Por Claudio Tomas y Eduardo Spiaggi | Observatorio del Sur – Universidad Nacional de Rosario

«No hay otra universalidad que esta condición de estar caído en el suelo, aunque se trate del altiplano o la selva. De ahí el arraigo y, peor que eso, la necesidad de ese arraigo, porqué, si no, no tiene sentido la vida.»

Kusch, Rodolfo. Geocultura del Hombre Americano

Concretada la  “sugerencia” de renuncia presidencial por parte de la  máxima autoridad militar, el golpe comenzó a desandar un camino cada vez más complejo: las múltiples posibles causas del hecho ya consumado, sus matices y abordajes diversos nos permite afirmar que, el quiebre institucional sabe también a conflictos socio-ambientales; es por ello que el presente análisis tiene por objetivo analizar desde la ecología política lo sucedido el 9/11 aunque tomando como período el que se abre al inicio del XXI y llega hasta nuestros días, ya que representa el surgimiento y la consolidación de los movimientos sociales en Bolivia, dónde los recursos naturales son disputados sistemáticamente generando convulsiones sociales que fueron y siguen derivando en situaciones sociales trágicas.

A saber: la Guerra del agua (2000), la Guerra del gas (2003) y por último, las disputas por el Litio (2007/…) son así entendidas como parte de un mismo proceso que culminan con la coactiva destitución del presidente Morales.

En primer lugar, la Guerra del Agua originada en Cochabamba bajo la presidencia de Hugo Banzer implicó el intento de privatización y aumento de tarifas a instancias de los Programas del Banco Mundial, cuyas protestas masivas desembocaron en el retroceso de la medida.

En segundo lugar, la Guerra del Gas originada en El Alto bajo la presidencia de Gonzalo Sánchez de Losada significó el intento de exportar a EEUU y México por puertos chilenos, del gas de los yacimientos descubiertos en Tarija, cuando la población requería el abastecimiento del mercado interno antes que el envío hacia el exterior.

Cuando Morales llega a la presidencia en 2005, nacionaliza el gas y posteriormente en 2009 se incorpora a la Constitución agua y al gas como derechos humanos. En 2007  se declara reserva fiscal a todo el territorio nacional dónde el Salar de Uyuni, constituye la reserva mundial más grande de litio; igual, el proceso de industrialización de litio fue oficialmente inaugurado con la creación de YLB (2017), comenzando a articular con capitales alemanes y chinos para la producción de baterías. Uno de los disparadores iniciales  de las protestas, a instancias del Comité Cívico de Potosí, fue el pedido de interrumpir la relación con los alemanes a lo que el Presidente accede a fin de mantener el equilibrio interno. Digresión: la irrupción de litio industrializado a manos de Bolivia implicaba una amenaza al monopolio norteamericano del mismo. El resto, son situaciones sinérgicas que encuentran canalización en el descontento de la clase media por los resultados de las elecciones luego del informe de la OEA aunque también en sectores originarios otrora aliados-

Entonces, el proceso iniciado con las guerras del agua responde al criterio extractivista como ordenador territorial constitutivo de América Latina desde la colonización europea; proceso que se profundiza a partir de la defensa del gas, con la Masacre de Octubre incluída, dónde las resistencias y reivindicación popular por el acceso al gas nos retrotrae a la peor etapa de la extracción de recursos en la región. Hay que destacar la nacionalización y usufructo del gas aunque no por eso, el presidente ceja en la trama extractivista en cuanto criterio de explotación: enorme diferencia, la misma la comenzaba a realizar el Estado atendiendo las demandas sociales y capturando los dividendos resultantes de su comercialización: se pasaba del extractivismos clásico al neoextractivismo con presencia fundamental del Estado para captar la renta y aplicarlo al desarrollo y a la equidad, cuyos coeficientes eran los más desequilibrados de la región.

Y la nueva etapa, la del litio como recurso estelar va tensionando cada vez más la trama económica dónde la exclusión norteamericana a expensas de la presencia alemana y china comenzó a generar cada vez mayores recelos  en el Norte como en sus aliados locales. La geopolítica de los bienes comunes se expresa cada vez con menos disimulo.

Sintetizando, se trata de explicar el quiebre institucional a partir de un desarrollo extractivista a partir del cual la manifestación popular detiene en dos oportunidades la explotación en sentido clásico sentando las bases para el paso al neoextractivismo, dónde el usufructo del producido volvió a la ciudadanía con resultados macroeconómicos y sociales que implicaron un rotundo cambio de tendencia en la historia reciente de Bolivia, dónde la inclusión se consolidaba de la mano de los dividendos generados por la explotación de recursos naturales.

Como señala Alimonda, la historia de América Latina se erige en la puja por los recursos naturales, a partir del despojo y ulterior  envío al mercado mundial cuya división del trabajo aguardaba con voracidad colonialista las mejores bondades de nuestros territorios, matriz de poder aún vigente.

Hoy, Bolivia reproduce la recurrente secuencia más aciaga de nuestra historia y la ecología política explica, tal vez, la faceta que subyace a los conflictos políticos; visibilizar la misma explicitando el rol de los recursos naturales resulta hoy más que nunca urgente, por el pasado y por el futuro.

Para ello y como puntualizaba Aldo Ferrer, la densidad nacional deviene en una construcción colectiva a partir de los siguientes factores: la cohesión y movilidad social,  liderazgos y acumulación de poder, estabilidad institucional y el pensamiento crítico. De todos ellos, probablemente recuperar el pensar situado desde América Latina sea el vector que estructure un proyecto latinoamericano dónde los recursos naturales cedan su nombre para siempre y se conviertan en bienes comunes; ahí la historia y su devenir será otro y la memoria nos apuntalará para la emancipación del futuro