La estrategia socialista frente a la arquitectura del poder

Poder social

La sociedad no es simplemente un conjunto de individuos. Nos formamos a través de relaciones e instituciones sociales históricamente específicas: hogares y comunidades, lugares de trabajo y otros espacios de producción, escuelas e instituciones religiosas, organizaciones culturales y de comunicación, plataformas digitales y las instituciones del Estado. Estas esferas se superponen. Las escuelas y los medios de comunicación, por ejemplo, pueden estar organizados por el Estado, el capital u otras fuerzas sociales, mientras que los lugares de trabajo son a la vez espacios de producción y de vida social cotidiana. Mediante estas relaciones e instituciones, las personas desarrollan una comprensión sobre lo que es natural y posible, legítimo e ilegítimo, y sobre lo que se puede o se debe resistir.

Las personas experimentan este mundo de diferentes maneras y se relacionan entre sí por medio de relaciones desiguales de propiedad y producción: como propietarias del capital, trabajadoras asalariadas, campesinas, inquilinas, acreedoras y deudoras, y como personas cuyo trabajo no remunerado sostiene a los hogares y las comunidades. Estas relaciones de clase se cruzan con jerarquías heredadas de género, raza, casta, nacionalidad y otras formas de opresión. El poder social es la capacidad organizada de intervenir en este campo y disputar su dirección.

Antonio Gramsci buscó capturar parte de este proceso a través del concepto de hegemonía, basándose en parte en la obra de Vladimir Lenin y en debates marxistas anteriores (Anderson, 2017a; 2017b). Para Gramsci, la hegemonía no es simplemente manipulación ideológica. Es la capacidad de una clase o de un bloque político para establecer el liderazgo en la sociedad por medio del consentimiento, respaldado por el poder coercitivo del Estado, al tiempo que incorpora algunas demandas de las clases subordinadas en un acuerdo más amplio. Una clase dominante no presenta sus intereses como únicamente propios, sino como los intereses de la sociedad en su conjunto. Para Gramsci, el Estado en este sentido amplio abarca tanto la sociedad política, donde se concentra la autoridad coercitiva, como la sociedad civil, donde se organiza el consentimiento. Describió esta relación como “hegemonía acorazada de coerción” (Gramsci, tomo 3, 1984: 76).

Ningún orden dominante puede mantenerse indefinidamente solo por la fuerza. Debe convencer a sectores importantes de la población de la legitimidad del orden existente, haciendo ver que es inevitable o preferible a cualquier alternativa. El poder capitalista se ejerce, por tanto, a través de la propiedad de los medios de producción y también mediante la organización de la vida social. La clase capitalista controla la inversión y el empleo, es propietaria de gran parte de los medios de comunicación e integra sus premisas en la ley, la educación, las instituciones políticas, la publicidad y la cultura popular. El lenguaje ayuda a definir la realidad de modo que se ajuste a la arquitectura del poder: la competencia se convierte en “la supervivencia del más apto”, la desigualdad se percibe como resultado de la (falta de) capacidad individual, la pobreza como un fracaso personal, la austeridad como responsabilidad financiera, la privatización como eficiencia y la vulneración de los derechos de lxs trabajadorxs como reforma del mercado laboral.

El consentimiento no se genera únicamente mediante persuasión explícita. Ludovico Silva empleó el concepto de “plusvalía ideológica” para describir cómo la comunicación de masas, la publicidad y el entretenimiento pueden reproducir el apego al orden existente en el plano de la conciencia. Theodor Adorno describió un proceso relacionado como el “mensaje oculto”: las suposiciones subyacentes al contenido explícito de una serie de televisión, un anuncio o una noticia pueden escapar al análisis consciente y contribuir a configurar lo que parece normal, posible o deseable. Esto ayuda a explicar cómo la austeridad puede percibirse como una responsabilidad en lugar de una elección política. Las prácticas colectivas de organización, lucha y estudio pueden hacer visibles estos presupuestos, lo que permite cuestionarlos y superarlos (Silva, 1970; Adorno, 1954: 213-235).

El poder social no es únicamente ideológico, cultural o simbólico: sus fundamentos materiales y organizativos también son decisivos. Los fondos sindicales que sostienen una huelga, una cooperativa que organiza la producción, una asociación campesina que defiende la tierra, un comedor comunitario que satisface necesidades sociales y una organización de mujeres que ofrece protección y formación política crean capacidades prácticas. Permiten a las personas sobrevivir, deliberar, coordinar acciones y ejercer formas de autoridad colectiva, así como construir confianza y sentar las bases para satisfacer sus necesidades más elementales. Las cooperativas, por ejemplo, también pueden ser escuelas de autogestión y centros de poder social, aunque siguen condicionadas por los mercados, el crédito, el derecho de propiedad y la correlación de fuerzas de clase en su conjunto (Tricontinental, 2025b). Contribuyen a la transformación sistémica solo cuando están vinculadas con un proyecto más amplio capaz de transformar esas condiciones. Estas instituciones, como hemos sostenido anteriormente, pueden encarnar el concepto “lo que aún no ha llegado” del socialismo: las anticipaciones materiales de relaciones sociales diferentes, en las que la clase trabajadora desarrolla capacidades colectivas que apuntan más allá de la organización capitalista.¹

La lucha por el poder social debe desafiar tanto el poder material de la clase dominante como su capacidad para presentar sus intereses como el sentido común de la sociedad. No puede lograrlo únicamente mediante la propaganda. Los movimientos socialistas construyen la hegemonía a través de la lucha, la organización, la formación política y la creación de instituciones en las que el pueblo adquiera la capacidad de analizar y actuar. La praxis —la unidad de la teoría y la práctica transformadora— exige que las ideas se desarrollen, se pongan a prueba y se perfeccionen a partir de la acción. La línea de masas es un método político para llevar esta relación a la práctica. Comienza por aprender de las experiencias y las ideas del pueblo, articularlas mediante el estudio y el análisis político y devolverlas como un programa más claro de acción colectiva. Luego, ese programa se pone a prueba en la práctica, se extraen las lecciones aprendidas y se repite el proceso. La línea de masas no es, por lo tanto, la imposición de ideas desde arriba ni una celebración de la espontaneidad, sino un movimiento continuo entre la experiencia popular, el análisis político y la acción colectiva.

Los sindicatos no solo negocian salarios más altos y mejores condiciones de trabajo, sino que también pueden transformar la forma en que se perciben esas condiciones. Las luchas colectivas pueden lograr que los salarios bajos dejen de percibirse como una desgracia individual y se vean como parte de un sistema más amplio de explotación que puede cambiarse mediante acciones de masas organizadas. Asimismo, las luchas por la vivienda y la educación pueden convertir las inquietudes privadas en cuestiones políticas. La organización contra la violencia de género ofrece otro ejemplo: puede revelar que la violencia en la familia y en el hogar no es solo privada, sino que se sustenta en jerarquías sociales como el patriarcado, que confluyen con las relaciones de clase (Federici, 2004). Estas luchas y demandas inmediatas pueden convertirse en la materia prima a partir de la cual se desarrolla una conciencia política más amplia.

El poder social crece cuando las luchas dispersas se incorporan a un proyecto político común. Esto exige organizaciones capaces de interpretar la experiencia inmediata de la clase trabajadora y el campesinado, y de vincularla con un análisis del conjunto. Estas organizaciones acumulan la historia de la lucha y los momentos de indignación, que pueden contener un potencial extraordinario de transformación, pero que también pueden ser efímeros. Millones de personas ocupan las calles de El Cairo y Nairobi, Yakarta y Delhi, Buenos Aires y Quito, pero dejan tras de sí poca capacidad duradera. Las clases dominantes de estos países han desarrollado sus propios métodos durante más de un siglo: absorber a sectores de la dirección en la clase dominante y ofrecer concesiones menores a la lucha, dividir a los movimientos enfatizando sus diferencias, agotarlos esperando que se desanimen y reprimirlos para restablecer el orden cuando todo lo demás parece fallar.

Para que la movilización se convierta en poder social duradero, debe crear o fortalecer instituciones: sindicatos, organizaciones campesinas, organizaciones de mujeres, cooperativas, movimientos culturales, centros comunitarios, escuelas de formación política, proyectos de comunicación y partidos políticos. Sin esas instituciones, incluso una gran indignación popular podría dejar poca capacidad para actuar tras el enfrentamiento inmediato. La tarea de la organización no es dar lecciones a los movimientos desde fuera ni limitarse a celebrar su espontaneidad. Consiste en trabajar desde dentro, aprender de su experiencia, ayudar a identificar las fuerzas que generan sus condiciones y vincular las demandas inmediatas con la estructura de la sociedad capitalista. La formación política se desarrolla a través de este proceso, pero no se limita a él. Los partidos y los movimientos también crean espacios deliberados para el estudio y la formación —escuelas, cursos, grupos de estudio y otras formas de aprendizaje colectivo— donde las personas pueden interpretar su experiencia, profundizar su comprensión teórica, desarrollar capacidades organizativas y construir una orientación política compartida. En consecuencia, la formación política tiene sus raíces en la lucha y, al mismo tiempo, se organiza de manera consciente (Asamblea Internacional de los Pueblos y Colectivo Internacionalista de Formación Política, 2025).

Sin embargo, las organizaciones populares no son inmunes a las relaciones que buscan superar. Una jerarquía puede desarrollarse dentro de la propia clase trabajadora cuando quienes organizan, dirigen o poseen conocimiento especializado forman una capa burocrática separada de la militancia de base. Por ello, las instituciones duraderas deben preservar la participación democrática, la crítica, la rotación y la rendición de cuentas, en lugar de tratar la organización en sí misma como una garantía contra la burocratización o la reproducción de la jerarquía. Su vitalidad democrática no está garantizada: depende del contacto sostenido con las masas y de la formación política periódica de los cuadros (Mao, 1965b: 17-25).

En gran parte del mundo, décadas de austeridad han deteriorado los servicios públicos y el nivel de vida de las comunidades de la clase trabajadora. Han surgido movilizaciones de masas contra las políticas y condiciones que han hecho más precaria la supervivencia cotidiana. Las revueltas árabes, Occupy Nigeria, el Estallido Social chileno y el Aragalaya [lucha] de Sri Lanka pusieron en movimiento a millones de personas contra condiciones que se habían vuelto intolerables (Bevins, 2023). Sus diferentes trayectorias nos advierten que no debemos considerar la movilización como un poder social consolidado. Cuando la organización duradera, un programa común y las instituciones independientes siguen siendo débiles, la energía de la movilización de masas puede canalizarse hacia un cambio de gobierno sin que ello produzca una transformación correspondiente de la correlación de fuerzas de clase subyacente. El poder social se vuelve duradero cuando las clases populares cuentan con instituciones a través de las cuales pueden formular demandas, coordinar acciones, formar a sus propixs intelectuales, reproducir la vida colectiva e imponer límites a la clase dominante. Puede existir antes de que un partido socialista llegue al gobierno. De hecho, sin él, una victoria electoral puede dejar la correlación de fuerzas subyacente prácticamente inalterada.

El poder social puede ayudar a defender las instituciones públicas, resistir golpes de Estado, bloquear privatizaciones y transformar el vocabulario político y moral de la sociedad. No obstante, el poder social por sí solo sigue siendo limitado mientras el poder decisivo sobre la inversión, la producción y la tierra permanezca concentrado en el capital y las instituciones del derecho y la coerción continúen reproduciendo el orden de clase existente. Puede disputar el liderazgo de la sociedad ejercido por la clase dominante, pero no transforma por sí solo las relaciones de propiedad capitalistas ni el carácter de clase del Estado.

Poder gubernamental

Desde el siglo XIX, los partidos obreros modernos y los movimientos de liberación nacional trataron de alcanzar la autoridad de gobierno por medio de elecciones, insurrecciones y guerras anticoloniales. Experiencias tan distintas como las revoluciones de Rusia, China y Cuba, la elección de un gobierno comunista en Kerala, India, en 1957, la victoria de Kwame Nkrumah en las primeras elecciones presidenciales de Ghana en 1960, el gobierno de la Unidad Popular en Chile en 1970 y la victoria de Hugo Chávez en Venezuela en 1998 muestran que la obtención de la autoridad de gobierno es un momento importante, pero parcial, dentro de una lucha más amplia por el poder.

A pesar de los inmensos desafíos que enfrentan los gobiernos de izquierda tanto en el plano nacional como en el subnacional, no debe subestimarse la importancia del poder gubernamental. Los gobiernos recaudan y distribuyen parte del excedente social, elaboran presupuestos, nombran funcionarixs, administran servicios públicos, regulan la economía y toman decisiones que afectan a toda la población. Los gobiernos de izquierda han aumentado los salarios, reducido la jornada laboral, ampliado la educación y la atención médica, redistribuido la tierra, protegido a lxs inquilinxs, reconocido los derechos de las comunidades oprimidas y ampliado el espacio en el que pueden actuar las organizaciones de la clase trabajadora. Una comida escolar, la protección contra el desalojo o un salario mínimo más alto pueden transformar la vida cotidiana. Las conquistas logradas mediante la lucha son logros materiales cuya defensa puede fortalecer la confianza de las clases populares en su poder colectivo y la comprensión que tienen de él (Gorz, 1967).

No obstante, hay que distinguir entre el gobierno, el Estado y el sistema en su conjunto. En “Sobre la nueva democracia”, Mao Zedong distingue entre el carácter de clase del sistema estatal y la forma de gobierno mediante la cual se organiza el poder político (Mao, 1965a). Un cambio de gobierno puede modificar las políticas y la composición de las instituciones ejecutivas o legislativas sin cambiar el carácter de clase del Estado. En una transición revolucionaria, en cambio, el poder de clase y la forma institucional no pueden separarse: el nuevo poder de clase requiere instituciones a través de las cuales pueda organizarse y ejercerse.

La autoridad de gobierno también coexiste con otros centros de poder político: tribunales, burocracia permanente, policía y fuerzas armadas, bancos centrales, ministerios de relaciones exteriores y cuerpo diplomático, administraciones subnacionales e instituciones que configuran la opinión pública. Los cargos ejecutivos y legislativos pueden estar abiertos a la disputa electoral, pero controlarlos no equivale a ejercer el mando sobre todo este campo. Jueces, generales, altas autoridades administrativas, diplomáticos y los responsables de los bancos centrales pueden considerarse a sí mismos guardianes de un orden permanente y pueden obstaculizar la actividad legislativa, limitar la política económica o resistirse a un gobierno que amenaza intereses establecidos. Una fuerza laboral especializada como esta no puede reemplazarse de un día para otro, lo que deja a los gobiernos de izquierda expuestos al sabotaje económico y tecnocrático, como lo demostraron la huelga y el paro patronal petroleros de 2002-2003 en Venezuela, durante los cuales fuerzas opositoras, gerentes y técnicos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) prácticamente paralizaron la producción petrolera durante dos meses. Es decir, un gobierno de izquierda puede poseer una autoridad de gobierno considerable y aun así enfrentarse a poderes económicos e institucionales que no controla. El poder gubernamental es, por lo tanto, un terreno de lucha y no la conclusión de la lucha (Poulantzas, 1978: 128-129).

Operar a través de instituciones heredadas genera otro peligro. Para poder desempeñar sus funciones, lxs funcionarixs de izquierda deben aprender los procedimientos administrativos y adquirir competencia técnica. Con el tiempo, también pueden interiorizar los supuestos del Estado sobre lo que es razonable y posible, y llegar a considerar tranquilizar a lxs acreedorxs, satisfacer a los mercados, posponer reformas y traducir las demandas populares en formas administrativamente manejables como requisitos inevitables del gobierno. Esto no es simplemente la historia de individuos débiles que abandonan sus convicciones. Las personas y las organizaciones se ven moldeadas por sus entornos institucionales. La participación prolongada en el gobierno puede convertir la concesión temporal en rutina, la rutina en justificación y la justificación en una transformación de la perspectiva política (Przeworski, 1985; Miliband, 1961).

Un gobierno de izquierda se enfrenta a tres tentaciones relacionadas entre sí: la adaptación, la sustitución y el tutelaje.

• Adaptación: un gobierno se adapta cuando acepta gradualmente los límites impuestos por el sistema existente y se convierte en administrador del orden que prometió cambiar. La adaptación subordina el programa a la correlación de fuerzas existente.
• Sustitución: un gobierno comienza a actuar como sustituto de la organización popular cuando da por sentado que, porque actúa en nombre del pueblo, su acción administrativa puede reemplazar la actividad organizada del pueblo. Se pide a los movimientos que esperen, que se mantengan disciplinados o que defiendan al gobierno sin crítica, mientras la iniciativa de masas independiente llega a ser tratada como una amenaza.
• Tutelaje: un gobierno lleva a cabo un proceso de tutelaje cuando crea organizaciones presentadas como populares, define su ámbito de acción, las financia y las elogia como expresiones de la organización popular. El apoyo público a la organización autónoma no es en sí mismo el problema. El peligro surge cuando las estructuras creadas o validadas por el Estado desplazan a las organizaciones que surgieron en la lucha, se vuelven dependientes de la orientación oficial o colapsan cuando termina el apoyo gubernamental.

La experiencia de Chile bajo el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973) es un ejemplo claro de estas contradicciones.² La victoria electoral permitió al gobierno impulsar un programa ambicioso de nacionalización y redistribución, mientras lxs trabajadorxs y comunidades desarrollaban formas propias de organización y coordinación. Al mismo tiempo, las fuerzas militares, el poder judicial y el aparato burocrático permanecieron prácticamente intactos, y los medios de comunicación privados y el capital nacional y extranjero conservaron un poder significativo. Estas restricciones internas fueron reforzadas por la intervención imperialista estadounidense. El gobierno de Nixon se propuso desde el principio impedir que el entonces presidente Salvador Allende consolidara el poder, mientras la CIA financiaba clandestinamente a partidos de oposición, medios de comunicación y organizaciones del sector privado, y trabajaba para debilitar al gobierno de la Unidad Popular.

La autoridad de gobierno, el poder popular organizado, el aparato estatal heredado, el poder capitalista interno y el poder internacional ejercido a través del Estado estadounidense interactuaron y entraron en conflicto dentro de un mismo proceso. El golpe de Estado de 1973 no puede explicarse solo por una acción gubernamental o por una movilización popular insuficientes. La experiencia chilena muestra que la lucha por el poder gubernamental, el poder social y el poder sistémico se desarrolla simultáneamente en el plano nacional e internacional, y subraya por qué la relación entre estas formas de poder debe tratarse estratégicamente (Tricontinental, 2023).

Kerala presenta un conjunto de restricciones diferente, pero relacionado. En 1957, poco después de que Kerala se constituyera como un estado dentro de India, el Partido Comunista de India ganó el mayor número de escaños en la asamblea estatal y Elamkulam Manakkal Sankaran Namboodiripad (conocido popularmente como EMS) condujo a su partido al gobierno. EMS quiso usar las facultades disponibles para un gobierno estatal con el fin de impulsar la reforma agraria, regular el sistema educativo, fortalecer las protecciones laborales y ampliar el abastecimiento público de cereales. Estas reformas se apoyaron en un movimiento comunista con profundas raíces entre agricultorxs arrendatarixs, trabajadorxs agrícolas y otros sectores organizados de las clases populares, pero la autoridad de gobierno en Kerala siguió limitada por el sistema federal de India y por las facultades ejercidas en el plano nacional. En 1959, tras una sostenida campaña de oposición, el gobierno de la Unión, encabezado por el Partido del Congreso, destituyó al gobierno comunista en virtud del artículo 356 de la Constitución. La experiencia de Kerala muestra, así, tanto lo que el poder social organizado puede hacer posible cuando se traduce en autoridad de gobierno como los límites del poder gubernamental cuando el orden estatal y económico más amplio permanece fuera de su control.

La cuestión no es si la participación gubernamental es, por naturaleza, revolucionaria o reformista. Se trata de cómo cambia esa participación la correlación de fuerzas: si fortalece la capacidad independiente de las clases populares, si absorbe el movimiento dentro de las instituciones estatales heredadas o produce ambas tendencias en tensión.

Desde esta perspectiva, el poder gubernamental es más productivo cuando fortalece el poder social y abre al mismo tiempo un camino hacia la transformación sistémica. Un gobierno de izquierda puede ampliar el espacio organizativo de lxs trabajadorxs y del campesinado, facilitar el acceso a la información, transferir recursos a las instituciones populares, someter las decisiones económicas al debate público y hacer visibles las formas en que el capital obstruye la reforma. Al hacerlo, el gobierno de izquierda no solo impulsa reformas desde el gobierno, sino que también puede aprovechar ese poder para ayudar a construir un bloque político más amplio de las clases populares capaz de desafiar el sistema arraigado del poder capitalista.

La relación entre movimientos y funcionarixs debe permanecer dialéctica. Los movimientos no deben convertirse en apéndices del gobierno, ni deben actuar como si las decisiones gubernamentales fueran irrelevantes. Los gobiernos necesitan la presión popular para romper con las costumbres burocráticas y la resistencia de las élites. Los movimientos necesitan políticas y recursos públicos para mejorar la vida de la gente a gran escala y ampliar su capacidad de lucha. Pueden surgir conflictos cuando lxs trabajadorxs y comunidades se oponen a decisiones de un gobierno de izquierda, pero una cultura política revolucionaria debe ser capaz de atravesar esos conflictos sin tratar la crítica como traición.

El poder gubernamental es valioso, pero inestable. Está moldeado por el poder acumulado en la sociedad, al tiempo que opera dentro de las estructuras más profundas del Estado y de la economía. Si las fuerzas sociales organizadas son débiles o están en gran medida ausentes, puede ser neutralizado y convertirse en un instrumento de desmovilización si conservar el cargo se vuelve más importante que mantener un proyecto político independiente. Por lo tanto, para evaluar si, o de qué forma, resulta beneficioso ocupar el poder gubernamental en un contexto determinado, se deben considerar tanto los avances en materia de organización, condiciones de vida material y confianza de clase que el gobierno hace posibles, como el grado en que una participación prolongada en el gobierno podría llevar a los movimientos y a lxs funcionarixs a interiorizar la lógica del Estado capitalista. Ninguna fórmula resuelve esta cuestión de antemano, pero la cuestión en sí misma no puede eludirse.

Poder sistémico

Con frecuencia se describe al Estado como un instrumento neutral que aplica el programa de quien gana una elección. Esto es incorrecto. El Estado capitalista moderno no surgió sobre un terreno vacío. Sus leyes, formas de propiedad, rutinas administrativas, instituciones coercitivas e ideas de orden se desarrollaron en paralelo al capitalismo. Puede limitar a los capitalistas individuales, regular los mercados, aplicar impuestos a la riqueza, crear sistemas de bienestar social y nacionalizar industrias, por lo general como resultado de la lucha popular. Pero contener a una fracción del capital no es lo mismo que superar el poder capitalista. El Estado puede disciplinar a determinados capitalistas o a fracciones del capital con el fin de preservar las condiciones de acumulación y el sistema capitalista en su conjunto (Poulantzas, 1978; Block, 1977: 6-28).

En el Sur Global, las relaciones que debe enfrentar la transformación sistémica también están moldeadas por la conquista colonial y sus secuelas. Las administraciones coloniales reorganizaron la tierra, el trabajo, los impuestos, las fronteras, el estatus legal y la coacción para facilitar la extracción de recursos y el dominio imperialista. La independencia formal estableció la soberanía nacional, pero no transformó automáticamente economías estructuradas en torno a la exportación de materias primas, la propiedad desigual de la tierra, las jerarquías raciales y étnicas, las finanzas externas o instituciones administrativas separadas del pueblo. En estas condiciones, la transformación sistémica debe enfrentar tanto las relaciones de clase internas como las relaciones internacionales y neocoloniales a través de las cuales se reproducen. Sus dimensiones de clase, nacional, anticolonial y antiimperialista no pueden separarse ni tratarse como añadidos a un modelo derivado de los centros capitalistas.

Esta dinámica se ha manifestado a lo largo de la historia. Cuando las fuerzas anticoloniales conquistaron el poder estatal, muchas buscaron romper las formas de dominación externa —lo que Nkrumah llamó “neocolonialismo”— y establecer una soberanía nacional sustantiva. Aun así, sus trayectorias divergieron (Chela y Prashad, 2024; Chelwa y Prashad, 2026). Los procesos revolucionarios que desarrollaron proyectos explícitamente socialistas, como los de China y Vietnam, fueron más allá al transformar las relaciones de propiedad y las instituciones estatales en un esfuerzo por consolidar nuevas relaciones de poder de clase. Sin embargo, muchos otros proyectos estatales anticoloniales fueron posteriormente debilitados, derrocados o redirigidos mediante golpes de Estado, crisis de deuda y programas de ajuste estructural respaldados por el FMI y el Banco Mundial.

Para gran parte del Sur Global, la lucha por el poder apareció inicialmente como una confrontación entre una nación y las fuerzas externas que la dominan, más que como una lucha de clases inmediatamente visible. Los procesos en países como Venezuela y en todo el Sahel, por ejemplo, comenzaron intentando reconstruir la soberanía nacional (Tricontinental, 2025a). Bajo la presión de la deuda, las sanciones, las protecciones a la inversión extranjera, el comercio desigual y la dependencia monetaria, la soberanía es sin duda un terreno necesario de lucha y una condición previa de los programas transformadores.

Con todo, el poder imperial no solo está mediado por fuerzas externas, sino también por fuerzas de clase internas que se benefician de la dependencia, entre ellas sectores del capital comercial y financiero y las clases terratenientes, cuya acumulación está vinculada al capital extranjero. Las luchas que convocan a la unidad nacional contra el ataque externo sin enfrentar las fuerzas de clase internas a través de las cuales se reproduce el poder imperialista posponen la cuestión de quién controla la producción, la tierra y los recursos nacionales. Recuperan soberanía sin transformar las relaciones de producción y se limitan a reemplazar una élite alineada con el exterior por una élite nacional. La soberanía es, por tanto, necesaria para la transformación socialista, pero no puede sustituirla. La lucha antiimperialista y la lucha de clases deben entenderse como dimensiones entrelazadas de un mismo proceso.

Las instituciones y los mecanismos financieros son fundamentales en la arquitectura contemporánea del poder neocolonial: las negociaciones de la deuda pueden convertirse en mecanismos para imponer austeridad y privatización, mientras los bancos, los mercados de bonos y los inversionistas institucionales determinan si los Estados pueden obtener crédito y en qué condiciones. Los acuerdos comerciales y de inversión pueden restringir aún más el espacio de políticas públicas disponible para los gobiernos. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio establece normas internacionales de protección de la propiedad intelectual que pueden reforzar los derechos monopólicos sobre medicamentos, tecnologías e incluso variedades vegetales.

Por otra parte, el papel dominante del dólar estadounidense en el ámbito internacional le otorga a Estados Unidos una influencia particular a través de un sistema financiero en el que las reservas, el comercio, la deuda y los pagos transfronterizos siguen estando fuertemente denominados en dólares.³ Las agencias de calificación crediticia pueden influir aún más en el costo y la disponibilidad de los préstamos. Las corporaciones multinacionales ejercen un poder enorme mediante su control sobre las cadenas de suministro globales, las tecnologías, las patentes y la inversión (Tandon, 2015).

La transformación sistémica también debe enfrentar la herencia colonial de economías que a menudo dependen de rentas derivadas de una sola commodity de exportación. Bajo un gobierno de transformación profunda, el petróleo, los minerales y otras exportaciones pueden proporcionar recursos para la redistribución y la inversión pública. No obstante, la dependencia de esos ingresos deja al proceso expuesto a caídas bruscas de los precios, sanciones, control extranjero del comercio y la tecnología, y la persistencia de una estructura productiva extractiva. Los ingresos pueden ampliar el margen de acción sin transformar por sí mismos la base productiva necesaria para sostener la soberanía.

Dentro de esta arquitectura del poder, se mantiene la desigualdad económica mientras se otorgan a lxs trabajadorxs ciertos derechos políticos como ciudadanxs formalmente iguales ante la ley. Dentro de la producción, lxs capitalistas siguen siendo propietarixs del capital o controlándolo y ejercen autoridad sobre la inversión, la tecnología, el empleo y el proceso de trabajo, mientras lxs trabajadorxs dependen de la venta de su fuerza de trabajo para sobrevivir. La igualdad política formal es significativa, pero dentro de este marco se apoya en una base social de desigualdad económica.

El poder sistémico busca transformar esta arquitectura más amplia, integrada en las relaciones mediante las cuales se organiza la vida material: propiedad privada, trabajo asalariado, finanzas, tierra, reproducción social, división del trabajo y mercado. Esta arquitectura vincula el lugar de trabajo con el ministerio, lxs acreedorxs con el banco central, la corporación con el acuerdo comercial, el Estado heredado con el mercado mundial. Aunque históricamente producidas, estas relaciones llegan a parecer leyes naturales e inmutables que rigen la vida social, y no relaciones sociales que las personas han creado y pueden transformar.

Una vía para superar esta contradicción consiste en introducir nuevas relaciones socialistas dentro de instituciones y estructuras productivas aún integradas en el viejo orden, lo que Chávez llamó “estrategia del injerto”. Un injerto, explicaba, es una nueva unidad de propiedad social establecida como “centro de gravedad” dentro de una economía aún dominada por el capital. No está destinado a permanecer como un enclave y debe extender su influencia “en todas las direcciones”: a lo largo de las cadenas de suministro, hacia la distribución y hacia las escuelas, la vivienda y la vida comunitaria que lo rodean. Advirtió que, si se lo dejaba solo, el “mar del capitalismo” se tragaría el injerto, aplastándolo directamente o reabsorbiéndolo en las relaciones capitalistas, incluso aunque siguiera siendo formalmente de propiedad social (Chávez, 2012). En este experimento, el poder gubernamental fue utilizado para ayudar a construir poder social, ambos orientados hacia la transformación sistémica.

En el camino hacia la transformación sistémica, distintos procesos revolucionarios, desde Venezuela hasta la Unión Soviética y China, se han nutrido de las lecciones de la Comuna de París de 1871. Como escribió Marx, esta experiencia demostró que la clase trabajadora no podía limitarse a tomar posesión de la maquinaria estatal existente y utilizarla sin cambios para nuevos fines (Marx, 2021). Lenin desarrolló además este argumento en El Estado y la revolución (Lenin, 1964). El problema, para ambos, no era la administración en sí misma —toda sociedad compleja requiere coordinación, conocimiento, registros, planificación y toma de decisiones colectiva—, sino la separación de estas capacidades del control popular y su concentración en un poder especializado situado por encima de la sociedad. Un proceso revolucionario enfrenta un problema práctico adicional: los movimientos que desarrollan grandes capacidades de organización y lucha no poseen automáticamente las capacidades técnicas y administrativas necesarias para gobernar instituciones complejas. Construir esas capacidades mientras se mantiene el control popular es en sí mismo parte de la transformación sistémica.

Transformar el poder estatal exige, por tanto, más que reemplazar a ministrxs conservadorxs por ministrxs socialistas. Requiere democratizar la administración y enfrentar instituciones coercitivas que no son políticamente neutrales. Es posible que la policía, las fuerzas armadas y los organismos de seguridad deban subordinarse al control democrático y popular, transformarse desde dentro, ser reemplazados por nuevas formas de defensa popular o reconfigurados mediante alguna combinación de estos procesos. La transformación sistémica también requiere rehacer las instituciones cuyas rutinas reproducen la dominación de clase, colonial, racial, de casta y patriarcal. La democracia no puede limitarse a elecciones periódicas, sino que debe extenderse a todo el proceso de gobierno: identificar necesidades, deliberar sobre prioridades, tomar decisiones, implementarlas, evaluar resultados y corregir errores. La planificación democrática debe, asimismo, coordinar necesidades y capacidades entre lugares de trabajo, regiones, sectores y generaciones, en lugar de dejar esas decisiones exclusivamente en manos de ministerios, expertxs técnicxs o el mercado.

Sin embargo, la transformación política alcanza su límite si la producción permanece fuera del control democrático. Mientras las decisiones principales sobre inversión y producción sigan bajo control privado, el capital conserva el poder decisivo sobre qué se produce, hacia dónde fluye la inversión, qué tecnologías se desarrollan, qué mano de obra se emplea y qué se descarta por no ser rentable. Un gobierno puede legislar en nombre del pueblo mientras la acumulación privada sigue gobernando las bases materiales de la vida. Un proceso revolucionario debe, por tanto, socializar las decisiones fundamentales que organizan la existencia colectiva. Esto puede requerir control público democrático de las finanzas, la energía, los minerales, el transporte, las comunicaciones, la industria a gran escala, la tierra y otros sectores estratégicos. La propiedad pública puede ser necesaria en tales sectores, pero no es suficiente. Una empresa estatal puede preservar la jerarquía en el lugar de trabajo, los privilegios burocráticos y la exclusión de trabajadorxs y comunidades. La socialización debe extender la autoridad democrática a la producción, la planificación, la inversión y la asignación del excedente social. Debe coordinar entre regiones y sectores, considerar los límites ecológicos y equilibrar las necesidades inmediatas con las prioridades sociales y ecológicas a más largo plazo.

Las preguntas son concretas:

• ¿Quién decide qué produce una fábrica o una explotación agrícola?
• ¿Qué necesidades sociales se priorizan?
• ¿En qué condiciones se realiza el trabajo?
• ¿Qué consecuencias tiene la producción para las comunidades y los ecosistemas circundantes?
• ¿Quién controla el excedente social y con qué fines se asigna?
• ¿Qué autoridad tienen lxs trabajadorxs en la planificación y la gestión?

Estas no son cuestiones administrativas secundarias. Determinan si la producción se reorganiza en torno a las necesidades humanas o si es administrada simplemente por una nueva capa gerencial.

La transformación sistémica también debe implicar la creación de nuevas instituciones de autoridad y participación populares. Sus formas han sido históricamente diversas: comunas, sóviets y consejos, congresos populares, comités de aldea y de barrio, órganos consultivos, organizaciones de masas, frentes populares, consejos comunales y mecanismos populares de supervisión y revocación del mandato. Las comunas de Venezuela, por ejemplo, ofrecen un caso concreto de esfuerzos por construir autoridad popular mediante la organización territorial, los recursos públicos y la producción colectiva dentro de un Estado y una economía más amplios que siguen siendo disputados. De este modo, contribuyen a forjar el poder popular y la correlación de fuerzas necesarios para una transformación sistémica. Lo importante es si permiten al pueblo deliberar, decidir, implementar, supervisar y corregir, y si su autoridad se expande frente a la burocracia y el capital.

Las instituciones populares también pueden ser vaciadas de contenido por organizaciones que afirman actuar en su nombre. En su carta de marzo de 1920 a Lenin, Piotr Kropotkin advirtió que los comités de partido habían desplazado en la práctica a los sóviets y reproducido los defectos de la burocracia. No se trata de contraponer la organización a la espontaneidad, sino de garantizar que los partidos, lxs funcionarixs y los órganos administrativos sigan rindiendo cuentas ante las instituciones a través de las cuales trabajadorxs y comunidades ejercen su iniciativa y autoridad (Kropotkin, [1920] 1995).

El nuevo Estado sigue siendo un terreno de lucha. Lxs funcionarixs pueden adquirir privilegios, lxs expertxs pueden aislarse de la supervisión democrática y las instituciones revolucionarias pueden desvincularse del pueblo que las creó. La autoridad política también puede contribuir a transformar la subjetividad humana, como argumentó Che Guevara en sus reflexiones sobre la conciencia socialista y el “hombre nuevo”, pero esa transformación depende de la participación consciente y de nuevas relaciones sociales, más que de las meras exhortaciones administrativas (Guevara, 1965).

Un nuevo orden no puede borrar simplemente ni aceptar sin cambios los conceptos de autoridad, justicia, comunidad, liderazgo y obligación que hereda. Debe trabajar críticamente con las formas culturales heredadas, preservando y transformando lo que pueda servir a un proyecto emancipador, al mismo tiempo que disputa las jerarquías que estas contienen. Las tradiciones revolucionarias han enfrentado repetidamente este problema. Los esfuerzos por desarrollar el marxismo en relación con las condiciones históricas de China, el llamado de Amílcar Cabral a un “regreso a la fuente” y a la reafricanización, y la insistencia de José Carlos Mariátegui en que el socialismo en América debe ser una “creación heroica” y no calco y copia plantean una pregunta común: ¿cómo puede un proceso revolucionario nutrirse de tradiciones culturales vivas al tiempo que transforma las relaciones de dominación arraigadas en ellas? (Cabral, 1970; Mariátegui, 2011: 127-132).

Por todas estas razones, el poder revolucionario debe medirse por la expansión continua de la capacidad popular, que se refleja en la cultura revolucionaria. Un Estado no puede considerarse socialista solo porque ice una bandera roja o utilice un lenguaje revolucionario. Su carácter debe juzgarse concretamente:

• ¿Lxs trabajadorxs y las comunidades están ganando autoridad sobre la producción y la planificación?
• ¿El campesinado está ganando poder sobre la tierra y la agricultura?
• ¿Las mujeres y las comunidades oprimidas están adquiriendo medios institucionales para transformar la vida social?
• ¿El pueblo puede supervisar a los organismos públicos y corregir la política?
• ¿Las nuevas instituciones están reduciendo la separación entre quienes gobiernan y quienes son gobernados?

El poder sistémico no es un aparato que pueda capturarse de una vez y para siempre. Es la capacidad de transformar y reproducir las relaciones sociales bajo la dirección popular continua.

El poder como proceso

Las tres formas de poder —social, gubernamental y sistémico— no son peldaños de una escalera por la que cada movimiento asciende en un orden fijo: se desarrollan de manera simultánea y desigual. En las crisis revolucionarias pueden surgir y coexistir centros rivales de autoridad política, lo que Lenin describió en la Revolución Rusa como “dualidad de poderes”. Las instituciones revolucionarias pueden ejercer autoridad junto con las del Estado existente y en competencia con ellas. Las bases de apoyo revolucionarias de China ofrecen un ejemplo relacionado, pero distinto: la organización social, la autoridad armada, la administración, la reforma agraria y las nuevas instituciones políticas se desarrollaron conjuntamente en territorios disputados entre las fuerzas revolucionarias y el orden existente. En otras circunstancias, el poder social puede crecer mediante la organización legal, el poder gubernamental puede crecer mediante elecciones, y la confrontación por el poder sistémico puede agudizarse cuando fuerzas arraigadas obstaculizan la reforma.

La relación entre las tres formas es fundamental para la estrategia socialista:

• El poder social prepara al pueblo para gobernar mediante el desarrollo de la organización, el conocimiento, la confianza, la cooperación material y la unidad política. Sin suficiente poder social, un gobierno de izquierda puede quedar aislado y verse obligado a retroceder o a hacer concesiones bajo la presión del capital, los medios hostiles y las instituciones estatales arraigadas. Pero un poder social que no desarrolle una estrategia de transformación gubernamental y sistémica puede no llegar a convertir su fuerza organizada en un cambio social más amplio.
• El poder gubernamental puede lograr reformas, reorientar recursos, abrir espacio institucional y exponer los límites del orden heredado. Puede servir de puente entre el poder social organizado y la transformación sistémica. Pero también puede contener a los movimientos, reducir sus expectativas y convertir organizaciones independientes en maquinaria electoral. Sin un poder social independiente que lo respalde, el gobierno puede quedar aislado o ser absorbido por el orden existente; sin enfrentar el poder sistémico, sus reformas siguen limitadas por estructuras que no controla.
• El poder sistémico se ejerce a través de la transformación de la propiedad, la producción, el Estado y las relaciones más amplias mediante las cuales se reproduce el dominio capitalista. Pero la transformación sistémica depende de un poder social sostenido que mantenga las nuevas instituciones bajo dirección popular, y de instituciones políticas capaces de organizar y administrar las relaciones sociales transformadas. Sin ello, la transformación sistémica puede generar un nuevo poder situado por encima del pueblo en cuyo nombre actúa.

La estrategia política debe, por tanto, formular preguntas concretas en lugar de inferir el poder a partir de cargos, leyes o consignas:

• ¿Una lucha determinada deja al pueblo mejor organizado, con mayor capacidad política y en mejores condiciones materiales que antes?
• ¿Cómo altera una reforma la correlación de fuerzas entre las clases populares y el capital?
• ¿Una victoria electoral amplía la participación popular o reduce cada vez más la política al trabajo de ministrxs y funcionarixs?
• ¿Un programa público transfiere autoridad a trabajadorxs y comunidades, o la concentra en una burocracia que no rinde cuentas?
• ¿La nacionalización somete la planificación, la inversión y el excedente social a control democrático, o se limita a reemplazar a un propietario privado por un gerente nombrado por el Estado?
• ¿La cooperación internacional amplía la soberanía colectiva o reproduce la dependencia?
• ¿Las nuevas instituciones permiten al pueblo criticar a sus dirigentes, corregir el rumbo de la política y revocar o destituir a representantes que hacen mal uso de su autoridad?

Estas preguntas ayudan a evitar dos errores opuestos. La ilusión electoral confunde el control del gobierno con el control del sistema, mientras que la impaciencia revolucionaria descarta las reformas, las elecciones y las victorias parciales porque no eliminan de inmediato el capitalismo. Las reformas pueden construir poder social cuando crean instituciones duraderas, desarrollan confianza política y aclaran el conflicto de clases. Las elecciones pueden impulsar la política revolucionaria cuando amplían la participación y ponen de manifiesto los límites de las instituciones existentes. El poder gubernamental puede convertirse en un puente hacia la transformación sistémica cuando la autoridad pública se utiliza para debilitar el poder del capital y fortalecer la capacidad popular independiente.

El poder no es un objeto almacenado en un parlamento, un ministerio o un palacio presidencial. Es una relación entre fuerzas sociales que se reproduce mediante instituciones y la vida cotidiana. La clase dominante es poderosa no solo porque controla los medios de producción y ejerce influencia a través del aparato coercitivo y otras instituciones estatales, sino porque la propiedad privada, el trabajo asalariado, la ley, la educación, la cultura y las instituciones de reproducción social mantienen y renuevan continuamente las relaciones sociales en las que se sostiene su poder. La clase trabajadora no se vuelve poderosa por declaración, sino desarrollando la capacidad práctica de organizar la producción, sostener comunidades, crear conocimiento, construir alianzas, gobernar la sociedad y defender un nuevo orden.

Todo orden dominante se presenta a sí mismo como permanente. Sus leyes parecen más antiguas que la historia, sus instituciones más sólidas que la piedra y sus desigualdades parte del orden natural. Sin embargo, todo orden social fue hecho por seres humanos. Lo que se ha creado se puede volver a crear.

La medida del socialismo no es el color de una bandera sobre un edificio gubernamental. Es la capacidad creciente del pueblo para dar forma a su trabajo, sostener la vida colectiva, participar en la planificación de la sociedad, gobernar sus comunidades, exigir rendición de cuentas a sus dirigentes y determinar su futuro compartido. La tarea no es simplemente poner una mano nueva sobre la vieja maquinaria, sino transformar las instituciones y las relaciones sociales a través de las cuales se ejerce el poder, y dar al poder popular una forma democrática duradera. Ese es el horizonte: un pueblo que aprende a gobernarse a sí mismo y, a través de ese proceso, aprende a construir un mundo nuevo.

Notas

Referencias bibliográficas