Sed por designio

Estimadxs amigxs:

Saludos desde el escritorio de Tricontinental Panáfrica.

El 22 de abril, la Red Global sobre Extremismo y Tecnología (GNET, por sus siglas en inglés) publicó un texto introduciendo el concepto de “Gobernanza Verde Oscura” (Dark Green Governance): un patrón en el que los grupos armados en todo el Sahel y más allá ya no se limitan a explotar el estrés climático, sino que institucionalizan deliberadamente la gestión de los recursos ambientales como fuente de legitimidad política. Entre otros ejemplos, el autor muestra cómo el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes o Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM) dirige tribunales basados en la sharía para arbitrar disputas pastorales, regula el acceso al agua y a los corredores de pastoreo, y supervisa la minería artesanal en la región de Liptako-Gourma, en Malí. El autor tiene el cuidado de señalar que el clima funciona como un “multiplicador de amenazas”, mediado por fragilidades socioeconómicas preexistentes en lugar de operar como una causa directa de la insurgencia. La observación de que los grupos armados están construyendo arquitecturas de gobernanza formalizadas en torno a recursos escasos —y que “reclamar los bienes comunes ambientales mediante una gobernanza legítima e inclusiva” es fundamental para cualquier respuesta seria— es importante.

Donde nuestro análisis difiere no es en disputar lo que el autor describe, sino en preguntar por qué estos grupos tienen éxito y en qué condiciones estructurales surgen tales formas de gobernanza. Identificar la “Gobernanza Verde Oscura” como fenómeno es valioso. Pero ¿qué explica la base material específica de su atractivo? ¿Por qué Katiba Macina —el grupo yihadista armado en el corazón de las operaciones de JNIM en el Sahel— atrajo un apoyo masivo de los pastores fulani marginados? ¿Por qué es este un fenómeno tan extendido?

Esto es lo que nuestro último dossier, Lucha de clases y la catástrofe climática en el Sahel (dossier n.º 99), coescrito por miembros del equipo Tricon Pan-Africa, se propone explorar. El dossier sostiene que la respuesta no es simplemente que el Estado se retiró, sino que su capacidad para gobernar la tierra, el agua y la movilidad pastoral fue destruida sistemáticamente: primero por el colonialismo francés, luego por la formación del Estado neocolonial y, finalmente, por décadas de ajuste estructural. El vacío de gobernanza no es un accidente de instituciones débiles; es el producto de una economía política específica.

Hama Goro (Níger), Sin título, 2014.

Desde la era colonial, los conflictos en África se han explicado mediante cada categoría imaginable —antagonismo tribal, odio étnico, extremismo religioso, fallos de gobernanza, presiones demográficas, escasez de recursos— excepto la que subyace a todas ellas: clase.

Basándose en la tradición de Lucha de clases en Tanzania (Class Struggles in Tanzania) de Issa Shivji y Salvadores y sobrevivientes (Saviors and Survivors) de Mahmood Mamdani, el dossier sostiene que la escalada de violencia en el Sahel solo puede entenderse si se fundamenta en la lucha de clases, dado que opera dentro de la economía política de la extracción imperialista. La catástrofe climática es un acelerador que intensifica las contradicciones preexistentes, no su causa de fondo. El llamado a reclamar los bienes comunes ambientales mediante una gobernanza legítima es bien recibido, pero no puede responderse sin preguntar quién despojó a las comunidades de esos bienes comunes y a través de qué mecanismos.

Los hechos son condenatorios. El Sahel se ha calentado aproximadamente 1.5 veces más rápido que el promedio mundial en las últimas décadas, a pesar de contribuir con menos del 1% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. África representó menos del 3% de las emisiones globales acumuladas de CO2 entre 1750 y 2021. En contraste, Estados Unidos, que se está calentando a un ritmo similar, representa el 25% de las emisiones globales. La naturaleza de las precipitaciones en sí ha cambiado: la lluvia es ahora más intensa pero intermitente, produciendo tanto inundaciones como sequías. Sin embargo, el marco dominante de “conflicto climático” —consolidado a través del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Consejo de Seguridad de la ONU e investigaciones de seguridad financiadas por Occidente— presenta la escasez de recursos impulsada por el clima como la raíz de la violencia y la inestabilidad en el Sahel, omitiendo sistemáticamente el contexto de despojo colonial, ajuste estructural y militarización que creó la crisis en primer lugar.

Amadou Sanogo (Malí), Sans Tete (Sin cabeza), 2016.

Los estudios de caso del dossier sobre Malí y Sudán revelan cómo funciona esto en la práctica. En Malí, la ley de tierras colonial destruyó los sistemas de gestión social. Los programas de ajuste estructural (PAE) a partir de 1988 acabaron el trabajo: recortando personal veterinario y de extensión, privatizando los puntos de agua e imponiendo una devaluación de la moneda del 50% en 1994. A medida que el Estado se retiraba, los grupos armados ocuparon el vacío. Este es el contexto de la “Gobernanza Verde Oscura”, pero el dossier revela una capa que ese marco no alcanza. Katiba Macina atrajo un apoyo masivo de los pastores fulani marginados no simplemente proporcionando resolución de disputas en un vacío de gobernanza, sino aboliendo las tasas de pastoreo que los jefes pastorales habían impuesto al acceso a los pastizales de llanuras aluviales ricos en nutrientes; tasas que consumían una parte sustancial de los ingresos en efectivo de los pastores y que el Estado neocolonial había permitido que hicieran metástasis en un sistema de extracción de rentas. Para los pastores más pobres de las tierras áridas, la abolición de las tasas significó la diferencia entre la viabilidad y el despojo. Cuando Katiba Macina reinstauró posteriormente tasas más pequeñas en 2018, muchos pastores trasladaron su lealtad a una facción rival que prometía la colectivización de la tierra. La violencia descrita típicamente como “conflicto étnico” entre pastores fulani y agricultores dogon es, según muestra el dossier, un conflicto de clases dentro de ambas comunidades, moldeado por el despojo colonial e intensificado por el estrés climático. Lo que desde fuera parece “gobernanza ambiental por extremistas” es, desde abajo, una disputa sobre quién establece las reglas de acceso a la tierra y al agua bajo condiciones de escasez por designio.

En Sudán, la historia es aún más cruda. Darfur —calificado como “el primer conflicto por el cambio climático del mundo”— es en realidad una guerra de clases ecológica. La reestructuración neoliberal del régimen de Bashir después de 1989, impuesta por los PAE del FMI y el Banco Mundial, privatizó tierras comunales, eliminó subsidios agrícolas y subcontrató la violencia estatal a las milicias Yanyauid, que confiscaron ganado, cosechas y tierras, creando una nueva clase de acumuladores militarizados. Las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) evolucionaron de estas milicias a empresas capitalistas que controlan minas de oro y rutas de contrabando, financiadas por los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Mientras tanto, el Proceso de Jartum de la UE canalizó fondos a las agencias fronterizas sudanesas —incluidas unidades vinculadas a las FAR— para frenar la migración, militarizando directamente la respuesta a las poblaciones desplazadas por el clima.

Saranga (Mozambique), Monologue of a War Refugee (Monólogo de un refugiado de guerra), 2021.

Las mujeres y las niñas están en el centro de esta crisis político-climática entrelazada. A medida que el agua y la leña escasean, las mujeres deben caminar distancias más largas cada día, reduciendo el tiempo para la actividad económica o la participación cívica. Los choques climáticos sacan a las niñas de la escuela, las empujan al matrimonio precoz y se correlacionan con aumentos en la violencia de pareja. El cambio climático no solo está remodelando los paisajes físicos, sino estrechando el espacio político para la mitad de la población.

Sin embargo, el dossier no termina en la desesperación. En Koubri, a unos cuarenta kilómetros de la capital de Burkina Faso, Uagadugú, las integrantes de la Asociación de Mujeres Watinoma trabajan la tierra utilizando prácticas agroecológicas: cultivando maíz orgánico como parte de la resistencia campesina a las semillas genéticamente modificadas, fabricando biopesticidas a partir de hojas de nim, jengibre machacado, ajo y chile, y operando un pozo con energía solar que garantiza el acceso al agua incluso en la estación seca. Estas mujeres encarnan la conclusión del dossier: el futuro del Sahel no se asegurará mediante muros fronterizos, bases o mercados, sino enfrentando las estructuras capitalistas e imperialistas que convierten el estrés climático en despojo y guerra.

Imagen original de Pedro Stropasola. Asociación de Mujeres Watinoma en Koubri, Burkina Faso, 2025.

En Illighadad, una aldea remota en el centro de Níger sin electricidad ni agua corriente, Fatou Seidi Ghali —considerada ampliamente como la primera mujer tuareg en tocar la guitarra profesionalmente— lidera Les Filles de Illighadad (Las Hijas de Illighadad). Su música tiene sus raíces en el tende, una tradición femenina de celebración y comunidad construida en torno a un tambor de mortero y una calabaza semienterrada en agua; una forma que, en algunos contextos ceremoniales, también sirve como vehículo para la curación espiritual. Mientras que el blues del desierto de Tinariwen canta al exilio y la sed —”perdido en la noche, mi sed, mi deseo de agua me despertó”— y expresa musicalmente las condiciones de privación estructural, Les Filles de Illighadad hacen música desde dentro de las condiciones que señalan las imágenes del dossier: mujeres en una aldea sin agua, recurriendo a la práctica colectiva, al conocimiento ancestral y al elemento mismo —el agua— que el imperialismo y el ajuste estructural han hecho escaso. Sus canciones no son lamentos por lo perdido. Son actos de soberanía cultural, insistiendo en que las tradiciones a través de las cuales las comunidades sahelianas siempre han gobernado su relación con la tierra —comunalmente, colectivamente, a través del conocimiento y el trabajo de las mujeres— no se han extinguido.

Así es como se ve la recuperación de los bienes comunes: no como una estrategia de seguridad, sino como un proyecto civilizatorio. Las mujeres de Watinoma cultivando maíz orgánico en desafío a las semillas genéticamente modificadas. Las mujeres de Illighadad haciendo música con una calabaza y agua. La sed, en el Sahel, es creada por el capitalismo. Pero la gente del Sahel no ha dejado de construir el mundo que viene después de él.

Les animamos a leer el dossier completo y a compartirlo ampliamente.

Afectuosamente,

Dalaya y Mika

Dalaya Ashenafi es una economista política y estratega etíope cuyo trabajo se compromete críticamente con la desigualdad estructural, el poder estatal y las alternativas de desarrollo emancipadoras. Con más de quince años de experiencia, su análisis desafía la ortodoxia neoliberal, exponiendo cómo la acumulación de capital reproduce la marginación en el Sur Global. Como becaria de Asia Global en 2022, investigó las empresas estatales a través del lente de la industrialización socialista. Dalaya es también la subdirectora de la Red de Mujeres Investigadoras Etíopes (EWNET, por sus siglas en inglés). Sus publicaciones sobre acuerdos políticos e industrialización tardía centran la lucha de clases, la agencia colectiva y los marcos antiimperialistas. Arraigada en el pensamiento desarrollista de Etiopía, pero conectada globalmente, la erudición de Dalaya promueve una visión radical del desarrollo que rechaza los arreglos tecnocráticos en favor de la transformación estructural y la solidaridad panafricana.

Mikaela Nhondo Erskog es investigadora y editora en Tricontinental: Instituto de Investigación Social y cocoordinadora de su oficina de Panáfrica. Forma parte de la secretaría de Pan-Africanism Today, que coordina la articulación regional de la Asamblea Internacional de los Pueblos, y del comité de coordinación de No Cold War, una plataforma de paz que promueve la multipolaridad y la cooperación global. Actualmente es candidata al doctorado en la Escuela de Relaciones Internacionales y Asuntos Públicos de la Universidad de Fudan.