Si en una tarde cálida de 1977 usted conducía hasta la orilla norte del lago Aasee en Münster, que entonces formaba parte de Alemania Occidental, se encontraría con tres bolas de billar de concreto del tamaño de autos pequeños descansando sobre el césped junto a la orilla: las Giant Pool Balls [Bolas de billar gigantes] de Claes Oldenburg. Las esculturas se instalaron originalmente ese año para la primera edición de Skulptur Projekte Münster [Proyectos de Escultura de Münster], uno de los experimentos más emblemáticos de Alemania Occidental para llevar el arte contemporáneo al espacio público, cuyo lenguaje de abstracción, arte pop y objetos de consumo agrandados se alejaba en gran medida de las representaciones de la vida cotidiana de la clase trabajadora.

Ese mismo año, al otro lado de la frontera interalemana, la República Democrática Alemana (RDA) celebraba el 25º aniversario de su propio programa de arte público. Uno de sus ejemplos más ambiciosos aún se encuentra en Berlín. Cruce hoy la Alexanderplatz [Plaza Alexander] en Berlín y mire hacia arriba. En la Haus des Lehrers [Casa del Maestro] —un edificio de 12 pisos diseñado por el colectivo de Hermann Henselmann y terminado en 1964—, la obra de Walter Womacka, Unser Leben [Nuestra vida], envuelve la torre como un friso monumental de azulejos de cerámica, una banda mural horizontal. Sus aproximadamente 800.000 azulejos cortados a mano forman un panorama de 125 metros de largo y 7 metros de alto que representa la vida socialista en la RDA. Comencemos por la fachada norte: una mujer da una clase frente a una pizarra; una brigada se reúne alrededor de una mesa; un trabajador se inclina sobre un modelo atómico junto a una pareja joven con un niño; un campesino blande una guadaña. Un espejo parabólico. Un cohete. Una paloma. Detrás y entre ellos: manos, pancartas, una bandera roja.

Walter Womacka, Unser Leben [Nuestra vida], 1962–1964.

Womacka terminó el friso mientras la RDA aún tenía en sus escuelas y fábricas personal compuesto por antifascistas que habían sobrevivido a los campos de concentración nazis de Buchenwald y Ravensbrück. Treinta y seis años después de la disolución del Estado que lo encargó, el friso sigue en la Alexanderplatz, con colores tan vivos como si Womacka acabara de bajar del andamio. Este Boletín de Arte trata sobre el programa de Alemania Oriental que puso obras de arte como esta a la vista del público en la vida cotidiana, las tradiciones socialistas a las que pertenecía y lo que se ha destruido y conservado desde entonces.

Baubezogene Kunst [Arte integrado en la construcción]

La RDA se fundó en octubre de 1949 entre los escombros de la derrota nazi, en la zona de ocupación soviética, y se embarcó en un rápido programa de reforma agraria, nacionalización masiva y ajuste de cuentas antifascista. Mientras tanto, la República Federal de Alemania, al otro lado de la frontera occidental, reincorporaba discretamente a los oficiales de la Wehrmacht a la Bundeswehr, las fuerzas armadas recién creadas de Alemania Occidental, y a los juristas nazis al poder judicial. El 22 de agosto de 1952, el Consejo de Ministros de la RDA aprobó la Verordnung über die künstlerische Ausgestaltung von Verwaltungsbauten [Reglamento sobre la decoración artística de los edificios administrativos], una norma que obligaba a los proyectos de construcción estatales a destinar entre el uno y el dos por ciento del presupuesto aprobado a “obras de volksverbundener, realistischer Kunst [arte realista vinculado al pueblo]” tanto en el interior como en el exterior de los edificios. Escuelas, guarderías, ayuntamientos, hospitales, cines, grandes almacenes, bloques de apartamentos, subestaciones eléctricas, los vestíbulos de los comedores de las fábricas: todos ellos debían incluir arte en su interior o en su exterior, y el Estado tenía que pagarlo.

En alemán, esto se denominaba baubezogene Kunst [arte integrado en la construcción]. Los alemanes occidentales, partiendo del mismo antecedente de la era de Weimar, llevaron a cabo un programa paralelo denominado Kunst am Bau [Arte en la arquitectura]. La diferencia política no radicaba en el mecanismo, sino en lo que los dos Estados pedían a sus artistas que colocaran en las paredes, y para quién. Un contraste relacionado surgió en 1955, cuando se inauguró la primera exposición de documenta en la ciudad de Kassel, en Alemania Occidental, a poca distancia en auto de la frontera con Alemania Oriental. Fundada por Arnold Bode, documenta se convirtió en una de las principales exposiciones periódicas de arte contemporáneo del mundo y se entendió desde sus inicios como el contrapeso estético de Alemania Occidental al realismo socialista regulado por el Estado —la doctrina artística oficial del bloque socialista, que exigía representaciones realistas y accesibles de trabajadorxs, campesinado y la construcción socialista—. La exposición puso en primer plano a los pintores abstractos: Wassily Kandinsky, Paul Klee, Max Beckmann y, más tarde, Jackson Pollock y Willem de Kooning, a quienes el Congreso por la Libertad Cultural de la CIA y el programa internacional del Museo de Arte Moderno (MoMA) también promovieron a lo largo de esa misma década de la posguerra. En oposición a esta lógica, la RDA creó arte público para una clase trabajadora que estaba construyendo el socialismo.

A lo largo de cuatro décadas, la RDA encargó aproximadamente diez mil obras de este tipo. Las obras de mayor envergadura se adjudicaban mediante concurso abierto y, a menudo, eran producidas por colectivos de artistas, una de las razones por las que la autoría individual tiene menos importancia en esta tradición que en la historia del arte burgués.

El programa puede entenderse como parte de una transformación integral de la sociedad, que reduce la brecha entre el arte y la producción, entre los artistas y los trabajadores. Este espíritu fue resumido de manera óptima por el secretario de Estado de la RDA, Walter Ulbricht cuando afirmó: “[La clase trabajadora] debe tomar por asalto las cimas de la cultura y hacerla suya”. La ocasión fue el Bitterfelder Weg [Camino de Bitterfeld], una conferencia de escritores celebrada el 24 de abril de 1959 en el Kulturpalast [Palacio de la Cultura] del Complejo Químico de Bitterfeld, donde un trabajador y escritor llamado Werner Bräunig le dio al movimiento su lema: “¡Greif zur Feder, Kumpel! [¡Toma la pluma, camarada!]”. La conferencia instó a lxs escritorxs a entrar en las fábricas, a lxs pintorxs a unirse a las brigadas y a lxs trabajadorxs a ir a los estudios. En esta visión, las paredes del Estado se convirtieron en el periódico del pueblo, y el Unser Leben de Womacka en Alexanderplatz fue una de sus portadas.

Muros en Dresde y Eisenhüttenstadt

Tome un tren que lo lleve solo dos horas al sur de Berlín, hacia Dresde. En la fachada oeste del Kulturpalast [Palacio de la Cultura], diseñado por Wolfgang Hänsch y terminado en 1969, hay un mural de 30 metros de largo y 10,5 metros de alto, compuesto por 466 paneles de concreto recubiertos con fragmentos de vidrio de colores: Der Weg der roten Fahne [El camino de la bandera roja], creado entre 1968 y 1969, por un colectivo de profesores y estudiantes de la Hochschule für Bildende Künste de Dresde [Academia de Bellas Artes de Dresde] en torno a Gerhard Bondzin. El mural se lee de izquierda a derecha como una historia del movimiento obrero alemán: las revoluciones de 1848 y la publicación del Manifiesto comunista; la fundación del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD); la Revolución de Noviembre y los revolucionarios asesinados Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht; lxs voluntarixs alemanxs de la Guerra Civil Española; la resistencia al nazismo; y la fundación de la RDA en octubre de 1949.

Gerhard Bondzin y colectivo, Der Weg der roten Fahne [El camino de la bandera roja], 1969.

La composición se aprecia claramente desde el bulevar Schloßstraße: una mujer en el centro, con un brazo en alto, se encuentra frente a la puerta de una fábrica, junto a trabajadores armados en una barricada y soldados con banderas rojas donde antes aparecía la esvástica. Los paneles de concreto representan estas figuras con los colores primarios de un folleto de huelga ampliado a escala arquitectónica. El colectivo Bondzin terminó el mural en el verano de 1969 con motivo del vigésimo aniversario de la RDA. Desde entonces ha sido declarado monumento cultural, aunque el Kulturpalast que lo rodea ha sido remodelado dos veces: primero a principios de la década de 1990 y luego nuevamente durante la renovación de 2012 a 2017, que transformó la sala de conciertos en la sede de la Orquesta Filarmónica de Dresde.

Si viaja hacia el noreste, llegará a Eisenhüttenstadt, donde la RDA construyó, a partir de 1950, Stalinstadt —su primera ciudad socialista planificada— en terrenos anteriormente sin urbanizar alrededor de la acería Eisenhüttenkombinat Ost, atrayendo a toda una generación de personas refugiadas de la posguerra hacia un nuevo centro industrial. A pocos pasos de la alcaldía, en la fachada norte de lo que entonces era la tienda de departamentos Magnet en Lindenallee (antes Leninallee), se encuentra un segundo mural de Womacka terminado en 1965: Frieden durch technisches Wissen, technischen Fortschritt [Paz a través del conocimiento técnico, progreso técnico]. La mano de un trabajador libera una paloma blanca contra un fondo industrial de banderas estatales; en la manga hay imágenes de herramientas, trabajadores y trabajo tecnológico. Es una imagen de paz: la paz de un país que había perdido entre cinco y siete millones de personas en la Segunda Guerra Mundial, cuyo vecino occidental ya se había rearmado dentro de la OTAN en 1955, y cuyos propios niñxs aprendían en el jardín de niñxs a reconocer a la paloma como parte de un lenguaje visual compartido de paz.

Walter Womacka, Frieden durch technisches Wissen, technischen Fortschritt [Paz a través del conocimiento técnico, el progreso técnico], 1965.

Paz mundial e internacionalismo

La paloma es un motivo recurrente en el arte público de la RDA. La obra Friedenstaube [Paloma de la Paz] de Ortraud Lerch, en Berlín, lleva este símbolo a la fachada de un edificio de apartamentos común mediante un mosaico de vidrio. La influencia era evidente: la paloma de Picasso, litografiada para el Congreso de la Paz de París de 1949, fue plasmada en cerámica, vidrio y esmalte en los edificios de arte público de la RDA por artistas que trabajaban en un Estado cuya identidad antifascista convertía la paz en una cuestión de política.

Ortraud Lerch, Friedenstaube [Paloma de la Paz], 1977.

La paloma no era el único elemento del lenguaje visual de la paz de la RDA. Con el tiempo, a ese símbolo se sumaron imágenes de personas de diferentes países, vinculando la paz con la liberación anticolonial, el internacionalismo socialista y la Völkerfreundschaft: la amistad entre los pueblos.

La pintura esmaltada de Willi Neubert, titulada Internationale Solidarität [Solidaridad Internacional], se encontraba originalmente en la Stadthalle, o salón municipal, de Suhl, Turingia, pero fue retirada a principios de la década de 1990. En 2010 se reinstaló en Thale, la ciudad industrial donde Neubert había vivido y trabajado durante mucho tiempo. La obra muestra la paz y la liberación no como una condición ya alcanzada, sino como algo conquistado a través de la lucha: bajo las alas de una paloma, el mundo se presenta como un campo de solidaridad internacional.

La lucha de clases internacional, el proceso dinámico de liberación y la Völkerfreundschaft adoptaron muchas formas en la cultura pública de la RDA. Aunque los recursos propios de la RDA eran limitados, esta apoyó a los movimientos de liberación y a los jóvenes Estados nacionales de todo el mundo mediante proyectos concretos que incluían la construcción de escuelas, hospitales y fábricas; la capacitación gratuita de miles de estudiantes; y la impresión y distribución de revistas de los movimientos, además de proporcionar oficinas a algunos movimientos de liberación en Alemania Oriental. Una parte significativa de este trabajo solidario fue impulsada y sostenida por la gente común a través de campañas masivas en los lugares de trabajo, las escuelas y los barrios.

¡Solidarität üben! [¡Practica la solidaridad!] fue el grito de guerra del Solidaritätskomitee der DDR [Comité de Solidaridad de la RDA], el organismo central que coordinaba esta labor. Informaba a la población sobre las luchas anticoloniales y de liberación y solicitaba donaciones a través de campañas a nivel nacional, utilizando carteles y materiales informativos creados por artistas visuales para explicar, fomentar y dar a conocer esta labor solidaria. Practicar la solidaridad significaba dos cosas a la vez: estar al tanto de lo que sucedía en el mundo y actuar en consecuencia.

Por ejemplo, entre 1965 y 1989, el Comité de Solidaridad canalizó aproximadamente 1.300 millones de marcos de la RDA en ayuda humanitaria recaudada entre la población hacia Vietnam, lo que incluyó ambulancias, prensas de impresión y apoyo al Krankenhaus der Deutsch-Vietnamesischen Freundschaft [Hospital de la Amistad Vietnam-RDA, hoy Hospital Việt Đức] en Hanói, que sigue siendo uno de los principales centros quirúrgicos de Vietnam. A lo largo de estas campañas, la solidaridad se hizo visible a través de carteles, sellos, exposiciones y otros materiales impresos. De esta manera, el internacionalismo no se limitaba a discursos o acuerdos estatales. Aparecía en las paredes de las ciudades, en imágenes impresas y en actos cotidianos de generosidad, haciendo visible la solidaridad como parte de un futuro esperanzador.

Willi Neubert, Internationale Solidarität [Solidaridad Internacional], 1977–1978.

Lo que se destruyó y lo que sobrevivió

Después de 1990, la República Federal de Alemania [Bundesrepublik Deutschland, BRD] reunificada se dedicó a desmantelar gran parte de la infraestructura cultural pública de la RDA. Ese año, el pintor de Alemania Occidental Georg Baselitz declaró públicamente que “no hay artistas en la RDA”; el consiguiente Bilderstreit, literalmente “disputa de imágenes”, la batalla posterior a la reunificación sobre cómo juzgar el arte de Alemania Oriental, ocupó las páginas de los periódicos durante una década. Una gran parte del baubezogene Kunst (aunque nadie tiene un recuento exacto) fue pintada por encima, desmantelada durante renovaciones o retirada junto con los propios edificios, a menudo con el pretexto de eliminar la “propaganda de la RDA”.

El Palast der Republik [Palacio de la República] —el parlamento y centro cultural de la RDA, ubicado en el sitio del antiguo Berliner Stadtschloss— se convirtió en el símbolo más visible de este proceso. Cerrado en 1990 supuestamente debido a la contaminación por asbesto (aunque la mayor parte ya había sido extraída), el Bundestag [el parlamento federal de Alemania] votó a favor de su demolición en 2003 y fue demolido entre 2006 y 2008. Con ello desapareció el edificio que había albergado la Palast-Galerie [Galería del Palacio], una exposición permanente curada por Fritz Cremer —cuya escultura de Bertolt Brecht se encuentra frente al Berliner Ensemble— bajo el título Dürfen Kommunisten träumen? [¿Se les permite soñar a los comunistas?]. La galería incluía obras de muchos artistas importantes de la RDA; después de 1990, estas obras pasaron a estar bajo custodia federal y fueron almacenadas. El sitio es ahora el Foro Humboldt, un complejo museístico y cultural ubicado detrás de la fachada reconstruida del Palacio de Hohenzollern, cuyo regreso al centro de Berlín ha sido ampliamente cuestionado tanto como eliminación de la memoria de la RDA como una restauración de la imaginería imperial prusiana. Se inauguró por etapas a partir de 2020 y costó aproximadamente 680 millones de euros.

En los casos en que el arte y la arquitectura sobrevivieron a las dos primeras décadas tras el fin de la RDA, ahora parece haber un mayor reconocimiento de su valor histórico y cultural, así como un creciente deseo de preservarlos. Quizás 30 años de austeridad hayan aumentado el deseo de la gente de que se le recuerde su humanidad y dignidad —y del socialismo—. El Kunstarchiv Beeskow en Brandeburgo, un archivo y colección, alberga más de 23.000 obras de arte encargadas por la RDA que fueron retiradas de los edificios públicos después de 1990. Una serie de importantes exposiciones de reevaluación: Kunst in der DDR [Arte en la RDA] en la Neue Nationalgalerie de Berlín en 2003, Abschied von Ikarus: Bildwelten in der DDR – neu gesehen [Adiós a Ícaro: Mundos visuales en la RDA – una nueva mirada] en el Neues Museum de Weimar en 2012, y Behind the Mask: Artists in the GDR [Detrás de la máscara: Artistas en la RDA] en el Museo Barberini de Potsdam en 2017, han desplazado el debate un poco más allá de donde lo dejó Baselitz.

Estas reevaluaciones no se limitan a recuperar obras de arte de los depósitos o a restaurar murales para que vuelvan a ser vistos por el público. También reabren la pregunta de qué intentó construir la RDA: una sociedad en la que el arte no se tratara como un objeto de lujo para la propiedad privada, sino como parte de la educación cotidiana, la dignidad y la imaginación de la clase trabajadora.

La RDA también está siendo reinterpretada dentro de la tradición socialista a través de la investigación del Foro Zetkin para la Investigación Social, con sede en Berlín, y del Internationale Forschungsstelle DDR [Centro Internacional de Investigación sobre la RDA]. Junto con el Instituto Tricontinental de Investigación Social, el centro publica la serie Estudios sobre la RDA, que reexamina la historia, los principios y las experiencias vividas de este Estado socialista para los movimientos progresistas de hoy.

Un cordial saludo,

Foro Zetkin para la Investigación Social

La historia de los últimos 200 años es la historia del ascenso y la impugnación de dos de esas monedas clave: la libra esterlina y, de forma mucho más amplia, el dólar estadounidense.

El actual orden global, sustentado por el dólar, otorga a Estados Unidos lo que se ha denominado acertadamente un “privilegio exorbitante”: el poder de emitir la moneda que el resto del mundo necesita como reserva de valor, medio de pago y unidad de cuenta (Batista Jr., 2024). Eso permite a Estados Unidos financiar sus déficits, consumir por encima de su producción y proyectar su poderío militar, simplemente porque su deuda pública se considera el activo más seguro del planeta. Además, permite a Estados Unidos tener el mercado financiero más importante del mundo, base de formación de expectativas que trascienden la dimensión financiera e influyen en las decisiones de inversión y producción; establece las condiciones más importantes para definir la dirección de los flujos financieros globales que limitan la autonomía de los países dependientes y subordinados.

Existe una jerarquía entre las monedas nacionales en relación con el dólar. Algunas de ellas gozan de aceptación internacional, como el euro y el renminbi. Para los países del Sur Global, esta arquitectura impone un costo elevado. Sus monedas son tratadas como activos financieros volátiles, y sus economías quedan rehenes de la disciplina impuesta por el capital financiero internacional. La necesidad de acumular dólares como defensa contra ataques especulativos y para garantizar las importaciones resulta en una transferencia líquida y perversa de riqueza del Sur hacia el Norte Global, especialmente hacia inversionistas y especuladores de Europa Occidental y de Estados Unidos.

Ante estas cuestiones estructurales del capitalismo contemporáneo, comprender el ascenso del dólar, los mecanismos de su dominio actual y los límites estructurales a los que se enfrenta cualquier alternativa es, por lo tanto, una tarea central para quienes buscan un orden internacional más justo y cooperativo.

El dinero, el valor y la necesidad de una moneda mundial

En cualquier sociedad basada en la división del trabajo y el intercambio de mercancías, el dinero surge como una necesidad práctica. Cuando diferentes productores se especializan — uno cultiva trigo, otro fabrica telas, otro extrae minerales — necesitan intercambiar sus productos entre sí para satisfacer sus necesidades. Pero el intercambio directo, o trueque, presenta dificultades evidentes: la agricultora que quiere tela necesita encontrar una tejedora que, en aquel exacto momento, quiera trigo, en la cantidad exacta, y acepte la proporción de intercambio propuesta.

El dinero resuelve ese problema al funcionar como un equivalente general: una mercancía especial que todos aceptan a cambio de cualquier otra. Con el dinero, la agricultora puede vender su trigo a cualquier comprador, guardar el valor recibido y, cuando quiera, comprar tela de cualquier vendedora. El dinero cumple así tres funciones básicas: sirve como medio de circulación, facilita los intercambios; como unidad de cuenta, permite comparar el valor de mercancías diferentes; y como reserva de valor, permite guardar riqueza para uso futuro.

En el análisis marxista, el dinero no es una invención arbitraria ni un simple instrumento técnico. Es la expresión material de una relación social: el valor. El valor de una mercancía corresponde al tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. Cuando millones de productores independientes intercambian mercancías en el mercado, están, en la práctica, comparando cantidades de trabajo humano. El dinero es la forma mediante la cual esa comparación se vuelve posible y visible. Representa, de forma condensada, el trabajo social (Marx, 2023).

Dentro de un mismo país, el uso del dinero es relativamente sencillo: existe una moneda nacional, emitida y garantizada por el Estado, que todos los habitantes reconocen y aceptan. Pero ¿qué sucede cuando productores de diferentes países quieren comercializar entre sí?

Consideremos un ejemplo concreto. Una empresa brasileña exporta café a Alemania. La empresa importadora alemana tiene euros; la exportadora brasileña necesita reales para pagar a sus trabajadorxs, proveedores e impuestos. ¿Cómo conciliar estas dos monedas?

El problema se desdobla en varias dimensiones. Primero, es necesario establecer una tasa de cambio: ¿cuántos reales equivalen a un euro? Segundo, se necesita un mecanismo para convertir efectivamente una moneda en la otra. Tercero, se requiere que ambas partes confíen en que la moneda recibida tendrá un valor estable y será aceptada por otros.

Cuando el comercio internacional era pequeño y esporádico, esos problemas podían resolverse caso por caso, frecuentemente con el uso de metales preciosos (oro y plata), que tenían aceptación universal. Pero a medida que el mercado mundial se expandió, esa solución se volvió insuficiente.

Con el crecimiento del comercio internacional, surge la necesidad de un sistema organizado para liquidar (ajustar) las cuentas entre países. No es práctico que cada transacción individual implique la transferencia física de oro o la conversión directa entre dos monedas cualesquiera. Se necesita un mecanismo de compensación.

Imaginemos que, en un período determinado, Brasil exporte 100 millones de dólares en café a Alemania e importe 80 millones de dólares en maquinaria. En lugar de realizar dos transferencias separadas, basta con que Alemania transfiera a Brasil la diferencia neta de 20 millones. Este es el principio de la compensación.

Pero para que este mecanismo funcione a escala global, involucrando a decenas de países con monedas diferentes, es necesario que exista una referencia común, una divisa que todos acepten como unidad de cuenta y medio de pago para liquidar los saldos. Históricamente, esa función fue desempeñada por el oro y, posteriormente, por las monedas nacionales de los países económicamente dominantes.

Por lo tanto, las ventajas asociadas al control de la moneda de referencia son todo menos simples. Entre ellas se incluyen:

(i) La posibilidad de que el Estado emisor amplíe de forma desproporcionada su capacidad de endeudamiento y de gasto con relación a los demás Estados nacionales.

(ii) El uso de la moneda como instrumento de política y dominación externa, por medio del control de canales centrales de liquidez internacional, como en el caso de la aplicación de sanciones económicas.

(iii) Los beneficios garantizados a la actuación internacional de sus bancos que, insertos en un sistema de reservas fraccionarias respaldado por esa moneda expansiva, pasan a ocupar una posición privilegiada en el circuito de las altas finanzas globales.

Surge aquí una pregunta fundamental: ¿quién emite esta moneda de referencia? ¿Cómo se elige? ¿Y cuáles son las consecuencias de que un país vea elevada su moneda nacional a la condición de moneda mundial?

El mercado mundial se expande, el problema se agrava

El mercado mundial no creció de forma gradual y pacífica. Su expansión fue impulsada, desde el siglo XV, por la conquista colonial, el tráfico de personas esclavizadas, la apropiación de tierras y recursos naturales y la imposición de relaciones comerciales asimétricas a las poblaciones subyugadas. La acumulación primitiva de capital, que Marx analizó en el primer volumen de El Capital, fue un proceso global y violento (Marx, 2023).

A medida que el capitalismo se consolidó como modo de producción dominante, el volumen del comercio internacional creció exponencialmente. En el siglo XVIII, la Revolución Industrial intensificó este proceso: las potencias europeas necesitaban materias primas de todo el mundo (algodón, minerales, productos agrícolas) y buscaban mercados para sus productos manufacturados.

Este crecimiento hizo que el problema de la moneda internacional en cada vez más urgente. Con millares de transacciones diarias entre decenas de países, era indispensable un sistema monetario internacional organizado: un conjunto de reglas, instituciones y prácticas que definieran cómo se relacionan las monedas entre sí, cómo se liquidan los pagos y cómo se ajustan los desequilibrios comerciales.

La solución encontrada entre el siglo XIX y principios del XX refleja la estructura de poder de la época: un mundo dividido entre imperios coloniales rivales. Cada potencia imperial organizó su propia zona monetaria, integrando sus colonias y áreas de influencia al espacio de circulación de su moneda nacional.

Como mayor potencia industrial, comercial y financiera del siglo XIX, Gran Bretaña convirtió a la libra esterlina en la principal moneda del comercio internacional, imponiendo sus “preferencias imperiales”. El llamado patrón oro, que estuvo vigente desde el último cuarto del siglo XIX hasta 1914, era en la práctica un patrón libra-oro: la libra era la moneda en que se denominaban la mayoría de los contratos comerciales, en la que se cotizaban las principales commodities y en la que se realizaban los préstamos internacionales.

El sistema de la libra esterlina como moneda internacional dominante fue posibilitado por el drenaje de riqueza de las colonias. La India mantenía elevados superávits en la balanza de pagos con Europa continental, Estados Unidos, Canadá y Japón. Pero mantenía un déficit en la balanza de pagos con Gran Bretaña, en parte debido a las exportaciones británicas a la India, y, principalmente, por las obligaciones impuestas por los británicos a la colonia, incluidas enormes cantidades de “regalos” de la India Británica a la metrópoli (Patnaik y Patnaik, 2024). Según el informe Estudios sobre comercio ultramarino británico, presentado por los autores, “la clave de todo el patrón de pagos de Gran Bretaña residía en la India, que probablemente financiaba más de dos quintas partes del déficit total británico”.

Las colonias británicas —desde la India hasta África, desde el Caribe hasta Oceanía— se integraron al espacio monetario de la metrópoli mediante el sistema de preferencias imperiales británico. Sus exportaciones se cotizaban en libras y sus importaciones, en gran parte procedentes de la propia Gran Bretaña debido al exclusivismo comercial metropolitano, se pagaban en libras. Sus sistemas bancarios operaban con la libra como referencia. Las poblaciones coloniales se veían obligadas a obtener libras para pagar impuestos y adquirir bienes esenciales, lo que las subordinaba enteramente a los términos de intercambio definidos por la metrópoli.

El imperio colonial francés, que se extendía por el norte y oeste de África, por Indochina y las islas del Pacífico y del Caribe, constituía una zona monetaria propia, organizada en torno del franco. Hasta hoy, vestigios de esa estructura sobreviven en el franco CFA, moneda utilizada por 14 países africanos que permanece vinculada al euro y antes, al franco francés (Metri, 2023).

Aunque no poseía un imperio colonial formal comparable al de los europeos, Estados Unidos ejercía una hegemonía económica sobre gran parte de las Américas desde finales del siglo XIX. La Doctrina Monroe (“América para los estadounidenses”) expresaba esa pretensión. El dólar circulaba ampliamente en Centroamérica, el Caribe y partes de Sudamérica, frecuentemente impuesto por intervenciones militares y por la presencia de empresas estadounidenses que controlaban sectores estratégicos (como United Fruit Company en Centroamérica).

Alemania, Japón, Holanda, Bélgica y Portugal también mantenían sus propias esferas monetarias coloniales, aunque menores.

El resultado de esta configuración era un sistema monetario internacional fragmentado. No había una única moneda mundial, sino varias monedas regionales compitiendo entre sí, cada una dominante en su esfera de influencia. La libra era la más importante a nivel global, pero no era universal.

Ese sistema reflejaba la estructura del imperialismo tal como la analizaron Lenin y otros marxistas de inicios del siglo XX: un mundo dividido entre potencias capitalistas rivales, cada una controlando su propio bloque de territorios coloniales y semicoloniales. Las tensiones entre estos bloques —la disputa por mercados, materias primas y áreas de inversión— fueron una de las causas profundas de la Primera Guerra Mundial (Lenin, 2012).

La guerra de 1914-1918 destruyó ese orden. El conflicto exigió gastos colosales, financiados por la emisión monetaria y el endeudamiento. La mayoría de los países suspendió la convertibilidad de sus monedas en oro. El Reino Unido, antes el gran acreedor mundial, emergió como deudor. Estados Unidos, que entró tarde en la guerra y suministró provisiones a los aliados, se convirtió en el principal acreedor internacional.

El período entreguerras (1918-1939) estuvo marcado por intentos fallidos de restaurar el patrón oro, por inestabilidad cambiaria crónica, por devaluaciones competitivas, las llamadas guerras cambiarias, y por el colapso del comercio internacional tras la crisis de 1929. La Gran Depresión demostró que un sistema monetario internacional desorganizado era incompatible con la estabilidad del capitalismo.

La Segunda Guerra Mundial creó las condiciones para una reorganización radical. Estados Unidos salió del conflicto como la única gran potencia con su economía intacta y fortalecida. Aunque compartía la hegemonía mundial con la antigua URSS, solo Estados Unidos se destacó como una potencia capitalista líder dispuesta a no imponer controles de capital, a permitir la venta de sus activos y a utilizar su moneda como moneda mundial.

Al final del conflicto mundial, Estados Unidos mantenía cerca de dos tercios de las reservas globales de oro. Su industria representaba casi la mitad de la producción manufacturera mundial. Su territorio no había sido devastado por la guerra (Mazzucchelli, 2013).

Esta asimetría de poder permitió a Estados Unidos imponer una nueva arquitectura monetaria internacional. En 1944, en la conferencia de Bretton Woods, se creó un sistema que, por primera vez en la historia, establecía una única moneda nacional como eje del sistema monetario mundial: el dólar estadounidense.

El sistema de Bretton Woods marcó la transición de un escenario de zonas monetarias en competencia vinculadas a imperios rivales hacia una hegemonía monetaria unificada bajo el liderazgo de Estados Unidos. Este proceso representó el cambio de un sistema inter imperialista, caracterizado por la disputa entre múltiples potencias, a un modelo imperialista de orden unipolar liderado por Estados Unidos, en el cual una única potencia dominante organiza el conjunto (Tricontinental, 2024).

Esa transición no fue automática ni puramente económica. Fue el resultado de la guerra, de la destrucción de las potencias rivales, de la ocupación militar de antiguos imperios (Alemania, Japón) y de la construcción de una vasta red de bases militares, alianzas e instituciones internacionales bajo liderazgo estadounidense.

Cómo el dólar se volvió hegemónico

La verdadera consolidación del dólar como moneda dominante fue un proyecto estratégico meticulosamente ejecutado por Estados Unidos durante e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. El ascenso del dólar no fue un accidente histórico; fue el resultado de tres movimientos estratégicos decisivos.

1. El financiamiento de las guerras

Estados Unidos utilizó su posición como “arsenal de la democracia” para estructurar la dependencia global de su moneda. Inicialmente, la regla cash-and-carry [pague y lleve] de 1937 exigía que quienes compraban suministros de Estados Unidos pagaran inmediatamente en dólares u oro.

Posteriormente, el programa Lend-Lease [Préstamo y Arriendo] suministró financiamiento vital para las importaciones de los países aliados. No obstante, esto tuvo un efecto estructural profundo: al final de la guerra, las potencias aliadas y decenas de otros países acumularon deudas masivas en dólares. Dada la vulnerabilidad de los demás países, Estados Unidos pudo imponer la moneda de denominación de sus créditos. Esto creó una demanda estructural y permanente de la moneda estadounidense; los países ahora necesitaban exportar bienes reales o contraer nuevas deudas para obtener los dólares necesarios para liquidar sus pasivos (Metri, 2023).

2. El control del petróleo

El segundo pilar fue garantizar el control sobre la fuente de energía que alimentaría el capitalismo industrial de la posguerra. El petróleo, debido a la transformación que provocó en la lógica de los conflictos —ya desde la Primera Guerra Mundial— terminó convirtiéndose en el recurso natural central del sistema internacional. El control de las regiones productoras pasó a formar parte del núcleo de las disputas geopolíticas globales. Más específicamente, el petróleo se convirtió en el principal combustible de las Fuerzas Armadas; ocupó una posición decisiva en la matriz de transportes a escala mundial; y sus derivados pasaron a ser ampliamente empleados en numerosas cadenas productivas.

De ello se derivó una implicación adicional para las relaciones internacionales: el petróleo pasó a ser manejado como instrumento recurrente en el “tablero diplomático”, funcionando como mecanismo de presión, represalia, disuasión, apoyo o sustento, siempre vinculado a cálculos, intereses e iniciativas que reflejan las disputas geopolíticas más amplias propias de la competencia entre Estados.

En 1940, Estados Unidos era la potencia petrolífera dominante, produciendo 63% del petróleo mundial (Quintas, 2020). Sin embargo, a medida que quedaba claro que el centro de gravedad de la producción futura se trasladaría a Oriente Medio, Estados Unidos actuó de forma decisiva.

Desde 1933, empresas estadounidenses habían adquirido derechos de explotación en Arabia Saudita. En 1943, el presidente Roosevelt incorporó el Reino de Arabia Saudita al “territorio monetario del dólar”, autorizando el financiamiento del reino de Ibn Saud a través del programa Lend-Lease. La intensa actividad diplomática y militar de Estados Unidos en la región, que consolidó su dominio sobre Arabia Saudita, garantizó que a partir de 1970, las cotizaciones y las transacciones del petróleo exportado desde este nuevo centro neurálgico fueran exclusivamente en dólares. Así se produjo la transformación de Arabia Saudita en zona de influencia y espacio económico de Estados Unidos, así como su incorporación a la esfera monetaria del dólar (Metri, 2015).

Esta decisión obligó a la mayoría de los países, especialmente a las naciones industrializadas e importadoras de energía, a unirse al territorio monetario del dólar. Para comprar energía, primero era necesario obtener dólares.

En este sentido, más que el control directo sobre la producción fue decisiva la imposición de una arquitectura monetaria para el mercado petrolero global. A partir de la década de 1970, principalmente con las crisis del petróleo, este movimiento se institucionalizó a través de los “petrodólares”. Con la Guerra de Yom Kippur, el precio del petróleo se cuadruplicó y la economía mundial entró en colapso. En ese contexto, el gobierno de Nixon negoció un acuerdo secreto con Arabia Saudita. Los términos eran los siguientes: los sauditas se comprometieron a vender su petróleo exclusivamente en dólares y a invertir los excedentes en bonos del Tesoro estadounidense. A cambio, Estados Unidos garantizó protección militar al reino saudita. Los demás países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) pronto siguieron el mismo modelo.

Al vincular la principal commodity del mundo a su moneda, Estados Unidos amplió de manera estructural el alcance internacional del dólar.

3. Los Acuerdos de Bretton Woods

En 1944, en la Conferencia de Bretton Woods, Estados Unidos formalizó e institucionalizó su hegemonía, principalmente en el ámbito económico. Un año después, en 1945, tuvo lugar la Conferencia de Yalta, que reorganizó el orden geopolítico y militar y, desde el punto de vista monetario, acordó que las reparaciones de guerra de Alemania serían contabilizadas en dólares.

En Bretton Woods chocaron dos visiones opuestas sobre el orden de la posguerra. La propuesta inglesa, liderada por John Maynard Keynes, era radicalmente diferente de la vencedora. Keynes proponía el “bancor”, una moneda de cuenta internacional supranacional, controlada por un órgano multilateral (la Unión de Compensación). El objetivo de Keynes era crear un sistema simétrico, que penalizara tanto países con déficit crónico como a los países con superávit crónico. Esencialmente, la propuesta de Keynes tenía como objetivo impedir el paso del “privilegio exorbitante” de la libra al dólar.

La propuesta de Keynes fue sumariamente derrotada. Dada la correlación de fuerzas, prevaleció el plan de Estados Unidos, liderado por Harry Dexter White. El plan de White era simple y centrado en el poder estadounidense: el dólar sería establecido como la moneda de cuenta internacional y sería la única moneda con plena convertibilidad en oro, a una tasa fija de 35 dólares por onza de oro. Todas las demás monedas mantendrían su convertibilidad al dólar a tasas de cambio fijas, pero ajustables.

Para administrar este nuevo orden, se crearon el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, hoy Banco Mundial). El capital de ambos se fijó en dólares y la estructura de estas instituciones fue diseñada para garantizar su control por parte de Estados Unidos.

El poder de voto de cada país miembro se vinculó a sus cuotas o suscripciones de capital. En el FMI, estas suscripciones se pagaban en parte en oro y en parte en la moneda nacional. En el BIRF, parte del capital debía aportarse en oro o en dólares. Dado que Estados Unidos tenía la mayor participación en ambas instituciones, mientras que el Reino Unido ocupaba el segundo lugar, se consolidó una estructura de toma de decisiones asimétrica. En el caso del FMI, dado que las decisiones cruciales requieren una mayoría calificada del 85% de los votos, Estados Unidos pasó a ejercer, en la práctica, poder de veto sobre las reformas fundamentales (Batista Jr., 2019).

Centralidad y declive de la hegemonía del dólar en el siglo XX

El sistema de Bretton Woods, a veces llamado “patrón oro-dólar”, consolidó la centralidad estadounidense. Sin embargo, este sistema no funcionaba solo, necesitaba liquidez. Las economías devastadas de Europa y Japón no contaban con los dólares necesarios para importar insumos y reiniciar sus exportaciones o reconstruir las ciudades, infraestructuras y aparatos productivos.

Estados Unidos resolvió este problema mediante el Plan Marshall para Europa y el Plan Dodge para Japón, que proporcionaron los dólares necesarios para financiar esa reconstrucción. Estos planes “salvaron” el sistema de Bretton Woods, garantizando que sus aliados estratégicos se recuperaran ya plenamente integrados al territorio monetario del dólar. Al mismo tiempo, Estados Unidos estimuló la expansión global de sus empresas multinacionales, que realizaban inversiones directas en dólares.

Dado que los recursos en dólares se utilizaban, en gran medida, para la compra de bienes y servicios producidos en los propios Estados Unidos, el plan acabó recibiendo apoyo interno de diversos segmentos económicos. En una conjuntura de enfriamiento de la actividad interna, agravada por el aumento de la capacidad industrial durante los años de guerra en Europa y el Pacífico, ese flujo de demanda externa ayudaba a sustentar la economía estadounidense.

Del punto de vista estratégico, Estados Unidos no solo viabilizó los llamados “milagros” de reconstrucción y crecimiento en varios países, estabilizando regiones clave para la lógica de la Guerra Fría, sino que también fortaleció, de forma duradera, la posición hegemónica de su moneda. En las décadas siguientes, las áreas bajo su influencia experimentaron un largo ciclo de expansión y prosperidad, anclado en la centralidad del dólar.

Más concretamente, al mismo tiempo que financiaban la recuperación económica de las regiones clave para la contención de la URSS, Estados Unidos reforzó la primacía del dólar porque:

i) Inyectó dólares directamente en las economías aliadas, por medio de programas como el Plan Marshall (1948-1951)

ii) Amplió significativamente sus gastos militares en el exterior, denominados en dólares, como en el caso de la Guerra de Corea

iii) Abrió, de manera unilateral, su mercado a las exportaciones de socios estratégicos, garantizándoles ingresos en dólares

iv) Aceptó que esos países mantuvieran tasas de cambio artificialmente devaluadas, teniendo el dólar como referencia

v) Estimuló la inversión extranjera directa de sus grandes corporaciones, que naturalmente se realizaba en dólares, dado el origen de estas empresas.

Además, toleró la adopción de controles unilaterales sobre movimientos de capitales internacionales (en cualquier moneda), aceptó la inconvertibilidad de las demás monedas, no reaccionó de manera contundente ante políticas proteccionistas e incluso envió misiones de asistencia técnica.

El dilema de Triffin

A pesar de su aparente solidez, el sistema de Bretton Woods encerraba una contradicción fatal, identificada por el economista Robert Triffin. El dilema de Triffin expuso la falla lógica de utilizar una moneda nacional como moneda internacional.

La contradicción era la siguiente: para que el comercio global y el crecimiento económico se expandieran, el mundo necesitaba una oferta creciente de liquidez internacional, es decir, más dólares. Pero, para suministrar esos dólares al resto del mundo, Estados Unidos se veía obligado a incurrir en déficits en su balanza de pagos, es decir, enviar más dólares al exterior de los que recibía del exterior. No obstante, al emitir cada vez más dólares (pasivos) de los que poseía en oro (activos) en sus arcas, Estados Unidos erosionaría inevitablemente la confianza global en la convertibilidad del dólar en oro (Akyüz, 2010: 147-185).

El sistema estaba, por lo tanto, condenado. Si Estados Unidos detuviera sus déficits, el comercio mundial se estancaría. Si continuaran, la confianza en el dólar se derrumbaría.

Durante los años 70, esta contradicción se agudizó. El aumento masivo del gasto público de Estados Unidos, impulsado simultáneamente por la Guerra de Vietnam y los programas sociales internos, condujo a déficits crecientes y a una emisión descontrolada de moneda. Al mismo tiempo, la hegemonía de Estados Unidos era cuestionada por las revoluciones en la periferia y por las críticas de los aliados europeos, especialmente los franceses. Incluso en 1969, el FMI creó los Derechos Especiales de Giro (DEG), apodados “oro-papel”, un activo de reserva sintético y supranacional, cuyo valor se basaba en una canasta de monedas. Era un intento de crear una fuente de liquidez que no dependiera de los déficits de Estados Unidos.

En 1971, el dilema de Triffin llegó a su punto de ruptura. A medida que los países con superávit (liderados por Francia) cambiaban dólares por oro, las reservas de Estados Unidos se fueron reduciendo drásticamente. El 15 de agosto de 1971, el presidente Richard Nixon tomó medidas. En una decisión unilateral que reconfiguró todo el sistema que había sido creado de manera multilateral, Nixon suspendió indefinidamente la convertibilidad del dólar en oro. El “patrón oro-dólar” había muerto. El mundo entró en una nueva era: la del dólar “flexible, financiero y fiduciario”. La moneda hegemónica ya no tenía ningún respaldo en una mercancía física. Su valor estaba determinado puramente por la confianza o, más precisamente, por la imposición de poder.

Después de 1973, ante las sucesivas devaluaciones y la inestabilidad del valor del dólar, los principales países capitalistas pasaron a adoptar un régimen de “tasa de cambio flotante”, o sea, las monedas dejaron de tener paridad fija con relación al dólar y su valor pasó a determinarse en el mercado de divisas de cada economía nacional.

El choque de las tasas de interés y la “diplomacia del dólar fuerte”

Para completar este panorama, ante el creciente cuestionamiento a la economía estadounidense, especialmente en los ámbitos económico y monetario, Estados Unidos decidió actuar en lo que se conoció como “golpe de las tasas de interés”. Ante las presiones inflacionarias internas y la amenaza a la hegemonía del dólar, Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal (FED por su sigla en inglés), decidió elevar la tasa básica de interés estadounidense. Así, la tasa de interés a corto plazo en Estados Unidos se elevó de niveles cercanos al 10–11% a niveles próximos al 20% anual, en un movimiento que comenzó en 1979 y se extendió hasta 1980, lo que representó prácticamente una duplicación del costo del dinero a escala mundial (Tavares, 1985).

Según la economista brasileña Maria da Conceição Tavares (1985), en un texto seminal titulado El resurgimiento de la hegemonía estadounidense, antes del “golpe de las tasas de interés” el sistema bancario privado funcionaba prácticamente al margen del control de los bancos centrales, en especial de la FED. Las redes de filiales transnacionales estructuraban una división regional de trabajo dentro de las propias empresas, muchas veces en desacuerdo con los intereses nacionales de Estados Unidos, y alimentaban un aumento de la competencia entre capitales que resultaba desfavorable para la economía estadounidense. En términos generales, la configuración de una economía mundial sin un polo hegemónico definido contribuía a la desorganización del orden establecido en la posguerra y a la creciente fragmentación de los intereses privados y regionales. A partir de 1979, con el “golpe de las tasas de interés”, la conducción de la política económica interna y externa de Estados Unidos se orientó precisamente en el sentido de revertir esas tendencias y recuperar el control sobre las finanzas internacionales.

Maria da Conceição Tavares (1985) utilizó la expresión “diplomacia del dólar fuerte” para referirse a esta acción unilateral estadounidense, que hizo uso deliberado de su poder monetario y financiero como instrumento de política exterior y de reconstrucción de su hegemonía. No es posible entender el aumento de las tasas de interés únicamente como una medida de política monetaria para hacer frente a los problemas macroeconómicos internos de Estados Unidos, sino como una acción central para la recuperación de la hegemonía del dólar y la reconstrucción completa del sistema monetario y financiero internacional.

Si la tasa de interés estadounidense es elevada, quienes poseen riqueza financiera comienzan a salir de sus posiciones en los demás países y buscan obtener ganancias con el diferencial de interés de la deuda pública estadounidense. Con ello, ese mercado de eurodólares que se estaba gestando fuera del control del Banco Central estadounidense, en Europa, regresa casi en su totalidad a la plaza financiera de Wall Street. Esto refuerza el dominio del capital financiero por parte de Estados Unidos y refuerza el poder de su sistema bancario. Por lo tanto, se utilizó la moneda estadounidense como “arma geoeconómica”: al controlar las tasas de interés, la liquidez y el acceso al crédito internacional, Estados Unidos disciplina a sus aliados, pone en su lugar a competidores y profundiza la dependencia de la periferia. Por lo tanto, la política de tasas de interés altas y dólar fuerte no es solo economía, es una estrategia de poder.

Con todo, esta acción tuvo repercusiones. La primera de ellas es que sumió a Estados Unidos y al resto del mundo en una “recesión prolongada”, quebrando empresas e incluso bancos estadounidenses. En segundo lugar, se produjo una contracción repentina del crédito internacional, causando daños especialmente a la periferia capitalista que había aprovechado el período de elevada liquidez internacional para endeudarse en dólares con tasas de interés prefijadas. En tercer y último lugar, el “golpe de las tasas de interés” hizo que el crédito interbancario y los grandes bancos internacionales volvieran a centralizarse en Nueva York bajo el paraguas de la FED, que desde entonces comanda el sistema bancario privado internacional.

Otro objetivo del “golpe de las tasas de interés” fue poner en jaque a los competidores de Estados Unidos. Japón había alcanzado un fuerte dinamismo industrial y tecnológico, obteniendo crecientes superávits comerciales con Estados Unidos, en una trayectoria para convertirse en el mayor acreedor del mundo, a diferencia de Estados Unidos que estaba (y está) en la posición de mayor deudor.

Con las tasas de interés muy altas, el dólar se mantuvo sobrevalorado y, gracias a los enormes rendimientos de los bonos de la deuda pública estadounidense hubo un flujo de capitales hacia Estados Unidos, inclusive japoneses, con empresas y bancos comprando bonos del Tesoro estadounidense.

A pesar de sus superávits comerciales, Japón se vio en una posición en la que financiaba el déficit estadounidense comprando activos en dólares y su propio desarrollo fue vinculándose cada vez más al sistema financiero y al ciclo de activos de Estados Unidos.

Cuando el déficit comercial de Estados Unidos con Japón se dispara y aumenta la presión política interna, viene la segunda parte del ajuste. En 1985, el gobierno Reagan amenaza con medidas proteccionistas severas y fuerza una coordinación en el G5, en lo que se conoce como el Acuerdo del Plaza. El objetivo era promover una devaluación coordinada del dólar frente al yen y al marco alemán. Resultado rápido: entre septiembre de 1985 y abril de 1986, el yen se aprecia cerca de un 35% frente al dólar (Melin, 1997).

Después viene el Acuerdo del Louvre (1987) que intentó estabilizar las paridades tras esa fuerte corrección. Según la interpretación de Tavares y Melin (1997), no se trató de un ajuste “técnico” neutro, sino de un movimiento político destinado a consolidar su poder: Estados Unidos utilizó su posición en el centro del sistema para obligar a Japón a aceptar una fuerte apreciación del yen y una reorganización de su patrón de crecimiento.

Por lo tanto, Estados Unidos obligó a Japón a ajustar su trayectoria de crecimiento y su política cambiaria y financiera a los intereses de la hegemonía estadounidense, asegurando que el yen no se convirtiera en una moneda de reserva rival y que los superávits japoneses se reciclaran en beneficio del financiamiento del déficit y del liderazgo financiero de Estados Unidos. En lugar de una ruptura, hay una reabsorción de Japón dentro de un orden comandado por el dólar: el país mantiene una alta sofisticación productiva, pero bajo un fuerte condicionamiento financiero y geopolítico definido en Washington.

Cómo se mantiene el dólar

El colapso de Bretton Woods, paradójicamente, no debilitó al dólar. Por el contrario, liberó a Estados Unidos de cualquier restricción material a su política monetaria y consolidó una nueva forma de hegemonía, basada ya no en el oro, sino en tres nuevos pilares: el petróleo, la profundidad de sus mercados financieros y el uso de la moneda como arma de guerra.

Para entender el orden posterior a 1971, es crucial recurrir al análisis marxista de la “financiarización”. El abandono del respaldo metálico (oro) fue un punto de inflexión. Eliminó la restricción material a la creación infinita de dinero. El dinero, que antes era una representación de una mercancía (oro), se convirtió en una representación de sí mismo — puros números en cuentas computarizadas. En otras palabras, hubo autonomización de la “moneda del mundo”.

Esto permitió que el capital migrara masivamente de la esfera de la producción de valor (la inversión en manufactura, agricultura, etc., basada en la aplicación del trabajo social) a la esfera de la circulación, del “capital ficticio”. El capital ficticio es la inversión en títulos de propiedad (acciones) y, principalmente, en títulos de deuda (hipotecas, deuda pública), cuyo valor no se basa en el valor ya producido, sino en la anticipación de rendimientos futuros.

Este proceso, posibilitado por la creación ilimitada de dinero fiduciario, permitió que el capital ficticio se autoalimentara, generando más capital ficticio desconectado de la base de valor del trabajo social.

Pilar 1: El reciclaje del petrodólar

Con el fin del patrón-oro, Estados Unidos actuó rápidamente para volver a anclar el dólar en otra commodity esencial. Reforzó su alianza estratégica y militar con Arabia Saudita, asegurándose de que la OPEP continuara fijando el precio y negociando el petróleo exclusivamente en dólares. Esto recreó la demanda estructural: como toda nación industrializada necesita petróleo, toda nación necesita dólares. Esto también creó un nuevo mecanismo de reciclaje. Los países productores de petróleo (OPEP) acumulaban enormes superávits en dólares (“petrodólares”), que luego se “reciclaban” de vuelta a los bancos de Wall Street, financiando los déficits de Estados Unidos.

Pilar 2: La dictadura de la liquidez (bonos del Tesoro)

El dominio del dólar hoy en día se basa en algo pragmático: el dólar es la única moneda que garantiza el acceso a los mercados financieros más líquidos y profundos del mundo. El pilar central de este sistema son los bonos de la deuda pública de Estados Unidos (U.S. Treasuries, bonos del Tesoro). Son considerados universalmente como el “refugio seguro” global, el activo financiero más noble, con un riesgo de crédito mínimo y liquidez inmediata.

Esto permite a Estados Unidos subvertir completamente la lógica económica: es el mayor deudor del mundo, pero los otros países consideran su deuda como el activo más valioso. En momentos de crisis financiera global —incluso en crisis originadas en Estados Unidos, como la de 2008 — el capital internacional no huye del dólar; corre hacia el dólar, buscando la seguridad de los bonos del Tesoro. Esto sustenta el Mecanismo Global de Reciclaje de Excedentes (MGRE), una versión ampliada del reciclaje de los petrodólares:

1. Estados Unidos absorbe los excedentes de productos del mundo, incurriendo en déficits comerciales masivos con países como China, Alemania y Japón.
2. Las ganancias de esas exportaciones (dólares) acumuladas por estos países superavitarios regresan a Wall Street, ya que estos países reinvierten los dólares obtenidos por sus exportaciones en deuda pública estadounidense.
3. Wall Street utiliza este flujo de capital extranjero para comprar bonos del Tesoro, financiando el déficit del gobierno estadounidense y proporcionando crédito a los consumidores del país para sostener el consumo de productos importados.

En este sistema, el resto del mundo es forzado a financiar los déficits gemelos (comercial y fiscal) de Estados Unidos, subsidiando el consumo estadounidense y, crucialmente, el poderío militar global de los Estados Unidos.

En América Latina este proceso se aceleró después de las recomendaciones del Consenso de Washington, que sugirió que los países deberían renunciar al control de sus cuentas de capital. Esto significa que el capital puede entrar y salir libremente de cada país, pero ello tiene impactos directos en la volatilidad de las tasas de cambio nacionales. Los países, a su vez, para protegerse de esa volatilidad, acumulan reservas de divisas en deuda pública estadounidense. Por eso, podemos afirmar que el dólar es un arma de extorsión de la periferia, que necesita, para protegerse internamente, sostener los déficits gemelos de Estados Unidos, los cuales a su vez sirven, entre otras cosas, para financiar las guerras imperialistas.

La crisis de 2008 fue el momento en que las “pirámides de dinero privado” (capital ficticio) construidas por Wall Street sobre este mecanismo colapsaron. Sin embargo, la crisis no quebró el sistema. La FED, el banco central de Estados Unidos, actuó como el banco central “del mundo”, proporcionando líneas de swap (protección contra la volatilidad del tipo de cambio) en dólares a otros bancos centrales, demostrando que, en el colapso, la dependencia del dólar era total, y no al contrario.

Pilar 3: La moneda como activo de violencia

El pilar final de la hegemonía del dólar es el uso explícito de la moneda como arma. Dado que la mayor parte del comercio global, las finanzas y las transacciones de commodities (especialmente petróleo) se denominan en dólares y se liquidan a través del sistema financiero de Estados Unidos, Washington obtiene un inmenso poder de coerción.

La diplomacia monetaria se utiliza para restringir a los enemigos estratégicos y recompensar a los aliados. Estados Unidos puede imponer sanciones financieras, congelar las reservas de bancos centrales extranjeros (como lo hizo con Irán, Venezuela y, de manera más dramática, con Rusia) y excluir a países enteros del sistema de pagos internacional (SWIFT).

Cuando un país es sancionado, como ocurrió con Rusia y Venezuela, se le excluye de las redes de pago en dólares y se le pueden congelar activos en el extranjero. Esto encarece importaciones, perjudica a las empresas y desorganiza el comercio de ese país.

El dólar, por lo tanto, no es solo una herramienta económica; es un “activo de violencia”, un instrumento de disciplina geopolítica que garantiza que prevalezcan los intereses de Estados Unidos.

¿Ya está en marcha la desdolarización?

Los datos sobre las monedas de facturación en el comercio y en las finanzas internacionales son escasos y presentan desfases mayores que los datos comerciales (Gopinath, 2024). Aun así, las evidencias disponibles indican que la preponderancia del dólar es superior al peso de la economía de Estados Unidos en los agregados globales del Producto Interno Bruto, el comercio y las finanzas internacionales, lo que refleja una asimetría estructural en el uso internacional de las monedas.

Fuentes: BIS Triennial Survey 2025 · SWIFT Watch 2024 · IMF COFER 2024 · Federal Reserve 2025

Los datos del SWIFT muestran que la moneda representa más del 80% del financiamiento del comercio internacional, en gran medida debido a que una parte significativa del comercio de commodities aún es facturada y liquidada en dólares. Además, el dólar mantiene una participación próxima al 60% en las reservas de divisas globales.

Por otro lado, la evolución de las reservas de divisas globales en 2022-2023 estuvo marcada por un aumento significativo de las adquisiciones de oro por parte de los bancos centrales. Considerado un activo seguro, el oro ofrece protección contra los riesgos geopolíticos, aunque presenta limitaciones como medio de transacción. Este patrón sugiere que la intensificación de las compras de oro por parte de determinados bancos centrales está asociada a la búsqueda de mitigar riesgos económicos y geopolíticos, en especial aquellos relacionados con sanciones internacionales. En el caso de China, la participación del oro en las reservas totales aumentó de menos del 2% en 2015 al 4,3% en 2023, mientras que la proporción de activos denominados en bonos del Tesoro y de agencias de los Estados Unidos retrocedió de cerca del 44% a aproximadamente el 30%, lo que refleja la reestructuración de su cartera (Gopinath, 2024).

Fuente: World Gold Council Gold Demand Trends Full Year 2024 (gold.org)

Aunque se observa una reducción de la participación del dólar en las reservas cambiarias globales en las últimas décadas, los datos indican que ese movimiento no corresponde a una sustitución directa por otra moneda. Al contrario, esa reducción fue absorbida por un conjunto que el FMI presenta como monedas no tradicionales: dólar australiano, dólar canadiense, won surcoreano, corona sueca y renminbi, en menor proporción. Esto, sumado al aumento de las reservas en oro, sugiere que el proceso en curso no está impulsado principalmente por un proyecto político coordinado de desdolarización, sino por estrategias de diversificación de cartera adoptadas por autoridades monetarias, orientadas a la gestión del riesgo y a la búsqueda de mayor seguridad en un contexto de creciente inestabilidad financiera global.

Este movimiento puede interpretarse como una respuesta a las propias contradicciones de la financiarización liderada por Estados Unidos y Europa, cuya dinámica tiende a generar episodios recurrentes de volatilidad y formación de burbujas. En este sentido, la diversificación de las reservas se presenta menos como una ruptura política y más como un ajuste técnico ante las fragilidades del sistema, lo que hace que el proceso de transformación del sistema monetario internacional sea simultáneamente más robusto y más lento de lo que sugieren las narrativas geopolíticas más inmediatas.

Fuente: IMF COFER | Federal Reserve, International Role of the U.S. Dollar 2025 Edition | *CNY no incluye el dato del 4T de 2016

El análisis del comercio internacional hasta el primer cuarto del siglo XXI indica que la participación combinada del dólar y el euro en la facturación del comercio global permaneció relativamente estable a lo largo del período, el dominio del dólar y el euro se mantuvo con un predominio mayor dentro del propio bloque de la Unión Europea. Aunque China ha ampliado significativamente su participación en las exportaciones globales desde la década de 2000, acercándose al peso comercial de Estados Unidos, el uso del renminbi en el volumen de negocios del comercio internacional sigue siendo limitado, sin que se haya producido una internacionalización de su moneda. Es decir, los datos apuntan a la resiliencia del dólar como principal moneda de facturación del comercio internacional, al mismo tiempo que sugieren un proceso aún incipiente de diversificación monetaria.

Fuente: IMF Working Paper (2025) Patterns of Invoicing Currency in Global Trade in a Fragmenting World Economy

Fuente: IMF Working Paper (2025) Patterns of Invoicing Currency in Global Trade in a Fragmenting World Economy

Fuente: IMF Working Paper (2025) Patterns of Invoicing Currency in Global Trade; IMF DOTS

Impulsados por los avances en la tecnología financiera y en la infraestructura de pagos, se observa el auge de sistemas alternativos de pago, custodia y liquidación, que pasan a constituir opciones concretas frente al sistema financiero internacional centrado en el dólar. Más que un debate reciente, se trata de la materialización de nuevas arquitecturas institucionales capaces de viabilizar transacciones fuera de los circuitos tradicionales. En este contexto, se destacan iniciativas como el Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros (SPFS por su sigla en ruso), desarrollado por Rusia, y el Sistema de Pagos Interbancarios Transfronterizos (CIPS por su sigla en inglés), liderado por China, que amplían la capacidad de liquidación internacional en monedas locales y reducen la dependencia de infraestructuras dominadas por los países centrales.

Paralelamente, los países del BRICS han intensificado sus esfuerzos para fortalecer los sistemas nacionales de pago digital y desarrollar soluciones para operaciones transfronterizas, con el objetivo de expandir el comercio internacional denominado en monedas locales y avanzar en la construcción de un sistema monetario más multipolar (Atlantic Council, 2024a). China, en particular, ha ampliado el uso internacional del renminbi mediante la expansión del CIPS y su participación en proyectos de moneda digital de banco central (CBDC por su sigla en inglés) ¹. Se observa también la rápida diseminación global de proyectos de CBDC: 137 países y uniones monetarias, que representan alrededor del 98% del PIB mundial, se encuentran en alguna etapa de desarrollo de estas monedas digitales (Atlantic Council, 2024b).

Mientras iniciativas como el mBridge, que involucra al Banco Popular de China, el Banco Central de Hong Kong, el Banco Central de Emiratos Árabes Unidos y el Banco de Tailandia, con apoyo del Bank for International Settlements, y el sistema ACUMER, desarrollado por el Banco Central de Irán, señalan el potencial de nuevas infraestructuras digitales de liquidación en monedas locales entre bancos centrales a través de las CBDC, sin la necesidad de intermediarios tradicionales, como bancos corresponsales o sistemas como SWIFT.

A este panorama se suma el papel creciente de los acuerdos bilaterales de swap de divisas, especialmente a partir de la crisis financiera de 2007-2008. Estos instrumentos han sido utilizados tanto para proporcionar liquidez en momentos de tensión como para reducir los costos asociados a la acumulación de reservas internacionales, lo que permite a los países acceder a monedas extranjeras sin depender exclusivamente de los mercados financieros internacionales. En ese sentido, los swaps de divisas se consolidan como un componente central de las estrategias contemporáneas de diversificación monetaria y de mitigación de la dependencia del dólar (Council on Foreign Relations, 2025).

En resumen, los datos disponibles indican que el papel del dólar sigue siendo dominante y relativamente estable en el sistema monetario internacional. Sin embargo, estos datos también revelan cambios importantes en la composición y el funcionamiento de dicho sistema. Un ejemplo significativo es el caso del renminbi, cuya participación en las reservas internacionales pasó de prácticamente cero a comienzos de la década de 2010 a cerca de 2,2% en menos de una década — un movimiento sin precedentes históricos para la moneda de un país que aún mantiene controles relevantes sobre su cuenta de capital.

Por lo tanto, el análisis de la desdolarización requiere distinguir entre las diferentes dimensiones del sistema monetario internacional. En lo que se refiere a las reservas de divisas, el proceso es lento, gradual y aún está lejos de constituir una ruptura con la centralidad del dólar. En el ámbito de los pagos bilaterales, se observa un mayor dinamismo, aunque geográficamente concentrado en acuerdos específicos, como en el caso de las transacciones entre Rusia y China, que, según un reportaje de noviembre pasado, pasaron a liquidarse en un 99,1% en rublos y yuanes (Politics Today, 2025). Por último, en el ámbito de la infraestructura financiera, que incluye los sistemas de pago, compensación y liquidación, el proceso aún es incipiente, pero tiene un carácter estructural, ya que la creación de estas plataformas tiende a reducir, de forma duradera, la dependencia del sistema financiero centrado en el dólar.

En este sentido, la relevancia de la desdolarización reside en la dirección de su proceso y, sobre todo, en la construcción de alternativas institucionales y productivas capaces de reducir los costos de salida del sistema dólar para un número creciente de países.

Desdolarizarse es luchar por soberanía

Para la gran mayoría de los países del Sur Global, el sistema monetario y financiero internacional centrado en el dólar no es una red de seguridad, sino una camisa de fuerza. En la medida en que los países necesitan acumular reservas internacionales (monedas fuertes, como el dólar), están siendo extorsionados por el sistema del dólar, ya que deben mantener esas reservas, y lo hacen comprando bonos de la deuda estadounidense, financiando así la capacidad desmesurada de Estados Unidos para financiar guerras, por ejemplo. Por otro lado, es un mecanismo de castigo, ya que Estados Unidos puede decretar, mediante sanciones y bloqueos la exclusión del sistema de pagos internacional de aquellos países que no le sean sumisos. En las últimas décadas, Washington aumentó en un 933% las sanciones económicas contra los blancos de su política exterior (Metri, 2023).

En la práctica, las monedas nacionales no se consideran una reserva de riqueza, sino “activos financieros” volátiles. La demanda internacional de estas monedas es especulativa, sujeta a pánicos y fugas de capital. Además, los países del Sur Global sufren la incapacidad estructural de emitir deuda externa en sus propias monedas. Se endeudan en dólares, pero generan ingresos en moneda local, creando un desajuste cambiario devastador.

La hegemonía del dólar no se limita, por lo tanto, a su centralidad como medio de pago o reserva de valor, sino que se expresa también en la forma en que sus dinámicas internas se transmiten al resto del mundo. En momentos de apreciación del dólar, las monedas periféricas tienden a devaluarse, encareciendo las importaciones y presionando la inflación interna, especialmente en economías dependientes de energía, alimentos y bienes intermedios. Dado que gran parte de las commodities internacionales se cotizan en dólares, estos efectos se amplifican incluso en ausencia de cambios en las condiciones reales de oferta y demanda.

En el plano financiero, las decisiones de política monetaria de Estados Unidos, como las subidas de las tasas de interés, frecuentemente desencadenan flujos de capital hacia los activos denominados en dólares. Esto provoca devaluaciones cambiarias, eleva el costo del financiamiento externo y restringe el margen de maniobra de la política económica en los países del Sur Global, que a menudo se ven obligados a adoptar medidas contraccionistas para contener la inflación y estabilizar sus monedas, incluso en contextos de bajo crecimiento. En economías con elevado endeudamiento en moneda extranjera, la apreciación del dólar aumenta inmediatamente el peso de la deuda en términos nacionales, lo que agrava las fragilidades estructurales.

Para atraer el capital internacional volátil, los activos del Sur Global deben ofrecer tasas de interés mucho más altas que los activos “seguros” del Norte. Esto resulta en una transferencia líquida y constante de riqueza de los países más pobres hacia los centros financieros más ricos.

Con las políticas neoliberales y la liberalización de los movimientos de capital se ha debilitado la capacidad de los Estados para dirigir la macroeconomía. Cualquier gobierno que intente implementar políticas fiscales o monetarias expansionistas, como reducir intereses para estimular la inversión, es inmediatamente castigado por el “mercado” con una fuga de capitales, que devalúa la moneda, genera inflación y puede llevar al colapso. Los gobiernos son rehenes de la “confianza” de los financistas.

Para protegerse de esta volatilidad, los países del Sur Global se ven obligados a acumular reservas internacionales masivas. Brasil, por ejemplo, según el Banco Central do Brasil, tenía más de US$ 358.000 millones en diciembre de 2025 (2026). Estas reservas se invierten, en su mayoría, en activos en dólares, especialmente bonos de la deuda de Estados Unidos. Esta es la paradoja final: para defenderse del sistema, el Sur Global se ve obligado a financiar a su opresor, prestando miles de millones de dólares al Tesoro de los Estados Unidos a bajos intereses.

La hegemonía del dólar impone costos insostenibles al Sur Global. La insatisfacción con esta “asimetría desestabilizadora” no es nueva, pero ha adquirido una nueva urgencia en un mundo que camina hacia la multipolaridad. La desdolarización se ha convertido en una “tendencia secular”, pero se enfrenta a inmensos obstáculos estructurales.

Según el economista Bruno de Conti (2025), se observan hoy algunos movimientos que pueden, a mediano o largo plazo, desencadenar cambios en el sistema monetario y financiero internacional:

i) la redefinición del papel de ciertos países en la jerarquía de la economía mundial;

ii) el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas entre las principales potencias;

iii) el aumento de la desconfianza hacia el dólar, intensificada durante el gobierno de Trump, sumado a la disposición política de un amplio conjunto de países por buscar caminos, de forma aislada o coordinada, para reducir su dependencia de la moneda estadounidense.

El debate sobre la desdolarización, sin embargo, no puede limitarse a la protección contra sanciones o a la mitigación de las vulnerabilidades externas. Un análisis más profundo exige cuestionar su propósito mismo. La sustitución de una moneda hegemónica por otra no implica necesariamente una transformación cualitativa del orden internacional, ni garantiza una mayor estabilidad o beneficios para los países periféricos. La experiencia histórica sugiere que la jerarquía monetaria tiende a reproducirse, aunque sea bajo nuevas configuraciones.

En este sentido, la desdolarización debe entenderse no solo como una disputa entre monedas, sino como parte de un debate más amplio sobre la naturaleza de las relaciones económicas internacionales. Para los países del Sur Global, esto implica trasladar el foco de la mera sustitución de instrumentos hacia la construcción de alternativas estructurales, incluidas nuevas formas de inserción comercial, cooperación tecnológica, integración productiva y coordinación política.

Una transformación efectiva del sistema monetario internacional exigiría, por lo tanto, más que la creación de mecanismos financieros alternativos. Exigiría hacer frente a los pilares que sostienen la hegemonía del dólar, incluida la centralidad de la fijación de precios de las commodities, el dominio de los mercados financieros denominados en dólares y la capacidad de coacción geopolítica. En este horizonte, la desdolarización no es un fin en sí misma, sino parte de una lucha más amplia por la soberanía económica y por la construcción de un orden internacional más equitativo, capaz de interrumpir la transferencia sistemática de riqueza del Sur Global hacia los centros de poder.

La lucha por la desdolarización, por lo tanto, no es un mero ajuste contable. Es una lucha política fundamental por la soberanía económica y por el fin de la transferencia de riqueza del Sur Global hacia los centros imperiales.

Notas

Referencias bibliográficas

Los desastres naturales revelan más que el movimiento de las placas tectónicas: la fortaleza de las sociedades, la resiliencia de las comunidades y las fallas políticas que determinan qué sufrimiento se ve y cuál se explota. A pocas horas de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio de 2026, las redes sociales y algunos sectores de la prensa internacional ya estaban difundiendo narrativas familiares. Antes incluso de que las operaciones de rescate pudieran comenzar en serio, el desastre se había transformado en otro campo de batalla en la larga campaña liderada por Estados Unidos para socavar el proceso bolivariano puesto en marcha por la elección de Hugo Chávez en 1998.

Nada de esto debe restar importancia a la inmensa tragedia que enfrenta el pueblo venezolano. Barrios enteros han quedado devastados. Cientos de edificios se han derrumbado. Hospitales, carreteras, puentes y otras infraestructuras públicas están en ruinas. Familias siguen buscando a sus seres queridos mientras los equipos de rescate luchan contra la lluvia, las réplicas y las dificultades de acceso por carretera. Pero la solidaridad requiere más que simpatía, requiere la verdad. Por eso, la alerta roja nº 22, La verdad entre los escombros, examina algunos de los mitos más comunes que circulan sobre el terremoto y los compara con la evidencia disponible.

Mito 1: El gobierno de Venezuela no ha respondido de manera efectiva al terremoto

Es necesario comprender la magnitud de la catástrofe antes de poder emitir un juicio serio. El número de muertes aumenta cada día a medida que los equipos de primera respuesta y las personas voluntarias peinan los escombros, con decenas de miles de personas aún desaparecidas. Casi 200 edificios se derrumbaron por completo, y cientos más quedaron parcialmente destruidos. Los hospitales que normalmente recibirían a los heridos resultaron dañados a su vez. Un puente importante y varias carreteras sufrieron daños en el estado de La Guaira, que de los 6 estados afectados fue donde el terremoto golpeó con mayor intensidad, lo que dificulta extraordinariamente el traslado de equipos y efectivos de rescate a las zonas afectadas. Las lluvias continuas y las casi 800 réplicas han complicado aún más las operaciones de rescate, mientras que el derrumbe parcial del aeropuerto de Caracas ha obligado a los equipos de rescate internacionales a llegar a través de aeropuertos más distantes y luego desplazarse por carretera. Ningún país cuenta con una capacidad de emergencia ilimitada ante una destrucción de esta magnitud.

Sin embargo, Venezuela entró en esta catástrofe cargando con un peso adicional que pocos países han experimentado a esta escala: años de guerra económica a través de medidas coercitivas unilaterales impuestas principalmente por Estados Unidos y sus aliados. Estas medidas han congelado más de 30.000 millones de dólares en activos públicos venezolanos que, de otra manera, podrían haber fortalecido la preparación ante desastres, modernizado la infraestructura y financiado las reservas de emergencia. Han restringido gravemente la capacidad del país para adquirir equipo especializado de rescate, maquinaria pesada, medicamentos, repuestos y materiales de construcción, y han causado una migración masiva.

El endurecimiento de las sanciones impulsadas por Estados Unidos en 2017 impulsó la emigración y provocó una profunda fuga de trabajadorxs de los servicios públicos clave. La relatora especial de las Naciones Unidas, Alena Douhan, informó que, para 2021, los servicios públicos habían perdido entre el 30% y el 50% de su personal, incluidos muchos médicxs, enfermeras, ingenierxs, maestrxs, jueces y otrxs profesionales calificadxs, y muchos hospitales públicos informaron que entre el 50% y el 70% de los puestos de especialistas estaban vacantes. Esta pérdida de personal debilitó la capacidad de respuesta ante emergencias del país: menos trabajadores capacitados, mayores cargas de trabajo para quienes se quedaron y servicios públicos menos capaces de responder cuando se producía un desastre.

Los efectos de los desastres naturales no pueden separarse de las condiciones políticas y económicas en las que ocurren. Sin embargo, Venezuela no es una víctima indefensa. A pesar del devastador costo en vidas humanas, el país comenzó a recuperarse lentamente. Tras una contracción del 75 % en el PIB entre 2013 y 2021, el PIB de Venezuela creció alrededor del 9 % en 2024 y nuevamente en 2025. Pasó de importar más del 70 % de su suministro de alimentos en 2017 a producir el 96 % a nivel nacional para marzo de 2026. Los ingresos petroleros, que habían caído de 93.000 millones de dólares en 2012 a 4.200 millones de dólares en 2020, se habían recuperado hasta alcanzar alrededor de 18.000 millones de dólares en los últimos años. La vida no estaba exenta de desafíos importantes, ni el país había regresado a los niveles previos a la crisis, pero —a pesar de las cerca de 1.000 medidas coercitivas unilaterales que siguen vigentes— la economía, la infraestructura, los servicios públicos y la calidad de vida de gran parte de la población de Venezuela habían comenzado a mejorar, incluida la respuesta ante desastres.

Mito 2: El gobierno venezolano está bloqueando la ayuda humanitaria

Quizás la afirmación que más se ha difundido ha sido que las autoridades venezolanas han impedido deliberadamente que las personas voluntarias y la ayuda lleguen a las comunidades afectadas. Sin embargo, las operaciones modernas de búsqueda y rescate dependen de una coordinación minuciosa. Los perros de rescate necesitan silencio para detectar a personas sobrevivientes bajo los escombros. La maquinaria pesada requiere rutas de acceso despejadas. Las ambulancias necesitan carreteras sin congestión. El movimiento descoordinado de miles de civiles por las zonas de desastre, por muy bien intencionado que sea, puede obstaculizar las operaciones de rescate y costar vidas.

Los informes desde el terreno indican que los vehículos de rescate quedaban atrapados en el tráfico civil. Trayectos que normalmente toman 40 minutos tardaban horas. Las ambulancias que transportaban a víctimas con heridas graves se veían retrasadas por carreteras congestionadas e intransitables. Restringir el acceso a las zonas de desastre no es, por lo tanto, evidencia de represión, sino más bien una práctica estándar de emergencia empleada en todo el mundo.

Al mismo tiempo, la participación organizada de personas voluntarias ha sido amplia desde el inicio, con miles registradas formalmente después del 26 de junio para realizar esfuerzos coordinados de socorro junto a los servicios profesionales de emergencia, asegurando que la solidaridad fortalezca, en lugar de entorpecer, las operaciones de rescate. La cuestión nunca ha sido si los civiles deben ayudar, sino si la asistencia se organiza de manera que salve vidas.

Mito 3: Las comunidades afectadas están siendo desatendidas por el gobierno venezolano

El primer día de la tragedia, los esfuerzos conjuntos de Protección Civil, las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), la policía y las familias y comunidades de las víctimas permitieron rescatar a 2.407 personas de las zonas más afectadas de La Guaira. Para el primero de julio, una semana después del terremoto, se habían desplegado en toda la zona del desastre aproximadamente 26.000 efectivos de organismos de protección civil, servicios de emergencia, policía, fuerzas armadas y otras instituciones públicas. Alrededor de 17.000 personas voluntarias se habían sumado formalmente a las operaciones de socorro. En todas las zonas afectadas, se ha rescatado a 6.461 personas. Las autoridades han coordinado los esfuerzos de rescate con más de 4.000 integrantes de equipos de rescate extranjeros y al menos 41 delegaciones internacionales que participan en las iniciativas humanitarias. La respuesta humanitaria ya ha entregado directamente casi 9 millones de kilogramos de alimentos, alrededor de 28.000 paquetes de alimentos y 3,2 millones de litros de agua potable a las zonas afectadas —cifras que aumentan significativamente cada día gracias a los esfuerzos de socorro en curso y a los informes diarios de la Asamblea Nacional—. Más de 80.000 familias han recibido asistencia, que incluye alimentos, transporte, atención médica, apoyo psicológico y refugio de emergencia.

Los equipos médicos han atendido a más de 17.000 personas en hospitales, clínicas de campo y centros de triaje de emergencia. El servicio eléctrico se ha restablecido en gran medida en todas las zonas afectadas. Las acusaciones de que las viviendas construidas a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela —el programa emblemático de vivienda del gobierno, que ha proporcionado vivienda a 5,2 millones de familias— estaban mal construidas se desmoronaron cuando las construidas en gobiernos anteriores y por contratistas privados sufrieron daños similares. Se han abierto 13 grandes centros de acogida en La Guaira, y hay 12 más en funcionamiento en Caracas, Miranda y otros estados afectados, además de que se están llevando a cabo esfuerzos de expansión. Ninguno de estos logros borra el enorme sufrimiento que persiste. Pero demuestran que, lejos de quedarse de brazos cruzados, las instituciones públicas de Venezuela y miles de ciudadanxs organizadxs continúan con los esfuerzos de socorro en condiciones extraordinariamente difíciles.

Mito 4: La preocupación de Estados Unidos por Venezuela puede separarse de su guerra híbrida

Toda contribución humanitaria genuina merece reconocimiento, independientemente de su origen. Pero los gestos humanitarios no pueden separarse de la realidad política más amplia ni del registro histórico. Estados Unidos sigue imponiendo sanciones que han debilitado sistemáticamente la economía de Venezuela, restringido su acceso a las finanzas internacionales, bloqueado las importaciones de bienes esenciales y congelado miles de millones de dólares que pertenecen al pueblo venezolano. No se puede elogiar la asistencia humanitaria y, al mismo tiempo, mantener políticas que agravan las emergencias humanitarias.

Las sanciones y otras medidas coercitivas unilaterales suelen ser políticamente efectivas precisamente porque son invisibles. A diferencia de las bombas, rara vez producen imágenes dramáticas. En cambio, erosionan lentamente los sistemas de salud pública, la infraestructura, la capacidad productiva y las instituciones estatales a lo largo de muchos años. Cuando finalmente ocurre un desastre, las instituciones debilitadas se presentan entonces como evidencia de la incompetencia gubernamental, en lugar del efecto acumulativo de una guerra económica deliberada. El costo humano de esta guerra económica ha sido devastador: las sanciones de EE. UU. causaron más de 40.000 muertes entre 2017 y 2018 y pusieron a 300.000 personas en riesgo de correr la misma suerte al carecer de acceso a medicamentos o tratamientos esenciales.

Aproximadamente 31 toneladas de oro venezolano —valoradas en unos 1.950 millones de dólares en 2020— siguen retenidas en el Banco de Inglaterra después de que el Reino Unido se alineara con la campaña de presión de Washington contra Venezuela. El país también enfrenta una carga de deuda estimada en alrededor de 240.000 millones de dólares, que incluye bonos soberanos y de PDVSA en mora, intereses devengados, facturas impagas, laudos arbitrales y préstamos bilaterales. Aunque las sanciones financieras impuestas en 2017 no generaron toda esta carga de deuda, aislaron a Venezuela de los mercados financieros de EE. UU. y limitan gravemente su capacidad para pagar los intereses y reestructurar sus obligaciones. La retención continuada de activos y el exceso de deuda obstaculizan los esfuerzos del país por reconstruir la infraestructura, proporcionar vivienda y atender a las personas sobrevivientes con dignidad.

El gesto humanitario más significativo hoy no sería otra declaración de preocupación. Sería el levantamiento inmediato de todas las medidas coercitivas unilaterales y la liberación de los activos soberanos congelados de Venezuela para la reconstrucción.

Mito 5: El terremoto demuestra que el proceso bolivariano ha fracasado

El desastre ha puesto de manifiesto la capacidad de una sociedad organizada, capaz de actuar colectivamente bajo una presión extraordinaria. Las comunas, las organizaciones vecinales, las redes de salud pública, los sistemas de distribución de alimentos, las brigadas de personas voluntarias y las instituciones locales construidas a lo largo de décadas se han vuelto indispensables para la respuesta de emergencia. En todo el país, las comunidades organizadas han movilizado alimentos, refugio, transporte, atención médica y voluntarios a través de estructuras que datan de mucho antes del terremoto.

Ninguna sociedad puede eliminar el sufrimiento que produce un desastre de esta magnitud. Pero las sociedades con comunidades organizadas suelen estar mejor preparadas para resistir y responder a tales crisis que aquellas que dependen exclusivamente de los mercados y la iniciativa privada. Esta resiliencia no surgió de manera espontánea. Se basa en décadas de inversión en educación pública, alfabetización, atención de salud y organización comunitaria. Desde el inicio del proceso bolivariano, millones de venezolanxs han tenido acceso a la educación, se ha erradicado el analfabetismo, nuevas universidades públicas han ampliado la educación superior y la inversión pública en salud ha aumentado drásticamente. A pesar del daño infligido por la guerra híbrida liderada por Estados Unidos, estos avances han fortalecido no solo los indicadores sociales, sino también las formas de organización colectiva que se vuelven indispensables en momentos de emergencia nacional.

Para el pueblo venezolano, se deben adoptar las siguientes medidas:

1. Todas las medidas coercitivas unilaterales, incluidas las sanciones económicas, impuestas a Venezuela deben levantarse de inmediato, y los activos públicos venezolanos que permanezcan congelados, retenidos o inaccesibles de cualquier otra forma en el extranjero deben ser liberados.
2. Se debe poner fin a toda forma de intervención extranjera.
3. Se debe cancelar la deuda externa de Venezuela.
4. La ayuda humanitaria debe coordinarse con las instituciones públicas y las comunidades organizadas de Venezuela, en lugar de utilizarse como un instrumento de intervención política o militar.
5. Los movimientos internacionales deben seguir apoyando al pueblo venezolano mucho después de que la atención de los medios internacionales, inevitablemente, se desvíe hacia otros temas.

Los desastres naturales no se pueden prevenir. Pero el hecho de que se conviertan en catástrofes humanitarias depende de decisiones políticas. El pueblo venezolano enfrenta ahora el inmenso desafío de reconstruir hogares, escuelas, hospitales y comunidades, al tiempo que soporta las consecuencias de décadas de guerra económica. Por lo tanto, la solidaridad internacional debe significar más que simpatía: debe rechazar los mitos promovidos por los enemigos de Venezuela, exigir el fin de las sanciones y las restricciones a los activos que han debilitado la capacidad de respuesta de Venezuela, y defender el derecho del país a recuperarse, reconstruirse y determinar su propio futuro libre de coacción externa.

Cordialmente,

Vijay

Ubícate en la esquina de las calles Moema y Vilakazi, en Orlando West, Soweto, Sudáfrica. Aquí fue baleado Hector Pieterson de 12 años, a las nueve y media de la mañana del 16 de junio de 1976, hace ya medio siglo este mes. Ahora mira hacia abajo. Cerca de este lugar, el fotógrafo Masana Samuel “Sam” Nzima tomó seis encuadres con una Pentax SL y un lente de 50 mm. El tercero se convirtió en una imagen que recorrió el mundo: Mbuyisa Makhubo, de 18 años, corriendo con el cuerpo de Hector en brazos, mientras su hermana Antoinette Sithole corría a su lado. En el suelo, a sus pies, una profunda sombra se proyecta sobre el asfalto. Esa sombra es una evidencia: registra el ángulo del sol de la mañana, el tramo específico de la carretera de Soweto y el instante exacto en que el Estado del apartheid disparó contra un niño en edad escolar.

Hector Pieterson siendo trasladado por Mbuyisa Makhubo, 16 de junio de 1976. Créditos: Fotografía de Sam Nzima.

Esta imagen se convirtió en un símbolo internacional. Fue reproducida innumerables veces en afiches y serigrafiada en millones de camisetas durante la década de 1980 por el movimiento internacional de solidaridad antiapartheid, desde la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina (OSPAAAL), en La Habana, y el Movimiento Antiapartheid (AAM por su sigla en inglés), en Londres, hasta el Medu Art Ensemble en Gaborone, Botsuana. En conjunto, estos grupos hicieron visibles las brutalidades del régimen del apartheid y ayudaron a poner en marcha un movimiento mundial para derrotarlo. Sin embargo, este boletín no trata sobre una sola fotografía, sino sobre una generación de fotógrafas y fotógrafos que registró el apartheid, revelando sus sombras y la lucha de liberación en su contra.

Fotografiando el levantamiento de Soweto

El 16 de junio de 1976, entre 3.000 y 10.000 estudiantes marcharon en 11 columnas hacia el estadio Orlando. Su reivindicación inmediata era la imposición del afrikáans como lengua de enseñanza en las escuelas para africanos, decretada sin consulta alguna. Su agravio más profundo era la Educación Bantú o, como la había concebido durante más de dos décadas el primer ministro Hendrik Verwoerd, un sistema “separado e inferior”, diseñado para enseñar a lxs niñxs negros que no había lugar para ellxs más allá de determinadas formas de trabajo.

El Consejo Representativo Estudiantil de Soweto, encabezado por Teboho “Tsietsi” Mashinini y Murphy Morobe, ambos de 19 años, y Seth Mazibuko, de 16 años, había decidido iniciar la marcha desde la escuela secundaria Naledi el 13 de junio.

Los primeros disparos se produjeron alrededor de las 09h30. Lesley “Hastings” Ndlovu, de 15 años, fue el primer niño asesinado. Hector Pieterson fue el segundo. Al finalizar ese día, al menos 23 personas habían muerto en Soweto, la mayoría estudiantes y jóvenes. Al terminar el año, más de 700 personas habían sido asesinadas en todo el país.

Estudiantes escribiendo arrodillados en el piso, década de 1960. Créditos: Fotografía de Ernest Cole.

Junto a lxs estudiantes estaban los fotógrafos. Sam Nzima trabajaba para The World, el periódico negro más importante del país en ese momento, Peter Magubane fotografiaba para el Rand Daily Mail y Alf Kumalo trabajaba para el Sunday Times. Fotografiaron, fueron golpeados y algunos detenidos. Sacaron clandestinamente los negativos por todos los medios a su alcance.

Kumalo, que vivía en Soweto y documentó el poblado durante medio siglo, fue perseguido por las mismas fuerzas del apartheid que fotografiaba. Recordó, “Fui arrestado, golpeado. Me partieron el cráneo”.

No fueron solo los fotógrafos quienes fueron testigos de las atrocidades aquel día en Soweto. Dentro del Hospital Chris Hani Baragwanath, el Dr. Malcolm Klein notó que algunas de las personas heridas llegaban con “heridas extrañas: pequeños orificios de entrada en la parte superior del cuerpo, con orificios de salida más grandes en la parte inferior”. Lxs médicxs se dieron cuenta más tarde de que la policía había disparado desde helicópteros que sobrevolaban la zona. Cuando la policía exigió una lista de todas las personas ingresadas con heridas de bala para que pudieran ser procesadas por “disturbios”, el personal médico y los encargados de admisión se negaron. En su lugar, registraron el motivo de ingreso como “absceso”. “De esta manera”, dijo Klein, “protegimos a un número desconocido de pacientes de ser victimizadxs dos veces por la brutalidad policial”.

La cámara fue mi arma

Las cámaras siguieron funcionando después de esa mañana y, durante décadas, la fotografía se convirtió en algo más que un registro de los hechos. Se transformó en una práctica de formación política, memoria colectiva y resistencia. “Una lucha sin registro no es una lucha”, recordó Peter Magubane que les dijo a los jóvenes manifestantes que se negaban a que les tomaran fotos aquella mañana en Soweto. El propio Magubane había pasado 586 días en confinamiento solitario en 1969 por su trabajo fotográfico, escondiendo a menudo su cámara en una Biblia ahuecada.

Procesión fúnebre en Zwelitsha, King William’s Town (hoy Qonce), Cabo Oriental, 1978. Créditos: Fotografía de Peter Magubane.

Observa una de las fotografías de Magubane, publicada en Soweto: The Fruit of Fear [Soweto: el fruto del miedo] (1986). Un autobús repleto de dolientes, con los puños en alto a través de las ventanas, más personas en el techo, una fila de autos detrás y colinas abiertas más allá. El año es 1978. El lugar es el Cabo Oriental, la región de Steve Biko, cofundador del Movimiento de la Conciencia Negra que inspiró el Levantamiento de Soweto. Biko había sido asesinado bajo custodia policial el septiembre anterior. Aquí, Magubane documenta una nueva forma política bajo el apartheid, en la que las procesiones fúnebres se convirtieron en sustitutos de las reuniones y marchas que habían sido prohibidas. En este contexto, las cámaras también adquirieron un nuevo significado. Como dijo Magubane: “Pude llevar mi arma; la cámara era mi arma. Pude terminar con el apartheid con mi arma”.

Veamos otra imagen, esta vez de Ernest Cole. Una fila de hombres negros, desnudos y de espaldas a una pared, levantan los brazos mientras son sometidos al examen médico de los trabajadores mineros bajo el sistema de mano de obra migrante del apartheid. El mismo aparato que clasificaba esos cuerpos había catalogado a Cole. Para obtener el pasaporte que le permitió salir de Sudáfrica con sus negativos, se reclasificó de “negro” a “mestizo” y cambió su apellido de Kole al más anglófono Cole. Los negativos que sacó, incluida la imagen de los mineros, se publicaron en Estados Unidos en 1967 como el libro House of Bondage [La casa de la esclavitud]. El libro fue prohibido en su país. Después de que la embajada sudafricana se negara a renovar su pasaporte, Cole pasó años viviendo en las calles. En 1990, uno de los más grandes fotógrafos de Sudáfrica murió apátrida en Nueva York. Sus cenizas fueron devueltas más tarde a Sudáfrica y enterradas en Mamelodi.

Night Cleaner Polishing the Boardroom Table [Limpiadora nocturna puliendo la mesa de la sala de reuniones], Johannesburgo, 1984. Créditos: Fotografía de Lesley Lawson.

Fijémonos en el libro de Lesley Lawson Working Women [Mujeres trabajadoras] (1985). Ella pasó los primeros años de la década de 1980 fotografiando a mujeres negras trabajando en toda Sudáfrica. Desde trabajadoras domésticas en cocinas suburbanas blancas y obreras en líneas de producción hasta jornaleras agrícolas en granjas de propietarios blancos. El libro acompañaba sus fotografías con las propias palabras de las mujeres sobre horas, salarios y el viaje al trabajo, ofreciendo un registro visual a mujeres cuyo trabajo sostenía la economía del apartheid, pero era en gran medida invisible en la iconografía mediática de la década. Lawson trabajó con el Comité Sudafricano para la Educación Superior (SACHED por su sigla en inglés), organismo encargado de la educación de lxs trabajadorxs, y Working Women funcionó no solo como una herramienta de enseñanza para grupos de estudio de trabajadorxs, sino también como un registro documental.

Veamos la serie fotográfica de Santu Mofokeng de 1986, Train Church [Iglesia en el tren]. Una imagen captura un vagón de la línea de cercanías Soweto-Johannesburgo al amanecer: lxs trabajadorxs están de pie con las manos en alto, en medio de un canto, mientras un hombre golpea la pared interior del tren como si fuera un tambor. El tren de cercanías, el mecanismo diario de la economía del apartheid que transportaba a las personas trabajadoras negras hacia y desde la ciudad blanca antes del amanecer y después del anochecer, se transformó en una iglesia, donde en su mayoría mujeres de mediana edad con ropa de trabajo cantaban, predicaban y encontraban consuelo. Era “un ritual diario”, como lo llamó Mofokeng. A pesar de la lógica deshumanizadora de la economía del apartheid, las trabajadoras negras construían activamente la vida cultural y espiritual que el sistema quería negarles. El compromiso de Mofokeng, como dijo, era fotografiar “a los sudafricanos negros comunes y corrientes en el quehacer cotidiano de la vida”, la supervivencia y la vida colectiva como resistencia.

Hands in Worship, Johannesburg–Soweto Line from the series Train Church [Manos en adoración, línea Johannesburgo-Soweto, de la serie Iglesia en el tren], 1986. Créditos: Fotografía de Santu Mofokeng.

Ninguno de estxs fotógrafxs trabajaba por su cuenta. Todxs formaban parte de esta vida colectiva, y muchos participaban en la organización política. Omar Badsha, nacido en la comunidad india de Durban en 1945, fue sindicalista antes de convertirse en fotógrafo. Se desempeñó como el primer secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores Químicos. Compró su primera cámara en 1975 para documentar las condiciones en las fábricas e impartir clases a los trabajadores. En 1981, Badsha ayudó a fundar Afrapix, un colectivo de unas 40 fotógrafas y fotógrafos, que operaba desde la Casa Khotso del Consejo Sudafricano de Iglesias en Johannesburgo ⎯allanada y posteriormente bombardeada en 1986⎯ que tenía cuartos oscuros en Durban y Ciudad del Cabo.

El hilo conductor que unía toda esta obra fotográfica y política fue Conciencia Negra, un movimiento y un conjunto de ideas articuladas por primera vez por Steve Biko. En el Manifiesto Político de la Organización de Estudiantes Sudafricanos de 1973, Biko escribió que el Movimiento de Conciencia Negra “busca infundir en la comunidad negra un orgullo renovado por sí misma, por sus esfuerzos, sus sistemas de valores, su cultura, su religión y su visión de la vida”. El “hombre negro” tal como lo definió Biko era una categoría política que abarcaba a todas aquellas personas a quienes el Estado del apartheid había clasificado en sus categorías de no blancas. Es decir, los trabajadores africanos de las minas y los barrios marginales, los trabajadores de color de las fábricas y los muelles del Cabo, los descendientes de los trabajadores indios y chinos contratados que Gran Bretaña había traído para cosechar caña de azúcar o trabajar en las minas de oro, considerados como una mayoría definida por su relación con el capital blanco. Por esta razón, subrayó Biko, “no se debe subestimar la importancia de la solidaridad negra para los diversos segmentos de la comunidad negra”. La fotografía del movimiento contra el apartheid también tenía como objetivo visibilizar todo un orden visual y racial colonial y forjar la solidaridad necesaria para desmantelarlo.

Solo una pequeña atrocidad, en lo profundo de la ciudad

Cincuenta años después, más de tres décadas desde el fin legal del apartheid, el sistema racial-capitalista persiste. La fotografía de Hector Pieterson y la conmemoración anual del 16 de junio en Soweto siguen inspirando a nuevas generaciones de jóvenes en Sudáfrica, en todo el continente y en toda la diáspora en sus propias luchas por la obra inconclusa de la liberación.

Jóvenes en Diepsloot, Johannesburgo, silueteados contra el cielo nocturno, década de 1970. Créditos: Fotografía de Alf Kumalo.

La lucha no es solo sudafricana. Desde que comenzó el genocidio israelí respaldado por Estados Unidos en octubre de 2023, más de 200 periodistas palestinos, entre ellos fotógrafas y fotógrafos, han sido asesinados. Entre quienes han obligado al mundo a seguir prestando atención a Gaza se encuentran Bisan Owda, cuyos videos diarios en redes sociales desde Gaza han llegado a decenas de millones de personas. Wael Dahdouh, jefe de la oficina de Al Jazeera que siguió informando después de enterrar a su hijo, el camarógrafo Hamza Dahdouh, en enero de 2024. Junto a ellos hay innumerables fotógrafxs, periodistas y personas comunes palestinas que documentan la destrucción de su propio mundo a medida que ocurre. El dossier de Tricontinental, A pesar de todo: resistencia cultural por una Palestina libre, traza la trayectoria a largo plazo de lxs trabajadorxs culturales palestinxs que documentan la resistencia desde la Nakba, insistiendo en que una lucha sin registro no es una lucha.

Como cantó Miriam Makeba en “Soweto Blues”, el Estado intentó reducir la masacre a “una pequeña atrocidad, en lo más profundo de la ciudad”. Cincuenta años después, las fotografías, las canciones, los testimonios y los archivos de la lucha siguen resistiéndose a ese borrado:

Los niños recibieron una carta del amo
Decía: ya no más xhosa, sotho, ya no más zulú
Negándose a obedecer, dieron su respuesta
Y entonces llegó la policía al rescate
Niños volaban, balas, morían
Las madres gritaban y lloraban
Los padres trabajaban en las ciudades
El noticiero de la noche difundió la noticia:
Solo una pequeña atrocidad, en lo más profundo de la ciudad

En solidaridad,

Tings Chak

Directora de Arte, Instituto Tricontinental de Investigación Social

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Cuando Estados Unidos e Israel iniciaron su guerra de agresión ilegal contra Irán el 28 de febrero de 2026, era inevitable que Irán retaliara con restricciones al tránsito por el Estrecho de Ormuz. Aunque este país nunca había cerrado ni restringido el paso por el estrecho, el gobierno de Teherán había dejado claro que esta geografía formaría parte de su estrategia defensiva si era provocado. Para los países de Asia, el Estrecho de Ormuz y el Estrecho de Malaca son vías vitales, puntos de atasco estratégicos para el flujo de productos, en especial de energía. Alrededor del 90% del petróleo de Japón y el 75% del de Corea del Sur pasan por el estrecho. Cualquier desaceleración en la vía marítima afecta de manera dramática a las economías industriales de Asia Oriental, ávidas de energía. Desde una perspectiva económica, la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán es también una guerra contra los intereses de Japón y Corea del Sur, y de hecho contra los de todos los países asiáticos que dependen del petróleo del Golfo Pérsico. A pesar de este hecho, muchos países asiáticos han mantenido silencio diplomático o, como en el caso de Japón y Corea del Sur, han respaldado abiertamente a Estados Unidos.

Países como Japón y Corea del Sur se alinean con Estados Unidos en contra de sus propios intereses económicos porque fueron absorbidos por la arquitectura militar estadounidense tras el fin de la Guerra Mundial Antifascista (conocida comúnmente como la Segunda Guerra Mundial) (Tricontinental, 2025). La presencia continua de enormes bases militares de EE. UU. en estos países los arrastra inexorablemente hacia las guerras perpetuas de Estados Unidos. Estos países no pueden romper con EE. UU. en lo que respecta a la guerra contra Irán mientras estén subordinados militarmente a él.

El objetivo militar central estadounidense en Asia no es Irán sino China, uno de los principales socios comerciales de Japón, Corea del Sur, Filipinas, Taiwán y de la mayoría de los demás países asiáticos. Dada la centralidad de China en las cadenas industriales de la región, cualquier agresión contra ella alteraría todo el paradigma de desarrollo de Asia Oriental. Por otro lado, EE. UU. sigue siendo el principal patrocinador militar de Japón, Corea del Sur, Filipinas y Taiwán, además de ser un importante mercado de exportación para varios de ellos. Estas economías se encuentran así en una encrucijada: no pueden romper fácilmente su dependencia militar y económica de Estados Unidos, ni tampoco su relación económica vital con China, la nueva fábrica del mundo.

En este dossier La encrucijada de Asia Oriental: contradicciones y posibilidades en la nueva Guerra Fría, analizamos cómo Japón, Corea del Sur, Filipinas y Taiwán están atrapados en una contradicción insoluble que persiste independientemente de los cambios de gobierno. Aunque nuestro foco está en Asia Oriental, también analizamos brevemente el papel de Estados como Australia e India en esta coyuntura. Las contradicciones que se exploran en este dossier son principalmente económicas y geopolíticas, pero plantean posibilidades para avanzar en la lucha de clases en estas sociedades, al poner en evidencia la necesidad de romper con las alianzas subordinadas al imperialismo.

Asia Oriental y el rol de China

En los últimos 30 años, Japón, Corea del Sur, Filipinas y Taiwán han experimentado un cambio radical en sus patrones comerciales y en sus trayectorias de desarrollo (Glawe y Wagner, 2021; Banco Asiático de Desarrollo, 2025). Durante la Guerra Fría, Estados Unidos fue el principal pilar del orden económico de la región, seguido por Japón hacia finales del siglo XX (Johnson, 1982; Aoki, 1995). Hoy, el nuevo centro de gravedad es China, que desempeña un papel fundamental, aunque desigual, en estas economías. Aunque cada una tiene su propio modelo de desarrollo y su propia relación política con Beijing, las cuatro están profundamente integradas en una red de producción en la que China funciona como centro manufacturero, base de la cadena de suministro y mercado principal.

Estudios del Banco Mundial y del Banco Asiático de Desarrollo han demostrado claramente la importancia económica de China en Asia Oriental (2026). China es el principal socio comercial de Japón y Corea del Sur, y representa aproximadamente el 20–25% de las exportaciones de cada uno de estos países. La relación de Taiwán es aún más estrecha: entre el 30 y el 40% de sus exportaciones van a China. Filipinas está menos integrada, pero China sigue siendo uno de sus principales socios comerciales, y absorbe aproximadamente el 15–20% de sus exportaciones. Estas cifras indican que una parte significativa de la actividad económica de Asia Oriental está directamente vinculada a la demanda de las industrias chinas (Lin, 2012).

Si se analiza en relación con la producción económica total, la importancia de China resulta aún más evidente. El comercio con China, es decir, el total de exportaciones representa una décima parte del Producto Interno Bruto (PIB) de Corea del Sur. Una cuarta parte del PIB de Taiwán depende del comercio con China continental. Japón, con una economía mucho más orientada al mercado interno, tiene, no obstante, el 5% de su PIB relacionado con las exportaciones a China (aproximadamente el mismo porcentaje de su PIB está ligado con EE. UU., lo que incluye el impacto económico de las 120 instalaciones militares estadounidenses en Japón). Filipinas, con menor intensidad exportadora, tiene alrededor del 6% de su PIB vinculado a las exportaciones a China². La vitalidad de la economía china está, por tanto, directamente relacionada con los niveles de producción, empleo e inversión en el conjunto de Asia Oriental.

En la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN por su sigla en inglés) celebrada en 2011 en Bali, Indonesia, los Estados miembros debatieron la necesidad de crear un marco regional para la integración económica. Esas discusiones condujeron finalmente a la Asociación Económica Integral Regional (RCEP por su sigla en inglés), un acuerdo comercial firmado en 2020 y que entró en vigor en enero de 2022. El RCEP representa aproximadamente el 30% de la población mundial y el 30% del PIB global. Abarca economías que van desde Nueva Zelanda hasta Japón, reúne una amplia gama de industrias, desde la minería hasta la alta tecnología y un mercado de 2.200 millones de consumidorxs. Los signatarios acordaron reducir o eliminar los aranceles en un 92% en el transcurso de 20 años. Japón, Corea del Sur y Filipinas forman parte del RCEP, lo que refuerza los flujos comerciales y formaliza el espacio económico interconectado en el que China es la mayor economía (Cheng, 2023).

Más allá de las cifras agregadas del comercio, la estructura de la producción refuerza aún más esta integración. China no es solo un mercado final, sino también un nodo central en las cadenas industriales regionales y globales, en tanto consumidora y productora de bienes intermedios. Las empresas japonesas y surcoreanas exportan componentes de alto valor, como maquinaria y piezas de automóvil, petroquímicos y semiconductores, que suelen ensamblarse o procesarse en China antes de ser reexportados al mundo. La industria de semiconductores de Taiwán está profundamente imbricada con la manufactura china: los chips producidos en Taiwán suelen enviarse a China para su integración en productos electrónicos terminados (Tinn, 2025; Sinha, 2026). Estas estructuras de producción integradas han generado interdependencias sectoriales. La industria de semiconductores de Corea del Sur, liderada por empresas como Samsung Electronics y SK Hynix, depende de la demanda de la industria electrónica china. El sector automotriz y de maquinaria de Japón, liderados por empresas como Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Komatsu, Hitachi y Mitsubishi, dependen de lxs consumidorxs y de las redes de producción chinas.

Tomados en conjunto, estos vínculos comerciales y productivos demuestran que las cuatro economías están estructuralmente ligadas a China, aunque el grado de integración varía, es el más elevado en Taiwán y Corea del Sur, y más moderado en Japón y Filipinas. Esto crea tanto oportunidades de crecimiento como vulnerabilidades, a medida que la presión de EE. UU. sobre China repercute en toda la región.

La red de bases militares estadounidenses

Durante la última década, Estados Unidos ha consolidado una estrategia militar coherente destinada a cercar a China. Esta “estrategia de negación” se oficializó en sucesivos documentos de la Estrategia de Defensa Nacional de EE. UU. y se expuso claramente en el libro de Elbridge A. Colby de 2021, The Strategy of Denial: American Defense in an Age of Great Power Conflict [La estrategia de negación: la defensa estadounidense en una era de conflicto entre grandes potencias]. Colby dirigió la elaboración de la Estrategia de Defensa Nacional de 2018 como subsecretario adjunto de Defensa para Estrategia y Desarrollo de las Fuerzas Armadas durante el primer mandato de Trump. Actualmente es subsecretario de Guerra para Política del gobierno estadounidense y además de uno de sus principales estrategas frente a China (Colby, 2021).

La idea central de la estrategia de negación es que el Indo-Pacífico, que se extiende desde África Oriental hasta la costa oeste de Estados Unidos y abarca los océanos Índico y Pacífico, es la región de mayor importancia económica del mundo. Los intereses estratégicos de EE. UU. dependen de impedir que China desplace la primacía estadounidense en la región Indo-Pacífico. La estrategia se sustenta en la disuasión a través de la superioridad militar y la coordinación de alianzas, institucionalizada a través del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad, por su sigla en inglés), que reúne a Australia, India, Japón y Estados Unidos (2017); la asociación trilateral de seguridad entre Australia, el Reino Unido y Estados Unidos (AUKUS, por su sigla en inglés) (2021); la Iniciativa de Disuasión del Pacífico (PDI, por su sigla en inglés), un marco de financiamiento militar y despliegue de fuerzas para el Indo-Pacífico (2021) y el Acuerdo Trilateral Estados Unidos-Japón-Corea del Sur (2023) (Fernandes, 2022; Fowler, 2024; Wagner y Song, 2023).

En lugar de una confrontación directa, como ocurre con Irán, EE. UU. busca elevar el costo de defensa de China a un nivel inaceptable, mediante el fortalecimiento del sistema de alianzas liderado por Washington y el posicionamiento avanzado de bases militares. Actualmente existen alrededor de 270 instalaciones militares estadounidenses que se extienden desde Diego García, en el Archipiélago de Chagos, hasta Guam. Un elemento central de esta estrategia es la convicción de Washington de que una capacidad militar estadounidense creíble puede limitar las opciones estratégicas de China, al mismo tiempo que preservar el orden regional liderado por EE. UU. y seguir aprovechando el papel de China como motor económico de la región.

Taiwán ocupa un lugar clave en este marco estadounidense (Zhao y Yang, 2024). El 1 de enero de 1979, Estados Unidos reconoció formalmente a la República Popular China y aceptó la postura de Beijing de que existe “una sola China”, de la que Taiwán forma parte. Sin embargo, el 10 de abril de 1979, el Congreso de EE. UU. aprobó la Ley de Relaciones con Taiwán, que proporcionó la base legal para que Washington mantuviera una relación no oficial con Taiwán. Esto permitió a EE. UU. jugar un doble papel: reconocer formalmente el marco de una sola China mientras provocaba a Beijing mediante ventas de armas a Taiwán y mantenía vínculos económicos y culturales directos con Taipei. Desde 1950, Estados Unidos ha vendido a Taiwán cerca de 50.000 millones de dólares en equipos y servicios de defensa (Council on Foreign Relations, 2023). Para EE. UU., el estatus de Taiwán no es solo político sino estratégico, porque la reunificación de Taiwán con el continente otorgaría a China un acceso significativamente mayor al océano Pacífico. Para Washington, Taiwán es un instrumento para presionar a Beijing y limitar a China.

La estrategia de contención estadounidense está organizada geográficamente a través de un sistema de cerco que comienza con la primera cadena de islas (un arco de islas que abarca desde Japón hasta Filipinas y actúa como barrera al acceso de China al océano Pacífico). Esto se extiende a la “profundidad del cerco” más amplia de Diego García, Sri Lanka y las bases de EE. UU. en la región del Golfo Pérsico.³ Estados Unidos ha desarrollado una red de bases y acuerdos de acceso a lo largo de esta cadena para controlar nodos clave y rutas marítimas, y para limitar la movilidad militar china. Esta estrategia de cerco incluye no solo grandes instalaciones militares permanentes, como las de Japón y Corea del Sur, sino también, cada vez más, una red dispersa de sitios más pequeños y flexibles en los océanos Pacífico e Índico, diseñados para mejorar la resiliencia militar. Las bases están integradas con sistemas de vigilancia, inteligencia y misiles que permiten el monitoreo y la respuesta rápida. En conjunto, esta red militar constituye un sistema estructurado de contención. Si bien los documentos de seguridad nacional de Estados Unidos lo presentan como una medida de disuasión defensiva, el despliegue efectivo de sus fuerzas a lo largo de la frontera con China crea tensiones en lugar de resolverlas.

Este marco estratégico de contención y cerco se ha operacionalizado a través de una expansión sostenida de las capacidades e infraestructuras militares estadounidenses en Asia Oriental, en especial durante las últimas dos décadas y con creciente intensidad desde 2020. Estados Unidos también ha financiado ejercicios militares a gran escala, como el Ejercicio Balikatan (con Filipinas), el Ejercicio Malabar (con Australia, India y Japón) y el Ejercicio Talisman Sabre (con Australia). Estos esfuerzos buscan mejorar la interoperabilidad militar y convertir a los aliados de EE. UU. de socios regionales en participantes de primera línea en la contención de China.

Uno de los marcos más recientes impulsados por Estados Unidos es la Iniciativa de Disuasión del Pacífico (PDI, por su sigla en inglés), establecida mediante la Ley de Autorización de Defensa Nacional de Estados Unidos de 2021 (Prashad et al., 2022). La PDI garantiza financiamiento específico para el despliegue de fuerzas, la infraestructura de bases, la defensa antimisiles y los ejercicios conjuntos con aliados de EE. UU. como Japón, Corea del Sur y Filipinas. En Japón, ha asegurado mejoras en la defensa antimisiles y en las fuerzas de despliegue rápido. En Corea del Sur, ha permitido ejercicios conjuntos, mientras que en Filipinas ha modernizado las bases y los sistemas de vigilancia de Estados Unidos. La PDI también respalda la integración y el despliegue de sistemas de misiles de precisión de largo alcance en todo el Indo-Pacífico. Esto incluye la ampliación de las capacidades de defensa aérea y antimisiles construidas en bases militares estadounidenses en lugares como Guam y las Islas Marianas, así como en la Base Aérea Basa, en Filipinas (para la cual el gobierno de EE. UU. destinó alrededor de 66 millones de dólares en 2023) (Heydarian, 2023). La PDI garantiza sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento que mejoran el seguimiento de la actividad militar regional y posibilitan lo que se conoce como “ataque de precisión”: la identificación rápida y el ataque preciso de blancos militares.

Estos desarrollos han transformado a países como Japón, Corea del Sur y Filipinas en plataformas operativas de avanzada para la agresión estadounidense.

Sembrar el conflicto: contradicciones de clase y los límites de la democracia

La estrategia de negación de Estados Unidos no depende solo de la integración militar, sino también de la alineación de las clases dominantes a lo largo de la primera cadena de islas en una postura coordinada contra China, en particular en Japón, Taiwán y Filipinas y en general en la vecina Corea del Sur. Esta alineación refleja los intereses de las élites industriales, militares y políticas nacionales vinculadas al poder estadounidense. En Japón, Corea del Sur, Filipinas y Taiwán, la profundización de esa integración militar agudiza las contradicciones de clase existentes y expone la estrechez de los sistemas electorales. Aunque esto genera resistencia desde abajo, estos sistemas políticos están diseñados para impedir el crecimiento de cualquier fuerza adversa a la intervención extranjera. Además, cada una de estas sociedades carga con las cicatrices de la Guerra Mundial Antifascista y de la presencia militar estadounidense en la posguerra, incluidas las bases militares que hoy parecen permanentes, una experiencia que ha continuado definiendo el horizonte político de estos “Estados clientes”⁴.

Japón

El sistema político japonés de la posguerra ha estado dominado por el Partido Liberal Democrático (PLD), una organización política de derecha a extrema derecha con estrechos vínculos con el Estado y el capital estadounidenses. Aunque formalmente democrático, el sistema político japonés está dominado en la práctica por un solo partido, el PLD, que desde su fundación en 1955 ha estado en el poder todos los años menos cuatro. Aunque el artículo 9 de la Constitución japonesa de 1947, en ocasiones denominado la “cláusula pacifista”, prohíbe un rearme que vaya más allá de la defensa mínima, la derecha ha pedido su derogación desde el mandato de primer ministro de Nobusuke Kishi (1957–1960). En 2014, durante el mandato del nieto de Kishi, Shinzō Abe (2012–2020), el artículo 9 fue reinterpretado para permitir la “autodefensa colectiva”, lo que facilitó la expansión del gasto militar japonés, que ha aumentado especialmente desde 2022 bajo lxs primeros ministros Fumio Kishida, Shigeru Ishiba y Sanae Takaichi. Entre 2023 y 2024, el gasto militar japonés aumentó un 21%, y representa el 1,4% del PIB del país (Stockholm International Peace Research, 2025). En abril de 2026, bajo el mandato de Takaichi, Japón levantó la prohibición de exportar armas letales, establecida partiendo de la lógica de que un país pacifista no debería lucrar de las guerras.

La contradicción entre el gasto militar y las demandas democráticas para que la riqueza de Japón se invierta en necesidades sociales, ejemplificada en las protestas contra las bases en regiones más empobrecidas como Okinawa, pone de manifiesto las limitaciones de la democracia formal japonesa. La sociedad japonesa sigue subordinada a las prioridades militares definidas por una élite japonesa permanente alineada con Estados Unidos.

La construcción de una nueva base del Cuerpo de Marines en la zona de la bahía Henoko-Oura, en Okinawa, destinada a reemplazar la Base Aérea Futenma, largamente criticada por su ubicación en medio de la densamente poblada ciudad de Ginowan, enfrenta una oposición continua desde 1996. En 2018, Denny Tamaki fue elegido gobernador de Okinawa con una plataforma contraria a las bases. En un referéndum provincial celebrado en 2019, el 70% de lxs encuestadxs rechazó la construcción de la base. A pesar de esos mandatos democráticos y de décadas de impugnaciones legales, el gobierno central de Japón avanza con las obras de relleno que destruyen los ecosistemas de coral de la bahía de Oura en beneficio del ejército de EE. UU. (Mitchell, 2026). Organizaciones como el All Okinawa Council Against Construction of New Base in Henoko [Consejo de Todo Okinawa contra la Construcción de la Nueva Base en Henoko], el Okinawa Peace Movement Center [Centro del Movimiento por la Paz de Okinawa], el Okinawa Environmental Justice Project [Proyecto de Justicia Ambiental de Okinawa] y lxs manifestantes del plantón de Henoko, que mantienen una resistencia diaria desde hace más de dos décadas, encarnan una política que vincula la lucha local con las grandes cuestiones del imperialismo y la autodeterminación (McCormack y Norimatsu, 2018).

Corea del Sur

La historia política de Corea del Sur está marcada por una intensa lucha de clases. Creada en el contexto de la Guerra de Corea, iniciada en 1950 y formalmente sin resolver desde que el armisticio de 1953 no produjo un tratado de paz, Corea del Sur ha sido tratada por Estados Unidos como una base militar y un bastión económico contra el comunismo. Aunque ha estado bajo gobiernos pro-estadounidenses, incluida una dictadura militar de 1967 a 1988, su sistema político ha parecido más fluido que el japonés: ningún partido ha gobernado de manera continua. No obstante, los gobiernos electos, tanto conservadores como liberales, siguen dependiendo estructuralmente de EE. UU. Este es el caso, por ejemplo, bajo el mandato tanto de Yoon Suk-yeol, un conservador fuertemente alineado con Estados Unidos y con los chaebols (conglomerados surcoreanos), como de Moon Jae-in, un liberal que buscó una autonomía limitada pero permaneció ligado al capital orientado a la exportación y a los chaebols. De hecho, en 2018, durante la presidencia liberal de Moon Jae-in, el gasto militar de Corea del Sur se elevó al 2,5% del PIB, estableciendo un nivel que los presupuestos anuales posteriores mantienen (y que ascendió al 2,6% en 2022) (Banco Mundial).

Desde mediados de la década de 2010, Corea del Sur ha presenciado una oleada de luchas democráticas: desde la Revolución de las Velas o Chot-bul Hyuk-myung (2016–2017), que destituyó a la presidenta Park Geun-hye, hasta la Revolución de las Luces o Bit-eh Hyuk-myung (2024–2025), que buscó defender la democracia surcoreana contra la ley marcial impuesta por el presidente Yoon Suk-yeol en diciembre de 2024. A pesar de la reiterada movilización de la clase trabajadora y la sociedad civil contra la desigualdad y en favor de una mayor independencia en política exterior, la subordinación de Corea del Sur a EE. UU. ha impedido dicha transformación. Además, esta dependencia económica y militar la obliga a adoptar medidas profundamente impopulares, como el envío de tropas coreanas a Irak o la instalación del sistema antimisiles balísticos de defensa de área a gran altitud (THAAD, por su sigla en inglés). Desde sus inicios, Corea del Sur ha subordinado su política exterior a la de EE. UU. Una consecuencia de esto es que la fallida Cumbre de Hanói de 2019 entre Corea del Norte y Estados Unidos derivó en un congelamiento de las relaciones intercoreanas (Song, 2024a). Mientras tanto, el fortalecimiento de los vínculos de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) con Rusia ha ampliado el margen de maniobra de Pyongyang.

En junio de 2025, Lee Jae-myung ganó la presidencia tras haber contribuido a impedir que el presidente Yoon impusiera la ley marcial unos meses antes. Abogado de derechos humanos y laborales, el presidente Lee, sin embargo, ha continuado involucrando el complejo militar-industrial de Corea del Sur con EE. UU. Aun intentando recuperar el control operacional en tiempo de guerra del ejército coreano, sus concesiones económicas al presidente de Estados Unidos Donald Trump integran a Corea del Sur más profundamente en la maquinaria de guerra de EE. UU.

Lee no solo ha aceptado el llamado de Estados Unidos a que sus aliados destinen el 3,5% del PIB a defensa, Corea del Sur también invertirá 350.000 millones de dólares en los próximos diez años para aumentar la fabricación de semiconductores en Estados Unidos, cuyo doble uso permite la expansión de la inteligencia artificial militar y ampliar la construcción naval para la marina estadounidense, contribuyendo a aliviar los crónicos atascamientos en la base industrial marítima de EE. UU. Un impulso que queda sintetizado en el servil eslogan coreano MASGA: Make American Shipbuilding Great Again [Hagamos grande de nuevo la construcción naval estadounidense]. Más concretamente, la adquisición del Astillero de Filadelfia por parte del Grupo Hanwha en 2024 lo posiciona como una solución potencial al retraso acumulado en la construcción de submarinos de propulsión nuclear de la Armada estadounidense y una contribución a su producción de buques de guerra. Además, Corea del Sur alberga una presencia de la Fuerza Espacial de EE. UU. que coopera con Washington en la creación de una red de satélites interoperables para el Golden Dome de Trump (Song, 2024b). Todas estas acciones han permitido a Corea del Sur unirse a Israel en el club de EE. UU. de los “aliados modelo” (Departamento de Defensa de Estados Unidos, 2026).

Filipinas

Filipinas ha luchado por afirmar su soberanía desde que fue anexada por Estados Unidos en 1898. El poder político en el país ha estado dominado por unas pocas familias de élite. El actual presidente, Bongbong Marcos, es hijo de Ferdinand Marcos, quien fue presidente de 1965 a 1986. El país dependió enteramente de EE. UU. para sus planes de seguridad hasta 1991, y en 1995 puso en marcha el Programa de Modernización de las Fuerzas Armadas de Filipinas, que permitió la expansión de la marina y la fuerza aérea filipinas, en gran medida mediante la compra de material militar de estadounidense. El ejército filipino quedó integrado con el de EE. UU. a través de la contratación y los ejercicios conjuntos.

La estructura del poder de EE. UU. sobre Filipinas queda muy bien ilustrada por el Acuerdo de Cooperación para la Defensa Ampliada (EDCA, por su sigla en inglés), firmado por primera vez en 2014 y luego ampliado en 2022. El EDCA otorga acceso rotativo a bases militares filipinas, lo que permite el preposicionamiento de equipos, el entrenamiento conjunto y la construcción de infraestructura militar de EE. UU. en las bases, con una supervisión mínima por parte del gobierno filipino.

En 2023, al comienzo del gobierno de Marcos Jr., los sitios designados bajo el EDCA casi se duplicaron, de cinco a nueve. La Base Naval Camilo Osias y el Aeropuerto de Lal-lo están ubicados en el extremo norte de Filipinas, lo que permite una “respuesta rápida” a los conflictos en el Estrecho de Taiwán (De Guzman, 2023). Estas dos bases cuentan con el respaldo del Camp Melchor F. Dela Cruz, en el montañoso valle de Cagayán, que actúa como retaguardia logística. La presencia de EE. UU. en estas bases ayuda a Washington a proyectar fuerza a través del Estrecho de Luzón, que Filipinas comparte con Taiwán. El cuarto sitio de reciente designación no ha sido revelado públicamente, pero su ubicación deja en claro su papel en la proyección de EE. UU. en el Mar del Sur de China.

A través del EDCA, las fuerzas de EE. UU. llevan a cabo el Ejercicio Balikatan, que ha alcanzado una escala sin precedentes bajo el gobierno de Marcos Jr., con incluso Japón sumándose en 2025. Las organizaciones de la sociedad civil y lxs activistas por la paz continúan debatiendo las implicaciones de la estrecha alineación del gobierno de Marcos Jr. con EE. UU. Esta alineación se ha desarrollado en paralelo a una represión intensificada de activistas y militantes rurales, incluido el asesinato de 19 personas por parte de tropas filipinas en Toboso, Negros Occidental, en abril de 2026. Un incidente que los grupos de derechos humanos han exigido que sea investigado de manera independiente.

Taiwán

Tras su derrota en la Revolución China, el partido nacionalista Kuomintang (KMT) huyó a la isla de Taiwán bajo el liderazgo de Chiang Kai-shek y estableció allí su gobierno. El KMT gobernó Taiwán bajo ley marcial durante 38 años, hasta 1987, y continuó gobernando en un sistema electoral de partido dominante hasta el año 2000. Desde entonces, el Partido Democrático Progresista (PDP) ha estado en el poder durante la mayor parte del tiempo, llevando la política taiwanesa hacia un mayor separatismo respecto de China continental e integrando la isla más profundamente en los planes estratégicos de EE. UU. El PDP refleja una coalición de tecnocapitalistas, élites separatistas e instituciones militares, mientras que el KMT obtiene su apoyo de los sectores empresariales con intereses en el comercio transestrecho con China. Ambos, sin embargo, operan dentro de un marco moldeado por las prioridades estratégicas de Estados Unidos Desde 2022, el gasto militar de Taiwán y el apoyo militar de EE. UU. han mostrado un patrón de fortalecimiento sostenido y coordinado, más que un rearme repentino. El presupuesto militar de Taiwán se ha disparado y alcanza aproximadamente 30.000 millones de dólares en 2026. El gasto militar ha aumentado del 2% del PIB en la década de 2010 al 3,3% en 2026, con planes de llegar al 5% para 2030. Esta enorme desviación de recursos recae sobre una sociedad que ya enfrenta salarios estancados y un costo de vida en alza.

El presupuesto militar financia compras de armas y enriquece a los contratistas de defensa de EE. UU. Las ventas militares a Taiwán se han vuelto más regulares, con frecuentes paquetes de armamento centrados en misiles, defensa aérea y drones. Entre 2019 y 2024, Estados Unidos aprobó más de 32.000 millones de dólares en ventas de armas a Taiwán, incluidos cazas F-16V (8.000 millones), tanques M1A2 Abrams (2.000 millones), sistemas de cohetes HIMARS (436 millones) y misiles costeros Harpoon, con enormes nuevos paquetes por más de 11.000 millones anunciados en 2025 (Basta de Guerra Fría, 2023b; 2023a). Pero la venta de armas ya no es el límite de la participación militar de EE. UU. Desde 2024, Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense, conocidas como Boinas Verdes, están estacionadas en las islas de Kinmen y Penghu, la primera presencia militar estadounidense duradera en territorio taiwanés en más de 40 años. La escalada militar está impulsada de manera inequívoca por EE. UU., que crea las condiciones para una crisis autocumplida a través de la militarización, al tiempo que califican las respuestas chinas de “provocaciones”.

La fragilidad política de este camino hacia la militarización merece énfasis. Lai Ching-te, del PDP, asumió el cargo el 20 de mayo de 2024 tras obtener solo el 40,1% de los votos, con el KMT obteniendo el 33,5% y el Partido del Pueblo de Taiwán (PPT) el 26,5%. Es fundamental señalar que la oposición del KMT y el PPT controla el Yuan Legislativo, el máximo órgano legislativo de Taiwán, por primera vez desde 2016. De los 113 escaños, 52 corresponden al KMT, 8 al PPT y 51 al PDP. Esta apertura política quedó subrayada en abril de 2026, cuando la presidenta del KMT, Cheng Li-wun, visitó Beijing y se reunió con Xi Jinping, la primera visita de este tipo por parte de una presidenta del KMT en una década, lo que indica que parte de la oposición intenta reabrir el diálogo entre ambos lados del estrecho en lugar de seguir el camino de escalada militar del PDP. El poder legislativo no votó a favor de la escalada militar que el PDP promueve.

Las encuestas de opinión pública del Centro de Estudios Electorales de la Universidad Nacional Chengchi revelan que solo el 3,8% de la población, el porcentaje más bajo desde 2002, apoya la “independencia inmediata”, mientras que el 1,2% apoya la unificación inmediata. Mientras tanto, entre el 83 y el 88% prefiere el statu quo, con un récord del 33,2% que desea el “statu quo indefinidamente” (National Chengchi University Election Study Center, 2025). La postura confrontacional del PDP con el continente, intensificada con la Ley Antiinfiltración de 2019, orientada a frenar la supuesta influencia política de China en Taiwán, carece ahora tanto de mandato legislativo como de respaldo popular.

Organizaciones unionistas de izquierda como el Partido Laborista de Taiwán han argumentado que la base social del separatismo del PDP tiene sus raíces en lxs colaboracionistas japoneses de la era colonial, y que la cuestión de Taiwán es un legado de la intervención estadounidense en la Guerra Civil China. Estados Unidos no necesita expandir formalmente su presencia en Taiwán como lo hace en Japón o Filipinas, ya que el PDP apoya sin reservas la estrategia de contención de EE. UU. Estas tendencias apuntan a una mayor integración militar entre Estados Unidos y Taiwán, que en la práctica se acerca a una cuasi-alianza, ya que un tratado formal provocaría una respuesta de Beijing. EE. UU. ha llegado incluso a sugerir volar las fábricas de semiconductores taiwanesas para proteger sus intereses en la isla.⁵

Más allá de la primera cadena de islas

La estrategia de EE. UU. para contener a China se extiende más allá de la primera cadena de islas a través de agrupaciones como AUKUS y el Quad. Estos acuerdos crean capas superpuestas de cooperación militar que limitan la movilidad de China en las aguas cercanas y en todo el Indo-Pacífico. También revelan tensiones entre la interdependencia económica con China y las alianzas militares orientadas a la confrontación. Las contradicciones resultantes plantean interrogantes sobre la durabilidad de estas formaciones. Dos grandes actores destacan como protagonistas clave en esta arquitectura más amplia: Australia e India.

Australia

Australia es miembro de los Five Eyes [Cinco Ojos], una red de intercambio de inteligencia liderada por EE. UU. y uno de los seis “Enhanced Opportunities Partners” [Socios con Oportunidades Ampliadas] de la OTAN. Como tal, Australia siempre ha desempeñado un papel clave en la estrategia de EE. UU. en Asia. El avance más significativo de los últimos tiempos en la alianza Estados Unidos-Australia es el acuerdo AUKUS de 2021, cuyo primer pilar prevé dotar a Australia de submarinos de ataque de propulsión nuclear.

El programa comenzó con visitas cada vez más frecuentes de submarinos de EE. UU. a puertos australianos, seguidas de despliegues rotativos en bases australianas. Se espera que culmine con la adquisición por parte de la Armada Real de Australia de al menos ocho submarinos de propulsión nuclear a partir de la década de 2030, con una parte construida internamente mediante cooperación conjunta en la década de 2040. Con un costo total estimado en más de 264.000 millones de dólares, estos submarinos de propulsión nuclear son estratégicos porque permiten operaciones de largo alcance en los océanos Índico y Pacífico. Aunque no se declara de manera explícita, la interoperabilidad y la profunda dependencia operativa convertirían a Australia en parte de esa postura frente a China, incluso en los esfuerzos por controlar las rutas marítimas y apoyar las operaciones en el Estrecho de Taiwán o en el Mar del Sur de China.

Aunque Australia ya pagó a Washington más de 1.000 millones de dólares en el marco de AUKUS, el gobierno de Trump, que enfrenta su propio cuello de botella en materia de submarinos, revisa si entregarle a Australia los submarinos prometidos.⁶ Un informe del Congreso incluso consideró la posibilidad de mantener los submarinos bajo control de EE. UU. y operarlos desde bases australianas, dada la reticencia de Australia a comprometerse a intervenir militarmente en una posible guerra entre EE. UU. y China, ya que este es el mayor socio comercial de Australia (Doherty, 2026). Esto ilustra las contradicciones y tensiones entre los intereses nacionales y los compromisos de alianza.

India

La posición de India en la arquitectura de contención difiere de la de Japón o Taiwán. India no tiene una alianza formal con EE. UU., mantiene su membresía en los BRICS y en la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), y hereda una poderosa tradición de no alineamiento. Sin embargo, la trayectoria de la política exterior india en la última década revela una tendencia de cumplimiento con las preferencias estratégicas de Estados Unidos, muchas veces enmascarada por la retórica de la autonomía estratégica. India ha firmado acuerdos marco de defensa con EE. UU. que integran sus fuerzas en las arquitecturas de mando, control e inteligencia estadounidense.

El giro de India hacia Washington resulta más instructivo cuando se analiza en el contexto de su debilitada relación con Irán, un amigo y aliado tradicional. Cuando el gobierno de Trump volvió a imponer sanciones a Irán en 2018 y exigió el cese de las compras de petróleo iraní, India cumplió reduciendo sus importaciones de 500.000 barriles diarios a casi cero para mayo de 2019. El cumplimiento de India implicó renunciar al petróleo iraní más barato y poner en riesgo sus inversiones en el Puerto de Chabahar, un proyecto de importancia estratégica para India porque garantiza el acceso a Asia Central sin necesidad de pasar por Pakistán (Prashad, 2013; Karat, 2007; Bhadrakumar et al., 2007). El 12 de marzo de 2025 entraron en vigor aranceles globales del 25% sobre el acero y el aluminio, lo que elevó los aranceles sobre el acero y el aluminio indios al 26%. El 6 de agosto, Trump impuso un arancel adicional del 25% sobre los productos indios por las compras de petróleo ruso con descuento que realizaba India, con lo que la tasa acumulada llegó al 50%. India finalmente acordó suspender las compras de petróleo ruso, pero no llegó a firmar un acuerdo comercial decisivo con EE. UU. tras el fallo de la Corte Suprema que anuló los aranceles de Trump.

A pesar de estos acuerdos con EE. UU., India sigue siendo miembro del proceso de los BRICS y mantiene importantes relaciones económicas tanto con China como con Rusia. El comercio bilateral India-China creció un 12% interanual en 2025 y alcanzó los 155.600 millones de dólares. La participación de India en la OCS se ha profundizado, en especial tras la presencia del primer ministro indio Narendra Modi en la Cumbre de la OCS de 2025 en Tianjin. En 2018, India firmó un acuerdo de 5.400 millones de dólares para adquirir el sistema de defensa aérea S-400 de Rusia, pese a las amenazas de sanciones de EE. UU. El comercio entre India y Rusia se ha incrementado de manera significativa en los últimos años, impulsado en particular por las compras de petróleo crudo ruso con descuento, que pasaron de niveles insignificantes antes de 2022 a un pico de 2 millones de barriles diarios en 2025, con lo que Rusia se convirtió en el mayor proveedor de petróleo de India. Este continuo comercio contrasta con su participación en el Quad y en los acuerdos de asociación con EE. UU., lo que pone de manifiesto una contradicción en el núcleo del posicionamiento de India. India ilustra un patrón de coerción gradual por parte de EE. UU.: incluso como socio estratégico, India no está protegida de la coerción imperial (Bodapati, 2025; Tricontinental, 2026).

Fragilidad de las alianzas y contradicciones económicas

La estrategia de negación supone que EE. UU. puede lograr que sus aliados se comprometan a contener a China, una suposición que se desmorona al examinarse con detenimiento. La prosperidad material de los aliados de EE. UU. depende cada vez más de la integración económica con China, aun cuando las alineaciones militares los comprometen con un posible conflicto. Cada región examinada en este dossier enfrenta la misma contradicción fundamental: entre la integración económica con China y la alineación militar contra China. En 2025, el comercio de estos países con China, 331.000 millones de dólares en el caso de Corea del Sur, 322.000 millones de Japón, 73.000 millones de Filipinas y 207.000 millones de Australia— superó con creces su comercio con EE. UU.,: 241.200 millones de dólares para Corea del Sur, 228.000 millones para Japón, 27.000 millones de Filipinas y 89.600 millones para Australia. Incluso el comercio de India con China (156.000 millones de dólares) es mayor que su comercio con EE. UU. (149.000 millones de dólares). Estos flujos representan riqueza, empleo e ingresos fiscales que una guerra o una confrontación sostenida con China devastaría. Cuando el conflicto efectivo se acerca, estos intereses económicos pueden resultar más determinantes que los compromisos militares abstractos.

Durante la guerra estadounidense contra Irak, importantes aliados de EE. UU. se negaron a participar a pesar de las enormes presiones de Washington y de la invocación de los compromisos de alianza. En Asia, Japón y Corea del Sur se negaron a aportar fuerzas de combate, aunque sí prestaron asistencia logística y fondos para la reconstrucción. Más recientemente, ningún aliado de EE. UU., incluidos Japón y Corea del Sur, ha respondido a las exigencias de Trump de enviar barcos para abrir el Estrecho de Ormuz. Si los aliados resultaron poco fiables para una guerra contra un adversario más débil, ¿qué tan probable es su participación en una guerra contra China, una potencia industrial y nuclear? ¿Enviaría Australia fuerzas de combate para luchar contra China, arriesgando represalias contra sus ciudades y la pérdida de su principal socio comercial? ¿Participaría Corea del Sur, cuando una guerra regional podría desencadenar la intervención de Corea del Norte? ¿Aceptaría el pueblo japonés, traumatizado por el bombardeo nuclear de EE. UU., sufrir bajas en combate? ¿Enviaría India sus fuerzas cuando el estatus de Taiwán carece de relevancia directa para la seguridad india y la participación pondría en riesgo sus relaciones con China y Rusia? ¿Lucharía Filipinas si ello significase arriesgarse a represalias chinas?

Las alianzas funcionan sin problemas cuando los costos permanecen hipotéticos y abstractos: ejercicios conjuntos, intercambio de inteligencia, compras de armas y coordinación diplomática. Enfrentan pruebas severas cuando una guerra real exige sacrificar vidas, aceptar la devastación económica y arriesgar la existencia nacional en beneficio de los intereses de otra potencia, en especial cuando esa potencia es la agresora. La dependencia de la estrategia de negación en la participación aliada puede ser su falla fatal si estalla un conflicto, sobre todo cuando las alianzas se basan en la subordinación y la coerción en lugar de intereses compartidos genuinos.

Resistir la maquinaria de guerra y construir el multilateralismo

La Nueva Guerra Fría emergente, centrada en Asia Oriental, es la respuesta estratégica de EE. UU. al desplazamiento del centro de gravedad de la economía mundial. A medida que las capacidades económicas y tecnológicas de China se expanden, la política de EE. UU. recurre cada vez más a la fuerza militar y a las estructuras de alianza para mantener la influencia estratégica en el Indo-Pacífico (Tricontinental, 2024). Esta estrategia de negación busca contener a China a través de la militarización, la coordinación de alianzas y la modernización de la defensa. Washington construye una arquitectura militar provocadora en la región a través de una red de iniciativas y asociaciones.

En todo el conjunto de Asia Oriental y el Indo-Pacífico, las implicaciones de la creciente militarización son profundas. Japón, Corea del Sur, Filipinas, Taiwán, Australia e India albergan infraestructuras militares significativas o participan en una cooperación militar que podría situarlos en el centro de una confrontación de gran envergadura. Para muchas sociedades de la región, la perspectiva de una mayor militarización genera preocupaciones sobre los costos de oportunidad, ya que los recursos destinados al gasto en defensa compiten con las inversiones en bienestar social, infraestructura, resiliencia climática y desarrollo económico.

Analistxs de política exterior y responsables políticxs progresistas de la región han propuesto varias reformas orientadas a la paz y la distensión. Entre ellas, se incluyen medidas de fomento de la confianza en zonas conflictivas como el Estrecho de Taiwán, nuevas iniciativas de control de armamentos y mecanismos multilaterales para gestionar las disputas marítimas en el Mar del Sur de China. Las organizaciones regionales, en particular la ASEAN, suelen citarse como posibles plataformas para el diálogo y la gestión de conflictos.

Si bien estas propuestas son bienvenidas, cualquier transformación debe provenir inevitablemente de los propios pueblos organizados de la región. Diversos movimientos sociales en toda la región siguen abogando por la diplomacia, la cooperación regional y la desmilitarización. En Okinawa, organizaciones como el Proyecto de Justicia Ambiental de Okinawa y No More Battle of Okinawa protestan contra la expansión de las bases de EE. UU. En Filipinas, organizaciones como Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) [Nueva Alianza Patriótica] se oponen a los acuerdos ampliados de acceso militar y reivindican una mayor soberanía nacional. En Corea del Sur, partidos políticos y movimientos sociales, como Acción Internacional de los Pueblos contra Trump [People’s International Action Denouncing Trump], apoyan una renovada participación diplomática para reducir las tensiones en la Península Coreana. Debates similares tienen lugar en Taiwán, Australia, India y otras regiones que navegan el militarismo de EE. UU.

La Asamblea Internacional de los Pueblos (AIP), una red de alrededor de 200 movimientos sociales, partidos políticos y sindicatos fundada en 2015, ha trabajado estrechamente con organizaciones de base en la región, construyendo solidaridad y consenso sobre cuestiones clave. En esta coyuntura crucial, cuando la militarización amenaza la paz y el desarrollo en Asia y en el mundo entero, la AIP ha lanzado la campaña “¡Bases Fuera de Asia!”. Esa campaña se articula en torno a cuatro demandas para desescalar esta Nueva Guerra Fría en Asia:

1. Retirar todas las bases militares extranjeras y democratizar la seguridad. Los cientos de bases militares extranjeras que salpican la región asiática deben ser retiradas para que la política regional pueda democratizarse y la paz sea algo más que la preparación para la próxima guerra. Los Estados deben evitar la formación de bloques militares rígidos, limitar los despliegues avanzados y comprometerse a prevenir una carrera armamentista. La política militar debe rendir cuentas ante la ciudadanía: debe existir supervisión del Parlamento, de los gobiernos locales y de la sociedad civil sobre los acuerdos militares, los presupuestos de defensa y los despliegues de tropas extranjeras.
2. Ampliar el contacto entre los pueblos. Apoyar la cooperación entre sindicatos, grupos estudiantiles, organizaciones por la paz y movimientos sociales en toda Asia para oponerse a las carreras armamentistas, las bases extranjeras y la escalada de la confrontación. Fomentar los intercambios entre los pueblos, los lazos culturales y la diplomacia de base a través de las fronteras, en especial entre sociedades en conflicto o en situaciones de gran tensión, para construir una cultura regional compartida de paz.
3. Institucionalizar un diálogo sostenido. Establecer canales regulares de comunicación de alto nivel, tanto políticos como entre las fuerzas armadas para gestionar las crisis, reducir los errores de cálculo y generar confianza. Promover mecanismos prácticos de fomento de la confianza, como líneas directas y acuerdos de prevención de incidentes.
4. Priorizar la seguridad cooperativa y los desafíos compartidos. Desplazar el foco de la competencia de suma cero hacia la colaboración en cuestiones clave como el cambio climático, la salud pública, la estabilidad económica y el desarrollo, reforzando la interdependencia como base para la paz. Promover reducciones en el gasto militar y la reasignación de recursos hacia la atención de salud, la acción climática, la educación y la reducción de la desigualdad, vinculando la paz con la justicia social.

A estas luchas subyace en un cambio estructural más amplio en la economía global. El crecimiento de China como principal potencia industrial ha reconfigurado las redes de producción mundiales y alterado la distribución de la influencia económica. Estos cambios han dado un nuevo impulso a los movimientos que luchan por la soberanía en todo el Sur Global. Si esta transición conduce a un multilateralismo estable y pacífico o a una competencia más intensa sigue siendo incierto. Mucho depende de si la lucha de clases puede avanzar de modo tal que empuje la agenda hacia la paz y el desarrollo, en lugar de la guerra y la austeridad.

Notas

Referencias bibliográficas

En América Latina, los caminos de las luchas de los pueblos y el desarrollo de su cultura se entrelazan constantemente. Desde la colonización española y portuguesa en los siglos XV y XVI, pasando por las luchas de independencia y por la Doctrina Monroe (1823), los pueblos de América Latina resisten a la dominación. José Martí, una de las figuras centrales en la lucha por la independencia, formuló el concepto de Nuestra América, en un texto del mismo nombre, sobre la unidad política y cultural del continente.

Para Martí, la noción de Nuestra América no se limitaba a un aspecto geográfico de ese vasto territorio que se extiende desde el Río Bravo hasta el estrecho de Magallanes, sino que era también un proyecto basado en las diversas culturas, historias y luchas de los pueblos originarios de esa región. Esa era la fuerza antiimperialista de la reflexión de Martí: América Latina solo podría liberarse si conocía y valoraba las raíces indígenas, africanas, campesinas y populares que el colonialismo y la intelectualidad europea habían menospreciado.

Como el propio Martí plantea en su texto: “Resolver el problema después de conocer sus elementos es más fácil que resolver el problema sin conocerlos. […] Conocer es resolver. Conocer el país y gobernarlo conforme al conocimiento es el único modo de librarlo de tiranías”. La literatura latinoamericana a lo largo de su historia ha sido una de las principales formas a través de las cuales ha sido posible conocer la diversidad de pueblos y culturas de este territorio. A través de poemas, novelas y canciones, los pueblos del continente han representado sus distintas realidades no como abstracciones, sino como experiencias vividas.

Escritores viajando en camión hacia Minas de Frío, Cuba, s.f. Fuente: Revista Casa de las Américas.

América Latina experimentó profundas transformaciones políticas y sociales en la segunda mitad del siglo XX. La Revolución Cubana, en 1959, rompe con la dependencia directa de Estados Unidos e inicia la construcción del socialismo en la isla, como un soplo de esperanza para los pueblos en lucha en los demás países de la región. Este proceso desencadena una nueva ola de acometidas imperialistas en Nuestra América con EE. UU. intensificando su ofensiva mediante la fallida invasión de Playa Girón, en Cuba, en 1961; el patrocinio y apoyo político al golpe empresarial-militar en Brasil, en 1964; el golpe contra el gobierno de la Unidad Popular y el derrocamiento del presidente Salvador Allende, en Chile, en 1973, además de apoyar otras dictaduras y proyectos de contrainsurgencia sanguinarios en la región en la década de 1970.

La literatura, en este contexto, sigue desempeñando un importante papel de resistencia, principalmente debido al llamado boom de la literatura latinoamericana, en los años 1960-1970 en el que algunos escritores alcanzaron fama en Europa. En este período cobra fuerza un debate ya antiguo sobre la relación entre arte y política, teniendo a Cuba, su revolución y su política cultural como uno de los ejes principales de la polémica.

Ya en 1959, el primer año de la revolución, se crearon varias instituciones culturales en la isla; entre otras, cabe mencionar el Teatro Nacional, el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica (ICAIC) y la Casa de las Américas, dirigida por Haydée Santamaría, referencia ineludible para pensar la cultura, el arte y la literatura en América Latina. El escritor uruguayo Mario Benedetti (1920-2009) tuvo un papel central en la profundización de la labor cultural de la Casa de las Américas, contribuyendo, sobre todo, a reforzar el papel de la literatura como frente de resistencia en América Latina. Su propio desarrollo literario e intelectual, así como el de muchos otros escritores latinoamericanos de la segunda mitad del siglo XX, está directamente vinculado con la política y las actividades desarrolladas en la Casa de las Américas.

La Revista de la Casa, cuyo primer número fue publicado en 1960, fue responsable de circular y divulgar el pensamiento en torno de la cultura y el arte latinoamericano y caribeño desde una perspectiva emancipatoria, con el fin de fortalecer la construcción de una nueva sociedad.

En lo que respecta a la revolución cubana, cabe destacar la atención prestada al tema de la cultura. Además de las diversas instituciones creadas ya en el primer año de la revolución, las reflexiones de Fidel Castro en su discurso “Palabras a los intelectuales”, en 1961, en el que traza las líneas generales de una política cultural para la revolución, la iniciativa de las brigadas Conrado Benítez que acabaron con el analfabetismo en Cuba o incluso la impresión de millones de ejemplares de libros de la literatura clásica para la población de la isla. Cabe destacar que el primer título impreso y distribuido por la Revolución Cubana fue el clásico Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes.

Sin embargo, la ofensiva imperialista estadounidense contra Cuba también cobró fuerza en el ámbito cultural. Buscaba combatir la proyección y el prestigio cada vez mayor de la Casa de las Américas entre la intelectualidad mundial, por medio de su revista y de su premio literario. Para ello, el infame Congreso por la Libertad de la Cultura, organización financiada por la CIA, creó la revista Mundo Nuevo con el objetivo de reunir escritores para hacer frente a las iniciativas de la institución cubana. Dirigida por el crítico uruguayo Emir Rodríguez Monegal, quien mantenía excelentes relaciones con los escritores, Mundo Nuevo disputó la atención de las principales figuras literarias de la época presentándose como una publicación literaria independiente al mismo tiempo que trabajaba para alejar a los escritores del boom latinoamericano del proyecto cultural de la Revolución Cubana y procuraba acercarlos a la órbita del anticomunismo liberal.

A medida que la contradicción entre revolución y contrarrevolución avanza en la región, los escritores y escritoras se posicionaron de diferentes maneras tanto frente a la construcción del socialismo en la isla caribeña como frente a la guerra cultural estadounidense, parte de la Guerra Fría y del intento de contener y sofocar las experiencias revolucionarias. Escritores de proyección mundial, del llamado boom latinoamericano, como Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, entre otros, se posicionaron, cada uno a su manera, ante este debate fundamental que expresa la estrecha relación entre literatura, arte y política.

En este sentido, es importante recuperar una formulación de Mario Benedetti en una entrevista para la revista Cuba en 1968, poco después del Congreso Cultural de La Habana, para pensar el papel del escritor en la lucha de clases:

Si el deber de todo revolucionario es hacer la revolución, el deber de todo escritor, en cuanto tal, es hacer literatura […] la literatura, entre otras funciones, cumple la de ampliar los horizontes del hombre. En la medida en que el pueblo puede captar los significados, últimos o intermedios, de una gran literatura de ficción, estará más cerca de nuestra lucha, y más todavía si es capaz de analizar la enajenación que el enemigo le impone. Por eso no vemos razones para plantear la obligación de que el escritor militante se reduzca genérica o temáticamente a una línea muy estrecha.

Así, el potencial de la literatura va más allá de la posición política personal del escritor, aunque en un contexto de ofensiva imperialista esta sea fundamental para el fortalecimiento o debilitamiento de un proceso político. El punto central de Benedetti era que la fuerza revolucionaria de la literatura no puede ser reducida a un tema, género o consigna determinados. La literatura puede ampliar los horizontes de los pueblos, agudizar su capacidad de reconocer la alienación y llevarlos a la lucha justamente a través de su potencialidad formal que toca la sensibilidad humana.

La cultura no es un lujo, es un derecho

Mario Benedetti fue uno de los escritores uruguayos más importantes del siglo XX, conocido por su literatura comprometida y sensible, que retrató las complejidades sociales y afectivas de su país. Su obra abarca poesía, novela, cuento y ensayo, siempre marcada por un lenguaje directo y profundamente humano.

Además de su importancia en el ámbito literario, desempeñó un papel fundamental en el panorama político cultural de izquierda en América Latina. Su labor en la Casa de las Américas, primero como jurado del premio literario de esta institución y luego como fundador y director del Centro de Investigaciones Literarias (CIL), contribuyó a concebir una cultura literaria latinoamericana que, al tiempo que valoraba el desarrollo literario europeo, también enfatizaba la importancia política, estética y cultural de las producciones literarias de Nuestra América. Entre otros aspectos, cabe destacar sus reflexiones sobre el papel del intelectual y de las y los trabajadores de la cultura en el proceso revolucionario.

En 1968, en el Congreso Cultural de La Habana, Benedetti realizó una exposición sobre las contradicciones entre las personas de acción y las de intelecto. En un contexto en el que la lucha armada era una de las principales formas de acción política, se instaba a los intelectuales y artistas a participar en la primera línea de batalla. El escritor uruguayo esbozó algunos rasgos de la actividad intelectual importantes para el desarrollo revolucionario. Según él: “el intelectual, a su vez, es casi por definición alguien inconforme, un crítico de su medio social, un testigo de memoria implacable”.

Además, también destaca el papel de la cultura y de las y los trabajadores de la cultura como un derecho y no como un lujo: “[…] el artista que defiende su derecho a soñar, a crear belleza, a crear fantasía, con el mismo encarnizamiento y la misma convicción con que defiende su derecho a comer, a tener un techo, a salvaguardar su salud, ese artista será el único capaz de demostrar que su oficio no es un lujo, sino una necesidad, y no sólo para sí mismo, sino también para su semejante”.

Para Benedetti, la cultura revolucionaria no puede ser tratada como algo secundario en la lucha política. El arte y la literatura son expresiones que posibilitaron a los pueblos comprender sus condiciones de vida y defender su dignidad y su lucha por una nueva sociedad.

Benedetti con Haydée Santamaría y Alejo Carpentier en el jurado del Premio Casa de las Américas, 1978. Fuente: Fundación Mario Benedetti.

La poesía constituye la mayor parte de su obra y, dentro de ella, transitó por diversas formas poéticas, dedicándose, por ejemplo, al final de su vida a los haikus, una estructura de origen japonés compuesta por sólo tres versos. Su poesía, así como toda su escritura, está marcada por lo cotidiano y, sobre todo, por la apertura hacia el otro, como podemos ver en este haiku:

la más cercana
de todas las fronteras
es con mi prójimo

La prosa también es fundamental en su contribución literaria. Con más de nueve volúmenes de cuentos publicados y tres novelas, Benedetti trata temas como la memoria, la dictadura uruguaya, el amor y la vida cotidiana. Entre sus libros de cuentos vale mencionar Geografías, Correo del tiempo y Montevideanos. Entre sus obras más impactantes está Primavera con una esquina rota (1982).

La vida y la obra de Benedetti son expresiones de una experiencia militante en el campo de la cultura y del arte, aspectos fundamentales de la construcción revolucionaria. Sus poemas y su prosa son a la vez sutiles y profundos, sacando a la luz las contradictorias relaciones cotidianas y afectivas que vivimos atravesadas por los dilemas políticos para la construcción de un nuevo ser humano en una nueva sociedad.

¿Por qué cantamos?

La dinámica de la lucha de clases en el siglo XXI sigue intensa con el imperio en decadencia realizando una ofensiva cada vez más feroz sobre los territorios y pueblos del Sur Global, que siguen resistiendo: Palestina, Venezuela, Cuba. La batalla de ideas y de sentimientos, en palabras de Fidel Castro, adquiere cada vez más un papel central en nuestra época.

El legado de Mario Benedetti como escritor y hombre de acción es fundamental para pensar cómo un intelectual puede y debe actuar no solo como trabajador de la cultura, sino también como organizador y militante de un proyecto revolucionario. La Casa de las Américas sigue siendo una de las instituciones culturales más importantes en Nuestra América para difundir y fomentar la producción artística arraigada en las experiencias de nuestros pueblos, al tiempo que mantiene viva la convicción de que la cultura, además de ser parte de la lucha política, es una de sus formas necesarias.

En este momento en que la ofensiva estadounidense intenta sofocar la isla, la solidaridad de las diferentes organizaciones populares es más que fundamental para mantener encendida la llama de la revolución y para que las generaciones actuales y futuras sigan luchando y respondan, así, como el poema de Benedetti ¿Por qué cantamos?

[…] Cantamos porque llueve sobre el surco
y somos militantes de la vida
y porque no podemos ni queremos
dejar que la canción se haga ceniza.

Cordialmente,

Miguel Yoshida

Integrante del Departamento de Arte y Cultura y de la oficina Nuestra América del Instituto Tricontinental de Investigación Social y editor de Expressão Popular, en Brasil.

José Venturelli (Chile). Serigrafía, 1970. 260 x 430 mm. Ed. 15/90.

Cada mes, durante los últimos 100 meses, nuestro equipo del Instituto Tricontinental de Investigación Social ha investigado, redactado y diseñado un dossier. Estos dossiers, que abarcan desde historias del imperialismo y la liberación nacional hasta análisis de política económica, soberanía, guerra y el cambiante orden mundial, han circulado por todo el mundo en numerosos idiomas, del inglés, el hindi y el portugués al árabe, el tailandés y el español¹. Este es nuestro dossier número 100, razón por la cual decidimos hacer una pausa y elaborar un análisis histórico-materialista de un concepto central para nuestro instituto: el futuro.

Cuando nuestro instituto fue concebido en 2015, teníamos ante nosotros tres grandes líneas de investigación:

1. Comprender mejor el capitalismo contemporáneo y la naturaleza de la lucha de clases que lo configura.
2. Comprender mejor el auge de lo que denominamos la extrema derecha actual (2024d).
3. Comprender mejor el futuro, o lo que está por venir.

Esta tercera línea de investigación surgió de una comprensión materialista del proceso histórico, que concibe el presente no como una realidad eterna sino como algo abierto a la transformación. En otras palabras, el presente puede moldearse en un futuro de carácter distinto. El sistema capitalista que vivimos no es permanente: puede transformarse en un sistema socialista a través de la lucha de clases y el desarrollo de las fuerzas productivas.

Aquí, por primera vez, presentamos una evaluación filosófica y política del futuro. Siguiendo la tradición del marxismo de liberación nacional, sostenemos que este futuro debe llamarse no solo socialismo, el objetivo, sino también esperanza, la sensibilidad hacia tal futuro (Tricontinental, 2021a).

Confiamos en que leerán este dossier como han leído los 99 anteriores y que lo compartirán, debatirán y discutirán colectivamente en círculos de lectura y otros espacios de estudio político. Estamos siempre abiertxs a sus comentarios.

Todas las lenguas del mundo tienen una palabra para “futuro”, el tiempo que llega después del presente. Por ejemplo, en los idiomas más hablados del mundo, estas son algunas de las palabras para futuro:

Inglés: future, el tiempo que aún no ha ocurrido.

Chino mandarín: 未来 [wèilái], lo que aún no ha llegado.

Hindi: भविष्य [bhavishya], lo que está por ser o llegar a ser.

Español: futuro, el tiempo que aún está por llegar.

Francés: avenir, lo que está por venir.

Árabe: مستقبل [mustaqbal], lo que ha de enfrentarse.

Bengalí: ভবিষ্যৎ [bhobishyot], lo que aún está por ser o convertirse.

Portugués: futuro, el tiempo que aún está por llegar.

Ruso: будущее [budushchee], lo que será.

Urdu: مستقبل [mustaqbil], lo que hay que afrontar o enfrentar.

Estas palabras no implican todas lo mismo. Tienen diferentes orientaciones culturales hacia el cambio. Algunas remiten al calendario vacío, a la idea de que hay un mañana tal como hay un hoy, mientras otras aluden a los encuentros que tendrán lugar y que deberán afrontarse. Es importante reconocer que, incluso al leer un texto como este, escrito en un idioma y traducido a varios, la palabra “futuro” alberga una variedad de significados que no pueden trasladarse plenamente de una lengua a otra. Aunque estas palabras tienen distintas orientaciones hacia lo que viene después, hay preguntas que podemos formular en todas las lenguas que se hablan en la civilización capitalista: ¿existe el futuro, o estamos viviendo en lo que el realismo capitalista nos asegura que es un presente permanente? (Fisher, 2009) ¿Hay realmente un mañana que pueda ser distinto del hoy?

Tales preguntas son esenciales en nuestro momento, mientras nos esforzamos por comprender la catástrofe y el apartheid climáticos, la guerra permanente y el genocidio sin fin, la dictadura del capital financiero y la normalización de la austeridad (Tricontinental, 2026c; 2025d). Décadas de realismo capitalista han nublado nuestra conciencia, impidiéndonos imaginar algo más allá de la catástrofe global.

¿Hay futuro? Claro que sí. Estamos luchando por construirlo y lo estamos construyendo ahora.

Emilio Pettoruti (Argentina). Pájaro rojo, 1959. Óleo / tela. 116 x 63 cm.

Parte 1: Ruptura

En el lenguaje dominante del poder, el futuro se presenta como una extensión neutra del presente. Se mide en calendarios, se proyecta en curvas de crecimiento y se administra mediante pronósticos. El futuro, desde esta perspectiva, no es algo por lo que haya que luchar, sino algo que hay que esperar. Llega automáticamente, como la página siguiente de un libro de contabilidad. Esta concepción del futuro es profundamente conservadora. Supone que las estructuras de explotación, jerarquía y dominación que definen el presente serán simplemente optimizadas en lugar de derrocadas. Esa visión del futuro es reproducida por todas las principales instituciones de la sociedad capitalista, los medios de comunicación, las escuelas, las universidades, los think tanks y las fundaciones filantrópicas, que insisten en consignas vacías sobre el cambio pero en la práctica predican el evangelio de que “no hay alternativa” al sistema capitalista que nos asfixia.

Desde nuestra perspectiva, el futuro no es una fecha en el calendario. Es un quiebre. Una ruptura con el orden existente, una transformación estructural de las relaciones sociales, el poder político y las posibilidades humanas. Hablar del futuro de este modo no es entregarse a la fantasía, sino recuperar una dimensión de la política que ha sido deliberadamente suprimida: la capacidad de imaginar y construir un mundo fundamentalmente diferente al que habitamos, el que los proyectos socialistas y de liberación nacional de los siglos XX y XXI buscaron construir y, aunque de manera desigual, comenzaron a hacer realidad. Esta visión rechaza tanto la continuidad administrada (el reformismo) como la ruptura no planificada (el catastrofismo). La clase dominante produce un conjunto de falsos futuros: mitos del espíritu emprendedor, el capitalismo verde y la seguridad militarizada, pero nada que tenga ningún contenido emancipador.

El terreno para esta idea del futuro fue desarrollado por el filósofo marxista Ernst Bloch con su noción del Noch-Nicht [todavía-no](1986; 2000). Para Bloch, basándose directamente en los escritos de Marx, el futuro no es una abstracción diferida al mañana sino una fuerza activa que está incrustada en el presente, que pugna por emerger de sus limitaciones. Para Bloch, la realidad está inconclusa, lo que lo enfrentó con las corrientes filosóficas que tratan el mundo como algo cerrado, completo o ya plenamente explicado. Insistió en que el presente está impregnado de tendencias, deseos y contradicciones que apuntan más allá de él. El todavía-no no designa una utopía que flota sobre la historia, sino un potencial latente contenido en las condiciones materiales y la lucha colectiva. Este todavía-no puede percibirse en los sueños de las luchas anticoloniales que encontraron expresión programática en el comunicado final de la Conferencia de Bandung (1955), la declaración de Belgrado de la Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (1961), las resoluciones de la Conferencia Tricontinental (1966) y la declaración sobre el Nuevo Orden Económico Internacional adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (1974). También puede verse en los procesos revolucionarios abiertos por la Revolución de Octubre (1917), la Revolución Vietnamita (1945), la Revolución China (1949) y la Revolución Cubana (1959) (Tricontinental, 2025c; 2025j; 2025i).

En esta tradición marxista, el futuro no es inevitable. Esta visión descansa sobre dos proposiciones materialistas que surgen de las contradicciones del sistema capitalista.

En primer lugar, el movimiento real de la historia desarrolla las fuerzas productivas y expande el excedente social. Sin embargo, como estos avances permanecen constreñidos por la propiedad privada, también profundizan la desigualdad y el sufrimiento social para la gran mayoría. Es importante reconocer que las fuerzas productivas de hoy no se limitan a las fábricas y la maquinaria. Incluyen también el trabajo de cuidado, las infraestructuras digitales y las cadenas de suministro globales, entre otras, todas organizadas mediante un trabajo cada vez más socializado. Es también fundamental señalar que el capitalismo desarrolla estas fuerzas y, al mismo tiempo, sabotea su potencial, manteniéndolas bajo control a través de la propiedad privada, los monopolios de plataformas uberizadas, la destrucción sindical, la austeridad, la militarización y otras formas de control capitalista.

En segundo lugar, el sufrimiento social inherente al capitalismo genera indignidad y rabia, que pueden estallar espontáneamente en revuelta. Pero estas luchas no se mueven automáticamente en una dirección emancipadora: son moldeadas por fuerzas políticas ya sea hacia el socialismo, impulsando las demandas concretas de la gente, o en su contra, distorsionando esas demandas y enfrentando a las personas entre sí a través de una agenda tóxica y antisocial (Tricontinental, 2024g). El futuro, por tanto, no es algo que nos sucede, sino algo que debemos construir y solo podemos construirlo rompiendo con las estructuras que producen y reproducen el sufrimiento. Esta visión rompe con el fatalismo y la inevitabilidad y nos recuerda que la historia está abierta y que el presente contiene posibilidades no realizadas que pueden activarse mediante la lucha.

La esperanza en esta tradición no es optimismo ni expectativa pasiva, sino una orientación militante hacia el carácter inacabado del mundo. Surge de la pauperización, la opresión y el despojo y de la negativa a aceptar la miseria como destino. Para los movimientos del Sur Global que orientan el trabajo de nuestro instituto, la esperanza nunca ha sido un lujo. Ha sido forjada en una diversidad de organizaciones lideradas por el campesinado, lxs trabajadorxs y las mujeres, que son esfuerzos colectivos para promover la causa de la dignidad (Tricontinental, 2025b; 2024b). Estos movimientos no luchan por una versión mejorada del presente sino por un orden social completamente distinto. Su futuro no depende del calendario, sino que se basa en una transformación estructural. Tener esperanza es reconocer que el presente es intolerable y efímero y que las condiciones de explotación y opresión no son ni naturales ni definitivas. Esta esperanza resulta peligrosa para la clase dominante porque es una fuerza material que transforma la conciencia, haciendo que las personas pasen de resignarse al presente a actuar por el futuro.

En esta tradición de ruptura, el futuro no es una creación individual: tiene un carácter colectivo. La cultura capitalista nos impulsa a imaginar futuros personales, una carrera, una vivienda, seguridad individual y un proyecto interminable de “superación personal”, mientras nos impide vislumbrar los horizontes colectivos. Esta cultura es la del individualismo ansioso antes que la de la responsabilidad colectiva o la transformación social. Bajo el capitalismo, el futuro del calendario se trata como algo administrable: algo que puede ser pronosticado, programado, valorado, asegurado y gestionado por instituciones que se presentan como neutrales. Sus decisiones se presentan como necesidades técnicas más que como elecciones políticas, como asuntos que deben ser regulados en nuestro nombre por expertos, mercados, Estados y aparatos de seguridad. Estas instituciones no ofrecen un horizonte emancipador, solo la continuación administrada de la catástrofe. La extrema derecha actual emerge en este terreno para ofrecer un futuro mítico arraigado en la exclusión, la jerarquía y la violencia. Es un síntoma de la incapacidad del capitalismo para generar un futuro positivo (Tricontinental, 2024d). El futuro no puede ser construido por esta extrema derecha. Debe ser recuperado como espacio de soberanía popular. Ni la catástrofe ni la emancipación son inevitables. Hay que combatir la primera y luchar por la segunda. Desde la perspectiva de la ruptura, o transformación estructural, el instrumento no es el avance individual, sino las fuerzas organizadas capaces de enfrentarse al poder establecido, como los partidos políticos, los sindicatos y los movimientos sociales. Sin estas fuerzas, el todavía-no permanecerá como un sueño sin camino. La esperanza requiere estructura, disciplina y persistencia.

El futuro no es algo que yace fuera de la historia humana. Ya está presente en fragmentos, gestos y luchas que prefiguran otro mundo. Entre ellos se encuentran las formas cooperativas de trabajo, las prácticas de cuidado, los experimentos en democracia popular y los procesos inacabados y controvertidos de construcción socialista en Estados como China y Cuba (Tricontinental, 2021b; 2019b). No son curiosidades marginales. Son anticipaciones de una lógica social diferente. Cartografiarlas no es romantizarlas, sino comprender su significado y su potencial latente. Nos recuerdan que el mundo que buscamos construir no es un horizonte abstracto sino una posibilidad concreta. La tarea de lxs marxistas no es predecir el futuro sino organizarse para él. Romper con el presente exige claridad, valentía y disciplina colectiva. El futuro solo puede llegar si forzamos una ruptura. El futuro es, por lo tanto, un terreno de lucha. Luchar por él exige que identifiquemos las fuerzas que buscan clausurarlo.

Silvano Lora (República Dominicana). Serigrafía, 1976. 640 x 570 mm. Ed. 18/60.

Los enemigos del futuro

El futuro no es un horizonte vacío que espera ser llenado por la aspiración humana, sino que es activamente planificado, estructurado y limitado por fuerzas poderosas que buscan reproducir las relaciones de dominación existentes. Los enemigos del futuro no son tendencias abstractas: son fuerzas concretas decididas a extender el orden actual hacia el futuro (Tricontinental, 2024d). A continuación, examinamos cuatro enemigos centrales del futuro: el capital financiero, el capital de plataformas, el extractivismo y el militarismo. Estas fuerzas no se limitan a defender las relaciones sociales del presente: buscan colonizar el futuro por adelantado.

El capital financiero ocupa el centro de esta constelación. A través de su control sobre las ganancias del colonialismo y el neocolonialismo, los flujos de inversión, la magia de la especulación y el poder de la deuda, el capital financiero disciplina Estados y sociedades, estrechando el margen de sus futuros posibles (Tricontinental, 2024f). Las agencias calificadoras de crédito, los prestamistas multilaterales y las instituciones financieras privadas, ubicadas en su mayoría en el Norte Global, funcionan como planificadoras del futuro para la clase dominante del Norte, garantizando que el mañana siga siendo propicio para la acumulación de capital y no para el florecimiento humano. Los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otras tantas instituciones se convierten en realidad material para tantos países anteriormente colonizados y hoy agobiados por la deuda (Tricontinental, 2023).

Capital de plataformas. Los monopolios tecnológicos capitalistas canalizan la innovación y la eficiencia hacia la extracción de datos, la reorganización del trabajo y la fragmentación de la vida social. Los algoritmos administran el tiempo, la atención y el deseo, mientras que el trabajo en plataformas despoja a lxs trabajadorxs de estabilidad y poder colectivo (Tricontinental, 2021c).

Extractivismo. A pesar de la abrumadora evidencia científica sobre la catástrofe ecológica, los conglomerados del petróleo, el gas, el carbón, la minería y el agronegocio continúan moldeando los sistemas energéticos, los mercados laborales y las políticas estatales. Sus horizontes de planificación son brutalmente cortos: extraer, lucrar, abandonar. La crisis climática, por ejemplo, no es una falla de previsión sino el resultado de decisiones deliberadas de las corporaciones capitalistas que aceptan la destrucción planetaria como un costo aceptable de la acumulación (Tricontinental, 2024c; 2025h).

Militarismo. Las crisis producidas e intensificadas por el sistema capitalista –la guerra, el desplazamiento y la catástrofe climática— no se afrontan con soluciones sociales y políticas, sino con una economía de guerra permanente que impone soluciones militares a problemas políticos. En los centros imperiales, el militarismo se manifiesta en la forma de acumulación de armamentos, regímenes fronterizos, vigilancia y normalización del estado de excepción. En el Sur Global, aparece como agresión imperialista, guerra por delegación, ocupación y desvío forzado de los escasos recursos públicos hacia ejércitos e infraestructuras de seguridad, siempre en beneficio de la industria armamentista. El militarismo acorta los horizontes políticos: las emergencias justifican medidas autoritarias, suprimen la disidencia y normalizan el miedo. Para grandes sectores de la humanidad, especialmente en el Sur Global, el futuro no aparece como una promesa sino como inestabilidad permanente, desplazamiento y muerte. La guerra se convierte en un mecanismo para gestionar las crisis que el propio capitalismo produce (Tricontinental, 2025e; 2024a).

Estos enemigos del futuro no se limitan a bloquear la transformación social: construyen de forma activa un futuro que asegura privilegios para una minoría mientras condenan a la mayoría a la extenuación, la inseguridad y la desesperanza. El futuro no puede recuperarse sin un enfrentamiento frontal con su poder.

Las fuerzas sociales preparadas para provocar la ruptura

Dado que las clases propietarias insisten en el presente permanente, el futuro solo puede recuperarse mediante la lucha de masas colectiva. Las fuerzas sociales capaces de producir una ruptura con el orden actual ya están aquí, aunque fragmentadas, desiguales y a menudo invisibilizadas. Entre ellas se encuentran lxs trabajadorxs de la economía formal e informal, el campesinado y lxs trabajadorxs agrícolas sin tierra, las mujeres, la juventud, las comunidades oprimidas y lo que Marx denominó la “población excedente”, quienes son excluidxs o marginalizadxs por los ciclos de acumulación capitalista pero que siguen siendo indispensables para ella como ejército de reserva de mano de obra y como parte de las fuerzas de reproducción social (1976).

A pesar de todo el debate en torno al “posmarxismo” y las teorías más recientes sobre sujetos políticos fragmentados, la clase trabajadora, tanto urbana como rural, sigue siendo central, aunque su composición sin duda ha cambiado. Varios informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial sugieren que la fuerza laboral global total asciende a casi 4.000 millones de personas (incluidas las que están empleadas y las que buscan empleo activamente). Un desglose aproximado del empleo global por sector amplio es el siguiente (Banco Mundial, OIT, s.f; Datta et al., 2023):

1. Agricultura. / 923 millones
2. Industria. / 800 millones
3. Servicios. / 1.800 millones
4. Transporte/Logística. / 230 millones
5. Trabajadores de plataformas. / 154–435 millones

Lxs trabajadorxs industriales coexisten con lxs trabajadorxs de servicios, transporte, almacenamiento, cuidado, reparto y plataformas (o uberizadxs). En la mayor parte del Sur Global, el trabajo informal no es una excepción sino la norma. Estxs trabajadorxs, ya sea en la fábrica, el campo o el almacén, enfrentan una precariedad extrema, protecciones legales débiles o inexistentes y la amenaza constante del desempleo. Sin embargo, pese a la erosión de la densidad sindical, estxs trabajadorxs poseen un poder estratégico: producen y transportan mercancías, trabajan la tierra, extraen minerales, brindan cuidado, construyen ciudades y sostienen la vida cotidiana. Sus luchas, desde las huelgas en los centros logísticos hasta las rebeliones masivas de trabajadorxs sin tierra y los paros de trabajadoras domésticas, revelan el antagonismo persistente entre el capital y el trabajo.

Las luchas no siempre se manifiestan de manera directa como una organización laboral consciente contra el capital. A menudo surgen a través de otras estructuras de opresión, como el patriarcado y la jerarquía social (la casta, la raza), o son impulsadas por la experiencia generacional y otras formaciones sociales. Por ejemplo, los movimientos de mujeres han puesto en evidencia cómo los sistemas económicos dependen del agotamiento de los cuerpos y el tiempo; los de las mujeres en general y los de las trabajadoras negras, migrantes y racializadas en particular. Asimismo, las luchas por la dignidad social se reflejan a través de identidades que no son en sí mismas de clase, pero que revelan la manera compleja en que el capitalismo reactiva viejas jerarquías para sus propias estrategias de acumulación. Por ejemplo, el sistema capitalista utiliza la casta y la raza al servicio de la acumulación, por lo que las protestas por la dignidad también sientan las bases para la lucha socialista. La población excedente, lxs migrantes, lxs desempleadxs, el campesinado sin tierra y lxs pobres urbanos, suele ser tratada como marginal en términos políticos. No obstante, experimenta el sistema capitalista en su forma más desnuda. Sus luchas por la vivienda, los servicios y la dignidad son luchas por reproducir la vida. Todas ellas muestran la energía disponible dentro de la clase trabajadora para conformar un bloque histórico contra el capitalismo y luchar por el futuro.

Sin embargo, muchas de las protestas que sacuden nuestras ciudades y campos adoptan la forma de grandes movilizaciones que suelen ser impulsadas por pequeñas organizaciones o impulsadas por convocatorias en las redes sociales dirigidas a individuos. El capital se nutre de la división: formal contra informal, urbano contra rural, varón contra mujer y disidente de género, ciudadanx contra migrante (Tricontinental, 2026b). Hoy, la fragmentación de la estructura de clase y de la organización social plantea desafíos mayores para la organización política y la unidad de acción basada en principios. Hay numerosos ejemplos de esa rabia movilizada siendo capturada por fuerzas reaccionarias o disipada en la desesperanza. Una ruptura exige construir unidad sin borrar la diferencia, forjando proyectos políticos capaces de articular intereses compartidos y horizontes comunes. Sin esa organización, las fuerzas sociales permanecen reactivas. Con ella, se convierten en agentes históricas capaces de hacer suyo el futuro. La pregunta organizativa genuina para la izquierda en todo el mundo es cómo construir las plataformas subjetivas de lucha a partir de las condiciones objetivas de sufrimiento y supervivencia que enfrentan los pueblos.

El tiempo

El capitalismo impone su idea del tiempo a las sociedades: una idea que refleja urgencia sin dirección, velocidad sin propósito, crisis sin resolución. Hay una sensación frenética que se apodera de la vida social, perturba nuestra capacidad de controlar nuestro día y crea un desorden que consume nuestro tiempo de ocio. Sin tiempo libre, no es fácil disponer del tiempo necesario para construir comunidad (aunque el desmantelamiento de la política social por parte del Estado ha obligado a las mujeres de la clase trabajadora a construir plataformas para la reproducción social que han sido vitales para su papel en tantos movimientos de protesta de la clase trabajadora en nuestro tiempo). Sin tiempo, es imposible construir poder organizativo en los lugares de trabajo, los barrios y las comunidades.

Las contradicciones del capitalismo generan luchas espontáneas, que a menudo son detonadas por los bajos salarios y las malas condiciones laborales, pero también por las condiciones de reproducción social, como el acceso al agua, el espacio público y los alimentos y el combustible asequibles. Tales luchas se basan a veces en redes y relaciones sociales forjadas a lo largo del tiempo, pero también pueden surgir de un rápido deterioro de las condiciones de trabajo y vida que genera su propio sentimiento de masas. Estas rebeliones espontáneas, aunque a menudo heroicas, son insuficientes. Pueden trastornar el presente sin organización disciplinada, pero raramente reconfiguran el futuro. Los ejemplos de grandes revoluciones son todos historias de actividad revolucionaria resiliente durante largos períodos de tiempo que prepararon a las comunidades, a través de la lucha, para los grandes levantamientos que pusieron el mundo de cabeza. Las luchas espontáneas reflejan indignación y agravios genuinos. Pueden ocupar las calles e inspirar esperanza y también pueden derrocar gobiernos. No obstante, los registros históricos (como el de Egipto en 2011) muestran que, sin continuidad y fuerza de la organización, estos momentos son vulnerables a la represión, la cooptación y el agotamiento. Las clases propietarias entienden el tiempo de manera estratégica. Planifican, con frecuencia por décadas. Los movimientos que operan solo en la inmediatez de la protesta ceden el terreno a largo plazo a sus enemigos.

La organización

Construir más allá de la inmediatez requiere organización, que puede adoptar muchas formas: desde movimientos sociales más amorfos hasta partidos leninistas de centralismo democrático. El debate entre estas dos formas no es central en este dossier. Lo que queremos destacar aquí es la importancia de cómo la organización política, en sus múltiples formas, es el vehículo mediante el cual se estructura el tiempo con fines emancipadores. Los partidos, los frentes, los sindicatos, las organizaciones campesinas, las asociaciones de mujeres y los movimientos juveniles desempeñan roles distintos pero interconectados. Los partidos leninistas pueden articular programas de largo plazo y disputar el poder estatal. Las organizaciones de masas pueden anclar las luchas en la vida cotidiana y brindar continuidad a las comunidades. Los frentes pueden posibilitar la unidad entre fuerzas diversas sin exigir uniformidad ideológica. La organización permite a la clase trabajadora fragmentada y hostigada socializar el tiempo disponible y construir una sociedad que de otro modo le ha sido arrebatada.

La disciplina

La ventaja de un partido leninista es la centralidad que esa tradición otorga a la disciplina. La disciplina no significa obediencia ni rigidez burocrática, aunque a menudo puede degenerar perezosamente en estas formas. Significa forjar cuadros que estén formadxs políticamente y comprendan la necesidad de la forma partido, los procedimientos colectivos requeridos para construir una comprensión o programa político común, las estructuras esenciales de liderazgo representativo dentro del partido y un compromiso absoluto con los objetivos, estrategias y formas de rendición de cuentas compartidos. La disciplina permite a las organizaciones conservar energía, aprender de la experiencia y resistir más allá de los momentos de crisis. Transforma la revuelta en un proyecto.

Central en toda esta operación es lo que denominamos la nueva intelectualidad, lxs persuasorxs permanentes de un proyecto político que emergen de la clase trabajadora, el campesinado y los movimientos populares (Tricontinental, 2019a). Su tarea es clarificar, sintetizar y comunicar, traducir la experiencia vivida en estrategia política. Ayudan a los movimientos a comprender no solo aquello contra lo que luchan, sino lo que el futuro debe entrañar.

El internacionalismo

Ninguna ruptura con el capitalismo puede sostenerse únicamente dentro de las fronteras nacionales. El capital se organiza internacionalmente, a través de las finanzas, el comercio, los bloques militares, las cadenas de suministro y las instituciones ideológicas. Las fuerzas que buscan construir el futuro deben hacer lo mismo. El internacionalismo no es un complemento moral ni un gesto sentimental, sino una necesidad práctica arraigada en la estructura de la economía mundial y en la condición compartida de lxs oprimidxs. Significa construir vínculos entre países y luchas, aprender de los procesos revolucionarios, defender la soberanía frente al imperialismo y coordinar la formación política, las campañas y las formas de solidaridad material. Sin el internacionalismo, las victorias permanecen aisladas y vulnerables. Con él, las luchas en los planos local, nacional y regional comienzan a adquirir la escala necesaria para enfrentarse a un sistema global.

El futuro no se puede conquistar en un solo instante. Debe construirse con paciencia, de manera colectiva y de consciente. El tiempo crea el espacio para la lucha, la organización le da forma, la disciplina le da perdurabilidad y el internacionalismo le da alcance. Frente al futuro de explotación y exclusión que planea la clase dominante, estas herramientas permiten a lxs oprimidxs planificar su propio futuro: uno arraigado en la dignidad, la igualdad y la vida misma.

Alfredo Plank, Ignacio Colombres, Carlos Sessano, Juan Manuel Sánchez, Nani Capurro (Argentina). Che (serie colectiva), 1968. Óleo / tela. 195 x 150 cm c/u.

Parte 2: Construir el futuro

¿Qué hay que construir para reemplazar el presente? El futuro no puede seguir siendo solo una cuestión de lucha, organización y disciplina; debe adquirir también una forma material, institucional e internacional. Eso significa afrontar las preguntas sobre la propiedad, la planificación, la soberanía y las formas de coordinación mediante las cuales puede sostenerse un orden social diferente.

Propiedad pública y planificación

La cuestión del futuro es inseparable de la cuestión de la propiedad y la coordinación. Bajo el capitalismo, la propiedad privada de los medios de producción otorga a una pequeña clase el poder de determinar qué se produce, cómo se produce y para quién se produce. Este poder no se ejerce en interés de la sociedad en su conjunto sino según los imperativos del lucro, la competencia y la acumulación a corto plazo. El resultado es una contradicción profunda: las fuerzas productivas se han socializado profundamente mientras que el control sobre ellas permanece estrictamente privado. El trabajo es hoy colectivo e internacional, pero la base tecnológica y los excedentes económicos de ese esfuerzo colectivo son apropiados por una minoría. Cualquier discusión seria sobre un futuro socialista debe, por tanto, afrontar esta contradicción mediante la transformación de las relaciones de propiedad.

La propiedad pública no es simplemente una reordenación jurídica de activos que pasan de manos privadas al Estado. El Estado mismo es un campo de lucha de clases y debe reclamarse como una herramienta para orientar la dirección del desarrollo. Cuando sectores estratégicos como la energía, el transporte, las finanzas, la tierra, las comunicaciones y la industria pesada son de propiedad pública, la sociedad adquiere la capacidad de orientar la producción y la innovación hacia las necesidades colectivas en lugar de hacia la acumulación privada. El capitalismo distribuye inadecuadamente los recursos de manera sistemática, sobreproduciendo consumo de lujo e industrias destructivas mientras subproduce el cuidado, la educación, la salud y la vivienda. La propiedad pública crea la base material para reorientar la producción hacia la reproducción social, la inversión a largo plazo y la prosperidad compartida.

El argumento a favor de la propiedad pública también está relacionado con la tecnología. Bajo la propiedad privada, el desarrollo tecnológico queda subordinado a la rentabilidad, los monopolios de propiedad intelectual y la disciplina laboral. La innovación se orienta hacia la reducción de costos, la vigilancia, la militarización y el acaparamiento del conocimiento y no hacia la reducción del tiempo de trabajo socialmente necesario o la mejora del bienestar colectivo. El control democrático sobre las fuerzas productivas permite desplegar la tecnología para el bien social: acortar la jornada laboral, generar empleo, ampliar los servicios públicos, potenciar las habilidades humanas y reducir el daño ecológico. Los mismos sistemas digitales y logísticos que el capitalismo utiliza para intensificar la explotación contienen en sí mismos el potencial para una producción y distribución racionales y humanas.

La ideología capitalista presenta la planificación como inherentemente autoritaria e ineficiente, al tiempo que eleva al mercado como mecanismo de coordinación neutral y democrático. El capitalismo ya está altamente planificado, pero lo está en interés de lxs capitalistas. Las corporaciones multinacionales, las instituciones financieras y las alianzas militares se dedican a una amplia planificación interna, pronósticos a largo plazo y coordinación estratégica. El mercado no reemplaza a la planificación: fragmenta la toma de decisiones sociales, oculta la responsabilidad y somete la vida colectiva a la estrecha lógica de la acumulación. Los precios transmiten señales solo después de que el daño social y ecológico ya se ha producido. Los mercados recompensan la rentabilidad a corto plazo, no la racionalidad social a largo plazo.

La planificación socialista no consiste en un mando burocrático divorciado de la vida popular: se trata de una coordinación consciente y democrática del trabajo social a lo largo del tiempo. La planificación es un arma temporal contra el cortoplacismo capitalista. Permite a la sociedad establecer prioridades colectivas, como la descarbonización, la diversificación industrial, la soberanía alimentaria y el cuidado universal y movilizar recursos en consecuencia. Hace posible equilibrar regiones, sectores y necesidades sociales en lugar de dejar el desarrollo librado a los resultados desiguales y destructivos de la competencia de mercado. La planificación es el medio por el cual la sociedad puede actuar sobre la base de que el futuro no es automático, sino que debe ser producido conscientemente.

De manera fundamental, la planificación no niega la democracia. Por el contrario, exige su expansión. Para que la planificación sea emancipadora debe estar arraigada en la participación popular, el control de lxs trabajadorxs y las organizaciones de masas capaces de articular las necesidades sociales. La socialización del trabajo bajo el capitalismo ya requiere coordinación a través de vastas redes. El socialismo busca hacer que esa coordinación sea transparente, responsable y orientada al desarrollo humano. Cuando lxs trabajadorxs, las comunidades y las instituciones públicas participan en el establecimiento de objetivos y el seguimiento de resultados, la planificación se convierte en un proceso de aprendizaje colectivo antes que en una imposición tecnocrática. Es a través de tales procesos que el excedente social puede dirigirse conscientemente hacia la educación, la salud, la vivienda, la cultura y la restauración ecológica (Tricontinental, 2025a).

Hacia un nuevo internacionalismo

Después de la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento de un poderoso bloque socialista y las sucesivas oleadas de descolonización sentaron las bases para un internacionalismo arraigado en el rechazo al imperialismo y al neocolonialismo. Estuvo marcado por el intento de construir nuevos modelos económicos y sociales, así como una nueva arquitectura global (Tricontinental, 2025j; 2025c).

Este internacionalismo se desmoronó bajo el peso de la crisis de la deuda, el asalto del neoliberalismo y la caída de la Unión Soviética y del bloque socialista. En su lugar llegó la globalización espuria impuesta por el FMI, la apertura de los mercados, la retirada del Estado de los sectores productivos, la eliminación de los controles de capital, la entrega de recursos y la subordinación académica y cultural: una erosión generalizada de la soberanía.

Décadas después de la caída de la Unión Soviética, están empezando a darse las condiciones objetivas para el surgimiento de un nuevo internacionalismo. El Norte Global atraviesa una profunda crisis marcada por la desindustrialización y la erosión de la capacidad productiva, mientras China y otros países del Sur Global emergen como motores de la economía global. El surgimiento de los BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghái y otros foros bilaterales refleja estas cambiantes condiciones objetivas.

Sin embargo, el Norte Global retiene el control sobre la arquitectura global. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus agencias han sido inutilizadas por Estados Unidos y sus aliados, como lo demuestran los ataques cada vez más intensos que han lanzado en todo el mundo, desde Gaza, Venezuela y Cuba hasta la República Democrática del Congo e Irán. El FMI y el Banco Mundial continúan con la tiranía del ajuste estructural. El marco climático ha fracasado frente a los pueblos. La pandemia trajo consigo el “apartheid de vacunas”. Peor aún, muchas organizaciones multilaterales del Sur Global están inertes o infectadas con la lógica del neoliberalismo.

Los debates en torno a una nueva arquitectura global se han centrado en la multipolaridad, que es limitada y limitante porque replica el espíritu de la rivalidad de la Guerra Fría. En cambio, el nuevo internacionalismo debe caracterizarse por el multilateralismo. La recuperación de las Naciones Unidas y la defensa de la Carta de la ONU como patrimonio común de los pueblos del mundo son puntos clave en este sentido. Tanto el Consejo de Seguridad como la Asamblea General requieren reformas y los países del Sur Global deben trabajar hacia una agenda común para una serie de organismos de la ONU, desde la Organización Mundial de la Salud y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático hasta la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Existe una necesidad apremiante de una lucha intelectual y política renovada para formular y defender un programa popular para cada una de estas organizaciones que refleje las aspiraciones del Sur Global.

Junto a un multilateralismo renovado, las fuerzas de izquierda y patrióticas deben apoyar y fortalecer las organizaciones regionales que han perdido su orientación en los últimos 30 años y, cuando eso no sea posible, abogar por la creación de otras nuevas. Las alianzas económicas, sociales y políticas forjadas en América Latina durante la Marea Rosa de la década de 2000 y comienzos de la de 2010 siguen siendo un modelo de lo que es posible. En la actualidad, la Alianza de Estados del Sahel ha recogido un poderoso deseo extendido por toda África de una integración más fuerte, resistiendo al mismo tiempo la lógica neocolonial de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) (Tricontinental, 2024g). Los procesos impulsados por los países BRICS en una variedad de áreas, desde las finanzas, el comercio y la infraestructura hasta la ciencia, la tecnología, la salud, la educación, la agricultura, la cooperación climática y la investigación, ofrecen otro modelo para esas organizaciones regionales.

El nuevo internacionalismo comienza con la defensa de la soberanía, pero no se limita a eso. Debe incorporar también una visión internacionalista de un futuro basado en relaciones sociales transformadas. Esta visión no puede hacerse realidad en un solo país, ni puede ser promovida solo por los Estados. Requiere la movilización de movimientos en todo el mundo para trascender el capitalismo. Lxs socialistas deben tender puentes hacia el futuro elevando, aprendiendo y construyendo sobre los proyectos que tienen el potencial de cambiar el equilibrio de las fuerzas.

Sin embargo, ningún programa, por necesario que sea, puede sostenerse sin una fuerza social capaz de impulsarlo hacia adelante y un horizonte capaz de animar la lucha. Si el futuro debe construirse a través de instituciones, propiedad, planificación y coordinación internacional, también debe vivirse como una sensibilidad política. Esa sensibilidad es la esperanza.

Luis González Palma (Guatemala), La Rosa (The Rose), 1991. Gelatin silver print with toning and applied colour, 47 x 48.5 cm.

Parte 3: La esperanza

Hoy, el capitalismo atraviesa una crisis de legitimidad, dado que sus ideas y valores: el individualismo, el emprendimiento, el consumismo, ya no producen la movilidad social y la prosperidad material que el neoliberalismo prometió durante tanto tiempo. Simultáneamente, a medida que el bloque imperialista liderado por Estados Unidos ve declinar su poder económico y político, se aferra aún más a las dos arenas donde su poder sigue siendo prácticamente indiscutible: la producción cultural y el poder militar. Aunque muy diferentes en sus expresiones, ambos sirven al mismo propósito: preservar el presente y clausurar el futuro. A través de la agresión militar, el bloque liderado por Estados Unidos busca disciplinar a cualquier país que se niegue a doblegarse al Consenso de Washington y los intereses del capital privado, cerrando todo horizonte político que rechace la subordinación. A través de su monopolio sobre los modos de producción cultural, busca no solo controlar la información —lo que se acepta como verdad— sino también moldear la cultura y los valores de las masas dominadas. Al hacerlo, estrecha el horizonte de lo que nos atrevemos a imaginar y, en última instancia, de lo que nos atrevemos a esperar. En ausencia de esperanza, la clase trabajadora se ve obligada a adoptar una de dos posturas políticas: o bien es empujada hacia el pesimismo despiadado de la extrema derecha y entrenada para mirar con desdén la idea misma de un futuro diferente, o bien queda dominada por un derrotismo escapista que cree que el futuro ya está perdido.

Dos conceptos chinos de “futuro” ayudan a clarificar lo que está en juego. 未来 (wèilái), la palabra para futuro o, literalmente, “lo que aún no ha llegado”, está compuesta por dos palabras: 未 (wèi) significa “todavía no” o “no ha” y 来 (lái) significa “venir” o “llegar”. Juntas, enfatizan la cualidad esencial de incompletitud del futuro. El pesimismo y la esperanza giran en torno a esta diferencia: el futuro no está predeterminado. Es una posibilidad y aquí es donde entra la acción humana.

En este contexto, la esperanza se convierte en un terreno de lucha en la batalla de ideas y emociones. Por eso la esperanza debe convertirse en algo más que un sentimiento, debe ser una práctica: una práctica que se construye mediante la educación y la cultura populares, que se ancla en la historia y que se vive activamente en nuestra vida cotidiana.

La batalla de ideas

La clase dominante trabaja para ocultar las relaciones de clase y los intereses comunes de clase promoviendo sus valores (el individualismo, la crueldad y el conservadurismo). Esta lógica entrena a las clases dominadas para que rechacen de manera reflexiva las formas de actividad política como una pérdida de tiempo, poco realistas o utópicas y para que traten la acción colectiva como algo ingenuo o peligroso. En tales condiciones, no se puede esperar que la esperanza surja individualmente. Debe construirse como una práctica que reabra el horizonte de lo posible y dispute el “sentido común” cotidiano del presente capitalista.

Por lo tanto, la esperanza debe organizarse a través de prácticas políticas concretas que reabran el horizonte de lo posible. Esto nos exige:

Fomentar la imaginación política. Las fuerzas de izquierda deben hacer que el futuro resulte comprensible construyendo formas alternativas de organización laboral y relaciones sociales. La esperanza en el futuro puede movilizarse cuando se ancla en acciones concretas que cambian las condiciones materiales de las personas en el presente, y cuando la clase trabajadora puede reconocerse como protagonista de la historia en lugar de espectadora de las crisis capitalistas.

Leer para aprender, aprender para hacer. Ho Chi Minh dijo: “Puedes leer mil libros, pero si no aplicas lo que lees, no eres más que una estantería” (1961: 496). La lectura se convierte en una práctica de esperanza cuando está vinculada a la acción. El estudio debe ser colectivo y orientado hacia los problemas que las personas enfrentan en sus lugares de trabajo, barrios y organizaciones. El objetivo no es la acumulación de conocimiento sino el desarrollo de un lenguaje compartido, un análisis y una confianza que puedan ponerse a prueba en la práctica.

Desarrollar una contracultura popular. No se puede construir una contraideología sin una contracultura. Esto significa crear formas de expresión cultural popular que rompan el hechizo del individualismo y el pesimismo, que construyan dignidad y hagan atractiva la solidaridad al tiempo que honran la cultura de la clase trabajadora.

Comunicar el futuro. La izquierda debe traducir su programa a formas que puedan transmitirse de manera didáctica. Didáctico no significa hablar con condescendencia, significa ser estratégicx y comunicar con claridad propuestas que estén vinculadas a las experiencias de las personas y que se enseñen mediante ejemplos prácticos. El objetivo es pasar de la abstracción a la orientación para que la gente pueda comprender qué se puede hacer, quién lo puede hacer y con qué recursos (Tricontinental, 2025b).

Volver a las fuentes. Rescatar la historia y la cultura revolucionarias y la historia y la cultura en general. La historia es una práctica de esperanza porque rompe la idea de que el presente es eterno. Al retornar a los momentos de ruptura, de lucha colectiva y transformación, los pueblos recuperan la evidencia de que el cambio es posible y aprenden cómo se logró. La historia no es nostalgia: es una escuela de estrategia, sacrificio y confianza (Tricontinental, 2024e).

Convertirse en persuasorxs permanentes. La izquierda debe disputar todos los espacios colectivos para difundir las ideas de la clase trabajadora. Debe hacerse presente allí donde la gente se reúne, no como conferencista invitada, sino como fuerza organizadora. La “nueva intelectualidad” de Gramsci es “constructora” y “organizadora”, una “persuasora permanente” arraigada en la vida práctica antes que en la elocuencia ocasional.

La batalla de emociones

La clase dominante debe trabajar continuamente para canalizar el descontento generalizado que es la respuesta racional a la explotación y la privación necesarias para la sociedad capitalista. El descontento es peligroso cuando se organiza, cuando conoce a su enemigo y cuando responde con solidaridad. Por eso se redirige continuamente, alejándolo de la lucha colectiva y orientándolo hacia el miedo, el resentimiento, el cinismo y la resignación. Hoy, esta lucha se intensifica por un panorama comunicacional en el que la clase trabajadora joven es canalizada hacia espacios virtuales que fomentan el individualismo, están diseñados para capturar y monetizar su atención y agotar su capacidad cognitiva y son controlados por fuerzas de la extrema derecha (Assange, 2014; Foer, 2017). En estos espacios, el descontento es encauzado y recibe alivio temporal a través de una participación afectiva efímera. El resultado no es la desaparición del descontento sino su gestión (lucrativa), que fragmenta a la clase trabajadora en espectadorxs aisladxs y la condiciona para confundir la reacción con la política.

En este terreno, debemos convertir la rabia y la confusión en claridad, la claridad en esperanza y la esperanza en acción colectiva. Esto requiere:

Alfabetización mediática. La izquierda debe educar a la clase trabajadora sobre la infraestructura, los propósitos (intencionales y no intencionales) y la economía política de los espacios virtuales y las tecnologías. Esto significa hacer visible la brecha entre la participación controlada y el poder, entre publicar y organizarse y enseñar a la clase trabajadora a reconocer cómo la clase dominante usa su monopolio sobre los espacios virtuales para controlar la información, amplificar la indignación y normalizar el aislamiento. El objetivo no es la retirada de los espacios virtuales sino dotar a las personas de las herramientas para interpretarlos, usarlos y reconocer sus límites.

Una política que sea real. Al tiempo que aprovecha los espacios virtuales para la educación y la movilización, la izquierda debe crear vías de participación política donde las personas puedan ver la posibilidad real de cambiar el presente para construir un futuro mejor. Esto requiere momentos organizados de interacción sin la mediación de los algoritmos, donde las personas puedan reunirse, intercambiar ideas, organizarse, tomar decisiones, realizar tareas colectivas y ver resultados. El objetivo es pasar de las interacciones efímeras basadas en intereses estrechos a la organización a largo plazo basada en intereses de clase compartidos.

Contravalores. La izquierda debe desarrollar valores socialistas y modelarlos con la acción política. Esto significa hacer de la solidaridad, el cuidado, la disciplina y la camaradería realidades en el mundo y no meras consignas. Los valores se vuelven creíbles cuando se reflejan en como nos organizamos: cómo nos tratamos mutuamente, cómo trabajamos juntos, cómo resolvemos los desacuerdos y cómo nos relacionamos con las comunidades a las que decimos servir. En una cultura que fomenta el individualismo despiadado y el pesimismo, modelar los valores socialistas es en sí misma una estrategia en la batalla de emociones: ofrece un destello de una sociabilidad diferente y, por tanto, una imagen clara de cómo será una sociedad futura organizada en torno a valores distintos.

La esperanza como praxis

Si el futuro es 未来 [wèilái], el todavía-no que “está por llegar”, entonces la esperanza es la sensibilidad que mantiene abierto ese todavía-no y la práctica que impide que sea cerrado por el pesimismo, el espectáculo y la resignación. La clase dominante trabaja para convertir wèilái en una prisión, para eternizar el presente y para transformar el descontento capitalista en cinismo o crueldad. Contra esto, nuestra tradición insiste en que la esperanza no es un optimismo pasivo ni una expectativa, sino una orientación militante hacia el carácter inacabado del mundo, forjada en las luchas por la dignidad en todo el Sur Global. Es peligrosa precisamente porque es material: eleva la conciencia y mueve a los pueblos de la mera resistencia a la acción.

Por eso la esperanza requiere estructura, disciplina y organización. Cuando la cultura y las ideas de un pueblo en movimiento obstruyen la reproducción del sentido común capitalista, pueden convertirse en principales y decisivas, no como una negación del materialismo sino como su realización dialéctica. En ese sentido, 大同 [dàtóng], el estado utópico caracterizado por la “armonía universal”, no es un ideal decorativo sino un horizonte que da dirección a la estrategia, mientras que 小康 [xiǎokāng, sociedad moderadamente próspera] nombra los pasos concretos que permiten a los pueblos desarrollarse en condiciones de recursos limitados pero de dignidad. La esperanza se vuelve real cuando convierte 将来 [jiānglái, el futuro], lo “que está por venir”, de una promesa en un plan. La tarea no es soñar en abstracto, sino construir una utopía concreta, arraigada en tendencias reales y fortalecida a través de la práctica, hasta que el todavía-no se convierta en un futuro tangible que se está construyendo en el presente.

Alfonso Soteno Fernández. (Metepec, Estado de México, México). Árbol de la vida, 1975. Barro cocido a fuego abierto y pintado con colores vinílicos barnizados. 6 metros.

Notas

Referencias bibliográficas

A través de estas imágenes, destacamos los esfuerzos colectivos de estas trabajadoras para recuperar y regenerar la tierra, dando testimonio no solo del trabajo cotidiano, sino también de la solidaridad, el conocimiento y la esperanza obstinada que lo sostienen.

En Koubri, a unos 40 kilómetros de Uagadugú, capital de Burkina Faso, las integrantes de la Asociación de Mujeres Watinoma comienzan su jornada de trabajo con canto.

Desde la época colonial, los conflictos en África han sido explicados por todas las categorías imaginables. Antagonismo tribal, odio étnico, extremismo religioso, fracasos de gobernanza, presiones demográficas y escasez de recursos, entre otras, excepto por la que subyace a todas ellas: la clase. Si bien estas categorías sin duda moldean las contradicciones de África, no pueden explicarse sin un análisis de las relaciones de producción. Cada período de la historia poscolonial de África ha generado nuevas explicaciones que comparten un rasgo común: la eliminación sistemática del modo en que la extracción imperial y la explotación de clase organizan la violencia y reproducen la inestabilidad.

Muchos sectores, entre ellos algunos dentro de las luchas anticoloniales, han insistido en que las categorías del análisis de clase y la lucha de clases no se aplican a África porque en el continente no se ha formado una sociedad basada en clases. Hace 50 años, Class Struggles in Tanzania [Lucha de clases en Tanzania] de Issa Shivji planteó dos argumentos centrales que refutaron esta tesis:

1. Las relaciones de producción capitalistas en el continente africano han dividido a las poblaciones en clases, reconfigurando otras relaciones sociales, étnicas, de parentesco, comunitarias, bajo las presiones de la formación de clases.
2. Por lo tanto, la clase como categoría es analíticamente necesaria para comprender la realidad africana (Shivji, 2025).

En Saviors and Survivors: Darfur, Politics, and the War on Terror [Salvadores y sobrevivientes: Darfur, la política y la guerra contra el terrorismo], Mahmood Mamdani argumentó que la guerra en Darfur no puede ser comprendida sin considerar la reorganización colonial de la tierra y la identidad política, en particular la división entre tribus con tierras reconocidas (dars) y aquellas que carecían de ellas. Demostró cómo estas divisiones, combinadas con la desertificación y la creciente competencia por recursos, exacerbaron las tensiones de clase y la violencia, en particular a medida que la región del Sahel se volvió cada vez más árida (2009).²

Si bien el cambio climático tiene un papel innegable en las transformaciones de la región, el “marco del conflicto climático” dominante define sistemática y falsamente, la escasez de recursos provocada por el clima como la raíz de la violencia y la inestabilidad en el Sahel.

La arquitectura institucional del “marco del conflicto climático” se consolidó en la década de 2010. El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) Livelihood Security: Climate Change, Migration and Conflict in the Sahel [Seguridad de los medios de vida: cambio climático, migración y conflictos en el Sahel] identificó el cambio climático como un “factor multiplicador de amenazas” que impulsaba el conflicto entre agricultorxs y pastorxs, mientras que el debate del Consejo de Seguridad de la ONU de 2018 sobre los riesgos de seguridad relacionados con el cambio climático lo posicionó como una amenaza que requería respuesta militar (PNUMA, 2011; Consejo de Seguridad de la ONU, 2018). Este discurso del “nexo clima-seguridad” emergió durante un período marcado por la crisis financiera mundial de 2008, la destrucción de Libia por parte de la OTAN en 2011 y la posterior militarización del Sahel mediante el aumento de la presencia militar de Estados Unidos y Francia, un contexto que el propio marco omite sistemáticamente.

En La lucha de clases y la catástrofe climática en el Sahel sostenemos que los conflictos que se intensifican en el Sahel solo pueden comprenderse si se los analiza como enraizados en la lucha de clases, dado que operan dentro de la economía política de la extracción imperialista: la catástrofe climática es un factor acelerador que intensifica las contradicciones preexistentes, no su causa raíz. La segunda parte del dossier examina en detalle Mali y Sudán como ejemplos de estos cambios en el Sahel.

Parte I: La desertificación del Sahel y sus repercusiones políticas

La catástrofe climática

La palabra árabe Sahara significa “desierto”, es decir, un lugar árido con escasas precipitaciones. Sin embargo, esta es una denominación engañosa. Han existido largos períodos, influenciados por cambios en la órbita terrestre y por la insolación solar, ³ en los que el Sahara experimentó fases pluviales. Uno de esos períodos, conocido como el “Sahara Verde” o el “Período Húmedo Africano”, abarcó el fin de la última Era Glacial y el Holoceno temprano, entre hace 14.800 y 5.500 años, cuando en el Sahara y a lo largo del límite sur del Sahel (palabra árabe que significa “orilla” o “costa”) existían lagos, ríos, pastizales, sabanas y vegetación densa. En esa época, las sociedades se organizaban en torno al pastoreo comunal (pastoreo móvil con acceso compartido al agua y las tierras de pastoreo), adaptándose a las oscilaciones climáticas mediante la coordinación colectiva de los desplazamientos, en lugar de depender del control privatizado de los recursos (de Menocal et al., 2000: 347-361). Entre los siglos XVI y XVIII, partes de la franja Sahel-Sahara experimentaron nuevamente condiciones húmedas antes de pasar a un largo ciclo de aridez en el siglo XX (Spinage, 2012).

Si bien estos “cambios de régimen climático”, como los denominan lxs científicxs especializados, tienden a producirse de manera relativamente abrupta, su ritmo en las últimas décadas se ha acelerado con mucha más rapidez que en cualquier otro período anterior de la historia del planeta. (Foley et al., 2003: 524-532). Según la evaluación de zonas áridas realizada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola de la ONU, en los últimos 30 años la zona ecológica del Sahel se ha desplazado entre 50 y 200 kilómetros hacia el sur, provocando importantes pérdidas de biodiversidad y tierras cultivables (FIDA, 2024). Aunque generalmente se entiende que el Período Húmedo Africano terminó “rápidamente” en términos paleoclimáticos, incluso los biomarcadores de cera vegetal de alta resolución y las reconstrucciones del nivel de los lagos (registros de núcleos sedimentarios de grano fino de las precipitaciones pasadas y los cambios en el balance hídrico) muestran que la transición principal de condiciones húmedas a áridas abarcó varios siglos, no décadas. (Collins et al., 2017). “El pasado”, como sostiene un artículo científico, “no es el futuro” (Claussen et al., 2003; Lézine et al., 2011).

En el Sahel, el calentamiento antropogénico (inducido por la actividad humana) reciente y los consiguientes cambios en las precipitaciones a lo largo de varias décadas se están produciendo a tasas que no tienen precedentes claros en el registro del Holoceno.⁴ Estudios recientes muestran que el Sahel se ha calentado aproximadamente 1,5 veces más rápido que el promedio global en las últimas décadas, a pesar de contribuir con menos del 1% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (por ejemplo, África representó menos del 3% de las emisiones acumuladas mundiales de CO₂ entre 1750 y 2021, mientras que África subsahariana, excluyendo Sudáfrica, contribuyó apenas el 0,6%). En contraste, los Estados Unidos continentales, que se calientan a una tasa similar (1,6 veces más rápido que el promedio global), son responsables del 25% de las emisiones mundiales (Eboreime et al., 2025; Ritchie, 2023-2025). El sexto informe de evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC por su sigla en inglés) (2023) confirma con “gran certeza” que: 1) la temperatura de África ha aumentado con mayor rapidez que la de cualquier otra región del mundo; 2) el calentamiento continuo acelerará las temperaturas extremas y, lo que es más importante, 3) que “el cambio climático inducido por el ser humano [ha sido] el factor determinante dominante”. (2021b).

Estos no son hallazgos nuevos. Un artículo científico de 2001, por ejemplo, demostró que el Sahel “ofrece el ejemplo más llamativo a nivel mundial de variabilidad climática que se ha medido de manera directa y cuantitativa” (Hulme, 2021). Entre principios de la década de 1980 y finales de la de 1990, la región del Sahel registró un aumento de las precipitaciones y la vegetación, recuperándose de la severa sequía de las dos décadas anteriores. Sin embargo, a partir de 1999, las tendencias al alza se estabilizaron (Chen et al., 2020). Aun cuando estudios anteriores sugerían que las graves sequías ocurridas desde finales de la década de 1960 hasta la de 1980 eran causadas por la deforestación, lo que sigue siendo una preocupación vigente, datos y análisis más precisos demuestran que la variabilidad de las precipitaciones en el Sahel obedece al aumento de las temperaturas de la superficie del mar en el Mediterráneo, el Atlántico Norte y los océanos tropicales. En otras palabras, esta variabilidad se debe a las tendencias generales de calentamiento antropogénico, que son en gran medida el resultado de las emisiones industriales de gases de efecto invernadero de Occidente (Park et al., 2016: 941-945). Los futuros cambios climáticos, incluidos los influenciados por variaciones impulsadas por los océanos, podrían fácilmente revertir o desestabilizar aún más este frágil equilibrio en el Sahel. ⁵

Los patrones climáticos oscilantes en el Sahel también han generado problemas con la capa freática, avivando conflictos entre distintas comunidades. El análisis estadístico a largo plazo de los patrones climáticos ha mostrado una fuerte recuperación tras las sequías, seguida de una meseta, lo que indica que no ha habido una recuperación permanente. Esta meseta también se atribuye en gran medida al aumento de la temperatura de la superficie del mar impulsado por las emisiones industriales mundiales, concentradas en el Norte Global (Chen, 2020; Biasutti, 2019; Saley y Salack, 2023; Salack et al., 2018: 1274-1278). Utilizando el Índice de Precipitaciones del Sahel, derivado de observaciones pluviométricas, estos estudios demuestran que lo que ha cambiado es la naturaleza de las precipitaciones. Las lluvias son ahora más intensas pero intermitentes, lo que genera patrones climáticos más extremos, que incluyen tanto inundaciones como sequías.

Aproximadamente 30 integrantes de la Asociación de Mujeres Watinoma trabajan una parcela de más de dos hectáreas, utilizando prácticas agroecológicas para producir alimentos para sus familias, escuelas y mercados locales de la región de Koubri.

La catástrofe social y económica

Con temperaturas en el Sahel que aumentan 1,5 veces más rápido que el promedio global, la agricultura y el pastoreo atraviesan una situación de gran tensión (Doblas-Reyes y Sörensonn et al., 2021). Se ha documentado una fuerte correlación entre la variabilidad de las precipitaciones en el Sahel y los rendimientos de cultivos de secano básicos como el mijo y el sorgo (Sultan y Gaetani, 2016). Existe sólida evidencia científica de que lxs pastorxs del Sahel enfrentan una reducción de la disponibilidad de pastos debido al calentamiento y a las lluvias tardías. Como consecuencia, se ven obligadxs a migrar distancias más largas, adentrándose con frecuencia en territorios de pastoreo desconocidos. Investigaciones recientes sobre el pastoreo saheliano muestran que el aumento de las temperaturas, las precipitaciones irregulares y la degradación de la tierra están reduciendo las tierras de pastoreo accesibles y empujando a lxs pastorxs a extender su movilidad estacional.

Un informe de 2025 sobre el clima y los medios de vida pastorales señala que, en el Sahel, la reducción de la disponibilidad de pastos provocada por el calentamiento y las lluvias irregulares está llevando a lxs pastorxs a realizar migraciones más largas a través de territorios desconocidos en busca de pastos y fuentes de agua cada vez más escasos. Esto reconfigura los calendarios y rutas de trashumancia tradicionales (los corredores consuetudinarios o demarcados utilizados para los desplazamientos estacionales del ganado entre zonas de pastoreo y puntos de agua) (Awazi, 2025: 85). Trabajos previos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por su sigla en inglés) documentaron de manera similar que la reducción de la disponibilidad de pastos ha obligado a realizar desplazamientos de mayor distancia y duración, con rutas de los rebaños que se desplazan hacia el sur, hacia zonas más húmedas y a menudo desconocidas (Ickowicz et al., 2012: 269).

Esta movilidad intensificada se vuelve catastrófica no porque la movilidad en sí sea intrínsecamente dañina, sino porque los regímenes coloniales y poscoloniales de tenencia de la tierra desmantelaron las protecciones legales de los corredores de trashumancia, el desarrollo posindependencia priorizó la agricultura sedentaria y, a partir de la década de 1980, décadas de ajuste estructural erosionaron la regulación pública de la tierra y el agua (Tricontinental, 2023). En estas condiciones, la movilidad inducida por el clima expone cada vez más a lxs pastorxs más pobres al cercamiento de tierras, la extracción de rentas, la criminalización y la violencia, convirtiendo un estrés ecológico en una crisis de reproducción mediada por la clase.

Estas dinámicas no son abstractas. Sus consecuencias se han registrado con mayor intensidad en los cuerpos de las personas jóvenes. Las sequías de finales de la década de 1960 a la década de 1980, y los impactos climáticos y ambientales que produjeron, derivaron en graves crisis alimentarias y hambrunas (Montimore, 2010; Anyamba et al., 2014). Las investigaciones sobre el clima y los sistemas alimentarios muestran que, incluso cuando se recuperan las lluvias y las cosechas, el deterioro a largo plazo de la salud infantil es dramático. Un estudio, por ejemplo, vincula el aumento de las temperaturas, la disminución y creciente variabilidad de las precipitaciones, y la alteración de las estaciones del año con el bajo peso al nacer y el retraso en el crecimiento infantil, causados por una combinación de estrés térmico intrauterino y desnutrición derivada de reiteradas pérdidas de cosechas y ganado. Donde predominan la agricultura de subsistencia y la agricultura a pequeña escala, las pérdidas estacionales crónicas se traducen directamente en déficits de salud duraderos (Davenport et al., 2017; Grace et al., 2015; Grace et al., 2018). Esta correlación entre la variabilidad climática y la salud infantil refleja cómo los programas de ajuste estructural (PAE) del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) eliminaron las reservas de granos, los insumos subsidiados y los servicios de extensión que anteriormente amortiguaban la pérdida de cosechas, al tiempo que imponían una agricultura de exportación que prioriza los mercados europeos por sobre la seguridad alimentaria local.

A medida que los cambios climáticos se intensifican, la crisis de hambre ha confluido lenta pero inexorablemente con la crisis de salud, dando lugar a una catástrofe política en la región. Por ejemplo, el cinturón epidémico de la malaria se ha desplazado hacia el norte, hacia la zona de transición entre el Sahel y Sudán, con tasas de mortalidad crecientes entre lxs niñxs que carecen de inmunidad frente a la malaria y otras enfermedades asociadas (Caminade et al., 2014). Al mismo tiempo, se han intensificado las rebeliones tuareg (amazigh) en el norte de Mali y Níger, arraigadas en agravios históricos contra el Estado, las rebeliones islamistas surgidas a raíz de la destrucción de Libia a manos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte; y de las tensiones entre pastorxs y agricultorxs sedentarixs. Desde la inseguridad alimentaria a los brotes de enfermedades, la región se ha visto sumida en conflictos violentos, lo que ha provocado migraciones internas y transfronterizas, además de desplazamientos masivos y una rápida urbanización (Cattaneo y Massetti, 2015; Conte, 2023; Henderson et al., 2015).

La catástrofe política

A medida que las sequías se intensifican, las lluvias se vuelven erráticas y los medios de vida agrícolas y pastorales colapsan, todo el orden social y político se está reconfigurando. La disminución de los pastizales y la reducción de las fuentes de agua han llevado a agricultorxs y pastorxs a enfrentamientos cada vez más violentos.

A medida que las rutas de pastoreo se secan y los pozos se agotan, ls pastorxs se ven obligadxs a adentrarse más en las tierras agrícolas, mientras lxs agricultorxs, que enfrentan la disminución de sus propias cosechas, se muestran cada vez menos dispuestxs a aceptar el paso de los rebaños itinerantes en ausencia de una mediación eficaz. Esta intensificación de la competencia no ocurre en el vacío: los patrones climáticos cambiantes hacen que los recursos vitales sean más escasos dentro de regímenes territoriales moldeados por el despojo colonial, el sesgo poscolonial del Estado hacia la agricultura sedentaria y la erosión de la regulación pública (Benjaminsen, 2016).

Estas tensiones localizadas se intensifican hasta convertirse en crisis nacionales precisamente porque los Estados del Sahel, debilitados por décadas de marginalización, desarrollo desigual y reestructuración económica impuesta desde el exterior, carecen de la capacidad para gestionar estas presiones. En regiones periféricas como el norte de Mali, Níger y Chad, donde la presencia del Estado ha sido históricamente mínima, los impactos climáticos interactúan con la crónica subinversión para erosionar aún más una capacidad estatal ya de por sí frágil. La incapacidad del Estado para garantizar el acceso al agua, gestionar los pastizales y proteger a la población de la violencia durante los períodos de sequía socava su legitimidad, profundiza el resentimiento y acelera la fragmentación política mediante la instrumentalización de identidades religiosas y étnicas (Benjaminsen, 2016). Este vacío de autoridad, configurado por la retirada del Estado y el abandono político, constituye un terreno fértil para los grupos armados, en particular bajo las condiciones creadas por el estrés ecológico.

Los movimientos insurgentes, desde las redes yihadistas sahelianas hasta Boko Haram, han aprendido a explotar la angustia ecológica como una oportunidad de expansión política. Cuando las personas pierden ganado, cosechas o ingresos debido a la sequía, son más vulnerables al reclutamiento, no porque una determinada ideología se vuelva repentinamente irresistible, sino porque los grupos armados ofrecen una apariencia de medios de subsistencia, protección y resolución de disputas. Estudios realizados en Kenia, Mali y el norte de Nigeria muestran que el colapso de los medios de subsistencia inducido por el clima aumenta la probabilidad de que los hombres jóvenes se unan a grupos militantes, con evidencia de Nigeria que registra un aumento en el reclutamiento en regiones afectadas por la sequía (Buhaug y von Uexkull, 2021: 545-568). La crisis climática reconfigura así el campo de batalla político. Los grupos armados intervienen donde el Estado se retira, ofreciendo con frecuencia acceso al agua, arbitrando conflictos locales o distribuyendo el botín, funciones que pueden imitar las de la gobernanza.

Sin embargo, el colapso de los mecanismos de adaptación tradicionales no es solo institucional, también es cultural y político. Los pueblos del Sahel han desarrollado durante largo tiempo sistemas complejos de conocimiento para interpretar los ciclos ecológicos, anticipar las lluvias y coordinar los desplazamientos de los rebaños a través de territorios vastos e inhóspitos. No eran simples costumbres, eran formas de gobernanza arraigadas en rituales, obligaciones sociales y acuerdos intercomunitarios. La volatilidad climática ha desestabilizado estos sistemas de conocimiento, cuyo funcionamiento dependía de ritmos ecológicos relativamente predecibles. Las lluvias erráticas hacen que los calendarios agrícolas indígenas sean poco confiables, mientras que los ciclos de pastoreo alterados obligan a lxs pastorxs a abandonar rutas migratorias tradicionales. (Zougmoré et al., 2023; Turner, 2011). A medida que estas tecnologías culturales se desintegran, las comunidades pierden su capacidad de autorregular el uso de los recursos, lo que crea más oportunidades para el conflicto y deslegitima aún más tanto a las autoridades ancestrales como a las instituciones estatales.

Las mujeres y las niñas se encuentran en el epicentro de esta crisis político-climática entrelazada, aunque sus experiencias suelen clasificarse erróneamente como sociales en lugar de políticas. A medida que el agua y la leña escasean, las mujeres deben recorrer distancias más largas cada día, lo que reduce el tiempo disponible para la participación económica o cívica (Carney, 1993; Ilboudo Nébié et al., 2024). Los impactos climáticos pueden llevar a las familias a retirar a las niñas de la escuela o a empujarlas al matrimonio precoz, un retroceso que debilita aún más los cimientos sociales de la participación democrática y la igualdad de género. Existe también evidencia de que el estrés económico provocado por la sequía se correlaciona con un aumento de la violencia de pareja (Cools y Kotsadam, 2017). Estas presiones limitan la capacidad de acción política de las mujeres y su capacidad para participar en la toma de decisiones comunitarias, la construcción de la paz o la gobernanza local. El cambio climático, por lo tanto, no solo está reconfigurando los paisajes físicos, sino estrechando el espacio político para la mitad de la población.

Consideradas en conjunto, las dinámicas descritas, el conflicto por los recursos, la erosión de la autoridad estatal, la expansión de los grupos armados, el colapso de los sistemas de gobernanza no estatales y la reducción de la capacidad política de las mujeres, configuran una crisis política entrelazada en la que el estrés climático intensifica contradicciones enraizadas en la intervención imperialista, el desarrollo desigual y el debilitamiento de las instituciones públicas y comunitarias. El cambio climático no opera como un impacto externo, sino como una fuerza que reorganiza el poder, reconfigurando las luchas por la tierra, la movilidad y la autoridad en todo el Sahel. Estos procesos no se desarrollan de manera uniforme en toda la región. Están mediados por historias nacionales, trayectorias estatales y decisiones políticas. Para comprender cómo la crisis climática se convierte en la práctica en una crisis política, es necesario, por tanto, examinar estas dinámicas en el contexto de países específicos. A menos que la justicia climática, la adaptación equitativa y el fortalecimiento de las instituciones sociales se sitúen en el centro de la estrategia política de la región, la espiral descendente continuará, convirtiendo el impacto climático en convulsión política y la degradación ambiental en colapso estatal.

Impulsado por la defensa de la soberanía alimentaria, el cultivo de maíz orgánico se ha convertido en parte de la resistencia campesina frente a la expansión de las semillas genéticamente modificadas en Burkina Faso.

Parte II: Mali y Sudán

Mali

Antes de que las tropas francesas invadieran el recodo del río Níger en la década de 1890, las sociedades de África Occidental ya habían desarrollado sistemas para gobernar la tierra, el agua y la movilidad pastoral. En Mali, los manuscritos de Tombuctú producidos entre los siglos XV y XIX vinculaban la legitimidad política con la protección de los medios de subsistencia, combinando el razonamiento jurídico con la observación astronómica para anticipar las lluvias y las inundaciones estacionales.⁶ El Imperio Macina (1818–1862) formalizó posteriormente este enfoque a través de la dina (un código legal integral que regulaba el uso de la vasta llanura aluvial estacional del río Níger, el Delta Interior del Níger, entre lxs pastorxs fulani, lxs agricultorxs dogon y bambara, y lxs pescadorxs bozo). Este sistema era supervisado por una jerarquía de autoridades, incluidos los jefes pastorales conocidos como jowros, que coordinaban la entrada estacional del ganado, mantenían los corredores ganaderos y mediaban los conflictos por los recursos basándose en los patrones de inundación observados (Benjaminsen y Ba, 2021: 4-26, 73).

Estos manuscritos y sistemas de gobernanza demuestran que la gestión de los recursos y el medio ambiente en Mali era inseparable de la legitimidad política, la obligación social y el trabajo productivo, en lugar de ser tratada como un problema técnico de seguridad. El estrés ambiental era entendido como un fracaso político cuando lxs gobernantes no protegían los medios de subsistencia. Lo que hoy se describe como “conflicto estimulado por el clima” es, en realidad, el resultado de la destrucción sistemática de la capacidad estatal necesaria para gestionar los sistemas regulatorios, primero por el colonialismo francés, luego por la formación del Estado neocolonial y, hoy en día, intensificada por el cambio climático antropogénico que opera dentro de estructuras de desarrollo estancado.

El colonialismo francés desmanteló la capacidad regulatoria de las instituciones existentes mientras conservaba sus funciones extractivas. En Mali, la ley de tierras despojó a los jefes pastorales de su estatus jurídico al tiempo que seguía utilizándolos para controlar el acceso pastoral y recaudar tasas, generando una condición de doble ilegitimidad, al perder tanto la autoridad consuetudinaria como la jurídica. Al reconocer únicamente los títulos de propiedad individuales, la legislación colonial sobre la tierra subordinó los derechos consuetudinarios y pastorales de uso de la tierra, privilegió la agricultura sedentaria y dejó al pastoreo móvil en una situación de precariedad jurídica.

El primer presidente de Mali, Modibo Keïta (1960–1968), desafió este legado. Inspirado en el socialismo del Tercer Mundo, su gobierno se retiró de la Comunidad Francesa,⁷ abandonó el sistema monetario respaldado por Francia conocido como la zona del franco CFA, nacionalizó industrias clave y promovió un desarrollo dirigido por el Estado orientado a restituir la autoridad sobre la tierra y los recursos, en un contexto de creciente variabilidad ambiental, incluidos los esfuerzos por limitar el poder político de las élites pastorales intermediarias. Esto incluyó el rechazo de los planes respaldados por Francia para externalizar el control de los recursos en las regiones desérticas de Mali, en particular la Organisation commune des régions sahariennes [Organización Común de las Regiones Saharianas – OCRS], un proyecto colonial francés tardío que buscaba mantener el control sobre el territorio y los recursos del Sáhara más allá de las fronteras coloniales, avivando las divisiones entre grupos étnicos.

El gobierno militar de Moussa Traoré (1968–1991), que derrocó a Keïta mediante un golpe de Estado en 1968, revirtió estas medidas y restableció un papel privilegiado para las empresas y las finanzas francesas en el comercio, la banca y la contratación pública durante la década de 1980. Esta restauración de los privilegios comerciales franceses revelaba la función del régimen de Traoré dentro del sistema Françafrique (una matriz informal de mecanismos políticos y económicos de control francés en sus antiguas colonias africanas). Al igual que con otros líderes nacionalistas radicales en el África francófona, el desafío de Keïta al control neocolonial fue abruptamente suprimido.

Bajo el mandato de Traoré, los jefes pastorales fueron paulatinamente rehabilitados, pero dentro de unas estructuras legales y administrativas que habían perdido su función de coordinación precisamente cuando la variabilidad ambiental se intensificaba. Los códigos de propiedad de tierras reconocían únicamente los títulos de propiedad individuales, lo que redujo los derechos consuetudinarios a débiles derechos de uso y transformando a los jefes pastorales de gestores de recursos en agentes de extracción de rentas. A medida que las precipitaciones se volvían cada vez más irregulares tras las sequías de finales de la década de 1960 hasta la de 1980 y la “recuperación” parcial de la década de 1990, que se estancó hacia 1999, el acceso a los corredores de pastoreo y a los pastizales de las llanuras aluviales se volvió más disputado, lo que permitió a lxs políticxs redefinir la entrada del ganado como una fuente de ingresos. Aunque los jefes pastorales seguían siendo responsables de gestionar estos corredores, carecían de autoridad legal sobre ellos y pasaron a depender de los funcionarios del gobierno local que controlaban el acceso y extraían rentas.

El aumento de las tasas de acceso a los pastizales de las llanuras aluviales, impulsado por la necesidad de financiar sobornos a funcionarios locales, recaía de manera desproporcionada sobre lxs pastorxs de las tierras áridas. A diferencia de lxs agropastorxs, no disponían de tierras agrícolas a las que recurrir, y sus rebaños dependían del acceso estacional a los pastizales de las llanuras aluviales del delta. Mientras tanto, agencias estatales como la autoridad de desarrollo arrocero Office riz Mopti (Oficina de Arroz de Mopti) confiscaban pastizales ricos en nutrientes sin ofrecer compensaciones significativas por la pérdida de acceso al pastoreo a las comunidades pastorales a las que en teoría servían, mientras que los tribunales emitían fallos deliberadamente ambiguos en un clima de sobornos generalizados, perpetuando el conflicto para garantizar la extracción continua. Aunque las instituciones de gobernanza pastoral permanecieron formalmente en pie, su capacidad para coordinar la tierra, el agua y la movilidad bajo la creciente presión climática fue desmantelada sistemáticamente (Benjaminsen y Ba, 2021).

Los programas de ajuste estructural (PAE), implementados a partir de 1988 y profundizados durante la década de 1990, agudizaron esta crisis al desmantelar la capacidad del Estado para regular la tierra, el agua y la movilidad precisamente cuando la variabilidad de las precipitaciones se intensificaba. Las condiciones impuestas por el Banco Mundial y el FMI redujeron el personal de extensión veterinaria y agrícola, eliminaron los subsidios a los insumos (con fuertes aumentos en los precios de los fertilizantes), privatizaron el mantenimiento de los puntos de agua e impusieron una devaluación monetaria del 50% en 1994, lo que colapsó la infraestructura rural al tiempo que forzaban una comercialización orientada a la exportación (Banco Mundial, 1996; FMI, 1998; Inter-reseaux, 2020). A medida que desaparecía la capacidad de mediación, se intensificó la competencia por la tierra y se criminalizó la movilidad pastoral, lo que generó una extracción de rentas continua de las economías pastorales. Lxs pastorxs fulani de clase baja fueron desposeídxs sistemáticamente mientras los funcionarios estatales y las élites pastorales acumulaban rentas. La gobernanza pastoral se convirtió en un mecanismo de extracción. El cambio climático intensificó estas condiciones al reducir los pastizales disponibles, aumentar lo que estaba en juego en el control de acceso y forzar migraciones más largas hacia territorios desconocidos donde una extracción depredadora podía imponerse con mayor facilidad (Benjaminsen y Ba, 2019: 1-20).

A medida que el Estado se retiraba de sus funciones de gobernanza, los grupos armados, no movimientos de liberación, sino actores que explotaban el vacío dejado por el colapso institucional, actuaron para dar respuesta a las reivindicaciones materiales que ninguna autoridad política estaba dispuesta a enfrentar. Entre 2015 y 2018, Katiba Macina (el Frente de Liberación de Macina), un grupo yihadista armado formado en 2015 que reclutaba su base principalmente entre pastores fulani marginalizados y que, a partir de 2017, operó bajo la bandera de Jama’at Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (Grupo de Apoyo al Islam y a los musulmanes, JNIM por su sigla en árabe), afiliado a al-Qaeda, abolió todas las tasas de pastoreo. Estas tasas habían sido impuestas por los jefes pastorales para acceder a los pastizales de la llanura aluvial, ricos en nutrientes y habían consumido una parte sustancial de los ingresos en efectivo de lxs pastorxs (Benjaminsen, 2024: 41-69). La abolición de las tasas eliminó una fuente importante de extracción de rentas, aliviando la carga económica y mejorando el acceso a los pastizales para lxs pastorxs de tierras áridas. Para los hogares más pobres, esto significó un alivio material inmediato, con frecuencia, la diferencia entre la viabilidad y la desposesión (Benjaminsen y Ba, 2019).

En este contexto, la división de clases dentro de las comunidades fulani y dogon moldeó los patrones de movilización armada. Entre lxs fulani, los jefes pastorales adinerados y propietarixs de ganado se enfrentaban a lxs pastorxs pobres de tierras áridas. Las comunidades agrícolas dogon se estratificaron de manera similar entre propietarixs de tierra vinculadxs a los programas estatales y agricultorxs sin tierra que enfrentaban inseguridad alimentaria. Las políticas estatales utilizaron estas divisiones de clase como arma. La Oficina de Arroz de Mopti desplazó corredores pastorales y accesos a pastos de manera que favoreciera a lxs agricultorxs adineradxs, generalmente sin compensación significativa para lxs pastorxs. A medida que las fuerzas estatales se retiraban de las zonas rurales después de 2015, las autoridades malienses delegaron la seguridad local a las milicias de cazadores dozo (fraternidades tradicionales reconvertidas en grupos armados) y les proporcionaron entrenamiento, armas y apoyo financiero. La más estructurada de estas milicias, Dan Na Ambassagou, reclutaba principalmente entre la juventud dogon empobrecida, cuya desposesión canalizaron hacia una hostilidad étnica dirigida contra las comunidades fulani, en lugar de contra las élites que despojaban a ambos. Las consecuencias fueron devastadoras. En la masacre de Ogossagou de marzo de 2019, los combatientes de Dan Na Ambassagou asesinaron a aproximadamente 160 civiles fulani, una atrocidad que forzó la renuncia del primer ministro, pero no produjo una rendición de cuentas duradera (Nsaibia, 2025).

Si bien el estrés climático no creó esta división de clases, multiplicó sus efectos: las lluvias erráticas y los pastizales degradados significaban que el acceso oportuno al delta se volvía aún más crítico, transformando las tasas abusivas en barreras existenciales. Fue esta intensificación de la extracción preexistente, no la escasez en sí misma, lo que impulsó a lxs pastorxs a la resistencia armada.

A pesar de imponer códigos sociales coercitivos, incluidas restricciones a la libertad de movimiento de las mujeres y violencia contra quienes disentían, Katiba Macina logró resolver disputas de tierras, regular el acceso a los pastos y hacer cumplir las indemnizaciones por daños a los cultivos, desempeñando así funciones de gobernanza que el Estado neocolonial había abandonado. El impacto económico concreto de la abolición de tasas ayuda a explicar por qué lxs pastorxs de tierras áridas apoyaron a Katiba Macina y, posteriormente, a JNIM en general, ya que esta organización abordaba agravios que ninguna otra fuerza política había enfrentado. Después de que Katiba Macina restableciera tasas menores en 2018, bajo la presión de los jowros, muchos pastorxs de tierras áridas trasladaron su lealtad a Dawlat il Islamia (el Estado Islámico en el Gran Sahara, EIGS), una nueva facción alineada con el Estado Islámico formada a finales de 2019, cuyo llamado a la colectivización de la tierra y al fin de los pagos por el acceso a los pastizales apelaba directamente a lxs fulani de clase baja (Benjaminsen y Ba, 2019; Benjaminsen y Ba, 2021).

La división entre JNIM e EIGS no se debió a diferencias en la doctrina religiosa ni a estrategias de adaptación climática, sino a la cuestión de si las élites fulani podían continuar extrayendo rentas de lxs pastorxs pobres. El llamado del EIGS a la colectivización de la tierra desafió directamente el poder de clase de los jefes pastorales, captando el apoyo de lxs fulani de clase baja que enfrentaban tanto el estrés ambiental como la explotación de clase sistemática. El estrés climático amplificó estas dinámicas al hacer más crítico el acceso a los recursos, pero la lucha en sí misma era una disputa sobre quién fijaría las reglas de movilidad, acceso a los pastos y compensaciones en el delta. La narrativa estatal del “conflicto étnico” ha servido para ocultar estas dinámicas de clase. Al presentar la violencia como un antagonismo primordial entre fulani y dogon, impide la solidaridad entre lxs agricultorxs y pastorxs pobres que enfrentan la explotación a manos de la élite y justifica las operaciones militares como una forma de “contraterrorismo”.

En este contexto, la Alianza de Estados del Sahel (AES), formada en septiembre de 2023 por Mali, Burkina Faso y Níger y formalizada como confederación en julio de 2024, representa un intento de romper con la dependencia neocolonial y recuperar el control de los recursos, abriendo espacio para una adaptación climática integral. Los documentos de planificación de Mali, la Estrategia Nacional para la Emergencia y el Desarrollo Sostenible 2024–2033 y Mali Kura ɲɛtaasira ka bɛn san 2063 ma [Un nuevo Mali: Una visión para 2063], enmarcan explícitamente la soberanía como un requisito previo para la restauración ambiental y promueven políticas como la inversión pública en infraestructura de riego y pastoril, la restauración de los corredores de pastoreo y la priorización de la soberanía alimentaria por sobre la agricultura orientada a la exportación.

Sin embargo, la AES enfrenta profundos retos, como la deuda heredada, su limitada capacidad industrial, el conflicto armado en curso y la presión de Francia y la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO). La dependencia de Mali de inversionistas extranjeros plantea preguntas cruciales sobre si la AES será capaz de alcanzar una soberanía genuina o cederá ante los intereses del imperialismo francés. No obstante, esta alianza se hace eco del reconocimiento de Keïta de que las crisis ambientales no pueden abordarse sin confrontar al imperialismo.

Uno de los logros de la Asociación de Mujeres Watinoma fue la instalación de un pozo con una bomba solar y un reservorio de 15 m³, garantizando el acceso al agua incluso durante la estación seca.

Sudán

Darfur, del árabe Dār Fūr, significa “patria del pueblo fur”. No obstante, hoy la palabra evoca con frecuencia una sensación de crisis natural permanente. Catalogado como “el primer conflicto del mundo provocado por el cambio climático” por organizaciones humanitarias, funcionarios de la ONU y analistas de política exterior, esta designación oculta tanto como explica (Kamen, 2021). Cuando el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, declaró en 2007 que “el conflicto de Darfur comenzó como una crisis ecológica, surgida al menos en parte del cambio climático”, realizó un conocido juego de manos: reconoció el estrés ambiental al tiempo que ocultó sistemáticamente la economía política que transformó la sequía en genocidio (2007). La narrativa avanza de manera predecible: a medida que el desierto del Sahara avanza un kilómetro y medio al año y las precipitaciones disminuyen entre un 15% y un 30%, lxs pastorxs árabes y lxs agricultorxs africanos negros compiten por recursos cada vez más escasos y se reavivan antiguos odios étnicos. El clima se convierte en el motor principal. La clase desaparece por completo.

La violencia que estalló en Darfur en 2003 y que posteriormente se extendió a Kordofán y el Nilo Azul no fue ni un brote repentino de conflicto étnico ni una combustión espontánea de la escasez. Fue precipitada por una convergencia estructural en la que la aceleración de las alteraciones climáticas se entrecruzó con una economía política forjada por una prolongada reestructuración neoliberal y la depredación estatal. El conflicto es, en esencia, una guerra de clases ecológica. El Estado ha desmantelado sistemáticamente los medios de vida tradicionales, privatizado los recursos comunales y creado una población desposeída que depende de una economía militarizada, todos ellos factores que han amplificado la precariedad ambiental. El resultado es más que una crisis humanitaria; es la reestructuración violenta de la sociedad para la acumulación de capital.

El deterioro físico del medio ambiente de Sudán es agudo: el 40% de los años registrados (entre 1943 y 2017) en Darfur del Sur fueron clasificados como años de sequía, junto con el avance hacia el sur de la desertificación (PNUMA, 2007; Atiem et al., 2022: 1069). No se trata de una “escasez” neutral: es una consecuencia geográficamente desigual del orden económico mundial, que ha externalizado sus costos ecológicos hacia la periferia. En Sudán, la aceleración del calentamiento antropogénico actúa como un brutal amplificador de las vulnerabilidades existentes.

El estrés ecológico solo se convierte en una catástrofe cuando se encuentra con un sistema político que antepone el lucro a las personas. En Sudán, el punto de inflexión llegó con el golpe de Estado de 1989 y la reestructuración neoliberal bajo Omar al-Bashir, impuesta por los PAE del FMI y el Banco Mundial, que exigían la eliminación de los subsidios agrícolas, la privatización de las tierras comunales y el desmantelamiento de los servicios de apoyo estatal (Bush, 2007). Esta retirada estratégica del Estado destruyó el contrato social en las zonas rurales de Sudán. El régimen de al-Bashir utililizó activamente esta nueva ecología política como arma, transformando la tierra de un recurso comunal en una moneda de clientelismo asignada a las élites afines al régimen que mecanizaron la agricultura, bloquearon los corredores pastorales y despojaron a lxs agricultorxs (de Waal, 2005). Para sofocar la agitación resultante, el Estado subcontrató la violencia a milicias pastoralistas, los Janja’wid (demonios a caballo), otorgándoles carta blanca para apoderarse del ganado, las cosechas y la tierra (Tricontinental y Asamblea Internacional de los Pueblos, 2025). En este proceso, los activos fueron transferidos violentamente de manos comunitarias a privadas, creando una nueva clase de acumuladores militarizados.

La fiebre del oro del siglo XXI, impulsada por los mercados globales, superpuso una frenética lógica extractiva sobre este sistema. Las milicias, en particular las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF por su sigla en inglés), evolucionaron hasta convertirse en empresas capitalistas que controlaban minas y rutas de contrabando. (Craze, 2025). El desplazamiento de la población impulsado por el clima ha creado una reserva de mano de obra desesperada y abierto nuevos territorios para la captura de recursos, monetizando de manera efectiva el desplazamiento humano y ecológico (Romankiewicz y Doevenspeck, 2015: 79-100).

La narrativa de “árabes contra africanos negros” es una poderosa herramienta política que el régimen cultivó y utiliza activamente para contener un conflicto de clases en auge. Esta estrategia etnificó lo que era fundamentalmente una crisis por los medios de producción, sobre todo la tierra fértil y el agua, bajo condiciones de escasez inducida. Ha impedido la conformación de un frente unificado de lxs desposeídxs y ha permitido que los grupos armados recluten siguiendo líneas de identidad fragmentadas, capitalizando la angustia de un pueblo cuya esperanza de una vida digna ha sido aniquilada.

El camino hacia la radicalización sigue un circuito claro de desposesión. Los hombres jóvenes, separados de los medios de vida agrarios o pastorales por impactos ecológicos y económicos combinados, ven su fuerza de trabajo convertida en mercancía en su forma más brutal: como combatientes armados. Por lo tanto, las RSF no son simplemente una milicia. Operan como una empresa gobernante que ofrece salarios, resolución de disputas y protección en zonas donde el Estado solo ofrece abandono o violencia. Unirse a ellas se convierte en una estrategia racional de supervivencia en una economía colapsada, transformando el estrés ecológico en mano de obra militar (Verhoeven, 2011: 679-707).

En este contexto, los actores internacionales son componentes integrales del sistema que configura y explota la crisis, y no salvadores externos. Entre estos actores se encuentran:

• Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que han financiado a las RSF como fuerza mercenaria para acceder al oro de Sudán. Esto representa una nueva modalidad imperial, en la que el capital del Golfo utiliza la acumulación militarizada para asegurar recursos y proyectar poder (Kebede, 2025).
• La Unión Europea, cuyo financiamiento, canalizado a través del Proceso de Jartum hacia agencias estatales sudanesas para el control fronterizo, efectivamente dotó de recursos y legitimó a fuerzas -incluidas unidades vinculadas a las RSF- encargadas de frenar la migración. Esta política militarizó directamente la respuesta a las poblaciones desplazadas por el clima, tratando a las víctimas de esta crisis político-ecológica como una amenaza para la seguridad (Andersson, 2014).
• Las instituciones financieras occidentales, que crearon las condiciones para el colapso del Estado y la vulnerabilidad social, mediante la deuda y los PAE, convirtiendo a Sudán en terreno fértil para las sucesivas oleadas de crisis. (Kadri, 2016).

La revolución sudanesa de 2019 y los comités de resistencia persistentes (organismos de base barrial que coordinaron el levantamiento y continúan organizando la gobernanza civil en medio de la guerra) representan un profundo desafío a toda esta estructura (Mohamed Sahil, 2021). Sus demandas de democracia, justicia y paz son a la vez antiimperialistas y ecológicas, dado que un proyecto soberano y progresista en Sudán requeriría desmantelar la economía de guerra, renacionalizar y democratizar el control sobre la tierra y la riqueza mineral, y poner en marcha una restauración agroecológica masiva para reconstruir la resiliencia comunitaria. Esto confrontaría directamente los intereses de la élite local militarizada y de sus patrocinadores internacionales, intereses que ambos actores nacionales del conflicto actual (las Fuerzas Armadas de Sudán y las RSF) buscan proteger. Esta guerra es, trágicamente, una batalla entre facciones rivales de esa élite por el botín del sistema, que mantiene a las masas atrapadas en la ecología de la desposesión. Una verdadera resolución no se alcanzará mediante un alto al fuego entre generales que representan a esa élite, sino mediante una transformación revolucionaria de las relaciones político-ecológicas que definen la vida sudanesa.

Conclusión

En todo el Sahel, las condiciones de vida han estado definidas desde siempre por el desierto. Artistas como Tinariwen, una banda tuareg considerada pionera del llamado “blues del desierto”, han cantado sobre el exilio, el despojo y la sed en el norte de Mali. Su canción Tenere maloulat [El desierto blanco] describe una condición familiar para la mayoría de los habitantes en la región: “perdidx en la noche, mi sed, mi deseo de agua me despertó”. Ni metáfora ni constatación de un hecho natural, esta canción engloba las condiciones políticas vividas por los pueblos del Sahel. Cuando quienes habitan el Sahel cantan al agua negada, a la tierra perdida, a la vida relegada a los márgenes, nombran lo que este dossier ha argumentado: la catástrofe climática en el Sahel no se experimenta como un cambio ambiental abstracto, sino como la intensificación de una economía política ya de por sí violenta. La sequía, el calor y las lluvias irregulares se vuelven catastróficos allí donde el imperialismo, la reestructuración neoliberal y la depredación estatal han desmantelado las protecciones colectivas y transformado la tierra, el agua y el trabajo en sitios de extracción. La sed, en el Sahel, es creada por el capitalismo.

Lo que está en juego es una lucha por la soberanía, el poder de clase y la organización social de la propia naturaleza. Cualquier camino hacia adelante debe, por lo tanto, romper con la securitización climática y centrarse, en su lugar, en la soberanía alimentaria, el control democrático sobre la tierra y el agua y la reconstrucción de instituciones públicas y comunitarias capaces de gestionar la variabilidad ambiental. El futuro del Sahel no se asegurará con muros fronterizos, bases militares o mercados, sino enfrentando las estructuras capitalistas e imperialistas que convierten el estrés climático en despojo y guerra. En este sentido, la lucha que se desarrolla en el Sahel no es periférica a la lucha global contra el capitalismo, es uno de sus frentes más intensos.

Entre las prácticas agroecológicas de la asociación se encuentra el uso de un biopesticida elaborado con hojas de nim, jengibre machacado, ajo y chile, cuya acidez y amargor ahuyentan los insectos y reducen los daños en los cultivos.

Notas

Referencias Bibliográficas