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Descarga el informe completo aquí: Nuestra América bajo la expansión de la pandemia. Entre la crisis sanitaria y social y las disputas por las salidas
En nuestro último informe, finalizado a principios de abril, con el COVID-19 ya transformado en pandemia, analizamos lo sucedido en Nuestra América y sus primeros efectos sobre nuestros pueblos. En esa oportunidad señalamos que la epidemia potenciaba —por momentos de modo dramático— una serie de procesos que ya venían desplegándose antes de la aparición del virus, tanto en el plano del deterioro de la situación económica y social como en relación con las reformas neoliberales, la forma autoritaria que estas adoptaron y la ofensiva del imperialismo estadounidense. Los datos de estos últimos meses respecto a la profundidad de la recesión y la pauperización a nivel regional, el paquete de ajuste impulsado en Ecuador, el reforzamiento autoritario del gobierno de facto en Bolivia, la llamada “Operación Gedeón” sobre Venezuela, el continuo desarrollo de la crisis política en Brasil, entre otros elementos, dan cuenta de la continuidad de estas tendencias en el período que va de principios de abril a la primera quincena de junio, que es el que examinamos en el presente informe.
Pero lo sucedido en este lapso presenta también una serie de particularidades que lo distinguen. Por una parte, la extensión del virus desde los primeros portadores viajeros —en general de sectores urbanos medios y altos— a su circulación masiva en el conjunto de la población supuso el contagio y la afectación a los sectores populares. La crítica situación vivida ya desde principios de abril en Guayaquil (Ecuador) anunciaba una terrible realidad que se hizo presente con claridad en estos últimos meses. La dimensión de catástrofe sanitaria que adquiere hoy en distintos países la circulación del COVID-19 desnudó tanto el desmantelamiento y privatización de la salud pública, resultado de décadas de neoliberalismo, como la precarización laboral y de las condiciones de vida de los sectores populares; y demostró el rotundo fracaso de las políticas neoliberales para afrontar esta situación. En este informe se examinan los principales acontecimientos sucedidos en la región en relación con estas circunstancias.
Por otra parte, mientras se profundizó la dimensión social y económica de la crisis, se intensificaron también las disputas sociales sobre la distribución de los costos que esta implica. De un lado, las presiones de los sectores conservadores y el empresariado contra las políticas de aislamiento obligatorio y la regulación estatal con sentido social. Del otro, el crecimiento de las acciones y protestas de los movimientos populares frente a la pandemia del hambre y en reclamo de una salida popular a la crisis. En este informe analizamos algunas expresiones de un posible nuevo ciclo de conflictos sociales y la profundidad de la crisis política institucional en Brasil. Para ello, como siempre, contamos con la colaboración de la Oficina San Pablo (Brasil) y, en este caso, también de Pilar Troya Fernández —para analizar la situación en Ecuador— y de Ivan Bellot —sobre Bolivia—, a quienes agradecemos especialmente sus contribuciones.
Belém, Pará, Brasil – PULVERIZAÇÃO MARITUBA – 16/06/2020. Foto: Ricardo Amanajás / Agência Pará.
Los primeros casos de COVID-19 se detectaron en Nuestra América hacia fines de febrero. Tres meses después, a fines de mayo, los contagios en la región alcanzaron a más del 15% de la población contagiada a nivel mundial y las muertes diarias al 40% del total de los decesos por esta causa[1], en un contexto de aceleración de la circulación del virus que —de acuerdo a la OMS— convirtió a la región, particularmente a América del Sur, en el nuevo epicentro global de la pandemia. Este crecimiento acelerado del número de enfermos y fallecidos a nivel regional a partir de mayo, así como la amenaza del colapso de los sistemas de salud en muchos países, mostraron la dimensión sanitaria de una crisis que afecta especialmente a los sectores populares.
Ejemplo de ello es lo que sucede en Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Panamá y República Dominicana, donde el número de contagios supera los 1000 por millón de habitantes. El 19 de mayo, Brasil rompió la marca simbólica de más de mil muertes diarias, el 22 de mayo alcanzó el segundo lugar en contagiados a nivel mundial y tuvo a fines de ese mes la tasa más alta de transmisión del virus en el mundo, según el Imperial College London. El 18 de mayo en Chile se registró un nuevo récord en el incremento diario de contagios, alcanzando los 50 000 positivos y más de 500 fallecidos y obligando al gobierno de Piñera a reconocer públicamente por primera vez que no estaban preparados para la pandemia. Días después, Perú —con casi 120 000 contagiados y 3500 fallecidos— alcanzó el segundo lugar en América Latina y el duodécimo del mundo. También en mayo, los infectados en Panamá llevaron a ese país a ser el más afectado en Centroamérica y uno de los más castigados en la región. Y a fines de ese mes, el masivo regreso a su país de origen de haitianos residentes en República Dominicana, nación gravemente afectado por la pandemia, planteó la amenaza de llevar a Haití a una nueva catástrofe humanitaria.
En el gráfico que presentamos a continuación (Gráfico N° 1) pueden apreciarse la significación que a mediados de junio tuvo en estos países las consecuencias de la pandemia. Consideramos para ello las cifras oficiales, que en muchos de estos casos han sido fundadamente cuestionadas. Por la manipulación de los datos de enfermos y fallecidos renunció a mediados de junio el ministro de Salud del gobierno de Piñera en Chile, por hechos similares también en este mes la justicia brasileña dictaminó contra el gobierno de Bolsonaro, que a su vez en los últimos meses sufrió la renuncia de dos ministros de Salud. Particularmente en este país, el inmenso subregistro —debido principalmente a los pocos tests que se realizan— no permite tener una dimensión real de la crisis sanitaria en curso. En este sentido, según los datos del Panel de Registro de la OVID, el número de muertes causadas por el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS), entre el 16 de marzo y el 21 de mayo de este año tuvo un aumento de más del 2000% en comparación con el mismo período del año pasado. Asimismo, el Laboratorio de Inteligencia Sanitaria de la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo estimó a fines de mayo que el número total de infectados por COVID-19 sería 11 veces mayor que los casos oficialmente notificados y podría llegar a 4,45 millones de personas más.
Gráfico N° 1. Tasa de contagiados por millón de habitantes al 15 de junio de 2020 América Latina y el Caribe. | Fuente: Elaboración propia en base a los datos provistos por el Covid-19 Resource Center de la John Hopkins University. Recuperado de https://coronavirus.jhu.edu/map.html.
En similar dirección, un estudio del Imperial College London, publicado el 26 de mayo, calculó que, sin ninguna intervención estatal, 188 millones (80%) de brasileños se infectarían y 1,1 millones morirían y que, con una regulación sanitaria rigurosa, podrían salvarse aproximadamente 1 millón de vidas. Dada la dimensión continental del territorio brasileño, la situación puede empeorar aún más a medida que la enfermedad se interiorice en el país. En la primera semana de mayo, Fiocruz publicó un estudio que muestra que en ese período el 44% de las ciudades medianas tenían casos de COVID-19. La principal preocupación es que «la mitad de las regiones en las que se propaga la enfermedad tienen recursos sanitarios por debajo de los parámetros indicados para situaciones normales», dice el estudio. El caos sanitario instalado en el país ocurre en una realidad que ya era de restricciones de acceso en múltiples dimensiones y desigualdades sociales estructurales, que se profundizaron con la ola neoliberal que barre no solo Brasil sino toda la región. Tales aspectos terminan por dejar más expuestas las partes más vulnerables de la población brasileña, alrededor del 13% que viven en hogares con al menos alguna insuficiencia doméstica y aproximadamente un 37% que viven en la ausencia de al menos un servicio de saneamiento. Por otra parte, los datos del boletín epidemiológico de la alcaldía de São Paulo, la ciudad más grande de América Latina y el territorio más crítico de la pandemia en la región, señalaron que el riesgo de muerte de los negros por el COVID-19 es un 62% mayor en comparación con los blancos. Y en el caso de los mulatos, este riesgo es un 23% más alto.
Esta realidad, que es la de toda la América latina y caribeña, señala que la expansión de la enfermedad y sus efectos no resultan una maldición natural o fruto de la biología, sino que tienen que ver con las consecuencias de años de políticas neoliberales y con las políticas públicas que se adoptan hoy, según la orientación de los gobiernos. En este sentido, la pandemia demostró el fracaso de las políticas neoliberales para afrontar la crisis sanitaria. Allí donde imperan gobiernos de esta orientación o se desoyen las recomendaciones de la OMS, la catástrofe sanitaria se despliega con toda su intensidad entre mayo y junio. Por contraposición, allí donde gobiernan coaliciones progresistas o de izquierda (como por ejemplo, en Argentina, Cuba y Venezuela), o donde se han respetado en mayor medida las recomendaciones de la OMS, la situación sanitaria presenta un panorama más controlado y menos dramático.
Durante el mes de abril, con el avance de los casos de COVID-19 en Panamá, el país con más cantidad de casos en Centroamérica, se desarrollaron numerosas manifestaciones contra el gobierno de Laurentino Cortizo, tanto por el tratamiento que hizo de la pandemia como por la crisis social que viven los sectores populares. En el marco de la cuarentena decretada por el gobierno, no hubo ayuda estatal para la compra de elementos de primera necesidad o de alimentos, a pesar de haber sido anunciada[2]. Hacia fines de mayo, el gobierno de Cortizo accedió al levantamiento de la cuarentena solicitada por el sector privado, a pesar de la gran cantidad de casos que siguen presentándose en el país. Frente a esto, los sectores sociales afirman que en el levantamiento de la medida de aislamiento prevalecieron los intereses del poder económico y no la salud del pueblo panameño.
Por otro lado, el sistema de salud en Honduras, vaciado por el gobierno de Juan Orlando Hernández, está al borde de entrar en colapso, según denuncias de profesionales de la salud en diferentes centros hospitalarios. La falta de insumos y las pocas o nulas condiciones de seguridad para los y las médicas han generado que a la fecha ya sean casi 300 profesionales del área de la salud contagiadas con COVID-19, y por supuesto impacta en la mayoría de la población hondureña, que sufre la expansión del virus sin ninguna medida gubernamental que contemple sus condiciones de salud. La situación alcanza tal magnitud que a mediados de junio, sobre el cierre de este informe, se conoció que el presidente y su esposa también se contagiaron. Mientras tanto, el gobierno de JOH, a pesar del despliegue de la enfermedad y de atravesar en este mismo momento un escándalo de corrupción y narcotráfico investigado por la justicia estadounidense, ha legislado para desarrollar una oleada de privatizaciones en el sector campesino. Según el escritor hondureño Ricardo Salgado, esto llevará a un desplazamiento aún mayor de poblaciones campesinas e indígenas, además de la migración forzada fuera del país, un panorama muy similar en toda la región centroamericana.
En el caso de Guatemala, la expulsión de Estados Unidos de un gran número de migrantes guatemaltecos en plena crisis de COVID-19 ha saturado los lugares de cuarentena y ha evidenciado el vaciado sistema de salud que tiene el país, donde hay insuficiencia de insumos, medicamentos, equipos de seguridad y falta de pagos a los profesionales de la salud. Sobre esto, el presidente Alejandro Giammatei le reprochó a EE. UU. las deportaciones, además de la nula ayuda que el gobierno de Donald Trump ha ofrecido para paliar la crisis sanitaria en el país. En palabras del mandatario: “Eso de aliados con Estados Unidos no es cierto. Guatemala es aliado de los Estados Unidos, Estados Unidos no es aliado de Guatemala”[3].
El problema carcelario en América Latina y el Caribe también precedía a la aparición de la pandemia. Sin embargo, la llegada de la enfermedad a los diferentes centros penitenciarios permitió evidenciar que en diferentes países del continente el modelo carcelario no garantiza los derechos básicos de quienes están privados de la libertad, y por el contrario, aumenta las posibilidades de contagio.
La sobrepoblación, el hacinamiento, las pocas y malas condiciones higiénicas y la atención médica deficiente que hay en la mayoría de los centros penitenciarios de América Latina, permiten que la propagación del virus se haga de una manera rápida y efectiva. Según los datos del observatorio de cifras carcelarias a nivel global World Prison Brief, la población carcelaria en la región asciende a 1,7 millones de personas[4], siendo la mayoría de esta cifra personas de los sectores populares. Desde la aparición del COVID-19, los países de la región, en vez de desarrollar políticas sanitarias para evitar la propagación del virus en las prisiones, impulsaron políticas de aislamiento —aún mayor— sobre los y las presas, prohibiendo las visitas, entre otras medidas, pero permitiendo la libre circulación de los y las trabajadoras de las prisiones, lo que generó un aumento drástico en los casos positivos.
En los centros penitenciarios de países como Perú, Bolivia, Chile, Colombia y Brasil, los detenidos y detenidas contagiados con COVID-19 ascienden en promedio a mil personas en cada uno de los países, además de los cientos de fallecidos por esta causa[5]. En ese marco, desde el mes de marzo los y las presas de diferentes cárceles de la región realizaron protestas exigiendo mejoras en el sistema de atención y modificaciones en la estructura carcelaria, para evitar el hacinamiento y el incremento de posibilidades de contagio[6].
En Bolivia, los 4000 internos de la cárcel Palmasola protestaron producto de la confirmación de un preso que había fallecido por COVID-19. En Colombia hubo levantamientos en varias cárceles del país, que fueron reprimidas por la guardia penitenciaria y la policía, con una gran cantidad de internos heridos y asesinados, además de numerosos contagiados por los mismos funcionarios del Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC). En Perú se desarrollaron protestas en el penal El Milagro, de Trujillo, donde fallecieron dos internos, y en Argentina también hubo manifestaciones de los presos exigiendo condiciones de salud y tratamientos médicos.
Al respecto, en varios de estos países se ha considerado la libertad para los presos que no cometieron delitos violentos y cuyas condenas no están firmes, por la necesidad de reducir la población carcelaria, principal problema para la propagación de enfermedades como el COVID-19 pero también otras contagiosas como la tuberculosis, que se presenta en diferentes prisiones del continente. Esta situación lleva a reflexionar sobre las estructuras carcelarias y las políticas específicamente punitivas que caracterizan el tratamiento de los delitos en el continente, que a su vez recaen principalmente sobre los sectores populares, mientras que quienes cometen otro tipo de delitos pero pertenecen a sectores más acomodados consiguen fácilmente un trato mejor en las prisiones e incluso libertad condicional, entre otros beneficios.
Durante los meses de abril y mayo se presentaron preocupantes cifras de contagios de COVID-19 en las regiones pertenecientes a la Amazonía en Colombia, Ecuador, Perú y Brasil. En Manaos (Brasil), hacia fin de mayo las cifras indicaban 5723 casos positivos y 476 muertos; en la frontera entre Ecuador y Perú la comunidad originaria Siekopai, de tan solo 744 miembros, ya cuenta con 15 contagios, y en Colombia se reportan miles de contagiados y muertos producto de la pandemia, pertenecientes a pueblos originarios, dentro del cual destaca Antonio Bolívar, más conocido como Tiapuyama, uno de los últimos y mayores sabedores tradicionales de los pueblos Ocaina y Huitoto en Colombia, que fue conocido mundialmente por protagonizar la película El abrazo de la serpiente.
Según la Organización Panamericana de Salud, en la cuenca del Río Amazonas y las ciudades más pobladas de la región (Iquitos en Perú, Manaos en Brasil y Leticia en Colombia) los contagiados de COVID-19 asciende a más de 20 000[7], cifra especialmente preocupante teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la población en estas regiones, que son de las más afectadas por la pobreza y el abandono estatal en sus diferentes países, siendo casi imposible el acceso a la salud pública y a las Unidades de Cuidados Intensivos necesarias para los pacientes graves del virus. En el caso de Colombia, el departamento del Amazonas cuenta solamente con dos hospitales y una UCI.
En la región de la Amazonía, la gran cantidad de fallecidos producto del COVID-19 y del abandono estatal en materia sanitaria están siendo sepultados en fosas comunes, como denuncian las comunidades en Manaos, una de las regiones con más casos en Brasil, en una situación que para diferentes líderes indígenas puede constituir el inicio de un genocidio cometido contra los pueblos originarios de la Amazonía. Según los datos relevados por la Red Eclesial Panamazónica y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía, al 9 de junio la cantidad de personas contagiadas pertenecen a 120 nacionalidades indígenas diferentes[8].
La llegada del coronavirus al territorio latinoamericano y caribeño ha generado una serie de consecuencias que, con el pasar del tiempo, se van dilucidando con mayor claridad. Durante abril y mayo la pandemia ocupó los principales titulares de la prensa regional, abriendo debates sobre la pertinencia de las decisiones en materia de salud pública, mientras aumentaban día a día la cantidad de casos hasta convertir a nuestra región, a principios de junio, en el principal foco de la pandemia.
De esa manera, particularmente los países más empobrecidos han visto las consecuencias más profundas y letales de estructuras estatales reducidas y un manejo de la salud pública en muchos casos casi inexistente, lo que ha profundizado aún más la crisis social que se desarrollaba en América Latina y el Caribe, cuyos efectos recaen principalmente sobre los sectores populares.
En el terreno económico, las estimaciones de los organismos regionales e internacionales anuncian la peor contracción económica regional desde 1930, con una caída del PBI en 2020 que la CEPAL calcula en 5,3%[9]. En lo inmediato, además de la recesión y la salida de capitales, los pueblos de la región se han visto afectados por la devaluación de gran parte de sus monedas y, para algunos países, por las dificultades de un abultado endeudamiento externo (particularmente en Argentina, donde representa casi el 100% de su PBI, pero también en Brasil, Uruguay, México, Colombia, Ecuador, donde supera el 50%).
Según el informe «Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (COVID-19)», elaborado por la CEPAL y la OIT, la tasa de desocupación en la región aumentará de 8,1% en 2019 a 11,5% a final de 2020, lo que equivale a 11,5 millones de nuevos desempleados. Esto teniendo en cuenta que una parte importante de los “empleos” son trabajos informales sin ningún derecho o seguridad laboral, que ocupan principalmente a los sectores populares. Según la CEPAL, la pobreza en el continente alcanzaría un 34,7% de la población —214,7 millones de personas— y la pobreza extrema 83,4 millones de personas, un 13% de la población. Este aumento de la pobreza significaría un retroceso a la realidad imperante a inicios de siglo, antes del ciclo de gobiernos progresistas, e implicaría un deterioro para las condiciones de vida de amplias mayorías, desplazamientos internos, migración por razones de pobreza, desnutrición infantil, entre otros graves problemas. En igual dirección, el Programa Mundial de Alimentos de la Naciones Unidas ha advertido que cerca de 14 millones de personas podrían sufrir de hambre e inseguridad alimentaria este año (PMA, 2020)[10].
A pesar de este panorama, la mayoría de los gobiernos neoliberales de la región aprovecharon la toma de decisiones que demandaba la situación de crisis como oportunidades perfectas para adelantar reformas económicas, políticas y laborales (en la mayoría vía reforzamiento autoritario) bajo la excusa de la pandemia.
En nuestro informe de marzo señalamos de qué manera fue utilizado el avance de la pandemia en los diferentes países de la región para continuar profundizando las reformas neoliberales y las políticas de ajuste, en lugar de haber sido una alarma sobre las graves consecuencias de la misma, para reducir sus consecuencias fatales en la mayoría de los países de la región. En este sentido, entre abril y junio se impulsaron en la región sanciones legislativas o resoluciones ejecutivas que avanzaron sobre la reducción del gasto público y sobre la precarización y flexibilización de salarios y condiciones de trabajo, en la misma dirección que proponían las reformas del Estado y laboral impulsadas en los últimos años. El ejemplo más dramático de ello ha sido la experiencia reciente en Ecuador, a la que referimos a continuación, pero hechos similares se vivieron en otros países, de los cuales mencionamos los principales.
Ecuador
El gobierno de Lenin Moreno tiene muy poca legitimidad popular y se encuentra inmerso en una maraña de casos de corrupción. Sin embargo en estos meses siguió avanzando, represión mediante, con la implementación de una agenda neoliberal radical. Las medidas adoptadas en mayo, con la sanción de dos leyes de ajuste, incluyeron los despidos de 3.500 funcionarios/as, un recorte del 17% de los salarios —exceptuando salud, educación, policía y militares y el pago de más deuda externa—, la liquidación de ocho empresas públicas con la pérdida de alrededor de 3000 empleos más y el aumento de la desregulación laboral.
En esta dirección, la reciente sanción de la llamada Ley de Ayuda Humanitaria, que incluye algunas pocas medidas de protección social, como el no incremento de las tarifas de los servicios públicos, la moratoria de los desahucios y la flexibilización para pago de deudas, es sobre todo un mecanismo para maximizar la precarización de las relaciones laborales. Los patrones, mediante “acuerdos entre las partes”, tienen casi total libertad para despedir trabajadores, recortar salarios y prestaciones, reducir jornadas hasta en 50%. El descanso obligatorio en teletrabajo es apenas de 12 horas. Incluso los acuerdos colectivos pueden ser renegociados.
Por otra parte, la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas establece el concepto de sustentabilidad fiscal, impuesto por el FMI, que disminuye la inversión pública y busca la reducción del Estado como regulador de la economía del país. La ley dictamina que la máxima autoridad reguladora es el Ministerio de Economía, en lugar del presidente y de la Asamblea Nacional. Entre otras medidas afecta los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de los que ahora puede disponer el gobierno con mayor discrecionalidad. Además el subsidio a los combustibles fue eliminado y su precio atado al mercado internacional; aunque dada la situación mundial, no ha habido alza de los precios locales.
Por presión de las élites empresariales se comenzó a levantar la cuarentena en junio conforme a un semáforo de fases: cada municipio decide cuándo aplicar cada fase. No hay datos porque no hay kits de prueba suficientes ni equipos para procesarlos, entonces no se puede detectar personas contagiadas ni establecer cercos epidemiológicos para frenar la propagación del virus. En 6 días de semáforo amarillo, Quito registra 504 nuevos casos, mientras que en todo el mes de mayo se registraron 73 casos.
En la cuarentena, también el lawfare continuó. En un proceso lleno de irregularidades, sentenciaron al ex presidente Correa y llamaron a declarar, acusados de terrorismo, a los dos principales líderes de la CONAIE, la mayor organización indígena, que lideró las fuertes protestas de octubre de 2019.
Frente al paquete de ajuste gubernamental que hemos reseñado, también emergieron protestas y acciones desde diferentes sectores. El 1º de mayo hubo movilizaciones, continuadas la siguiente semana por los estudiantes universitarios contra el recorte del presupuesto de las universidades públicas. El 25 de mayo, en 18 ciudades se realizaron protestas contra las medidas de ajuste, con participación de movimientos populares, sindicatos, estudiantes y mujeres. En respuesta, el Ministerio de Defensa emitió un acuerdo que faculta a los militares a ejercer el uso de la fuerza en “manifestaciones y otras situaciones de violencia interna”. Este acuerdo es objeto de una acción de inconstitucionalidad por parte de la Defensoría del Pueblo.
Perú
En el caso peruano preocupa principalmente el problema del desempleo, ya que los principales puestos de trabajo se encuentran en las grandes ciudades, los mismos lugares de mayor propagación del virus. Según el excanciller Luis Gonzales Posada, solo en Lima Metropolitana perdieron su trabajo más de 1,2 millones de personas y la cifra es mucho mayor a nivel nacional. Se proyecta que la pobreza aumentará de 6,5 millones a unos 8 millones. En el contexto de masivas migraciones internas producto del cierre de puestos de trabajo en las principales ciudades del país, más de 165 mil personas han abandonado la capital[11].
En el marco de las medidas de aislamiento social obligatorio que decretó el gobierno de Martín Vizcarra, se dio a conocer la implementación de una Ley de Protección Policial aprobada en 2019, a través de la cual “se prohíbe la detención preliminar o prisión preventiva del personal de las Fuerzas Armadas (FF.AA) y de la Policía Nacional del Perú (PNP) que haya causado lesión o muerte en el uso de armas de ‘manera reglamentaria”. Esta medida ha sido fuertemente rechazada por organizaciones sociales en Perú, además de la CIDH y Amnistía Internacional.
Es importante mencionar que Perú se encuentra, igual que Chile, dentro de los primeros países con mayor cantidad de contagios de COVID-19 en el continente: 190 mil a la fecha. Ambos tienen sistemas de salud profundamente debilitados para atender la pandemia de forma adecuada. En este marco, la Fiscalía Anticorrupción investiga 15 denuncias a nivel nacional relacionadas con compras de productos sanitarios para la Policía Nacional (PNP), con sobreprecios y realizadas a empresas sin experiencia en el rubro (pero con nexos con policías en actividad).
Paraguay
En el caso paraguayo, el COVID-19 es la excusa para adelantar un proyecto de Reforma contra el innecesario tamaño que tiene el Estado, según el gobierno y sectores de ultraderecha como el partido PPQ. En medio del desarrollo de la pandemia, el gobierno de Mario Abdo impulsó, junto a varios partidos políticos y el sector empresarial, un proyecto de ley que busca una “Reforma Estructural del Estado paraguayo”, cuyo eje gravitacional es “achicar el aparato estatal, optimizando la inversión pública, eliminando gastos superfluos, nivelando los salarios del sector a la realidad, entre otros”, según palabras del Vicepresidente Hugo Velázquez[12]. De consumarse, esta reforma permitiría una reducción de impuestos a las empresas, la privatización de empresas públicas, entre otras reducciones del gasto público a través de reformas laborales y pensionales.
Colombia
En medio de una profunda crisis social, con más de 30 líderes y lideresas sociales asesinados desde el inicio de la pandemia, el gobierno de Iván Duque ha priorizado tomar medidas para favorecer a los sectores privados —e incluso a su propio gobierno—, antes que adelantar políticas públicas que detengan el rápido contagio de COVID-19 en el país. Organizaciones sociales han denunciado su preocupación por los contagios en los sectores más vulnerables, dentro de los que se encuentra la población carcelaria, y especialmente la población del departamento del Amazonas. Este departamento tiene un porcentaje importante de pueblos originarios que están siendo los principales afectados por la enfermedad. Además, en pleno aislamiento social obligatorio, en la capital de país se han desarrollado numerosos desalojos violentos por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
En ese marco, el gobierno de Duque no solo no ha atendido la gravedad de casos producto de la pandemia, sino que ha priorizado —con la excusa de la emergencia económica— la ayuda al sector privado, con decretos como el reciente Decreto 811, que permite al Estado comprar y vender acciones en empresas privadas para “mitigar los efectos económicos en el sector privado”, y el Decreto 770 sancionado a inicios del mes de Junio, por el cual se atacan conquistas importantes en materia de derechos laborales, como el cobro de los recargos dominicales, feriados, horas nocturnas, entre otros[13]. Esto se suma a la reciente propuesta presentada por el gobierno nacional respecto a la Hipoteca Inversa, que propone a los adultos mayores hipotecar los inmuebles de su propiedad a cambio de una renta mensual y por la cual la propiedad, una vez fallecidos los propietarios, pasaría a manos del banco o grupo asegurador, lo que advierte sobre la agresividad de la reforma de pensiones que se aproxima[14].
Todo ello en medio del desvío de dineros del Fondo Paz —un fondo para la implementación de los Acuerdos de Paz firmados en 2016— por los montos de USD 769 900 y USD 123 000[15], para financiar campañas de posicionamiento de la imagen del presidente en las redes sociales y para diagnosticar su desempeño. A este panorama hay que agregar el escándalo de violación a la soberanía nacional por la llegada de tropas de Estados Unidos a suelo colombiano para “apoyar la lucha contra el narcotráfico”, aprobada por el presidente sin consultar al Congreso Nacional.
Haití
Durante los meses de abril y mayo, más de 23 500 haitianos y haitianas que se encontraban en República Dominicana se desplazaron hacia su país de origen, huyendo de la nación con más casos de coronavirus en el Caribe. A inicios de junio, los contagios en Haití ya alcanzan los 3000 casos, cifras particularmente alarmantes teniendo en cuenta las malas condiciones en las que se encuentra la salud pública y la poca capacidad para atender la gravedad de la enfermedad[16].
São Paulo SP 13 05 2020 Na madrugada desta quarta-feira (13), profissionais da saúde do Consultório de Rua realizaram um atendimento às pessoas em situação de rua foto PMSP
Como señalamos con anterioridad, los dos meses y medio analizados en este informe corresponden al crecimiento de la enfermedad y a la casi total paralización de actividades. El fuerte impacto en la economía llevó de inmediato a la puesta en marcha de planes de contingencia por parte de los diferentes sectores sociales, en búsqueda de perder lo menos posible.
En un extremo del ring, las cámaras empresarias activaron un amplio abanico de opciones. Uno de los principales objetivos fue que la cuarentena dure lo menos posible, un comportamiento coherente con otros momentos históricos[17].
En todos los casos, el discurso anticuarentena giró sobre la defensa de la “libertad” y en general también apuntó a minimizar el efecto de la pandemia en la salud de la población (“todos nos vamos a contagiar en algún momento”), cuando no —en un discurso más marginal políticamente, pero con cierta presencia— a denunciar que el virus no existe y todo se trata de una gran mentira urdida por una serie de poderes, mezclando actores políticos y empresariales muy diversos.
La intervención del bloque del capital más concentrado incluyó una combinación de lobby privado y comunicación pública, desde las redes sociales, dirigentes políticos y supuestos expertos, en general asesores financieros, que apuntaron a instalar una dicotomía entre la economía y la salud. En la misma jerarquía, otro de los tópicos privilegiados tuvo que ver con el alerta ante las restricciones a las libertades de las personas y de las empresas.
Precisamente la supuesta “defensa de la libertad” fue el eje elegido por diferentes personalidades de la derecha política que en abril firmaron una carta llamada “Que la pandemia no sea una excusa para el autoritarismo”[18]. Si bien en términos argumentales el texto es bastante pobre, esto no fue obstáculo para que sus principales ideas fuerza funcionaran como una orientación general para los sectores alineados a la derecha del arco político. Por esta razón elegimos analizarla en este informe.
Las primeras firmas del documento son las del marqués Mario Vargas Llosa —presidente honorario de la Fundación Internacional para la Libertad, organización que impulsó la iniciativa—, la del expresidente del Reino de España, José María Aznar y las de seis expresidentes de países de América Latina: Mauricio Macri (Argentina), Ernesto Zedillo (México), Álvaro Uribe Vélez (Colombia), Luis Alberto Lacalle (Uruguay, padre del actual mandatario Luis Lacalle Pou), Julio María Sanguinetti (Uruguay), Alfredo Cristiani (El Salvador) y Federico Franco (Paraguay, quien accedió a ese puesto tras el golpe de Estado exprés contra Fernando Lugo). Además de estos notables, la carta también contó, según lo publicitado, con la participación de unas 150 figuras políticas y empresariales de 23 países, entre las que se encuentran María Corina Machado, Antonio Ledezma y Leopoldo López (Venezuela), Guillermo Lasso (Ecuador) y Felipe Kast y Luis Larraín (Chile).
“Algunos gobiernos han identificado una oportunidad para arrogarse un poder desmedido. Han suspendido el Estado de derecho e, incluso, la democracia representativa y el sistema de justicia”, dicen sin dar más precisiones, para pasar de inmediato a atacar a “las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua”; a los dirigentes “con un marcado sesgo ideológico” de España y Argentina; al gobierno de México y en general, al Grupo de Puebla. A pesar de su pretendida crítica al autoritarismo, el texto no hace una sola referencia al gobierno de facto surgido del golpe de Estado en Bolivia, el más reciente en la región. Entre los firmantes se encuentra Óscar Ortiz Antelo, dirigente máximo del Movimiento Demócrata Social de Bolivia, quien poco después fue nombrado como ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural de la dictadura encabezada por la autoproclamada presidenta Jeanine Añez.
“A ambos lados del Atlántico resurgen el estatismo, el intervencionismo y el populismo con un ímpetu que hace pensar en un cambio de modelo alejado de la democracia liberal y la economía de mercado”, plantea uno de los apartados, acaso donde con mayor claridad se expresa la posición de las grandes compañías, también representadas con la firma de varios empresarios. Entre ellos hay que mencionar a los argentinos Alejandro Roemmers (industria farmaceútica) y Miguel Mitre (minería); los chilenos Nicolás Ibañez (aviación, finanzas, inmobiliaria, agroindustria, medicina privada, indumentaria, gastronomía, entre otros) y Jorge Errázuriz (finanzas); el peruano Ricardo Vega Llona (construcción y farmacéutica, entre otras); los venezolanos Oscar García Mendoza (finanzas), Marcel Granier y Guillermo Zuloaga (medios privados de comunicación); el panameño Roberto Brenes (finanzas, agroindustria, medios privados de comunicación); el guatemalteco Dionisio Gutiérrez (energía, finanzas, agroindustria, gastronomía, entre otros sectores) y el mexicano Pedro Aspe (finanzas, ex secretario de Hacienda de Carlos Salinas de Gortari). Está claro que, pese a sus fortunas, ninguno de ellos planea hacer una contribución importante a la redistribución del ingreso, incluso ante la crisis agravada por la pandemia. Más bien al contrario, sus señalamientos tienen la función de marcar el terreno del debate, advirtiendo frente a eventuales medidas intervencionistas o, en su jerga, “populistas”.
Lo anterior no significa que los sectores capitalistas rechacen de por sí la intervención del Estado. Por el contrario, ejercen una presión activa para que las políticas estatales los beneficien. En una mirada global, los gobiernos neoliberales tendieron a apoyar con medidas específicas a las empresas, aún a costa de la difícil situación social. Producto de su poder de lobby, incluso gobiernos de signo político progresista activaron medidas en su favor, como por ejemplo hacerse cargo parcialmente del pago de los salarios en Argentina. En algún caso, los beneficios fueron tan notorios que recolectaron protestas y los gobiernos debieron retroceder, como por ejemplo sucedió en Chile con los beneficios a las empresas pesqueras[19].
En apoyo a las demandas empresarias, en algunos países también se registraron movilizaciones que apuntaron centralmente a romper la cuarentena. Estas fueron especialmente intensas en Brasil, alentadas por el propio gobierno federal contra medidas del ámbito subnacional; pero también en Argentina, donde se desarrollaron pequeñas concentraciones en el Obelisco, en el centro de Buenos Aires, con participación de grupos de ultraderecha autodenominados tanto nacionalistas como libertarios. A estas cabe sumar una caravana de autos en su mayoría provenientes de Nordelta, una zona ubicada al norte de la capital federal que se caracteriza por urbanizaciones privadas y un alto poder adquisitivo.
En este país, la mayor parte de la Alianza Cambiemos, que gobernó hasta diciembre de 2019 con Macri como presidente, alentó una línea política contra la cuarentena e incluso intentó instalar su propia versión local del manifiesto “por la libertad”, a través de una solicitada firmada por 300 personas en la que se denunció que Alberto Fernández promueve una “infectadura”[20].
Los mismos sectores políticos y sociales proempresariales fueron los primeros en rechazar la intervención del gobierno argentino a la empresa Vicentín, una compañía de origen agroindustrial que se ha convertido en una de las principales exportadoras del país[21]. La empresa recibió en la gestión de Macri préstamos por alrededor de 300 millones de dólares y casi de inmediato se declaró en cesación de pagos, presumiblemente luego de fugar divisas hacia guaridas fiscales. Ante esto, el gobierno envió al parlamento un proyecto de expropiación de la empresa, una iniciativa que cosechó el rechazo casi unánime en los dueños de grandes empresas y el respaldo de sectores populares y de la pequeña y mediana empresa, quienes tienen expectativas sobre la creación de una empresa pública (o de propiedad mixta) que pueda jugar un papel importante en la regulación de un mercado a todas luces estratégico, hoy completamente en poder del gran capital[22].
Por su parte, los diferentes movimientos populares llevaron adelante acciones de solidaridad y protestas en defensa de las condiciones de vida de la mayoría de la población, en particular los sectores más pobres, que sin dudas resultaron los más golpeados por la pandemia, aunque no los únicos. Los efectos más marcados, en este sentido, fueron el crecimiento del desempleo y las restricciones al funcionamiento de la economía popular, basada en el día a día.
Con sus particularidades, en todos los países la pandemia modificó drásticamente el escenario de acción y las demandas de los movimientos populares y, de facto, se impuso un bloqueo o dificultad adicional a los procesos de construcción colectiva y de protesta. Pero este cambio en las condiciones de lucha no implicó su desaparición. A través de las redes sociales con tuitazos y encuentros virtuales; organizando cacerolazos o ruidazos en regiones o países; con demostraciones callejeras con barbijos y distanciamiento social, incluso llegando a movilizaciones y, en los últimos meses, con el regreso de las huelgas y los bloqueos de calles y carreteras, la protesta popular cambió de forma para hacerse cada vez más presente ante la situación de hambre y miseria agravada por la crisis sanitaria.
Entre las situaciones críticas cabe mencionar especialmente a dos sectores: en primer lugar el de las trabajadoras y los trabajadores de la salud, en la primera línea de respuesta a la crisis sanitaria y por lo tanto, sujetas a los mayores peligros. Por eso entre las demandas del sector, además de atender la situación social general, se plantea la necesidad de protección específica, proporcionando mascarillas y equipos de protección individual de alta calidad, así como otros equipos necesarios. También se deben “aumentar sustancialmente las pruebas de COVID-19 para las trabajadoras y los trabajadores de la salud, quienes además deben tener capacitación adecuada para enfrentar la enfermedad”, señala entre otros puntos el Dossier 29, elaborado por nuestro Instituto a nivel global y que en esa edición está dedicado íntegramente a la situación del sector[23].
A principios de mayo, el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE) estimaba que por lo menos 90 000 integrantes de los sistemas de salud habían sufrido contagios[24]. En algunos países en los que se cuenta con datos específicos, las cifras son alarmantes. Por ejemplo, en Argentina representan alrededor del 10% de los contagios y en mayo ya se contabilizaban 9 muertes de personal sanitario, motivo por el cual el Estado nacional lanzó a principios de junio un programa específico de cuidado[25].
Otro sector clave en esta situación es el de trabajadores y trabajadoras de plataformas digitales reparto (o delivery), quienes en el período bajo análisis han realizado paros —al menos uno de ellos, realizado en abril, de alcance regional— y movilizaciones en demanda de mejores condiciones de trabajo, entre las que se encuentran la entrega de elementos de seguridad e higiene y un incremento del pago por cada envío[26].
A su vez, a medida que comenzaron a aparecer los efectos sociales y económicos de la crisis en los barrios populares, en todos los territorios los movimientos comenzaron a desarrollar una heroica labor, muchas veces en situaciones muy difíciles, organizando ollas y comedores populares, aportando alimentos y enseres sanitarios, contribuyendo a la organización comunitaria, y demandando a los gobiernos soluciones efectivas.
Entre estas experiencias pueden mencionarse, entre otras, la distribución de alimentos realizada en varios países, como la entrega de más de 600 toneladas de alimentos en diferentes ciudades de Brasil por parte del Movimiento Sin Tierra y de otras organizaciones populares. Estas acciones están enmarcadas en la campaña “Vamos a precisar de todo el mundo”, impulsada por el Frente Brasil Popular y el Frente Povo Sem Medo, apoyada entre otras personalidades por Chico Buarque[27]. El despliegue de iniciativas populares —a contramano de las acciones gubernamentales— llevaron a medios como Brasil de Fato a crear una sección especial para informar al público sobre este tipo de actividades[28]. De forma similar, en Argentina muchas organizaciones protagonizan este esfuerzo solidario mientras demandan medidas que garanticen la asistencia en los barrios populares, castigados por la rápida propagación del virus y las limitaciones que impone la cuarentena a gran parte de las actividades de la economía popular. Informaciones similares llegan desde diferentes lugares y contextos, como en el caso de Honduras, en el que las organizaciones populares resisten al gobierno neoliberal de Juan Orlando Hernández al mismo tiempo que elaboran y distribuyen elementos para atender la emergencia[29].
Por otra parte, en Guatemala y El Salvador, mujeres en las carreteras o familias en sus casas cuelgan banderas blancas en reclamo de alimentos[30]; en Panamá, las poblaciones pobres protestan cortando calles y caceroleando[31]; en El Alto, en La Paz y en otros lugares de Bolivia trabajadores y vecinos protestan reclamando trabajo, alimentos y atención de la salud, además de elecciones que pongan fin a la dictadura[32]; en Ecuadorhay manifestaciones contra el paquetazo de ajuste[33]; en Haití comienzan a aparecer nuevas movilizaciones para pedir la renuncia del presidente Jovenel Moïse por corrupción y ahora, además, por su manejo de la pandemia[34]; mientras diferentes oleadas de protestas —y en algunos casos, saqueos— se desarrollan en los vecindarios pobres de Bogotá y de otras grandes urbes de la región[35].
La pandemia ha expuesto y acentuado también las tramas de la injusticia, la doble explotación y la opresión y violencia hacia las mujeres, así como contra las disidencias y diversidades de sexo y género. En particular, las mujeres de los sectores populares se han visto afectadas por la pérdida de los ingresos, por la responsabilidad del cuidado doméstico y por el incremento de la violencia, con un rastro de femicidios que no deja de crecer. En este sentido, por ejemplo, en Chile desde la Coordinadora Feminista 8M se impulsó la organización colectiva del cuidado en clave feminista de familias y poblaciones en los territorios; la visibilización y atención urgente en la erradicación de la violencia intrafamiliar y la protección de mujeres, niñas/os y adolescentes; el reclamo de no salir a trabajar exigiendo el ingreso y las medidas de emergencia sanitaria. En esta situación, la decisión del presidente Piñera de nombrar como nueva ministra de la Mujer a la sobrina nieta del dictador Augusto Pinochet ha sido considerada una provocación por las organizaciones de mujeres chilenas.
En este país a mediados de mayo se registraron protestas contra el hambre en varias comunas de Santiago y de Valparaíso. Al menos en El Bosque, La Pintana, La Granja, San Ramón, Estación Central, Maipú, Huechuraba y Cerro Navia, todas de la región capital, las concentraciones fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad[36]. Ante la situación, los diferentes movimientos populares impulsaron campañas de distribución de alimentos y ayuda solidaria a la población, a la vez que realizaron propuestas de políticas públicas relacionadas con la necesidad de fortalecer los programas públicos de ayuda social[37]. Entre estas iniciativas populares, el espacio de articulación denominado Unidad Social lanzó la campaña “El pueblo ayuda al pueblo contra el Coronavirus”, que incluyó apoyo a ollas comunes, actividades de sanitización de unidades de transporte público y acciones informativas[38].
En este contexto, el 20 de mayo un grupo de diputadas y diputados de diferentes partidos de oposición solicitó al presidente Piñera la creación de un impuesto patrimonial de 2,5% a los patrimonios líquidos financieros y no financieros superiores a 10 millones de dólares. La propuesta incluye la creación, con el dinero recaudado, de una Renta Básica de Emergencia “que podría beneficiar a más de 4 millones de personas durante 6 meses”, para paliar la grave crisis económica[39].
Se trata de un debate que se instaló en varios países de la región y del mundo[40]. De acuerdo a un análisis publicado por CELAG, América Latina tiene aproximadamente 673 mil contribuyentes con fortunas superiores al millón de dólares. De estos, 259 mil residen en Brasil, 173 mil en México, 64 mil en Chile y 30 mil en Argentina. Si se aplicara una alícuota del 2,5% sobre este universo de personas con mayor riqueza, se podría recaudar entre el 0,5% y 1% del PBI regional. Esto significa un monto que va de los 25 a los 50 mil millones de dólares. Desagregado por país, podría implicar una recaudación de entre 9 y 18 mil millones de dólares en Brasil; entre 5,7 y 11,4 mil millones en México; entre 2,4 y 4,7 mil millones en Argentina, entre 1,4 y 2,9 mil millones en Chile, entre 1,1 y 2,2 mil millones en Perú; entre 0,5 y 1 mil millones en Ecuador[41].
En Argentina, diferentes sectores expresaron su apoyo al tratamiento de una iniciativa de impuesto a las grandes fortunas en debate en el Frente de Todxs, coalición de gobierno. Entre ellos, cabe destacar una carta firmada por integrantes del sistema científico, universitario e intelectuales, encabezada por Adolfo Pérez Esquivel[42]. Este es un debate que expresa como pocos la tensión entre las diferentes clases sociales respecto a quién paga el costo de la crisis en curso.
La estrategia de aislamiento y distanciamiento social recomendada por la OMS para controlar la expansión del virus, así como en general la dinámica de la crisis abierta por la pandemia, han otorgado un nuevo papel al Estado. En este cuadro, la intervención estatal en el terreno de la salud, lo social y la economía se ha incrementado en la región aunque resulte inferior a lo anunciado en los países centrales. Ciertamente, el sentido y magnitud de esta intervención está en el centro de las disputas en la región y a nivel global, como lo hemos reseñado en puntos anteriores, y puede adoptar diferentes direcciones, incluso puede no implicar contradicción alguna con los preceptos neoliberales: recordemos que en la anterior crisis del 2008 se orientó fundamentalmente al salvataje de bancos y empresas.
En esta misma dirección, como ya lo señalamos en el informe anterior, la lógica de la cuarentena y la intervención estatal justificada por la crisis ha sido utilizada, especialmente bajo los gobiernos neoliberales de la región, para reforzar una política crecientemente represiva y autoritaria, que ya venía desplegándose en muchos de estos países en el marco de la ofensiva neoliberal y particularmente frente a los cuestionamientos sociales intensificados en el último año. Por ejemplo, el tratamiento de la pandemia en la mayoría de los países de Centroamérica ha estado caracterizado por la poca presencia y las malas decisiones del Estado en materia de salud pública, contrastado con un reforzamiento de la militarización y el endurecimiento de sanciones a quienes incumplan las medidas de aislamiento dictadas por los gobiernos. Muestra de ellos son las miles de personas que han sido capturadas por no cumplir con las medidas y han sido llevadas a centros de albergue donde se han disparado las cifras de contagio de COVID-19, producto del confinamiento. Examinemos sobre ello lo sucedido en El Salvador y en otros países del continente.
El Salvador
El caso de El Salvador es paradigmático, ya que además de haber militarizado el parlamento en las semanas previas a la aparición de la pandemia, y de adelantar un tratamiento militar de la misma, el gobierno vía twitter de Nayib Bukele ha quebrantado el orden constitucional al afirmar que no reconoce órdenes ni de la Asamblea Legislativa ni del Poder Judicial, quienes en diferentes ocasiones han exigido al Ejecutivo el respeto de los derechos humanos y de la división de poderes del Estado.
En este marco, el elemento de principal preocupación para las organizaciones sociales y de Derechos Humanos ha sido el desarrollo de la política de seguridad denominada “Plan Control Territorial”, que para Amnistía Internacional ha evidenciado “un estilo de gobierno que, si bien parece innovador por sus formas, en el fondo regresa a las tácticas represivas y de abusos que se han visto tantas veces en el pasado de El Salvador”. El PCT que inició el 20 de julio de 2019 se ha enfocado en tres áreas, según la poca información pública que hay al respecto: “El control de los centros penales, la interrupción del financiamiento del crimen organizado y el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad”[43].
Así, aumentó la cantidad y el protagonismo de los agentes vinculados a las fuerzas de seguridad, quienes han sido duramente cuestionados por violaciones a los derechos humanos y el abuso de autoridad desde el inicio del PCT, que han aumentado especialmente desde el inicio de la pandemia, ya que las acciones de las Fuerzas Armadas y la Policía no tienen ningún enfoque de derechos humanos.
Adicionalmente, se han registrado numerosas denuncias sobre hostigamiento a los medios de comunicación y violación a la libertad de expresión de periodistas. Según cifras del Centro de Monitoreo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), de junio 2019 a mayo 2020 se registran 61 vulneraciones, dentro de las que se encuentran “bloqueos al acceso a la información pública, ataques y acoso digital, declaraciones estigmatizantes, amenazas a la vida, así como despidos de periodistas y personas trabajadoras de la comunicación y la información”. Esto se suma a la constante criminalización que el gobierno de Nayib Bukele ha hecho contra los defensores y defensoras de Derechos Humanos, como denuncia Amnistía Internacional respecto a “los mensajes públicos del presidente Bukele, donde desacredita a las organizaciones de derechos humanos, sugiere que los cuerpos de seguridad implementen medidas violentas o llama al incumplimiento de las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”[44].
Chile
La llegada de la pandemia sirvió en Chile para postergar el plebiscito para convocar a una nueva constituyente, que se había logrado producto de las masivas movilizaciones que venían sucediendo en el país suramericano y que proyectaban al movimiento social chileno como uno de los más enfáticos contra del modelo neoliberal en ese país. En este contexto, el presidente Sebastián Piñera afirmó que, producto de la recesión económica que tendrá Chile después del COVID-19, tal vez sea necesario volver a discutir la convocatoria plebiscitaria.
Por otro lado, la represión protagonizada por Carabineros contra la movilización social que generó numerosos casos de violaciones a los derechos humanos continúa vigente como la principal forma del Estado para controlar la pandemia. La falta de políticas públicas y la crisis sanitaria ubican hoy a Chile dentro de los cinco países de la región con mayor cantidad de casos positivos, un lugar preocupante teniendo en cuenta que, según cifras oficiales del Ministerio de Salud, los respiradores artificiales están ocupados al 87%, lo que advierte un colapso del sistema de salud para atender a los y las contagiadas[45].
A inicios de junio, y con numerosas denuncias sobre la manipulación de las cifras de la pandemia en el país, se reportaban 2870 víctimas mortales y un acumulado de 122 499 contagios. En medio de un escándalo por información revelada por el Centro de Investigación Periodística (CIPER), donde se informaba que la cifra real de fallecimientos por el COVID-19 no correspondía a la publicada por el Ministerio cercana a los 3 mil casos, sino a más 5 mil en total, el ministro de Salud Jaime Mañalich presentó su renuncia, y asumió el cargo Enrique Paris, expresidente del Colegio Médico reconocido por sus posturas “anticuarentena”[46].
São Paulo SP Brasil 13 06 2020- Passeata da sociedade civil contra o governo de Jair Bolsonaro na avenida Paulista foto Filipe Araujo
El despliegue de la pandemia en Brasil, con su creciente saldo de enfermos y fallecidos, lo ubica en el caso más grave en la región y como uno de los centros de la epidemia a nivel global. Esta crisis sanitaria es la mayor expresión —y una de las causas— de la inestabilidad política y social a la que se enfrenta y que retroalimenta a su vez el gobierno de Jair Bolsonaro. Con el crecimiento de la pandemia y sus políticas erráticas, el Gobierno ha avanzado hacia un creciente aislamiento político institucional, que ya era una tendencia anterior y se ha convertido en un proceso que aún no concluye.
En esta dirección, el presidente abrió varios frentes de batalla con los otros poderes (Legislativo y Judicial) e intensificó la lucha contra los gobernadores y alcaldes, presionando para la apertura de las actividades económicas y rompiendo con los grandes aliados del pasado, como los gobernadores del estado de Río de Janeiro y de São Paulo. Asimismo, las renuncias del ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, por diferencias con la política sanitaria impulsada por Bolsonaro —y luego la de su reemplazante, por similares motivos— y, especialmente, la del ministro de Justicia Sergio Moro que, en mayo, se alejó del gobierno denunciando al presidente de intentar manipular a la policía federal para garantizar la impunidad de sus familiares en diferentes investigaciones en curso, profundizaron el aislamiento político y social del gobierno. Particularmente la renuncia de Moro —quien como juez fue el impulsor de la causa judicial conocida como Lava Jato, que llevó a la cárcel y excluyó de las elecciones del 2018 a Lula, facilitando el triunfo de Bolsonaro—, expresó y precipitó la pérdida de apoyo al gobierno de un sector social importante, particularmente de los sectores medios, que había sido su sustento desde el principio. A pesar de ello, Bolsonaro todavía mantiene un núcleo resistente que lo apoya en las calles realizando caravanas, actos los domingos y acampes en la capital Brasilia.
Por otra parte, tras perder gran parte de su apoyo en los sectores medios, el presidente ha buscado obtener una mayor aprobación en los sectores de bajos ingresos. Para ello, utiliza dos discursos: defiende el uso de la cloroquina para el tratamiento del COVID-19 y muestra una supuesta preocupación por el empleo. En el primer caso, aunque contraría las pruebas científicas y pone en riesgo la salud de las personas, con estas afirmaciones el presidente busca instalar la idea de que tiene una solución rápida a la enfermedad. En el segundo caso, apuesta a interpelar el caos social, que incluso ha venido él mismo provocando con medidas económicas insuficientes para proporcionar seguridad económica a la población afectada. Para ello, utiliza el discurso del fin del aislamiento para permitir que las actividades económicas vuelvan a la normalidad, lo que puede ser valorado por una parte de aquellos que se encuentran en la desesperación, con sus ingresos menguados o evaporados. Además, Bolsonaro intenta capitanear por sí mismo la ayuda económica creada y aprobada por el Congreso Nacional.
En otra dirección, ante la disminución de su base de apoyo, Bolsonaro ha concentrado su fuerza en ampliar el sustento en las Fuerzas Armadas. A cambio, estas ocupan cada vez más posiciones gubernamentales. El caso más extremo de esto es el control total que conquistaron en el ministerio de Salud, tras la salida de los dos ministros en medio de la pandemia debido a los desacuerdos sobre las políticas a adoptar para combatir el coronavirus. El ministerio tiene ahora un general como ministro y otros 40 cargos estratégicos de esa cartera están ocupados por militares que carecen de cualquier formación técnica en el ámbito de la salud. En este proceso, más de 2800 miembros de las Fuerzas Armadas se encuentran en funciones administrativas en el Estado bajo la gestión de Bolsonaro. Finalmente, con la escalada de la crisis política y con la oposición aumentando e intensificando la búsqueda de un proceso de destitución presidencial, el gobierno también ha establecido alianzas con legisladores de partidos “fisiológicos” (que no tienen ningún compromiso ideológico cierto y venden su voto a quien más ofrece) y que conforman lo que se conoce como “Centrão”. Al frente de estas negociaciones están los ministros militares, que solían ser uno de los principales críticos de este tipo de alianzas pero que ahora buscan apoyo y ofrecen a cambio posiciones en el Ejecutivo.
Es importante señalar que el aislamiento y debilitamiento del gobierno y la inestabilidad y crisis política que conlleva no supone necesariamente que el proceso concluya con el desplazamiento de Bolsonaro, aunque sí permite que las fuerzas políticas se presenten ante los ojos de la sociedad con mayor claridad. Sobre ello, el intelectual marxista brasileño Armando Boito ha señalado:
La democracia brasileña está seriamente amenazada. El campo autoritario, compuesto por el ala militar y el ala fascista del gobierno de Bolsonaro, es fuerte y, a pesar de ser presionado por la Corte Suprema Federal (STF) durante este mes de mayo, todavía tiene la iniciativa política. La resistencia al fascismo, compuesta por el campo conservador liberal y el campo democrático y popular, es débil, dividida y defensiva. En mayo de 2020, nos acercamos peligrosamente a una dictadura fascista[47].
En este contexto, la derrota de Bolsonaro en el ámbito de la lucha institucional y política adquiere una centralidad sin precedentes. La demanda de desplazamiento del presidente sensibiliza a amplios sectores de la sociedad, desde la izquierda hasta entidades, intelectuales, figuras públicas, partidos y organizaciones de la sociedad civil, incluso sectores de la derecha. Sin embargo, los avances en esta dirección dentro de la izquierda plantean debates y desafíos. Por un lado, existe la dificultad de conciliar una alianza táctica con los más diversos sectores de la sociedad en defensa del impeachment. Por otro lado, se plantea el desafío de construir un frente de izquierda capaz de construir un proyecto popular para Brasil y presentarlo y dialogar con la sociedad sobre una salida adecuada y unitaria de la crisis.
Las organizaciones políticas y los movimientos populares han planteado en esta dirección dos iniciativas importantes. La primera, con la construcción de una “Plataforma de Emergencia” con varios sectores de la sociedad en defensa de la vida, la salud, los ingresos y el empleo, para salvar al pueblo de la crisis profundizada por la pandemia y la política irresponsable del gobierno. Esta plataforma, además de denunciar el proyecto neoliberal y neofascista en marcha, entiende que es imposible disociar la movilización social para enfrentar la pandemia de la necesidad de un cambio cualitativo y programático en el gobierno del país. La persistencia de un gobierno guiado por intereses privados y empresariales, que actúa contra las evidencias científicas y limita la acción del Estado en la lucha contra la crisis, hace extremadamente difícil superar esta situación.
La segunda gran iniciativa es la construcción de una “Política de Solidaridad” en las principales periferias de Brasil, que articula las diversas acciones y organizaciones del campo popular. Para estos sectores, el concepto de solidaridad significa la defensa incondicional de la vida del pueblo. Basado en la solidaridad, en la batalla de ideas y el trabajo de base, este proceso tiene como objetivo ganar fuerza en torno al proyecto popular y que el mismo se articule con el pueblo. Las acciones se centran en los terrenos de la salud y la alimentación, en la lucha contra el hambre y contra el virus. La solidaridad en este contexto va de la mano con la lucha por los derechos. El derecho a la cuarentena con aislamiento social, con condiciones de vida, ingresos básicos, acceso al agua, a los alimentos y a la salud requiere una lucha muy intensa por el acceso a los recursos públicos. Las organizaciones populares resisten y buscan ser la esperanza del pueblo. El contexto de la pandemia requiere de un esfuerzo de trabajo, capaz de promover una organización colectiva, aportando a los procesos de construcción en los territorios locales, los municipios, los estados y a nivel nacional, de la forma más coordinada posible. En otras palabras, o la clase trabajadora se organiza, defendiendo su vida y preparándose para la lucha política, o verá a la burguesía terminar de saquear el país y enterrar a miles de personas.
Aun en el marco de la crisis sanitaria, no cesa la ofensiva de EE. UU. sobre la región. Las disputas más intensas en el período —al menos públicamente— se dan en tres escenarios muy diferentes entre sí: Cuba,Venezuela y Bolivia.
Cuba
En informes anteriores hemos señalado la profundización del bloqueo económico y financiero como la principal política de hostilidad contra Cuba, que caracteriza a la administración Trump, en particular desde 2019. La novedad del período bajo análisis tiene que ver con la inclusión de Cuba en la lista de países “no totalmente cooperantes con los esfuerzos antiterroristas de EE. UU.”, de la que había sido retirada en 2015. En este selecto grupo de enemigos públicos acusados de patrocinar el terrorismo se encuentran Irán, Siria, Corea del Norte, Venezuela y ahora Cuba, nuevamente, desde mayo de 2020[48].
A su vez, el gobierno de EE. UU. eligió confrontar en medio de la crisis sanitaria con la cooperación de salud cubana, a través del despliegue de una campaña para evitar que otros países pidan ayuda médica a Cuba. Esto incluyó presiones diplomáticas junto con un decidido esfuerzo de comunicación a través de los principales medios privados del mundo, donde se acumularon denuncias como la del Washington Post:
Junto a la educación, el régimen vende los logros de la medicina cubana como el rostro de su sistema social. Son logros reales, nadie lo duda, pero como todo buen antifaz, detrás de ese lobby político de resultados se esconde toda la maquinaria y el andamiaje autoritario y dictatorial que impera en el país a golpe de socavar las libertades fundamentales de todo un pueblo[49].
Sin embargo, esa política no pudo evitar la difusión del trabajo de las brigadas de solidaridad. Estas postales de solidaridad no son algo reciente, pero en este contexto alcanzan mayor notoriedad. La acción internacionalista de Cuba en el campo de la salud se remonta a 1960, apenas iniciada la Revolución, y continúa desde ese momento sin interrupciones. Pero es en 2005 cuando se funda la Brigada Henry Reeve, a partir de una situación paradójica y al mismo tiempo educativa, que merece que se le dediquen unas líneas. En 2005, el Huracán Katrina golpeó con fuerza en la región sureste de EE. UU. y afectó a los estados de Luisiana —en particular a su capital, Nueva Orleans—, Mississippi y Alabama. Ante esta situación, el gobierno cubano preparó un contingente médico con 1586 profesionales dispuestos a brindar ayuda a la población estadounidense. La brigada tomó el nombre de Henry Reeve, en honor al joven estadounidense que en el último tercio del siglo XIX participó en la guerra por la primera independencia de Cuba, contra el dominio colonial del Reino de España. Sin embargo, el gobierno de George W. Bush rechazó la asistencia. De manera que Fidel Castro creó a los pocos días el Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias “Henry Reeve”, que a partir de ese momento tuvo una participación destacada en numerosos países, la más conocida de ellas ante la epidemia de ébola en África, en 2014. Pero nunca se le permitió el ingreso a EE. UU., cuyo sistema al parecer es demasiado frágil y no puede admitir que un país con un sistema diferente le brinde ayuda humanitaria. En lugar de eso, su gobierno insiste con ataques a las brigadas de solidaridad.
En este despliegue ante la epidemia, contingentes de la brigada Henry Reeve se desplazaron a 24 países. Entre ellos hay que señalar especialmente el envío de 348 trabajadores y trabajadoras de la salud para atender la situación en Haití. Primer país de América en expulsar al colonialismo europeo en 1805, en los últimos años profundizó la dependencia del imperialismo a fuerza de golpes de Estado, ocupación militar extranjera e intervención “humanitaria” de las ONG primermundistas. Como resultante de ese proceso, que une lazos de dominación de larga y también de corta data, Haití se ha convertido en la contracara de Cuba: despojada de su soberanía, con una situación de extrema pobreza generalizada, ausencia de servicios públicos y una creciente represión[50]. Se trata de uno de los experimentos más violentos del neoliberalismo de guerra, que apenas si ocupa alguna página —tal vez como efeméride— en la denominada “prensa libre”. Tanto en este como en otros territorios, la respuesta solidaria de Cuba se destaca ante la agresiva política de EE. UU., que despliega tropas en el Caribe e incrementa el tono bélico.
Disparen contra Venezuela
En el caso de Venezuela, se trata de una guerra híbrida que se ha tornado cada vez más abierta. El episodio más importante del período, sin dudas, tiene que ver con el ataque paramilitar de principios de mayo, denominado Operación Gedeón, que involucró a Juan Guaidó con mercenarios de las fuerzas especiales norteamericanas —dos de los cuales fueron capturados y están detenidos—, mediados por una compañía “contratista” fundada por Jordan Goudreau, que entre otros servicios participara como seguridad en eventos del presidente Donald Trump.
El intento, frustrado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con participación del poder popular, representó un duro golpe a la ya alicaída imagen de Guaidó. En contrapartida, mostró con claridad que las advertencias por parte del gobierno de Nicolás Maduro —por regla general, ninguneadas por los medios privados de comunicación— eran ciertas. A pesar de la enorme cantidad de evidencias respecto a la participación de gobiernos de otros Estados, como el colombiano y el estadounidense, la mayoría de los gobiernos y organismos supranacionales optaron por hacer como si nada hubiera sucedido, contribuyendo a golpear una vez más los principios básicos del derecho internacional.
A su vez, las características de la operación exponen con elocuencia la articulación entre las diferentes agencias de EE. UU. y elementos criminales, en particular ligados al narcotráfico. Un detallado informe de Misión Verdad sobre el evento —cuya lectura recomendamos— señala lo siguiente:
Los detenidos en el marco de la Operación Gedeón han dicho que las acciones “quirúrgicas” que pretendían organizar en suelo venezolano, comprendían ataques específicos contra dirigentes del chavismo, el secuestro del presidente Maduro y la captura de un aeropuerto para enviar al Presidente a EEUU.
Los detenidos también han dicho que ha habido dinero del narcotráfico colombiano involucrado en el financiamiento de la operación. Para el gobierno de Venezuela, la Administración para el Control de Drogas (DEA) está involucrada, junto con Washington, Bogotá y grupos del narcotráfico. “Esta incursión terrorista nosotros pudimos develarla, sabiendo que el Gobierno de Estados Unidos delegó a la DEA para la preparación de esta acción y en una empresa privada SilverCorp toda su planificación operativa”, denunció el presidente Maduro. “La DEA buscó a los capos y carteles de la Alta Guajira colombiana, de la Guajira venezolana y de varios estados del país, particularmente Falcón, La Guaira, Caracas y Miranda”, enfatizó. El titular de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, ha indicado que “una de las personas detenidas manifestó ser funcionario de la DEA, participó en operaciones de la DEA en América, es venezolano, dicho por él mismo. Lo decimos de forma clara: detrás de esto está Estados Unidos, la oligarquía colombiana y el narcotráfico”, recalcó[51].
La Operación Gedeón es una más de una larga cadena de agresiones, profundizadas desde enero de 2019 y entre las que cobran especial atención: a) la acusación de “narcoterrorismo” y el pedido de captura del presidente Nicolás Maduro y otros altos dirigentes chavistas por parte de organismos oficiales de EE. UU., ocurrida a fines de marzo; y b) el despliegue de barcos en el Caribe, como parte de una supuesta misión antinarcóticos. Ambas situaciones ya fueron comentadas en el informe N.º 6 elaborado por este Observatorio[52]. Aquí solo agregaremos parte del análisis de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, publicado a mediados de abril, porque se trata de una síntesis informativa indispensable en relación con el tema:
“Trump anunció operaciones antidroga y el despliegue de barcos en el Caribe y el Pacífico oriental, centrándose particularmente en Venezuela, cuyo gobierno, según el secretario de Defensa, Mark Esper, depende de las ganancias derivadas de la venta de narcóticos.
El mundo entero sabe que Venezuela no figura entre los países que producen, trafican ni consumen drogas. No aparece en las estadísticas de los recientes informes de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, correspondientes a 2019. Solo figura como la nación con mayores incautaciones de narcóticos.
Es Colombia, y no Venezuela, el mayor productor de cocaína del planeta. De las 245 mil 400 hectáreas de cocaína que fueron cultivadas en 2017, 69,68 por ciento, es decir, 171 mil, estaba en territorio colombiano. Es también Colombia el mayor productor de cocaína 100 por ciento pura: de 1970 toneladas que se produjeron en 2017, en ese país se fabricaron 1379 toneladas[53].
En este contexto, desde ya, cobra una importancia central el control de las fronteras. En este plano, hay que decir que las unidades atacantes fueron entrenadas durante meses en Colombia, presumiblemente con apoyo pleno del gobierno de Iván Duque, de acuerdo a lo que indican varias evidencias. De otro modo es difícil entender cómo, en la misma semana en que se desarticulaba al grupo irregular y capturaba a decenas de integrantes en diferentes puntos de la fachada Caribe, en el otro extremo del país, el gobierno de Venezuela encontraba tres lanchas de la Armada de Colombia, equipadas con ametralladoras y munición[54]. Un suceso que quedará en la historia, junto con la explicación ofrecida por el gobierno colombiano. De acuerdo al parte oficial difundido por la Armada de este país, sus embarcaciones estaban “en un puesto de control fluvial amarradas [del lado colombiano] en la frontera colombo-venezolana” y “fueron arrastradas por la corriente en la madrugada”[55]. La comunicación no explica las razones por las que las tres embarcaciones se hayan soltado al mismo tiempo y sin intervención de nadie; y hayan navegado juntas hasta territorio venezolano. Lo “increíble” de la posición oficial de Colombia fue registrado hasta por los medios vinculados a las políticas del Departamento de Estado[56][57].
A estas situaciones se les suma un evento de magnitud aún más global. Pocos días más tarde de la incursión mercenaria fallida del 3 y 4 de mayo, EE. UU. dejó trascender que estaba preparado para interceptar cinco buques iraníes que desafiaron el bloqueo y se dirigieron con petróleo hacia Venezuela, en el marco de una situación crítica de abastecimiento. Pero las amenazas no se concretaron y el gobierno de Trump —empezando por el canciller Pompeo— quedó nuevamente en ridículo. En una postal de época, los barcos con la bandera de Irán atravesaron el Caribe y llegaron a territorio venezolano escoltados por los poderosos cazas Sukhoi —de fabricación rusa— que posee la Fuerza Aérea bolivariana.
Poco después, hacia fines de junio, se anunció un acuerdo mínimo entre gobierno y la oposición ligada a Guaidó para “trabajar coordinadamente y con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, en la búsqueda de recursos que contribuyan al fortalecimiento de las capacidades de respuesta del país”, según anunció el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez[58]. Esta es la primera señal de distensión que concede el sector de Guaidó, hasta ahora abroquelado en la estrategia de todo o nada dictada por Estados Unidos. Obligado por las circunstancias o no, el acuerdo tiene su valor político y en algunos sectores genera expectativa en torno a la posibilidad de acordar la realización de elecciones parlamentarias, de cara a una eventual normalización institucional. Esto, sin embargo, dependerá en buena medida del cálculo de Washington, atravesado por sus propios problemas y tiempos políticos.
En este contexto, y ya avanzando en el mes de junio, no está de más señalar que algunos sectores de la derecha venezolana —precisamente, articulados internacionalmente en la Fundación Internacional para la Libertad mencionada en un apartado anterior— intentan posicionar la figura de María Corina Machado en reemplazo de Juan Guaidó[59].
Esta estrategia se basa en la reproducción in extremis de la concepción que guía a la guerra híbrida de EE. UU. en la región. Machado propone directamente al centro imperial la organización de una coalición que active el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) para ejecutar “una Operación de Paz multifacética” —así la denomina—, que ataque militarmente a Venezuela. Para justificar la propuesta, Machado apela a una combinación entre la guerra contra “el enemigo extrahemisférico” (que remite a la Doctrina de Seguridad Nacional de EE. UU. de la segunda mitad del siglo XX) y la guerra contra “las nuevas amenazas”. Esto se puede observar en su convocatoria pública, difundida primero en un diario madrileño —que habitualmente amplifica las posiciones del Partido Popular español— y luego replicada en otros países a través de medios articulados a la estrategia. La dirigente dice en su arenga:
Occidente no puede permitir un Estado fallido y criminal, ocupado por potencias antidemocráticas y grupos terroristas ajenos a la región, en el corazón del continente. A nivel global esto representa una agresión al corazón mismo de la noción civilizadora de democracia liberal y representativa, y a los valores de la cultura occidental”[60].
De forma evidente, diferentes sectores de la oposición intentan ganarse la atención del Departamento de Estado en favor de su mirada. Otros sectores, más moderados en relación a Machado y a Guaidó/Leopoldo López, sostienen conversaciones con el gobierno y a veces entre sí respecto a la posibilidad de participar en el próximo proceso electoral, tras dos años de rechazo. Múltiples estrategias que únicamente se subordinan a un poder exterior que hasta el momento se visualiza como el único orientador; y por momentos aparece desorientado.
La importancia estratégica que para EE. UU. tiene Venezuela y su correlato, el abanico y la magnitud de las acciones en curso, indican que el episodio de agresión armada ocurrido en mayo no será necesariamente el último en esta etapa. Mientras tanto, el bloqueo no cesa y la tensión permanece. La llegada de efectivos militares de élite del Comando Sur a Colombia hay que analizarla en este escenario[61].
Bolivia
El caso de Bolivia es diferente a los de Cuba y Venezuela. En primer lugar, porque la acción de EE. UU. se realiza a través de actores locales en una proporción incomparablemente mayor. En segundo lugar, porque se trata de una política que ya desalojó del control del Estado a las fuerzas consideradas hostiles, a través del golpe de Estado cívico militar que derrocó al gobierno de Evo Morales en noviembre de 2019. Pero la situación todavía permanece abierta: el imperialismo necesita estabilizar la situación, como en años anteriores logró tras un golpe de Estado en Honduras, por ejemplo. No parece haber margen político para sostener un gobierno que no surge del voto. Sin embargo, nada está descartado.
Con base en la crisis sanitaria y las consecuentes restricciones a la movilidad, el Tribunal electoral postergó las elecciones presidenciales, previstas originalmente para el 3 de mayo. En las encuestas previas a la pandemia, la fórmula del MAS IPSP, encabezada por Luis Arce y David Choquehuanca, se ubicaba en primer término. El expresidente Carlos Mesa —segundo en las elecciones de noviembre, anuladas por el golpe— y la presidenta de facto del “régimen de transición”, la también candidata Jeanine Añez, peleaban el segundo lugar y aspiraban a llegar al balotage. Recientemente, con la oposición del partido de Añez pero con el acuerdo de Carlos Mesa, del MAS (que tiene mayoría parlamentaria) y de otros partidos menores, el TSE y la Asamblea Legislativa Plurinacional definieron que el 6 de septiembre próximo Bolivia irá a las urnas, en una contienda clave para la región. Esta decisión es la que al cierre de este informe Añez se resiste a cumplir, en lo que puede convertirse en un escándalo aún mayor.
De modo que los próximos tres meses, presumiblemente, se incrementarán la tensión y la incertidumbre política en el país, con un gobierno autoproclamado e “interino” que avanza sobre cuestiones estructurales de la economía boliviana mientras crecen los bloqueos y otras manifestaciones de descontento popular. A su vez, Añez tiene el control de los resortes fundamentales del Estado pero no parece estar en su mejor momento. A la situación económica, la represión política y la pandemia, se le suma que Añez se ha visto afectada por varios escándalos emergentes de su gestión.
Iván Bellot, integrante de ALBA Movimientos – Bolivia, hace un relato de algunos hechos políticos:
El primero de los escándalos tiene que ver con la celebración del cumpleaños de su hija Carolina Rivera. A este festejo y a pesar de la cuarentena, acudieron diversas amistades que viajaron a La Paz, desde la sureña Tarija, en un avión de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), lo cual se constituye en uso indebido de bienes del Estado. El caso ya pasó a la fiscalía[62]. Sin embargo este no fue el único vuelo observado. El ministro de la presidencia, Yerko Nuñez, realizó al menos un viaje en una aeronave de la FAB en compañía de una ex miss, bajo el argumento de “motivos humanitarios”[63]. Por este tema tuvo que disculparse públicamente.
Pero el mayor escándalo, sin dudas, es el de la compra de los 170 respiradores hospitalarios con sobreprecio de varios millones de dólares, que terminó con la detención —y el consecuente despido— del entonces ministro de Salud Marcelo Navajas, que había sido nombrado un mes y medio antes. Tras varias denuncias publicadas en las redes sociales y medios de comunicación, Añez finalmente se dio por enterada del caso e instruyó una investigación minuciosa: “Caiga quien caiga”[64]. La compra de dichos respiradores españoles se hizo a través del Cónsul boliviano en Barcelona, con el aval del ministro de Salud y del nuevo Embajador para la Ciencia y Tecnología, un cargo fabricado a medida para el novio de la hija de Jeanine Añez, Mohammed Mostajo, doctor en Biología Molecular. Constatado el sobreprecio por parte de la propia empresa fabricante, varios responsables de la contratación fueron detenidos, incluido el ministro de Salud. Sin embargo, minutos antes de la audiencia de medidas cautelares, el juez que debía conocer la compra irregular fue aprehendido y encarcelado[65]. Tanto la fiscalía como el Ministerio de Justicia negaron su participación en esta detención descubriéndose que la orden partió del propio ministro de Gobierno, Arturo Murillo[66].
Por otro lado, el tono racista volvió a surgir cuando el Ministro de Minería, Fernando Vásquez, en una entrevista radial afirmó: “Tengo ojos verdes, pelo crespo, soy blanco. Mis condiciones no hacen que yo sea compatible con el resto de las personas del Movimiento al Socialismo”. La reacción de condena fue tan fuerte que fue destituido del cargo.
A esta altura el fracaso de la gestión de la pandemia del régimen de Añez es evidente y esto complica la salida electoral. De perder y verse obligados a dejar el gobierno, los y las involucradas en el actual gobierno deberían ser juzgados por las masacres de noviembre de 2019 y por los actos de corrupción y abuso de poder cometidos en estos siete meses de gestión.
El panorama, como se ve, tiene sus riesgos para las fuerzas golpistas. Sin embargo, habrá que evaluar en qué medida esto posiciona de forma más competitiva a una alternativa como puede ser la de Mesa u otro candidato que —en la hipótesis del desgaste de Añez— pueda capitalizar los votos que pierda el ala en el gobierno, el más radical entre los sectores alineados con Estados Unidos. En caso de confirmarse la fecha de elecciones para el 6 de septiembre, restan menos de tres meses para una elección decisiva, que ya se palpita en todo el continente.
Las disputas en torno a la nueva situación abierta por la pandemia y las políticas neoliberales también se proyectan e intensifican a nivel regional e internacional. La extensión a Europa de las masivas protestas desplegadas en EE. UU. frente al asesinato de George Floyd ha sido expresión de ello, en un contexto donde crece el repudio al racismo y fascismo. En este campo de convergencias y articulaciones regionales y a nivel global, durante estos meses se han destacado una serie de encuentros y declaraciones.
Como ya mencionamos en el informe anterior, la Asamblea Internacional de los Pueblos (AIP) convocó en marzo a la apertura de un debate global, sobre una plataforma política con 16 propuestas concretas para enfrentar la pandemia. El documento, también firmado por el Instituto Tricontinental, fue lanzado por las organizaciones que forman la AIP, que hacen vida en 87 países. Pocas semanas después —al 17 de abril— había recibido un total de 479 adhesiones provenientes de 70 países de todos los continentes: 8 articulaciones internacionales, 233 organizaciones y 238 personas, principalmente intelectuales.
La AIP sistematizó las respuestas a su convocatoria y entre ellas destacó en primer lugar “el impacto de género del coronashock”:
Sin duda, la cuestión de género debe ser central en nuestra evaluación del coronashock y de cualquier marco político de la izquierda que surja de él.
Una de las organizaciones vinculadas a la AIP, la Marcha Mundial de Mujeres, realizó en abril “las 24 horas de Solidaridad Feminista, contra el poder y la impunidad de las corporaciones transnacionales”. “Lo hacemos teniendo en nuestra memoria las miles de mujeres que murieron y otras que han sido heridas durante el colapso de las torres de Rana Plaza en Bangladesh, el 24 de abril de 2013”, explicaron. Este día murieron 1127 personas, en su mayoría mujeres que trabajaban en condiciones en extremo precarias en fábricas de ropa para grandes marcas de Europa y de EE. UU., entre ellas Auchan, Benetton, Carrefour, El Corte Inglés y Wal Mart.
La actividad forma parte de la 5ª Acción Internacional 2020, una serie de acciones entre marzo y octubre de este año, en el que la Marcha Mundial de Mujeres celebra dos décadas desde que salió a las calles por primera vez, en 2000. En la declaración señalaron:
Las empresas transnacionales acumulan hoy en día más recursos que muchos países. Concentran cada vez más riqueza y poder y, como parte de sus actividades, destruyen la naturaleza, despojan y expulsan a la gente de los lugares donde siempre han vivido. Los grandes grupos económicos acumulan todas las ganancias generadas, desde la extracción de materias primas hasta la producción y distribución de bienes y servicios. El poder de las empresas sigue legitimado por las fuerzas de extrema derecha en el poder que refuerzan el autoritarismo y la violencia contra las personas en los territorios alrededor del mundo. La crisis del coronavirus está demostrando los impactos de las desigualdades sociales y económicas en la vida de las personas, y se va intensificar en los próximos tiempos.
[…] La economía no puede separarse de la política, la salud y la vida. En estos momentos de crisis, la economía feminista tiene mucho que guiarnos: poner la sostenibilidad de la vida en el centro de nuestras prácticas de resistencia y nuestras propuestas de transformación. Nos enfrentamos a la pandemia del coronavirus y al autoritarismo de muchos gobiernos, y nos hemos planteado el reto de movilizarnos manteniendo la distancia necesaria para la prevención[68].
A nivel regional, ALBA Movimientos desarrolló desde el comienzo de la pandemia un intenso proceso de información y debate público. Entre estas iniciativas se destacó por un lado el ciclo Voces del ALBA, con conferencias en vivo de dirigentes de movimientos populares de todas las regiones del continente: América del Sur, Mesoamérica y el Caribe; y por otro la publicación de informes de casos de COVID-19 agrupados por orientación política. En ellos se veía de forma muy clara que los gobiernos neoliberales que conforman el núcleo duro del Grupo de Lima son quienes concentran hasta el momento la gran mayoría de las muertes, hecho que contrasta particularmente con el desarrollo de la pandemia en los gobiernos de ALBA-TCP. A principios de abril, la Articulación de Movimientos alertó tempranamente sobre el efecto que la pandemia podía tener en un continente con débiles sistemas públicos de salud y precarias condiciones de vida para la mayoría de la población:
En América tenemos cerca de 200 mil casos, solo 20 mil corresponden a Nuestra América (América Latina y el Caribe). Aunque son números bajos, debemos recordar que nuestro continente tiene apenas tres semanas desde el primer caso y los números han venido aumentando aceleradamente sin haber entrado en fase de aumento exponencial. Debemos prever semanas muy duras para nuestras tierras. Y si a esto le sumamos las precarias condiciones de vivienda de una inmensa cantidad de personas y la desigualdad de género que se agudiza con el aumento de los casos de violencia en medio de la cuarentena, el combo es muy peligroso[69].
En un sentido similar se expresó la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina) en una convocatoria en torno al Día internacional de la de Lucha Campesina:
La propagación del COVID-19 y sus consecuencias en la gente solo desvela los efectos del capitalismo que, con sus políticas globalizadas, han provocado el desmantelamiento institucional de los Estados y la privatización de los derechos humanos en la región.
Esta frágil estructura estatal de América Latina y El Caribe en donde los estragos de la pandemia están más sentidos en la población históricamente empobrecida: el campesinado, el sector obrero, y el sector de comercio informal; es decir l@s trabajador@s por cuenta propia y además los migrantes, solo ha ensanchado la brecha de desigualdad social, aumentando además la inseguridad alimentaria, el despojo de los bienes comunes y el aumento de la violencia hacia las mujeres. Aún más, líderes y lideresas de las organizaciones campesinas que permanecen en la defensa de sus tierras y territorios enfrentan la violencia sistemática[70].
El Foro de São Paulo, por su parte, se reunió a principios de mayo por videoconferencia y elaboró un análisis de la situación y una serie de posicionamientos y propuestas plasmadas en la declaración Unidad y solidaridad antimperialista ante la pandemia[71]. Entre ellas se destacan la propuesta de impulsar una Renta Básica y la exigencia de que los medicamentos, las pruebas y las vacunas tienen que estar a disposición de la población de forma gratuita.
Otra iniciativa de relaciones internacionales a destacar es el Grupo de Puebla, que se reunió de forma virtual en los primeros días de abril, para analizar en general la pandemia. Luego, también en abril hizo un encuentro especial en torno a la situación en Chile —inaugurado por Alberto Fernández y en el cual reunió a 11 fuerzas de oposición al gobierno de Sebastián Piñera, desde el centro a la izquierda— y poco después, , a mediados de mayo, organizó otro encuentro, relacionado con Colombia. En este último, además de manifestar su preocupación por los obstáculos al proceso de paz, los presentes ratificaron los lineamientos centrales del espacio en términos de políticas estatales: sistemas fuertes de salud pública, en consonancia con una revalorización del rol del Estado como proveedor de bienes públicos colectivos; moratoria de la deuda externa y regímenes fiscales progresivos, junto con una política internacional soberana, que rechaza las acciones unilaterales de EE. UU. La novedad para el espacio político es la inclusión en un lugar destacado del problema del cambio climático:
Expresamos nuestro deseo de no volver a un sistema de producción, extracción, acumulación y consumo incompatible con el desafío que representa la adaptación al calentamiento global, un fenómeno subestimado pero cuyos efectos se pueden exacerbar en el corto y mediano plazo en medio de la pandemia.
Otro dato importante sobre esta reunión es que la declaración incluyó la convocatoria a formar una I Internacional Progresista[72].
Precisamente Internacional Progresista es el nombre de un espacio creado en torno a la convocatoria realizada por el Movimiento Democracia en Europa 2025 (Democracy in Europe Movement, DiEM25), impulsado por Yanis Varoufakis; y por el Instituto Sanders de EE. UU., vinculado al excandidato presidencial en la primaria demócrata. Este espacio, que se lanzó públicamente en mayo, comparte miembros con el Grupo de Puebla, como por ejemplo Rafael Correa, Álvaro García Linera y el excanciller de Brasil, Celso Amorim. En su consejo tiene además a intelectuales y personalidades de la cultura como Noam Chomsky, Naomi Klein y el actor mexicano Gael García Bernal, y a figuras nuevas de la política de varios países, como la primera ministra de Islandia, Katrín Jakobsdóttir; y la titular del flamante ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta. El rechazo al imperialismo, la promoción de una economía más justa y un Nuevo Acuerdo Verde (“Green New Deal”) son parte de los ejes principales en torno a los que se articula este espacio, que —si la situación lo permite— se reunirá en septiembre en Reykjavik. Islandia es gobernada desde 2017 por una alianza encabezada por el Movimiento de Izquierda Verde.
São Paulo SP 07 06 2020- As 15 hs Buzinaço e panelaço e gritos Fora Bolsonaro no bairro dos Campos Eliseos em São Paulo foto Jorge Araujo/ Fotos Publicas
En estos últimos meses, la ampliación en la circulación del virus agravó la crisis sanitaria y social y su impacto sobre los sectores populares en Nuestra América. Asimismo, la extensión del crack económico intensificó las disputas sobre las políticas de aislamiento social obligatorio y la intervención estatal en relación a cómo se distribuyen los costos de la crisis. Hemos presentado en este informe los principales hechos en relación con ello.
También reseñamos sintéticamente los golpes de la ofensiva neoliberal, autoritaria e imperialista que se han descargado sobre nuestros pueblos aprovechando la situación de emergencia creada por la pandemia. Alrededor de estos puntos se han potenciado o comienzan a emerger las resistencias e incluso, en algunos casos, la afirmación de una efectiva capacidad defensiva de las experiencias populares en la región. La captura de los mercenarios invasores y la llegada de los buques petroleros iraníes son un símbolo real de la fuerza demostrada por la Venezuela bolivariana, doblemente enfrentada a la guerra híbrida del imperio y a la pandemia. La intensificación de la confrontación a nivel regional también se expresa de manera álgida en la dimensión que adquirió la crisis político institucional en Brasil, entre el bloque militar fascista, los sectores liberal conservadores y los movimientos populares.
En esta dirección, en muchos lugares de Nuestra América la expansión del coronavirus ha dinamizado un espiral de crisis y contradicciones. Un verdadero huracán social que por un lado profundiza las desigualdades y por otro lado pone en tensión la estructura social de una normalidad alterada drásticamente. Con todas las incógnitas que plantea, el futuro se entreteje en este presente de conflictos y luchas. En esta perspectiva y frente a un escenario que parece plantear para los próximos meses una agudización de la crisis sanitaria, social y económica; los pueblos de Nuestra América afrontarán en este tiempo por venir una de sus horas más críticas.
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