El Sahel busca soberanía

Introducción

En septiembre de 2023, inmediatamente después de los golpes de Estado encabezados por facciones progresistas de las fuerzas armadas, los jefes de Estado de Burkina Faso, Mali y Níger se reunieron en Bamako (Mali) para firmar la Carta de Liptako-Gourma por la que se establece la Alianza de Estados del Sahel (AES) (2023: 2). El artículo VI de la carta estipula lo siguiente:

Toda violación de la soberanía y la integridad territorial de una o varias partes contratantes se considerará una agresión contra las demás partes y dará lugar a un deber de asistencia y auxilio por parte de todas ellas, ya sea de manera individual o colectiva, incluido el uso de la fuerza armada, con el fin de restablecer y garantizar la seguridad en el área comprendida por la alianza (2023: 3).

La conformación de la AES fue una respuesta directa a la amenaza de intervención militar en Níger por parte de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), tras el golpe de Estado militar respaldado por amplios sectores de la población. La CEDEAO, junto con la Unión Africana (UA), impuso sanciones y suspendió la membresía de los tres países miembros de la AES luego de sus respectivos golpes: Mali en agosto de 2020, Burkina Faso en enero de 2022 y Níger en julio de 2023.

En enero de 2024, Burkina Faso, Mali y Níger comunicaron de forma conjunta su retiro de la CEDEAO. La decisión, se hizo oficial en enero de 2025 y fue justificada de la siguiente manera:

Los valientes pueblos de Burkina, Mali y Níger constatan con profundo pesar y gran decepción que la organización [CEDEAO] se ha desviado de los ideales de sus padres fundadores y del panafricanismo. Ya no sirve a los intereses de sus pueblos, sino que se ha convertido en una amenaza para sus Estados miembros y sus poblaciones, cuya felicidad se supone que debe garantizar (Le Sahel, 2024).

Los líderes de la AES, Assimi Goïta de Mali, Ibrahim Traoré de Burkina Faso y Abdourahamane Tchiani de Níger, están unidos por haber surgido de golpes populares y por su impaciencia ante la orientación prooccidental de la CEDEAO. Representan a una nueva generación de oficiales militares que canalizan el amplio descontento popular con el neocolonialismo francés. Su salida de la organización regional se fundamenta en las limitaciones históricas de este.

Aunque la CEDEAO fue creada en 1975 con una retórica panafricanista impulsada por líderes como el general ghanés Acheampong, quien prometía que esta nueva organización regional eliminaría “siglos de división y barreras artificiales impuestas a África Occidental desde el exterior”, siempre fue un proyecto limitado. En realidad, su creación respondió al objetivo de abordar cuestiones económicas, como la construcción de un mercado común, sin el objetivo serio de avanzar en la integración política (Onwuka, 1980: 52). Este enfoque restringido se vio inmediatamente obstaculizado por divisiones internas y, fundamentalmente, por lealtades externas contrapuestas. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEAO), una organización francófona paralela respaldada por Francia, saboteó con frecuencia los objetivos del bloque. Esto se demostró durante la crisis de Chad entre 1979 y 1981, cuando Francia y la CEAO socavaron la misión de mantenimiento de la paz liderada por Nigeria, convirtiéndola en un fracaso para la CEDEAO y en una victoria para su propio bloque. Del mismo modo, los pactos militares existentes entre Francia y sus antiguas colonias entorpecieron los esfuerzos por establecer una estrategia común de defensa (Onwuka, 1980: 52).

Esta historia de divisiones internas y persistente injerencia extranjera es la que configura hoy la perspectiva de la AES. La alianza sostiene que la CEDEAO actúa ahora como un ente regional al servicio de intereses externos, traicionando sus principios fundacionales al caer “bajo la influencia de potencias extranjeras” (Instituto Tricontinental de Investigación Social, 2024; Prashad, 2024). Por ello, en la cumbre de Niamey donde se lanzó la AES, los Estados miembros afirmaron que su retirada de la CEDEAO es definitiva, incluso mientras planean transiciones hacia gobiernos civiles.

Aunque las principales instituciones de seguridad, analistas políticos y organizaciones no gubernamentales reconocieron el fracaso de la CEDEAO y de otras alianzas para garantizar una seguridad significativa en la región, criticaron ampliamente las medidas adoptadas por la AES. Las calificaron como “un enorme golpe al proyecto de integración regional” que podría generar “mayores fracturas” y “exacerbar el deterioro de la situación [de seguridad]” en la zona (Crisis Group, 2024; Ochieng, 2024; Edds-Reitman y Yeboah Boakye, 2024). Sin embargo, una contranarrativa comienza a tomar forma en todo el Sahel. Desde la perspectiva no solo de los líderes políticos de la AES, sino también de organizaciones populares de base y de la población en general, la alianza se forjó en el crisol de inseguridades y desigualdades contemporáneas que enfrentan muchos países del Sur Global que luchan activamente con cuestiones de soberanía y desarrollo. Para los países miembros de la AES, 2023 representó una ruptura colectiva con acuerdos de seguridad fallidos (como el G5 del Sahel), con el liderazgo deslegitimado de organismos regionales como la CEDEAO y la UA, y con las relaciones políticas desiguales y de larga duración con la Unión Europea, Francia y Estados Unidos, todo ello sostenido por décadas de políticas económicas neoliberales.¹

Este dossier explora el surgimiento de la AES y pretende estimular un debate sobre la coyuntura actual en la región. Consideramos esta nueva formación como un ejemplo de regionalismo antiimperialista en el marco más amplio de cómo los Estados del Sur Global navegan por cuestiones de soberanía, dependencia y desafíos de seguridad interna y externa. Se trata de una invitación a reflexionar y debatir sobre el significado y las implicaciones de este retorno al camino de la soberanía: no como un nacionalismo nostálgico, sino como un intento audaz y necesario de recuperar la autonomía política, la autodeterminación económica y la dignidad civilizatoria frente al hiperimperialismo.

De la dominación colonial a la independencia de bandera

Burkina Faso, Mali y Níger son países vecinos sin salida al mar, con una importante porción de sus territorios situados en el borde sur del Sahara. En conjunto, suman aproximadamente el 45 % de la superficie de África Occidental y el 17 % de su población, lo que equivale a 73 millones de personas: Níger, 26,2 millones; Mali, 23,8 millones; y Burkina Faso, 23 millones (Banco Mundial, 2025). Estas naciones comparten normas culturales profundamente arraigadas, con un marcado énfasis en los valores comunitarios, las tradiciones orales, un estilo de vida predominantemente agrario y unas estructuras sociales y cotidianas fuertemente influenciadas por el Islam, religión predominante en la región.

Como gran parte de África Occidental, estos países vivieron las contradicciones del dominio colonial de forma especialmente aguda durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque el desembarco de Normandía es uno de los episodios más célebres de la historia militar francesa, a menudo se omite que muchos de los soldados y trabajadores que contribuyeron a la victoria sobre la Alemania nazi eran africanos de colonias francesas, entre ellas los actuales Burkina Faso, Mali y Níger. Su sacrificio en suelo europeo contribuyó a una creciente conciencia política y sentó las bases para las demandas de igualdad y autodeterminación en la posguerra (Zimmerman, 2011).

Después de la guerra, el reclamo por la independencia se aceleró alentado por el emergente bloque socialista. En Níger, por ejemplo, en 1946 se fundó el Nigerien Progressive Party [Partido Progresista de Nigeria] (PPN) afiliado a la Rassemblement Démocratique Africain [Agrupación Democrática Africana] (RDA), un movimiento panafricanista y anticolonial encabezado por figuras como Modibo Keïta en Mali y Ahmed Sékou Touré en Guinea. La RDA exigía inicialmente igualdad de trato con la ciudadanía francesa, pero rápidamente pasó a exigir la independencia total. En Burkina Faso, el partido Voltaic Union [Unión Voltaica] (UV) se unió a la RDA con la esperanza de construir un frente de liberación nacional coordinado a escala regional, aunque finalmente acabó disolviéndose bajo la presión francesa. Este despertar político sentó las bases de las luchas de liberación nacional en África Occidental.

Tras la costosa derrota en Vietnam en 1954 y en medio de la intensificación de la guerra en Argelia (1954–1962), Francia enfrentaba una creciente presión tanto interna como internacional. Temiendo perder toda su influencia política y económica en África, el presidente Charles de Gaulle, recién restituido en el poder, convocó un referéndum en 1958 como parte de la nueva constitución de la Quinta República. El referéndum ofrecía a las colonias africanas dos opciones: votar “sí” para permanecer dentro de la Comunidad Franco-Africana bajo la influencia francesa (la llamada opción “transitoria”, que prometía una independencia diferida manteniendo poderes clave bajo control francés), o votar “no” para acceder a una independencia inmediata, bajo la amenaza de una retirada abrupta de Francia y la inminente inestabilidad económica. Djibo Bakary, fundador del partido Sawaba (que significa “libertad” en hausa) y posteriormente jefe del gobierno nigerino tras las primeras elecciones de 1957, lideró la campaña por el “no”. Al final, solo Guinea, bajo el liderazgo de Sékou Touré, votó “no”, convirtiéndose en 1958 en la primera colonia francesa de África Occidental en obtener la independencia.

Quienes abogaban por una ruptura total con Francia, como Bakary, fueron objeto de represión interna y marginados por los colaboradores coloniales, entre ellos líderes tradicionales, administradores coloniales y évolués (término que significa “evolucionados”: africanos educados en instituciones francesas, con derechos o estatus limitados y preparados  para servir al orden colonial).² Para sabotear el referéndum en Níger y debilitar al partido Sawaba, que también había luchado contra la explotación francesa del uranio, De Gaulle envió a un nuevo gobernador: Don Jean Colombani. Su administración utilizó el control absoluto sobre las instituciones clave del Estado, como seguridad, finanzas y administración territorial, para lanzar una campaña de represión, intimidación e incluso guerra psicológica, que incluyó el lanzamiento de octavillas desde aviones advirtiendo que quienes votaran por el “no” eran enemigos del Estado (Idrissa, 2021; Van Walraven, 2009: 269–292). A pesar del amplio respaldo popular a Sawaba, un fraude electoral masivo garantizó una victoria fabricada para la campaña del “sí” en el referéndum de 1958 en Níger.

Sin embargo, la victoria de la campaña del “no” en Guinea ese mismo año, basada en la independencia de Ghana de Gran Bretaña en 1957, obligó a Francia a ceder más terreno en torno a la cuestión de la independencia política. En 1960, 17 países africanos, incluidas 14 antiguas colonias francesas, declararon su independencia. No obstante, esta independencia de bandera se logró sin una transformación económica real. La tutela y el control discrecional de Francia continuaron, y el dominio económico se mantuvo a través de una serie de acuerdos de “cooperación”, como convenios de defensa, protocolos de asistencia técnica y disposiciones financieras como el sistema del franco CFA. Uno de estos acuerdos fue el firmado en abril de 1961 por Costa de Marfil, Benín (antes Dahomey) y Níger, que autorizaba el “uso sin restricciones por parte de Francia” de activos de interés militar.³ En el caso de Níger, Francia también mantuvo un control significativo mediante los siguientes mecanismos, que reflejan un patrón más amplio aplicado en toda la región:

• Regímenes de deuda colonial: Níger debía “reembolsar” a Francia la infraestructura construida durante el periodo colonial, como carreteras y escuelas, muchas veces construidas mediante trabajo forzado.
• Control de recursos: Francia conservaba el derecho de preferencia sobre las exportaciones estratégicas de Níger, en particular el uranio, y sus empresas recibían acceso preferente a sectores clave de la economía.
• Exenciones fiscales: amparada en el principio de evitar la doble tributación, las empresas francesas que operaban en Níger pagaban impuestos exclusivamente en Francia y estaban exentas de obligaciones fiscales locales, incluidos aranceles, impuestos a las ventas como el IVA e incluso los gravámenes sobre combustibles, lo que mermaba gravemente la recaudación tributaria del país.
• Dependencia monetaria: Níger estaba obligado a utilizar el franco CFA, una moneda emitida y regulada por el Tesoro francés, lo cual limitaba su capacidad de maniobra en materia de política fiscal y monetaria.
• Atrincheramiento militar: Francia mantenía bases militares y gozaba de “libre uso de las instalaciones militares”, lo que incluía libre circulación por tierra, aire y agua; acceso irrestricto a la infraestructura de transporte y comunicaciones; y el derecho a instalar sistemas de señalización y transmisión aérea y marítima (Adamou, 2024).

Además, el Anexo II del acuerdo de defensa de 1961 consolidaba el papel del ejército como garante de los intereses del capital francés y de su política económica en los países firmantes. En particular, el artículo I del anexo establecía dos categorías de materias primas estratégicas: 1) hidrocarburos líquidos o gaseosos, y 2) uranio, torio, litio y berilio, así como sus minerales y compuestos.

El artículo II establecía que “la República Francesa informará regularmente a la República de Costa de Marfil, a la República de Dahomey y a la República de Níger de la política que se propone seguir en aspectos de materias primas y productos estratégicos, teniendo en cuenta las necesidades generales de defensa, la evolución de los recursos y la “situación del mercado mundial” [énfasis añadido].

El artículo V, por su parte, estipulaba que los países africanos debían “mantener informada a Francia sobre los programas y proyectos relativos a la exportación fuera del territorio… de materias primas y productos estratégicos de segunda categoría”. Adicionalmente, los tres países estaban obligados a “facilitar, en beneficio de las fuerzas armadas francesas, el almacenamiento de materias primas y productos estratégicos” y, cuando así lo exigieran los intereses de defensa, a “limitar o prohibir su exportación a otros países” (República de Francia, 1961: 4).

Al incorporar directrices económicas dentro de los marcos de cooperación militar, este acuerdo transformó la infraestructura de defensa nacional en una herramienta para salvaguardar los intereses comerciales y geopolíticos de Francia.

Mali también intentó afirmar su soberanía política y económica en los años inmediatamente posteriores a su independencia en 1960. Bajo el liderazgo de Modibo Keïta (1960–1968), el país adoptó políticas económicas de orientación socialista, como la creación de empresas estatales y la introducción en 1962 de una moneda nacional independiente del franco CFA, con el objetivo de romper con la dominación monetaria francesa. Estos esfuerzos fueron duramente castigados mediante aislamiento diplomático, restricciones comerciales y el retiro del apoyo técnico y financiero de Francia, lo que agravó la crisis económica. Los disturbios económicos que siguieron permitieron el golpe militar del teniente Moussa Traoré en 1968, con apoyo francés, tras el cual Mali volvió a incorporarse a la zona del franco CFA en 1984.

Con el fin de la Guerra Fría, Francia reformuló su política africana introduciendo la “condicionalidad política” en la cumbre de La Baule de 1990, donde el presidente François Mitterrand anunció que la ayuda francesa estaría sujeta a la adopción de las llamadas reformas democráticas, como la implementación de elecciones multipartidistas (Cumming, 1996: 453–462; Diagana et al., 1999: 465–478). Esto marcó el comienzo de una oleada de Programas de Ajuste Estructural (PAE) impuestos en toda África por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial durante los años ochenta, como ocurrió en Mali, donde las medidas de austeridad, los recortes al sector público y la liberalización comercial acompañaron el reingreso del país a la zona del franco CFA en 1984.

En los años noventa, se produjo una segunda ola de PAE en el continente, en especial después de la devaluación del franco CFA en 1994, cuando la moneda fue reducida a la mitad de su valor por presión de Francia, el FMI y el Banco Mundial. Presentada como una medida para estimular las exportaciones y restablecer la estabilidad financiera, en la práctica la devaluación provocó fuertes aumentos de precios, pérdida del poder adquisitivo de los salarios y disturbios generalizados en toda la región.

Esta segunda fase combinó la liberalización económica con reformas de gobernanza impuestas por los donantes (FMI, 2025). Aunque enmarcadas como procesos de democratización, estos cambios reforzaron el control neocolonial a través de la deuda, la privatización y la reestructuración del Estado gestionada desde el exterior.

Estos instrumentos de dominación reconfigurados fueron acompañados por la expansión de la presencia militar estadounidense con el pretexto de combatir el terrorismo. En 2002, Estados Unidos puso en marcha la Iniciativa Pan-Sahel, que marcó el inicio de una presencia militar occidental sostenida en varios países de la región, entre ellos Mali, Níger, Chad y Mauritania. Más tarde, esta presencia se extendió a Burkina Faso mediante su sucesora, la Asociación Transahariana de Lucha contra el Terrorismo, lanzada en 2005.

La crisis de seguridad regional fue, como explicó el ministro de Asuntos Exteriores de Mali, Abdoulaye Maïga, ante la Asamblea General de la ONU en 2024, “exacerbada por la temeraria intervención militar de la OTAN en Libia en 2011” (ONU, 2024). El colapso del Estado libio abrió las compuertas al comercio de armas no regulado y al auge de actividades terroristas. El bombardeo de lo que entonces era uno de los Estados más desarrollados del continente, con las cifras más altas del Índice de Desarrollo Humano del continente y ambiciosos proyectos de infraestructura como el Gran Río Artificial, se consideró ampliamente como un punto de inflexión. También debilitó al Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, que estaba preparado para enviar una misión a la capital de Libia, Trípoli, cuando cayeron las primeras bombas (Instituto Tricontinental de Investigación Social, 2021; Altaeb, 2022).

Luego del bombardeo de Libia en 2011, una vez más bajo la bandera de la lucha antiterrorista, las actividades militares francesas y estadounidenses se ampliaron considerablemente en todo el Sahel. Se establecieron nuevas operaciones de drones estadounidenses, misiones de entrenamiento dirigidas por AFRICOM, así como despliegues y bases militares de Estados Unidos y Francia en Gao (Mali), Yamena (Chad), Niamey (Níger) y Uagadugú (Burkina Faso).

En 2014, las tropas francesas lanzaron la Operación Barkhane, consolidando su presencia regional y creando la fuerza conjunta del G5 Sahel, integrada por Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania y Níger (Instituto Tricontinental de Investigación Social, 2021). Sin embargo, la actividad terrorista aumentó considerablemente en la década siguiente. Las autoridades malienses han denunciado reiteradamente que las operaciones militares francesas no solo fracasaron en contener el terrorismo, sino que incluso lo alimentaron. Acusan a Francia de atacar selectivamente a ciertos grupos armados, de tolerar o proteger a otros, y de utilizar la crisis de seguridad como justificación para mantener su prolongada presencia militar y proteger intereses estratégicos.

En agosto de 2022, el entonces ministro de Asuntos Exteriores de Mali, Abdoulaye Diop, acusó públicamente a Francia de repetidas violaciones del espacio aéreo, espionaje y apoyo directo a grupos terroristas, incluida la entrega aérea de armas y la coordinación con líderes yihadistas. Exigió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para detener lo que describió como “actos de agresión contra la soberanía y la integridad territorial [de Mali]” (República de Mali, 2022).

Mientras los actores militares extranjeros socavaban la soberanía nacional con el pretexto de combatir el terrorismo, las empresas transnacionales continuaban extrayendo riqueza del Sahel en condiciones profundamente desiguales. Estos países siguen dependiendo en gran medida de la exportación de materias primas, como el uranio de Níger y el oro de Mali, bajo condiciones de explotación.

En 2010, por ejemplo, Níger recibió solo el 13 % del valor total de las exportaciones generadas por las dos principales empresas francesas de minería de uranio que operaban en el país (Oxfam International, 2014). A pesar de haberse convertido en uno de los principales productores de oro de África desde la década de 1990, Mali ha obtenido beneficios económicos mínimos. Exenciones tributarias, estructuras de regalías injustas y otras políticas permitieron a empresas como Randgold Resources (fusionada con Barrick Gold Corporation en 2018) y AngloGold Ashanti extraer ganancias con escasa reinversión local.

Esta dependencia económica ha reforzado el subdesarrollo estructural, dejando a los Estados vulnerables frente a presiones externas y limitando su capacidad para diversificar sus economías o negociar condiciones comerciales más favorables. La ausencia de un desarrollo sostenible ha contribuido a una serie de crisis políticas, sociales y de seguridad.

Desde la década de 1990, los golpes de Estado y los cambios de régimen se han vuelto frecuentes, a medida que las élites compiten por el poder en contextos institucionales frágiles. La corrupción, los servicios públicos deficientes y la exclusión de grupos marginados han erosionado aún más la legitimidad del Estado y profundizado la desconfianza popular.

Intervención militar por la soberanía nacional

Movilizaciones de masas

La frustración popular ante unas instituciones estatales vaciadas por décadas de reestructuración neoliberal e injerencia extranjera estalló en movilizaciones masivas en Mali, Burkina Faso y Níger entre 2017 y 2022, que finalmente desembocaron en golpes populares en los tres países.

Comenzando con las protestas contra el franco CFA en Senegal, en septiembre de 2017, las manifestaciones se intensificaron rápidamente en todo el Sahel. Esta moneda, emitida por el Tesoro francés, fue vista ampliamente como una herramienta de dominación económica perpetuada y un símbolo del control neocolonial.

En Mali, surgieron manifestaciones a gran escala en abril de 2019 tras un aumento de la violencia intercomunitaria, incluida la masacre de unas 160 personas de la comunidad fulani a manos de miembros del grupo étnico dogon (Al Jazeera, 2019). Estos acontecimientos, junto con la creciente frustración por la corrupción, las dificultades económicas y la presencia de tropas extranjeras, alimentaron manifestaciones masivas que exigían la renuncia del presidente Ibrahim Boubacar Keïta y la retirada de las fuerzas francesas e internacionales, lo que culminó con la destitución de Keïta y la formación de un gobierno militar en agosto de 2020. En enero de 2021, un ataque aéreo francés alcanzó una boda en la localidad de Bounti, matando al menos a 19 civiles. Aunque el ejército francés afirmó haber atacado a combatientes yihadistas, una investigación posterior de la ONU concluyó que el ataque había afectado de manera abrumadora a la población civil, violando el derecho internacional, lo que intensificó aún más la ira pública hacia la presencia militar extranjera (France 24, 2021).

Burkina Faso también fue escenario de movilizaciones masivas contra las políticas de seguridad ineficaces del presidente Roch Kaboré desde 2018. El punto de quiebre llegó en noviembre de 2021, cuando manifestantes en Kaya y otras ciudades bloquearon convoyes militares franceses, sospechando de su complicidad con grupos terroristas. Este malestar sostenido culminó en una revuelta militar en enero de 2022, que llevó al poder al capitán Ibrahim Traoré.

En paralelo, en Níger estallaron protestas tras un letal ataque del Estado Islámico contra una base militar en diciembre de 2019, en el que murieron al menos 71 soldados nigerinos. El hecho avivó la indignación pública por la incapacidad del Estado. Las tensiones volvieron a escalar en noviembre de 2021 en la ciudad de Tera, donde manifestantes se enfrentaron a un convoy militar francés que previamente había sido retenido por más de una semana en Burkina Faso. El convoy abrió fuego, matando al menos a dos civiles e hiriendo a varios más, lo que intensificó aún más la indignación pública (Al Jazeera, 2021; Carboni, 2019).

Golpes populares

A menudo se afirma que África padece una “epidemia de golpes de Estado” (Mensah, 2023). Entre 1950 y 2022, la mayoría de los intentos de golpe militar en el mundo, 214 de 486, ocurrieron en África, de los cuales la mitad tuvo éxito (AJLabs, 2024).

La narrativa dominante en torno a los recientes golpes de Estado en el Sahel los ha presentado como otro episodio más dentro del ciclo de inestabilidad política africana, parte de un patrón de “empresarios políticos autocráticos en el cinturón golpista que pujan por el poder” (Murphy, 2023). Sin embargo, a diferencia de golpes anteriores en el continente, estos parecen encarnar un patriotismo distinto, que el presidente de la Organización de los Pueblos de África Occidental, Philippe Toyo Noudjnoume, describe como “intervención militar por la soberanía” (Instituto Tricontinental de Investigación Social, 2024).

Estos gobiernos militares se diferencian de los precedentes en la región al menos en tres aspectos significativos: por el origen de clase y la orientación ideológica de sus líderes, por la participación activa de organizaciones populares y por la elaboración de programas nacionales endógenos, panafricanos y antiimperialistas.

1) Los orígenes de clase y la orientación ideológica de los golpistas. Muchos de los principales líderes golpistas pertenecen a fracciones de clase distintas a las de otros oficiales que han encabezado golpes de Estado en la región. Los golpes arquetípicos de las décadas de 1960 y 1980 contaron en gran medida con el respaldo de Occidente y tuvieron como objetivo a líderes de la liberación nacional para frenar la expansión de gobiernos y fuerzas sociales antiimperialistas o alineadas con la izquierda. En esos casos, la supervivencia de un gobierno militar estaba menos ligada a cuestiones ideológicas y más a asegurar el respaldo de las élites civiles y de patrocinadores extranjeros (Babatope, 1981; Decalo, 1989: 547-578; Mwakikagile, 2001). Estos golpes recientes no encajan en ese molde. Como señala Vijay Prashad, director del Instituto Tricontinental de Investigación Social:

Personas como el capitán de Burkina Faso Ibrahim Traoré (nacido en 1988), criado en la provincia rural de Mouhoun y que estudió geología en Uagadugú, y el coronel de Mali, Assimi Goïta (nacido en 1983), procedente de la localidad ganadera y reducto militar de Kati, representan estas amplias fracciones de clase. Sus comunidades se han visto totalmente marginadas por los duros programas de austeridad del FMI, el robo de sus recursos por las multinacionales occidentales y los pagos a las guarniciones militares occidentales en el país. Marginados, sin una verdadera plataforma política que hable por ellos, amplios sectores del país se han unido a las intenciones patrióticas de estos jóvenes militares, que a su vez han sido empujados en sus países por movimientos de masas, como sindicatos y organizaciones campesinas. Por eso el golpe de Estado en Níger está siendo defendido en concentraciones multitudinarias desde la capital, Niamey, hasta las pequeñas y remotas poblaciones fronterizas con Libia.

Estos jóvenes líderes no llegan al poder con un programa bien elaborado. Sin embargo, sienten cierta admiración por personas como Thomas Sankara: el capitán Ibrahim Traoré, de Burkina Faso, por ejemplo, lleva una boina roja como Sankara, habla con la sinceridad izquierdista de Sankara e incluso imita su forma de hablar. (Tricontinental, 2023; Kraft, 2025).

2) La participación activa de las organizaciones populares. Las organizaciones populares han dado forma a elementos centrales de la agenda nacional y participan activamente en su construcción. Cuando ocurrió el golpe de Estado en Níger, en julio de 2023, organizaciones de masas de todos los sectores se movilizaron hacia las bases militares francesas y la embajada de Francia. No solo celebraron la caída de un régimen debilitado y defendieron el golpe, sino que también reivindicaron demandas históricas por la expulsión de las fuerzas neocoloniales francesas.

Antes del golpe, los movimientos sociales ya venían construyendo un frente de masas contra el imperialismo, un proceso que puede rastrearse en la organización popular de 2022, cimentada en décadas de organización y formación populares. La ruptura del gobierno militar de Niger con Francia fue una señal clara de que se estaban defendiendo los intereses del pueblo. Desde entonces, líderxs de base han seguido exigiendo que la Alianza de Estados del Sahel (AES) mantenga sus compromisos antiimperialistas y han insistido en la necesidad de crear mecanismos institucionales que garanticen tanto la participación popular como la rendición de cuentas. Effred Mouloul Al-Hassan, secretario general del Sindicato Escolar de Níger, expresó esta postura de apoyo condicionado durante una conferencia realizada en Niamey en noviembre de 2024: “Lxs apoyamos mientras estén del lado del pueblo. Si no, lucharemos contra ustedes como luchamos contra lxs colonialistas”.⁴

3) El desarrollo de programas nacionales panafricanos, endógenos y antiimperialistas. Los nuevos gobiernos surgidos tras los golpes han impulsado programas nacionales con una orientación claramente antiimperialista, fundamentados en modelos de desarrollo endógeno y en el legado social e intelectual de la región. La Estrategia Nacional para la Emergencia y el Desarrollo Sostenible de Mali (SNEDD 2024–2033) plantea un programa a mediano plazo para la reconstrucción nacional, que parte de una ruptura con los modelos de gobernanza y desarrollo impuestos desde el exterior. El SNEDD 2024–2033 se basa en Mali Kura ɲɛtaasira ka bɛn san 2063 ma (Un nuevo Mali: Visión para 2063), un informe de proyección estratégica elaborado por el gobierno que presenta una visión integral para el futuro del país (Gobierno de Mali, 2024). En conjunto, estos documentos buscan reanclar la reconstrucción nacional en el pensamiento político y las tradiciones éticas precoloniales de Mali.

Como parte de su redefinición de la identidad nacional y de las prioridades institucionales, el SNEDD 2024–2033 vincula explícitamente la renovación de Mali tras el golpe a tres pilares de su patrimonio civilizatorio. Primero, la Carta de Manden, la constitución del Imperio de Mali, creada en 1236, citada con frecuencia como una de las primeras declaraciones de derechos humanos del mundo, que promovía valores como la solidaridad social, la protección de los sectores vulnerables de la población y una gobernanza participativa basada en la toma de decisiones mediante asambleas.

Segundo, los códigos legales del Imperio Massina (1818–1862), fundado en el delta interior del Níger, en el centro de Mali, que combinaban la jurisprudencia islámica con formas locales de gobierno para institucionalizar la justicia, el cuidado del medioambiente y los controles al poder ejecutivo.

Tercero, las tradiciones manuscritas de Tombuctú, que abarcan el derecho, la ciencia, la ética y la administración pública, y reflejan siglos de producción intelectual autóctona y de debate sobre el gobierno justo, las responsabilidades morales del liderazgo y la búsqueda del conocimiento al servicio del bien común.

Estas tradiciones constituyen las bases de una nueva visión antiimperialista de la identidad y del Estado maliense, centrada en la justicia social, la gobernanza colectiva y la dignidad civilizatoria (Gobierno de Mali, 2024; Ministère de la Refondation de l’État, 2023). La Visión Mali 2063 propone forjar “una nueva persona maliense (maliden kura), responsable, patriota, respetuosa de los valores, trabajadora, consciente y de mente abierta, que actúe en favor de la soberanía y el bienestar de todas y todos” (Gobierno de Mali, 2024: 4).

Esta estrategia nacional afirma la reconstrucción de Mali como un proyecto nacional y civilizatorio, basado en “un Estado fuerte, estable y económicamente soberano” que “debe garantizar su soberanía en diversos sectores estratégicos” (Gobierno de Mali, 2024: 4). Anclado en la participación popular y en la resistencia a la injerencia neocolonial, propone una transformación holística centrada en un “nuevo modelo de desarrollo endógeno (Mali Kura Taasira)” en ámbitos como la gobernanza, la educación, la justicia y la soberanía económica (Gobierno de Mali, 2024: 22). Esta visión fundacional sitúa la integridad cultural y la soberanía en el centro del desarrollo nacional, marcando un claro quiebre con los esquemas neocoloniales promovidos por donantes internacionales en el pasado. Este programa se está implementando de manera gradual a través de varias iniciativas clave.

Entre los principales proyectos de infraestructura destacan la modernización de la autovía Bamako-Koulouba-Kati, la estratégica carretera transahariana (tramo Bourem-Kidal) y la construcción de la planta solar de Sanankoroba, con una capacidad de 200 MW, autorizada en 2024 (Presidencia de la República de Mali, 2024a; Presidencia de la República de Mali, 2024b).

En el sector minero, calificado por el gobierno como una “palanca estratégica de crecimiento y desarrollo económico”, se llevaron a cabo importantes reformas a través del Código Minero de 2023. Estas incluyeron la concesión de permisos de explotación de oro a gran escala (como la licencia Korali-Sud, en la región de Kayes) y la adquisición, por parte de Mali, del 80 % de participación en la mina de oro de Yatela, que anteriormente estaba en manos de empresas extranjeras (Gobierno de Mali, 2024: 14; Chukwu, 2024). El Código Minero de 2023 revisó las condiciones de participación de todas las multinacionales extranjeras, estableciendo una mayor participación del Estado, de hasta un 30%, en las empresas mineras, eliminando las exenciones fiscales y sentando las bases para que el Estado exija el pago de impuestos y dividendos pendientes. Estas medidas buscan recuperar miles de millones de francos CFA perdidos anteriormente por acuerdos inequitativos: una auditoría reciente reveló pérdidas de entre 300.000 y 600.000 millones de francos CFA en ingresos estatales debido a este tipo de contratos. Además, marcan una postura firme frente al saqueo histórico de la riqueza aurífera de Mali (Bloomberg, 2025). El gobierno también ha avanzado en sus planes para construir una refinería de oro con respaldo ruso y desarrollar la extracción de litio con apoyo de China, a través del proyecto Goulamina. Con ello, Mali busca ascender en la cadena de valor y dejar de ser simplemente un proveedor de minerales en bruto (Venditti, 2024).

Formación y desarrollo de la AES

Los países de la AES siguen enfrentando retos económicos importantes. Por ejemplo, en 2023, el PIB per cápita de Níger era de solo 560 dólares, uno de los más bajos del mundo, con una tasa de pobreza internacional del 47,8 % y una esperanza de vida de 61 años (Banco Mundial, 2024: 66). Mali y Burkina Faso presentan indicadores comparables, lo que refleja una pobreza generalizada y un acceso limitado a servicios esenciales.

Los problemas de seguridad se han agravado aún más por esta situación económica. En los últimos quince años, el Sahel ha experimentado un aumento espectacular de la actividad terrorista, con un incremento del 2.860 % en el número de muertes y del 1.266 % en los incidentes registrados. Solo en 2023, casi 4.000 personas fueron asesinadas en atentados terroristas en la región, lo que representó el 47 % de las muertes por terrorismo a nivel mundial y el 26 % de todos los ataques documentados. La gran mayoría de estos hechos ocurrió en Burkina Faso, Mali y Níger (Institute for Economics & Peace, 2024).

La violencia persistente, junto con la degradación ambiental, ha desplazado a millones de personas en toda la región, contribuyendo a aumentar la población de personas desplazadas internamente y de refugiadxs (Internal Displacement Monitoring Centre, 2024). Estas presiones demográficas y de seguridad influyen directamente en las prioridades estratégicas y en las decisiones políticas de la AES.

Fue en este contexto, marcado además por un creciente sentimiento antifrancés, que comenzó a configurarse la AES. En febrero de 2022, Mali expulsó a las fuerzas diplomáticas y militares francesas y se retiró de asociaciones de seguridad regionales como el G5 Sahel, condenando su incapacidad para responder a las necesidades de seguridad en la región. En julio de ese año, Mali profundizó su cooperación militar con Rusia a través de nuevos acuerdos de adiestramiento y operaciones conjuntas. En septiembre, Burkina Faso vivió su segundo golpe de Estado del año, que llevó al poder a un nuevo liderazgo que adoptó una postura crítica hacia Occidente, similar a la de Mali, y buscó alianzas de seguridad alternativas. Ese mismo año, en noviembre, las tensiones entre Mali y Francia se intensificaron, lo que llevó a la suspensión de los programas de ayuda franceses.

El año 2023 marcó el establecimiento formal de la AES como bloque regional. En enero, Burkina Faso exigió el retiro de las tropas francesas, puso fin a los acuerdos militares existentes y cerró las bases francesas en su territorio. En julio, Níger se sumó a Mali y Burkina Faso en el rechazo a la influencia política y militar occidental, tras sus respectivos golpes militares. En agosto, la AES declaró un pacto de defensa colectiva, formalizado al mes siguiente mediante la firma de la Carta de Liptako-Gourma, que establece que un ataque contra uno de sus miembros se considera un ataque contra todos. La alianza también amplió sus relaciones internacionales durante la Cumbre Rusia-África celebrada en San Petersburgo, donde los Estados miembros firmaron nuevos acuerdos militares y económicos con Rusia. En septiembre, los países de la AES expulsaron a diplomáticxs estadounidenses y europeos acusadxs de injerencia, e iniciaron negociaciones formales con China para explorar proyectos de inversión en infraestructura y esquemas de cooperación en recursos naturales.

Durante 2024, la AES emprendió una serie de iniciativas estratégicas para fortalecer su presencia regional y afirmar su soberanía. En julio, celebró su primera Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y oficializó su salida de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO). En los meses siguientes, la alianza llevó a cabo sus primeros ejercicios militares conjuntos, centrados en operaciones antiterroristas coordinadas y control fronterizo. En marzo, tras la decisión de Níger de cerrar una de las mayores bases de drones de Estados Unidos en el mundo, ubicada en este país, la AES amplió sus acuerdos de seguridad con Rusia, enfocándose en la compra de armas y el intercambio de inteligencia (Sguazzin y Hoije, 2024).

En abril de 2024, líderes de la AES participaron en un Foro Panafricano de Seguridad, donde abogaron por una mayor autonomía regional y por soluciones africanas a los desafíos en materia de seguridad. En junio, la alianza reafirmó su compromiso con la soberanía de los recursos naturales, destacando el papel estratégico del uranio en Níger, el oro en Mali y los recursos agrícolas en Burkina Faso. En julio, la AES rechazó los llamados de Naciones Unidas y de las potencias occidentales a acelerar las transiciones hacia gobiernos civiles liberales, y priorizó la estabilidad frente a los plazos impuestos desde el exterior.

La alianza también emitió una declaración en la que condenó las sanciones impuestas por países occidentales contra sus Estados miembros, calificándolas como herramientas imperialistas diseñadas para socavar la soberanía regional. El 6 de julio de 2024, los países de la AES firmaron un tratado que establece oficialmente la Confederación de Estados del Sahel, con lo cual profundizaron la alianza iniciada con la Carta de Liptako-Gourma de 2023. El tratado establece prioridades comunes en materia de seguridad y defensa, lucha contra el terrorismo y fortalecimiento de la cooperación económica, comercial y cultural entre los tres países (Klomegah, 2024).

Estos avances subrayan el compromiso de la AES con el fortalecimiento de la autonomía regional y con un enfoque unificado para enfrentar los desafíos complejos del Sahel. A medida que Francia fue expulsada y su influencia disminuyó, la región expandió sus vínculos con China y Rusia. Este cambio ha despertado preocupación en Washington y otras capitales occidentales, ante la pérdida de influencia en la región, transformando al Sahel en un campo de batalla de las disputas globales.

Desafíos económicos futuros

La AES enfrenta limitaciones profundas, ya que las economías de sus países siguen ancladas en la dependencia de recursos extractivos, reproduciendo los patrones neocoloniales de relaciones comerciales desiguales y escasa generación de valor agregado.

A medida que los países de la AES intentan aprovechar su riqueza mineral para impulsar transformaciones económicas, lo hacen en un contexto marcado por la dependencia, la necesidad de diversificación y el bajo valor agregado (Harvard’s Atlas of Economic Complexity, 2023). Si bien los destinos comerciales han dejado de estar centrados en Francia; hoy Suiza, un centro mundial de refinación de oro y los Emiratos Árabes Unidos, un actor creciente en comercio y refinación regional, dominan las exportaciones de la AES. Mientras Suiza cumple principalmente un rol de tránsito, reexportando oro refinado sin generar valor local para los países africanos, los EAU realizan algo de refinación, lo que representa una leve mejora estratégica en términos de diversificación.

Sin embargo, en ambos casos, la cadena de valor sigue controlada desde fuera del continente, lo que mantiene la dependencia de materias primas, entonces, las economías de la AES siguen siendo extremadamente vulnerables a las fluctuaciones de sus precios internacionales. Por ejemplo, una caída en el precio del oro o perturbaciones en los mercados financieros en los EAU podrían afectar gravemente los ingresos en divisas de Mali y Burkina Faso. En el caso de Níger, su dependencia del uranio es especialmente sensible desde el punto de vista político. Como proveedor clave para el sector nuclear europeo, en particular para Francia, el realineamiento político del país tras el golpe de Estado y el aumento de las tensiones con potencias occidentales han suscitado preocupación por la seguridad del suministro. Estas tensiones se han agravado con las sanciones y la suspensión de ayudas, lo que ha convertido al uranio tanto en un salvavidas económico como en una moneda de cambio geopolítica.

Aunque los países de la AES han expresado con claridad su aspiración política de avanzar hacia un desarrollo económico soberano, subsisten vulnerabilidades estructurales, desde la propiedad sobre los recursos hasta la hegemonía de la moneda CFA. Para lograr una verdadera autosuficiencia, será necesario no solo diversificar los destinos y productos de exportación, sino modificar fundamentalmente las estructuras productivas: desarrollar capacidades nacionales de refinación, recuperar el control de la política monetaria, fortalecer el comercio regional e impulsar la industrialización más allá de la dependencia de materias primas.

Búsqueda decidida de soberanía

Cuando la mayoría de lxs líderes africanos comenzaron a llegar a la Cumbre Rusia-África de 2023, la prensa internacional los siguió de cerca. Cuando el presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, y el presidente de Mali, Assimi Goïta, ingresaron al recinto fueron el centro de una fuerte atención mediática por ser líderes considerados “rebeldes”, que habían adoptado un comportamiento cada vez más asertivo, señal de un cambio geopolítico mayor en marcha en nodos estratégicos del Sur Global.

Durante la reunión bilateral con el presidente ruso, Vladimir Putin, Traoré dio prioridad a los acuerdos sobre seguridad nacional y desarrollo, pero también hizo una referencia directa a “los acontecimientos en Níger”, donde en ese momento el general Abdourahamane Tchiani lideraba un golpe militar. Este gesto fue una señal de alineamiento con la ruptura política en Níger y reforzó una narrativa de lucha compartida en el marco de un orden internacional injusto que, según los líderes de la AES, debe ser transformado (Equipo del sitio web oficial del Presidente de Rusia, 2023a). Las estrategias diplomáticas de Traoré y Goïta reflejaron un giro deliberado, alejándose de los vínculos neocoloniales y acercándose a asociaciones soberanas para el desarrollo. Esta tendencia resuena con lo que muchos Estados del Sur Global están comenzando a adoptar frente a la arquitectura actual del hiperimperialismo: una postura de búsqueda decidida de soberanía (Tricontinental, 2024).

Estos compromisos diplomáticos, incluidos los realineamientos estratégicos y las iniciativas conjuntas en materia económica y de seguridad, no son alianzas meramente oportunistas, sino expresiones de aspiraciones más profundas por un reposicionamiento estructural. La AES no está simplemente equilibrando amenazas en el sentido clásico de los estudios de seguridad (es decir, alinearse con una potencia para contrarrestar a otra), ni tampoco está buscando nuevos patrocinadores. Más bien, su postura puede entenderse como una ofensiva de soberanía: políticas y estrategias institucionales de los Estados frente a las restricciones impuestas por un orden hiperimperialista, orientadas a romper la dependencia y reconfigurar su lugar en el sistema global.

Durante la Conferencia Internacional de Solidaridad con los Pueblos del Sahel, realizada en noviembre de 2024 en Niamey, el general de brigada Abdou Assoumane Harouna, líder del Consejo Nacional para la Salvaguarda de la Patria (CNSP) y gobernador de Niamey, declaró: “Nos enfrentaremos al poder del imperialismo… Ninguna potencia militar del mundo puede detener la apuesta por la independencia y el rechazo del antiguo orden mundial” (Peoples Dispatch, 2024). Este planteamiento refleja una aspiración más amplia, no solo en el Sahel sino en todo el Sur Global, por liberarse de la camisa de fuerza del dominio imperial y afirmar vías independientes de desarrollo, cooperación regional y claridad ideológica (Peoples Dispatch, 2024).

El reposicionamiento soberano de la AES no surge de manera espontánea desde el punto de vista ideológico. Se nutre de tradiciones profundamente arraigadas de lucha por la liberación y del rechazo a la dependencia, exigencias históricas de los movimientos populares. Los clamores que vienen desde abajo han marcado claramente la forma en que los líderes de la AES han caracterizado sus transiciones encabezadas por militares como formas de “soberanía correctiva”.

Si bien algunxs analistas reducen estos cambios a una simple “alianza” con Rusia o a un populismo militar oportunista, este tipo de enfoque pasa por alto las dinámicas estructurales que están en juego: la desvinculación de un sistema basado en la subordinación forzada. Como señaló el presidente Goïta durante sus negociaciones bilaterales con el presidente Putin, en el marco de la cumbre Rusia-África de 2023:

Numerosos países africanos, especialmente Mali, estamos bajo una presión sin precedentes por parte de varios países que están dispuestos a imponernos sanciones por nuestra asociación con Rusia, por nuestra elección soberana [énfasis añadido]. Nos sorprende esta práctica neocolonialista, que debe ser frenada mediante un esfuerzo concertado a nivel internacional (Equipo del sitio web oficial del Presidente de Rusia, 2023).

Esta elección soberana es fruto de intereses compartidos y de procesos históricos más amplios que aún siguen desarrollándose. Durante su intervención en la cumbre, el presidente de Burkina Faso, Traoré, afirmó que Rusia es como una familia para los pueblos africanos debido a su historia común: “Rusia hizo enormes sacrificios para liberar al mundo del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. El pueblo africano, nuestros abuelos, también fueron deportados a la fuerza para ayudar a Europa a liberarse del nazismo”, explicó. “Compartimos la misma historia en el sentido de que somos los pueblos olvidados del mundo” (Lalla, 2023).

La posición adoptada por la AES sigue siendo significativa. Cuando el presidente Ibrahim Traoré declara que “un esclavo que no puede asumir su propia revuelta no merece compasión”, o cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Mali, Abdoulaye Diop, afirma que “el destino de nuestros países no se decidirá en Bruselas, París, Washington o Londres. Se decidirá en Bamako, Uagadugú y Niamey”, no se trata simplemente de una floritura retórica (Maïga, 2024; Glazkova, 2024; Peoples Dispatch, 2023). Estas declaraciones son afirmaciones políticas que resuenan con un sentimiento popular de soberanía conquistada mediante la lucha armada e institucional, una ruptura con los regímenes liberales desmovilizados de las últimas décadas, dirigidos por élites compradoras.

Esto quedó plenamente demostrado cuando, tras una serie de intentos de atentado e intervenciones contra Traoré, se organizaron múltiples concentraciones, protestas y manifestaciones en apoyo a su liderazgo el 30 de abril de 2025 en distintos países del continente y del mundo, desde Burkina Faso, Costa de Marfil y Kenia hasta Estados Unidos, Reino Unido y Francia (Sanusi, 2025).

Esto no implica idealizar a la AES. Sus gobiernos enfrentan profundas contradicciones internas y deben sortear tanto las antiguas como las nuevas formas de dependencia. Cambios en el escenario geopolítico internacional pueden alterar rápidamente la capacidad de la AES para sostener sus nuevas relaciones.

Como señala Vijay Prashad al analizar los acontecimientos recientes en Siria y sus efectos en el Sahel:

El cambio de gobierno en Siria no solo debilitó a Irán en el corto plazo, sino que también afectó a Rusia (uno de los objetivos estratégicos a largo plazo de Estados Unidos), que anteriormente utilizaba aeropuertos sirios para abastecer sus aviones de suministro rumbo a distintos países africanos. Actualmente, Rusia ya no puede utilizar estas bases, y sigue sin estar claro dónde podrán abastecerse sus aeronaves militares para llegar a la región, especialmente a los países del Sahel. Esto le abre a Estados Unidos una oportunidad para presionar a países fronterizos con el Sahel, como Nigeria y Benín, a fin de lanzar operaciones contra los gobiernos de Burkina Faso, Mali y Níger. Esto exige una vigilancia atenta (2024).

A pesar de sus logros simbólicos y estratégicos hasta la fecha, el éxito de la alianza dependerá de su capacidad para construir instituciones duraderas, promover la integración económica y alinear sus metas internas con la estabilidad regional. Las nuevas iniciativas, como la coordinación regional para la gestión de recursos; las propuestas de crear una moneda saheliana; el establecimiento de un pasaporte único de la AES que permita la libre circulación entre países; la interconexión de redes; fuerzas militares conjuntas; y los llamados a fortalecer la cooperación Sur-Sur, son pasos iniciales hacia un nuevo paradigma de desarrollo, basado en la soberanía, la autosuficiencia y la participación popular. El paradigma que comienza a emerger en el Sahel sigue siendo frágil, pero expresa un rechazo claro al modelo de mando imperial y plantea un horizonte político alineado con las aspiraciones emancipadoras del Sur Global.

Notas

Referencias Bibliográficas