La pandemia de la COVID-19 nos instaló frente a nuevos dilemas políticos y éticos; planteó la necesidad de repensar la crisis económica y climática desde un nuevo ángulo, tanto en términos multiescalares (lo global, nacional y local) como geopolíticos (la relación Norte-Sur bajo un nuevo multilateralismo).
Eso pensábamos antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP N° 26, realizada recientemente en la ciudad de Glasgow, Escocia. Creíamos, mientras veíamos durante la cuarentena a delfines saltar en los canales de Venecia y la fauna salvaje adentrarse en las ciudades, que íbamos a poder reflexionar como sociedad mundial sobre estos problemas. Pero, en un contexto en que la clase política mundial optó por minimizar –o incluso invisibilizar- las causas socioambientales de la pandemia; el sistema volvió a funcionar como antes, evitando abordar el colapso sanitario y ecológico y, menos todavía, de tomar medidas concretas para empezar a revertir el estado de cosas. Peor aún, en nombre de la reactivación económica, la apuesta en el Sur parece ser más extractivismo y, con ello, mayor desigualdad socioambiental.
En términos del activismo climático, muchas cosas cambiaron desde la Cumbre de Madrid en 2019, con la irrupción de los jóvenes que asumieron el protagonismo del movimiento por la justicia climática. La figura insoslayable de ello fue y es Greta Thunberg, la adolescente sueca que inició una cruzada contra el cambio climático. Siempre las palabras de Greta poseen una fuerza dramática inusual, en sintonía con la gravedad de la hora. A su paso, tanto por la COP 25 en Madrid como por la COP 26 en Glasgow, se rodeó de activistas, sobre todo indígenas y del Sur, y siempre argumentó utilizando los aportes de los científicos estudiosos del cambio climático. Desde su irrupción, se multiplicaron las huelgas globales contra el cambio climático así como las grandes marchas juveniles, cuyo impacto y masividad sorprendieron a propios y extraños.
En nuestro libro “El colapso ecológico ya llegó” dijimos, con Maristella Svampa, que el movimiento por la justicia climática es hijo de los movimientos pacifistas y ecologistas de los años ochenta; pero, sobre todo de los más recientes y comprometidos en la lucha contra todo tipo de desigualdad y contra las diversas formas de dominación neocolonial, racista y patriarcal[1]. Es hijo de las luchas del Sur contra el neoextractivismo y de las masivas movilizaciones feministas que recorren el mundo. Los tiempos se han acortado de modo indefectible.
Por ello es que el nuevo protagonismo juvenil ante la emergencia climática marca un punto de inflexión. Por un lado, refleja el compromiso de exigir cambios radicales en las políticas públicas a las élites globales y locales, al tiempo que propone combatir tanto el escepticismo cultural como la desinformación imperante en amplios sectores de la sociedad. En esa línea, la acción colectiva se instala tanto en la arena política global como en la nacional y local.
Es indudable que la crisis climática global produce impactos gravísimos; entre ellos, el aumento de la temperatura, la variabilidad del clima y los eventos extremos. Pero también debemos dar cuenta de sus impactos locales y territoriales, vinculados a la expansión de modelos de desarrollo insustentables −o de maldesarrollo− incompatibles con los ciclos de la naturaleza.
El papel de Argentina en la COP 26 estuvo empañado por la posición que pretendió llevar el Ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, quien viajó a Glasgow con una postura que negaba algunas de las causas del cambio climático de la mano del lobby del agronegocio. En este sentido, fue muy parecida a la posición asumida por el gobierno brasilero de Jair Bolsonaro. En esta dirección, días antes de la conferencia, insólitamente y contradiciendo los datos oficiales, el Ministerio de Agricultura de la Nación firmó conjuntamente con los representantes del agronegocio -desde la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID) hasta la Sociedad Rural Argentina (SRA)- un documento que deslindaba de responsabilidades al sector del agronegocio –la llamada agro-bio-industria- en relación con el cambio climático que, según los datos oficiales disponibles, es en realidad el causante del 40% de los gases de efecto invernadero totales nacionales. Dicho documento tuvo como antecedente otra declaración lanzada por la Confederación Rural Argentina (CRA) y la SRA, semanas antes a la COP 26, donde ya se presionaba sobre el gobierno nacional para que ocultara que los cambios en el uso del suelo, la deforestación y la ganadería son ampliamente responsables del cambio del clima. Una posición muy parecida al papel negacionista que adoptaron las corporaciones petroleras en los años ‘80 y ‘90. Así, ya al final de la cumbre, la Argentina conformó un «grupo de negociación climática» con el Brasil de Bolsonaro, el Paraguay de Abdo y el Uruguay de Lacalle. Si bien es cierto que son los presidentes de los países que conforman el Mercosur y es importante que la región tenga una posición común, la mayoría son defensores del agronegocio; lobby que, como vimos, pretende negar su contribución significativa al cambio climático. Recordemos que las delegaciones de los gobiernos de Brasil y Paraguay fueron directamente a Glasgow con esa pública misión.
Pero también Argentina volvió a reclamar en la cumbre que se admita un mecanismo que permita compensar la deuda ecológica que tiene el Norte con el Sur con acciones climáticas. Sin embargo, esta propuesta no debe ser confundida ni abrevar en el impulso de las falsas soluciones en el marco de la economía verde, que se sustenta en la continua e incluso ampliada mercantilización de la naturaleza. Es decir que, con el fin de lograr un equilibrio contable de las emisiones antropogénicas, los países puedan compensar sus emisiomes a través de mecanismos de mercado que involucren a los bosques u océanos, o bien alentando la geoingeniería o los métodos de captura y almacenaje de carbono. No, eso no.
Por otra parte, la deuda ecológica del Norte respecto de los países del Sur es incuestionable aunque imposible de cuantificar. En el caso de América Latina, desde el Potosí de la época colonial hasta el presente, se refiere a un histórico mecanismo de saqueo y expoliación de bienes naturales, como asimismo a sus impactos ambientales y territoriales.
Los elevados costos ambientales que continúan pagando los pueblos del Sur ponen de manifiesto patrones de injusticia ambiental y reflejan profundas desigualdades entre los hemisferios, un proceso reforzado en las últimas décadas por la aceleración del metabolismo social del capital y las nuevas formas de reprimarización de las economías. Todos estos procesos están muy vinculados, además, a las denominadas “deudas externas” de los países del Sur con los acreedores del Norte y los organismos internacionales como el FMI. Asimismo, estas deudas financieras se convierten en excusas para profundizar el extractivismo con la pretendida justificación de que “necesitamos dólares para pagar”. Un círculo vicioso eterno que propone más extractivismo para pagar una deuda que nunca se termina de pagar y que sirve a asegurar la dominación colonial sobre nuestras economías y territorios.
Incluso el propio Papa Francisco afirmó sin tapujos en la Encíclica Laudato si’ que “hay una verdadera ‘deuda ecológica’, particularmente entre el Norte y el Sur, relacionada con desequilibrios comerciales con consecuencias en el ámbito ecológico, así como con el uso desproporcionado de los recursos naturales llevado a cabo históricamente por algunos países”.[2]
Y a la deuda ecológica “tradicional” hay que sumarle la deuda climática, es decir, la desigual responsabilidad en el aporte de los gases de efecto invernadero que provocaron y vienen provocando el cambio climático global. La organización Acción Ecológica de Ecuador habla de la deuda ecológica como «la deuda acumulada por los países del Norte industrial hacia los países y pueblos del Sur a causa del saqueo de recursos, los daños ambientales y la ocupación libre del espacio ambiental como depósito de desechos, tales como los gases de efecto invernadero»[3]. Entonces, en términos contables, la deuda climática es sólo un renglón en el balance mucho mayor de una deuda ecológica más amplia.
Con este contexto de deudas impagas no parece casual que se señale, como el mayor fracaso de la COP 26, la problemática del financiamiento Norte-Sur para la acción climática. En la COP 15 de Copenhague, en el año 2009, los países desarrollados se comprometieron a proveer a los países en desarrollo 100.000 millones de dólares anuales a partir del 2020 para financiar las medidas de mitigación y adaptación. Nunca lo hicieron.
En Glasgow tampoco se pudo determinar quién y cómo lo harán. Todo sigue en un limbo. En contraposición, sólo en el año 2020, la industria de los combustibles fósiles recibió casi 6 billones de dólares (US$ 6.000.000.000.000) en subvenciones, el equivalente a 11 millones de dólares cada minuto, según un informe del Fondo Monetario Internacional.
En efecto, son los países del Norte -y especialmente los que tienen la mayor responsabilidad en las emisiones históricas de gases de efecto invernadero- los que no están dispuestos a pagar su deuda climática, tanto en términos de afrontar los costos reales de mitigación y adaptación al cambio climático, como de cambiar sus niveles de consumo totalmente insostenibles, para no seguir acumulando esa deuda ecológica.
Paradójicamente el agravamiento de esta deuda se evidencia con el escenario actual donde los países centrales empiezan a desinvertir en los combustibles fósiles para realizar una transición hacia energías renovables. Y para lograrlo, las nuevas zonas de sacrificio parecen ser, nuevamente, los territorios del Sur que deberán entregar sus minerales (el litio, el cobre, etc.) para que cada estadounidense o europeo tenga ahora su automóvil eléctrico.
En suma, la deuda ecológica simboliza más de 500 años de relaciones desiguales entre el Norte y el Sur, entre ricos y empobrecidos, entre explotadores y explotados. Por ello, es que llegó el momento de que se pague la deuda ecológica y que, desde el Sur global, la exijamos enérgicamente y de manera muy concreta, para determinar quién le debe a quién.
Referencias
[1] Ver Svampa, Maristella y Viale, Enrique 2020 El colapso ecológico ya llegó. Una brújula para salir del (mal)desarrollo (Buenos Aires: Ed. Siglo XXI)
[2] Disponible en https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
[3] Ver https://www.accionecologica.org/resource/deuda-ecologica/
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