaciones (dólares) acumuladas por estos países superavitarios regresan a Wall Street, ya que estos países reinvierten los dólares obtenidos por sus exportaciones en deuda pública estadounidense.
3. Wall Street utiliza este flujo de capital extranjero para comprar bonos del Tesoro, financiando el déficit del gobierno estadounidense y proporcionando crédito a los consumidores del país para sostener el consumo de productos importados.

En este sistema, el resto del mundo es forzado a financiar los déficits gemelos (comercial y fiscal) de Estados Unidos, subsidiando el consumo estadounidense y, crucialmente, el poderío militar global de los Estados Unidos.

En América Latina este proceso se aceleró después de las recomendaciones del Consenso de Washington, que sugirió que los países deberían renunciar al control de sus cuentas de capital. Esto significa que el capital puede entrar y salir libremente de cada país, pero ello tiene impactos directos en la volatilidad de las tasas de cambio nacionales. Los países, a su vez, para protegerse de esa volatilidad, acumulan reservas de divisas en deuda pública estadounidense. Por eso, podemos afirmar que el dólar es un arma de extorsión de la periferia, que necesita, para protegerse internamente, sostener los déficits gemelos de Estados Unidos, los cuales a su vez sirven, entre otras cosas, para financiar las guerras imperialistas.

La crisis de 2008 fue el momento en que las “pirámides de dinero privado” (capital ficticio) construidas por Wall Street sobre este mecanismo colapsaron. Sin embargo, la crisis no quebró el sistema. La FED, el banco central de Estados Unidos, actuó como el banco central “del mundo”, proporcionando líneas de swap (protección contra la volatilidad del tipo de cambio) en dólares a otros bancos centrales, demostrando que, en el colapso, la dependencia del dólar era total, y no al contrario.

Pilar 3: La moneda como activo de violencia

El pilar final de la hegemonía del dólar es el uso explícito de la moneda como arma. Dado que la mayor parte del comercio global, las finanzas y las transacciones de commodities (especialmente petróleo) se denominan en dólares y se liquidan a través del sistema financiero de Estados Unidos, Washington obtiene un inmenso poder de coerción.

La diplomacia monetaria se utiliza para restringir a los enemigos estratégicos y recompensar a los aliados. Estados Unidos puede imponer sanciones financieras, congelar las reservas de bancos centrales extranjeros (como lo hizo con Irán, Venezuela y, de manera más dramática, con Rusia) y excluir a países enteros del sistema de pagos internacional (SWIFT).

Cuando un país es sancionado, como ocurrió con Rusia y Venezuela, se le excluye de las redes de pago en dólares y se le pueden congelar activos en el extranjero. Esto encarece importaciones, perjudica a las empresas y desorganiza el comercio de ese país.

El dólar, por lo tanto, no es solo una herramienta económica; es un “activo de violencia”, un instrumento de disciplina geopolítica que garantiza que prevalezcan los intereses de Estados Unidos.

¿Ya está en marcha la desdolarización?

Los datos sobre las monedas de facturación en el comercio y en las finanzas internacionales son escasos y presentan desfases mayores que los datos comerciales (Gopinath, 2024). Aun así, las evidencias disponibles indican que la preponderancia del dólar es superior al peso de la economía de Estados Unidos en los agregados globales del Producto Interno Bruto, el comercio y las finanzas internacionales, lo que refleja una asimetría estructural en el uso internacional de las monedas.

Fuentes: BIS Triennial Survey 2025 · SWIFT Watch 2024 · IMF COFER 2024 · Federal Reserve 2025

Los datos del SWIFT muestran que la moneda representa más del 80% del financiamiento del comercio internacional, en gran medida debido a que una parte significativa del comercio de commodities aún es facturada y liquidada en dólares. Además, el dólar mantiene una participación próxima al 60% en las reservas de divisas globales.

Por otro lado, la evolución de las reservas de divisas globales en 2022-2023 estuvo marcada por un aumento significativo de las adquisiciones de oro por parte de los bancos centrales. Considerado un activo seguro, el oro ofrece protección contra los riesgos geopolíticos, aunque presenta limitaciones como medio de transacción. Este patrón sugiere que la intensificación de las compras de oro por parte de determinados bancos centrales está asociada a la búsqueda de mitigar riesgos económicos y geopolíticos, en especial aquellos relacionados con sanciones internacionales. En el caso de China, la participación del oro en las reservas totales aumentó de menos del 2% en 2015 al 4,3% en 2023, mientras que la proporción de activos denominados en bonos del Tesoro y de agencias de los Estados Unidos retrocedió de cerca del 44% a aproximadamente el 30%, lo que refleja la reestructuración de su cartera (Gopinath, 2024).

Fuente: World Gold Council Gold Demand Trends Full Year 2024 (gold.org)

Aunque se observa una reducción de la participación del dólar en las reservas cambiarias globales en las últimas décadas, los datos indican que ese movimiento no corresponde a una sustitución directa por otra moneda. Al contrario, esa reducción fue absorbida por un conjunto que el FMI presenta como monedas no tradicionales: dólar australiano, dólar canadiense, won surcoreano, corona sueca y renminbi, en menor proporción. Esto, sumado al aumento de las reservas en oro, sugiere que el proceso en curso no está impulsado principalmente por un proyecto político coordinado de desdolarización, sino por estrategias de diversificación de cartera adoptadas por autoridades monetarias, orientadas a la gestión del riesgo y a la búsqueda de mayor seguridad en un contexto de creciente inestabilidad financiera global.

Este movimiento puede interpretarse como una respuesta a las propias contradicciones de la financiarización liderada por Estados Unidos y Europa, cuya dinámica tiende a generar episodios recurrentes de volatilidad y formación de burbujas. En este sentido, la diversificación de las reservas se presenta menos como una ruptura política y más como un ajuste técnico ante las fragilidades del sistema, lo que hace que el proceso de transformación del sistema monetario internacional sea simultáneamente más robusto y más lento de lo que sugieren las narrativas geopolíticas más inmediatas.

Fuente: IMF COFER | Federal Reserve, International Role of the U.S. Dollar 2025 Edition | *CNY no incluye el dato del 4T de 2016

El análisis del comercio internacional hasta el primer cuarto del siglo XXI indica que la participación combinada del dólar y el euro en la facturación del comercio global permaneció relativamente estable a lo largo del período, el dominio del dólar y el euro se mantuvo con un predominio mayor dentro del propio bloque de la Unión Europea. Aunque China ha ampliado significativamente su participación en las exportaciones globales desde la década de 2000, acercándose al peso comercial de Estados Unidos, el uso del renminbi en el volumen de negocios del comercio internacional sigue siendo limitado, sin que se haya producido una internacionalización de su moneda. Es decir, los datos apuntan a la resiliencia del dólar como principal moneda de facturación del comercio internacional, al mismo tiempo que sugieren un proceso aún incipiente de diversificación monetaria.

Fuente: IMF Working Paper (2025) Patterns of Invoicing Currency in Global Trade in a Fragmenting World Economy

Fuente: IMF Working Paper (2025) Patterns of Invoicing Currency in Global Trade in a Fragmenting World Economy

Fuente: IMF Working Paper (2025) Patterns of Invoicing Currency in Global Trade; IMF DOTS

Impulsados por los avances en la tecnología financiera y en la infraestructura de pagos, se observa el auge de sistemas alternativos de pago, custodia y liquidación, que pasan a constituir opciones concretas frente al sistema financiero internacional centrado en el dólar. Más que un debate reciente, se trata de la materialización de nuevas arquitecturas institucionales capaces de viabilizar transacciones fuera de los circuitos tradicionales. En este contexto, se destacan iniciativas como el Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros (SPFS por su sigla en ruso), desarrollado por Rusia, y el Sistema de Pagos Interbancarios Transfronterizos (CIPS por su sigla en inglés), liderado por China, que amplían la capacidad de liquidación internacional en monedas locales y reducen la dependencia de infraestructuras dominadas por los países centrales.

Paralelamente, los países del BRICS han intensificado sus esfuerzos para fortalecer los sistemas nacionales de pago digital y desarrollar soluciones para operaciones transfronterizas, con el objetivo de expandir el comercio internacional denominado en monedas locales y avanzar en la construcción de un sistema monetario más multipolar (Atlantic Council, 2024a). China, en particular, ha ampliado el uso internacional del renminbi mediante la expansión del CIPS y su participación en proyectos de moneda digital de banco central (CBDC por su sigla en inglés) ¹. Se observa también la rápida diseminación global de proyectos de CBDC: 137 países y uniones monetarias, que representan alrededor del 98% del PIB mundial, se encuentran en alguna etapa de desarrollo de estas monedas digitales (Atlantic Council, 2024b).

Mientras iniciativas como el mBridge, que involucra al Banco Popular de China, el Banco Central de Hong Kong, el Banco Central de Emiratos Árabes Unidos y el Banco de Tailandia, con apoyo del Bank for International Settlements, y el sistema ACUMER, desarrollado por el Banco Central de Irán, señalan el potencial de nuevas infraestructuras digitales de liquidación en monedas locales entre bancos centrales a través de las CBDC, sin la necesidad de intermediarios tradicionales, como bancos corresponsales o sistemas como SWIFT.

A este panorama se suma el papel creciente de los acuerdos bilaterales de swap de divisas, especialmente a partir de la crisis financiera de 2007-2008. Estos instrumentos han sido utilizados tanto para proporcionar liquidez en momentos de tensión como para reducir los costos asociados a la acumulación de reservas internacionales, lo que permite a los países acceder a monedas extranjeras sin depender exclusivamente de los mercados financieros internacionales. En ese sentido, los swaps de divisas se consolidan como un componente central de las estrategias contemporáneas de diversificación monetaria y de mitigación de la dependencia del dólar (Council on Foreign Relations, 2025).

En resumen, los datos disponibles indican que el papel del dólar sigue siendo dominante y relativamente estable en el sistema monetario internacional. Sin embargo, estos datos también revelan cambios importantes en la composición y el funcionamiento de dicho sistema. Un ejemplo significativo es el caso del renminbi, cuya participación en las reservas internacionales pasó de prácticamente cero a comienzos de la década de 2010 a cerca de 2,2% en menos de una década — un movimiento sin precedentes históricos para la moneda de un país que aún mantiene controles relevantes sobre su cuenta de capital.

Por lo tanto, el análisis de la desdolarización requiere distinguir entre las diferentes dimensiones del sistema monetario internacional. En lo que se refiere a las reservas de divisas, el proceso es lento, gradual y aún está lejos de constituir una ruptura con la centralidad del dólar. En el ámbito de los pagos bilaterales, se observa un mayor dinamismo, aunque geográficamente concentrado en acuerdos específicos, como en el caso de las transacciones entre Rusia y China, que, según un reportaje de noviembre pasado, pasaron a liquidarse en un 99,1% en rublos y yuanes (Politics Today, 2025). Por último, en el ámbito de la infraestructura financiera, que incluye los sistemas de pago, compensación y liquidación, el proceso aún es incipiente, pero tiene un carácter estructural, ya que la creación de estas plataformas tiende a reducir, de forma duradera, la dependencia del sistema financiero centrado en el dólar.

En este sentido, la relevancia de la desdolarización reside en la dirección de su proceso y, sobre todo, en la construcción de alternativas institucionales y productivas capaces de reducir los costos de salida del sistema dólar para un número creciente de países.

Desdolarizarse es luchar por soberanía

Para la gran mayoría de los países del Sur Global, el sistema monetario y financiero internacional centrado en el dólar no es una red de seguridad, sino una camisa de fuerza. En la medida en que los países necesitan acumular reservas internacionales (monedas fuertes, como el dólar), están siendo extorsionados por el sistema del dólar, ya que deben mantener esas reservas, y lo hacen comprando bonos de la deuda estadounidense, financiando así la capacidad desmesurada de Estados Unidos para financiar guerras, por ejemplo. Por otro lado, es un mecanismo de castigo, ya que Estados Unidos puede decretar, mediante sanciones y bloqueos la exclusión del sistema de pagos internacional de aquellos países que no le sean sumisos. En las últimas décadas, Washington aumentó en un 933% las sanciones económicas contra los blancos de su política exterior (Metri, 2023).

En la práctica, las monedas nacionales no se consideran una reserva de riqueza, sino “activos financieros” volátiles. La demanda internacional de estas monedas es especulativa, sujeta a pánicos y fugas de capital. Además, los países del Sur Global sufren la incapacidad estructural de emitir deuda externa en sus propias monedas. Se endeudan en dólares, pero generan ingresos en moneda local, creando un desajuste cambiario devastador.

La hegemonía del dólar no se limita, por lo tanto, a su centralidad como medio de pago o reserva de valor, sino que se expresa también en la forma en que sus dinámicas internas se transmiten al resto del mundo. En momentos de apreciación del dólar, las monedas periféricas tienden a devaluarse, encareciendo las importaciones y presionando la inflación interna, especialmente en economías dependientes de energía, alimentos y bienes intermedios. Dado que gran parte de las commodities internacionales se cotizan en dólares, estos efectos se amplifican incluso en ausencia de cambios en las condiciones reales de oferta y demanda.

En el plano financiero, las decisiones de política monetaria de Estados Unidos, como las subidas de las tasas de interés, frecuentemente desencadenan flujos de capital hacia los activos denominados en dólares. Esto provoca devaluaciones cambiarias, eleva el costo del financiamiento externo y restringe el margen de maniobra de la política económica en los países del Sur Global, que a menudo se ven obligados a adoptar medidas contraccionistas para contener la inflación y estabilizar sus monedas, incluso en contextos de bajo crecimiento. En economías con elevado endeudamiento en moneda extranjera, la apreciación del dólar aumenta inmediatamente el peso de la deuda en términos nacionales, lo que agrava las fragilidades estructurales.

Para atraer el capital internacional volátil, los activos del Sur Global deben ofrecer tasas de interés mucho más altas que los activos “seguros” del Norte. Esto resulta en una transferencia líquida y constante de riqueza de los países más pobres hacia los centros financieros más ricos.

Con las políticas neoliberales y la liberalización de los movimientos de capital se ha debilitado la capacidad de los Estados para dirigir la macroeconomía. Cualquier gobierno que intente implementar políticas fiscales o monetarias expansionistas, como reducir intereses para estimular la inversión, es inmediatamente castigado por el “mercado” con una fuga de capitales, que devalúa la moneda, genera inflación y puede llevar al colapso. Los gobiernos son rehenes de la “confianza” de los financistas.

Para protegerse de esta volatilidad, los países del Sur Global se ven obligados a acumular reservas internacionales masivas. Brasil, por ejemplo, según el Banco Central do Brasil, tenía más de US$ 358.000 millones en diciembre de 2025 (2026). Estas reservas se invierten, en su mayoría, en activos en dólares, especialmente bonos de la deuda de Estados Unidos. Esta es la paradoja final: para defenderse del sistema, el Sur Global se ve obligado a financiar a su opresor, prestando miles de millones de dólares al Tesoro de los Estados Unidos a bajos intereses.

La hegemonía del dólar impone costos insostenibles al Sur Global. La insatisfacción con esta “asimetría desestabilizadora” no es nueva, pero ha adquirido una nueva urgencia en un mundo que camina hacia la multipolaridad. La desdolarización se ha convertido en una “tendencia secular”, pero se enfrenta a inmensos obstáculos estructurales.

Según el economista Bruno de Conti (2025), se observan hoy algunos movimientos que pueden, a mediano o largo plazo, desencadenar cambios en el sistema monetario y financiero internacional:

i) la redefinición del papel de ciertos países en la jerarquía de la economía mundial;

ii) el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas entre las principales potencias;

iii) el aumento de la desconfianza hacia el dólar, intensificada durante el gobierno de Trump, sumado a la disposición política de un amplio conjunto de países por buscar caminos, de forma aislada o coordinada, para reducir su dependencia de la moneda estadounidense.

El debate sobre la desdolarización, sin embargo, no puede limitarse a la protección contra sanciones o a la mitigación de las vulnerabilidades externas. Un análisis más profundo exige cuestionar su propósito mismo. La sustitución de una moneda hegemónica por otra no implica necesariamente una transformación cualitativa del orden internacional, ni garantiza una mayor estabilidad o beneficios para los países periféricos. La experiencia histórica sugiere que la jerarquía monetaria tiende a reproducirse, aunque sea bajo nuevas configuraciones.

En este sentido, la desdolarización debe entenderse no solo como una disputa entre monedas, sino como parte de un debate más amplio sobre la naturaleza de las relaciones económicas internacionales. Para los países del Sur Global, esto implica trasladar el foco de la mera sustitución de instrumentos hacia la construcción de alternativas estructurales, incluidas nuevas formas de inserción comercial, cooperación tecnológica, integración productiva y coordinación política.

Una transformación efectiva del sistema monetario internacional exigiría, por lo tanto, más que la creación de mecanismos financieros alternativos. Exigiría hacer frente a los pilares que sostienen la hegemonía del dólar, incluida la centralidad de la fijación de precios de las commodities, el dominio de los mercados financieros denominados en dólares y la capacidad de coacción geopolítica. En este horizonte, la desdolarización no es un fin en sí misma, sino parte de una lucha más amplia por la soberanía económica y por la construcción de un orden internacional más equitativo, capaz de interrumpir la transferencia sistemática de riqueza del Sur Global hacia los centros de poder.

La lucha por la desdolarización, por lo tanto, no es un mero ajuste contable. Es una lucha política fundamental por la soberanía económica y por el fin de la transferencia de riqueza del Sur Global hacia los centros imperiales.

Notas

Referencias bibliográficas

Cuando Estados Unidos e Israel iniciaron su guerra de agresión ilegal contra Irán el 28 de febrero de 2026, era inevitable que Irán retaliara con restricciones al tránsito por el Estrecho de Ormuz. Aunque este país nunca había cerrado ni restringido el paso por el estrecho, el gobierno de Teherán había dejado claro que esta geografía formaría parte de su estrategia defensiva si era provocado. Para los países de Asia, el Estrecho de Ormuz y el Estrecho de Malaca son vías vitales, puntos de atasco estratégicos para el flujo de productos, en especial de energía. Alrededor del 90% del petróleo de Japón y el 75% del de Corea del Sur pasan por el estrecho. Cualquier desaceleración en la vía marítima afecta de manera dramática a las economías industriales de Asia Oriental, ávidas de energía. Desde una perspectiva económica, la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán es también una guerra contra los intereses de Japón y Corea del Sur, y de hecho contra los de todos los países asiáticos que dependen del petróleo del Golfo Pérsico. A pesar de este hecho, muchos países asiáticos han mantenido silencio diplomático o, como en el caso de Japón y Corea del Sur, han respaldado abiertamente a Estados Unidos.

Países como Japón y Corea del Sur se alinean con Estados Unidos en contra de sus propios intereses económicos porque fueron absorbidos por la arquitectura militar estadounidense tras el fin de la Guerra Mundial Antifascista (conocida comúnmente como la Segunda Guerra Mundial) (Tricontinental, 2025). La presencia continua de enormes bases militares de EE. UU. en estos países los arrastra inexorablemente hacia las guerras perpetuas de Estados Unidos. Estos países no pueden romper con EE. UU. en lo que respecta a la guerra contra Irán mientras estén subordinados militarmente a él.

El objetivo militar central estadounidense en Asia no es Irán sino China, uno de los principales socios comerciales de Japón, Corea del Sur, Filipinas, Taiwán y de la mayoría de los demás países asiáticos. Dada la centralidad de China en las cadenas industriales de la región, cualquier agresión contra ella alteraría todo el paradigma de desarrollo de Asia Oriental. Por otro lado, EE. UU. sigue siendo el principal patrocinador militar de Japón, Corea del Sur, Filipinas y Taiwán, además de ser un importante mercado de exportación para varios de ellos. Estas economías se encuentran así en una encrucijada: no pueden romper fácilmente su dependencia militar y económica de Estados Unidos, ni tampoco su relación económica vital con China, la nueva fábrica del mundo.

En este dossier La encrucijada de Asia Oriental: contradicciones y posibilidades en la nueva Guerra Fría, analizamos cómo Japón, Corea del Sur, Filipinas y Taiwán están atrapados en una contradicción insoluble que persiste independientemente de los cambios de gobierno. Aunque nuestro foco está en Asia Oriental, también analizamos brevemente el papel de Estados como Australia e India en esta coyuntura. Las contradicciones que se exploran en este dossier son principalmente económicas y geopolíticas, pero plantean posibilidades para avanzar en la lucha de clases en estas sociedades, al poner en evidencia la necesidad de romper con las alianzas subordinadas al imperialismo.

Asia Oriental y el rol de China

En los últimos 30 años, Japón, Corea del Sur, Filipinas y Taiwán han experimentado un cambio radical en sus patrones comerciales y en sus trayectorias de desarrollo (Glawe y Wagner, 2021; Banco Asiático de Desarrollo, 2025). Durante la Guerra Fría, Estados Unidos fue el principal pilar del orden económico de la región, seguido por Japón hacia finales del siglo XX (Johnson, 1982; Aoki, 1995). Hoy, el nuevo centro de gravedad es China, que desempeña un papel fundamental, aunque desigual, en estas economías. Aunque cada una tiene su propio modelo de desarrollo y su propia relación política con Beijing, las cuatro están profundamente integradas en una red de producción en la que China funciona como centro manufacturero, base de la cadena de suministro y mercado principal.

Estudios del Banco Mundial y del Banco Asiático de Desarrollo han demostrado claramente la importancia económica de China en Asia Oriental (2026). China es el principal socio comercial de Japón y Corea del Sur, y representa aproximadamente el 20–25% de las exportaciones de cada uno de estos países. La relación de Taiwán es aún más estrecha: entre el 30 y el 40% de sus exportaciones van a China. Filipinas está menos integrada, pero China sigue siendo uno de sus principales socios comerciales, y absorbe aproximadamente el 15–20% de sus exportaciones. Estas cifras indican que una parte significativa de la actividad económica de Asia Oriental está directamente vinculada a la demanda de las industrias chinas (Lin, 2012).

Si se analiza en relación con la producción económica total, la importancia de China resulta aún más evidente. El comercio con China, es decir, el total de exportaciones representa una décima parte del Producto Interno Bruto (PIB) de Corea del Sur. Una cuarta parte del PIB de Taiwán depende del comercio con China continental. Japón, con una economía mucho más orientada al mercado interno, tiene, no obstante, el 5% de su PIB relacionado con las exportaciones a China (aproximadamente el mismo porcentaje de su PIB está ligado con EE. UU., lo que incluye el impacto económico de las 120 instalaciones militares estadounidenses en Japón). Filipinas, con menor intensidad exportadora, tiene alrededor del 6% de su PIB vinculado a las exportaciones a China². La vitalidad de la economía china está, por tanto, directamente relacionada con los niveles de producción, empleo e inversión en el conjunto de Asia Oriental.

En la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN por su sigla en inglés) celebrada en 2011 en Bali, Indonesia, los Estados miembros debatieron la necesidad de crear un marco regional para la integración económica. Esas discusiones condujeron finalmente a la Asociación Económica Integral Regional (RCEP por su sigla en inglés), un acuerdo comercial firmado en 2020 y que entró en vigor en enero de 2022. El RCEP representa aproximadamente el 30% de la población mundial y el 30% del PIB global. Abarca economías que van desde Nueva Zelanda hasta Japón, reúne una amplia gama de industrias, desde la minería hasta la alta tecnología y un mercado de 2.200 millones de consumidorxs. Los signatarios acordaron reducir o eliminar los aranceles en un 92% en el transcurso de 20 años. Japón, Corea del Sur y Filipinas forman parte del RCEP, lo que refuerza los flujos comerciales y formaliza el espacio económico interconectado en el que China es la mayor economía (Cheng, 2023).

Más allá de las cifras agregadas del comercio, la estructura de la producción refuerza aún más esta integración. China no es solo un mercado final, sino también un nodo central en las cadenas industriales regionales y globales, en tanto consumidora y productora de bienes intermedios. Las empresas japonesas y surcoreanas exportan componentes de alto valor, como maquinaria y piezas de automóvil, petroquímicos y semiconductores, que suelen ensamblarse o procesarse en China antes de ser reexportados al mundo. La industria de semiconductores de Taiwán está profundamente imbricada con la manufactura china: los chips producidos en Taiwán suelen enviarse a China para su integración en productos electrónicos terminados (Tinn, 2025; Sinha, 2026). Estas estructuras de producción integradas han generado interdependencias sectoriales. La industria de semiconductores de Corea del Sur, liderada por empresas como Samsung Electronics y SK Hynix, depende de la demanda de la industria electrónica china. El sector automotriz y de maquinaria de Japón, liderados por empresas como Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Komatsu, Hitachi y Mitsubishi, dependen de lxs consumidorxs y de las redes de producción chinas.

Tomados en conjunto, estos vínculos comerciales y productivos demuestran que las cuatro economías están estructuralmente ligadas a China, aunque el grado de integración varía, es el más elevado en Taiwán y Corea del Sur, y más moderado en Japón y Filipinas. Esto crea tanto oportunidades de crecimiento como vulnerabilidades, a medida que la presión de EE. UU. sobre China repercute en toda la región.

La red de bases militares estadounidenses

Durante la última década, Estados Unidos ha consolidado una estrategia militar coherente destinada a cercar a China. Esta “estrategia de negación” se oficializó en sucesivos documentos de la Estrategia de Defensa Nacional de EE. UU. y se expuso claramente en el libro de Elbridge A. Colby de 2021, The Strategy of Denial: American Defense in an Age of Great Power Conflict [La estrategia de negación: la defensa estadounidense en una era de conflicto entre grandes potencias]. Colby dirigió la elaboración de la Estrategia de Defensa Nacional de 2018 como subsecretario adjunto de Defensa para Estrategia y Desarrollo de las Fuerzas Armadas durante el primer mandato de Trump. Actualmente es subsecretario de Guerra para Política del gobierno estadounidense y además de uno de sus principales estrategas frente a China (Colby, 2021).

La idea central de la estrategia de negación es que el Indo-Pacífico, que se extiende desde África Oriental hasta la costa oeste de Estados Unidos y abarca los océanos Índico y Pacífico, es la región de mayor importancia económica del mundo. Los intereses estratégicos de EE. UU. dependen de impedir que China desplace la primacía estadounidense en la región Indo-Pacífico. La estrategia se sustenta en la disuasión a través de la superioridad militar y la coordinación de alianzas, institucionalizada a través del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad, por su sigla en inglés), que reúne a Australia, India, Japón y Estados Unidos (2017); la asociación trilateral de seguridad entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos (AUKUS, por su sigla en inglés) (2021); la Iniciativa de Disuasión del Pacífico (PDI, por su sigla en inglés), un marco de financiamiento militar y despliegue de fuerzas para el Indo-Pacífico (2021) y el Acuerdo Trilateral Estados Unidos-Japón-Corea del Sur (2023) (Fernandes, 2022; Fowler, 2024; Wagner y Song, 2023).

En lugar de una confrontación directa, como ocurre con Irán, EE. UU. busca elevar el costo de defensa de China a un nivel inaceptable, mediante el fortalecimiento del sistema de alianzas liderado por Washington y el posicionamiento avanzado de bases militares. Actualmente existen alrededor de 270 instalaciones militares estadounidenses que se extienden desde Diego García, en el Archipiélago de Chagos, hasta Guam. Un elemento central de esta estrategia es la convicción de Washington de que una capacidad militar estadounidense creíble puede limitar las opciones estratégicas de China, al mismo tiempo que preservar el orden regional liderado por EE. UU. y seguir aprovechando el papel de China como motor económico de la región.

Taiwán ocupa un lugar clave en este marco estadounidense (Zhao y Yang, 2024). El 1 de enero de 1979, Estados Unidos reconoció formalmente a la República Popular China y aceptó la postura de Beijing de que existe “una sola China”, de la que Taiwán forma parte. Sin embargo, el 10 de abril de 1979, el Congreso de EE. UU. aprobó la Ley de Relaciones con Taiwán, que proporcionó la base legal para que Washington mantuviera una relación no oficial con Taiwán. Esto permitió a EE. UU. jugar un doble papel: reconocer formalmente el marco de una sola China mientras provocaba a Beijing mediante ventas de armas a Taiwán y mantenía vínculos económicos y culturales directos con Taipei. Desde 1950, Estados Unidos ha vendido a Taiwán cerca de 50.000 millones de dólares en equipos y servicios de defensa (Council on Foreign Relations, 2023). Para EE. UU., el estatus de Taiwán no es solo político sino estratégico, porque la reunificación de Taiwán con el continente otorgaría a China un acceso significativamente mayor al océano Pacífico. Para Washington, Taiwán es un instrumento para presionar a Beijing y limitar a China.

La estrategia de contención estadounidense está organizada geográficamente a través de un sistema de cerco que comienza con la primera cadena de islas (un arco de islas que abarca desde Japón hasta Filipinas y actúa como barrera al acceso de China al océano Pacífico). Esto se extiende a la “profundidad del cerco” más amplia de Diego García, Sri Lanka y las bases de EE. UU. en la región del Golfo Pérsico.³ Estados Unidos ha desarrollado una red de bases y acuerdos de acceso a lo largo de esta cadena para controlar nodos clave y rutas marítimas, y para limitar la movilidad militar china. Esta estrategia de cerco incluye no solo grandes instalaciones militares permanentes, como las de Japón y Corea del Sur, sino también, cada vez más, una red dispersa de sitios más pequeños y flexibles en los océanos Pacífico e Índico, diseñados para mejorar la resiliencia militar. Las bases están integradas con sistemas de vigilancia, inteligencia y misiles que permiten el monitoreo y la respuesta rápida. En conjunto, esta red militar constituye un sistema estructurado de contención. Si bien los documentos de seguridad nacional de Estados Unidos lo presentan como una medida de disuasión defensiva, el despliegue efectivo de sus fuerzas a lo largo de la frontera con China crea tensiones en lugar de resolverlas.

Este marco estratégico de contención y cerco se ha operacionalizado a través de una expansión sostenida de las capacidades e infraestructuras militares estadounidenses en Asia Oriental, en especial durante las últimas dos décadas y con creciente intensidad desde 2020. Estados Unidos también ha financiado ejercicios militares a gran escala, como el Ejercicio Balikatan (con Filipinas), el Ejercicio Malabar (con Australia, India y Japón) y el Ejercicio Talisman Sabre (con Australia). Estos esfuerzos buscan mejorar la interoperabilidad militar y convertir a los aliados de EE. UU. de socios regionales en participantes de primera línea en la contención de China.

Uno de los marcos más recientes impulsados por Estados Unidos es la Iniciativa de Disuasión del Pacífico (PDI, por su sigla en inglés), establecida mediante la Ley de Autorización de Defensa Nacional de Estados Unidos de 2021 (Prashad et al., 2022). La PDI garantiza financiamiento específico para el despliegue de fuerzas, la infraestructura de bases, la defensa antimisiles y los ejercicios conjuntos con aliados de EE. UU. como Japón, Corea del Sur y Filipinas. En Japón, ha asegurado mejoras en la defensa antimisiles y en las fuerzas de despliegue rápido. En Corea del Sur, ha permitido ejercicios conjuntos, mientras que en Filipinas ha modernizado las bases y los sistemas de vigilancia de Estados Unidos. La PDI también respalda la integración y el despliegue de sistemas de misiles de precisión de largo alcance en todo el Indo-Pacífico. Esto incluye la ampliación de las capacidades de defensa aérea y antimisiles construidas en bases militares estadounidenses en lugares como Guam y las Islas Marianas, así como en la Base Aérea Basa, en Filipinas (para la cual el gobierno de EE. UU. destinó alrededor de 66 millones de dólares en 2023) (Heydarian, 2023). La PDI garantiza sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento que mejoran el seguimiento de la actividad militar regional y posibilitan lo que se conoce como “ataque de precisión”: la identificación rápida y el ataque preciso de blancos militares.

Estos desarrollos han transformado a países como Japón, Corea del Sur y Filipinas en plataformas operativas de avanzada para la agresión estadounidense.

Sembrar el conflicto: contradicciones de clase y los límites de la democracia

La estrategia de negación de Estados Unidos no depende solo de la integración militar, sino también de la alineación de las clases dominantes a lo largo de la primera cadena de islas en una postura coordinada contra China, en particular en Japón, Taiwán y Filipinas y en general en la vecina Corea del Sur. Esta alineación refleja los intereses de las élites industriales, militares y políticas nacionales vinculadas al poder estadounidense. En Japón, Corea del Sur, Filipinas y Taiwán, la profundización de esa integración militar agudiza las contradicciones de clase existentes y expone la estrechez de los sistemas electorales. Aunque esto genera resistencia desde abajo, estos sistemas políticos están diseñados para impedir el crecimiento de cualquier fuerza adversa a la intervención extranjera. Además, cada una de estas sociedades carga con las cicatrices de la Guerra Mundial Antifascista y de la presencia militar estadounidense en la posguerra, incluidas las bases militares que hoy parecen permanentes, una experiencia que ha continuado definiendo el horizonte político de estos “Estados clientes”⁴.

Japón

El sistema político japonés de la posguerra ha estado dominado por el Partido Liberal Democrático (PLD), una organización política de derecha a extrema derecha con estrechos vínculos con el Estado y el capital estadounidenses. Aunque formalmente democrático, el sistema político japonés está dominado en la práctica por un solo partido, el PLD, que desde su fundación en 1955 ha estado en el poder todos los años menos cuatro. Aunque el artículo 9 de la Constitución japonesa de 1947, en ocasiones denominado la “cláusula pacifista”, prohíbe un rearme que vaya más allá de la defensa mínima, la derecha ha pedido su derogación desde el mandato de primer ministro de Nobusuke Kishi (1957–1960). En 2014, durante el mandato del nieto de Kishi, Shinzō Abe (2012–2020), el artículo 9 fue reinterpretado para permitir la “autodefensa colectiva”, lo que facilitó la expansión del gasto militar japonés, que ha aumentado especialmente desde 2022 bajo lxs primeros ministros Fumio Kishida, Shigeru Ishiba y Sanae Takaichi. Entre 2023 y 2024, el gasto militar japonés aumentó un 21%, y representa el 1,4% del PIB del país (Stockholm International Peace Research, 2025). En abril de 2026, bajo el mandato de Takaichi, Japón levantó la prohibición de exportar armas letales, establecida partiendo de la lógica de que un país pacifista no debería lucrar de las guerras.

La contradicción entre el gasto militar y las demandas democráticas para que la riqueza de Japón se invierta en necesidades sociales, ejemplificada en las protestas contra las bases en regiones más empobrecidas como Okinawa, pone de manifiesto las limitaciones de la democracia formal japonesa. La sociedad japonesa sigue subordinada a las prioridades militares definidas por una élite japonesa permanente alineada con Estados Unidos.

La construcción de una nueva base del Cuerpo de Marines en la zona de la bahía Henoko-Oura, en Okinawa, destinada a reemplazar la Base Aérea Futenma, largamente criticada por su ubicación en medio de la densamente poblada ciudad de Ginowan, enfrenta una oposición continua desde 1996. En 2018, Denny Tamaki fue elegido gobernador de Okinawa con una plataforma contraria a las bases. En un referéndum provincial celebrado en 2019, el 70% de lxs encuestadxs rechazó la construcción de la base. A pesar de esos mandatos democráticos y de décadas de impugnaciones legales, el gobierno central de Japón avanza con las obras de relleno que destruyen los ecosistemas de coral de la bahía de Oura en beneficio del ejército de EE. UU. (Mitchell, 2026). Organizaciones como el All Okinawa Council Against Construction of New Base in Henoko [Consejo de Todo Okinawa contra la Construcción de la Nueva Base en Henoko], el Okinawa Peace Movement Center [Centro del Movimiento por la Paz de Okinawa], el Okinawa Environmental Justice Project [Proyecto de Justicia Ambiental de Okinawa] y lxs manifestantes del plantón de Henoko, que mantienen una resistencia diaria desde hace más de dos décadas, encarnan una política que vincula la lucha local con las grandes cuestiones del imperialismo y la autodeterminación (McCormack y Norimatsu, 2018).

Corea del Sur

La historia política de Corea del Sur está marcada por una intensa lucha de clases. Creada en el contexto de la Guerra de Corea, iniciada en 1950 y formalmente sin resolver desde que el armisticio de 1953 no produjo un tratado de paz, Corea del Sur ha sido tratada por Estados Unidos como una base militar y un bastión económico contra el comunismo. Aunque ha estado bajo gobiernos pro-estadounidenses, incluida una dictadura militar de 1967 a 1988, su sistema político ha parecido más fluido que el japonés: ningún partido ha gobernado de manera continua. No obstante, los gobiernos electos, tanto conservadores como liberales, siguen dependiendo estructuralmente de EE. UU. Este es el caso, por ejemplo, bajo el mandato tanto de Yoon Suk-yeol, un conservador fuertemente alineado con Estados Unidos y con los chaebols (conglomerados surcoreanos), como de Moon Jae-in, un liberal que buscó una autonomía limitada pero permaneció ligado al capital orientado a la exportación y a los chaebols. De hecho, en 2018, durante la presidencia liberal de Moon Jae-in, el gasto militar de Corea del Sur se elevó al 2,5% del PIB, estableciendo un nivel que los presupuestos anuales posteriores mantienen (y que ascendió al 2,6% en 2022) (Banco Mundial).

Desde mediados de la década de 2010, Corea del Sur ha presenciado una oleada de luchas democráticas: desde la Revolución de las Velas o Chot-bul Hyuk-myung (2016–2017), que destituyó a la presidenta Park Geun-hye, hasta la Revolución de las Luces o Bit-eh Hyuk-myung (2024–2025), que buscó defender la democracia surcoreana contra la ley marcial impuesta por el presidente Yoon Suk-yeol en diciembre de 2024. A pesar de la reiterada movilización de la clase trabajadora y la sociedad civil contra la desigualdad y en favor de una mayor independencia en política exterior, la subordinación de Corea del Sur a EE. UU. ha impedido dicha transformación. Además, esta dependencia económica y militar la obliga a adoptar medidas profundamente impopulares, como el envío de tropas coreanas a Irak o la instalación del sistema antimisiles balísticos de defensa de área a gran altitud (THAAD, por su sigla en inglés). Desde sus inicios, Corea del Sur ha subordinado su política exterior a la de EE. UU. Una consecuencia de esto es que la fallida Cumbre de Hanói de 2019 entre Corea del Norte y Estados Unidos derivó en un congelamiento de las relaciones intercoreanas (Song, 2024a). Mientras tanto, el fortalecimiento de los vínculos de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) con Rusia ha ampliado el margen de maniobra de Pyongyang.

En junio de 2025, Lee Jae-myung ganó la presidencia tras haber contribuido a impedir que el presidente Yoon impusiera la ley marcial unos meses antes. Abogado de derechos humanos y laborales, el presidente Lee, sin embargo, ha continuado involucrando el complejo militar-industrial de Corea del Sur con EE. UU. Aun intentando recuperar el control operacional en tiempo de guerra del ejército coreano, sus concesiones económicas al presidente de Estados Unidos Donald Trump integran a Corea del Sur más profundamente en la maquinaria de guerra de EE. UU.

Lee no solo ha aceptado el llamado de Estados Unidos a que sus aliados destinen el 3,5% del PIB a defensa, Corea del Sur también invertirá 350.000 millones de dólares en los próximos diez años para aumentar la fabricación de semiconductores en Estados Unidos, cuyo doble uso permite la expansión de la inteligencia artificial militar y ampliar la construcción naval para la marina estadounidense, contribuyendo a aliviar los crónicos atascamientos en la base industrial marítima de EE. UU. Un impulso que queda sintetizado en el servil eslogan coreano MASGA: Make American Shipbuilding Great Again [Hagamos grande de nuevo la construcción naval estadounidense]. Más concretamente, la adquisición del Astillero de Filadelfia por parte del Grupo Hanwha en 2024 lo posiciona como una solución potencial al retraso acumulado en la construcción de submarinos de propulsión nuclear de la Armada estadounidense y una contribución a su producción de buques de guerra. Además, Corea del Sur alberga una presencia de la Fuerza Espacial de EE. UU. que coopera con Washington en la creación de una red de satélites interoperables para el Golden Dome de Trump (Song, 2024b). Todas estas acciones han permitido a Corea del Sur unirse a Israel en el club de EE. UU. de los “aliados modelo” (Departamento de Defensa de Estados Unidos, 2026).

Filipinas

Filipinas ha luchado por afirmar su soberanía desde que fue anexada por Estados Unidos en 1898. El poder político en el país ha estado dominado por unas pocas familias de élite. El actual presidente, Bongbong Marcos, es hijo de Ferdinand Marcos, quien fue presidente de 1965 a 1986. El país dependió enteramente de EE. UU. para sus planes de seguridad hasta 1991, y en 1995 puso en marcha el Programa de Modernización de las Fuerzas Armadas de Filipinas, que permitió la expansión de la marina y la fuerza aérea filipinas, en gran medida mediante la compra de material militar de estadounidense. El ejército filipino quedó integrado con el de EE. UU. a través de la contratación y los ejercicios conjuntos.

La estructura del poder de EE. UU. sobre Filipinas queda muy bien ilustrada por el Acuerdo de Cooperación para la Defensa Ampliada (EDCA, por su sigla en inglés), firmado por primera vez en 2014 y luego ampliado en 2022. El EDCA otorga acceso rotativo a bases militares filipinas, lo que permite el preposicionamiento de equipos, el entrenamiento conjunto y la construcción de infraestructura militar de EE. UU. en las bases, con una supervisión mínima por parte del gobierno filipino.

En 2023, al comienzo del gobierno de Marcos Jr., los sitios designados bajo el EDCA casi se duplicaron, de cinco a nueve. La Base Naval Camilo Osias y el Aeropuerto de Lal-lo están ubicados en el extremo norte de Filipinas, lo que permite una “respuesta rápida” a los conflictos en el Estrecho de Taiwán (De Guzman, 2023). Estas dos bases cuentan con el respaldo del Camp Melchor F. Dela Cruz, en el montañoso valle de Cagayán, que actúa como retaguardia logística. La presencia de EE. UU. en estas bases ayuda a Washington a proyectar fuerza a través del Estrecho de Luzón, que Filipinas comparte con Taiwán. El cuarto sitio de reciente designación no ha sido revelado públicamente, pero su ubicación deja en claro su papel en la proyección de EE. UU. en el Mar del Sur de China.

A través del EDCA, las fuerzas de EE. UU. llevan a cabo el Ejercicio Balikatan, que ha alcanzado una escala sin precedentes bajo el gobierno de Marcos Jr., con incluso Japón sumándose en 2025. Las organizaciones de la sociedad civil y lxs activistas por la paz continúan debatiendo las implicaciones de la estrecha alineación del gobierno de Marcos Jr. con EE. UU. Esta alineación se ha desarrollado en paralelo a una represión intensificada de activistas y militantes rurales, incluido el asesinato de 19 personas por parte de tropas filipinas en Toboso, Negros Occidental, en abril de 2026. Un incidente que los grupos de derechos humanos han exigido que sea investigado de manera independiente.

Taiwán

Tras su derrota en la Revolución China, el partido nacionalista Kuomintang (KMT) huyó a la isla de Taiwán bajo el liderazgo de Chiang Kai-shek y estableció allí su gobierno. El KMT gobernó Taiwán bajo ley marcial durante 38 años, hasta 1987, y continuó gobernando en un sistema electoral de partido dominante hasta el año 2000. Desde entonces, el Partido Democrático Progresista (PDP) ha estado en el poder durante la mayor parte del tiempo, llevando la política taiwanesa hacia un mayor separatismo respecto de China continental e integrando la isla más profundamente en los planes estratégicos de EE. UU. El PDP refleja una coalición de tecnocapitalistas, élites separatistas e instituciones militares, mientras que el KMT obtiene su apoyo de los sectores empresariales con intereses en el comercio transestrecho con China. Ambos, sin embargo, operan dentro de un marco moldeado por las prioridades estratégicas de Estados Unidos Desde 2022, el gasto militar de Taiwán y el apoyo militar de EE. UU. han mostrado un patrón de fortalecimiento sostenido y coordinado, más que un rearme repentino. El presupuesto militar de Taiwán se ha disparado y alcanza aproximadamente 30.000 millones de dólares en 2026. El gasto militar ha aumentado del 2% del PIB en la década de 2010 al 3,3% en 2026, con planes de llegar al 5% para 2030. Esta enorme desviación de recursos recae sobre una sociedad que ya enfrenta salarios estancados y un costo de vida en alza.

El presupuesto militar financia compras de armas y enriquece a los contratistas de defensa de EE. UU. Las ventas militares a Taiwán se han vuelto más regulares, con frecuentes paquetes de armamento centrados en misiles, defensa aérea y drones. Entre 2019 y 2024, Estados Unidos aprobó más de 32.000 millones de dólares en ventas de armas a Taiwán, incluidos cazas F-16V (8.000 millones), tanques M1A2 Abrams (2.000 millones), sistemas de cohetes HIMARS (436 millones) y misiles costeros Harpoon, con enormes nuevos paquetes por más de 11.000 millones anunciados en 2025 (Basta de Guerra Fría, 2023b; 2023a). Pero la venta de armas ya no es el límite de la participación militar de EE. UU. Desde 2024, Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense, conocidas como Boinas Verdes, están estacionadas en las islas de Kinmen y Penghu, la primera presencia militar estadounidense duradera en territorio taiwanés en más de 40 años. La escalada militar está impulsada de manera inequívoca por EE. UU., que crea las condiciones para una crisis autocumplida a través de la militarización, al tiempo que califican las respuestas chinas de “provocaciones”.

La fragilidad política de este camino hacia la militarización merece énfasis. Lai Ching-te, del PDP, asumió el cargo el 20 de mayo de 2024 tras obtener solo el 40,1% de los votos, con el KMT obteniendo el 33,5% y el Partido del Pueblo de Taiwán (PPT) el 26,5%. Es fundamental señalar que la oposición del KMT y el PPT controla el Yuan Legislativo, el máximo órgano legislativo de Taiwán, por primera vez desde 2016. De los 113 escaños, 52 corresponden al KMT, 8 al PPT y 51 al PDP. Esta apertura política quedó subrayada en abril de 2026, cuando la presidenta del KMT, Cheng Li-wun, visitó Beijing y se reunió con Xi Jinping, la primera visita de este tipo por parte de una presidenta del KMT en una década, lo que indica que parte de la oposición intenta reabrir el diálogo entre ambos lados del estrecho en lugar de seguir el camino de escalada militar del PDP. El poder legislativo no votó a favor de la escalada militar que el PDP promueve.

Las encuestas de opinión pública del Centro de Estudios Electorales de la Universidad Nacional Chengchi revelan que solo el 3,8% de la población, el porcentaje más bajo desde 2002, apoya la “independencia inmediata”, mientras que el 1,2% apoya la unificación inmediata. Mientras tanto, entre el 83 y el 88% prefiere el statu quo, con un récord del 33,2% que desea el “statu quo indefinidamente” (National Chengchi University Election Study Center, 2025). La postura confrontacional del PDP con el continente, intensificada con la Ley Antiinfiltración de 2019, orientada a frenar la supuesta influencia política de China en Taiwán, carece ahora tanto de mandato legislativo como de respaldo popular.

Organizaciones unionistas de izquierda como el Partido Laborista de Taiwán han argumentado que la base social del separatismo del PDP tiene sus raíces en lxs colaboracionistas japoneses de la era colonial, y que la cuestión de Taiwán es un legado de la intervención estadounidense en la Guerra Civil China. Estados Unidos no necesita expandir formalmente su presencia en Taiwán como lo hace en Japón o Filipinas, ya que el PDP apoya sin reservas la estrategia de contención de EE. UU. Estas tendencias apuntan a una mayor integración militar entre Estados Unidos y Taiwán, que en la práctica se acerca a una cuasi-alianza, ya que un tratado formal provocaría una respuesta de Beijing. EE. UU. ha llegado incluso a sugerir volar las fábricas de semiconductores taiwanesas para proteger sus intereses en la isla.⁵

Más allá de la primera cadena de islas

La estrategia de EE. UU. para contener a China se extiende más allá de la primera cadena de islas a través de agrupaciones como AUKUS y el Quad. Estos acuerdos crean capas superpuestas de cooperación militar que limitan la movilidad de China en las aguas cercanas y en todo el Indo-Pacífico. También revelan tensiones entre la interdependencia económica con China y las alianzas militares orientadas a la confrontación. Las contradicciones resultantes plantean interrogantes sobre la durabilidad de estas formaciones. Dos grandes actores destacan como protagonistas clave en esta arquitectura más amplia: Australia e India.

Australia

Australia es miembro de los Five Eyes [Cinco Ojos], una red de intercambio de inteligencia liderada por EE. UU. y uno de los seis “Enhanced Opportunities Partners” [Socios con Oportunidades Ampliadas] de la OTAN. Como tal, Australia siempre ha desempeñado un papel clave en la estrategia de EE. UU. en Asia. El avance más significativo de los últimos tiempos en la alianza Estados Unidos-Australia es el acuerdo AUKUS de 2021, cuyo primer pilar prevé dotar a Australia de submarinos de ataque de propulsión nuclear.

El programa comenzó con visitas cada vez más frecuentes de submarinos de EE. UU. a puertos australianos, seguidas de despliegues rotativos en bases australianas. Se espera que culmine con la adquisición por parte de la Armada Real de Australia de al menos ocho submarinos de propulsión nuclear a partir de la década de 2030, con una parte construida internamente mediante cooperación conjunta en la década de 2040. Con un costo total estimado en más de 264.000 millones de dólares, estos submarinos de propulsión nuclear son estratégicos porque permiten operaciones de largo alcance en los océanos Índico y Pacífico. Aunque no se declara de manera explícita, la interoperabilidad y la profunda dependencia operativa convertirían a Australia en parte de esa postura frente a China, incluso en los esfuerzos por controlar las rutas marítimas y apoyar las operaciones en el Estrecho de Taiwán o en el Mar del Sur de China.

Aunque Australia ya pagó a Washington más de 1.000 millones de dólares en el marco de AUKUS, el gobierno de Trump, que enfrenta su propio cuello de botella en materia de submarinos, revisa si entregarle a Australia los submarinos prometidos.⁶ Un informe del Congreso incluso consideró la posibilidad de mantener los submarinos bajo control de EE. UU. y operarlos desde bases australianas, dada la reticencia de Australia a comprometerse a intervenir militarmente en una posible guerra entre EE. UU. y China, ya que este es el mayor socio comercial de Australia (Doherty, 2026). Esto ilustra las contradicciones y tensiones entre los intereses nacionales y los compromisos de alianza.

India

La posición de India en la arquitectura de contención difiere de la de Japón o Taiwán. India no tiene una alianza formal con EE. UU., mantiene su membresía en los BRICS y en la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), y hereda una poderosa tradición de no alineamiento. Sin embargo, la trayectoria de la política exterior india en la última década revela una tendencia de cumplimiento con las preferencias estratégicas de Estados Unidos, muchas veces enmascarada por la retórica de la autonomía estratégica. India ha firmado acuerdos marco de defensa con EE. UU. que integran sus fuerzas en las arquitecturas de mando, control e inteligencia estadounidense.

El giro de India hacia Washington resulta más instructivo cuando se analiza en el contexto de su debilitada relación con Irán, un amigo y aliado tradicional. Cuando el gobierno de Trump volvió a imponer sanciones a Irán en 2018 y exigió el cese de las compras de petróleo iraní, India cumplió reduciendo sus importaciones de 500.000 barriles diarios a casi cero para mayo de 2019. El cumplimiento de India implicó renunciar al petróleo iraní más barato y poner en riesgo sus inversiones en el Puerto de Chabahar, un proyecto de importancia estratégica para India porque garantiza el acceso a Asia Central sin necesidad de pasar por Pakistán (Prashad, 2013; Karat, 2007; Bhadrakumar et al., 2007). El 12 de marzo de 2025 entraron en vigor aranceles globales del 25% sobre el acero y el aluminio, lo que elevó los aranceles sobre el acero y el aluminio indios al 26%. El 6 de agosto, Trump impuso un arancel adicional del 25% sobre los productos indios por las compras de petróleo ruso con descuento que realizaba India, con lo que la tasa acumulada llegó al 50%. India finalmente acordó suspender las compras de petróleo ruso, pero no llegó a firmar un acuerdo comercial decisivo con EE. UU. tras el fallo de la Corte Suprema que anuló los aranceles de Trump.

A pesar de estos acuerdos con EE. UU., India sigue siendo miembro del proceso de los BRICS y mantiene importantes relaciones económicas tanto con China como con Rusia. El comercio bilateral India-China creció un 12% interanual en 2025 y alcanzó los 155.600 millones de dólares. La participación de India en la OCS se ha profundizado, en especial tras la presencia del primer ministro indio Narendra Modi en la Cumbre de la OCS de 2025 en Tianjin. En 2018, India firmó un acuerdo de 5.400 millones de dólares para adquirir el sistema de defensa aérea S-400 de Rusia, pese a las amenazas de sanciones de EE. UU. El comercio entre India y Rusia se ha incrementado de manera significativa en los últimos años, impulsado en particular por las compras de petróleo crudo ruso con descuento, que pasaron de niveles insignificantes antes de 2022 a un pico de 2 millones de barriles diarios en 2025, con lo que Rusia se convirtió en el mayor proveedor de petróleo de India. Este continuo comercio contrasta con su participación en el Quad y en los acuerdos de asociación con EE. UU., lo que pone de manifiesto una contradicción en el núcleo del posicionamiento de India. India ilustra un patrón de coerción gradual por parte de EE. UU.: incluso como socio estratégico, India no está protegida de la coerción imperial (Bodapati, 2025; Tricontinental, 2026).

Fragilidad de las alianzas y contradicciones económicas

La estrategia de negación supone que EE. UU. puede lograr que sus aliados se comprometan a contener a China, una suposición que se desmorona al examinarse con detenimiento. La prosperidad material de los aliados de EE. UU. depende cada vez más de la integración económica con China, aun cuando las alineaciones militares los comprometen con un posible conflicto. Cada región examinada en este dossier enfrenta la misma contradicción fundamental: entre la integración económica con China y la alineación militar contra China. En 2025, el comercio de estos países con China, 331.000 millones de dólares en el caso de Corea del Sur, 322.000 millones de Japón, 73.000 millones de Filipinas y 207.000 millones de Australia— superó con creces su comercio con EE. UU.,: 241.200 millones de dólares para Corea del Sur, 228.000 millones para Japón, 27.000 millones de Filipinas y 89.600 millones para Australia. Incluso el comercio de India con China (156.000 millones de dólares) es mayor que su comercio con EE. UU. (149.000 millones de dólares). Estos flujos representan riqueza, empleo e ingresos fiscales que una guerra o una confrontación sostenida con China devastaría. Cuando el conflicto efectivo se acerca, estos intereses económicos pueden resultar más determinantes que los compromisos militares abstractos.

Durante la guerra estadounidense contra Irak, importantes aliados de EE. UU. se negaron a participar a pesar de las enormes presiones de Washington y de la invocación de los compromisos de alianza. En Asia, Japón y Corea del Sur se negaron a aportar fuerzas de combate, aunque sí prestaron asistencia logística y fondos para la reconstrucción. Más recientemente, ningún aliado de EE. UU., incluidos Japón y Corea del Sur, ha respondido a las exigencias de Trump de enviar barcos para abrir el Estrecho de Ormuz. Si los aliados resultaron poco fiables para una guerra contra un adversario más débil, ¿qué tan probable es su participación en una guerra contra China, una potencia industrial y nuclear? ¿Enviaría Australia fuerzas de combate para luchar contra China, arriesgando represalias contra sus ciudades y la pérdida de su principal socio comercial? ¿Participaría Corea del Sur, cuando una guerra regional podría desencadenar la intervención de Corea del Norte? ¿Aceptaría el pueblo japonés, traumatizado por el bombardeo nuclear de EE. UU., sufrir bajas en combate? ¿Enviaría India sus fuerzas cuando el estatus de Taiwán carece de relevancia directa para la seguridad india y la participación pondría en riesgo sus relaciones con China y Rusia? ¿Lucharía Filipinas si ello significase arriesgarse a represalias chinas?

Las alianzas funcionan sin problemas cuando los costos permanecen hipotéticos y abstractos: ejercicios conjuntos, intercambio de inteligencia, compras de armas y coordinación diplomática. Enfrentan pruebas severas cuando una guerra real exige sacrificar vidas, aceptar la devastación económica y arriesgar la existencia nacional en beneficio de los intereses de otra potencia, en especial cuando esa potencia es la agresora. La dependencia de la estrategia de negación en la participación aliada puede ser su falla fatal si estalla un conflicto, sobre todo cuando las alianzas se basan en la subordinación y la coerción en lugar de intereses compartidos genuinos.

Resistir la maquinaria de guerra y construir el multilateralismo

La Nueva Guerra Fría emergente, centrada en Asia Oriental, es la respuesta estratégica de EE. UU. al desplazamiento del centro de gravedad de la economía mundial. A medida que las capacidades económicas y tecnológicas de China se expanden, la política de EE. UU. recurre cada vez más a la fuerza militar y a las estructuras de alianza para mantener la influencia estratégica en el Indo-Pacífico (Tricontinental, 2024). Esta estrategia de negación busca contener a China a través de la militarización, la coordinación de alianzas y la modernización de la defensa. Washington construye una arquitectura militar provocadora en la región a través de una red de iniciativas y asociaciones.

En todo el conjunto de Asia Oriental y el Indo-Pacífico, las implicaciones de la creciente militarización son profundas. Japón, Corea del Sur, Filipinas, Taiwán, Australia e India albergan infraestructuras militares significativas o participan en una cooperación militar que podría situarlos en el centro de una confrontación de gran envergadura. Para muchas sociedades de la región, la perspectiva de una mayor militarización genera preocupaciones sobre los costos de oportunidad, ya que los recursos destinados al gasto en defensa compiten con las inversiones en bienestar social, infraestructura, resiliencia climática y desarrollo económico.

Analistxs de política exterior y responsables políticxs progresistas de la región han propuesto varias reformas orientadas a la paz y la distensión. Entre ellas, se incluyen medidas de fomento de la confianza en zonas conflictivas como el Estrecho de Taiwán, nuevas iniciativas de control de armamentos y mecanismos multilaterales para gestionar las disputas marítimas en el Mar del Sur de China. Las organizaciones regionales, en particular la ASEAN, suelen citarse como posibles plataformas para el diálogo y la gestión de conflictos.

Si bien estas propuestas son bienvenidas, cualquier transformación debe provenir inevitablemente de los propios pueblos organizados de la región. Diversos movimientos sociales en toda la región siguen abogando por la diplomacia, la cooperación regional y la desmilitarización. En Okinawa, organizaciones como el Proyecto de Justicia Ambiental de Okinawa y No More Battle of Okinawa protestan contra la expansión de las bases de EE. UU. En Filipinas, organizaciones como Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) [Nueva Alianza Patriótica] se oponen a los acuerdos ampliados de acceso militar y reivindican una mayor soberanía nacional. En Corea del Sur, partidos políticos y movimientos sociales, como Acción Internacional de los Pueblos contra Trump [People’s International Action Denouncing Trump], apoyan una renovada participación diplomática para reducir las tensiones en la Península Coreana. Debates similares tienen lugar en Taiwán, Australia, India y otras regiones que navegan el militarismo de EE. UU.

La Asamblea Internacional de los Pueblos (AIP), una red de alrededor de 200 movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos fundada en 2015, ha trabajado estrechamente con organizaciones de base en la región, construyendo solidaridad y consenso sobre cuestiones clave. En esta coyuntura crucial, cuando la militarización amenaza la paz y el desarrollo en Asia y en el mundo entero, la AIP ha lanzado la campaña “¡Bases Fuera de Asia!”. Esa campaña se articula en torno a cuatro demandas para desescalar esta Nueva Guerra Fría en Asia:

1. Retirar todas las bases militares extranjeras y democratizar la seguridad. Los cientos de bases militares extranjeras que salpican la región asiática deben ser retiradas para que la política regional pueda democratizarse y la paz sea algo más que la preparación para la próxima guerra. Los Estados deben evitar la formación de bloques militares rígidos, limitar los despliegues avanzados y comprometerse a prevenir una carrera armamentista. La política militar debe rendir cuentas ante la ciudadanía: debe existir supervisión del Parlamento, de los gobiernos locales y de la sociedad civil sobre los acuerdos militares, los presupuestos de defensa y los despliegues de tropas extranjeras.
2. Ampliar el contacto entre los pueblos. Apoyar la cooperación entre sindicatos, grupos estudiantiles, organizaciones por la paz y movimientos sociales en toda Asia para oponerse a las carreras armamentistas, las bases extranjeras y la escalada de la confrontación. Fomentar los intercambios entre los pueblos, los lazos culturales y la diplomacia de base a través de las fronteras, en especial entre sociedades en conflicto o en situaciones de gran tensión, para construir una cultura regional compartida de paz.
3. Institucionalizar un diálogo sostenido. Establecer canales regulares de comunicación de alto nivel, tanto políticos como entre las fuerzas armadas para gestionar las crisis, reducir los errores de cálculo y generar confianza. Promover mecanismos prácticos de fomento de la confianza, como líneas directas y acuerdos de prevención de incidentes.
4. Priorizar la seguridad cooperativa y los desafíos compartidos. Desplazar el foco de la competencia de suma cero hacia la colaboración en cuestiones clave como el cambio climático, la salud pública, la estabilidad económica y el desarrollo, reforzando la interdependencia como base para la paz. Promover reducciones en el gasto militar y la reasignación de recursos hacia la atención de salud, la acción climática, la educación y la reducción de la desigualdad, vinculando la paz con la justicia social.

A estas luchas subyace en un cambio estructural más amplio en la economía global. El crecimiento de China como principal potencia industrial ha reconfigurado las redes de producción mundiales y alterado la distribución de la influencia económica. Estos cambios han dado un nuevo impulso a los movimientos que luchan por la soberanía en todo el Sur Global. Si esta transición conduce a un multilateralismo estable y pacífico o a una competencia más intensa sigue siendo incierto. Mucho depende de si la lucha de clases puede avanzar de modo tal que empuje la agenda hacia la paz y el desarrollo, en lugar de la guerra y la austeridad.

Notas

Referencias bibliográficas

José Venturelli (Chile). Serigrafía, 1970. 260 x 430 mm. Ed. 15/90.

Cada mes, durante los últimos 100 meses, nuestro equipo del Instituto Tricontinental de Investigación Social ha investigado, redactado y diseñado un dossier. Estos dossiers, que abarcan desde historias del imperialismo y la liberación nacional hasta análisis de política económica, soberanía, guerra y el cambiante orden mundial, han circulado por todo el mundo en numerosos idiomas, del inglés, el hindi y el portugués al árabe, el tailandés y el español¹. Este es nuestro dossier número 100, razón por la cual decidimos hacer una pausa y elaborar un análisis histórico-materialista de un concepto central para nuestro instituto: el futuro.

Cuando nuestro instituto fue concebido en 2015, teníamos ante nosotros tres grandes líneas de investigación:

1. Comprender mejor el capitalismo contemporáneo y la naturaleza de la lucha de clases que lo configura.
2. Comprender mejor el auge de lo que denominamos la extrema derecha actual (2024d).
3. Comprender mejor el futuro, o lo que está por venir.

Esta tercera línea de investigación surgió de una comprensión materialista del proceso histórico, que concibe el presente no como una realidad eterna sino como algo abierto a la transformación. En otras palabras, el presente puede moldearse en un futuro de carácter distinto. El sistema capitalista que vivimos no es permanente: puede transformarse en un sistema socialista a través de la lucha de clases y el desarrollo de las fuerzas productivas.

Aquí, por primera vez, presentamos una evaluación filosófica y política del futuro. Siguiendo la tradición del marxismo de liberación nacional, sostenemos que este futuro debe llamarse no solo socialismo, el objetivo, sino también esperanza, la sensibilidad hacia tal futuro (Tricontinental, 2021a).

Confiamos en que leerán este dossier como han leído los 99 anteriores y que lo compartirán, debatirán y discutirán colectivamente en círculos de lectura y otros espacios de estudio político. Estamos siempre abiertxs a sus comentarios.

Todas las lenguas del mundo tienen una palabra para “futuro”, el tiempo que llega después del presente. Por ejemplo, en los idiomas más hablados del mundo, estas son algunas de las palabras para futuro:

Inglés: future, el tiempo que aún no ha ocurrido.

Chino mandarín: 未来 [wèilái], lo que aún no ha llegado.

Hindi: भविष्य [bhavishya], lo que está por ser o llegar a ser.

Español: futuro, el tiempo que aún está por llegar.

Francés: avenir, lo que está por venir.

Árabe: مستقبل [mustaqbal], lo que ha de enfrentarse.

Bengalí: ভবিষ্যৎ [bhobishyot], lo que aún está por ser o convertirse.

Portugués: futuro, el tiempo que aún está por llegar.

Ruso: будущее [budushchee], lo que será.

Urdu: مستقبل [mustaqbil], lo que hay que afrontar o enfrentar.

Estas palabras no implican todas lo mismo. Tienen diferentes orientaciones culturales hacia el cambio. Algunas remiten al calendario vacío, a la idea de que hay un mañana tal como hay un hoy, mientras otras aluden a los encuentros que tendrán lugar y que deberán afrontarse. Es importante reconocer que, incluso al leer un texto como este, escrito en un idioma y traducido a varios, la palabra “futuro” alberga una variedad de significados que no pueden trasladarse plenamente de una lengua a otra. Aunque estas palabras tienen distintas orientaciones hacia lo que viene después, hay preguntas que podemos formular en todas las lenguas que se hablan en la civilización capitalista: ¿existe el futuro, o estamos viviendo en lo que el realismo capitalista nos asegura que es un presente permanente? (Fisher, 2009) ¿Hay realmente un mañana que pueda ser distinto del hoy?

Tales preguntas son esenciales en nuestro momento, mientras nos esforzamos por comprender la catástrofe y el apartheid climáticos, la guerra permanente y el genocidio sin fin, la dictadura del capital financiero y la normalización de la austeridad (Tricontinental, 2026c; 2025d). Décadas de realismo capitalista han nublado nuestra conciencia, impidiéndonos imaginar algo más allá de la catástrofe global.

¿Hay futuro? Claro que sí. Estamos luchando por construirlo y lo estamos construyendo ahora.

Emilio Pettoruti (Argentina). Pájaro rojo, 1959. Óleo / tela. 116 x 63 cm.

Parte 1: Ruptura

En el lenguaje dominante del poder, el futuro se presenta como una extensión neutra del presente. Se mide en calendarios, se proyecta en curvas de crecimiento y se administra mediante pronósticos. El futuro, desde esta perspectiva, no es algo por lo que haya que luchar, sino algo que hay que esperar. Llega automáticamente, como la página siguiente de un libro de contabilidad. Esta concepción del futuro es profundamente conservadora. Supone que las estructuras de explotación, jerarquía y dominación que definen el presente serán simplemente optimizadas en lugar de derrocadas. Esa visión del futuro es reproducida por todas las principales instituciones de la sociedad capitalista, los medios de comunicación, las escuelas, las universidades, los think tanks y las fundaciones filantrópicas, que insisten en consignas vacías sobre el cambio pero en la práctica predican el evangelio de que “no hay alternativa” al sistema capitalista que nos asfixia.

Desde nuestra perspectiva, el futuro no es una fecha en el calendario. Es un quiebre. Una ruptura con el orden existente, una transformación estructural de las relaciones sociales, el poder político y las posibilidades humanas. Hablar del futuro de este modo no es entregarse a la fantasía, sino recuperar una dimensión de la política que ha sido deliberadamente suprimida: la capacidad de imaginar y construir un mundo fundamentalmente diferente al que habitamos, el que los proyectos socialistas y de liberación nacional de los siglos XX y XXI buscaron construir y, aunque de manera desigual, comenzaron a hacer realidad. Esta visión rechaza tanto la continuidad administrada (el reformismo) como la ruptura no planificada (el catastrofismo). La clase dominante produce un conjunto de falsos futuros: mitos del espíritu emprendedor, el capitalismo verde y la seguridad militarizada, pero nada que tenga ningún contenido emancipador.

El terreno para esta idea del futuro fue desarrollado por el filósofo marxista Ernst Bloch con su noción del Noch-Nicht [todavía-no](1986; 2000). Para Bloch, basándose directamente en los escritos de Marx, el futuro no es una abstracción diferida al mañana sino una fuerza activa que está incrustada en el presente, que pugna por emerger de sus limitaciones. Para Bloch, la realidad está inconclusa, lo que lo enfrentó con las corrientes filosóficas que tratan el mundo como algo cerrado, completo o ya plenamente explicado. Insistió en que el presente está impregnado de tendencias, deseos y contradicciones que apuntan más allá de él. El todavía-no no designa una utopía que flota sobre la historia, sino un potencial latente contenido en las condiciones materiales y la lucha colectiva. Este todavía-no puede percibirse en los sueños de las luchas anticoloniales que encontraron expresión programática en el comunicado final de la Conferencia de Bandung (1955), la declaración de Belgrado de la Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (1961), las resoluciones de la Conferencia Tricontinental (1966) y la declaración sobre el Nuevo Orden Económico Internacional adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (1974). También puede verse en los procesos revolucionarios abiertos por la Revolución de Octubre (1917), la Revolución Vietnamita (1945), la Revolución China (1949) y la Revolución Cubana (1959) (Tricontinental, 2025c; 2025j; 2025i).

En esta tradición marxista, el futuro no es inevitable. Esta visión descansa sobre dos proposiciones materialistas que surgen de las contradicciones del sistema capitalista.

En primer lugar, el movimiento real de la historia desarrolla las fuerzas productivas y expande el excedente social. Sin embargo, como estos avances permanecen constreñidos por la propiedad privada, también profundizan la desigualdad y el sufrimiento social para la gran mayoría. Es importante reconocer que las fuerzas productivas de hoy no se limitan a las fábricas y la maquinaria. Incluyen también el trabajo de cuidado, las infraestructuras digitales y las cadenas de suministro globales, entre otras, todas organizadas mediante un trabajo cada vez más socializado. Es también fundamental señalar que el capitalismo desarrolla estas fuerzas y, al mismo tiempo, sabotea su potencial, manteniéndolas bajo control a través de la propiedad privada, los monopolios de plataformas uberizadas, la destrucción sindical, la austeridad, la militarización y otras formas de control capitalista.

En segundo lugar, el sufrimiento social inherente al capitalismo genera indignidad y rabia, que pueden estallar espontáneamente en revuelta. Pero estas luchas no se mueven automáticamente en una dirección emancipadora: son moldeadas por fuerzas políticas ya sea hacia el socialismo, impulsando las demandas concretas de la gente, o en su contra, distorsionando esas demandas y enfrentando a las personas entre sí a través de una agenda tóxica y antisocial (Tricontinental, 2024g). El futuro, por tanto, no es algo que nos sucede, sino algo que debemos construir y solo podemos construirlo rompiendo con las estructuras que producen y reproducen el sufrimiento. Esta visión rompe con el fatalismo y la inevitabilidad y nos recuerda que la historia está abierta y que el presente contiene posibilidades no realizadas que pueden activarse mediante la lucha.

La esperanza en esta tradición no es optimismo ni expectativa pasiva, sino una orientación militante hacia el carácter inacabado del mundo. Surge de la pauperización, la opresión y el despojo y de la negativa a aceptar la miseria como destino. Para los movimientos del Sur Global que orientan el trabajo de nuestro instituto, la esperanza nunca ha sido un lujo. Ha sido forjada en una diversidad de organizaciones lideradas por el campesinado, lxs trabajadorxs y las mujeres, que son esfuerzos colectivos para promover la causa de la dignidad (Tricontinental, 2025b; 2024b). Estos movimientos no luchan por una versión mejorada del presente sino por un orden social completamente distinto. Su futuro no depende del calendario, sino que se basa en una transformación estructural. Tener esperanza es reconocer que el presente es intolerable y efímero y que las condiciones de explotación y opresión no son ni naturales ni definitivas. Esta esperanza resulta peligrosa para la clase dominante porque es una fuerza material que transforma la conciencia, haciendo que las personas pasen de resignarse al presente a actuar por el futuro.

En esta tradición de ruptura, el futuro no es una creación individual: tiene un carácter colectivo. La cultura capitalista nos impulsa a imaginar futuros personales, una carrera, una vivienda, seguridad individual y un proyecto interminable de “superación personal”, mientras nos impide vislumbrar los horizontes colectivos. Esta cultura es la del individualismo ansioso antes que la de la responsabilidad colectiva o la transformación social. Bajo el capitalismo, el futuro del calendario se trata como algo administrable: algo que puede ser pronosticado, programado, valorado, asegurado y gestionado por instituciones que se presentan como neutrales. Sus decisiones se presentan como necesidades técnicas más que como elecciones políticas, como asuntos que deben ser regulados en nuestro nombre por expertos, mercados, Estados y aparatos de seguridad. Estas instituciones no ofrecen un horizonte emancipador, solo la continuación administrada de la catástrofe. La extrema derecha actual emerge en este terreno para ofrecer un futuro mítico arraigado en la exclusión, la jerarquía y la violencia. Es un síntoma de la incapacidad del capitalismo para generar un futuro positivo (Tricontinental, 2024d). El futuro no puede ser construido por esta extrema derecha. Debe ser recuperado como espacio de soberanía popular. Ni la catástrofe ni la emancipación son inevitables. Hay que combatir la primera y luchar por la segunda. Desde la perspectiva de la ruptura, o transformación estructural, el instrumento no es el avance individual, sino las fuerzas organizadas capaces de enfrentarse al poder establecido, como los partidos políticos, los sindicatos y los movimientos sociales. Sin estas fuerzas, el todavía-no permanecerá como un sueño sin camino. La esperanza requiere estructura, disciplina y persistencia.

El futuro no es algo que yace fuera de la historia humana. Ya está presente en fragmentos, gestos y luchas que prefiguran otro mundo. Entre ellos se encuentran las formas cooperativas de trabajo, las prácticas de cuidado, los experimentos en democracia popular y los procesos inacabados y controvertidos de construcción socialista en Estados como China y Cuba (Tricontinental, 2021b; 2019b). No son curiosidades marginales. Son anticipaciones de una lógica social diferente. Cartografiarlas no es romantizarlas, sino comprender su significado y su potencial latente. Nos recuerdan que el mundo que buscamos construir no es un horizonte abstracto sino una posibilidad concreta. La tarea de lxs marxistas no es predecir el futuro sino organizarse para él. Romper con el presente exige claridad, valentía y disciplina colectiva. El futuro solo puede llegar si forzamos una ruptura. El futuro es, por lo tanto, un terreno de lucha. Luchar por él exige que identifiquemos las fuerzas que buscan clausurarlo.

Silvano Lora (República Dominicana). Serigrafía, 1976. 640 x 570 mm. Ed. 18/60.

Los enemigos del futuro

El futuro no es un horizonte vacío que espera ser llenado por la aspiración humana, sino que es activamente planificado, estructurado y limitado por fuerzas poderosas que buscan reproducir las relaciones de dominación existentes. Los enemigos del futuro no son tendencias abstractas: son fuerzas concretas decididas a extender el orden actual hacia el futuro (Tricontinental, 2024d). A continuación, examinamos cuatro enemigos centrales del futuro: el capital financiero, el capital de plataformas, el extractivismo y el militarismo. Estas fuerzas no se limitan a defender las relaciones sociales del presente: buscan colonizar el futuro por adelantado.

El capital financiero ocupa el centro de esta constelación. A través de su control sobre las ganancias del colonialismo y el neocolonialismo, los flujos de inversión, la magia de la especulación y el poder de la deuda, el capital financiero disciplina Estados y sociedades, estrechando el margen de sus futuros posibles (Tricontinental, 2024f). Las agencias calificadoras de crédito, los prestamistas multilaterales y las instituciones financieras privadas, ubicadas en su mayoría en el Norte Global, funcionan como planificadoras del futuro para la clase dominante del Norte, garantizando que el mañana siga siendo propicio para la acumulación de capital y no para el florecimiento humano. Los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otras tantas instituciones se convierten en realidad material para tantos países anteriormente colonizados y hoy agobiados por la deuda (Tricontinental, 2023).

Capital de plataformas. Los monopolios tecnológicos capitalistas canalizan la innovación y la eficiencia hacia la extracción de datos, la reorganización del trabajo y la fragmentación de la vida social. Los algoritmos administran el tiempo, la atención y el deseo, mientras que el trabajo en plataformas despoja a lxs trabajadorxs de estabilidad y poder colectivo (Tricontinental, 2021c).

Extractivismo. A pesar de la abrumadora evidencia científica sobre la catástrofe ecológica, los conglomerados del petróleo, el gas, el carbón, la minería y el agronegocio continúan moldeando los sistemas energéticos, los mercados laborales y las políticas estatales. Sus horizontes de planificación son brutalmente cortos: extraer, lucrar, abandonar. La crisis climática, por ejemplo, no es una falla de previsión sino el resultado de decisiones deliberadas de las corporaciones capitalistas que aceptan la destrucción planetaria como un costo aceptable de la acumulación (Tricontinental, 2024c; 2025h).

Militarismo. Las crisis producidas e intensificadas por el sistema capitalista –la guerra, el desplazamiento y la catástrofe climática— no se afrontan con soluciones sociales y políticas, sino con una economía de guerra permanente que impone soluciones militares a problemas políticos. En los centros imperiales, el militarismo se manifiesta en la forma de acumulación de armamentos, regímenes fronterizos, vigilancia y normalización del estado de excepción. En el Sur Global, aparece como agresión imperialista, guerra por delegación, ocupación y desvío forzado de los escasos recursos públicos hacia ejércitos e infraestructuras de seguridad, siempre en beneficio de la industria armamentista. El militarismo acorta los horizontes políticos: las emergencias justifican medidas autoritarias, suprimen la disidencia y normalizan el miedo. Para grandes sectores de la humanidad, especialmente en el Sur Global, el futuro no aparece como una promesa sino como inestabilidad permanente, desplazamiento y muerte. La guerra se convierte en un mecanismo para gestionar las crisis que el propio capitalismo produce (Tricontinental, 2025e; 2024a).

Estos enemigos del futuro no se limitan a bloquear la transformación social: construyen de forma activa un futuro que asegura privilegios para una minoría mientras condenan a la mayoría a la extenuación, la inseguridad y la desesperanza. El futuro no puede recuperarse sin un enfrentamiento frontal con su poder.

Las fuerzas sociales preparadas para provocar la ruptura

Dado que las clases propietarias insisten en el presente permanente, el futuro solo puede recuperarse mediante la lucha de masas colectiva. Las fuerzas sociales capaces de producir una ruptura con el orden actual ya están aquí, aunque fragmentadas, desiguales y a menudo invisibilizadas. Entre ellas se encuentran lxs trabajadorxs de la economía formal e informal, el campesinado y lxs trabajadorxs agrícolas sin tierra, las mujeres, la juventud, las comunidades oprimidas y lo que Marx denominó la “población excedente”, quienes son excluidxs o marginalizadxs por los ciclos de acumulación capitalista pero que siguen siendo indispensables para ella como ejército de reserva de mano de obra y como parte de las fuerzas de reproducción social (1976).

A pesar de todo el debate en torno al “posmarxismo” y las teorías más recientes sobre sujetos políticos fragmentados, la clase trabajadora, tanto urbana como rural, sigue siendo central, aunque su composición sin duda ha cambiado. Varios informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial sugieren que la fuerza laboral global total asciende a casi 4.000 millones de personas (incluidas las que están empleadas y las que buscan empleo activamente). Un desglose aproximado del empleo global por sector amplio es el siguiente (Banco Mundial, OIT, s.f; Datta et al., 2023):

1. Agricultura. / 923 millones
2. Industria. / 800 millones
3. Servicios. / 1.800 millones
4. Transporte/Logística. / 230 millones
5. Trabajadores de plataformas. / 154–435 millones

Lxs trabajadorxs industriales coexisten con lxs trabajadorxs de servicios, transporte, almacenamiento, cuidado, reparto y plataformas (o uberizadxs). En la mayor parte del Sur Global, el trabajo informal no es una excepción sino la norma. Estxs trabajadorxs, ya sea en la fábrica, el campo o el almacén, enfrentan una precariedad extrema, protecciones legales débiles o inexistentes y la amenaza constante del desempleo. Sin embargo, pese a la erosión de la densidad sindical, estxs trabajadorxs poseen un poder estratégico: producen y transportan mercancías, trabajan la tierra, extraen minerales, brindan cuidado, construyen ciudades y sostienen la vida cotidiana. Sus luchas, desde las huelgas en los centros logísticos hasta las rebeliones masivas de trabajadorxs sin tierra y los paros de trabajadoras domésticas, revelan el antagonismo persistente entre el capital y el trabajo.

Las luchas no siempre se manifiestan de manera directa como una organización laboral consciente contra el capital. A menudo surgen a través de otras estructuras de opresión, como el patriarcado y la jerarquía social (la casta, la raza), o son impulsadas por la experiencia generacional y otras formaciones sociales. Por ejemplo, los movimientos de mujeres han puesto en evidencia cómo los sistemas económicos dependen del agotamiento de los cuerpos y el tiempo; los de las mujeres en general y los de las trabajadoras negras, migrantes y racializadas en particular. Asimismo, las luchas por la dignidad social se reflejan a través de identidades que no son en sí mismas de clase, pero que revelan la manera compleja en que el capitalismo reactiva viejas jerarquías para sus propias estrategias de acumulación. Por ejemplo, el sistema capitalista utiliza la casta y la raza al servicio de la acumulación, por lo que las protestas por la dignidad también sientan las bases para la lucha socialista. La población excedente, lxs migrantes, lxs desempleadxs, el campesinado sin tierra y lxs pobres urbanos, suele ser tratada como marginal en términos políticos. No obstante, experimenta el sistema capitalista en su forma más desnuda. Sus luchas por la vivienda, los servicios y la dignidad son luchas por reproducir la vida. Todas ellas muestran la energía disponible dentro de la clase trabajadora para conformar un bloque histórico contra el capitalismo y luchar por el futuro.

Sin embargo, muchas de las protestas que sacuden nuestras ciudades y campos adoptan la forma de grandes movilizaciones que suelen ser impulsadas por pequeñas organizaciones o impulsadas por convocatorias en las redes sociales dirigidas a individuos. El capital se nutre de la división: formal contra informal, urbano contra rural, varón contra mujer y disidente de género, ciudadanx contra migrante (Tricontinental, 2026b). Hoy, la fragmentación de la estructura de clase y de la organización social plantea desafíos mayores para la organización política y la unidad de acción basada en principios. Hay numerosos ejemplos de esa rabia movilizada siendo capturada por fuerzas reaccionarias o disipada en la desesperanza. Una ruptura exige construir unidad sin borrar la diferencia, forjando proyectos políticos capaces de articular intereses compartidos y horizontes comunes. Sin esa organización, las fuerzas sociales permanecen reactivas. Con ella, se convierten en agentes históricas capaces de hacer suyo el futuro. La pregunta organizativa genuina para la izquierda en todo el mundo es cómo construir las plataformas subjetivas de lucha a partir de las condiciones objetivas de sufrimiento y supervivencia que enfrentan los pueblos.

El tiempo

El capitalismo impone su idea del tiempo a las sociedades: una idea que refleja urgencia sin dirección, velocidad sin propósito, crisis sin resolución. Hay una sensación frenética que se apodera de la vida social, perturba nuestra capacidad de controlar nuestro día y crea un desorden que consume nuestro tiempo de ocio. Sin tiempo libre, no es fácil disponer del tiempo necesario para construir comunidad (aunque el desmantelamiento de la política social por parte del Estado ha obligado a las mujeres de la clase trabajadora a construir plataformas para la reproducción social que han sido vitales para su papel en tantos movimientos de protesta de la clase trabajadora en nuestro tiempo). Sin tiempo, es imposible construir poder organizativo en los lugares de trabajo, los barrios y las comunidades.

Las contradicciones del capitalismo generan luchas espontáneas, que a menudo son detonadas por los bajos salarios y las malas condiciones laborales, pero también por las condiciones de reproducción social, como el acceso al agua, el espacio público y los alimentos y el combustible asequibles. Tales luchas se basan a veces en redes y relaciones sociales forjadas a lo largo del tiempo, pero también pueden surgir de un rápido deterioro de las condiciones de trabajo y vida que genera su propio sentimiento de masas. Estas rebeliones espontáneas, aunque a menudo heroicas, son insuficientes. Pueden trastornar el presente sin organización disciplinada, pero raramente reconfiguran el futuro. Los ejemplos de grandes revoluciones son todos historias de actividad revolucionaria resiliente durante largos períodos de tiempo que prepararon a las comunidades, a través de la lucha, para los grandes levantamientos que pusieron el mundo de cabeza. Las luchas espontáneas reflejan indignación y agravios genuinos. Pueden ocupar las calles e inspirar esperanza y también pueden derrocar gobiernos. No obstante, los registros históricos (como el de Egipto en 2011) muestran que, sin continuidad y fuerza de la organización, estos momentos son vulnerables a la represión, la cooptación y el agotamiento. Las clases propietarias entienden el tiempo de manera estratégica. Planifican, con frecuencia por décadas. Los movimientos que operan solo en la inmediatez de la protesta ceden el terreno a largo plazo a sus enemigos.

La organización

Construir más allá de la inmediatez requiere organización, que puede adoptar muchas formas: desde movimientos sociales más amorfos hasta partidos leninistas de centralismo democrático. El debate entre estas dos formas no es central en este dossier. Lo que queremos destacar aquí es la importancia de cómo la organización política, en sus múltiples formas, es el vehículo mediante el cual se estructura el tiempo con fines emancipadores. Los partidos, los frentes, los sindicatos, las organizaciones campesinas, las asociaciones de mujeres y los movimientos juveniles desempeñan roles distintos pero interconectados. Los partidos leninistas pueden articular programas de largo plazo y disputar el poder estatal. Las organizaciones de masas pueden anclar las luchas en la vida cotidiana y brindar continuidad a las comunidades. Los frentes pueden posibilitar la unidad entre fuerzas diversas sin exigir uniformidad ideológica. La organización permite a la clase trabajadora fragmentada y hostigada socializar el tiempo disponible y construir una sociedad que de otro modo le ha sido arrebatada.

La disciplina

La ventaja de un partido leninista es la centralidad que esa tradición otorga a la disciplina. La disciplina no significa obediencia ni rigidez burocrática, aunque a menudo puede degenerar perezosamente en estas formas. Significa forjar cuadros que estén formadxs políticamente y comprendan la necesidad de la forma partido, los procedimientos colectivos requeridos para construir una comprensión o programa político común, las estructuras esenciales de liderazgo representativo dentro del partido y un compromiso absoluto con los objetivos, estrategias y formas de rendición de cuentas compartidos. La disciplina permite a las organizaciones conservar energía, aprender de la experiencia y resistir más allá de los momentos de crisis. Transforma la revuelta en un proyecto.

Central en toda esta operación es lo que denominamos la nueva intelectualidad, lxs persuasorxs permanentes de un proyecto político que emergen de la clase trabajadora, el campesinado y los movimientos populares (Tricontinental, 2019a). Su tarea es clarificar, sintetizar y comunicar, traducir la experiencia vivida en estrategia política. Ayudan a los movimientos a comprender no solo aquello contra lo que luchan, sino lo que el futuro debe entrañar.

El internacionalismo

Ninguna ruptura con el capitalismo puede sostenerse únicamente dentro de las fronteras nacionales. El capital se organiza internacionalmente, a través de las finanzas, el comercio, los bloques militares, las cadenas de suministro y las instituciones ideológicas. Las fuerzas que buscan construir el futuro deben hacer lo mismo. El internacionalismo no es un complemento moral ni un gesto sentimental, sino una necesidad práctica arraigada en la estructura de la economía mundial y en la condición compartida de lxs oprimidxs. Significa construir vínculos entre países y luchas, aprender de los procesos revolucionarios, defender la soberanía frente al imperialismo y coordinar la formación política, las campañas y las formas de solidaridad material. Sin el internacionalismo, las victorias permanecen aisladas y vulnerables. Con él, las luchas en los planos local, nacional y regional comienzan a adquirir la escala necesaria para enfrentarse a un sistema global.

El futuro no se puede conquistar en un solo instante. Debe construirse con paciencia, de manera colectiva y de consciente. El tiempo crea el espacio para la lucha, la organización le da forma, la disciplina le da perdurabilidad y el internacionalismo le da alcance. Frente al futuro de explotación y exclusión que planea la clase dominante, estas herramientas permiten a lxs oprimidxs planificar su propio futuro: uno arraigado en la dignidad, la igualdad y la vida misma.

Alfredo Plank, Ignacio Colombres, Carlos Sessano, Juan Manuel Sánchez, Nani Capurro (Argentina). Che (serie colectiva), 1968. Óleo / tela. 195 x 150 cm c/u.

Parte 2: Construir el futuro

¿Qué hay que construir para reemplazar el presente? El futuro no puede seguir siendo solo una cuestión de lucha, organización y disciplina; debe adquirir también una forma material, institucional e internacional. Eso significa afrontar las preguntas sobre la propiedad, la planificación, la soberanía y las formas de coordinación mediante las cuales puede sostenerse un orden social diferente.

Propiedad pública y planificación

La cuestión del futuro es inseparable de la cuestión de la propiedad y la coordinación. Bajo el capitalismo, la propiedad privada de los medios de producción otorga a una pequeña clase el poder de determinar qué se produce, cómo se produce y para quién se produce. Este poder no se ejerce en interés de la sociedad en su conjunto sino según los imperativos del lucro, la competencia y la acumulación a corto plazo. El resultado es una contradicción profunda: las fuerzas productivas se han socializado profundamente mientras que el control sobre ellas permanece estrictamente privado. El trabajo es hoy colectivo e internacional, pero la base tecnológica y los excedentes económicos de ese esfuerzo colectivo son apropiados por una minoría. Cualquier discusión seria sobre un futuro socialista debe, por tanto, afrontar esta contradicción mediante la transformación de las relaciones de propiedad.

La propiedad pública no es simplemente una reordenación jurídica de activos que pasan de manos privadas al Estado. El Estado mismo es un campo de lucha de clases y debe reclamarse como una herramienta para orientar la dirección del desarrollo. Cuando sectores estratégicos como la energía, el transporte, las finanzas, la tierra, las comunicaciones y la industria pesada son de propiedad pública, la sociedad adquiere la capacidad de orientar la producción y la innovación hacia las necesidades colectivas en lugar de hacia la acumulación privada. El capitalismo distribuye inadecuadamente los recursos de manera sistemática, sobreproduciendo consumo de lujo e industrias destructivas mientras subproduce el cuidado, la educación, la salud y la vivienda. La propiedad pública crea la base material para reorientar la producción hacia la reproducción social, la inversión a largo plazo y la prosperidad compartida.

El argumento a favor de la propiedad pública también está relacionado con la tecnología. Bajo la propiedad privada, el desarrollo tecnológico queda subordinado a la rentabilidad, los monopolios de propiedad intelectual y la disciplina laboral. La innovación se orienta hacia la reducción de costos, la vigilancia, la militarización y el acaparamiento del conocimiento y no hacia la reducción del tiempo de trabajo socialmente necesario o la mejora del bienestar colectivo. El control democrático sobre las fuerzas productivas permite desplegar la tecnología para el bien social: acortar la jornada laboral, generar empleo, ampliar los servicios públicos, potenciar las habilidades humanas y reducir el daño ecológico. Los mismos sistemas digitales y logísticos que el capitalismo utiliza para intensificar la explotación contienen en sí mismos el potencial para una producción y distribución racionales y humanas.

La ideología capitalista presenta la planificación como inherentemente autoritaria e ineficiente, al tiempo que eleva al mercado como mecanismo de coordinación neutral y democrático. El capitalismo ya está altamente planificado, pero lo está en interés de lxs capitalistas. Las corporaciones multinacionales, las instituciones financieras y las alianzas militares se dedican a una amplia planificación interna, pronósticos a largo plazo y coordinación estratégica. El mercado no reemplaza a la planificación: fragmenta la toma de decisiones sociales, oculta la responsabilidad y somete la vida colectiva a la estrecha lógica de la acumulación. Los precios transmiten señales solo después de que el daño social y ecológico ya se ha producido. Los mercados recompensan la rentabilidad a corto plazo, no la racionalidad social a largo plazo.

La planificación socialista no consiste en un mando burocrático divorciado de la vida popular: se trata de una coordinación consciente y democrática del trabajo social a lo largo del tiempo. La planificación es un arma temporal contra el cortoplacismo capitalista. Permite a la sociedad establecer prioridades colectivas, como la descarbonización, la diversificación industrial, la soberanía alimentaria y el cuidado universal y movilizar recursos en consecuencia. Hace posible equilibrar regiones, sectores y necesidades sociales en lugar de dejar el desarrollo librado a los resultados desiguales y destructivos de la competencia de mercado. La planificación es el medio por el cual la sociedad puede actuar sobre la base de que el futuro no es automático, sino que debe ser producido conscientemente.

De manera fundamental, la planificación no niega la democracia. Por el contrario, exige su expansión. Para que la planificación sea emancipadora debe estar arraigada en la participación popular, el control de lxs trabajadorxs y las organizaciones de masas capaces de articular las necesidades sociales. La socialización del trabajo bajo el capitalismo ya requiere coordinación a través de vastas redes. El socialismo busca hacer que esa coordinación sea transparente, responsable y orientada al desarrollo humano. Cuando lxs trabajadorxs, las comunidades y las instituciones públicas participan en el establecimiento de objetivos y el seguimiento de resultados, la planificación se convierte en un proceso de aprendizaje colectivo antes que en una imposición tecnocrática. Es a través de tales procesos que el excedente social puede dirigirse conscientemente hacia la educación, la salud, la vivienda, la cultura y la restauración ecológica (Tricontinental, 2025a).

Hacia un nuevo internacionalismo

Después de la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento de un poderoso bloque socialista y las sucesivas oleadas de descolonización sentaron las bases para un internacionalismo arraigado en el rechazo al imperialismo y al neocolonialismo. Estuvo marcado por el intento de construir nuevos modelos económicos y sociales, así como una nueva arquitectura global (Tricontinental, 2025j; 2025c).

Este internacionalismo se desmoronó bajo el peso de la crisis de la deuda, el asalto del neoliberalismo y la caída de la Unión Soviética y del bloque socialista. En su lugar llegó la globalización espuria impuesta por el FMI, la apertura de los mercados, la retirada del Estado de los sectores productivos, la eliminación de los controles de capital, la entrega de recursos y la subordinación académica y cultural: una erosión generalizada de la soberanía.

Décadas después de la caída de la Unión Soviética, están empezando a darse las condiciones objetivas para el surgimiento de un nuevo internacionalismo. El Norte Global atraviesa una profunda crisis marcada por la desindustrialización y la erosión de la capacidad productiva, mientras China y otros países del Sur Global emergen como motores de la economía global. El surgimiento de los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái y otros foros bilaterales refleja estas cambiantes condiciones objetivas.

Sin embargo, el Norte Global retiene el control sobre la arquitectura global. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus agencias han sido inutilizadas por Estados Unidos y sus aliados, como lo demuestran los ataques cada vez más intensos que han lanzado en todo el mundo, desde Gaza, Venezuela y Cuba hasta la República Democrática del Congo e Irán. El FMI y el Banco Mundial continúan con la tiranía del ajuste estructural. El marco climático ha fracasado frente a los pueblos. La pandemia trajo consigo el “apartheid de vacunas”. Peor aún, muchas organizaciones multilaterales del Sur Global están inertes o infectadas con la lógica del neoliberalismo.

Los debates en torno a una nueva arquitectura global se han centrado en la multipolaridad, que es limitada y limitante porque replica el espíritu de la rivalidad de la Guerra Fría. En cambio, el nuevo internacionalismo debe caracterizarse por el multilateralismo. La recuperación de las Naciones Unidas y la defensa de la Carta de la ONU como patrimonio común de los pueblos del mundo son puntos clave en este sentido. Tanto el Consejo de Seguridad como la Asamblea General requieren reformas y los países del Sur Global deben trabajar hacia una agenda común para una serie de organismos de la ONU, desde la Organización Mundial de la Salud y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático hasta la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Existe una necesidad apremiante de una lucha intelectual y política renovada para formular y defender un programa popular para cada una de estas organizaciones que refleje las aspiraciones del Sur Global.

Junto a un multilateralismo renovado, las fuerzas de izquierda y patrióticas deben apoyar y fortalecer las organizaciones regionales que han perdido su orientación en los últimos 30 años y, cuando eso no sea posible, abogar por la creación de otras nuevas. Las alianzas económicas, sociales y políticas forjadas en América Latina durante la Marea Rosa de la década de 2000 y comienzos de la de 2010 siguen siendo un modelo de lo que es posible. En la actualidad, la Alianza de Estados del Sahel ha recogido un poderoso deseo extendido por toda África de una integración más fuerte, resistiendo al mismo tiempo la lógica neocolonial de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) (Tricontinental, 2024g). Los procesos impulsados por los países BRICS en una variedad de áreas, desde las finanzas, el comercio y la infraestructura hasta la ciencia, la tecnología, la salud, la educación, la agricultura, la cooperación climática y la investigación, ofrecen otro modelo para esas organizaciones regionales.

El nuevo internacionalismo comienza con la defensa de la soberanía, pero no se limita a eso. Debe incorporar también una visión internacionalista de un futuro basado en relaciones sociales transformadas. Esta visión no puede hacerse realidad en un solo país, ni puede ser promovida solo por los Estados. Requiere la movilización de movimientos en todo el mundo para trascender el capitalismo. Lxs socialistas deben tender puentes hacia el futuro elevando, aprendiendo y construyendo sobre los proyectos que tienen el potencial de cambiar el equilibrio de las fuerzas.

Sin embargo, ningún programa, por necesario que sea, puede sostenerse sin una fuerza social capaz de impulsarlo hacia adelante y un horizonte capaz de animar la lucha. Si el futuro debe construirse a través de instituciones, propiedad, planificación y coordinación internacional, también debe vivirse como una sensibilidad política. Esa sensibilidad es la esperanza.

Luis González Palma (Guatemala), La Rosa (The Rose), 1991. Gelatin silver print with toning and applied colour, 47 x 48.5 cm.

Parte 3: La esperanza

Hoy, el capitalismo atraviesa una crisis de legitimidad, dado que sus ideas y valores: el individualismo, el emprendimiento, el consumismo, ya no producen la movilidad social y la prosperidad material que el neoliberalismo prometió durante tanto tiempo. Simultáneamente, a medida que el bloque imperialista liderado por Estados Unidos ve declinar su poder económico y político, se aferra aún más a las dos arenas donde su poder sigue siendo prácticamente indiscutible: la producción cultural y el poder militar. Aunque muy diferentes en sus expresiones, ambos sirven al mismo propósito: preservar el presente y clausurar el futuro. A través de la agresión militar, el bloque liderado por Estados Unidos busca disciplinar a cualquier país que se niegue a doblegarse al Consenso de Washington y los intereses del capital privado, cerrando todo horizonte político que rechace la subordinación. A través de su monopolio sobre los modos de producción cultural, busca no solo controlar la información —lo que se acepta como verdad— sino también moldear la cultura y los valores de las masas dominadas. Al hacerlo, estrecha el horizonte de lo que nos atrevemos a imaginar y, en última instancia, de lo que nos atrevemos a esperar. En ausencia de esperanza, la clase trabajadora se ve obligada a adoptar una de dos posturas políticas: o bien es empujada hacia el pesimismo despiadado de la extrema derecha y entrenada para mirar con desdén la idea misma de un futuro diferente, o bien queda dominada por un derrotismo escapista que cree que el futuro ya está perdido.

Dos conceptos chinos de “futuro” ayudan a clarificar lo que está en juego. 未来 (wèilái), la palabra para futuro o, literalmente, “lo que aún no ha llegado”, está compuesta por dos palabras: 未 (wèi) significa “todavía no” o “no ha” y 来 (lái) significa “venir” o “llegar”. Juntas, enfatizan la cualidad esencial de incompletitud del futuro. El pesimismo y la esperanza giran en torno a esta diferencia: el futuro no está predeterminado. Es una posibilidad y aquí es donde entra la acción humana.

En este contexto, la esperanza se convierte en un terreno de lucha en la batalla de ideas y emociones. Por eso la esperanza debe convertirse en algo más que un sentimiento, debe ser una práctica: una práctica que se construye mediante la educación y la cultura populares, que se ancla en la historia y que se vive activamente en nuestra vida cotidiana.

La batalla de ideas

La clase dominante trabaja para ocultar las relaciones de clase y los intereses comunes de clase promoviendo sus valores (el individualismo, la crueldad y el conservadurismo). Esta lógica entrena a las clases dominadas para que rechacen de manera reflexiva las formas de actividad política como una pérdida de tiempo, poco realistas o utópicas y para que traten la acción colectiva como algo ingenuo o peligroso. En tales condiciones, no se puede esperar que la esperanza surja individualmente. Debe construirse como una práctica que reabra el horizonte de lo posible y dispute el “sentido común” cotidiano del presente capitalista.

Por lo tanto, la esperanza debe organizarse a través de prácticas políticas concretas que reabran el horizonte de lo posible. Esto nos exige:

Fomentar la imaginación política. Las fuerzas de izquierda deben hacer que el futuro resulte comprensible construyendo formas alternativas de organización laboral y relaciones sociales. La esperanza en el futuro puede movilizarse cuando se ancla en acciones concretas que cambian las condiciones materiales de las personas en el presente, y cuando la clase trabajadora puede reconocerse como protagonista de la historia en lugar de espectadora de las crisis capitalistas.

Leer para aprender, aprender para hacer. Ho Chi Minh dijo: “Puedes leer mil libros, pero si no aplicas lo que lees, no eres más que una estantería” (1961: 496). La lectura se convierte en una práctica de esperanza cuando está vinculada a la acción. El estudio debe ser colectivo y orientado hacia los problemas que las personas enfrentan en sus lugares de trabajo, barrios y organizaciones. El objetivo no es la acumulación de conocimiento sino el desarrollo de un lenguaje compartido, un análisis y una confianza que puedan ponerse a prueba en la práctica.

Desarrollar una contracultura popular. No se puede construir una contraideología sin una contracultura. Esto significa crear formas de expresión cultural popular que rompan el hechizo del individualismo y el pesimismo, que construyan dignidad y hagan atractiva la solidaridad al tiempo que honran la cultura de la clase trabajadora.

Comunicar el futuro. La izquierda debe traducir su programa a formas que puedan transmitirse de manera didáctica. Didáctico no significa hablar con condescendencia, significa ser estratégicx y comunicar con claridad propuestas que estén vinculadas a las experiencias de las personas y que se enseñen mediante ejemplos prácticos. El objetivo es pasar de la abstracción a la orientación para que la gente pueda comprender qué se puede hacer, quién lo puede hacer y con qué recursos (Tricontinental, 2025b).

Volver a las fuentes. Rescatar la historia y la cultura revolucionarias y la historia y la cultura en general. La historia es una práctica de esperanza porque rompe la idea de que el presente es eterno. Al retornar a los momentos de ruptura, de lucha colectiva y transformación, los pueblos recuperan la evidencia de que el cambio es posible y aprenden cómo se logró. La historia no es nostalgia: es una escuela de estrategia, sacrificio y confianza (Tricontinental, 2024e).

Convertirse en persuasorxs permanentes. La izquierda debe disputar todos los espacios colectivos para difundir las ideas de la clase trabajadora. Debe hacerse presente allí donde la gente se reúne, no como conferencista invitada, sino como fuerza organizadora. La “nueva intelectualidad” de Gramsci es “constructora” y “organizadora”, una “persuasora permanente” arraigada en la vida práctica antes que en la elocuencia ocasional.

La batalla de emociones

La clase dominante debe trabajar continuamente para canalizar el descontento generalizado que es la respuesta racional a la explotación y la privación necesarias para la sociedad capitalista. El descontento es peligroso cuando se organiza, cuando conoce a su enemigo y cuando responde con solidaridad. Por eso se redirige continuamente, alejándolo de la lucha colectiva y orientándolo hacia el miedo, el resentimiento, el cinismo y la resignación. Hoy, esta lucha se intensifica por un panorama comunicacional en el que la clase trabajadora joven es canalizada hacia espacios virtuales que fomentan el individualismo, están diseñados para capturar y monetizar su atención y agotar su capacidad cognitiva y son controlados por fuerzas de la extrema derecha (Assange, 2014; Foer, 2017). En estos espacios, el descontento es encauzado y recibe alivio temporal a través de una participación afectiva efímera. El resultado no es la desaparición del descontento sino su gestión (lucrativa), que fragmenta a la clase trabajadora en espectadorxs aisladxs y la condiciona para confundir la reacción con la política.

En este terreno, debemos convertir la rabia y la confusión en claridad, la claridad en esperanza y la esperanza en acción colectiva. Esto requiere:

Alfabetización mediática. La izquierda debe educar a la clase trabajadora sobre la infraestructura, los propósitos (intencionales y no intencionales) y la economía política de los espacios virtuales y las tecnologías. Esto significa hacer visible la brecha entre la participación controlada y el poder, entre publicar y organizarse y enseñar a la clase trabajadora a reconocer cómo la clase dominante usa su monopolio sobre los espacios virtuales para controlar la información, amplificar la indignación y normalizar el aislamiento. El objetivo no es la retirada de los espacios virtuales sino dotar a las personas de las herramientas para interpretarlos, usarlos y reconocer sus límites.

Una política que sea real. Al tiempo que aprovecha los espacios virtuales para la educación y la movilización, la izquierda debe crear vías de participación política donde las personas puedan ver la posibilidad real de cambiar el presente para construir un futuro mejor. Esto requiere momentos organizados de interacción sin la mediación de los algoritmos, donde las personas puedan reunirse, intercambiar ideas, organizarse, tomar decisiones, realizar tareas colectivas y ver resultados. El objetivo es pasar de las interacciones efímeras basadas en intereses estrechos a la organización a largo plazo basada en intereses de clase compartidos.

Contravalores. La izquierda debe desarrollar valores socialistas y modelarlos con la acción política. Esto significa hacer de la solidaridad, el cuidado, la disciplina y la camaradería realidades en el mundo y no meras consignas. Los valores se vuelven creíbles cuando se reflejan en como nos organizamos: cómo nos tratamos mutuamente, cómo trabajamos juntos, cómo resolvemos los desacuerdos y cómo nos relacionamos con las comunidades a las que decimos servir. En una cultura que fomenta el individualismo despiadado y el pesimismo, modelar los valores socialistas es en sí misma una estrategia en la batalla de emociones: ofrece un destello de una sociabilidad diferente y, por tanto, una imagen clara de cómo será una sociedad futura organizada en torno a valores distintos.

La esperanza como praxis

Si el futuro es 未来 [wèilái], el todavía-no que “está por llegar”, entonces la esperanza es la sensibilidad que mantiene abierto ese todavía-no y la práctica que impide que sea cerrado por el pesimismo, el espectáculo y la resignación. La clase dominante trabaja para convertir wèilái en una prisión, para eternizar el presente y para transformar el descontento capitalista en cinismo o crueldad. Contra esto, nuestra tradición insiste en que la esperanza no es un optimismo pasivo ni una expectativa, sino una orientación militante hacia el carácter inacabado del mundo, forjada en las luchas por la dignidad en todo el Sur Global. Es peligrosa precisamente porque es material: eleva la conciencia y mueve a los pueblos de la mera resistencia a la acción.

Por eso la esperanza requiere estructura, disciplina y organización. Cuando la cultura y las ideas de un pueblo en movimiento obstruyen la reproducción del sentido común capitalista, pueden convertirse en principales y decisivas, no como una negación del materialismo sino como su realización dialéctica. En ese sentido, 大同 [dàtóng], el estado utópico caracterizado por la “armonía universal”, no es un ideal decorativo sino un horizonte que da dirección a la estrategia, mientras que 小康 [xiǎokāng, sociedad moderadamente próspera] nombra los pasos concretos que permiten a los pueblos desarrollarse en condiciones de recursos limitados pero de dignidad. La esperanza se vuelve real cuando convierte 将来 [jiānglái, el futuro], lo “que está por venir”, de una promesa en un plan. La tarea no es soñar en abstracto, sino construir una utopía concreta, arraigada en tendencias reales y fortalecida a través de la práctica, hasta que el todavía-no se convierta en un futuro tangible que se está construyendo en el presente.

Alfonso Soteno Fernández. (Metepec, Estado de México, México). Árbol de la vida, 1975. Barro cocido a fuego abierto y pintado con colores vinílicos barnizados. 6 metros.

Notas

Referencias bibliográficas

A través de estas imágenes, destacamos los esfuerzos colectivos de estas trabajadoras para recuperar y regenerar la tierra, dando testimonio no solo del trabajo cotidiano, sino también de la solidaridad, el conocimiento y la esperanza obstinada que lo sostienen.

En Koubri, a unos 40 kilómetros de Uagadugú, capital de Burkina Faso, las integrantes de la Asociación de Mujeres Watinoma comienzan su jornada de trabajo con canto.

Desde la época colonial, los conflictos en África han sido explicados por todas las categorías imaginables. Antagonismo tribal, odio étnico, extremismo religioso, fracasos de gobernanza, presiones demográficas y escasez de recursos, entre otras, excepto por la que subyace a todas ellas: la clase. Si bien estas categorías sin duda moldean las contradicciones de África, no pueden explicarse sin un análisis de las relaciones de producción. Cada período de la historia poscolonial de África ha generado nuevas explicaciones que comparten un rasgo común: la eliminación sistemática del modo en que la extracción imperial y la explotación de clase organizan la violencia y reproducen la inestabilidad.

Muchos sectores, entre ellos algunos dentro de las luchas anticoloniales, han insistido en que las categorías del análisis de clase y la lucha de clases no se aplican a África porque en el continente no se ha formado una sociedad basada en clases. Hace 50 años, Class Struggles in Tanzania [Lucha de clases en Tanzania] de Issa Shivji planteó dos argumentos centrales que refutaron esta tesis:

1. Las relaciones de producción capitalistas en el continente africano han dividido a las poblaciones en clases, reconfigurando otras relaciones sociales, étnicas, de parentesco, comunitarias, bajo las presiones de la formación de clases.
2. Por lo tanto, la clase como categoría es analíticamente necesaria para comprender la realidad africana (Shivji, 2025).

En Saviors and Survivors: Darfur, Politics, and the War on Terror [Salvadores y sobrevivientes: Darfur, la política y la guerra contra el terrorismo], Mahmood Mamdani argumentó que la guerra en Darfur no puede ser comprendida sin considerar la reorganización colonial de la tierra y la identidad política, en particular la división entre tribus con tierras reconocidas (dars) y aquellas que carecían de ellas. Demostró cómo estas divisiones, combinadas con la desertificación y la creciente competencia por recursos, exacerbaron las tensiones de clase y la violencia, en particular a medida que la región del Sahel se volvió cada vez más árida (2009).²

Si bien el cambio climático tiene un papel innegable en las transformaciones de la región, el “marco del conflicto climático” dominante define sistemática y falsamente, la escasez de recursos provocada por el clima como la raíz de la violencia y la inestabilidad en el Sahel.

La arquitectura institucional del “marco del conflicto climático” se consolidó en la década de 2010. El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) Livelihood Security: Climate Change, Migration and Conflict in the Sahel [Seguridad de los medios de vida: cambio climático, migración y conflictos en el Sahel] identificó el cambio climático como un “factor multiplicador de amenazas” que impulsaba el conflicto entre agricultorxs y pastorxs, mientras que el debate del Consejo de Seguridad de la ONU de 2018 sobre los riesgos de seguridad relacionados con el cambio climático lo posicionó como una amenaza que requería respuesta militar (PNUMA, 2011; Consejo de Seguridad de la ONU, 2018). Este discurso del “nexo clima-seguridad” emergió durante un período marcado por la crisis financiera mundial de 2008, la destrucción de Libia por parte de la OTAN en 2011 y la posterior militarización del Sahel mediante el aumento de la presencia militar de Estados Unidos y Francia, un contexto que el propio marco omite sistemáticamente.

En La lucha de clases y la catástrofe climática en el Sahel sostenemos que los conflictos que se intensifican en el Sahel solo pueden comprenderse si se los analiza como enraizados en la lucha de clases, dado que operan dentro de la economía política de la extracción imperialista: la catástrofe climática es un factor acelerador que intensifica las contradicciones preexistentes, no su causa raíz. La segunda parte del dossier examina en detalle Mali y Sudán como ejemplos de estos cambios en el Sahel.

Parte I: La desertificación del Sahel y sus repercusiones políticas

La catástrofe climática

La palabra árabe Sahara significa “desierto”, es decir, un lugar árido con escasas precipitaciones. Sin embargo, esta es una denominación engañosa. Han existido largos períodos, influenciados por cambios en la órbita terrestre y por la insolación solar, ³ en los que el Sahara experimentó fases pluviales. Uno de esos períodos, conocido como el “Sahara Verde” o el “Período Húmedo Africano”, abarcó el fin de la última Era Glacial y el Holoceno temprano, entre hace 14.800 y 5.500 años, cuando en el Sahara y a lo largo del límite sur del Sahel (palabra árabe que significa “orilla” o “costa”) existían lagos, ríos, pastizales, sabanas y vegetación densa. En esa época, las sociedades se organizaban en torno al pastoreo comunal (pastoreo móvil con acceso compartido al agua y las tierras de pastoreo), adaptándose a las oscilaciones climáticas mediante la coordinación colectiva de los desplazamientos, en lugar de depender del control privatizado de los recursos (de Menocal et al., 2000: 347-361). Entre los siglos XVI y XVIII, partes de la franja Sahel-Sahara experimentaron nuevamente condiciones húmedas antes de pasar a un largo ciclo de aridez en el siglo XX (Spinage, 2012).

Si bien estos “cambios de régimen climático”, como los denominan lxs científicxs especializados, tienden a producirse de manera relativamente abrupta, su ritmo en las últimas décadas se ha acelerado con mucha más rapidez que en cualquier otro período anterior de la historia del planeta. (Foley et al., 2003: 524-532). Según la evaluación de zonas áridas realizada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de la ONU, en los últimos 30 años la zona ecológica del Sahel se ha desplazado entre 50 y 200 kilómetros hacia el sur, provocando importantes pérdidas de biodiversidad y tierras cultivables (FIDA, 2024). Aunque generalmente se entiende que el Período Húmedo Africano terminó “rápidamente” en términos paleoclimáticos, incluso los biomarcadores de cera vegetal de alta resolución y las reconstrucciones del nivel de los lagos (registros de núcleos sedimentarios de grano fino de las precipitaciones pasadas y los cambios en el balance hídrico) muestran que la transición principal de condiciones húmedas a áridas abarcó varios siglos, no décadas. (Collins et al., 2017). “El pasado”, como sostiene un artículo científico, “no es el futuro” (Claussen et al., 2003; Lézine et al., 2011).

En el Sahel, el calentamiento antropogénico (inducido por la actividad humana) reciente y los consiguientes cambios en las precipitaciones a lo largo de varias décadas se están produciendo a tasas que no tienen precedentes claros en el registro del Holoceno.⁴ Estudios recientes muestran que el Sahel se ha calentado aproximadamente 1,5 veces más rápido que el promedio global en las últimas décadas, a pesar de contribuir con menos del 1% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (por ejemplo, África representó menos del 3% de las emisiones acumuladas mundiales de CO₂ entre 1750 y 2021, mientras que África subsahariana, excluyendo Sudáfrica, contribuyó apenas el 0,6%). En contraste, los Estados Unidos continentales, que se calientan a una tasa similar (1,6 veces más rápido que el promedio global), son responsables del 25% de las emisiones mundiales (Eboreime et al., 2025; Ritchie, 2023-2025). El sexto informe de evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC por su sigla en inglés) (2023) confirma con “gran certeza” que: 1) la temperatura de África ha aumentado con mayor rapidez que la de cualquier otra región del mundo; 2) el calentamiento continuo acelerará las temperaturas extremas y, lo que es más importante, 3) que “el cambio climático inducido por el ser humano [ha sido] el factor determinante dominante”. (2021b).

Estos no son hallazgos nuevos. Un artículo científico de 2001, por ejemplo, demostró que el Sahel “ofrece el ejemplo más llamativo a nivel mundial de variabilidad climática que se ha medido de manera directa y cuantitativa” (Hulme, 2021). Entre principios de la década de 1980 y finales de la de 1990, la región del Sahel registró un aumento de las precipitaciones y la vegetación, recuperándose de la severa sequía de las dos décadas anteriores. Sin embargo, a partir de 1999, las tendencias al alza se estabilizaron (Chen et al., 2020). Aun cuando estudios anteriores sugerían que las graves sequías ocurridas desde finales de la década de 1960 hasta la de 1980 eran causadas por la deforestación, lo que sigue siendo una preocupación vigente, datos y análisis más precisos demuestran que la variabilidad de las precipitaciones en el Sahel obedece al aumento de las temperaturas de la superficie del mar en el Mediterráneo, el Atlántico Norte y los océanos tropicales. En otras palabras, esta variabilidad se debe a las tendencias generales de calentamiento antropogénico, que son en gran medida el resultado de las emisiones industriales de gases de efecto invernadero de Occidente (Park et al., 2016: 941-945). Los futuros cambios climáticos, incluidos los influenciados por variaciones impulsadas por los océanos, podrían fácilmente revertir o desestabilizar aún más este frágil equilibrio en el Sahel. ⁵

Los patrones climáticos oscilantes en el Sahel también han generado problemas con la capa freática, avivando conflictos entre distintas comunidades. El análisis estadístico a largo plazo de los patrones climáticos ha mostrado una fuerte recuperación tras las sequías, seguida de una meseta, lo que indica que no ha habido una recuperación permanente. Esta meseta también se atribuye en gran medida al aumento de la temperatura de la superficie del mar impulsado por las emisiones industriales mundiales, concentradas en el Norte Global (Chen, 2020; Biasutti, 2019; Saley y Salack, 2023; Salack et al., 2018: 1274-1278). Utilizando el Índice de Precipitaciones del Sahel, derivado de observaciones pluviométricas, estos estudios demuestran que lo que ha cambiado es la naturaleza de las precipitaciones. Las lluvias son ahora más intensas pero intermitentes, lo que genera patrones climáticos más extremos, que incluyen tanto inundaciones como sequías.

Aproximadamente 30 integrantes de la Asociación de Mujeres Watinoma trabajan una parcela de más de dos hectáreas, utilizando prácticas agroecológicas para producir alimentos para sus familias, escuelas y mercados locales de la región de Koubri.

La catástrofe social y económica

Con temperaturas en el Sahel que aumentan 1,5 veces más rápido que el promedio global, la agricultura y el pastoreo atraviesan una situación de gran tensión (Doblas-Reyes y Sörensonn et al., 2021). Se ha documentado una fuerte correlación entre la variabilidad de las precipitaciones en el Sahel y los rendimientos de cultivos de secano básicos como el mijo y el sorgo (Sultan y Gaetani, 2016). Existe sólida evidencia científica de que lxs pastorxs del Sahel enfrentan una reducción de la disponibilidad de pastos debido al calentamiento y a las lluvias tardías. Como consecuencia, se ven obligadxs a migrar distancias más largas, adentrándose con frecuencia en territorios de pastoreo desconocidos. Investigaciones recientes sobre el pastoreo saheliano muestran que el aumento de las temperaturas, las precipitaciones irregulares y la degradación de la tierra están reduciendo las tierras de pastoreo accesibles y empujando a lxs pastorxs a extender su movilidad estacional.

Un informe de 2025 sobre el clima y los medios de vida pastorales señala que, en el Sahel, la reducción de la disponibilidad de pastos provocada por el calentamiento y las lluvias irregulares está llevando a lxs pastorxs a realizar migraciones más largas a través de territorios desconocidos en busca de pastos y fuentes de agua cada vez más escasos. Esto reconfigura los calendarios y rutas de trashumancia tradicionales (los corredores consuetudinarios o demarcados utilizados para los desplazamientos estacionales del ganado entre zonas de pastoreo y puntos de agua) (Awazi, 2025: 85). Trabajos previos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por su sigla en inglés) documentaron de manera similar que la reducción de la disponibilidad de pastos ha obligado a realizar desplazamientos de mayor distancia y duración, con rutas de los rebaños que se desplazan hacia el sur, hacia zonas más húmedas y a menudo desconocidas (Ickowicz et al., 2012: 269).

Esta movilidad intensificada se vuelve catastrófica no porque la movilidad en sí sea intrínsecamente dañina, sino porque los regímenes coloniales y poscoloniales de tenencia de la tierra desmantelaron las protecciones legales de los corredores de trashumancia, el desarrollo posindependencia priorizó la agricultura sedentaria y, a partir de la década de 1980, décadas de ajuste estructural erosionaron la regulación pública de la tierra y el agua (Tricontinental, 2023). En estas condiciones, la movilidad inducida por el clima expone cada vez más a lxs pastorxs más pobres al cercamiento de tierras, la extracción de rentas, la criminalización y la violencia, convirtiendo un estrés ecológico en una crisis de reproducción mediada por la clase.

Estas dinámicas no son abstractas. Sus consecuencias se han registrado con mayor intensidad en los cuerpos de las personas jóvenes. Las sequías de finales de la década de 1960 a la década de 1980, y los impactos climáticos y ambientales que produjeron, derivaron en graves crisis alimentarias y hambrunas (Montimore, 2010; Anyamba et al., 2014). Las investigaciones sobre el clima y los sistemas alimentarios muestran que, incluso cuando se recuperan las lluvias y las cosechas, el deterioro a largo plazo de la salud infantil es dramático. Un estudio, por ejemplo, vincula el aumento de las temperaturas, la disminución y creciente variabilidad de las precipitaciones, y la alteración de las estaciones del año con el bajo peso al nacer y el retraso en el crecimiento infantil, causados por una combinación de estrés térmico intrauterino y desnutrición derivada de reiteradas pérdidas de cosechas y ganado. Donde predominan la agricultura de subsistencia y la agricultura a pequeña escala, las pérdidas estacionales crónicas se traducen directamente en déficits de salud duraderos (Davenport et al., 2017; Grace et al., 2015; Grace et al., 2018). Esta correlación entre la variabilidad climática y la salud infantil refleja cómo los programas de ajuste estructural (PAE) del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) eliminaron las reservas de granos, los insumos subsidiados y los servicios de extensión que anteriormente amortiguaban la pérdida de cosechas, al tiempo que imponían una agricultura de exportación que prioriza los mercados europeos por sobre la seguridad alimentaria local.

A medida que los cambios climáticos se intensifican, la crisis de hambre ha confluido lenta pero inexorablemente con la crisis de salud, dando lugar a una catástrofe política en la región. Por ejemplo, el cinturón epidémico de la malaria se ha desplazado hacia el norte, hacia la zona de transición entre el Sahel y Sudán, con tasas de mortalidad crecientes entre lxs niñxs que carecen de inmunidad frente a la malaria y otras enfermedades asociadas (Caminade et al., 2014). Al mismo tiempo, se han intensificado las rebeliones tuareg (amazigh) en el norte de Mali y Níger, arraigadas en agravios históricos contra el Estado, las rebeliones islamistas surgidas a raíz de la destrucción de Libia a manos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte; y de las tensiones entre pastorxs y agricultorxs sedentarixs. Desde la inseguridad alimentaria a los brotes de enfermedades, la región se ha visto sumida en conflictos violentos, lo que ha provocado migraciones internas y transfronterizas, además de desplazamientos masivos y una rápida urbanización (Cattaneo y Massetti, 2015; Conte, 2023; Henderson et al., 2015).

La catástrofe política

A medida que las sequías se intensifican, las lluvias se vuelven erráticas y los medios de vida agrícolas y pastorales colapsan, todo el orden social y político se está reconfigurando. La disminución de los pastizales y la reducción de las fuentes de agua han llevado a agricultorxs y pastorxs a enfrentamientos cada vez más violentos.

A medida que las rutas de pastoreo se secan y los pozos se agotan, ls pastorxs se ven obligadxs a adentrarse más en las tierras agrícolas, mientras lxs agricultorxs, que enfrentan la disminución de sus propias cosechas, se muestran cada vez menos dispuestxs a aceptar el paso de los rebaños itinerantes en ausencia de una mediación eficaz. Esta intensificación de la competencia no ocurre en el vacío: los patrones climáticos cambiantes hacen que los recursos vitales sean más escasos dentro de regímenes territoriales moldeados por el despojo colonial, el sesgo poscolonial del Estado hacia la agricultura sedentaria y la erosión de la regulación pública (Benjaminsen, 2016).

Estas tensiones localizadas se intensifican hasta convertirse en crisis nacionales precisamente porque los Estados del Sahel, debilitados por décadas de marginalización, desarrollo desigual y reestructuración económica impuesta desde el exterior, carecen de la capacidad para gestionar estas presiones. En regiones periféricas como el norte de Mali, Níger y Chad, donde la presencia del Estado ha sido históricamente mínima, los impactos climáticos interactúan con la crónica subinversión para erosionar aún más una capacidad estatal ya de por sí frágil. La incapacidad del Estado para garantizar el acceso al agua, gestionar los pastizales y proteger a la población de la violencia durante los períodos de sequía socava su legitimidad, profundiza el resentimiento y acelera la fragmentación política mediante la instrumentalización de identidades religiosas y étnicas (Benjaminsen, 2016). Este vacío de autoridad, configurado por la retirada del Estado y el abandono político, constituye un terreno fértil para los grupos armados, en particular bajo las condiciones creadas por el estrés ecológico.

Los movimientos insurgentes, desde las redes yihadistas sahelianas hasta Boko Haram, han aprendido a explotar la angustia ecológica como una oportunidad de expansión política. Cuando las personas pierden ganado, cosechas o ingresos debido a la sequía, son más vulnerables al reclutamiento, no porque una determinada ideología se vuelva repentinamente irresistible, sino porque los grupos armados ofrecen una apariencia de medios de subsistencia, protección y resolución de disputas. Estudios realizados en Kenia, Mali y el norte de Nigeria muestran que el colapso de los medios de subsistencia inducido por el clima aumenta la probabilidad de que los hombres jóvenes se unan a grupos militantes, con evidencia de Nigeria que registra un aumento en el reclutamiento en regiones afectadas por la sequía (Buhaug y von Uexkull, 2021: 545-568). La crisis climática reconfigura así el campo de batalla político. Los grupos armados intervienen donde el Estado se retira, ofreciendo con frecuencia acceso al agua, arbitrando conflictos locales o distribuyendo el botín, funciones que pueden imitar las de la gobernanza.

Sin embargo, el colapso de los mecanismos de adaptación tradicionales no es solo institucional, también es cultural y político. Los pueblos del Sahel han desarrollado durante largo tiempo sistemas complejos de conocimiento para interpretar los ciclos ecológicos, anticipar las lluvias y coordinar los desplazamientos de los rebaños a través de territorios vastos e inhóspitos. No eran simples costumbres, eran formas de gobernanza arraigadas en rituales, obligaciones sociales y acuerdos intercomunitarios. La volatilidad climática ha desestabilizado estos sistemas de conocimiento, cuyo funcionamiento dependía de ritmos ecológicos relativamente predecibles. Las lluvias erráticas hacen que los calendarios agrícolas indígenas sean poco confiables, mientras que los ciclos de pastoreo alterados obligan a lxs pastorxs a abandonar rutas migratorias tradicionales. (Zougmoré et al., 2023; Turner, 2011). A medida que estas tecnologías culturales se desintegran, las comunidades pierden su capacidad de autorregular el uso de los recursos, lo que crea más oportunidades para el conflicto y deslegitima aún más tanto a las autoridades ancestrales como a las instituciones estatales.

Las mujeres y las niñas se encuentran en el epicentro de esta crisis político-climática entrelazada, aunque sus experiencias suelen clasificarse erróneamente como sociales en lugar de políticas. A medida que el agua y la leña escasean, las mujeres deben recorrer distancias más largas cada día, lo que reduce el tiempo disponible para la participación económica o cívica (Carney, 1993; Ilboudo Nébié et al., 2024). Los impactos climáticos pueden llevar a las familias a retirar a las niñas de la escuela o a empujarlas al matrimonio precoz, un retroceso que debilita aún más los cimientos sociales de la participación democrática y la igualdad de género. Existe también evidencia de que el estrés económico provocado por la sequía se correlaciona con un aumento de la violencia de pareja (Cools y Kotsadam, 2017). Estas presiones limitan la capacidad de acción política de las mujeres y su capacidad para participar en la toma de decisiones comunitarias, la construcción de la paz o la gobernanza local. El cambio climático, por lo tanto, no solo está reconfigurando los paisajes físicos, sino estrechando el espacio político para la mitad de la población.

Consideradas en conjunto, las dinámicas descritas, el conflicto por los recursos, la erosión de la autoridad estatal, la expansión de los grupos armados, el colapso de los sistemas de gobernanza no estatales y la reducción de la capacidad política de las mujeres, configuran una crisis política entrelazada en la que el estrés climático intensifica contradicciones enraizadas en la intervención imperialista, el desarrollo desigual y el debilitamiento de las instituciones públicas y comunitarias. El cambio climático no opera como un impacto externo, sino como una fuerza que reorganiza el poder, reconfigurando las luchas por la tierra, la movilidad y la autoridad en todo el Sahel. Estos procesos no se desarrollan de manera uniforme en toda la región. Están mediados por historias nacionales, trayectorias estatales y decisiones políticas. Para comprender cómo la crisis climática se convierte en la práctica en una crisis política, es necesario, por tanto, examinar estas dinámicas en el contexto de países específicos. A menos que la justicia climática, la adaptación equitativa y el fortalecimiento de las instituciones sociales se sitúen en el centro de la estrategia política de la región, la espiral descendente continuará, convirtiendo el impacto climático en convulsión política y la degradación ambiental en colapso estatal.

Impulsado por la defensa de la soberanía alimentaria, el cultivo de maíz orgánico se ha convertido en parte de la resistencia campesina frente a la expansión de las semillas genéticamente modificadas en Burkina Faso.

Parte II: Mali y Sudán

Mali

Antes de que las tropas francesas invadieran el recodo del río Níger en la década de 1890, las sociedades de África Occidental ya habían desarrollado sistemas para gobernar la tierra, el agua y la movilidad pastoral. En Mali, los manuscritos de Tombuctú producidos entre los siglos XV y XIX vinculaban la legitimidad política con la protección de los medios de subsistencia, combinando el razonamiento jurídico con la observación astronómica para anticipar las lluvias y las inundaciones estacionales.⁶ El Imperio Macina (1818–1862) formalizó posteriormente este enfoque a través de la dina (un código legal integral que regulaba el uso de la vasta llanura aluvial estacional del río Níger, el Delta Interior del Níger, entre lxs pastorxs fulani, lxs agricultorxs dogon y bambara, y lxs pescadorxs bozo). Este sistema era supervisado por una jerarquía de autoridades, incluidos los jefes pastorales conocidos como jowros, que coordinaban la entrada estacional del ganado, mantenían los corredores ganaderos y mediaban los conflictos por los recursos basándose en los patrones de inundación observados (Benjaminsen y Ba, 2021: 4-26, 73).

Estos manuscritos y sistemas de gobernanza demuestran que la gestión de los recursos y el medio ambiente en Mali era inseparable de la legitimidad política, la obligación social y el trabajo productivo, en lugar de ser tratada como un problema técnico de seguridad. El estrés ambiental era entendido como un fracaso político cuando lxs gobernantes no protegían los medios de subsistencia. Lo que hoy se describe como “conflicto estimulado por el clima” es, en realidad, el resultado de la destrucción sistemática de la capacidad estatal necesaria para gestionar los sistemas regulatorios, primero por el colonialismo francés, luego por la formación del Estado neocolonial y, hoy en día, intensificada por el cambio climático antropogénico que opera dentro de estructuras de desarrollo estancado.

El colonialismo francés desmanteló la capacidad regulatoria de las instituciones existentes mientras conservaba sus funciones extractivas. En Mali, la ley de tierras despojó a los jefes pastorales de su estatus jurídico al tiempo que seguía utilizándolos para controlar el acceso pastoral y recaudar tasas, generando una condición de doble ilegitimidad, al perder tanto la autoridad consuetudinaria como la jurídica. Al reconocer únicamente los títulos de propiedad individuales, la legislación colonial sobre la tierra subordinó los derechos consuetudinarios y pastorales de uso de la tierra, privilegió la agricultura sedentaria y dejó al pastoreo móvil en una situación de precariedad jurídica.

El primer presidente de Mali, Modibo Keïta (1960–1968), desafió este legado. Inspirado en el socialismo del Tercer Mundo, su gobierno se retiró de la Comunidad Francesa,⁷ abandonó el sistema monetario respaldado por Francia conocido como la zona del franco CFA, nacionalizó industrias clave y promovió un desarrollo dirigido por el Estado orientado a restituir la autoridad sobre la tierra y los recursos, en un contexto de creciente variabilidad ambiental, incluidos los esfuerzos por limitar el poder político de las élites pastorales intermediarias. Esto incluyó el rechazo de los planes respaldados por Francia para externalizar el control de los recursos en las regiones desérticas de Mali, en particular la Organisation commune des régions sahariennes [Organización Común de las Regiones Saharianas – OCRS], un proyecto colonial francés tardío que buscaba mantener el control sobre el territorio y los recursos del Sáhara más allá de las fronteras coloniales, avivando las divisiones entre grupos étnicos.

El gobierno militar de Moussa Traoré (1968–1991), que derrocó a Keïta mediante un golpe de Estado en 1968, revirtió estas medidas y restableció un papel privilegiado para las empresas y las finanzas francesas en el comercio, la banca y la contratación pública durante la década de 1980. Esta restauración de los privilegios comerciales franceses revelaba la función del régimen de Traoré dentro del sistema Françafrique (una matriz informal de mecanismos políticos y económicos de control francés en sus antiguas colonias africanas). Al igual que con otros líderes nacionalistas radicales en el África francófona, el desafío de Keïta al control neocolonial fue abruptamente suprimido.

Bajo el mandato de Traoré, los jefes pastorales fueron paulatinamente rehabilitados, pero dentro de unas estructuras legales y administrativas que habían perdido su función de coordinación precisamente cuando la variabilidad ambiental se intensificaba. Los códigos de propiedad de tierras reconocían únicamente los títulos de propiedad individuales, lo que redujo los derechos consuetudinarios a débiles derechos de uso y transformando a los jefes pastorales de gestores de recursos en agentes de extracción de rentas. A medida que las precipitaciones se volvían cada vez más irregulares tras las sequías de finales de la década de 1960 hasta la de 1980 y la “recuperación” parcial de la década de 1990, que se estancó hacia 1999, el acceso a los corredores de pastoreo y a los pastizales de las llanuras aluviales se volvió más disputado, lo que permitió a lxs políticxs redefinir la entrada del ganado como una fuente de ingresos. Aunque los jefes pastorales seguían siendo responsables de gestionar estos corredores, carecían de autoridad legal sobre ellos y pasaron a depender de los funcionarios del gobierno local que controlaban el acceso y extraían rentas.

El aumento de las tasas de acceso a los pastizales de las llanuras aluviales, impulsado por la necesidad de financiar sobornos a funcionarios locales, recaía de manera desproporcionada sobre lxs pastorxs de las tierras áridas. A diferencia de lxs agropastorxs, no disponían de tierras agrícolas a las que recurrir, y sus rebaños dependían del acceso estacional a los pastizales de las llanuras aluviales del delta. Mientras tanto, agencias estatales como la autoridad de desarrollo arrocero Office riz Mopti (Oficina de Arroz de Mopti) confiscaban pastizales ricos en nutrientes sin ofrecer compensaciones significativas por la pérdida de acceso al pastoreo a las comunidades pastorales a las que en teoría servían, mientras que los tribunales emitían fallos deliberadamente ambiguos en un clima de sobornos generalizados, perpetuando el conflicto para garantizar la extracción continua. Aunque las instituciones de gobernanza pastoral permanecieron formalmente en pie, su capacidad para coordinar la tierra, el agua y la movilidad bajo la creciente presión climática fue desmantelada sistemáticamente (Benjaminsen y Ba, 2021).

Los programas de ajuste estructural (PAE), implementados a partir de 1988 y profundizados durante la década de 1990, agudizaron esta crisis al desmantelar la capacidad del Estado para regular la tierra, el agua y la movilidad precisamente cuando la variabilidad de las precipitaciones se intensificaba. Las condiciones impuestas por el Banco Mundial y el FMI redujeron el personal de extensión veterinaria y agrícola, eliminaron los subsidios a los insumos (con fuertes aumentos en los precios de los fertilizantes), privatizaron el mantenimiento de los puntos de agua e impusieron una devaluación monetaria del 50% en 1994, lo que colapsó la infraestructura rural al tiempo que forzaban una comercialización orientada a la exportación (Banco Mundial, 1996; FMI, 1998; Inter-reseaux, 2020). A medida que desaparecía la capacidad de mediación, se intensificó la competencia por la tierra y se criminalizó la movilidad pastoral, lo que generó una extracción de rentas continua de las economías pastorales. Lxs pastorxs fulani de clase baja fueron desposeídxs sistemáticamente mientras los funcionarios estatales y las élites pastorales acumulaban rentas. La gobernanza pastoral se convirtió en un mecanismo de extracción. El cambio climático intensificó estas condiciones al reducir los pastizales disponibles, aumentar lo que estaba en juego en el control de acceso y forzar migraciones más largas hacia territorios desconocidos donde una extracción depredadora podía imponerse con mayor facilidad (Benjaminsen y Ba, 2019: 1-20).

A medida que el Estado se retiraba de sus funciones de gobernanza, los grupos armados, no movimientos de liberación, sino actores que explotaban el vacío dejado por el colapso institucional, actuaron para dar respuesta a las reivindicaciones materiales que ninguna autoridad política estaba dispuesta a enfrentar. Entre 2015 y 2018, Katiba Macina (el Frente de Liberación de Macina), un grupo yihadista armado formado en 2015 que reclutaba su base principalmente entre pastores fulani marginalizados y que, a partir de 2017, operó bajo la bandera de Jama’at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (Grupo de Apoyo al Islam y a los musulmanes, JNIM por su sigla en árabe), afiliado a al-Qaeda, abolió todas las tasas de pastoreo. Estas tasas habían sido impuestas por los jefes pastorales para acceder a los pastizales de la llanura aluvial, ricos en nutrientes y habían consumido una parte sustancial de los ingresos en efectivo de lxs pastorxs (Benjaminsen, 2024: 41-69). La abolición de las tasas eliminó una fuente importante de extracción de rentas, aliviando la carga económica y mejorando el acceso a los pastizales para lxs pastorxs de tierras áridas. Para los hogares más pobres, esto significó un alivio material inmediato, con frecuencia, la diferencia entre la viabilidad y la desposesión (Benjaminsen y Ba, 2019).

En este contexto, la división de clases dentro de las comunidades fulani y dogon moldeó los patrones de movilización armada. Entre lxs fulani, los jefes pastorales adinerados y propietarixs de ganado se enfrentaban a lxs pastorxs pobres de tierras áridas. Las comunidades agrícolas dogon se estratificaron de manera similar entre propietarixs de tierra vinculadxs a los programas estatales y agricultorxs sin tierra que enfrentaban inseguridad alimentaria. Las políticas estatales utilizaron estas divisiones de clase como arma. La Oficina de Arroz de Mopti desplazó corredores pastorales y accesos a pastos de manera que favoreciera a lxs agricultorxs adineradxs, generalmente sin compensación significativa para lxs pastorxs. A medida que las fuerzas estatales se retiraban de las zonas rurales después de 2015, las autoridades malienses delegaron la seguridad local a las milicias de cazadores dozo (fraternidades tradicionales reconvertidas en grupos armados) y les proporcionaron entrenamiento, armas y apoyo financiero. La más estructurada de estas milicias, Dan Na Ambassagou, reclutaba principalmente entre la juventud dogon empobrecida, cuya desposesión canalizaron hacia una hostilidad étnica dirigida contra las comunidades fulani, en lugar de contra las élites que despojaban a ambos. Las consecuencias fueron devastadoras. En la masacre de Ogossagou de marzo de 2019, los combatientes de Dan Na Ambassagou asesinaron a aproximadamente 160 civiles fulani, una atrocidad que forzó la renuncia del primer ministro, pero no produjo una rendición de cuentas duradera (Nsaibia, 2025).

Si bien el estrés climático no creó esta división de clases, multiplicó sus efectos: las lluvias erráticas y los pastizales degradados significaban que el acceso oportuno al delta se volvía aún más crítico, transformando las tasas abusivas en barreras existenciales. Fue esta intensificación de la extracción preexistente, no la escasez en sí misma, lo que impulsó a lxs pastorxs a la resistencia armada.

A pesar de imponer códigos sociales coercitivos, incluidas restricciones a la libertad de movimiento de las mujeres y violencia contra quienes disentían, Katiba Macina logró resolver disputas de tierras, regular el acceso a los pastos y hacer cumplir las indemnizaciones por daños a los cultivos, desempeñando así funciones de gobernanza que el Estado neocolonial había abandonado. El impacto económico concreto de la abolición de tasas ayuda a explicar por qué lxs pastorxs de tierras áridas apoyaron a Katiba Macina y, posteriormente, a JNIM en general, ya que esta organización abordaba agravios que ninguna otra fuerza política había enfrentado. Después de que Katiba Macina restableciera tasas menores en 2018, bajo la presión de los jowros, muchos pastorxs de tierras áridas trasladaron su lealtad a Dawlat il Islamia (el Estado Islámico en el Gran Sahara, EIGS), una nueva facción alineada con el Estado Islámico formada a finales de 2019, cuyo llamado a la colectivización de la tierra y al fin de los pagos por el acceso a los pastizales apelaba directamente a lxs fulani de clase baja (Benjaminsen y Ba, 2019; Benjaminsen y Ba, 2021).

La división entre JNIM e EIGS no se debió a diferencias en la doctrina religiosa ni a estrategias de adaptación climática, sino a la cuestión de si las élites fulani podían continuar extrayendo rentas de lxs pastorxs pobres. El llamado del EIGS a la colectivización de la tierra desafió directamente el poder de clase de los jefes pastorales, captando el apoyo de lxs fulani de clase baja que enfrentaban tanto el estrés ambiental como la explotación de clase sistemática. El estrés climático amplificó estas dinámicas al hacer más crítico el acceso a los recursos, pero la lucha en sí misma era una disputa sobre quién fijaría las reglas de movilidad, acceso a los pastos y compensaciones en el delta. La narrativa estatal del “conflicto étnico” ha servido para ocultar estas dinámicas de clase. Al presentar la violencia como un antagonismo primordial entre fulani y dogon, impide la solidaridad entre lxs agricultorxs y pastorxs pobres que enfrentan la explotación a manos de la élite y justifica las operaciones militares como una forma de “contraterrorismo”.

En este contexto, la Alianza de Estados del Sahel (AES), formada en septiembre de 2023 por Mali, Burkina Faso y Níger y formalizada como confederación en julio de 2024, representa un intento de romper con la dependencia neocolonial y recuperar el control de los recursos, abriendo espacio para una adaptación climática integral. Los documentos de planificación de Mali, la Estrategia Nacional para la Emergencia y el Desarrollo Sostenible 2024–2033 y Mali Kura ɲɛtaasira ka bɛn san 2063 ma [Un nuevo Mali: Una visión para 2063], enmarcan explícitamente la soberanía como un requisito previo para la restauración ambiental y promueven políticas como la inversión pública en infraestructura de riego y pastoril, la restauración de los corredores de pastoreo y la priorización de la soberanía alimentaria por sobre la agricultura orientada a la exportación.

Sin embargo, la AES enfrenta profundos retos, como la deuda heredada, su limitada capacidad industrial, el conflicto armado en curso y la presión de Francia y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO). La dependencia de Mali de inversionistas extranjeros plantea preguntas cruciales sobre si la AES será capaz de alcanzar una soberanía genuina o cederá ante los intereses del imperialismo francés. No obstante, esta alianza se hace eco del reconocimiento de Keïta de que las crisis ambientales no pueden abordarse sin confrontar al imperialismo.

Uno de los logros de la Asociación de Mujeres Watinoma fue la instalación de un pozo con una bomba solar y un reservorio de 15 m³, garantizando el acceso al agua incluso durante la estación seca.

Sudán

Darfur, del árabe Dār Fūr, significa “patria del pueblo fur”. No obstante, hoy la palabra evoca con frecuencia una sensación de crisis natural permanente. Catalogado como “el primer conflicto del mundo provocado por el cambio climático” por organizaciones humanitarias, funcionarios de la ONU y analistas de política exterior, esta designación oculta tanto como explica (Kamen, 2021). Cuando el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, declaró en 2007 que “el conflicto de Darfur comenzó como una crisis ecológica, surgida al menos en parte del cambio climático”, realizó un conocido juego de manos: reconoció el estrés ambiental al tiempo que ocultó sistemáticamente la economía política que transformó la sequía en genocidio (2007). La narrativa avanza de manera predecible: a medida que el desierto del Sahara avanza un kilómetro y medio al año y las precipitaciones disminuyen entre un 15% y un 30%, lxs pastorxs árabes y lxs agricultorxs africanos negros compiten por recursos cada vez más escasos y se reavivan antiguos odios étnicos. El clima se convierte en el motor principal. La clase desaparece por completo.

La violencia que estalló en Darfur en 2003 y que posteriormente se extendió a Kordofán y el Nilo Azul no fue ni un brote repentino de conflicto étnico ni una combustión espontánea de la escasez. Fue precipitada por una convergencia estructural en la que la aceleración de las alteraciones climáticas se entrecruzó con una economía política forjada por una prolongada reestructuración neoliberal y la depredación estatal. El conflicto es, en esencia, una guerra de clases ecológica. El Estado ha desmantelado sistemáticamente los medios de vida tradicionales, privatizado los recursos comunales y creado una población desposeída que depende de una economía militarizada, todos ellos factores que han amplificado la precariedad ambiental. El resultado es más que una crisis humanitaria; es la reestructuración violenta de la sociedad para la acumulación de capital.

El deterioro físico del medio ambiente de Sudán es agudo: el 40% de los años registrados (entre 1943 y 2017) en Darfur del Sur fueron clasificados como años de sequía, junto con el avance hacia el sur de la desertificación (PNUMA, 2007; Atiem et al., 2022: 1069). No se trata de una “escasez” neutral: es una consecuencia geográficamente desigual del orden económico mundial, que ha externalizado sus costos ecológicos hacia la periferia. En Sudán, la aceleración del calentamiento antropogénico actúa como un brutal amplificador de las vulnerabilidades existentes.

El estrés ecológico solo se convierte en una catástrofe cuando se encuentra con un sistema político que antepone el lucro a las personas. En Sudán, el punto de inflexión llegó con el golpe de Estado de 1989 y la reestructuración neoliberal bajo Omar al-Bashir, impuesta por los PAE del FMI y el Banco Mundial, que exigían la eliminación de los subsidios agrícolas, la privatización de las tierras comunales y el desmantelamiento de los servicios de apoyo estatal (Bush, 2007). Esta retirada estratégica del Estado destruyó el contrato social en las zonas rurales de Sudán. El régimen de al-Bashir utililizó activamente esta nueva ecología política como arma, transformando la tierra de un recurso comunal en una moneda de clientelismo asignada a las élites afines al régimen que mecanizaron la agricultura, bloquearon los corredores pastorales y despojaron a lxs agricultorxs (de Waal, 2005). Para sofocar la agitación resultante, el Estado subcontrató la violencia a milicias pastoralistas, los Janja’wid (demonios a caballo), otorgándoles carta blanca para apoderarse del ganado, las cosechas y la tierra (Tricontinental y Asamblea Internacional de los Pueblos, 2025). En este proceso, los activos fueron transferidos violentamente de manos comunitarias a privadas, creando una nueva clase de acumuladores militarizados.

La fiebre del oro del siglo XXI, impulsada por los mercados globales, superpuso una frenética lógica extractiva sobre este sistema. Las milicias, en particular las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF por su sigla en inglés), evolucionaron hasta convertirse en empresas capitalistas que controlaban minas y rutas de contrabando. (Craze, 2025). El desplazamiento de la población impulsado por el clima ha creado una reserva de mano de obra desesperada y abierto nuevos territorios para la captura de recursos, monetizando de manera efectiva el desplazamiento humano y ecológico (Romankiewicz y Doevenspeck, 2015: 79-100).

La narrativa de “árabes contra africanos negros” es una poderosa herramienta política que el régimen cultivó y utiliza activamente para contener un conflicto de clases en auge. Esta estrategia etnificó lo que era fundamentalmente una crisis por los medios de producción, sobre todo la tierra fértil y el agua, bajo condiciones de escasez inducida. Ha impedido la conformación de un frente unificado de lxs desposeídxs y ha permitido que los grupos armados recluten siguiendo líneas de identidad fragmentadas, capitalizando la angustia de un pueblo cuya esperanza de una vida digna ha sido aniquilada.

El camino hacia la radicalización sigue un circuito claro de desposesión. Los hombres jóvenes, separados de los medios de vida agrarios o pastorales por impactos ecológicos y económicos combinados, ven su fuerza de trabajo convertida en mercancía en su forma más brutal: como combatientes armados. Por lo tanto, las RSF no son simplemente una milicia. Operan como una empresa gobernante que ofrece salarios, resolución de disputas y protección en zonas donde el Estado solo ofrece abandono o violencia. Unirse a ellas se convierte en una estrategia racional de supervivencia en una economía colapsada, transformando el estrés ecológico en mano de obra militar (Verhoeven, 2011: 679-707).

En este contexto, los actores internacionales son componentes integrales del sistema que configura y explota la crisis, y no salvadores externos. Entre estos actores se encuentran:

• Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que han financiado a las RSF como fuerza mercenaria para acceder al oro de Sudán. Esto representa una nueva modalidad imperial, en la que el capital del Golfo utiliza la acumulación militarizada para asegurar recursos y proyectar poder (Kebede, 2025).
• La Unión Europea, cuyo financiamiento, canalizado a través del Proceso de Jartum hacia agencias estatales sudanesas para el control fronterizo, efectivamente dotó de recursos y legitimó a fuerzas -incluidas unidades vinculadas a las RSF- encargadas de frenar la migración. Esta política militarizó directamente la respuesta a las poblaciones desplazadas por el clima, tratando a las víctimas de esta crisis político-ecológica como una amenaza para la seguridad (Andersson, 2014).
• Las instituciones financieras occidentales, que crearon las condiciones para el colapso del Estado y la vulnerabilidad social, mediante la deuda y los PAE, convirtiendo a Sudán en terreno fértil para las sucesivas oleadas de crisis. (Kadri, 2016).

La revolución sudanesa de 2019 y los comités de resistencia persistentes (organismos de base barrial que coordinaron el levantamiento y continúan organizando la gobernanza civil en medio de la guerra) representan un profundo desafío a toda esta estructura (Mohamed Sahil, 2021). Sus demandas de democracia, justicia y paz son a la vez antiimperialistas y ecológicas, dado que un proyecto soberano y progresista en Sudán requeriría desmantelar la economía de guerra, renacionalizar y democratizar el control sobre la tierra y la riqueza mineral, y poner en marcha una restauración agroecológica masiva para reconstruir la resiliencia comunitaria. Esto confrontaría directamente los intereses de la élite local militarizada y de sus patrocinadores internacionales, intereses que ambos actores nacionales del conflicto actual (las Fuerzas Armadas de Sudán y las RSF) buscan proteger. Esta guerra es, trágicamente, una batalla entre facciones rivales de esa élite por el botín del sistema, que mantiene a las masas atrapadas en la ecología de la desposesión. Una verdadera resolución no se alcanzará mediante un alto al fuego entre generales que representan a esa élite, sino mediante una transformación revolucionaria de las relaciones político-ecológicas que definen la vida sudanesa.

Conclusión

En todo el Sahel, las condiciones de vida han estado definidas desde siempre por el desierto. Artistas como Tinariwen, una banda tuareg considerada pionera del llamado “blues del desierto”, han cantado sobre el exilio, el despojo y la sed en el norte de Mali. Su canción Tenere maloulat [El desierto blanco] describe una condición familiar para la mayoría de los habitantes en la región: “perdidx en la noche, mi sed, mi deseo de agua me despertó”. Ni metáfora ni constatación de un hecho natural, esta canción engloba las condiciones políticas vividas por los pueblos del Sahel. Cuando quienes habitan el Sahel cantan al agua negada, a la tierra perdida, a la vida relegada a los márgenes, nombran lo que este dossier ha argumentado: la catástrofe climática en el Sahel no se experimenta como un cambio ambiental abstracto, sino como la intensificación de una economía política ya de por sí violenta. La sequía, el calor y las lluvias irregulares se vuelven catastróficos allí donde el imperialismo, la reestructuración neoliberal y la depredación estatal han desmantelado las protecciones colectivas y transformado la tierra, el agua y el trabajo en sitios de extracción. La sed, en el Sahel, es creada por el capitalismo.

Lo que está en juego es una lucha por la soberanía, el poder de clase y la organización social de la propia naturaleza. Cualquier camino hacia adelante debe, por lo tanto, romper con la securitización climática y centrarse, en su lugar, en la soberanía alimentaria, el control democrático sobre la tierra y el agua y la reconstrucción de instituciones públicas y comunitarias capaces de gestionar la variabilidad ambiental. El futuro del Sahel no se asegurará con muros fronterizos, bases militares o mercados, sino enfrentando las estructuras capitalistas e imperialistas que convierten el estrés climático en despojo y guerra. En este sentido, la lucha que se desarrolla en el Sahel no es periférica a la lucha global contra el capitalismo, es uno de sus frentes más intensos.

Entre las prácticas agroecológicas de la asociación se encuentra el uso de un biopesticida elaborado con hojas de nim, jengibre machacado, ajo y chile, cuya acidez y amargor ahuyentan los insectos y reducen los daños en los cultivos.

Notas

Referencias Bibliográficas

La selección se realizó en colaboración con Feminismo Gráfico, colectivo dedicado a recopilar, recuperar y visibilizar autoras de historieta y humor gráfico de Argentina desde comienzos del siglo XX hasta la actualidad. Feminismo Gráfico construye una genealogía crítica del medio historietístico desde una perspectiva feminista, disputando sentidos en un lenguaje popular históricamente subestimado y poniendo en el centro las experiencias de mujeres y disidencias. El archivo puede visitarse en:  feminismografico.com.

Dani Ruggeri (Argentina), Colectivo, 2026.

Introducción

Desde 2016, manifestaciones de mujeres vestidas de rosa y hombres de azul, como forma de marcar los roles sociales tradicionales de género, recorren América Latina, con el rechazo a la diversidad sexual y de género como estandarte. Han estado acompañadas de una fuerte presencia en redes sociales, con hashtags como #NoALaIdeologiaDeGenero #ConMisHijosNoTeMetas #AMisHijosLosEducoYo #ConLosNiñosNo.

Estas embestidas que tienen su origen en la década de 1970 en Estados Unidos y reemergen en el siglo XXI, forman parte de una oleada anti género y antifeminista amparada por el fundamentalismo religioso cristiano que ha incluido a países católicos de Europa occidental como España e Italia; de Europa del Este como Croacia, Hungría, Polonia y Eslovenia, y que también llegó a Australia y a África Subsahariana, donde más de la mitad de los Estados criminaliza a las diversidades sexo genéricas, y campañas para sabotear la educación sexual integral, restringir el acceso a anticonceptivos y obstaculizar el aborto seguro están presentes en muchos países (Chela, 2023; Corrêa, 2018).

En paralelo a la irrupción de esta nueva ola conservadora, América Latina vivió un intenso ciclo de movilización social feminista de carácter internacional (2015-2019) que además de cuestionar el avance del neoliberalismo sobre cuerpos y territorios y este “nuevo” discurso anti-derechos; tensionó, amplió y muchas veces desbordó los marcos estatales y las agendas de los gobiernos progresistas de la región.

La extrema derecha actual es transnacional y ha ganado fuerza en todo el mundo, desde Filipinas a Hungría, pasando por India y Argentina. En este dossier abordamos cómo en América Latina sus tentáculos se entrelazan con los de organizaciones ultraconservadoras globales, regionales y locales, tanto religiosas como seculares, para promover una agenda contra los derechos de las mujeres y de las diversidades sexo genéricas. La campaña Con Mis Hijos No Te Metas (CMHNTM), con presencia en casi toda la región, nos sirve como eje principal para analizar cómo esta agenda ultraconservadora incide en diferentes países. La describimos con más detalle en la sección tres.

Analizamos seis países de América Latina procurando abordar diversos tipos de implantación de CMHNTM en el período 2016-2025. Incluimos a Perú donde la campaña fue creada; Ecuador, donde fue exportada primero y comenzó a operar durante un gobierno progresista en lo económico y político; Argentina, con el movimiento feminista más fuerte de la región y con grandes avances legales e institucionales en cuestión de derechos de las mujeres y de las diversidades sexo genéricas; Chile, donde el enorme levantamiento popular de 2019 no logró consolidar muchos avances para el conjunto de la población, mientras que el movimiento feminista sí ha logrado algunos; El Salvador, uno de los países más conservadores con respecto a derechos sexuales y reproductivos, que comparte con Brasil, que también analizamos, un fundamentalismo evangélico muy fuerte y el hecho de que aunque la campaña CMHNTM prácticamente no operó, si lo hicieron otros dispositivos y campañas muy similares.

1. La cuestión de las mujeres en América Latina: entre la transición democrática y la consolidación neoliberal

La agenda de las mujeres en América Latina surgió entre las décadas de 1970 y 1980 como parte de las luchas contra las dictaduras, las desigualdades estructurales y el neoliberalismo, articulando demandas sobre violencia de género, derechos reproductivos, reconocimiento del trabajo de cuidados y participación política, en interlocución con la agenda internacional de la ONU, y también en diálogo y tensión con movimientos sindicales, campesinos y de derechos humanos. Esta agenda se institucionalizó parcialmente en las décadas de 1980 y 1990 mediante políticas de género y organismos estatales, pero se desarrolló en contradicción con la hegemonía neoliberal, que impuso ajustes estructurales, desvalorización del Estado como promotor del bienestar y exaltación del mercado como esfera organizadora de la vida social, cambios que afectaron de manera desproporcionada a las mujeres, especialmente a las pobres y racializadas (Anzorena, 2013).

Las políticas de austeridad y la reducción del financiamiento del bienestar social reforzaron la transferencia de los costos de la reproducción a los hogares (Safa, 1992). El resultado ha sido la intensificación de la explotación invisible del trabajo doméstico y de cuidados, realizado mayoritariamente por mujeres¹, lo que configura lo que Nancy Fraser (2023) denomina “crisis del cuidado”: la creciente demanda de cuidados en condiciones sociales e institucionales cada vez más deterioradas. Esta sobrecarga es un mecanismo funcional para el capital, garantiza la reproducción cotidiana de la fuerza de trabajo sin costo directo para el Estado o el empleador (Vogel, 2022; Federici, 2019), profundizando los mecanismos de explotación orientados a la acumulación de capital.

En paralelo a este proceso, la flexibilización, la precariedad, la ampliación de la informalidad y el aumento del trabajo autónomo inherentes al neoliberalismo, afectaron más a las mujeres, ya que la ausencia de apoyo estatal limitó y limita tanto sus condiciones de acceso a los mercados de trabajo² como la permanencia en empleos más estables. En América Latina y el Caribe, las mujeres se incorporan principalmente a sectores de baja remuneración, alta rotación y ausencia de garantías, mientras siguen realizando, de forma invisible y no remunerada, el trabajo doméstico y de cuidados (Safa, 1992). En 2023, el 26% de las mujeres no tenía ningún tipo de ingresos propios, frente a solo el 10% de los hombres (CEPAL, 2024).

En este escenario, en el que el hogar se convirtió en un amortiguador de la crisis, los discursos sobre «valores familiares», «resiliencia» y «responsabilidad individual» legitimaron el retroceso del Estado y naturalizaron la expectativa de que las familias absorban las consecuencias del desempleo y la precariedad (Biroli, 2014).

La reconfiguración del rol del Estado neoliberal implicó además la reorganización de relaciones sociales alrededor de las propias iniciativas de la sociedad civil, las comunidades autoorganizadas. Junto con los hogares, los procesos socio comunitarios absorbieron parte de las tareas reproductivas, lo que dio lugar a cierta ampliación de lo doméstico más allá del hogar y a la expansión de la feminización de la reproducción comunitaria de la vida (Bascuas y Barón, 2025). Estas narrativas e implicaciones de la retracción del Estado en materia social, siguieron trayectorias no lineales. Por un lado, se articularon con la idea del «emprendimiento femenino» como símbolo de autonomía, enmascarando las desigualdades estructurales. Por el otro, la politización de las mujeres de barrios populares y la construcción de estrategias colectivas autogestionadas frente a la crisis también construyó un campo de disputa y confrontación contra el neoliberalismo en donde las mujeres tuvieron un papel central (Andújar, 2005). Como muestran Fraser (2023) e Hirata y Kergoat (2007), esta retórica desplazó el debate al plano del esfuerzo individual, ocultando las condiciones materiales y sociales de la explotación de las mujeres; pero también encontró su propio desborde, en la práctica y el trabajo comunitario de las mujeres de los barrios populares vinculados a sobrevivencia y reproducción de la vida.

La ampliación de derechos tras la crisis neoliberal

Desde la primera década del siglo XX se experimentó un declive de la legitimidad neoliberal, impulsado por un fuerte proceso de la movilización y conflictividad social que dio lugar a un ciclo de impugnación neoliberal (Ouviña y Thwaites Rey, 2019) —con mayor impacto entre los años 2000 a 2013— y al ascenso de gobiernos progresistas que, en mayor o menor grado, contaron con soporte de movimientos sociales organizados (Gago 2019; Ouviña, 2022).

Durante el auge de los gobiernos progresistas latinoamericanos (2000-2015), el Estado amplió el reconocimiento institucional de los derechos de las mujeres y las diversidades sexo genéricas, incorporando parcialmente la perspectiva de género en las políticas públicas. Se crearon ministerios especializados, leyes contra la violencia de género, reformas redistributivas de los sistemas de pensiones, programas de salud sexual y reproductiva, educación sexual integral; en algunos casos se reconocieron identidades de género, uniones civiles o matrimonio igualitario y en otros pocos como el argentino, cupo laboral trans³. Estas políticas se sustentaron en marcos internacionales de derechos humanos como la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación a la Mujer), la Convención de Belém do Pará y el proceso Beijing+10, en diálogo con la agenda global feminista que ganó fuerza en la región.

Pese a los avances del ciclo progresista latinoamericano, la igualdad de género enfrentó obstáculos persistentes: enfoques asistencialistas, informalidad laboral femenina, financiamiento insuficiente y bloqueos de alianzas conservadoras, religiosas y empresariales a iniciativas como la educación sexual y el reconocimiento del trabajo de cuidados. La brecha entre la ampliación formal de programas y su restringido impacto transformador en la vida de las mujeres evidencia que los poderes económicos, culturales y patriarcales limitaron el alcance del Estado durante todo el período. Los datos de 2023 lo confirman: solo 35,8% de representación femenina en los parlamentos nacionales y 3.897 feminicidios en la región (CEPAL, 2024).

Las revueltas feministas contra el neoliberalismo

Hacia mediados de la década de 2010, el agotamiento del ciclo progresista latinoamericano abrió una nueva etapa de reconfiguración política en la región. Las limitaciones estructurales de los proyectos posneoliberales: dependencia de rentas extractivas, persistencia de regímenes fiscales regresivos y dificultad para transformar las bases productivas debilitaron su capacidad redistributiva y su legitimidad social. Este proceso fue acompañado por una ofensiva neoliberal renovada, orientada a restaurar el poder del capital financiero y a reinstalar la lógica del mercado como principio organizador de la vida social.

Desde fines de la primera década del siglo y con mayor fuerza en la siguiente, los feminismos populares, comunitarios y sindicales —junto con los movimientos por la diversidad sexual y los derechos reproductivos— protagonizaron una renovación del repertorio político feminista, articulando luchas contra la violencia machista, los femicidios, la precarización laboral, el reconocimiento de los cuidados, el racismo y el extractivismo. Movilizaciones masivas por el derecho al aborto, o las huelgas feministas internacionales hicieron visible la conexión entre la explotación del trabajo de las mujeres y las violencias estructurales del capitalismo y el patriarcado.

Valeria Reynoso (Argentina), fragmento del fanzine Se vos, Editorial In Bocca al Lupo, 2017.
La frase es una cita literal de Lohana Berkins, líder travesti trans en Argentina, fundadora de ATTTA (Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina) e impulsora de la Ley de Identidad de Género (Ley 26.743).

2. La extrema derecha actual y su pánico moral

En la última década, una ola de terror azota América Latina. Los cuerpos de las mujeres y de las personas de las diversidades sexo genéricas, más aún si son pobres y/o racializados, han sido uno de los blancos fundamentales de discursos de odio y prácticas violentas. Con el avance del neoliberalismo y la crisis de las derechas tradicionales, incapaces de responder a las insatisfacciones de las clases trabajadoras del continente (Katz, 2024), surge una nueva cara de la derecha que ha captado los corazones y las mentes de la población. La extrema derecha actual, aliada con los fundamentalismos cristianos, llegó a los hogares de la clase trabajadora, incluso a los más empobrecidos, mediante un discurso muy didáctico centrado en la defensa de la familia y en la construcción de un enemigo a destruir: todo lo que no se encuentre dentro de la heteronormatividad es una fuerza del mal que se debe combatir para garantizar la prosperidad de la familia, reconociendo como válido un único modelo: marido, mujer, hijxs.

En la región ya hay antecedentes de este uso de la idea de familia tradicional para disciplinar cuerpos y subjetividades, fragmentar a los sectores populares y construir enemigos internos que desvíen la atención de las causas estructurales de la desigualdad. El integrismo católico de las décadas de 1920 y 1930 especialmente presente en Argentina y Brasil defendía la imposición de la religión católica como guía del accionar del Estado y la idea de familia cristiana contra el divorcio, la interrupción del embarazo y la eutanasia. La década de 1960 vio surgir la teología de la liberación, en la que el cristianismo involucró a fieles de diversos países en la lucha por la justicia social y de género, y a la par emergieron los movimientos ultraconservadores Tradición, Familia y Propiedad (1960) y Sodalicio de Vida Cristiana (1971) que promovían familias y roles de género tradicionales. Las dictaduras militares de las décadas de 1970 y 1980 se basaban en la doctrina de seguridad nacional estadounidense, la cual utilizó la moralidad tradicional y los valores católicos como base para el control social, la imposición del orden y la justificación de la represión contra el enemigo identificado históricamente con el comunismo. En esta lógica, la estabilidad familiar era sinónimo de estabilidad nacional.

La agenda actual contra los derechos de las mujeres y de las diversidades sexo genéricas en América Latina forma parte de la batalla de ideas emprendida por la extrema derecha en su reorganización post gobiernos progresistas para legitimar la mayor explotación que el hiperimperialismo impone dada la crisis del capitalismo. Está liderada por organizaciones religiosas y seculares articuladas en torno al cristianismo, tanto católicas como protestantes, junto con ONG, partidos políticos y grupos empresariales. El fundamento ideológico y conceptual de sus propuestas proviene de dos fuentes: la Iglesia Católica que desarrolló el concepto de “ideología de género” y los fundamentalismos cristianos, especialmente neopentecostales.

La “ideología de género”

La elaboración teológica de la Iglesia Católica, que busca transformar un concepto analítico como el género en una ofuscación de la realidad a la que denominan ideología, se articula en la década de 1990. El planteamiento parte de las ideas desarrolladas por el Vaticano de complementariedad perfecta entre dos sexos que, por naturaleza, serían exclusivamente hombre y mujer, y de cuya unión dependería la supervivencia de la especie (Bracke y Paternotte, 2018). Desde esta perspectiva, hablar de género como categoría múltiple con dimensiones sociales y culturales sería romper con el supuesto orden binario natural y atentar no solo contra la familia y la sociedad, sino contra la supervivencia misma de la humanidad. En esta lógica, los matrimonios entre personas del mismo sexo constituirían también una amenaza contra la especie.

Al mismo tiempo, el Vaticano operó políticamente resistiendo la incorporación de la categoría género en la serie de cumbres mundiales sobre derechos humanos organizadas por la ONU en la década de 1990. Este rechazo se articuló en alianza inicialmente con gobiernos conservadores de América Latina (Honduras, El Salvador y Nicaragua) y luego también con países de mayoría islámica como Egipto, Pakistán, Irán, Argelia, Marruecos y Sudán (Corrêa, 2018).

Los fundamentalismos cristianos evangélicos

Los fundamentalismos evangélicos del siglo XXI continúan siendo reactivos a los avances sociales, científicos y políticos de la sociedad, considerándolos enemigos a combatir (y toda interacción con esos enemigos como una “guerra del bien contra el mal”), como lo eran cuando surgieron a finales del siglo XIX en Estados Unidos (Instituto Tricontinental, 2022). Pero ahora también avanzan contra el cuerpo de las mujeres y de las personas de las diversidades sexo genéricas a partir del pánico moral y de estrategias vinculadas a otros sectores sociales más allá del ámbito religioso. Esto se comprende mejor a través de la teología del dominio que busca romper el secularismo, y de la teología de la prosperidad que refuerza el individualismo.

La teología del dominio, desarrollada por fundamentalistas estadounidenses en la década de 1970 (Instituto Tricontinental, 2022), implica la aspiración de establecer una teocracia en la sociedad contemporánea, con el propósito de cumplir la supuesta predestinación de personas cristianas para ocupar puestos de liderazgo, incluyendo presidencias, ministerios, parlamentos, gobiernos nacionales y locales, así como los tribunales superiores, para influir en los asuntos públicos mediante el dominio cristiano⁴.

La teología de la prosperidad se basa en la idea de que “tener éxito en la vida” y conseguir bienes materiales son producto y símbolo de la bendición divina que se alcanza individualmente. Este postulado tiene un rol fundamental en legitimar el neoliberalismo “al idealizar y hasta consagrar religiosamente las diferencias socio-económicas en las personas” (Motta y Amat y León, 2018: 75).

Ambas corrientes teológicas forman parte de una de las estrategias del imperialismo estadounidense para contener los movimientos revolucionarios de izquierda, a los feminismos y a las corrientes progresistas dentro de las iglesias en la región, especialmente la teología de la liberación, que buscan justicia social mediante la acción colectiva (Instituto Tricontinental, 2022; Bermúdez, 2018; Barrera Rivera, 2024).

La extrema derecha actual

La extrema derecha actual busca construir una fuerza social de masas, arraigada en la identidad mayoritaria –religiosa, étnica y de género– en aquellos países en donde emerge (Instituto Tricontinental, 2024b), y lo hace demonizando a quienes construye como minoría. Mientras aplica políticas de austeridad fiscal, culpa a alguna o algunas supuestas minorías de los efectos de esas políticas de ajuste estructural. De este modo, el desempleo sería causado por las personas que inmigraron al país y no por el uso de recursos públicos para subsidiar grandes corporaciones en vez de mejorar la educación o construir infraestructura, dos factores clave para la generación de empleo. La extrema derecha atribuye al feminismo la desarticulación de la familia, pero omite los desafíos que enfrenta la vida familiar bajo asedio de la explotación capitalista y saqueo extractivista: la falta de empleo que impulsa la emigración, los conflictos y la violencia que expulsan a las poblaciones, y, cada vez más, los impactos climáticos y la degradación ecológica producidos por el capitalismo industrial.

Además, el “comunismo” y todo lo que se asocia con ese ideario para la extrema derecha: la izquierda, el progresismo, los movimientos sociales que luchan por los derechos, el feminismo, las disidencias sexuales, forman parte de ese enemigo que enferma a la sociedad y debe ser combatido para una vida plena y satisfactoria. A partir de un discurso belicoso y persecutorio, esta extrema derecha ha logrado absorber de forma arbitraria conceptos muy apreciados por el campo progresista, como la libertad y la democracia, enfrentando al pueblo contra aquellos que realmente defienden estos conceptos en la práctica.

Este escenario es el fruto de un gran financiamiento, trabajo de base e inserción en los medios de comunicación que poblaron la vida de las personas de forma cotidiana y extremadamente articulada. Las iglesias neopentecostales estadounidenses en particular recibieron enormes recursos para implantarse y mantenerse en la región con especial foco en los sectores populares (Instituto Tricontinental, 2022; Nascimento, 2025).

TIC, redes sociales, fake news

Las plataformas digitales, dependientes de métricas de atención e ingresos publicitarios, favorecen contenidos polémicos y emocionalmente atractivos, ideales para movilizar narrativas falsas sobre género. Como observa Cunha (2020), la disputa en torno a este tema abarca no sólo la interpretación religiosa sino la conformación del imaginario social y las políticas públicas, especialmente educativas, mientras que contrapesos como la regulación estatal de las plataformas digitales y la verificación de datos enfrentan serias limitaciones de alcance y disputas sobre autoridad y verdad.

Las noticias falsas y la post verdad en redes sociales no son meras mentiras, sino prácticas con fines específicos: interferir en decisiones públicas, movilizar afectos y delinear identidades políticas. En el amplio abanico de la extrema derecha actual, los grupos cristianos conservadores, especialmente evangélicos⁵, tienden a asimilar y propagar  desinformación sobre el alcance y objetivos de las políticas de género y educación sexual integral. El televangelismo mediante TIC, transmisiones en directo y WhatsApp, facilita la «evangelización de la desinformación»⁶, donde líderes y miembros comunitarios que difunden narrativas sin verificación son percibidos como fuentes fiables.

Paula Socolovsky (Argentina), fragmento de la historieta Las vengadoras de Alicia, circa 1988.
Consta en una serie realizada con motivo del femicidio de Alicia Muñiz, asesinada por el campeón de boxeo Carlos Monzón, y el impacto que este acto produjo en la artista.

3. La campaña Con Mis Hijos No Te Metas

Con Mis Hijos No Te Metas (CMHNTM) es una campaña ultraconservadora que se expandió rápidamente por América Latina, mediante un «uso libre” de la etiqueta, permitiendo que cualquier grupo contra la soberanía de las mujeres sobre sus cuerpos, la educación sexual integral, los derechos reproductivos y los derechos de personas de las diversidades sexo genéricas se autodenominara CMHNTM. Funciona como una red descentralizada, ha organizado múltiples marchas y plantones, mantiene alianzas y un lobby activo con actores de la derecha en parlamentos e instituciones del Estado, dialoga permanentemente con los medios de comunicación y tiene una presencia relevante en redes sociales.

Casi desde el comienzo, se suman a CMHNTM una multiplicidad de grupos, especialmente iglesias y organizaciones evangélicas y católicas conservadoras, con múltiples reivindicaciones. A la par que se oponen a la educación laica y científica sobre derechos sexuales y reproductivos en escuelas y colegios, se oponen a los derechos de las personas de las diversidades sexo genéricas, especialmente al matrimonio homoafectivo, rechazan la interrupción del embarazo, acusan de un supuesto “marxismo cultural” a los avances en estos derechos y demonizan el comunismo. En la campaña CMHNTM cabe mucho, bastante más que lo que sus adalides denominan derechos de las y los progenitores de educar a su prole.

El eslogan #ConMisHijosNoTeMetas se escuchó por primera vez en Colombia en agosto de 2016, en el marco de protestas en varias ciudades contra “cartillas de educación sexual que buscaban incluir la perspectiva de la igualdad de género para, de acuerdo con la Corte Constitucional, fomentar una educación no discriminatoria y respetuosa de la identidad y orientación sexual de los estudiantes” (Martínez Osorio, 2017). Estas protestas, a su vez, se inspiraban en otras acontecidas en México meses antes contra el matrimonio igualitario .

La campaña como tal surge en Lima, Perú, en noviembre de 2016 (Castro, 2019), en respuesta a una reforma del Currículo Nacional de Educación Básica del gobierno de Kuczynski que incorporaba las nociones de igualdad e identidad de género. Amplificado por figuras políticas de derecha laicas y religiosas, el eslogan «Con mis hijos no te metas» creado para rechazar la reforma ganó cuerpo en las redes sociales y se volvió viral. Se trasladó primero a Ecuador y enseguida ya se la podía encontrar en al menos una decena de países de la región (Pina, 2017).

El argumento central de CMHNTM para oponerse a las políticas públicas de igualdad de género era (y sigue siendo) que el Estado, al promover conceptos como la igualdad de género y la educación sexual integral, busca «adoctrinar» a las niñeces e imponer una «ideología de género» que, según ellos, niega la diferencia biológica entre hombres y mujeres y corrompe la inocencia infantil porque estaría intentando convertir a lxs niñxs en homosexuales o transgénero, entendidos como “anormalidades” o “aberraciones”. Esta narrativa apoyada en desinformación, noticias falsas y mensajes alarmistas transmitidos sobre todo mediante las redes sociales, resonó profundamente en sectores sociales tradicionales y religiosos. Los argumentos de la campaña se basan en un determinismo biológico, que naturaliza las diferencias y patologiza la diversidad sexual y de género, a las que consideran “antinaturales” (Motta y Amat y León, 2018: 100; 119-120). Pero además rechazan la secularización del Estado y exigen que no intervenga en la regulación de la vida privada, las relaciones sociales que se estructuran en el ámbito doméstico y la educación. Con relación a esta última, promueven su privatización, la desinversión pública en infraestructura y la reificación del hogar como ámbito privilegiado para su provisión.

Carácter transnacional

CMHNTM ha sido transnacional desde sus orígenes, con múltiples conexiones en la región. En 2016, en el marco de la movilización conservadora contra el matrimonio igualitario, se realizó en Ciudad de México la primera reunión regional de ONG que trabajan en estos temas, para crear el Frente Latinoamericano por el Derecho a la Vida y a la Familia, teniendo como eje el rechazo a la «ideología de género» (Semana, 2016; López Pacheco, 2021). En el encuentro participaron organizaciones de países como Colombia, México, El Salvador, Perú y Brasil. Una de sus participantes fue la diputada colombiana Ángela Hernández, del derechista Partido de la Unión por la Gente, quien apoyaba a Álvaro Uribe. Ella fue una de las organizadoras de la primera marcha donde apareció el eslogan CMHNTM en Colombia, y luego transmitió la experiencia en Perú, lo que constituyó uno de los detonantes de la creación de la campaña (Martínez Osorio, 2017; Castro, 2019).

Parte del resultado de aquella reunión regional fue la conformación en 2017 de la  plataforma transnacional conservadora Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia (CIVF), creada en México por iniciativa de los pastores Aarón Lara y Gilberto Rocha Margaín del movimiento mexicano Iniciativa Ciudadana por la vida y la familia. Christian Rosas, evangélico peruano, lobbista de la minería ilegal (Sarmiento, 2024) y fundador de CMHNTM en Perú, era integrante del comité consultivo y del Centro de Formación, y su compatriota Milagros Aguayo, pastora y diputada de un partido fundamentalista cristiano, y otra líder de CMHNTM, la vicepresidenta (Castro, 2019).

El Cuarto Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia buscó articular las iniciativas locales en una estrategia continental del movimiento conservador y evangélico para disputar la agenda de derechos, combinando incidencia en organismos internacionales, construcción de una plataforma política y parlamentaria común, organización de un movimiento juvenil y articulación de ONG y redes de asistencia social cristianas, con el objetivo de consolidarse como una fuerza política regional capaz de contrarrestar la agenda de género y el avance de los proyectos progresistas. En 2018 se realiza en Ecuador la “Primera Convención Internacional por la Familia […], la cual contó con la participación de los argentinos autores de El libro negro de la nueva izquierda (2008), Nicolás Márquez y Agustín Laje, como principales invitados” (Viteri, 2020: 40). Los dos se cuentan hoy entre los más importantes ideólogos del gobierno de ultraderecha de Javier Milei en su política de “batalla cultural”.

La Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) es un evento anual, surgido en la década de 1970 como parte de los esfuerzos de articulación y construcción de una identidad colectiva del movimiento conservador en Estados Unidos (Parker, 2015), que reúne a activistas y funcionarios conservadores, principalmente de Estados Unidos, –frecuentado por Donald Trump, Steve Bannon y Ted Cruz– y uno de los encuentros más importantes del movimiento conservador transnacional. Desde 2017, la CPAC impulsó una regionalización global, con filiales en países gobernados por derechas conservadoras y extremas: comenzó en Japón y, desde 2019, se expandió a Brasil, Australia y Corea del Sur. En 2022 tuvo sede en Hungría, promovida por Viktor Orbán, primer ministro húngaro y referente del ultranacionalismo europeo, junto a Santiago Abascal, líder del partido español de extrema derecha Vox.

En América Latina, durante los últimos años la CPAC se ha consolidado como una plataforma de articulación de las derechas extremas y conservadoras, en donde circulan presidentes ultra derechistas, representantes de las finanzas globales, ultra católicos y líderes evangélicos. Suelen tener un papel destacado personas como Eduardo Bolsonaro, Javier Milei, José Antonio Kast y Nayib Bukele. Con una agenda abiertamente contraria a las ideas progresistas, a la intervención estatal, a la igualdad y la justicia social, estos espacios funcionan como vitrinas regionales para la difusión de discursos que presentan al feminismo y a la llamada “ideología de género” como amenazas al orden social (Abbott, 2022). Por ejemplo, durante la CPAC 2024, el presidente de El Salvador sostuvo que “es importante que el currículo escolar no incorpore esta ideología de género”, reforzando una narrativa que asocia estos enfoques con un ataque a los valores tradicionales de la familia y la religión (Revelo-Imery, 2024; UOL Noticias, 2024).

Financiamiento

En toda la región, fondos provenientes de sectores ultraconservadores de Estados Unidos y Europa han permitido que las organizaciones locales vinculadas a CMHNTM y afines organicen congresos, capacitaciones y difusión en medios de comunicación que fortalezcan su presencia pública.

Entre los financistas internacionales de este tipo de actividades que fue posible rastrear, sin pretender una evaluación exhaustiva, está Population Research Institute (PRI), de inspiración católica, que proclama que su red global de grupos “Pro-vida” se encuentra en 80 países en el mundo. Según un reportaje, en 2014 PRI destinó USD 174.000 para financiar “actividades de investigación y educación” en América del Sur, el 75% del total mundial financiado. El mismo reportaje señala una serie de ONG y universidades católicas chilenas que tienen relaciones con lobistas internacionales como Alliance Defending Freedom [Alianza para la Defensa de la Libertad] (ADF), Political Networks for Values, Population Research Institute y Advocates International (Ramírez, 2019). Asimismo, en Chile, las voceras de CMHNTM y el Bus de la Libertad que llegó desde España fueron financiadas por la organización española HazteOir.org, que coordina la plataforma global de movilización online CitizenGO (Barrios, 2018), que opera en varios países del continente (Datta, 2021: 37; CitizenGO).

ADF actúa mediante financiamiento, capacitación, orientación y apoyo jurídico a organizaciones “provida”. Invirtió alrededor de 146 millones de dólares en 2014 en América Latina, Europa y Asia para, entre otras actividades afines, la formación de abogados cristianos con valores vinculados al fundamentalismo religioso (Loza y López, 2020: 62; Morán y Peñas Defago, 2020: 254-255). Christian Rosas reporta haber sido capacitado por ADF (Castro, 2019). Las becas Blackstone Legal Fellowship, un programa de tres meses para jóvenes abogados cristianos, operan en el mismo sentido (Sohr et al., 2023).

En Ecuador se documentan apoyos locales de medianas y grandes empresas a CMHNTM: Corporación Favorita, Tía, Centro Comercial Iñaquito (dedicadas al comercio minorista), Junta de Beneficencia de Guayaquil (lotería), PRONACA (alimentos), Novacero (acero para la construcción), Guitarras Vogel, HCJB (radiodifusora evangélica) (Burneo Salazar, 2018: 65; Viteri, 2020: 56-57). Y apoyo internacional de Sodalicio de Vida Cristiana, presente también en Argentina, Chile y Colombia, en proceso de disolución desde 2025 (Maher, 2019; Ponce Ycaza y León Cabrera, 2018).

Powerpaola (Ecuador), Crying, 2022.

4. Proyecto de poder

La campaña CMHNTM fue un vector de politización social que nutrió la “tercera ola de activismo neoconservador” (Morán Faúndes, 2023) en la región contra las agendas feministas y LGBTTIQ+. A pesar de la heterogeneidad de estos “activismos heteropatriarcales”, comparten algunas características propias de esta etapa: su organización en torno a proyectos político-partidarios, la progresiva articulación con proyectos de extrema derecha y neoliberales que buscan reducir lo público (Biroli, 2018; Kalil, 2020) y la ampliación de la articulación internacional.

Las redes fundamentalistas articuladas en torno a la campaña Con Mis Hijos No Te Metas (CMHNTM) se inscriben en una trayectoria de larga duración de incidencia religiosa y conservadora en la arena pública latinoamericana. En países como Brasil y Perú desde la década de 1980 congresistas vinculados al fundamentalismo religioso, han promovido iniciativas orientadas a restringir derechos sexuales y reproductivos y reforzar concepciones tradicionales de familia desplegando capacidad de lobby e intervención legislativa, particularmente en los campos de la educación, la salud y la regulación de la sexualidad, influyendo de manera marginal en las agendas parlamentarias. Esta capacidad de incidencia legislativa que vemos desplegarse en la actualidad  constituye un proceso acumulativo que se profundiza y reconfigura en el tiempo.

En la última década, estos activismos neoconservadores han logrado no solo ocupar espacios institucionales sino también generar una mayor articulación de las estrategias de incidencia en torno a una agenda común, claramente identificable y transnacional, en la que la CMHNTM ha operado como uno de los dispositivos de coordinación política y simbólica. En este nuevo ciclo, la acción legislativa se orienta prioritariamente a frenar o revertir los avances en la legalización del aborto, rechazar los derechos de las personas de las diversidades sexuales, así como a deslegitimar los contenidos de educación sexual integral y la intervención estatal en materia educativa, presentándola como una forma de “adoctrinamiento” estatal y una amenaza a la autoridad parental. En países como Perú, Ecuador, Chile y Argentina, la campaña ha sido utilizada para impugnar leyes vigentes o bloquear nuevas normativas mediante el uso estratégico del lenguaje jurídico y de los derechos, especialmente la apelación al “derecho preferente de los padres” y a la defensa de la familia como núcleo moral de la sociedad. Este discurso ha tenido particular eficacia entre sectores populares precarizados, para quienes la familia aparece como el principal —y a veces único— espacio de protección material y simbólica frente a la incertidumbre social (Teixeira, 2016; Pochmann, 2021, 2024 ). Esta defensa de la familia heteropatriarcal ha significado incluso el rechazo de las políticas estatales para prevenir la violencia intrafamiliar.

En Perú, grupos conservadores y CMHNTM rechazaron un decreto sobre prevención de violencia familiar porque promovía «familias democráticas», criticaron la intervención estatal en lo privado y defendieron en su lugar «la verdadera familia», argumentando que el término «democrático» ampliaba demasiado el concepto tradicional de familia (Araujo, 2020). En Chile, Ingrid Bohn, vocera de CMHNTM, en 2024 se opuso a la prevención de violencia de género en la educación, incluida en la ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Bohn afirmó que «hemos visto una obsesión del Estado […] por querer introducir la materia de educación sexual desde la más tierna infancia» (León, 2024). En Brasil, el Movimiento Escola Sem Partido (ESP) —surgido en 2004 y de características similares a CMHNTM—, avanza en 2014 hacia la institucionalización de su agenda y desde entonces ha presentado varios proyectos de ley para contener la “ideología de género”, acusando a escuelas y docentes de adoctrinamiento ideológico. Estos proyectos de ley preveían una supervisión de las y los profesores de las escuelas públicas del país para censurar cualquier manifestación expresa sobre preferencias ideológicas, políticas y religiosas. Los dos primeros proyectos fueron propuestos por hijos del ultraderechista expresidente Jair Bolsonaro (Garcia y Dias, 2024).

Medidas coercitivas similares suceden en El Salvador de Nair Bukele, con la intensificación del combate a la «ideología de género». En el 2022 el gobierno dispuso retirar todos los materiales de educación sexual integral y prevención de violencia de género tras protestas conservadoras en redes sociales. La censura se extendió al sistema de salud: se eliminaron contenidos sobre diversidad sexual y se modificaron formularios que registraban orientación sexual e identidad de género (Revelo-Imery, 2024; AFP, 2024). En Argentina, el gobierno de Javier Milei dio a conocer durante el 2025 el proyecto de Ley de Libertad Educativa que enviará al Congreso para su discusión, en el que establece el “rol preferente de la familia, como agente natural y primario, que posee el derecho y deber de orientar la formación de sus hijos menores” (Art. 4)⁷ y autoriza la enseñanza en el hogar —modelo que en Estados Unidos llaman homeschooling—. La familia y el mercado asumen un lugar preferencial por sobre el Estado en materia educativa, quedando éste relegado a una función subsidiaria: la promoción financiera de la demanda y la competencia entre instituciones para conseguir alumnos y recursos. En lugar de financiar las instituciones educativas, los fondos públicos serían dirigidos a financiar a las familias de lxs estudiantes para que ellas elijan el destino del presupuesto.

Otro rasgo característico de este ciclo, junto con la radicalización de su agenda legislativa hacia la reconfiguración de la sociedad con base a valores neoconservadores, es la vocación explícita de intervención político-electoral y su incorporación a los proyectos de poder de las extremas derechas actuales en América Latina. Las estrategias electorales de estos grupos conservadores y religiosos parecen haber sido más eficaces cuando han decidido construir identidades políticas híbridas —a veces religiosas, a veces anti-género— que puedan confluir con las diversas expresiones política de derecha, que cuando han conformado instrumentos propios para intervenir de manera autónoma en la escena electoral. A su vez, el crecimiento de la incidencia social e ideológica de estas expresiones fundamentalistas nutren los proyectos neoliberales de una renovada misión mesiánica, ahora asociado al resguardo moral y a la restitución de la autoridad –y la familia— patriarcal.

El caso de Bolsonaro ilustra esta construcción identitaria: su conexión con las agendas morales, de género y sexualidad, que no aparecían en su larga trayectoria política previa, lo vinculó al ideario evangélico y fue determinante para llevarse una parte significativa del voto evangélico en 2018, que tiene un rostro específico: el de una mujer negra de clase trabajadora (Balloussier, 2020). En contraste, en Perú, aunque CMHNTM tuvo mucha fuerza en las calles y redes sociales, no logró traducirse en fuerza política en las disputas electorales (Cunha, 2020). Y en Argentina, la incursión electoral en 2019 con un instrumento político electoral propio resultó infructuosa.⁸

Desde el 2018 se observan dinámicas similares a las de Brasil, aunque con resultados desiguales, en Argentina, Chile, Ecuador, Perú y El Salvador, donde estas redes negocian apoyos electorales, ocupan espacios en listas legislativas, influyen en programas de gobierno y participan en actos oficiales. En Perú, algunos líderes de CMHNTM negocian con partidos políticos para apoyar candidatxs presidenciales a cambio de espacio en las listas de candidatxs al parlamento (Motta y Amat y León, 2018: 112).

En Argentina, aun cuando no hubo una estrategia unificada por parte de las expresiones fundamentalistas en las elecciones presidenciales del 2023, el triunfo de Javier Milei contó con el apoyo y predica de pastores evangélicos en barrios populares y asumió como propia la narrativa mesiánica típica del campo de los fundamentalismos religiosos. El gobierno libertario llegó al poder con un discurso homofóbico, negacionista de los derechos humanos y la desigualdad social. Apenas asumió el poder, eliminó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); desjerarquizó y desfinanció las áreas específicas destinadas a la promoción de los derechos humanos, igualdad de género y atención a personas con discapacidad. En las elecciones del 2025 las fuerzas evangélicas fundamentalistas ampliaron su representación parlamentaria, en la mayoría de los casos como parte de la fuerza de La Libertad Avanza, el partido de Milei. Con posterioridad a las elecciones, el gobierno presentó el proyecto libertario de reforma neoliberal del sistema educativo, con una fuerte impronta de las ideas fundamentalistas, como ya hemos descrito.

Algo similar sucede en Chile. En las elecciones presidenciales de 2025, los candidatos de derecha articularon programas conservadores con agendas anti-género. José Antonio Kast, ahora presidente de Chile, defiende la familia como núcleo fundamental de la sociedad y el «derecho preferente de los padres» a educar a sus hijos y elegir su establecimiento educacional (Kast, 2025: 33). Prometió además cerrar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (propuesta de 2021). Johannes Kaiser, el otro candidato ultraconservador, dedicó una sección de su programa: Batalla Cultural a combatir la «ideología de género» (Kaiser, 2025: 14). Por su parte, Evelyn Matthei, única candidata mujer de derecha, presentó una versión menos radical pero similar: devolver a las familias la elección de proyectos educativos según sus valores, valorando a la familia como «núcleo de cohesión social» (Matthei, 2025: 10), en sintonía con lo dicho previamente. El activismo neoconservador ha permeado a los distintos candidatos de derecha en los países de la región, aunque en algunos países también han permeado fuerzas políticas progresistas.

Por lo tanto, la CMHNTM no puede ser comprendida únicamente como una campaña cultural o moral, sino como un nudo de un proceso político y de la batalla cultural de las fuerzas neoconservadoras, en la búsqueda por disputar hegemonía, redefinir el rol del Estado —especialmente en educación y políticas de género— y consolidar una articulación política entre varios fundamentalismos religiosos y extremas derechas en la región. Su capacidad de adaptación a distintos contextos nacionales, su inserción en el campo institucional y su creciente protagonismo electoral dan cuenta de una ofensiva conservadora que ya no se limita a resistir transformaciones progresistas, sino que aspira a gobernar y reordenar estructuralmente el campo político latinoamericano.

Maelitha (Argentina), fragmento de la historieta Mi cuerpo, un bosque, Barro Editora, 2019.
En esta obra, la autora trata temas como elegir gestar, decidir parir, maternar y socializar los cuidados.

Conclusiones

En suma, el resurgimiento contemporáneo de las fuerzas conservadoras y de la ultraderecha no puede comprenderse únicamente como un viraje electoral, sino como una reconfiguración profunda de las disputas por el orden social. Su ofensiva contra las mujeres, las disidencias sexo genéricas y los feminismos constituye un dispositivo estratégico en la restauración de jerarquías de género, raza y clase que sostienen su proyecto de reorganización aún más autoritaria del capitalismo. Lejos de ser un conjunto de posiciones “culturales”, la cruzada anti-género opera como tecnología política de masas, capaz de articular frustraciones sociales, descontentos económicos y ansiedades identitarias producidas por décadas de neoliberalismo. En este sentido, la agenda anti-género funciona como cemento ideológico en la construcción de las nuevas derechas radicalizadas, estableciendo enemigos internos, deslegitimando conquistas democratizadoras y erosionando las bases institucionales de la igualdad.

Luego de una década de estancamiento económico en América Latina, el proyecto político neoliberal se relanza articulado al resurgimiento de las fuerzas conservadoras, y deslinda la responsabilidad de su propio fracaso sobre los feminismos y las disidencias sexuales, en tanto actores movilizados internacionalmente que expresan posiciones antisistema y que han demostrado eficacia en la interpelación de las nuevas generaciones. Esta renovada complicidad del capitalismo en crisis y el patriarcado cuenta con los esfuerzos de organizaciones transnacionales y constituye un punto de unidad con un claro protagonismo de los fundamentalismos religiosos que coinciden en el objetivo de reclamar el campo de la moral y la familia conservadoras para sí.

Su accionar logra instalar un clima de polarización social –especialmente a través de las redes sociales– que dificulta la ampliación de derechos, apelando al miedo y la desinformación como herramientas de movilización. De este modo, se une a los actores transnacionales en la batalla de ideas que no solo disputan el terreno cultural y religioso, sino que también configuran dinámicas políticas a escala continental en contra de la igualdad de género y los derechos de las personas de las diversidades sexo genéricas.

El impacto político de la agenda anti-derechos se manifiesta en la capacidad de incidir en debates legislativos, en retrocesos institucionales y en procesos electorales. Han conseguido frenar o ralentizar proyectos de ley sobre educación sexual, aborto legal y cuotas de género. También han entorpecido o detenido políticas educativas inclusivas y obstaculizado la ampliación de derechos sexuales y reproductivos en distintos países, incluidos todos los analizados aquí. Influyeron en la desaparición o reducción de los presupuestos de los organismos dedicados a los derechos de las mujeres y a la igualdad de género. Han tenido incidencia en la elección de presidentes al menos en Brasil, Argentina, Ecuador y Costa Rica.

Sin embargo, la expansión de estas derechas no avanza sobre un terreno vacío: encuentra una sociedad atravesada por un ciclo de movilización feminista que elaboró imaginarios políticos construidos en procesos de movilización callejera, amplió lenguajes de derechos e instaló una crítica radical de la violencia estructural. La reacción conservadora también expresa, por tanto, el reconocimiento tácito de la potencia política de estos movimientos. Los ataques dirigidos a desfinanciar políticas de igualdad, criminalizar identidades y desarticular redes comunitarias buscan precisamente desmontar las infraestructuras sociales de la reproducción de la vida que los feminismos han visibilizado y fortalecido.

Así, la disputa actual se juega en un terreno más profundo: la definición misma del proyecto civilizatorio. Mientras las ultraderechas impulsan una restauración autoritaria que recentra la familia heterosexual, la subordinación de género, la destrucción del estado garantista y un orden productivo excluyente, los feminismos del Sur Global —con su énfasis en la reproducción social, la justicia material y la autonomía colectiva— proponen una reorganización de la vida social centrada en la vida por oposición a la acumulación capitalista. El desenlace de esta confrontación no está dado; pero su resultado tendrá efectos duraderos sobre la capacidad de las mayorías para imaginar y construir futuros emancipatorios frente a la crisis múltiple que atravesamos.

La experiencia de Con Mis Hijos No Te Metas en América Latina revela cómo el control de la educación, la familia, la sexualidad y los cuerpos de las mujeres es funcional al modelo económico del hiperimperialismo que requiere individualismo, competencia y naturalización de las jerarquías. Este patrón trasciende América Latina y demanda ser estudiado en el Sur Global: ¿cómo operan estas redes en África, donde leyes anti-LGBTIQ+ avanzan con proyectos extractivistas? ¿Cómo se replican en Asia, donde retrocesos en derechos reproductivos dialogan con precarización laboral y despojo territorial? ¿Qué estrategias despliegan las juventudes del Sur Global que crecen en contextos de promesas incumplidas y crisis climática, para resistir esta captura de sus futuros? Mapear estas intersecciones es fundamental: la batalla por los derechos de las mujeres y las disidencias sexo-genéricas es inseparable de las luchas antiimperialistas, anticapitalistas y anticoloniales. Este dossier invita a profundizar en esas conexiones globales, a investigar cómo el capitalismo contemporáneo insiste en estas cruzadas morales en distintas geografías y a construir respuestas colectivas desde los movimientos populares en defensa de la dignidad, la autonomía y la vida plena.

Patricio Oliver (Argentina), poster para la Marcha Federal del Orgullo Antifascista, Antirracista, LGTBIQA+, 2025.

Notas

Referencias bibliográficas

Sitios web y redes sociales

Agradecimientos

Este dossier se basa en parte en nuestro proyecto Adictos al imperialismo, para el cual hemos publicado varios textos en español (Tricontinental, 2025).

También quisiéramos agradecer a:

• La Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM), quienes, con su historia de lucha y resistencia, continúan defendiendo los derechos del campesinado y construyendo alternativas frente a la criminalización de lxs agricultorxs de estos cultivos en Colombia.
• El Centro de Pensamiento y Diálogo Político (CEPDIPO), quienes llevaron a cabo parte de la investigación para nuestro proyecto Adictos al imperialismo y recopilaron testimonios de los territorios que reflejan la realidad vivida por el campesinado colombiano.
• La Comisión de Comunicación del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC) por el material fotográfico que acompaña este dossier. Su trabajo, arraigado en la lucha y la organización junto a las comunidades, nos han permitido ilustrar la realidad cotidiana de la vida campesina y la resistencia con imágenes de sus territorios.
• El Transnational Institute por su proyecto de larga data de investigación y análisis del narcotráfico desde la década de 1990, como por ejemplo sacar a la luz el informe suprimido de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la cocaína (Transnational Institute, The WHO Cocaine Project, 1995). Otros informes incluyen 10 Years Review: TNI Drugs and Democracy Programme, 1998-2008, 2008; Global Commission on Drug Policy Report, 2011; y Ernestien Jensema, Martin Jelsma y Tom Blickman, Bouncing Back: Relapse in the Golden Triangle, 2014.

Hace cientos de años, lxs bandidxs del capitalismo temprano afirmaban que habían llegado a las tierras “salvajes” para traer la “civilización”. Pero lo que vinieron a hacer fue saquear: apoderarse de tierras, explotar la mano de obra y extraer lingotes de oro de África, Asia y América. A lo largo de las generaciones, este bandolerismo se transformó en algo estructural, incorporado a las plantaciones, las minas y las compañías comerciales que drenaron esa riqueza hacia la “gloria eterna” de Europa. Con el tiempo, lxs descendientes de estxs bandidxs se vistieron con trajes impecables y sugirieron que la maldad del pasado no era su herencia, que sus fortunas eran producto de su diligente espíritu empresarial. Pero debajo de ellxs, en las cloacas de la actividad comercial, se encontraban las otras ramas organizadas de los negocios: la mafia, lxs narcotraficantes, lxs traficantes de armas, lxs contrabandistas, lxs traficantes de personas, lxs cibercriminales, lxs usureros, lxs cazadorxs furtivxs de animales, lxs traficantes de órganos y quienes dirigen las granjas de estafas y los complejos de cibercrimen (Fenstein, 2011; Naím, 2006; Ramos, 2018; Botte, 2000; Franceschini et al., 2025). Lxs capitalistas de la superficie y lxs de las profundidades están unidxs por la circulación de grandes cantidades de dinero sucio y líquido. Estos fondos ilícitos fluyen desde abajo para ser blanqueados por los de arriba. Se elimina el olor del dinero, se planchan y doblan los billetes y luego se ponen en circulación, con un pequeño descuento, como el volumen necesario de dinero que es convertido en capital limpio para uso lícito.

Este dossier busca socavar la narrativa dominante que presenta la “guerra contra las drogas” como una auténtica cruzada moral de los Estados capitalistas para prohibir la circulación de narcóticos ilícitos. Esta narrativa se basa en la afirmación de que el narcotráfico está de alguna manera separado del capitalismo “legítimo”. Sostenemos, por el contrario, que la guerra contra las drogas es simplemente un intento de los Estados capitalistas de garantizar que estos circuitos de narcóticos permanezcan clandestinos para que el dinero extraído del comercio ilegal pueda continuar dando liquidez a un sistema bancario que no funcionaría sin él. Por otra parte, más allá del lavado de dinero de las ganancias delictivas y de la guerra de clases contra el campesinado, la guerra contra las drogas se ha convertido en una herramienta imperial flexible para disciplinar a gobiernos desafiantes, promover agendas contrarrevolucionarias y abrir territorios al capital. Si bien esta guerra es un régimen global, este dossier se centra en la economía de la coca y la cocaína de Colombia como lente a través del cual examinar su economía política.

Nuestro texto se basa en investigaciones históricas sobre las últimas décadas de la guerra contra las drogas, documentos clave de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y nuestro propio trabajo con organizaciones campesinas en Colombia.

Desde su posición en la base de la cadena de productos básicos, el campesinado tiene una comprensión clara de las estructuras que sostienen el comercio ilícito. Sus organizaciones han mapeado el capitalismo paralelo que explota a lxs productorxs rurales y sus familias, así como a las comunidades de clase trabajadora en las naciones más ricas, donde el desempleo estructural empuja a muchxs a esta economía como vendedorxs o consumidorxs de bajo nivel.

Foto: Movilización de la Minga Social y Comunitaria hacia Bogotá, 2020.
Créditos: Fotografia de PUPSOC. Intervención artística del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

No podemos abandonar esta parte del tema sin señalar una flagrante autocontradicción del gobierno británico, que pregona el cristianismo y promueve la civilización. En su capacidad imperial, finge ser completamente ajeno al comercio de contrabando de opio e incluso firma tratados que lo proscriben. Sin embargo, en su capacidad india, impone el cultivo de opio en Bengala, en gran perjuicio para los recursos productivos de ese país; obliga a una parte de los ryots [cultivadores campesinxs] indios a dedicarse al cultivo de amapola; incita a otra parte a lo mismo mediante anticipos de dinero; [y] mantiene la fabricación al por mayor de la droga nociva como un monopolio cerrado en sus manos… La caja que le cuesta al gobierno británico alrededor de 250 rupias se vende en el mercado de subastas de Calcuta a un precio que oscila entre 1.210 y 1.600 rupias. Pero, aún no satisfecho con esta complicidad de hecho, el mismo gobierno, hasta el día de hoy, lleva cuentas expresas de ganancias y pérdidas con los comerciantes y armadores que se embarcan en la peligrosa operación de envenenar un imperio.

Las finanzas indias del gobierno británico han llegado a depender, de hecho, no solo del comercio de opio con China, sino del carácter de contrabando de ese comercio… Mientras predica abiertamente el libre comercio del veneno, defiende en secreto el monopolio de su fabricación. Siempre que observamos de cerca la naturaleza del libre comercio británico, generalmente encontramos el monopolio en el fondo de su “libertad”.

Karl Marx, Free Trade and Monopoly [Libre cambio y monopolio], 25 de septiembre 1858

Parte 1: La economía política de las drogas ilícitas

A partir de la década de 1830, el opio cultivado en India se introducía de contrabando en la China Qing en cantidades cada vez mayores. Producido bajo el monopolio del opio de la Compañía Británica de las Indias Orientales en India y vendido en subasta a comerciantes privados, se transportaba a través de redes de contrabando a lo largo de la costa china. Tras las dos guerras del opio libradas entre Gran Bretaña y el imperio Qing (1839-1842 y 1856-1860, con la participación de Francia en la segunda), el comercio se afianzó y su alcance se amplió, inundando el mercado chino con opio.¹ Esto permitió a Gran Bretaña usar la plata que recibía de las ventas de opio en China para financiar sus compras de té, revirtiendo la salida de lingotes y haciendo rentable el comercio con China. La adicción generalizada, incluso entre los funcionarios y las tropas imperiales, profundizó la corrupción y debilitó el Estado Qing. La entrada del opio a China generó fortunas fabulosas para las nuevas familias adineradas, muchas de las cuales son ahora nombres legendarios en el capitalismo legítimo como los Astor, los Forbes, los Delano (de quienes desciende el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt), los Jardine, los Matheson y los Sassoon (Downs, 1972). Estas fortunas también contribuyeron a establecer bancos poderosos, como el Hong Kong and Shanghai Banking Company (HSBC), fundado en 1865. Las ganancias del opio contribuyeron a la acumulación de capital para construir la infraestructura de los centros imperiales, incluidos los ferrocarriles en Estados Unidos, construidos a mediados y finales del siglo XIX, que dependían en gran medida de la mano de obra migrante china. El capital acumulado en el comercio con China también fluyó hacia las empresas estadounidenses a través de las inversiones de importantes comerciantes chinos como Wu Bingjian (Houqua) (Wong, 2016).

A finales del siglo XIX, las consecuencias del opio altamente rentable y fácilmente disponible, ya no se limitaban a China. La droga había llegado a los centros imperiales, con tasas de adicción en aumento en los Estados del Atlántico Norte. Lxs reformadorxs sociales en estas partes del mundo intensificaron las campañas para prohibir la entrada del opio, pero lo único que lograron fue empujar a toda la industria a los brazos de organizaciones criminales cada vez más poderosas. El período de prohibición del alcohol en Estados Unidos entre 1920 y 1933 marcó un cambio profundo en la economía política de las drogas. La prohibición del alcohol, junto con controles más estrictos sobre los narcóticos, impulsaron el crecimiento exponencial de la economía ilícita, dotando a las organizaciones criminales de recursos e influencia sin precedentes. Las pandillas locales se transformaron en sindicatos nacionales, extendiendo su alcance a las instituciones políticas. Cuando se derogó la prohibición del alcohol en 1933, la heroína y otras drogas siguieron siendo la principal fuente de ingresos para esta floreciente infraestructura criminal y una importante fuente de liquidez para la estructura bancaria legal. Las ganancias de las empresas ilegales, aunque eran enormes, se convirtieron en la fuente de una inyección constante de efectivo en la economía legal.

El saqueo colonial de monedas, tierras y mano de obra, junto con el acaparamiento de los bienes comunes en Inglaterra entre 1750 y 1860, sentó las bases de lo que Marx llamó ursprüngliche Akkumulation, o acumulación “originaria”, en El Capital, volumen 1. No había ninguna preocupación por la legalidad. Todo el proceso de acumulación estuvo bañado en sangre: la conquista de inmensos territorios, la captura de pueblos enteros y el comercio de cualquier cosa que pudiera comprarse y venderse, incluidas las drogas más mortíferas y los seres humanos. Así es como nació el capitalismo, ciertamente, pero también es así como sobrevive. La acumulación originaria no es un preludio único que pone en marcha una máquina de movimiento perpetuo. Puede entenderse como algo periódico: la acumulación originaria se reanuda una vez más cuando el capital, hambriento de liquidez, busca nuevas reservas para satisfacer sus necesidades, al igual que un vampiro busca sangre fresca para su sustento.

La economía de las mercancías ilícitas, ya sea el tráfico de drogas o de personas, tiene una lógica peculiar que la diferencia de la economía de los productos legales. Una vez que el Estado designa un producto como ilegal, sale del aparato regulador. Quienes trabajan en su producción, desde su etapa primaria (el campesinado que cultiva la hoja de coca, por ejemplo) hasta su etapa final (los traficantes que venden cocaína en sus diversas formas), carecen de protección legal y, por lo tanto, son vulnerables a una superexplotación a niveles inimaginables.² Los productos primarios tienen precios tan inferiores a su valor en la calle que generan enormes cantidades de efectivo para quienes controlan la cadena de suministro desde la compra en el origen hasta la venta en la calle. La cadena de producción de cocaína se ilustra a continuación:³

1. Cultivo de hoja de coca
   1. Proceso: La hoja de coca se cultiva principalmente en la región andina (Bolivia, Colombia y Perú). Lxs raspachines (recolectorxs contratadxs de hoja de coca) la cosechan varias veces al año y la venden en la misma finca (directamente del productor, antes del transporte o procesamiento) a intermediarios. Una parte de la hoja de coca se usa legalmente (para masticar tradicionalmente, o mambeo, y para hacer té). El resto se destina al procesamiento ilícito para obtener cocaína.
   2. Precios: En Colombia, que ha sido el mayor cultivador de coca del mundo en los últimos años, el precio en origen de la hoja de coca se ha desplomado en muchas regiones. Un informe reciente muestra que entre 2022 y 2023, el precio de una arroba (un bulto de 12,5 kilogramos) cayó de 20 a 7 dólares en Nariño y de 17 a 9 dólares en Argelia (Cauca) (Isacson, 2023).
   3. Propósito: Lxs campesinxs venden en la base de una cadena que no controlan. La ilegalidad elimina las protecciones y crea un mercado favorable a lxs compradorxs en la finca.

2. Procesamiento de pasta base (pasta de coca)
3. 1. Proceso: En pequeños laboratorios clandestinos, lxs trabajadorxs maceran la hoja de coca a mano, utilizando destilados de petróleo para extraer los alcaloides de la hoja. A continuación, este material se seca para producir pasta de coca.
   2. Precios: Los precios de la pasta de coca varían en toda la región, pero una cifra indicativa es que en Colombia un kilogramo de pasta de coca se podía vender en el laboratorio por entre 450 y 600 dólares en los últimos cinco años.
   3. Propósito: Lxs intermediarios convierten la hoja en un concentrado, y con la concentración viene el primer gran margen de ganancia: valor que no revierte a lxs agricultorxs.

3. De la pasta de coca al clorhidrato de cocaína (cocaína en polvo)
4. 1. Proceso: Algunos procesos usan ácidos minerales para cambiar la forma química de los alcaloides extraídos. Lxs trabajadorxs luego usan sustancias alcalinas para cambiar la solubilidad de los alcaloides durante el procesamiento. Otros pasos pueden involucrar el uso de agentes oxidantes o solventes para purificar el producto. Estos productos químicos, a menudo fácilmente disponibles debido a su uso en la agricultura y la industria, son manipulados y mezclados por trabajadorxs que usan métodos extremadamente inseguros, incluyendo manos desnudas y palos.
   2. Precios: A la salida de este sitio de procesamiento, el precio sube a más de 1.000 dólares por kilogramo, aunque hoy puede alcanzar varios miles de dólares dependiendo de la calidad del clorhidrato de cocaína.
   3. Propósito: El refinamiento estandariza la droga para los mercados mayoristas, convirtiéndola en una mercancía de alto valor que puede moverse como el dinero.

4. Tráfico mayorista y minorista

4. 1. Proceso: Posteriormente, el polvo de cocaína es transportado desde los países andinos a centros de tránsito, especialmente en América Central, el Caribe, Brasil y África Occidental, por grupos armados y organizaciones criminales. El producto de alta pureza se vende a granel entre las redes de tráfico (UNODC, 2023a). Lxs traficantes luego transportan la droga a los países consumidores (principalmente Estados Unidos y Europa Occidental) donde el producto se corta, reempaqueta y distribuye a pequeños mayoristas (principalmente pandillas) antes de llegar a las calles a través de vendedorxs minoristas.
   2. Precios: Datos recientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés) sobre precios durante la última década en México sugieren que el precio de tránsito es aproximadamente 12.000 dólares por kilogramo. En Panamá, el precio registrado es de 30.000 dólares por kilogramo. El precio al por menor en Kenia varía ampliamente, con una estimación que lo sitúa en 90 dólares por gramo con una pureza de alrededor del 56% y un precio al por mayor de 44.580 dólares por kilogramo con una pureza de entre 40% y 50% (2004).
   3. Propósito: Las ventas al por mayor y menor generan la mayor parte de las ganancias en efectivo, que luego se lava y reinvierte, proporcionando liquidez a la economía formal.

En conjunto, las cifras anteriores muestran cómo el valor aumenta en órdenes de magnitud desde la hoja de coca en la finca en Colombia, con un precio de entre 0,56 y 0,72 dólares por kilogramo, hasta la cocaína al por mayor en Kenia, por ejemplo, a 44.580 dólares por kilogramo: un aumento de precio de aproximadamente 62.000 a 80.000 veces (alrededor del 6,2 a 8,0 millones por ciento).

La naturaleza de las mercancías ilícitas como la cocaína es tal que la demanda es en gran medida inelástica en cuanto al precio (lo que significa que el consumo cambia poco incluso cuando los precios aumentan), especialmente entre lxs usuarixs dependientes, ya que la adicción hace que lxs usuarixs sigan consumiendo independientemente del precio. En algunos casos, los aumentos de precio empujan a lxs usuarixs a cometer pequeños hurtos u obtener otros ingresos informales para para cubrir esos costos. La violencia en el paso de la droga desde las fincas hasta las calles, y la violencia de las sobredosis, rara vez interrumpen la producción o el mercado, ya que el desempleo y la precariedad garantizan un ejército de reserva de mano de obra que puede incorporarse al comercio cuando otrxs son asesinadxs, encarceladxs o expulsadxs.

De esta manera, se pueden sacrificar vidas sin interrumpir el proceso de acumulación de capital en la economía formal. Los pueblos desindustrializados con altas tasas de desempleo proporcionan convenientemente un grupo de reclutas y consumidorxs para una economía de drogas que emplea a sectores de la población, crea muchas personas adictas y luego permite la represión coercitiva por parte de las fuerzas estatales en nombre de la guerra contra las drogas (González, 2014; Labate y Rodrigues eds., 2018; Reding, 2009). La economía de las mercancías ilícitas, por lo tanto, sobreexplotando a lxs trabajadorxs, produce enormes volúmenes de efectivo que se lavan e ingresan, y por lo tanto lubrican, al sistema financiero, y permite controlar a las comunidades marginadas a través de la desmoralización social y la intervención policial.

El vínculo entre narcóticos y capitalismo no se limita al mundo del hampa: las mismas plantas y moléculas que recorren los circuitos ilícitos también abastecen a industrias perfectamente legales. Las amapolas de opio alimentan el mercado farmacéutico mundial con analgésicos y sedantes. Las hojas de coca se transforman en aromatizantes y productos médicos descocainizados. Los opioides sintéticos como el fentanilo los fabrican bajo licencia las principales compañías farmacéuticas. En cada caso, los Estados diseñan regímenes regulatorios y comerciales que protegen las ganancias corporativas mientras criminalizan los circuitos informales paralelos. La frontera entre las drogas “legales” e “ilegales”, por lo tanto, no es química sino política, trazada de manera que favorece la acumulación de capital en los centros imperiales y expone al campesinado y a lxs consumidorxs pobres en las periferias a la criminalización y la violencia.

Los cuantiosos volúmenes de dinero líquido que pasan por las manos de los cárteles criminales y se lavan en los bancos suponen una enorme tentación para los gobiernos: usar ese dinero para operaciones encubiertas extrapresupuestarias. En la práctica, esto a menudo toma la forma de alianzas encubiertas con fuerzas proxy —que incluyen protección, entrenamiento, armas y logística—, que operan dentro de las narcoeconomías y se financian a sí mismas mediante el cobro de impuestos al cultivo, el procesamiento y el tránsito. De esta manera, los ingresos ilícitos pueden subsidiar guerras por delegación al tiempo que se protege al gobierno patrocinador de la supervisión pública. Estos son los tipos de circuitos utilizados por Estados Unidos para financiar fuerzas contrarrevolucionarias contra los movimientos de izquierda o comunistas en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Los ejemplos incluyen los restos del Kuomintang (KMT) en Birmania y el norte de Tailandia (principios de la década de 1950-1960), movilizados contra la República Popular China y las fuerzas comunistas a lo largo de la frontera en el norte de Myanmar y Tailandia. El Ejército Secreto Hmong bajo el General Vang Pao en Laos (c. 1960-1973), movilizado contra el Pathet Lao y las fuerzas norvietnamitas. Las fuerzas armadas survietnamitas (1955-1975), movilizadas contra el Frente de Liberación Nacional (Viet Cong) y Vietnam del Norte. Lxs muyahidines afganxs (finales de la década de 1970-1980), movilizadxs contra el gobierno del Partido Democrático Popular de Afganistán (PDPA) respaldado por los soviéticos en Afganistán y, después de la intervención soviética, contra las fuerzas soviéticas. Lxs contras nicaragüenses (década de 1980), movilizadxs contra el gobierno sandinista. Los paramilitares colombianos, notablemente las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, 1997-2006), movilizadas contra las FARC-EP⁴ y la izquierda en general (McCoy, 1972; Webb, 1998; Grillo, 2016).⁵

Un Estado securitista que trata al mundo de las drogas ilegales como un banco para sus propias operaciones encubiertas tiene pocos incentivos para desmantelar estos circuitos. Existe amplia evidencia de que los propios cárteles utilizan sus contactos dentro de los servicios de seguridad para eliminar a sus rivales y así poder expandir sus operaciones a nuevos territorios. La relación simbiótica entre pandillas ilegales y las agencias encubiertas paralegales del Estado está bien documentada (Valentine, 2017; CIA, 1998).⁶

El paradigma de la guerra contra las drogas ha permitido a Estados Unidos, el principal arquitecto de esta campaña, señalar a cualquiera de sus adversarios como narcotraficantes y usar su inmenso poder militar y financiero contra ellxs. La base del Plan Colombia (lanzado en 2000 como una iniciativa estadounidense-colombiana) era utilizar los fondos antinarcóticos para armar al ejército colombiano, cuyo foco principal de atención no eran lxs narcotraficantes, que habían infiltrado el aparato estatal y de seguridad, ni los paramilitares de derecha, que trabajaban estrechamente con lxs narcotraficantes, sino grupos revolucionarios como las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) (Rojas, 2015). En la práctica, la arquitectura antinarcóticos del Plan Colombia también operaba como un proyecto de contrainsurgencia y recaptura territorial destinado a reafirmar el control estatal en regiones productoras de coca (las propias FARC-EP surgieron de comunidades campesinas de autodefensa y extrajeron gran parte de su base social de la Colombia rural).

Más recientemente, la retórica de la guerra contra las drogas se ha utilizado para intensificar la presión sobre países de toda la región cuyos gobiernos se niegan a ser sumisos ante Estados Unidos (principalmente Venezuela, Colombia y México). En agosto de 2025, Washington comenzó a intensificar este encuadre contra Venezuela al designar al supuesto Cártel de los Soles como un “grupo terrorista transnacional” con supuestos vínculos con el presidente Nicolás Maduro. A pesar de no ofrecer ninguna evidencia de la conexión (o incluso de la existencia de este “cártel”), Estados Unidos se ha comprometido en una campaña violenta contra la Revolución Bolivariana que incluye, más recientemente, ataques extrajudiciales contra pequeñas embarcaciones en el Caribe (asesinando a más de 100 personas a fines de 2025), un bloqueo naval de buques petroleros venezolanos sancionados y el 3 de enero, el bombardeo de Caracas y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la diputada de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, quienes están siendo juzgados en un tribunal de Nueva York por cargos infundados que incluyen y están relacionados con el “narcoterrorismo” (Tricontinental, 2025; Arlacchi, 2025). Vale la pena señalar que, a los pocos días del secuestro de Maduro y Flores, el Departamento de Justicia retiró “la afirmación de que el ‘Cártel de los Soles’ de Venezuela es un grupo real”, como lo expresó un artículo de The New York Times (Savage, 2026).

Esta narrativa se sustenta en una guerra de información basada en exageraciones, desinformación y mentiras descaradas. Según la propia Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por su sigla en inglés), Colombia sigue siendo el principal lugar de cultivo de coca y el principal país de origen de la cocaína incautada en Estados Unidos. Además, la mayor parte de la cocaína destinada al mercado norteamericano sale de Colombia por el Pacífico y se mueve a través de Centroamérica y México; Venezuela representa solo el 5% de las drogas transportadas a través de Colombia (DEA, 2025; Tricontinental, 2026). Aunque Venezuela es responsable de una cantidad insignificante del narcotráfico mundial, sigue siendo en este momento un objetivo principal de la guerra contra las drogas de Estados Unidos. Esto no solo es un desprecio flagrante de los hechos, sino también una violación del derecho internacional y un claro ejemplo de cómo se usa la narrativa de la guerra contra las drogas para disciplinar a las fuerzas de izquierda en la región y drenar riqueza del Sur al Norte.

Foto: Un homenaje a las y los compañeros que perdieron sus ojos debido a la represión policial en el marco de las movilizaciones del estallido social. Popayán, Cauca, 2020.
Créditos: Fotografia de PUPSOC. Intervención artística del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

Según una estimación, en 2015 el intercambio desigual de bienes y servicios entre el Norte Global y el Sur Global totalizó entre 10,8 y 14,1 billones de dólares (suficiente para acabar con la pobreza extrema 70 veces) (Hickel et al., 2022: 1, 6). Esta cifra enorme que no ha sido completamente asimilada por quienes dan forma a las políticas, significa que cada año, más de 10 billones de dólares de riqueza son drenados del Sur al Norte, en su mayoría legalmente. La fuga ilícita de capitales no es tan elevada, aunque las cinco principales áreas de ilegalidad son asombrosas, incluso con estimaciones conservadoras: el comercio ilegal de armas pequeñas (3.500 millones de dólares), el narcotráfico (32.000 millones), la minería ilegal (48.000 millones), la trata de personas (150.000 millones) y la falsificación (467.000 millones) suman en conjunto alrededor de 700.500 millones de dólares al año (Vásquez et al., 2025: 2; UNODOC, 2012; FATF, 2021: 10; OIT, 2014; OCDE, 2025). Lo más destacable sobre el comercio ilegal es que genera un volumen enorme de efectivo. En 2011, UNODC publicó un informe importante sobre los flujos financieros ilícitos del dinero de las drogas (2011: 7, 10). Vale la pena reflexionar sobre los hallazgos principales, ya que no hay datos globales actualizados sobre estos temas:

1. Una gran parte, hasta el 70%, de las ganancias del crimen organizado transnacional se estima (con alta incertidumbre) que se lava a través del sistema financiero.
2. La mejor estimación del informe sobre el total de ingresos ilícitos disponibles para el lavado de dinero es del 2,7% del PIB mundial, o 1,6 billones de dólares en 2009.
3. Se estima que el comercio ilícito de drogas es el mercado de crimen organizado transnacional más grande, que representa alrededor del 20% de todos los ingresos del crimen internacional.
4. La tasa de interceptación es sorprendentemente baja: solo alrededor del 1% (probablemente alrededor del 0,2%) de los ingresos procedentes de las drogas son incautados o congelados.

Un informe más reciente de UNODC, de 2023, sostiene que en varios países, los flujos financieros ilícitos (FFI) relacionados con el dinero de las drogas son comparables a los flujos transfronterizos legales y en algunos casos los superan (2023b). En Colombia, por ejemplo, el informe estima (mediante modelos) que los FFI anuales relacionados con el tráfico de cocaína oscilaron entre 1.200 y 8.600 millones de dólares entre 2015 y 2019. En comparación, de acuerdo con informes preliminares del Gobierno, las entradas de inversión extranjera directa en Colombia en 2024 fueron de unos 14.200 millones de dólares (Oficina de la Presidencia de Colombia, 2025). En México, los FFI entrantes relacionados con el tráfico de heroína, cocaína y metanfetamina totalizaron entre 8.000 millones y 17.000 millones de dólares al año de 2015 a 2018, aproximadamente comparable a sus ganancias promedio de exportación agrícola durante el mismo período (12.600 millones de dólares). Estas cifras deben leerse como indicativas, ya que la mayoría de los países no recopilan estadísticas nacionales confiables sobre FFI.

Las redes de lavado de dinero y lxs intermediarixs financierxs usan una variedad de medios para mover efectivo y valor. Entre ellxs se encuentran sistemas informales de transferencia de efectivo (como hawala and hundi)⁷, criptoactivos y servicios digitales, además de la explotación de canales de migración y remesas para mover efectivo fuera del ojo regulatorio del Estado. Aunque la ONU ha elaborado una nueva metodología para medir las finanzas ilícitas, no compensa el mundo sombrío del mercado negro (UNODC y UNCTAD, 2020). Por esa razón, el informe de UNODC de 2011 señaló: “las estimaciones monetarias finales deben tratarse con precaución” (2011: 5).

Ocasionalmente, hay un escándalo por la participación de un banco en el lavado de dinero procedente del narcotráfico. El caso más prominente involucró a HSBC, que surgió del comercio de opio para convertirse en uno de los bancos más grandes del mundo, con más de 3 billones de dólares en activos totales a partir de 2025 (HSBC, 2025). En 2012, una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos descubrió que HSBC había lavado alrededor de 881 millones de dólares para cárteles de droga colombianos y mexicanos entre aproximadamente 1996 y 2006. El banco acordó pagar 1.900 millones de dólares en multas en virtud de un acuerdo de enjuiciamiento diferido, pero no fue cerrado y ningún ejecutivo de HSBC fue procesado penalmente como parte del acuerdo (Blackhurst, 2023). Dado que solo se detecta una pequeña parte de estos crímenes, se puede asumir que la multa fue modesta en relación con las ganancias.

Mientras tanto, los bancos más pequeños han sido cerrados cuando se han llevado a cabo investigaciones similares (por muy poco frecuentes que sean). En octubre de 2015, el Banco Continental de Honduras fue obligado a la liquidación después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos lo designara al banco como un “narcotraficante especialmente designado” (la cantidad presuntamente lavada nunca se reveló). Tales acciones aparentemente equivalen a juicios espectáculo para mostrar la ira de los organismos reguladores que de otro modo son indulgentes cuando el objetivo es un banco estadounidense o transnacional. El sistema es intocable, y no puede haber reforma de todo el podrido sistema bancario (incluidos los paraísos fiscales ilícitos que albergan billones de dólares).

El Grupo de Acción Financiera Internacional mundial, establecido en 1989 por el G7, se supone que proporciona un marco contra el lavado de dinero (FATF, 2012-2025). Sin embargo, como señala un estudio reciente, su fracaso “para reducir los delitos subyacentes que generan grandes ingresos criminales o el volumen de lavado de dinero es indiscutible” (Nazzari y Reuter, 2025). Cada año, las estimaciones de la ONU sugieren que tanto las sumas lavadas como la actividad ilegal que las genera continúan aumentando (UNODC, 2024).

Tanto si se trata de drogas de origen vegetal (cocaína) como sintéticas (metanfetamina), su producción se traslada a zonas rurales y periféricas donde las personas viven en la pobreza o cerca de ella. A continuación, los cárteles transportan la droga a grandes distancias hasta los mercados consumidores, donde jóvenes empobrecidxs la venden por salarios que superan lo que podrían ganar en la economía uberizada y precaria, pero que siguen siendo modestos en comparación con los valores que mueven. Lxs jefes de los cárteles, mientras tanto, obtienen vastas cantidades de riqueza del comercio, pero sus vidas suelen ser cortas y violentas. El sistema bancario formal, que recibe grandes cantidades de dinero en efectivo que se desvían de la cadena de mercancías, termina beneficiándose enormemente sin sufrir apenas consecuencias. A largo plazo, los riesgos como violencia, encarcelamiento, despojo se concentran entre el campesinado y lxs pobres urbanxs, mientras que el excedente es absorbido y reinvertido a través de las instituciones del capitalismo “legítimo”.

Foto: Reforestación de la cuenca del Río Cauca por la ecoaldea Estrella Roja y el Comité Ambiental del Humedal La Orquídea.
Créditos: Fotografia de PUPSOC. Intervención artística del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

Mi país es bello porque tiene la selva amazónica, la del Chocó, las aguas, las cordilleras de los Andes, y los océanos.

Allí en esas selvas, se emana oxígeno planetario y se absorbe el CO2 atmosférico. Una de esas plantas que absorbe el CO2, entre millones de especies, es una de las más perseguidas de la tierra. A cómo dé lugar, se busca su destrucción: es una planta amazónica, es la planta de la coca, planta sagrada de los incas.

Como en un cruce de caminos paradójico, la selva que se intenta salvar es al mismo tiempo, destruida.

Para destruir la planta de coca arrojan venenos, glifosato en masa que corre por las aguas, detienen a sus cultivadores y los encarcelan. Por destruir o poseer la hoja de la coca mueren un millón de latinoamericanos asesinados y encarcelan a dos millones de afros en la América del Norte. Destruyan la planta que mata, gritan desde el norte, pero la planta no es sino una planta más de los millones que perecen cuando desatan el fuego sobre la selva.

Destruir la selva, el Amazonas, se convirtió en la consigna que siguen Estados y negociantes. No importa el grito de los científicos bautizando la selva como uno de los grandes pilares climáticos. Para las relaciones del poder del mundo la selva y sus habitantes son los culpables de la plaga que las azota. A las relaciones de poder las azota la adicción al dinero, a perpetuarse, al petróleo, a la cocaína y a las drogas más duras para poder anestesiarse más.

Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva.

La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir.

El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen nada más que cultivar, es demonizado. Para ustedes mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión.

No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. La esponja que absorbe los venenos no sirve, prefieren arrojarle más venenos a la atmósfera.

Nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las drogas. Les ocultamos sus problemas que se niegan a reformar. Mejor es declararle la guerra a la selva, a sus plantas, a sus gentes.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 77º período de sesiones, 20 de septiembre de 2022 (Eljuri, 2022)

Parte 2: Cómo el campesinado ve la “guerra contra las drogas”

La acusación de Petro nombra lo que medio siglo de política de drogas ha intentado ocultar: que esta “guerra” se ha librado no contra los narcóticos, sino contra las personas y la naturaleza. La arquitectura moderna de esta “guerra” se remonta al 17 de junio de 1971, cuando el presidente estadounidense Richard Nixon dijo a lxs reporterxs que “el enemigo público número uno de Estados Unidos es el abuso de drogas” (1971). “Para combatir y derrotar a este enemigo”, continuó, “es necesario lanzar una nueva ofensiva total”. El anuncio llevó a los medios estadounidenses a acuñar el término “guerra contra las drogas”. Inicialmente, Nixon dijo que el objetivo de la guerra sería el “traficante”, o el vendedor de drogas. El lenguaje bélico apenas se preocupaba por abordar la adicción a las drogas generada por la guerra de Estados Unidos en Vietnam, una guerra que ayudó a producir la crisis que la guerra contra las drogas pretendía combatir. En lugar de centrarse en la adicción y en la industria que se aprovecha de las personas adictas, Estados Unidos muy pronto usó la “guerra contra las drogas” para perseguir no solo a lxs pobres dentro de sus propias fronteras, sino también al campesinado empobrecido en América Latina y Asia que no tenía más opción que producir drogas, condiciones que Estados Unidos mismo había contribuido a crear. No iba a haber una verdadera guerra contra la adicción o el sistema que la produce, sino solo una guerra contra el campesinado y contra las organizaciones revolucionarias que trabajaban entre ellxs.

El instrumento legal que Europa y Estados Unidos necesitaban para librar esta guerra ya estaba disponible: la Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU de 1961 (1961). Presentada como un marco internacional de salud pública, sometió a plantas como la coca, el cannabis y la amapola al control internacional y obligó a los Estados a limitar su producción y uso a fines médicos y científicos. La convención también exigía la abolición del mascado de hoja de coca tras un período “transitorio”, criminalizando una práctica indígena milenaria en nombre del “orden” mundial. No se trataba de una clasificación neutral: fue una decisión política tomada en un sistema internacional dominado por el Norte que convirtió ciertas plantas y las personas cuyas vidas y culturas están entrelazadas con ellas, en objetos de control.

El caso colombiano es paradigmático para comprender los efectos concretos de la prolongada guerra contra las drogas, precisamente porque hace visibles los vínculos entre cultivos, subdesarrollo rural y conflicto armado: un marco de políticas que hoy se está reeditando y reciclando una vez más. Como discutimos en el cuaderno nº 1 de nuestro proyecto de investigación Adictos al imperialismo, “la producción de hoja de coca en Colombia tiene algunas características únicas que se relacionan con la conexión entre cultivos, falta de desarrollo rural y conflicto armado” (Gutiérrez, 2024: 11). Lejos de lo que los medios nos harían creer, y lejos de ser el resultado de una “asociación delictiva” entre grandes cárteles de droga y comunidades campesinas, la economía de la coca en Colombia tiene sus raíces en el desarrollo histórico del país y la evolución de su conflicto armado. Ese conflicto, que involucra fuerzas estatales, insurgencias guerrilleras de izquierda (incluidas las FARC-EP y el ELN) y los paramilitares de derecha, tiene profundas raíces en la desigualdad de la tierra y la exclusión política, en las que, como era de esperar, Estados Unidos ha desempeñado un papel protagónico.

A pesar de su temprana relevancia como un importante centro de comercio colonial y sede del virreinato de Nueva Granada del imperio español, durante gran parte de su historia Colombia siguió siendo un país eminentemente rural con una economía agraria. Desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX, las exportaciones de tabaco, caña de azúcar, banano y café hicieron rentable al país, pero también eran rentables la extracción de oro y esmeraldas. Aunque la balanza comercial ha cambiado, Colombia sigue siendo un exportador de productos agrícolas (como café, aguacate, aceite de palma, además de coca y cocaína) y energía (principalmente petróleo y carbón). Este orden exportador-extractivo descansa sobre la concentración de la tierra y la fuerza coercitiva, produciendo conflictos rurales recurrentes. La intensa lucha de clases en el campo se ha recreado generación tras generación, desde la Masacre de las bananeras, cuando los esbirros de la United Fruit Company abrieron fuego contra lxs trabajadorxs en huelga y sus simpatizantes en Ciénaga en diciembre de 1928 (matando a un estimado de 1.000 personas), hasta la masacre de Mapiripán de 1997 en el Meta, cuando paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) asesinaron y “desaparecieron” a aproximadamente 49 civilxs en una campaña contrainsurgente para apoderarse del territorio y asegurar rutas de narcotráfico (Comisión de la Verdad, 2025; CNMH, 2018).

En los últimos años, la violencia se debe en gran medida al desarrollo de nuevas formas de inversión de capital y extracción de materias primas en el campo. Se movilizan ejércitos paramilitares para expropiar grandes extensiones de tierra para la producción ganadera, el monocultivo a gran escala de sorgo, soya, trigo, palma, algodón, maíz y arroz, y para proyectos puramente extractivos de minería y agroindustriales vinculados a las élites domésticas y al capital transnacional. La mera existencia del campesinado plantea un problema para estas operaciones. El campesinado es atacado directamente mediante procesos de despojo violento, pero también a través de las condiciones estructurales que se les imponen: la deflación de los precios de los cultivos de pequeñxs propietarixs (impulsada por la liberalización del comercio, el poder de lxs compradorxs y la ausencia de medidas de apoyos a los precios) y el desgaste de los sistemas de bienestar social. Ambos profundizan la pobreza (Le Grand, 1988; Machado, 2017; Reyer, 2010). Cuando este despojo tiene éxito, lxs campesinxs se concentran en las periferias de las áreas urbanas, o se convierten en carne de cañón para las vastas redes de narcotráfico y otras mercancías ilegales controladas por los mismos grupos que lxs expulsan de la tierra. Estas organizaciones criminales establecen nuevas dinámicas rurales y urbanas de control territorial mientras al mismo tiempo ofrecen oportunidades económicas precarias para lxs trabajadorxs rurales (Ramos, 2021).

Foto: Un pescador del Atlántico, uno de los campesinos denominados anfibios, que producen en la tierra, en el agua, en los ríos. Santa Marta, Colombia.
Créditos: Fotografia de PUPSOC. Intervención artística del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

Lo que es evidente en Colombia también está sucediendo en toda América Latina: la profundización del modelo neoliberal en la agricultura ha acelerado la extinción de lxs pequeñxs agricultorxs. El campesinado enfrenta falta de acceso y tenencia de la tierra, así como exclusión social y económica, desempleo, opresión y marginación, lo que se ve agravado por la debilidad de las políticas públicas, salud y educación rurales inadecuadas, y la imposibilidad de acceder a vivienda digna. En Colombia, la crisis se intensifica aún más por el acaparamiento de tierras, la usurpación y la legalización, la “regularización” de tierras ilegalmente despojadas, llevada a cabo a través de un modelo paramilitar con financiamiento y consentimiento estatal al servicio de grandes corporaciones transnacionales. La concentración de la tierra es extrema: lxs grandes terratenientes controlan la mayor parte de las tierras productivas, el 1% de las propiedades más grandes (fincas de más de 100 hectáreas) representan el 81% de las tierras agrícolas (DANE, 2014).

En conjunto, estas dinámicas reproducen una larga historia de despojo que se remonta a la llegada de los conquistadores españoles a América. En Colombia, sectores del aparato estatal se confabulan con narcotraficantes y grupos paramilitares para arrebatar violentamente la tierra al campesinado y despojarlos de los medios para reproducirse. Al mismo tiempo, los acuerdos de libre comercio y la competencia de importaciones socavan los cultivos lícitos, empujando a lxs agricultorxs hacia cultivos ilícitos más rentables. Aunque la coca es nativa de los Andes y tiene un profundo significado espiritual y cultural para los pueblos indígenas que la han usado durante miles de años, la mayoría de lxs agricultorxs ahora se ven obligadxs a cultivar coca bajo el mismo sistema neoliberal que luego se da vuelta e intenta erradicar el cultivo en nombre de la guerra contra las drogas.

La producción de coca somete a los hogares a una dependencia económica y a un trabajo altamente informal durante todo el año, ya que la hoja de coca madura se cosecha cada dos meses. Además, logra una producción rápida a bajo costo, una comercialización rápida y un ingreso neto mensual promedio estimado en alrededor del 56% del salario mínimo colombiano (en 2018) por hectárea cultivada (UNODC, 2018b: 33). No obstante, esta cifra enmascara una amplia variación y no refleja cómo la coerción, lxs intermediarixs, los cuellos de botella en el transporte y la volatilidad de los precios pueden reducir aún más los ingresos de lxs cultivadorxs. Nuestra investigación conjunta con la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) encontró que no solo la producción es intensiva en mano de obra y consume mucho tiempo, sino que la tasa de rendimiento para el campesinado es insignificante. Según un líder de la COCCAM:

Cuando ya terminamos de hacer todo el proceso prácticamente ya estamos para iniciar nuevamente. Entonces es constante. Se siembra la coca y a los seis meses ya está para la primera raspa y la sigue raspando cada dos meses, es decir, que cada dos meses hay producto.

Otro miembro de la COCCAM, un cultivador de 26 años dijo:

Puede que por hectárea vayas a necesitar entre seis y diez obreros. Eso hay que recalcar, porque la hoja de coca genera muchísimo empleo. Hay fincas donde nunca paran las raspas y hay sesenta a ochenta obreros diarios. Eso prácticamente, durante el año, descansará un mes (Gutiérrez, 2024: 68).

Además, las zonas de cultivo de coca están entre las más pobres y aisladas de Colombia, con un acceso a bienes y servicios públicos marcadamente menor que el resto del país. Una encuesta de hogares de UNODC de 2018 de 6.350 familias en 29 municipios participantes en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) de Colombia detectó que el 57% de los hogares estaban en pobreza monetaria y el 47% eran multidimensionalmente pobres (OPHI, s/f). UNODC calcula su índice de pobreza multidimensional en cuatro dimensiones: educación, salud, infancia y adolescencia, y condiciones de vivienda, y clasifica a un hogar como multidimensionalmente pobre cuando está privado en al menos un tercio de los indicadores ponderados. La misma encuesta señala el trabajo infantil generalizado (el 92% de lxs niñxs de 6 a 9 años están trabajando), la baja asistencia escolar (el 68% de la población en edad escolar no asiste) y los graves déficits de servicios (solo el 3% reporta acceso a un hospital o centro de salud, mientras que solo el 63% declara tener acceso a electricidad) (UNODC y Fundación de Ideas para la Paz, 2018a).

Los efectos en la salud asociados a las tareas realizadas en los cultivos ilícitos superan los asociados al trabajo agrícola. A esto se suman los daños causados por los productos utilizados para tratar las plantaciones y por las medidas institucionales de erradicación (como la fumigación indiscriminada de glifosato sobre territorios campesinos), así como los impactos de la deforestación para expandir la frontera agrícola. En todos estos territorios, la informalidad laboral es casi universal y el hacinamiento está generalizado. Además, las tasas de natalidad son altas y la migración de adultxs es común: dinámicas que los programas de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo rara vez toman en cuenta (Gutiérrez, 2024: 72). Estas son condiciones de abandono estatal que sostienen y son reforzadas por la economía de la coca y las estructuras coercitivas que la rodean.

Estas condiciones son centrales para entender por qué el campesinado vende su mano de obra en la economía ilícita de la coca: es una de las pocas fuentes viables de ingresos en efectivo. Como lo expresó un líder de la COCCAM:

El campesinado ha sido juzgado y catalogado como el que ha querido cultivar la hoja de coca, cuando han sido las circunstancias, la falta también de involucrarse los gobiernos locales y nacionales en el territorio (…). La carencia de esa institucionalidad ha provocado buscar alternativas con economías ilegales para alimentar, mantener y sostener a las familias. Esto se produce por no tener unas buenas vías de acceso, centros de comercialización e impulsar iniciativas productivas (Gutiérrez, 2024: 70).

Aunque las actividades ilícitas en torno a la hoja de coca comenzaron décadas antes, el surgimiento de Colombia como un nodo central del comercio mundial de cocaína tomó forma en la década de 1970, cuando la creciente demanda internacional llevó al país al procesamiento y exportación a gran escala (Gootenberg y Dávalos eds., 2021). A finales de la década, Colombia era uno de los principales exportadores mundiales de cocaína y marihuana, lo que generó una afluencia de capital que transformó la economía y la política del país, una transformación que continúa en la actualidad. En la década de 1980, el tráfico de cocaína se consolidó a expensas de otras drogas y el cultivo se expandió a más regiones del país, incluso cuando disminuyó en Perú y Bolivia. Esta trayectoria se aceleró en la década de 1990: entre 1995 y 2000, la superficie dedicada al cultivo de coca en Colombia aumentó de aproximadamente 50.900 a 136.200 hectáreas, lo que representa aproximadamente entre el 0,1% y el 0,3% de las tierras agrícolas del país (UNODC, 2001).⁸

Entre 1994 y 2005, la expansión de la producción de coca intensificó el conflicto interno, llevó a la expansión de la frontera agrícola, alteró los patrones de crecimiento demográfico y profundizó la desigualdad. También impulsó cambios culturales relacionados con la transformación de las relaciones entre el campo y la ciudad, la migración interna y cambios en la siembra y producción de cultivos. A lo largo de este período, menores fueron cada vez más atraídxs al conflicto armado entre grupos insurgentes y los ejércitos legales e ilegales del Estado colombiano, a través del reclutamiento y la coerción por parte de actores armados, tanto como combatientes como en funciones de apoyo. La expansión de la coca también remodeló los patrones de asentamiento, atrayendo a migrantxs internxs (incluidas familias desplazadas) a las zonas fronterizas y convirtiendo a los centros urbanos existentes en centros de comercio y servicio (Gutiérrez, 2024: 23).

Durante las décadas de 1980 y 1990, surgieron grandes cárteles de droga en Medellín y Cali, que construyeron grandes imperios de riqueza y poder territorial. Aunque estos imperios tenían su sede en estas capitales departamentales, el negocio de la producción y el procesamiento se llevaba a cabo en otras partes del país, particularmente en el sur, el suroccidente y en el oriente y nororiente. En la práctica, la persecución de los cárteles por parte de los gobiernos colombiano y estadounidense se convirtió en una cacería de brujas para criminalizar al campesinado agricultor y a las organizaciones políticas armadas presentes en estas regiones del país, lo que proporcionó un telón de fondo ideal para el desarrollo del Plan Colombia. Este plan condujo a una intensificación de la violencia política en el país, con financiamiento estadounidense directo para la guerra contra las drogas, lo que finalmente resultó en una mayor militarización y allanó el camino para una sucesión de presidentes de derecha que instrumentalizaron la guerra contra las drogas para profundizar su control sobre la sociedad: Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), Juan Manuel Santos (2010-2018) e Iván Duque Márquez (2018-2022).

La economía de la coca en Colombia se ha afianzado en regiones donde la presencia del Estado ha sido militarizada durante mucho tiempo mientras las instituciones civiles y los servicios públicos siguen siendo débiles. En estos territorios, el conflicto por la tierra se agudiza por la inseguridad de la tenencia y las reclamaciones superpuestas, y por actores armados, legales e ilegales, que extraen recursos de las familias campesinas cuyo sustento depende de la coca como cultivo comercial. Como explicó un líder regional de la COCCAM:

Actualmente, no existen garantías para quienes intervienen en el cultivo de hoja de coca. La situación de concentración se ha vuelto con el paso de los años más crítica en las regiones (…) Además, los actores armados ilegales y legales, se aprovechan de la situación del campesinado, más de uno ha pedido recursos, que el campesino accede entregar para evitar de que se le arranque la mata, que es su único medio de sustento (Gutiérrez, 2024: 74).

Sin embargo, estas mismas condiciones han alimentado generaciones de lucha organizada. El campesinado colombiano tiene una larga tradición de organización política en torno a sus derechos, la tierra, la producción y la defensa del territorio. No es casualidad que, históricamente, las y los campesinos hayan estado al frente de las luchas contra la expansión de los latifundios y las prácticas depredadoras del capital nacional y extranjero, desde la creación de las organizaciones guerrilleras en la década de 1960 hasta las formas más recientes de organización en torno al trabajo agrícola. Estas luchas se han trasladado repetidamente del campo a las calles y carreteras, a pesar de la represión policial, la criminalización, los asesinatos y el abandono del Estado.

El movimiento campesino en Colombia también ha construido herramientas para organizarse en territorios donde se cultiva coca. Notables son las marchas campesinas de 1994 durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano (1994-1998), lideradas por cultivadorxs de coca en los departamentos de Caquetá, Putumayo y el Guaviare contra las políticas de fumigación con glifosato del gobierno. Cuando el Estado no cumplió con los acuerdos resultantes, campesinxs, raspachines, recolectorxs, comerciantes, agricultorxs asentadxs y jornaleros lanzaron una nueva ola de movilizaciones en 1996, que se convirtió en una característica definitoria de las luchas sociales de la década.

Las conversaciones de paz de San Vicente del Caguán (1998-2002), negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, colocaron a los territorios cultivadores de coca en el centro del debate nacional, no solo como lugares de narcotráfico y conflicto armado, sino también como lugares donde grandes poblaciones civiles dependían de la economía de la coca para sobrevivir. En territorios como el Guaviare, Putumayo, Caquetá, el Meta, Catatumbo y Cauca, esta economía sostenía a una población de alrededor de un millón de personas cultivadoras, raspachines, recolectoras, cocineras y otras que sobreviven en medio de la disputa constante entre actores armados y condiciones de vida precarias. Estas comunidades no eran nuevas, pero fueron tratadas cada vez más como un sujeto político distinto, el campesinado cultivador de coca, formado en parte por la migración interna hacia zonas agrícolas de frontera. Debido a que el cultivo de coca fue considerado como una economía enemiga, estas comunidades se enfrentaron a una represión cada vez más fuerte a medida que se intensificaba el conflicto armado entre las FARC-EP y el gobierno colombiano, junto con disputas territoriales y la cooptación del poder político por parte de narcotraficantes. Para empeorar las cosas, el Estado ha abordado esto durante mucho tiempo como una cuestión de orden público, erradicación y militarización, en lugar de una cuestión de políticas públicas como la garantía de los derechos sobre la tierra, la inversión rural y los medios de vida del campesinado.

Con la firma del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en 2016, el Estado reconoció formalmente la necesidad de una solución definitiva e integral al problema de las drogas ilícitas, que trate al campesinado como sujetos de derechos y promueva políticas públicas mediante enfoques diferenciales. A principios de 2017, se creó la COCCAM, que reúne a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes de toda Colombia para discutir la situación de cultivadorxs y recolectorxs y exigir participación en la erradicación y sustitución (Gobierno de Colombia y FARC-EP, 2016).

Las manifestaciones masivas de 2019, incluido el paro nacional en noviembre, ayudaron a consolidar un amplio bloque popular que luego se unió en la coalición electoral Pacto Histórico, que reunió fuerzas como Colombia Humana y Unión Patriótica, entre otras. Este bloque rompió el consenso de la derecha y llevó a Gustavo Francisco Petro Urrego a la presidencia en 2022.

Petro ha argumentado que la guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos ha fracasado y ha pedido que se cambie la política de criminalización del campesinado cultivador de coca y se centre en toda la estructura de la economía ilícita. Este cambio marca el comienzo de una ruptura. Una ruptura más profunda requeriría un ataque a todo el sistema bancario, que se alimenta de la acumulación originaria de la economía ilícita, una confrontación que alcanzaría el corazón mismo del capitalismo.

Conclusiones

Durante los últimos años, nuestro trabajo con organizaciones campesinas de todo el mundo —particularmente la COCCAM en Colombia— nos ha permitido examinar la economía de las drogas no como un asunto de crimen y seguridad, sino como una ventana a las estructuras más profundas del capitalismo contemporáneo. El campesinado sabe que la economía ilícita de la coca no es la causa de la crisis de Colombia, sino uno de sus síntomas. Estxs agricultorxs se incorporan a la economía ilícita no por elección, sino porque todas las demás vías de subsistencia digna han sido bloqueadas por el despojo de tierras, el colapso de los precios agrícolas, el retroceso del Estado y la expansión del poder paramilitar y corporativo.

Desde el punto de vista de estas comunidades, la narrativa dominante de la guerra contra las drogas se revela como un profundo diagnóstico erróneo. El problema no es la planta de coca, sino el sistema económico que criminaliza a lxs pobres rurales mientras absorbe y recicla la enorme liquidez generada por los mercados ilícitos. El sector financiero depende de estos flujos. Los bancos mundiales lxs acogen con agrado. Y las naciones más ricas que promueven la erradicación dependen al mismo tiempo de la estabilidad que proporciona este capital oculto. Tratar al campesinado como el enemigo es ocultar la verdadera arquitectura del narcotráfico, que se extiende hacia arriba, hasta los circuitos de las finanzas legales, las commodities globales y el poder estatal.

Si el objetivo es terminar con la violencia y la dependencia económica del cultivo de coca, entonces el punto de partida no debe ser ni la militarización ni la erradicación, sino la reconstrucción de la vida rural: reforma agraria, precios garantizados para cultivos lícitos, infraestructura, servicios públicos y derechos políticos para quienes cultivan la tierra. Sin transformar las condiciones sociales y económicas que empujan a las familias a la agricultura ilícita, el ciclo simplemente se reproducirá. Sin confrontar a las instituciones financieras que lavan las ganancias, la economía mundial de las drogas continuará funcionando como un pilar no oficial de la liquidez capitalista.

Este no es un texto que interviene en las políticas públicas desde el punto de vista de la seguridad o la adicción a las drogas. Nuestro punto de partida es el bienestar de los millones de trabajadorxs que son empujadxs a cultivar coca, procesarla para convertirla en cocaína y transportar y vender el producto. Ningunx de estxs trabajadorxs se beneficia de los miles de millones de dólares que circulan en el narcotráfico y dan liquidez al sistema bancario internacional. Tratar al narcotráfico como algo ajeno a la economía lícita es un enorme error de categorización, ya que oculta la función del dinero de las drogas dentro del propio sistema capitalista. La erradicación, la criminalización y la militarización no pondrán fin a la producción de coca ni a la economía ilícita.

El campesinado conoce esta verdad íntimamente. Su experiencia demuestra que la economía de la droga persiste no por la hoja de coca en sí, sino porque el capitalismo requiere la reposición constante de nuevas reservas de riqueza, lícitas o ilícitas, para sostenerse. Por lo tanto, cualquier solución genuina debe comenzar con lxs campesinxs y con el reconocimiento de que la frontera entre el capitalismo legal y el ilegal es mucho más delgada, y mucho más útil políticamente, de lo que los arquitectos de la guerra contra las drogas están dispuestos a admitir.

Foto: Vigilia en Monterredondo en apoyo al proceso de paz, cuando las y los firmantes del Acuerdo llegaron a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Miranda, Cauca.
Créditos: Fotografia de PUPSOC. Intervención artística del Instituto Tricontinental de Investigación Social.

Notas

Referencias bibliográficas