La política de tierra arrasada
Los más veteranos en el viaje de la vida recordarán que Brasil fue identificado como el país del futuro durante mucho tiempo. Bastaba con esperar que lo alcanzaramos, porque el camino de la superación del subdesarrollo y el atraso ya se estaba recorriendo. Para frustrar las expectativas que se crearon en torno a esta certeza, el mundo empezó a cambiar a finales de los años 70 y, con ese cambio, desaparecieron las condiciones en torno a las cuales muchos y muchas creían que estábamos superando nuestros límites y acercándonos a ese futuro como una nación soberana bien situada en la división internacional del trabajo capitalista.
En el mundo, la forma particular de reproducción del capital que había sostenido la expansión económica durante los treinta años siguientes al final de la Segunda Guerra Mundial se había agotado y dio paso al dominio financiero y al neoliberalismo, su cara ideológica y política. En Brasil, esto implicó el fin del período de sustitución de importaciones, la crisis de la deuda externa y el debilitamiento del Estado como importante impulsor de la economía.
A pesar de la democratización del país, que culminó con la aprobación de la Constitución de 1988, los años siguientes fueron de «adaptación» al nuevo orden mundial. Este proceso de ajuste duró mucho tiempo, con un interregno durante los gobiernos dirigidos por el Partido de los Trabajadores (PT). Aun así, en los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) y Dilma Rousseff (Dilma), no se anularon los procesos llevados a cabo en los gobiernos anteriores, aunque hay que reconocer que durante el primer gobierno de Dilma, el trípode macroeconómico formado por el tipo de cambio flotante, la meta de inflación y el superávit fiscal se debilitaron mucho. Además, el gobierno se enfrentó a los intereses del sector financiero, especialmente de los bancos, ofreciendo tasas de interés más bajas a través de la Caixa Econômica Federal y el Banco do Brasil, lo cual, por supuesto, fue fuertemente criticado y combatido por los banqueros y sus voceros.
Así, si volvemos la mirada a las continuidades que hay desde 1991 hasta hoy, vemos que el país, con altibajos, no abandonó la trayectoria de adaptarse a las nuevas reglas dictadas por la hegemonía financiera y el neoliberalismo. La desregulación de la esfera financiera y la adopción de tipos de cambio flexibles; la venta de activos públicos; la introducción en la esfera pública de los criterios de evaluación y eficiencia utilizados en las grandes empresas privadas; la primacía del pago de los intereses de la deuda en detrimento de la asignación presupuestaria de recursos para satisfacer las necesidades de la población; el abandono del papel del Estado como agente fundamental en el desarrollo de políticas estratégicas; la continua desindustrialización del país; la aprobación de la reforma laboral, creando las bases para la flexibilización de la parte del mercado de trabajo que se mantenía en la formalidad; la ausencia de políticas industriales; el avance de la destrucción de los biomas, especialmente de la Amazonía, la sabana y los humedales, son parte de los «cambios» que se han producido en los últimos treinta y un años.
En los últimos años de este período, particularmente durante el gobierno de Jair Bolsonaro, esta trayectoria se aceleró y, en algunas áreas o aspectos, registró cambios cualitativos. Es el caso del desmantelamiento del Estado y el avance del agronegocio y las actividades mineras en tierras indígenas y en la Amazonía. En el caso del Estado, además de la drástica reducción de recursos que se promovió en algunas áreas, como la educación, la ciencia y la tecnología y en algunos programas relacionados con los derechos de las mujeres y/o vinculados al Sistema Único de Salud (SUS), hubo una reducción de la capacidad analítica y propositiva de su personal, a la que contribuyó, aunque no es la única causa, el apagón de datos derivado del retraso en la realización del Censo 2022, que estaba programado para salir en octubre y recién saldrá en diciembre. Hay que recordar que el Censo no se llevó a cabo porque no se asignaron recursos para su realización y no por la pandemia de COVID-19 que ya estaba en marcha. México, por ejemplo, realizó su censo, y de manera presencial, a pesar de la pandemia, tomando todas las precauciones de prevención sugeridas por las autoridades sanitarias.
Sin querer hacer hincapié en lo que todo el mundo sabe —o debería saber—, si no sabemos quiénes somos, es decir, cuántas personas somos, cuál es la composición demográfica de nuestra población, cuáles son sus ingresos, entre otros datos, no hay manera de hacer políticas públicas. El desprecio por la información representa la idea que ha tenido el gobierno de Bolsonaro sobre la relación entre Estado y sociedad. Si, por ejemplo, se defiende que la educación de la primera infancia es responsabilidad de la familia y es proporcionada por ella, no hay razón para saber cuál sería la necesidad de recursos públicos para este ámbito (VARGAS y MARQUES, 2022).
En cuanto al avance del agronegocio y la minería en el Bioma Amazónico, los datos son aterradores. El 11 de marzo de 2022, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, por sus siglas en portugués) informó que hasta el 2020 ya habían sido deforestados 729.781,76 km.2 en el Bioma Amazónico y 813.063,44 km.2 en la Amazonía Legal. El 18 de noviembre de 2021, el INPE divulgó que entre el 1º de agosto de 2020 y el 31 de julio de 2021, la tasa de deforestación en la Amazonía Legal brasileña tuvo un aumento del 21,97%, correspondiente a 13.235 km². El nivel de desprecio hacia el medio ambiente, especialmente hacia la preservación de la Amazonía, durante el gobierno de Bolsonaro fue tal que países como Noruega y Alemania, por ejemplo, suspendieron el envío de recursos al Fondo Amazónico.
La prioridad otorgada al agronegocio fue acompañada por una ausencia de políticas hacia la industria, por lo que el proceso de desindustrialización que ya estaba en marcha se profundizó y, de la industria que todavía queda, son pocos los que incorporan avances tecnológicos, ampliando la brecha con los nuevos estándares de producción mundial en términos de productividad y costos. Por no hablar de que no se ha avanzado en el sentido de armonizar las actividades con la recuperación y preservación del medio ambiente.
Desde el punto de vista social, el deterioro de las condiciones de vida y de empleo también registró cambios cualitativos. Brasil, que había salido del Mapa del Hambre y reducido la pobreza absoluta y la desigualdad de ingresos entre las y los ocupados mediante políticas de transferencia de ingresos (especialmente con el desarrollo del Programa Bolsa Família) y la política de revalorización del salario mínimo (74,33% de incremento real entre 2004 y 2016), había aumentado la participación del mercado laboral formal en el total de ocupados y registrado el menor nivel de desempleo, volvió a convivir con indicadores extremadamente preocupantes en este ámbito. Es sabido que 33 millones de brasileños y brasileñas pasan hambre y que 61,3 millones están en situación de inseguridad alimentaria. Las escenas de gente buscando comida en la basura, que dieron paso a colas para conseguir o comprar hueso, difícilmente serán olvidadas por quienes son sensibles a la situación de los más pobres.
Paralelamente, la tasa de desempleo sigue siendo alta (8,9% en el trimestre que terminó en agosto de 2022), alcanzando los 9,7 millones de personas, y no es mayor porque se produjo un aumento del empleo a través de la expansión del trabajo informal y precario. En Brasil, en los últimos años, estamos asistiendo a la creciente informalización y precarización del mercado laboral. En septiembre de 2022, el Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (DIEESE) informó que los desocupados, los trabajadores desprotegidos, los desalentados, los subocupados u ocupados en empresas familiares, sumaban unos 60 millones de personas. El resultado de este proceso fue una reducción de los ingresos de los trabajadores. En 2021, el ingreso per cápita real de los hogares fue un 6,2% inferior al de 2020 (año en el que el Producto Interno Bruto cayó un 3,9%). Este ingreso fue el más bajo registrado en la serie que comenzó en 2012 (IBGE, 2022).
El retorno de la esperanza y la construcción del futuro
El 30 de octubre de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva fue elegido presidente de la República por tercera vez, algo sin precedentes en la historia de Brasil. La diferencia con su contrincante, el actual presidente Jair Bolsonaro, fue de solo 2.139.645 votos, menor que la que se dio en la disputa entre Dilma Rousseff y Aécio Neves en 2014. También es la primera vez desde la redemocratización del país que un presidente no es reelegido. En relación con la primera vuelta, Bolsonaro aumentó los votos recibidos en más de 7 millones (7.134.009), mientras que Lula en 3.086.495. Al final, Lula obtuvo 60.345.999 votos y Bolsonaro 58.206.354 votos.
Lula ganó en 13 de los 26 estados, especialmente en la región nordeste del país, registrando una victoria en el Norte, otra en el Centro-Oeste y otra en el Sudeste. En comparación con el resultado de 2018, cuando Bolsonaro derrotó al candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, Lula amplió su respaldo en los estados restantes. Así, el resultado favorable a Lula fue consecuencia tanto del apoyo abrumador de los votantes a su candidatura en el Nordeste como de esta expansión.
Lula recibió el 76,83% de los votos válidos en Piauí y el 72,11% en Bahía, ambos estados del Nordeste, y Bolsonaro recibió el 69,27% en Santa Catarina y el 62,40% en Paraná, estados del Sur. Las encuestas previas a las elecciones mostraban un predominio de la intención de voto por Lula entre los electores que ganan hasta dos salarios mínimos, entre los católicos, entre los electores con bajo nivel de escolaridad, entre los más jóvenes (de 16 a 24 años), en la franja de edad de 45 a 59 años y entre los mayores de 60 años. Cabe destacar que entre el segmento más afectado por el desempleo y la precariedad laboral, de entre 25 y 44 años, Bolsonaro recibió el mayor porcentaje de intención de voto.
La candidatura Lula-Alckmin, ganadora de las elecciones, constituye un amplio frente democrático que reunió a fuerzas políticas de los más variados matices, incluyendo a líderes políticos que hasta hace poco no se hablaban. No es, por tanto, una reproducción de la candidatura de Lula en 2002, cuando invitó a José Alencar, del entonces inexpresivo Partido Liberal, a ser su vicepresidente. Hasta hace poco, Alckmin estaba en el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que siempre ha estado en la oposición al PT y participó en el proceso de impeachment de Dilma Rousseff. Hoy, Alckmin está en el Partido Socialista Brasileño (PSB). Pero, además de su vicepresidente, Lula obtuvo apoyos, sobre todo en la segunda vuelta, que iban desde la izquierda más radical hasta personalidades situadas en el ámbito del neoliberalismo, sin olvidar las innumerables manifestaciones realizadas por diferentes segmentos de la sociedad, entre los que destacan los obispos de la Iglesia católica.
La unión de orígenes y clases tan diferentes expresa el reconocimiento de que era absolutamente necesario impedir la continuidad de Bolsonaro en el gobierno. Se decía que era una lucha entre la civilización y la barbarie. Además del desmantelamiento del Estado y de una reducción antes impensable de los recursos destinados al área de la educación, la ciencia y la tecnología, a los programas dirigidos a las mujeres y a un enorme número de otros y otras, ha armado a la población, ha promovido la mayor deforestación de la región amazónica y ha inculcado el racismo, la intolerancia religiosa, los ataques a los indígenas y el odio hacia la población LGBTQIA+.
Frente a esto, la victoria de esta alianza implica el fin de la debacle y la vuelta de la esperanza.
Sin embargo, el nuevo gobierno no entrará en funciones hasta el 1º de enero de 2023. Hasta entonces, algunas banderas defendidas en la campaña necesitan ser viabilizadas en la definición del presupuesto a ser aprobado durante el mandato de Bolsonaro. Estas son: el aumento real del salario mínimo y el pago, en enero, del Auxilio para los más pobres. Sobre esto, en el primer día de trabajo del equipo Lula-Alckmin a cargo de la transición del gobierno, quedó claro que no se han previsto recursos para el pago del Auxilio, ni para el Programa de Alimentación Escolar, entre otros. Para hacer frente a estos gastos, el equipo tendrá que contar con el apoyo de la actual Cámara de Diputados y del Senado para aprobar una Enmienda Constitucional que permita, con carácter de urgencia, gastar más allá del techo fijado por el presupuesto federal.
Para ello será necesario definir prioridades a corto, medio y largo plazo en áreas como el medio ambiente, el desarrollo, la educación, la salud, la reindustrialización, los derechos de los pueblos indígenas y quilombolas, la soberanía nacional, la participación popular en las decisiones, la reducción de las desigualdades, la lucha contra el racismo y el feminicidio, la seguridad pública y un sinfín de áreas más.
Todo esto tendrá que hacerse teniendo en cuenta que, además de que el presupuesto sigue rigiéndose por el principio de congelamiento de recursos, el nuevo gobierno no tiene mayoría en Diputados ni en el Senado y que, en estas dos cámaras, fueron elegidos bolsonaristas radicales, tanto desde el punto de vista de la agenda aduanera como de la forma de concebir la relación entre la sociedad y el Estado. A esto se le suma el hecho, sin duda, de que prácticamente la mitad del país coincide con los valores defendidos por Bolsonaro y estará dispuesta, al parecer, a movilizarse, al menos en parte, contra el gobierno de Lula.
En cualquier caso, el discurso que Lula pronunció apenas ganó las elecciones indica las prioridades y objetivos que se perseguirán durante su tercer mandato. Empezando por la lucha contra la pobreza y la desigualdad, que implica el retorno del Programa Bolsa Familia y la reanudación del proceso de valorización del salario mínimo (que afecta no solo a los trabajadores que lo perciben, sino también a los segmentos superiores y siguientes, así como a todos los que reciben la Prestación Económica Continua de la Asistencia Social y las prestaciones de la seguridad social, cuyo piso es igual al salario mínimo). Durante los gobiernos del PT, fue la política de aumento del valor del salario mínimo la que más contribuyó a reducir la desigualdad de ingresos entre los ocupados y las ocupadas. El Programa Bolsa Família, aunque también contribuyó a reducir la desigualdad de ingresos, tuvo su mayor impacto en la reducción de la pobreza absoluta y relativa en el país (MARQUES, 2013). También en términos de reducir desigualdades, el nuevo gobierno tiene la intención de eximir del impuesto a los ingresos a quienes cobren hasta R$ 5.000,00, corrigiendo la tabla que está congelada desde 2016. Pero la desigualdad no solo se mide por los ingresos; de ahí la preocupación por profundizar en la política de cuotas[1] y garantizar que las mujeres reciban el mismo salario que los hombres por la misma función.
La reindustrialización del país, incorporando la tecnología más moderna y respetando el medio ambiente, aunque urgente, requerirá planificación y esfuerzo conjunto de las tres esferas de gobierno. De hecho, para lograr este objetivo, será necesario que la sociedad brasileña lo considere una tarea del Estado y no del gobierno.
En resumen, el nuevo gobierno de Lula no será el mismo que el de 2003. Por un lado, las necesidades se han acumulado como consecuencia del empobrecimiento de la mayoría de la población y de la reducción de los recursos destinados a áreas clave de la política social y de la construcción del futuro (como la educación y la ciencia y la tecnología). Por otro lado, se ha profundizado la desindustrialización, la degradación del medio ambiente y la destrucción del Estado y su retirada como agente impulsor del crecimiento económico y del desarrollo del país, por nombrar solo algunos de los retos en el ámbito económico. Y esto, aún a riesgo de ser repetitiva, teniendo como parámetro un régimen fiscal que prioriza el pago de los intereses de la deuda pública. De ahí la importancia de cambiar esta «regla» impositiva.
A pesar de la dimensión de los retos que deberá afrontar el nuevo gobierno y de las dificultades que se presentarán en el ámbito político, derivadas de la nueva composición de la Cámara de Diputados y del Senado y de la oposición de las fuerzas bolsonaristas, como dice el subtítulo de esta parte, la esperanza debe prevalecer y ser la guía para superar estas limitaciones.
Es necesario, al mismo tiempo, reconstruir el pasado en sus aspectos fundamentales y dar amplios pasos hacia el futuro.
Sobre la autora
Economista, profesora titular de la PUC-SP y ex presidenta de la Sociedad Brasileña de Economía Política.
Referencias
DIEESE – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Síntese Especial – Subsídios para debate. São Paulo, nº 10, 14/09/2022.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponible en https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/34052-em-2021-rendimento-domiciliar-per-capita-cai-ao-menor-nivel-desde-2012. Último acceso: 03/11/2022.
INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Disponible en http://www.inpe.br/faq/index.php?pai=6. Último acceso: 03/11/2022.
MARQUES, Rosa Maria. Políticas de transferência de renda no Brasil e na Argentina. São Paulo, Revista de Economia Política, vol. 33, nº 2 (131), páginas 298-314, abril-junho/2013
VARGAS, Neide César e MARQUES, Rosa Maria. Os think tanks liberais no Brasil e a educação. São Paulo, Pesquisa e Debate, nº 60, en prensa.
Notas
[1] Política pública, transformada en ley en 2012, que establece reserva de vacantes, en universidades e institutos federales, para estudiantes de escuelas públicas, personas de baja renta, negros, indígenas y personas con discapacidad.
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