Jóvenes por el Clima (JOCA) es una organización socio-ambiental que nació en 2018 a raíz de las movilizaciones en Europa por la crisis climática y ecológica. Surge intentando repensar, a la luz de la coyuntura y las particularidades de nuestra región, un horizonte de lucha indisociable entre la justicia climática, un ambiente sano y una sociedad justa. Esto porque sostenemos que los más marginados de nuestra sociedad serán los principales afectados por las consecuencias del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, y demás problemas ambientales.
En sus casi dos años de existencia, Jóvenes por el Clima ha contribuido a organizar movilizaciones masivas y ha incidido en muchas instancias de decisión institucional -por ejemplo, impulsando la sanción de la “Ley de presupuestos mínimos para la mitigación y adaptación del Cambio Climático”, la declaración de emergencia climática y la sanción del Acuerdo de Escazú- demostrando que la juventud no es solo el futuro sino el presente.
A la hora de repensar las configuraciones socioeconómicas, la cuestión ambiental se vuelve un factor imposible de ignorar. Comprendiendo que el surgimiento de la pandemia está íntimamente vinculado a un modelo económico-productivo que crece a costa de la destrucción de los ecosistemas, resulta fundamental exigir que la justicia ambiental ocupe un lugar central dentro de los nuevos paradigmas.
En este sentido, las discusiones vinculadas a las problemáticas socioambientales toman una nueva dimensión en la agenda política. Un ejemplo de lo mencionado, es la movilización alrededor de una “Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Humedales”, más coloquialmente conocida como Ley de Humedales. Este es el tercer intento (tras el fracaso en 2008 y 2013) por sancionar una legislación que regule la actividad en estos ecosistemas. Otros temas importantes fueron la fuerte resistencia al probable acuerdo con la República Popular China, por la producción de cerdos en grandes granjas privadas, con el fin de satisfacer su propia demanda. Y por último la fuerte presión popular para que se atiendan de manera más certera los fuertes incendios forestales en la región centro y norte del país.
La noción de que los recursos de la naturaleza son “explotables” por el ser humano en pos de obtener ganancias que mejoren sus condiciones de vida ha probado ser falsa. El 82% de la riqueza generada está en manos del 1% más rico y siguen sin estar cubiertas las necesidades básicas de millones de personas, tanto en nuestro país como en el mundo. Este sistema productivo, además, compromete seriamente el bienestar de las generaciones venideras, ya que la explotación que se hace de los recursos hoy opera en detrimento de la posibilidad de contar con esos mismos recursos en el futuro.
Dentro de este contexto, las organizaciones del ambientalismo popular enfrentamos el enorme desafío de complejizar una retórica que no caiga en falsas confrontaciones internas del “pueblo contra el pueblo”, del productor rural contra el ciudadano urbano y de la producción contra una naturaleza prístina. El verdadero debate que se tiene que dar dentro del movimiento socio ambiental es el de disputar un modelo que busque garantizar los derechos humanos básicos, como lo es el habitar en un ambiente digno y sano.
En este sentido, si evaluamos el “desarrollo” que viene proporcionándonos el sistema económico actual, se vuelve evidente que el mismo no logra pensar un esquema productivo que considere como fundamentales los miles de servicios ecosistémicos que garantizan los recursos básicos para el bienestar poblacional.
Por el contrario, basamos nuestra matriz productiva en la explotación indiscriminada de nuestros bienes comunes naturales, sin perspectiva de sostenibilidad para las generaciones futuras. Así, profundizamos una dependencia estructural que condiciona nuestro desarrollo futuro en términos sociales, económicos y ambientales a mediano y largo plazo.
El desafío es poder viabilizar políticas de genuino desarrollo local (entendiendo al concepto de “desarrollo” como aquél que resulta ser sostenible en el tiempo y que logra materializar sus frutos en la calidad de vida de toda la población) en un mundo con complejos equilibrios ecosistémicos. Evaluamos las leyes, medidas o iniciativas en materia económica y socioambiental en función del acercamiento hacia una construcción colectiva que garantice una mayor equidad y un futuro al cual proyectar.
La mayoría de las políticas ambientales argentinas (Ley de Bosques, Ley de Glaciares, Fallo “Mendoza” de la CSJN sobre la contaminación del Riachuelo) sólo se lograron gracias a una importante organización y movilización de la opinión pública.
En tal sentido, el potencial acuerdo con China para la instalación de granjas industriales de cerdos no será la excepción, siendo imprescindible dar una discusión de fondo sobre si un plan así no atenta directamente contra el ambiente. Incorporar la dimensión ambiental al análisis de ciertas actividades productivas particulares puede ser muy provechoso, generando compromisos de gobiernos y productores de no impulsar ciertos proyectos que afecten nuestra tierra, así como enriqueciendo el debate sobre hacia dónde debe dirigirse una futura matriz productiva que centre sus metas de desarrollo en el pueblo.
La polémica desatada halla su inicio en las comunicaciones públicas sobre el acuerdo, que estuvieron signadas desde el comienzo por la confusión y el hermetismo informativo. Cancillería anunció el 6 de julio una inversión mixta entre empresas argentinas y chinas para la producción de 9 millones de toneladas de carne porcina, en línea con las declaraciones del CEO de la empresa Biogénesis Bagó. La respuesta del ambientalismo fue inmediata y expresó un rotundo rechazo a la propuesta, alegando la inviabilidad ambiental, sanitaria y económica de la misma: más allá de la urgencia por las divisas, un acuerdo de ese tipo suponía una cesión de soberanía en función de la necesidad china, abriendo el camino para la profundización de un sistema agroindustrial insostenible, concentrado, poco ético y profundamente riesgoso para los ecosistemas y la salud pública. Luego de la campaña #BastaDeFalsasSoluciones, impulsada por Jóvenes por el Clima en conjunto con otras organizaciones socioambientales como Alianza por el Clima, se logró poner el tema en agenda. Pocos días después, Cancillería modificó la cifra publicada alegando un error: en lugar de 9 millones de toneladas, el acuerdo implicaba 900.000 toneladas en un período de 5 a 8 años.
Independientemente del escepticismo que genera esta modificación, a la hora de analizar el acuerdo se vuelve inevitable enmarcarlo en un debate más amplio. Como sociedad estamos presenciando un cambio de paradigma en nuestro país, en donde lo ambiental está pasando de ser un aspecto secundario a considerarse una incorporación obligada y transversal a todas las decisiones tanto del sector público como privado. Los movimientos juveniles que nacieron de las protestas europeas lideradas por Greta Thunberg y que salen a las calles de todo el mundo exigiendo acción frente a la crisis climática y ecológica, marcan un cambio de época ya que no solo reclaman por una ley específica o se oponen a un proyecto extractivo puntual, sino que demandan una transformación profunda en la lógica económica y productiva. La ciencia nos advierte que nuestra manera de producir y consumir está llevando a la Humanidad a un potencial colapso civilizatorio, y este desalentador diagnóstico nos enfrenta a lxs militantes ambientales latinoamericanxs a un gran desafío: ¿Por dónde empezar? Parece una pregunta escueta pero la respuesta no es sencilla.
Si los países del norte global, con ingresos per cápita mucho mayores a los nuestros y una responsabilidad histórica en las emisiones de gases de efecto invernadero significativamente superior no están tomando medidas suficientes para poner en marcha una transición de la magnitud necesaria ¿Cómo incorporar la perspectiva ambiental en un país que atraviesa una profunda crisis económica y social, que no tiene resuelta su inserción internacional a largo plazo y que está apremiado a conseguir divisas para el repago de la deuda externa? ¿Cómo construir un movimiento ambiental que, incorporando y entendiendo estas restricciones objetivas, igualmente presione para generar transformaciones estructurales y priorice en el proceso el bienestar de los sectores históricamente postergados?
La lucha ambiental es de largo aliento, y este acuerdo con China se enmarca en el amplio abanico de actividades que hacen a un perfil productivo que sin lugar a dudas debemos modificar. Es fundamental que no se sigan tomando medidas a espaldas de la sociedad, hipotecando nuestro futuro y con la lógica de designar partes de nuestro país como territorio de sacrificio.
La clara expresión de que la crisis climática no es una proyección futura sino una problemática presente que ya desafía el bienestar de la población fueron los incendios que afectan y afectaron a nuestro territorio. La sequía histórica y la bajante del Río Paraná se conjugaron con la irresponsabilidad productiva dejando como saldo 898.755 hectáreas de tierra arrasada en nuestro país. Actualmente, hay focos activos en las provincias de Córdoba, Salta, Tucumán, Jujuy, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos
El análisis en relación a las causas de este tipo de fenómenos no puede reducirse a una mirada exclusivamente enfocada en factores técnicos, vinculados a los formatos productivos de las actividades que se desarrollan en los territorios afectados. La pulverización ecosistémica es el resultado de la concatenación de una serie de acciones que conjugan una verdadera escena del crimen.
La depredación ambiental, base del modelo agroindustrial imperante, es el encendedor en esta historia. Y quienes sostienen el encendedor, los autores intelectuales y materiales del crimen, son quienes se benefician del avance del fuego. Empresarios y dirigencias políticas cómplices. Las víctimas no solo son los pastizales, los humedales o los bosques. El rostro de las víctimas lo vemos en miles de comunidades cuyas condiciones de vida fueron terminantemente erradicadas. En este juicio, las partes se componen por el agronegocio, por un lado, y el pueblo, por el otro. Y el agronegocio pretende ser su propio juez.
El contexto de cada realidad provincial se ve atravesado por el incremento de las condiciones de deterioro ambiental que el cambio climático viene provocando. Córdoba, actualmente, transita una de las peores sequías de su historia. El nivel de agua del río Paraná descendió a unos 0,60 metros, la bajante más pronunciada en sus últimos 50 años. El norte argentino padece un incremento en los niveles de deforestación: la intensificación de la política de desmonte exterminó por completo la resiliencia de las provincias del norte, dejándolas expuestas a desastres ambientales mucho más virulentos. Esta es la dimensión del cambio climático y sus efectos en todo el país. Esta es la caja de resonancia de los incendios.
El hecho de que estos problemas sean globales y multicausales no implica que no haya responsables y sectores identificables que promueven y lucran a partir de dicho modelo, el cual no solamente fomenta la concentración de la riqueza, sino que también genera escasez de recursos. El modelo vigente tiende a una desigualdad cada vez más cruda e irreversible.
Afirmar que el fuego tiene dueños no es una enunciación metafórica. Lamentablemente, es una descripción concreta de los hechos: el 95% de los incendios fueron provocados intencionalmente. Esto sucede por la misma naturaleza de las prácticas productivas que año a año se aplican a los suelos y que, sistemáticamente, modifican el ambiente.
Ejemplo de ello es el caso de los incendios en las provincias que forman parte de la zona del Delta del Río Paraná, en donde tanto los colectivos socioambientales, como las autoridades públicas, indican que el punto de partida del fuego radica en las técnicas de renovación de pasturas empleadas por un conjunto de productores ganaderos. Estas quemas deben ser autorizadas por una figura pertinente. De lo contrario, avanzar con las quemas sin ninguna autorización del Estado constituye el delito de incendio, contemplado en diferentes modalidades en el Título XVII, Capítulo II del Código Penal, artículos 352 a 358 bis. La pena que se prevé depende de las circunstancias concretas del caso. Entre los 6 meses de prisión y varios años, teniendo en cuenta la afectación a las zonas, así como el impacto a personas o propiedades ajenas.
Las imputaciones dictadas por la justicia de Victoria en Entre Ríos apuntan a la actividad agropecuaria. Pero para no quedarnos únicamente en la esfera de las teorías que se barajan en los procesos judiciales es necesario demarcar el entrelazamiento entre el poder económico de los mayores propietarios de tierras en las zonas de los incendios y la complicidad de la dirigencia política local. Ningún desastre ambiental puede desligarse de la correlación de fuerzas económicas y políticas. Cuando un terrateniente prende fuego miles de hectáreas de pastizales sin ninguna autorización del Estado, en la mayoría de los casos prima la impunidad, que le otorga el poder en el que se ampara.
Teniendo en cuenta la relación directa entre la política y el poder económico, los colectivos socioambientales no deben abocarse, simplemente, al impulso de políticas de regeneración ambiental o de mitigación de los impactos. Necesitamos construir una narrativa basada en la búsqueda de la raíz del problema. No basta con denunciar al empresariado responsable de las quemas; no basta con señalar la desidia del estado frente estas problemáticas; no basta con la enunciación combativa.
La experiencia material de los incendios coloca al desafío de transformar la matriz extractivista de nuestro modelo productivo en el centro de la escena. Este es el camino principal que tienen que recorrer las luchas sociales de la nueva era. La militancia contra el sistema de explotación social inevitablemente desemboca en la batalla contra la extinción. Esta conclusión derrota toda prerrogativa que el discurso tradicional del ambientalismo suele instalar para definir sus líneas de acción. No luchamos levantando colillas del suelo en las ciudades, modificando nuestros hábitos de consumo en un departamento de recoleta o simplemente transformando nuestra dieta. Militamos por un sistema político, social, económico y cultural radicalmente distinto. La disputa del sentido común se caracteriza por identificar la urgencia de las soluciones. Los cambios tienen que materializarse en el corto plazo y para lograrlo hay que construir una categoría de militancia colectiva. Nunca fue tan cierto: la organización vence al tiempo.
Otro de los grandes conflictos de este momento es la lucha por una “Ley de Humedales”. Los humedales son ecosistemas heterogéneos que proveen a las comunidades de agua dulce para la producción y el consumo humano-animal -garantizando el cultivo de distintos alimentos, como granos, carne, frutas y verduras. Estos ecosistemas funcionan como esponjas, porque retienen el agua de las lluvias para luego liberarla lentamente -protegiendo a las comunidades de inundaciones-. Además, colaboran con el filtrado de contaminantes y el secuestro de carbono presente en la atmósfera.
En Argentina se estima que más del 20% del territorio está cubierto por humedales: el equivalente a 600.000 km2, 6.000.000 de hectáreas, o dos veces la superficie de la Provincia de Buenos Aires. Estos ecosistemas, fundamentales para la preservación de nuestro ambiente y el desarrollo de las actividades productivas de sus habitantes están siendo seriamente amenazados por diversos grupos económicos a lo largo de nuestro país.
Dentro del modelo productivo vigente, la persecución de beneficios económicos extraordinarios por parte de un grupo concentrado pesa más que los costos humanos, ambientales y sanitarios, en el corto y en el largo plazo. El principal desafío que plantea el proyecto de una Ley de Humedales es encontrar el equilibrio entre el cuidado ecosistémico y el desarrollo de las prácticas culturales y productivas de cada zona. Es prioritaria la existencia de la ley como instrumento en la lucha de los habitantes de las provincias que observan la destrucción de estos ecosistemas por omisión de los gobiernos provinciales y acción de los grandes productores y el “lobby” inmobiliario -quienes sistemáticamente han frenado el impulso de proyectos de ley de presupuestos mínimos de protección ambiental-.
El avance de la frontera urbana de la mano de la especulación inmobiliaria y el avance de la frontera agrícola extensiva, que desplaza a la ganadería hacia zonas con altos niveles de provisión de servicios ecosistémicos, generan disturbios que modifican las variables biofísicas, provocando cambios en la dinámica hídrica de este tipo de ambientes.
Planificar políticas públicas que resguarden estos servicios ambientales, sin considerar las necesidades de la población que vive en (y de) los humedales, nos conduce hacia una visión urbana y excluyente de un sector de la población. Debemos avanzar hacia un ambientalismo popular que busque conservar los servicios ecosistémicos porque este es el camino adecuado para mejorar la calidad de vida de la población, planificando el uso del territorio para compatibilizar las actividades productivas con el cuidado del ambiente.
Mientras los países del mundo no dan señales de estar tomando acciones suficientes, que estén a la altura del colapso ecosistémico que la ciencia advierte vivirá nuestra generación, Argentina y toda Latinoamérica se enfrenta a una encrucijada: o dejamos que este modelo de exclusión, extractivismo y degradación ambiental se siga profundizando; o nos organizamos en nuestros barrios, trabajos y lugares de estudio para patear el tablero. La crisis climática llegó para quedarse. El momento de hacer algo es ahora.
Referencias
[1] Jóvenes por el Clima (JOCA) es una organización nacional, con representación en diferentes provincias argentinas, nacida a raíz de las movilizaciones mundiales por la crisis climática. Pueden consultar sus actividades y propuestas en las redes sociales: i) Twitter: @jovenesclimarg, ii) Instagram: @jovenesporelclimarg.
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