Tierra, violencia y despegue agroexportador 1874-1903

Presentación

En el anterior cuaderno, repasamos un período histórico en el que las fuerzas del liberalismo y del capitalismo avanzaron sobre el país, generando profundas y rápidas transformaciones en la sociedad. Llevaban el sello del mercado global, de la violencia y la especulación. Potente por momentos, tímido por otros, este avance encontró resistencias, tanto al interior de las clases dominantes como de las clases populares. Los conflictos asumieron distintas formas y velocidades según las regiones del territorio nacional. El nuevo orden se expresó, con toda su ingeniería jurídica, apoyándose en la Constitución Nacional de 1853, en los códigos nacionales, en las cartas magnas provinciales y en una batería de leyes que promovieron la captura, mensura, registro y venta de la tierra pública.

La propiedad privada absoluta e individual avanzó sobre tierras de frontera, campañas y ejidos, eliminando toda concepción y práctica de la propiedad que no fuera la capitalista. La selectiva llegada de inmigrantes con capital y experiencia en el trabajo agrícola, la instalación de colonias oficiales y privadas en el Litoral pampeano, los primeros tendidos ferroviarios y las nuevas tecnologías agrarias, modificaron la fisonomía nacional. Las derrotas de Paraguay en la guerra que le hicieron Argentina, Brasil y Uruguay, y de las montoneras federales, a manos del movimiento liberal, dieron el aviso de que un tiempo histórico llegaba a su fin. Fue entonces que se afianzó el Estado nacional y su ejército, cristalizando una clase dominante nacional.

Partiendo de allí, el presente Cuaderno explora una nueva etapa, que se abrió con la presidencia de Nicolás Avellaneda en 1874 y se cerró con la sanción de la ley de tierras de 1903. La periodización, aunque arbitraria, está marcada por hitos significativos: dos grandes leyes de tierras en sus extremos y la consolidación del modelo económico agroexportador. En esos años, se profundizó la integración al capitalismo global, bajo una creciente dependencia de Gran Bretaña, principal financista del país y compradora de sus materias primas. Esa relación tuvo al endeudamiento externo como pilar. Los empréstitos financiaron obras de infraestructura, pero también lastimaron la soberanía económica. Además, fueron años de integración territorial y crecimiento de la estructura política y administrativa del Estado, con un régimen político que combinó principios republicanos y forma oligárquica: el poder se concentró en una élite política y económica. La venta de tierras públicas operó, por un lado, como vía de acumulación patrimonial y, por el otro, como medio de desposesión de amplios sectores sociales.

El recorrido del Cuaderno comienza con algunas postales de la lucha social y política, que tuvieron el acceso a la tierra como parte de sus fundamentos. También, con una iniciativa legislativa del gobierno nacional con la que intentó generalizar la experiencia colonizadora a todo el país, la renombrada ley de inmigración y colonización. Luego, repasa el avance militar del Estado sobre extensos dominios indígenas en el sur y en el Chaco y hace preguntas para explorar a contrapelo el proceso de ocupación territorial: ¿qué sucedió con las poblaciones indígenas sobrevivientes?, ¿qué lugares les asignaron en la nueva realidad?, ¿cuál fue su nueva relación con la tierra? Estas preguntas nos llevan a pensar los nuevos órdenes productivos y de seguridad creados, con la expansión de los latifundios, las agroindustrias y la formación de cuerpos militarizados, como las gendarmerías. También, a repasar las nuevas relaciones de trabajo, que sirvieron a la acumulación capitalista, pero tenían poco que ver con las libertades individuales pregonadas. En este recorrido, la pregunta por el destino de las poblaciones indígenas va de la mano de otra que busca conocer las políticas de acceso a la tierra para la población criolla, los llamados “hijos del país”, que también se vieron afectados por la creciente especulación y el rentismo de los grandes propietarios. Como verán, la competencia y las luchas por el acceso a la tierra presentaron lógicas similares en todo el territorio, pero también respetaron las peculiaridades regionales y provinciales. Intentamos dar cuenta de ello, así como de los puntos de inflexión históricos que cambiaron las dinámicas: en particular, la crisis financiera y económica de 1890, que tuvo un fuerte impacto político, con la primera renuncia de un presidente en la Argentina moderna. Entonces, la inmigración se hizo masiva y las leyes colonizadoras perdieron eficacia e impacto. Al llegar al nuevo siglo, veremos que la vida rural cristalizó en una tríada compuesta por terratenientes (ausentes), arrendatarios (capitalistas o campesinos) y trabajadores.

Es cierto, aunque el pulso fue marcado por esta nueva forma, la realidad agraria siguió siendo compleja y atravesada por costumbres y luchas que frenaban el avance del capitalismo. Mapear estos obstáculos, desvíos y proyectos, asociados a la democratización del acceso a la tierra y la producción agraria, es el gran desafío de este ensayo: ya se trate de luchas a gran escala, fallidos proyectos fundantes, tímidas políticas recortadas a un territorio, experiencias limitadas a una voluntad o sobras de una dinámica excluyente.

Batallas de un nuevo paradigma

Cuatro síntomas

El fin de la Guerra contra el Paraguay no supuso el fin de la violencia extrema: un ejército cada vez más unificado se concentró entonces en las fronteras interiores. Estaba en curso la reorganización de la nación, la expansión del estado y la lucha por la tierra. Nos detenemos en cuatro episodios de brutalidad organizada que marcan este pulso, todavía con Domingo Sarmiento como presidente y durante el recambio y los primeros pasos de su sucesor, Nicolás Avellaneda. Ambas figuras se han manifestado extensamente a favor de una política distributiva de la tierra pública. Pero, ¿distributiva entre quiénes? En los hechos que elegimos, la problemática de la tierra apareció de manera solapada o explícita y se hicieron presentes los actores que resultaron beneficiados o perjudicados.

Una masacre en Tandil

La noche del 31 de diciembre de 1871, Jacinto Pérez, un yuyero local, convocó a la peonada, instándolos a unirse para “salvarse”. Hablaba en nombre del curandero Jerónimo Solané, conocido como “Tata Dios”.

Recorrieron buena parte del pueblo de Tandil, comenzando por el juzgado de paz, y luego se dirigieron a las afueras, convencidos de dar muerte a los extranjeros, especialmente a los vascos. También apuntaban a masones y liberales. “¡Viva la Religión!”, gritaban. Decían defender a la Iglesia y a Dios, y acusaban a sus víctimas de ser los responsables de los males que los aquejaban. Pasadas cuatro horas del nuevo año, habían masacrado a 36 personas.

El pueblo de Tandil, como el de Azul, distante a unos 100 kilómetros, se había convertido en un poblado fronterizo en la década de 1830. Grandes terratenientes, pero también estancieros y hacendados de mediano y pequeño tamaño, ocuparon aquellas tierras. A mediados de siglo, comenzaron a llegar numerosos inmigrantes europeos, sobre todo vascos, que se dedicaron, primero, a la producción agraria de subsistencia y, luego, a vender los excedentes alcanzados.

Para 1870, Tandil seguía siendo un territorio fronterizo, hilvanado entre fortines y fuertes, poblados con milicias criollas e indígenas “amigos”, los llamados “catrieleros”. De cerca de 5 mil habitantes, trescientos eran vascos. Estos extranjeros, de quienes se decía que eran “buenos vecinos”, supieron construir redes de poder político y participaban de la vida asociativa, ocupando incluso cargos municipales. Los más prósperos habían instalado almacenes de ramos generales, con postas de recambio de caballos y fonda para alimentar y albergar a pasajeros. El crédito a gauchos y a estancieros y el acopio de cueros y lana, generaban sus mayores ingresos.

Aún así, Tandil no dejaba de ser un territorio de terratenientes tradicionales, entre los cuales se encontraba Rufo Gómez. En noviembre de 1871, motivado por las constantes jaquecas que sufría su esposa, Gómez hizo traer a un renombrado curandero y adivino desde Azul. Se llamaba Jerónimo Solané y le decían “Tata Dios”. El hombre se instaló en el valle serrano, donde atendió a toda la paisanada, pidiéndoles a cambio sólo ofrendas para mantener su actividad. Fue su nombre el que invocó el yuyero Jacinto Pérez para organizar la violencia contra los extranjeros.

La masacre tuvo un impacto inmediato en la prensa porteña y, por medio de las embajadas, en el extranjero. El gobierno nacional temía que el evento afectara el proceso de inmigración y colonización en curso, atemorizando a los virtuales nuevos pobladores. Por eso, ordenó la intervención de las milicias y se iniciaron expedientes judiciales. Solané fue detenido y misteriosamente asesinado en la cárcel aquella misma madrugada. Otros dos detenidos fueron ejecutados posteriormente.

Durante mucho tiempo, esta masacre fue presentada como una explosión de furia nativa y milenarista, instigada por el curandero Solané, que arrastró a criollos ignorantes hacia la barbarie. Sin embargo, hoy sabemos que no fue así. Solané no sólo no intentó huir, sino que participó de la persecución de los responsables. También sabemos que muchos de los criollos convocados por el yuyero Pérez se alejaron del grupo mientras los hechos se desarrollaban.

Además, ha resultado llamativo que la masacre coincidiera con la apertura de una sucursal del Banco Provincia aquel primer día del año nuevo, y con las próximas elecciones municipales. El comerciante vasco Juan Chapar, asesinado él y su familia, había ganado influencia y tenía importantes acreencias con estancieros de la zona. La apertura de la sucursal bancaria lo habilitaba a consolidar sus créditos. Durante la masacre, su libro de cuentas desapareció.

De fondo, la furia de los criollos podría ser entendida por una corta historia basada en el asentamiento de la nueva población extranjera, que había ganado una rápida influencia en la región, que había desplazado a los criollos de los puestos de trabajo tradicionales, que no era convocada a las milicias y a los fortines y, en consecuencia, tenía más posibilidades de acceder a la tierra y contar con mayores recursos económicos. Algo de ello vendría a contar el Martín Fierro, publicado en ese mismo año, 1872.

La brutal violencia desatada, sin embargo, se limitó a un pequeño grupo de atacantes. Descartado hoy el liderazgo de Solané, queda abierta la pregunta por el rol de algunos terratenientes.

La batalla de San Carlos

Apenas unos meses después de la masacre en Tandil, se libró una batalla decisiva entre el ejército nacional, acompañado por indígenas aliados, y las fuerzas de la Confederación Mapuche, lideradas por Juan Calfucurá. El conflicto estalló por la ocupación de tierras y recursos indígenas, así como por la violación sistemática de tratados. Por entonces, el estado nacional y el de Buenos Aires, desarrollaban una estrategia defensiva basada en firmar pactos con distintas comunidades, ceder algunas tierras y recursos, y avanzar sostenidamente la línea de frontera, creando núcleos de colonización.

Mapa de la frontera al norte y este del territorio pampeano, 1869.

En 1870, la Confederación Mapuche lanzó ataques contra la frontera oeste bonaerense, en respuesta a las violaciones de acuerdos. Sarmiento buscó apaciguar el frente con pactos como el firmado con el cacique Catriel, quien se comprometía a colaborar con el ejército a cambio de tierras, alimentos y protección, o como los firmados con caciques menores, siguiendo la línea de lo firmado con el cacique Limonao en 1869, a quien se le permitió, junto a su tribu, establecerse en una colonia agrícola militar y recibir asistencia religiosa, convirtiéndose en “súbditos argentinos”. Uno de los más significativos fue el Tratado de Paz de Leubucó, acordado con los ranqueles de Mariano Rosas en marzo de 1872. Regulaba límites, relaciones con colonos e intercambio de prisioneros. Rosas y otros líderes se declaraban “miembros de la República Argentina” y prometían “fidelidad” al gobierno. Del lado argentino, había estampado su firma el general José Arredondo.

Sin embargo, el Estado avanzaba con relevamientos territoriales (como los encomendados al teniente coronel Juan Czetz) y los comandantes de frontera violaban repetidamente los acuerdos. Estas infracciones, denunciadas incluso por el coronel Álvaro Barros, provocaban nuevas incursiones indígenas y reacciones militares. Hacia 1872, la situación se tensó aún más. A las divisiones indígenas se sumó el secuestro de una comitiva de Calfucurá en Azul —enviada para reclamar por los incumplimientos— y un intento de ocupación militar de la isla de Choele Choel. Fue la chispa final.

Calfucurá respondió con una poderosa ofensiva. Organizó una gran muestra de fuerza en el Fuerte de San Carlos de Bolívar, antes de lanzar un malón en marzo sobre varios puntos del oeste bonaerense. Contaba con las lanzas de Catricurá, Reuquecurá y Namuncurá (mil hombres cada uno), además de quinientos ranqueles fieles a Epumer Rosas, distanciado de Mariano Rosas. No participaron los manzaneros de Sayhueque, ocupados en renovar sus tratados en Carmen de Patagones.

Tras la primera arremetida, Calfucurá escribió al jefe de frontera Juan Boer, explicando que el ataque se debía “a la gran picardía” y a los engaños sufridos. El malón dejó trescientos muertos, quinientos cautivos y la obtención de 200 mil cabezas de ganado.

El general Ignacio Rivas, comandante de las fronteras, respondió con una fuerza de mil criollos y más de quinientos “indios amigos” de Coliqueo y Catriel. Tras horas de combate, el malón fue desarticulado. El gobierno nacional, envalentonado, preparó nuevos avances. Firmó la paz con los ranqueles en mayo y aseguró el control de Choele Choel y otros puntos claves.

Un año después, en 1873, Calfucurá envió a uno de sus quince hijos, Manuel Namuncurá, a Buenos Aires para negociar. Buscaba garantizar un territorio seguro donde su pueblo pudiera asentarse sin temer nuevos ataques. En la carta entregada a Sarmiento, escribió:

Nosotros que somos dueños de esta América, no es justo que nos dejen sin campo (…) Todos los señores poderosos que entren a gobernar en esa gran capital quiero que me conozcan como un verdadero Patriota.

El lugar asignado fue Carhué, con acceso a las aguadas de Pigüé. Calfucurá murió poco después, sin haber recibido la prometida convocatoria a un parlamento general para discutir nuevos tratados. Tampoco supo que, muy pronto, incluso los catrieleros serían traicionados por el Estado argentino.

Rebelión en la Puna

Mientras el Estado nacional consolidaba su dominio en la frontera sur, estallaba una rebelión en el noroeste, una región que se suponía pacificada y en la cual las poblaciones indígenas habían sido reconocidas legalmente y tenían sólidos vínculos políticos.

Allí, en tierras de antigua ocupación indígena, en época colonial, se habían creado las encomiendas de Casabindo y Cochinoca, que garantizaban el uso forzoso de mano de obra. A inicios del siglo XVIII, se transformaron en haciendas, dando origen al vasto Marquesado de Tojo, con sede en Yavi y dominio en parte de las actuales Jujuy, Salta y Bolivia. La familia Campero heredó el control del latifundio y lo mantuvo incluso después de la abolición legal de la encomienda en 1813, perpetuando formas de servidumbre y el cobro de derechos de pastaje y arriendo.

A mediados del siglo XIX, el avance del liberalismo y las urgencias fiscales del Estado impulsaron la privatización de tierras y la imposición de un impuesto del 5% sobre la producción agropecuaria. Estas medidas desarmaron tierras comunales e incentivaron la titulación individual, lo que fragmentó al campesinado indígena y criollo. Muchos comenzaron a disputar judicialmente la legitimidad de Campero como propietario, alegando que no tenía títulos válidos y que, además, era ciudadano y militar boliviano y terrateniente ausentista.

El conflicto escaló en el marco de la fractura oligárquica, cuando, en 1872, el gobernador de Jujuy, José Pedro Portal, firmó un decreto para expropiar las tierras del Marquesado, declarándolas fiscales. Argumentaba que no podía acreditar el título. Campero se negó a acatar la medida, y el caso llegó a la Suprema Corte. El sucesor de Portal, Teófilo Sánchez de Bustamante, propuso parcelar y vender las tierras. Mientras tanto, indígenas y campesinos —liderados por figuras como Laureano Saravia, comerciante y militar local, y Anastasio Inca, arrendero indígena— dejaron de pagar arriendos, lo que afectó a otros terratenientes de la Puna y el Oeste salteño. La tensión derivó rápidamente en violencia abierta.

En este clima regional de movilización rural, la rebelión en Jujuy estalló el 9 de marzo de 1874, cuando más de 1.200 indígenas atacaron a los oficiales en Yavi, matando a varios. El gobernador Sánchez de Bustamante marchó a la zona, pero fue capturado por los terratenientes, que impusieron a José María Álvarez Prado, dueño de la finca Tumbaya, como nuevo gobernador. Este anuló la expropiación y organizó una campaña punitiva con trescientos hombres de la Guardia Nacional. El primer choque, el 3 de diciembre de 1874 en el Abra de la Cruz, fue victoria de los rebeldes. Pero el gobierno nacional, alarmado, envió refuerzos desde Salta y tropas regulares al mando de Napoleón Uriburu.

El combate decisivo ocurrió el 4 de enero de 1875 en el Abra de Quera. Los rebeldes, armados con lanzas, boleadoras y pocas armas de fuego, enfrentaron al ejército regular. La represión fue brutal: murieron más de 700 indígenas y campesinos. Como sucedería meses después con los seguidores de Santos Guayama en Cuyo, a la derrota siguió una represalia indiscriminada. Rastrillajes, fusilamientos sumarios y ejecuciones de familiares sembraron el terror. El legislador jujeño Mas Oller, testigo de los hechos, describió “escenas de sangre y horror” y denunció que “todos los que fueron capturados se los fusiló en el lugar”. “No hubo clemencia para nadie”, clamó.

El levantamiento porteño

Los hechos narrados hasta aquí se conectan con otros conflictos de carácter político, como rebeliones y revoluciones, que adoptaron formas bélicas. Uno de ellos ocurrió en 1874 y revela cómo las élites provinciales se enfrentaron al redefinir su lugar en el proceso de formación del Estado nacional, que centralizaba cada vez más múltiples atribuciones de la sociedad.

El conflicto estalló durante la sucesión presidencial de Sarmiento y en el contexto de las elecciones legislativas de febrero, en las que el Partido Nacionalista, liderado por Bartolomé Mitre, fue derrotado. El mitrismo formó un Comité Revolucionario para impedir la asunción de Nicolás Avellaneda a la presidencia el siguiente 12 de octubre. Alegaban fraude electoral, pero no pretendían cambiar las reglas del juego político.

La revuelta reunió a importantes sectores militares: milicianos de las guardias nacionales —no pocos reclutados por la fuerza— y fuerzas indígenas dirigidas por Catriel, que habían combatido contra Calfucurá, dirigidos por oficiales del Ejército de Línea como Rivas y Arredondo, que habían participado de la Guerra del Paraguay, de la batalla de San Carlos y las represiones de las montoneras.

Aunque Mitre aspiraba a un levantamiento nacional, el movimiento no superó los límites de Buenos Aires. Provincias como Santiago del Estero y Corrientes, pese a tener gobiernos afines a Mitre, no se alzaron. El 24 de septiembre de 1874, los revolucionarios secuestraron dos cañoneras, lo que forzó al gobierno nacional a acelerar los preparativos militares. Sarmiento decretó el estado de sitio en varias provincias y movilizó a las guardias nacionales.

La insurrección fue sofocada por las fuerzas nacionales, y Avellaneda asumió la presidencia en octubre, apoyando el juicio contra los jefes rebeldes, aunque estos fueron amnistiados en julio de 1875. El nuevo presidente promovió la conciliación política por vía de acuerdos entre cúpulas, inhibiendo la intervención armada de la ciudadanía. La victoria del Estado nacional marcó un quiebre: su capacidad para controlar la violencia y centralizar el poder se consolidó, ahora respaldado por un Ejército profesionalizado, leal al Estado más que a facciones.

Más tarde, en 1880, la etapa de consolidación estatal se reafirmó en un nuevo conflicto. Esta vez fue el gobierno de Buenos Aires, dirigido por el autonomista Carlos Tejedor y apoyado por Mitre, quien se alzó contra la candidatura presidencial de Julio A. Roca. Tejedor denunciaba la centralización del poder y llamó a los bonaerenses a armarse “en defensa de la patria y de esta Constitución”.

El Ejército nacional, bajo el mando de Roca, derrotó a las fuerzas porteñas en las afueras de Buenos Aires, en una batalla que reunió a más de 10 mil hombres. Así, las élites porteñas perdieron el control del aparato estatal que habían dominado desde la organización nacional. Sin embargo, Roca no representaba a las provincias contra Buenos Aires: contaba también con el respaldo de importantes sectores de la oligarquía terrateniente y comercial porteña.

Como consecuencia, se decidió la capitalización de Buenos Aires, es decir, la cesión del territorio del puerto y la aduana al Estado nacional, consolidando así su autoridad sobre el principal enclave económico del país.

Avellaneda, teoría o práctica

Por un país de muchos propietarios

Periodista y docente de Economía, Nicolás Avellaneda publicó en 1865 una tesis doctoral sobre las leyes de tierras en Argentina. Con Sarmiento en la presidencia, fue nombrado ministro de Justicia e Instrucción Pública, cargo que ejerció hasta 1874, cuando asumió como presidente de la Nación.

En su estudio, Avellaneda abordó temas como los baldíos, la enfiteusis de Rivadavia, las leyes de premios del rosismo, y las prácticas especulativas en torno a la tierra pública, sobre todo en el proceso de liquidación de la enfiteusis. Decía querer una estructura social basada en pequeños y medianos propietarios rurales, con acceso a la tierra a precios accesibles, evitando su concentración. Creía que esto mejoraría las condiciones de vida y trabajo de la población rural. Denunció con claridad que entregar grandes extensiones sin límites alimentaba la especulación: “dar cuantas tierras se le pidan sin otros límites que la avidez de los especuladores, sería la última expresión de la imprudencia ó de la locura”, escribió, recordando las donaciones de los primeros años patrios.

Avellaneda propuso entonces precios bajos pero para la venta de tierras fiscales: para facilitar el acceso del “pobre, que se va a dedicar a su trabajo” y para el asentamiento de familias labradoras, pero no tan bajos, para evitar que se “aliente la especulación del que compra solamente para revender.”

Cuando accedió a la presidencia, la colonización estaba en auge. Según Wilcken, el Congreso tramitaba múltiples pedidos de empresarios que solicitaban miles y miles de hectáreas, permisos de exploración y subvenciones. Aquel año, por ejemplo, la comisión de Población y Recursos Humanos analizaba un contrato de colonización con Teodoro Belot, Gosnait y Compañía, mientras que el empresario Emilio Castro Boedo pedía autorización para navegar el Bermejo y colonizar el Chaco.

En su mensaje al Congreso del 6 de mayo de 1876, Avellaneda abordó el problema de fondo. Dijo que el inmigrante buscaba una seguridad que debía ser política y económica y que todavía no se había conseguido:

El inmigrante busca la adquisición fácil de la propiedad territorial que le dará su parte en el dominio del mundo; y nosotros, los dueños de los baldíos inconmensurables, no hemos sabido aún ofrecérsela.

La Argentina tenía tierra en abundancia, pero no la logística, la infraestructura, ni las finanzas necesarias para fijar al inmigrante en ella. “Economicemos sobre todos los ramos de los servicios públicos; pero gastemos para hacer más copiosa y fecundas nuestras corrientes de inmigración”, decía. Criticó la lentitud en sancionar una ley de territorios nacionales y el apetito de las provincias por apropiarse de regiones “desiertas”, donde la nación debía asentar a los inmigrantes. Proponía una solución unificada y nacional para la colonización, que hasta entonces había dependido de los impulsos provinciales. Celebraba, en ese sentido, la expansión de la frontera nacional, que ahora llegaba hasta el Fuerte Sarmiento, sobre el Río Quinto, en los límites con Córdoba.

Ley de Inmigración y Colonización: un proyecto integral

En mayo de 1876, el gobierno de Nicolás Avellaneda presentó un ambicioso proyecto para fomentar la inmigración y la colonización. Al ser sancionado como Ley Nº 817 el 6 de octubre, se convirtió en la legislación de tierras y poblamiento más extensa hasta entonces, al estar pensada para todo el territorio de la nación. La norma buscaba potenciar las múltiples iniciativas provinciales y establecer un acceso estable, institucionalizado y regulado a la tierra, adaptándose al flujo espontáneo y masivo de inmigrantes. En sintonía con Wilcken, se trataba de acompañar el movimiento ya creado.

La ley se apoyaba en un nuevo contexto de expansión territorial: la afirmación de las fronteras exteriores, mientras se intensificaban las presiones sobre las internas, dirigidas contra los pueblos indígenas. La fundación de colonias en el Chaco, como Reconquista (1871) y Resistencia (1875) anticipaba esta expansión militar, ganadera y estatal.

Dividida en dos grandes partes —una sobre inmigración y otra sobre colonización— la ley comprendía 17 capítulos y 127 artículos. Establecía un rol decisivo para el Estado nacional, que debía movilizar población europea, preferentemente con habilidades agrarias y cierto capital. Se recomendaba su “internación” en el interior del país, y los agentes en el extranjero debían controlar la “calidad” de la inmigración y difundir propaganda a favor del país:

…dando á conocer sus condiciones físicas, políticas y sociales; sus ramos principales de industria, su sistema de colonias, las ventajas ofrecidas al inmigrante laborioso, el precio de la tierra, las facilidades para adquirirla, el valor de los salarios, los precios de los artículos de consumo y los de los productos de las colonias.

Además de brindar garantías frente a episodios recientes como los de Tandil, el Estado debía facilitar el viaje y el asentamiento: adelantos en pasajes, concesión de tierras, asistencia con semillas y herramientas, manutención gratuita hasta llegar al destino final.

La segunda parte de la ley, dedicada a la colonización, regulaba el uso de tierras nacionales, las colonias nacionales en provincias, los territorios concesionados a empresas e individuos (colonización indirecta), las colonias provinciales y la fijación de pueblos indígenas en misiones. Se ordenaba la exploración, mensura y subdivisión del suelo.

Cada colonia se organizaba territorialmente en secciones cuadriculadas, lotes, manzanas y solares. Una sección, de 400 km² (unas 40 mil hectáreas), incluía 400 lotes de 100 hectáreas cada uno. El pueblo se ubicaba en el centro, ocupando cuatro lotes, divididos en 256 manzanas, de 100 metros de costado; cada manzana, en dos solares. El ejido, alrededor del pueblo, abarcaba 76 lotes repartidos por mitades o cuartos. Se definían también caminos, plazas y edificios públicos. Una Oficina de Tierras registraría a los colonos y asignaría lotes.

Las primeras cien familias de cada colonia recibirían un lote gratuito. Quienes llegaran después pagarían en 10 cuotas anuales a partir del segundo año. Existían límites en la cantidad de lotes por colono. Los solares del pueblo y los lotes del ejido se pondrían en venta.

Al llegar, los colonos serían alojados en un edificio común donde recibirían víveres, semillas, animales y herramientas, con un costo estimado de 1000 pesos fuertes por familia, a devolver en cinco años desde el tercer año de estadía. El título definitivo de propiedad solo se otorgaría tras cumplir las condiciones estipuladas; de lo contrario, los terrenos volverían al dominio nacional o del impulso de la colonia.

Como señalamos, la ley preveía también tierras reservadas entre las secciones para empresarios privados, la reducción de pueblos indígenas y el uso ganadero. En el caso de las empresas podían obtener una sección para introducir 140 familias en dos años; dos secciones si introducían 250 familias en cuatro. El 20% del territorio debía destinarse a los colonos (mínimo 50 hectáreas por persona), mientras que el 80% quedaba para el empresario, ubicándose muchas de estas tierras a la vera de los principales ríos. Los gastos de mensura debía hacerlo el empresario colonizador, que también debía proporcionar un edificio común, herramientas y víveres a precios reales, pagaderos desde el tercer año. Si no cumplía, debía pagar una multa de 10.000 pesos fuertes. El transporte desde el puerto al destino corría por cuenta del Estado. El colono recibía su propiedad al final del proceso, pagando su deuda en moneda nacional y cobrando sus exportaciones en moneda fuerte.

Por otro lado, el artículo 100 impulsaba el arraigo de comunidades indígenas mediante misiones religiosas, dividiéndolas en familias y otorgando lotes de 100 hectáreas. Esta concesión, sin embargo, no suponía propiedad plena, sino una tutela eclesiástica. El texto expresaba:

El Poder Ejecutivo procurará por todos los medios posibles el establecimiento en las secciones, de las tribus indígenas, creando misiones para traerlas gradualmente á la vida civilizada, auxiliándolas en la forma que crea mas conveniente, y estableciéndolas por familia en lotes de cien hectáreas.

La ley también incentivaba las colonias provinciales y aquellas fundadas por iniciativa individual, ampliando concesiones, promoviendo la agricultura extensiva y orientada a la exportación. Para ello, se premiaría la productividad: colonos laboriosos podían recibir gratuitamente hasta dos lotes. Se eximía de impuestos a las colonias nacionales por diez años y se ofrecían incentivos como una prima de 10 pesos fuertes por cada mil árboles plantados. Además, se creaba un fondo nacional con ingresos generados en las gobernaciones no provinciales para fomentar su desarrollo.

Una estructura de poder organizaba las colonias: autoridades municipales y comisarios designados por el gobierno. Al superar los 50 habitantes, los colonos podían elegir un juez de paz y consejeros. El comisario estaba facultado a organizar una guardia urbana armada con los mayores de 18 años.

Días después de sancionada la ley, el 19 de octubre, Avellaneda creó el Departamento General de Inmigración y la Oficina de Tierras y Colonias, encargados de la elección, mensura y subdivisión de tierras destinadas a la colonización. Como veremos, ejecutar esta ley implicaría un gran desafío para el gobierno nacional, frente al creciente interés especulativo de terratenientes, comerciantes y financistas.

Conclusiones

En estas primeras páginas, retomamos el movimiento del proceso colonizador que estudiamos en el Cuaderno 3. Lo hicimos partiendo de hitos de conflictividad social y de luchas abiertas, alguna incluso con connotación bélica. Ocurrieron en el noroeste del país, zona de antigua ocupación, y en la frontera sur bonaerense que era, con toda su complejidad, una amplia franja de intercambios comerciales, culturales y de conflictos. Los tres primeros episodios que destacamos, la masacre de extranjeros en Tandil, la batalla de San Carlos contra la población salinera, la batalla de Quera, tocaron de lleno el problema del acceso a la tierra, en convergencia con dinámicas políticas y culturales propias. El último, la batalla porteña, definió el acceso de Nicolás Avellaneda a la presidencia del país y, detrás suyo, la continuidad del proceso de organización del Estado nacional.

Justamente, la segunda parte de este capítulo se detiene en la gestión de Avellaneda para introducir el momento en que aumentó la escala del proceso de inmigración y colonización que había sido impulsado por las provincias del Litoral, fundamentalmente Santa Fe y Entre Ríos, en la década de 1850, luego de la caída de Rosas. El ex ministro de Sarmiento se había doctorado con una tesis donde investigaba el problema de la tierra en el país y proponía un modelo centrado en la creación de muchos propietarios productores. Sin embargo, la trascendente ley de 1876 sobre inmigración y colonización, estuvo lejos de representar esa aspiración. Como veremos en lo que sigue, sobre la trama jurídica, se montó una verdadera carrera hacia la concentración de tierras.

En este sentido, las batallas mencionadas anunciaban lo que vendría: un avance total del Estado nacional sobre el territorio delimitado como propio, herencia de las aspiraciones coloniales: con qué particularidades se desarrolló este proceso de expansión y qué resultados produjo, es lo que exploraremos en las siguientes páginas.

Violencia, acumulación,
propiedad

¿Exterminar o integrar?

La presión por ocupar los territorios indígenas se intensificó hacia mediados del siglo XIX. ¿Qué hacer con los pueblos originarios? ¿Con los considerados “salvajes”, los “aliados” en la frontera, o incluso con los “amigos” incorporados al dominio estatal? ¿Cómo enfrentar el “desierto”, desconocido y amenazante? ¿Respetar pactos o despojarlos completamente? ¿Exterminarlos o integrarlos? Estas preguntas atravesaron los debates políticos y militares mientras se delineaban tácticas para avanzar sobre lo que el Estado llamaba sus fronteras interiores.

Pactar y avanzar

La conquista española combinó violencia con pactos con pueblos indígenas. Ya en tiempos independentistas, proyectos como el del coronel Pedro García, orientados a la expansión territorial, desconfiaban del “sistema de amistades aparentes”, pero consideraban inaceptable la conquista por la bayoneta, a la que calificaban de “dañina para la humanidad”. La brutal campaña de Rosas en 1833, al igual que los avances en Santa Fe y Salta, también incluyó acuerdos con comunidades indígenas, denominadas “amigas” o “aliadas” según su grado de integración.

Tras Caseros, la Constitución Nacional de 1853 reclamó un “trato pacífico” hacia los indígenas, aunque imponía su “conversión al catolicismo”. El artículo 67, inciso 15, en la práctica desconocía su identidad y los derechos reconocidos en 1813: se los consideraba ciudadanos argentinos por haber nacido en el país, sin atender a su diferencia cultural. El parlamentarismo indígena comenzó a tratarse como un problema de seguridad interior.

Mitre, triunfante sobre el federalismo rosista, propuso el aniquilamiento total de los “salvajes”. Durante su presidencia insistió en una guerra sin cuartel, con colonias militares y proletarización de los rendidos. El territorio pasó a considerarse propiedad nacional, y “desierto” aquello que hasta entonces figuraba en los mapas como “dominio salvaje”.

Santiago Arcos, escritor y político liberal, expresó con crudeza ese paradigma. Su informe sobre las fronteras, publicado con la aprobación del coronel Wenceslao Paunero, planteaba que la provincia que ocupara esos territorios debía “botar fuera” a los “indios ladrones”, pues no reconocían leyes ni compromisos, aunque fueran “lugares habitados por Indios desde tiempo inmemorial”.

Arcos propuso cambiar la guerra defensiva por la ofensiva activa. Planteaba retomar las campañas de Aldao en Mendoza o las del coronel Rauch en Buenos Aires. Imaginaba la venta de tierras a altos precios y un control ejercido por una policía militarizada o gendarmería. Escribió:

Para que los Indios no invadan, es preciso que invadamos nosotros. Es preciso ir á buscar al Indio en su tolderías. Batirlo cuando el Indio no esté pronto para la guerra. Incomodarlo incesantemente, destruyendo sus caballadas, y haciéndole sufrir los mismos males que ellos hacen sufrir á nuestras poblaciones fronterizas.

En esos años, el conflicto entre Buenos Aires y la Confederación, seguido por la organización del Estado nacional, aceleró la disputa territorial: ¿a qué jurisdicción pertenecían las tierras no ocupadas? En 1867, bajo la presidencia de Mitre, la Ley Nº 215 anticipó la ocupación de los territorios nacionales y el sometimiento —voluntario o forzado— de las “tribus nómades”. Se proyectó una nueva línea de fortines entre Choele Choel (Río Negro) y Planchón (Mendoza), consolidando la expansión estatal.

Aun en ese marco de conflicto, se firmaron tratados de paz y comercio, con alianzas frágiles entre gobiernos y comunidades. Caciques recibieron sueldos y uniformes; algunas tribus aceptaron establecerse en misiones, como las franciscanas de Río Quinto; se prometieron concesiones de tierras, muchas veces sin cumplir. En 1869, el Estado nacional formalizó acuerdos con el cacique Coliqueo en Los Toldos. La legislatura bonaerense otorgó tierras a “indios amigos” con cláusulas que prohibían su venta o división por un tiempo. Hubo cesiones en localidades como 25 de Mayo (Rondeau), Bragado (Railef y Melinao), Bolívar (Raninqueo), Bahía Blanca (Ancalao) y Azul (Maicá).

En ese contexto, el senador Juan Llerena propuso una ley para el “Trato con los indios”, que reconocía tácitamente su derecho al territorio al permitirles elegir una “residencia permanente” de hasta 1.600 hectáreas por familia.

Sin embargo, los pactos eran sistemáticamente violados, y la proyección nacional sobre los territorios continuaba.

Rompiendo pruritos

Sarmiento impulsó el avance de las fronteras sobre territorio pampeano, primero hasta el río Colorado y luego al río Negro, mediante una red de fuertes con telégrafos manuales y armamento moderno. Tras la Guerra contra el Paraguay, concentró recursos en el sur, estableciendo fuertes cada 50 kilómetros como núcleos de colonización, y apuntó a concretar la ocupación de Choele Choel, paso clave para el comercio con Chile.

Fue entonces cuando el coronel Lucio V. Mansilla realizó una expedición a tierras ranqueles, registrando sus vivencias. En sus crónicas, una brillante mezcla de descripciones, aspiraciones, ficción y propaganda, dialogaba con su amigo Arcos y planteaba la necesidad de una “conquista pacífica”. Afirmaba creer en “la unidad de la especie humana” y en evitar “la influencia de los malos gobiernos”. Al llegar a Leubucó, imaginaba un futuro donde los indígenas, cristianizados y reducidos, rendían homenaje a la civilización a través del trabajo.

Mansilla se mostró sorprendido por la organización política indígena y su conocimiento técnico y productivo. Señaló que “la civilización y la barbarie se dan la mano” y que “la humanidad se salvará porque los extremos se tocan”. En el parlamento con el cacique Mariano Rosas intentó convencerlo de que Sarmiento buscaba la paz. El cacique, escéptico, respondió que la tierra era suya y que los verdaderos planes del gobierno eran extender el ferrocarril y convertir el territorio en propiedad privada. Denunció además masacres pasadas como la del Sauce y la del Retiro, realizadas en nombre de la civilización.

Mansilla cuestionó la idea de que la desaparición del indígena fuera un destino inevitable, denunciando a quienes justificaban el despotismo bajo teorías de fatalidad histórica.

Ese mismo año, la Sociedad Rural Argentina —en línea con intereses ganaderos y el comercio británico— presentó un acta al gobierno bonaerense pidiendo una ofensiva militar total y ofreciendo recursos para ejecutarla. Afirmaban que las “invasiones y depredaciones” indígenas demostraban la ineficacia del sistema defensivo y proponían un “cambio radical”, comprometiéndose con el presupuesto provincial y ofreciendo apoyo logístico.

La presión sobre las tierras pampeanas aumentaba junto con su valorización por la demanda internacional de carnes, especialmente desde Inglaterra. La producción ganadera —bovina y ovina— se intensificó incluso en zonas semiáridas de frontera, y los estancieros reforzaron su expansión. El joven Francisco Moreno, entonces reciente fundador de la Sociedad Científica Argentina, comparó esta actitud con la de los squatters australianos, que ocupaban tierras arriesgando sus vidas y luego eran reconocidos como propietarios por el Estado.

La expansión ferroviaria, como temía el cacique Rosas, fue clave. Financiada por capitales británicos, recibió a cambio grandes extensiones de tierras fértiles. Álvaro Barros, militar y gobernador interino de Buenos Aires, reconocía que los “caminos de fierro” facilitaron las campañas militares, cambiando por completo la dinámica de la guerra.

La política de la zanja

El 25 de agosto de 1875, el Poder Ejecutivo elevó al Congreso un proyecto de ley para autorizar una inversión de hasta 200 mil pesos fuertes destinada a fundar nuevos pueblos y fortines más allá de la línea de frontera existente.

Ese mismo año, el coronel Álvaro Barros publicó La guerra contra los indios, donde defendía una ofensiva militar y reivindicaba la figura de Rauch, aun admitiendo su “personalismo extremo”. Barros proponía concentrar las fuerzas sobre el “centro capital del enemigo” para reducir de 14 mil a 2400 leguas el territorio indígena, abandonando la defensa estática. Señalaba que, pese a la proximidad de la frontera, los indígenas seguían ocupando sus posiciones tradicionales, lo que evidenciaba la pasividad del ejército.

Sin embargo, Barros no defendía una solución exclusivamente bélica. Planteaba integrar a los indígenas mediante el reparto legalizado de tierras y la formación de colonias agrícola-ganaderas. Escribió:

…repartir en propiedad esos campos a los indios, medidos, escriturados y amojonados; establecer entre ellos un sistema de orden que ellos mismos anhelan, porque muchos han aprendido a conservar lo que adquieren y saben valorar lo que importa la propiedad. Proporcionar pequeños recursos para que se dediquen a la labranza los que son capaces.

En este contexto, Avellaneda encomendó al ministro de Guerra, Adolfo Alsina, un plan de avance defensivo que combinara fortificación y expansión territorial. Así nació, entre 1876 y 1877, la monumental “zanja de Alsina”: una trinchera de 2,5 metros de profundidad y más de 500 kilómetros de largo, desde Italó hasta Nueva Roma, atravesando puntos estratégicos como Trenque Lauquen, Guaminí, Carhué y Puán. Detrás de la zanja avanzaron el ferrocarril y las telecomunicaciones, claves para consolidar el dominio estatal.

El ingeniero francés Alfred Ebelot, contratado durante la presidencia de Sarmiento, tuvo un rol central en la dirección técnica. En la zona de Tapalquén (hoy, Tapalqué), encontró toldos vacíos y restos de cultivos de trigo, cebada y lino, además de grupos indígenas “amigos” dispuestos a establecerse en colonias. Al igual que Barros, creía que había que asentar al indígena. El problema –decía- no era el “indio”, sino la tribu, sus costumbres y lenguas: podían ser integrados individualmente como trabajadores productivos, si aceptaban el orden estatal. Ese era, para muchos, el precio de la ciudadanía.

Alsina-Wysocki. Nueva línea de fronteras, 1877.

Plano de la Zanja, 1877.

El plan para construir una gran zanja permitió incorporar unas 50 millones de hectáreas al dominio estatal, especialmente en el sur de Buenos Aires y Córdoba. Se llegaron a excavar 367 kilómetros, pero la muerte de Alsina, a fines de 1877, interrumpió los trabajos, aún lejos del objetivo final, que suponía llegar a San Rafael, Mendoza.

Aun así, el plan fue criticado por la Sociedad Rural, que lo juzgaba insuficiente. Para sus intereses, la expansión ganadera exigía medidas más agresivas, justo cuando el arribo del buque Le Frigorifique desde Francia inauguraba la era de la exportación de carnes hacia Europa.

La ofensiva general

Tras la muerte de Alsina, Julio Argentino Roca asumió el Ministerio de Guerra y Marina. Su ascenso se consolidó al imponer una estrategia ofensiva, en un claro disenso con el plan defensivo de su antecesor. Roca gestionó la importación de 10 mil fusiles Remington, presentó al Congreso un plan de expansión militar, aprobado tras algunos debates, que implicaba el exterminio de poblaciones indígenas y la redistribución de tierras y, en 1877, Roca encargó a Miguel Malarin, agregado militar en la embajada argentina en Washington, que informara sobre las políticas estadounidenses hacia los pueblos indígenas. Malarin destacó la “distribución” de tierras como vía de integración tras el combate “raza a raza”. Criticó el rol de las misiones religiosas y proponía asentamientos agrícolas aislados con familias indígenas seleccionadas. Por su parte, el canciller Rufino de Elizalde presentó un plan similar, buscando integrar a los indígenas en colonias alejadas de los centros poblados, como “acto de redención cristiana”.

Antes de finalizar la presidencia la presidencia de Avellaneda y bajo la dirección militar de Roca, se llevó adelante la llamada “Conquista del Desierto”, una campaña de exterminio y sometimiento indígena que desconoció las normas internacionales de la guerra. Al sur, la campaña abarcó territorios pampeanos y patagónicos entre 1879 y 1885. Entre 1883 y 1884, se desarrolló una ofensiva sobre el Chaco, liderada por el general Benjamín Victorica.

Victorica en la campaña al Chaco.

Desde el Instituto Geográfico Argentino se celebró la victoria como un hito histórico:

Lo que intentaron nuestros mayores hace tres siglos, lo que hace un siglo repetía el esfuerzo de los patriotas de Salta y Tucumán se lleva a cabo hoy, pero de manera permanente y fijando la nueva línea abierta al porvenir de nuestra patria….

Financiar la campaña

La ocupación de estos territorios respondió a una lógica de apropiación privada desde sus orígenes. La Ley Nº 947, sancionada en 1878 y conocida como “Ley de Empréstito”, habilitó la financiación de la campaña militar mediante la venta anticipada de tierras que debían ser conquistadas. Se proyectaba avanzar la frontera hasta los ríos Negro y Neuquén. Buenos Aires, Córdoba, San Luis y Mendoza cedieron tierras reclamadas como propias para costear la campaña.

Se vendieron 4 mil títulos de 400 pesos cada uno, representando 2500 hectáreas por título, con la obligación de adquirir un mínimo de cuatro (10 mil hectáreas). La inversión incluía intereses del 6% anual y podía amortizarse con adjudicación directa de tierras. Así, casi 400 personas —en su mayoría bonaerenses— se repartieron 8,5 millones de hectáreas.

En 1882, la Ley Nº 1.265, que reorganizó los territorios nacionales, profundizó esta política al rematar tierras fiscales para uso agrícola y ganadero en lotes entre 2500 y 40 mil hectáreas, con supuestas obligaciones de inversión y poblamiento. Sin embargo, lejos de fomentar colonización efectiva o preocuparse por la población “fiscalera”, la ley generó una masa de “pobladores ficticios”, lo que favoreció aún más la concentración de tierras: se repartieron más de 5 millones de hectáreas sin consolidarse colonias reales.

Finalizada la campaña al sur, se sancionó en 1885 la Ley Nº 1.628, conocida como “Ley de Premios Militares”. Esta ley otorgaba bonos de tierras a unos 6 mil oficiales que participaron en la campaña. Los lotes adjudicados variaban según el rango: un jefe de frontera recibía 8 mil hectáreas; un jefe de regimiento, 5 mil; capitanes, 2500; tenientes, 2 mil; oficiales menores, 1500.

La mayoría de estos bonos fueron vendidos, en muchos casos en el exterior, y terminaron en manos de 541 personas, que concentraron cerca de 4,75 millones de hectáreas desde La Pampa hasta Tierra del Fuego. Se crearon así grandes latifundios ganaderos. Por ello, muchos hablaron de un “botín de guerra” o “boletos de sangre” como formas de enriquecimiento de la elite militar, compuesta por no más de 2 mil personas.

Esta política generó protestas de oficiales excluidos, especialmente quienes habían combatido en el Chaco antes de las campañas generales. En respuesta, se otorgaron premios adicionales a quienes participaron en expediciones previas: Uriburu (1870), Fontana (1880), Bosch y Solá (1881), Bosch, Obligado e Ibazeta (1883), y Victorica (1884).

Administración, orden y seguridad

La ley de territorios nacionales

Tras la ocupación militar del sur y el Chaco, el Estado nacional debía establecer un orden político, administrativo y de seguridad en estos territorios. El principal obstáculo era la presencia indígena sobreviviente. En 1884, se sancionó la Ley Nº 1.532 de “Territorios Nacionales”, que reorganizó estas tierras bajo jurisdicción directa del Ministerio del Interior.

Se crearon así las gobernaciones en Chaco, Formosa, Misiones, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La ley buscaba impulsar el desarrollo económico mediante el reparto de lotes y el fomento agrícola e industrial. Además, otorgaba a los gobernadores la facultad de establecer indígenas en misiones religiosas, según el precepto constitucional y la Ley de Inmigración y Colonización, con el objetivo de integrarlos a la “vida civilizada”.

Mientras el Ejército comenzaba a replegarse hacia hipótesis de conflicto principalmente con Chile y Brasil, las nuevas autoridades territoriales debían hacerse cargo del control de extensas regiones, con escasos recursos. La seguridad fue delegada a policías locales y fronterizas —como la gendarmería o “gente de armas”—, asistidas por colonos mayores de 18 años que integraban las guardias urbanas.

Su aparición reclamaba, al mismo tiempo, pensar su relación con la tierra. En efecto, fue concebido como un defensor de la patria y como un agricultor.

El problema indígena pasó de ser una amenaza externa a un asunto de seguridad interna. Las categorías de “salvajes” y “bárbaros” dieron paso a las de “bandidos”, “merodeadores” o “fiscaleros trashumantes”, asociados a la delincuencia rural. Empresas y estancias colaboraron con recursos para sostener ese control territorial.

La gente de armas (o gendarmes)

Esta formación tiene raíces coloniales, con los “blandengues de frontera” encargados de proteger los caminos reales. En la década de 1810, el coronel García propuso este modelo para la campaña bonaerense. En los años 1830, Pedro de Ángelis lo retomó como “programa de colonización”: fundar pueblos productivos, distribuir tierras en zonas escalonadas —chacras, pasturas y terrenos para indígenas que desearan “venir a sociedad”—, y formar una fuerza policial. La idea era que el soldado fuera también vecino y propietario, con documento fehaciente, “para que pueda él y sus descendientes quedar a cubierto de la codicia de los pudientes”, protegido de desalojos, convertido en “verdadero ciudadano”. “Sus tierras, su hogar y su pueblo, serán los ídolos del labrador y ganadero”, decía.

Sarmiento retomó este modelo para las primeras poblaciones en territorios aún no conquistados, para quienes formaran las milicias y para los soldados de línea. Su política preveía mensuras de solares y quintas, entrega de tierra gratuita con condiciones de permanencia (mínimo tres años) y cultivo como requisitos para obtener la propiedad. Esta política limitaba la acumulación de tierra y ofrecía una alternativa de bajo costo fiscal al sostenimiento de tropas regulares.

Pero fue Avellaneda el que puso el primer pilar moderno del gendarme. En 1877, antes de lanzar la ofensiva militar, el presidente buscó crear fuerzas de seguridad militarizadas para asegurar el territorio colonizado. Alegando urgencia, pidió al Congreso crear dos formaciones de policías rurales, “jendarmes”, inicialmente en el Chaco, para garantizar la seguridad de inmigrantes en Resistencia y Reconquista.

En su proyecto, subrayaba la necesidad de una fuerza que, sin las exigencias de la tropa de línea, pudiera dispersarse en el ámbito rural. Aseguraba, además, que un batallón del ejército era costoso y poco eficiente. Complaciendo las quejas de la época, se optó por el alistamiento voluntario. La ley se sancionó con el Nº 850 el 6 de agosto de 1877.

Siete años más tarde, la Ley de Territorios recién mencionada otorgó a los gobernadores el comando de estas gendarmerías. En 1885 se creó también la policía local, para tareas urbanas, cuyos agentes fueron igualmente llamados gendarmes. En 1890, el capitán del Ejército Juan Amadeo Baldrich propuso un “servicio de policía militar” con “pequeñas columnas volantes” para enfrentar a merodeadores tras el avance militar.

En el sur, la iniciativa surgió luego del paso del Ejército. En 1882, el Ejecutivo pidió un crédito para crear una compañía de gendarmes en la Patagonia y para el “racionamiento de indios” en Colonia Conesa, donde indígenas reducidos se encontraban en estado crítico. Al igual que en el Chaco, ante la escasez de recursos, administradores de comercios o estancias fueron designados subcomisarios y financiaron la manutención de la fuerza.

En los años siguientes, se crearon gendarmerías volantes con funciones de policía militarizada, sin ser militares ni policías en sentido estricto. Con distinta suerte, estos cuerpos recién formaron una fuerza nacional en 1938.

Gendarmes en el Norte de Santa Fé.

La propuesta de otro francés

En 1876, antes de sancionarse la ley de inmigración y colonización, el francés Luis Deperle propuso fundar una colonia agrícola-militar al Oeste de Reconquista. Su plan solicitaba 3400 hectáreas para establecer sesenta familias del norte de Europa, cada una con al menos cuatro personas, bajo el compromiso de defender la frontera contra los indígenas.

Deperle, que se definía como “antiguo vecino”, ofrecía una hipoteca sobre la tierra como garantía, y proponía entregar a cada familia 34 hectáreas, que serían escrituradas tras tres años de trabajo continuo. El Gobierno argentino debía costear el viaje transoceánico y, mediante la Comisaría de Inmigración, se haría cargo de equipar a las familias con animales, herramientas y semillas, a crédito. También se otorgaría manutención y rancho de soldado por un año.

Los colonos debían prestar servicio en casos de invasión indígena o seguridad rural, dentro de un radio de quince kilómetros y por no más de tres días en época de trabajo agrícola. Serían racionados por el Gobierno y quedarían bajo el mando del jefe de frontera. Deperle sería el Comisario de la colonia.

El proyecto apuntaba a fortalecer la defensa de la frontera y el poblamiento en una zona clave para el comercio con el Chaco austral y el norte argentino. Aunque el modelo no prosperó como fue planteado, representa una síntesis de las políticas de militarización del poblamiento: seguridad territorial, control de las poblaciones indígenas y colonización productiva con base en la propiedad agraria y el servicio armado.

Genocidio: el nuevo lugar para los nativos

El proceso de expansión estatal en la Argentina negó sistemáticamente la identidad y los derechos básicos de los pueblos indígenas. Esta negación se expresó en la ruptura de acuerdos y tratados, en la violación de los códigos de guerra y, una vez sometidos, en su incorporación forzada a la “civilización”, con la intención de borrar sus culturas, costumbres y creencias, imponiéndoles las de la sociedad vencedora.

En el último tiempo, diversos investigadores han documentado historias de sometimiento, detención, deportación, explotación e incorporación forzada de personas indígenas en el marco de la construcción del Estado nación. Por eso sostenemos que la Argentina moderna se constituyó sobre la base de un genocidio. No solo por los asesinatos masivos —que no fueron totales—, sino por la utilización de los recursos estatales para suprimir identidades, hacerlos pasar por nativos o criollos y construir la idea de su desaparición como un hecho inevitable del progreso.

Narrativas como la “integración”, el “encuentro de culturas” o el “crisol de razas” sirvieron para encubrir la violencia genocida. La Constitución de 1853 ya exigía la conversión de los indígenas. Para fines del siglo XIX, las estadísticas oficiales dejaron de registrarlos como tales. Su lugar en la nueva sociedad fue el de fuerza de trabajo barata o como criados de familias pudientes, bajo condiciones serviles, incluso cuando mediaba un salario formal.

Si bien la mayoría consideraba necesaria la integración, incluso forzada, existían posturas críticas ante los métodos brutales utilizados. En la sociedad de hace 150 años circulaban principios éticos, conocimiento de normas y adhesión al Derecho de Gentes, antecedente del actual Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos. Ya entonces se denunciaban crímenes contra población civil, como la reclusión en campos de concentración, el desmembramiento de familias y el trabajo forzoso.

Muchas niñas y mujeres indígenas fueron destinadas al servicio doméstico en casas acomodadas de distintas provincias. Muchos fueron llevados a campos de concentración como el de la isla Martín García o incorporados en condiciones serviles a la Armada. Otros fueron incorporados como peones rurales en condiciones serviles en el norte y sur del país: en obrajes chaqueños y litoraleños, ingenios del Noroeste argentino y grandes estancias patagónicas. La expropiación de tierras y la negación del derecho a decidir sobre sus propias vidas también formaron parte del dispositivo estatal.

Colonos suizos y mano de obra indígena: Lorenzo Güller y su familia, en el norte santafesino, cuando vinieron a poblar Esperanza.

Reparto de indios. lista de los apellidos de empresarios interesados y la cantidad de indios o familias que solicitaron fue publicada en el diario La Razón del día 12 de noviembre de 1878, bajo el título «Importante reunión» (Fuente: En el País del Nomeacuerdo).

Una voz crítica relevante fue la del diputado Aristóbulo del Valle, quien, en 1884, durante el debate sobre la ocupación militar del Chaco, denunció: “Hemos desconocido y violado todas las leyes que gobiernan las acciones morales del hombre”. Tres años más tarde, cuando se produjo un levantamiento indígena en la reducción de San Antonio de Obligado, la prensa reportó actos inhumanos cometidos por tropas nacionales, lo que motivó la designación de un fiscal militar, el teniente coronel Rafael Bosch, para investigar los hechos.

En ese mismo 1887, mientras se remataban tierras fiscales y se fundaban colonias de inmigrantes europeos en el Chaco, el empresario obrajero Carlos Boggio presentó un hábeas corpus contra el coronel Manuel Sosa, jefe interino de la 4ta División, a favor de Juan, José, Gambacito, Miguel y sus familiares, Pedro Carapé y su familia, detenidos por el Ejército. El juez del territorio habilitó un procedimiento para determinar si se trataba de personas “pacíficas y conocidas como tales”, es decir, si ya estaban “sometidas a la civilización” y obedecían a las autoridades nacionales. Cuando la iniciativa de Boggio enseñaba un uso -especulativo o no- de argumentos humanitarios, la preocupación del sistema judicial no era tanto su libertad, sino su grado de “integración” a la sociedad criolla.

Los cronistas de la época también dieron cuenta del ensañamiento. Wilcken observó que las tropas exterminaban sin distinción “a hombres, mujeres y niños”. Por otra parte, la Universidad de Buenos Aires se hizo eco de la crítica: una tesis de doctorado en Jurisprudencia presentada en 1892 se llamó “Los indios ante la Constitución y las leyes”. Su autor fue Eduardo Zavalía, quien comparó el destino de los indios con “la pobre suerte de los judíos en el mundo”, en el momento en que los judíos -como veremos más adelante- eran perseguidos y expulsados de distintos países, especialmente en Europa. El reconocido jurista Amancio Alcorta fue su director y el ministro de Guerra de Roca, Benjamin Victorica, aparece como jurado de esta tesis.

Zavalía habló de una campaña de ocupación del sur que permitió una impresionante apropiación de tierras y la captura y reparto de personas “como si fueran animales de labranza”. “Si son ciudadanos argentinos, no se hizo lo que se hace cuando se los castiga por sedición y prisión, ni por extranjeros, donde existen leyes de la guerra para prisioneros específicos, pero no se los reparte como cosas o enviados a cuerpos de ejército.” Según Zavalía, “una de las más bellas conquistas de estos últimos tiempos en el derecho internacional es precisamente la reprobación que tal teoría ha merecido de parte de los más distinguidos escritores de derecho de gentes.”

En 1904, Bialet Massé denunció la persistencia de estas prácticas en el norte de Santa Fe y pidió respetar el espíritu de las viejas Leyes de Indias. Citó al mayor Camilo S. Gay, quien dirigía un regimiento compuesto por indígenas reducidos en Banderas, y que afirmaba buscaba su sometimiento respetando progresivamente su humanidad, sus costumbres y su dignidad. “He leído y leo que hay quien pide guerra y exterminio; pero ese ultraje a la humanidad no ha de cometerse por una nación civilizada”, concluyó Bialet Massé.

Su mirada recuperaba no sólo la tradición jurídica del derecho de gentes, sino también las ideas integracionistas de los primeros referentes independentistas, que, como vimos en el Cuaderno 2, imaginaron la convivencia con los pueblos originarios como parte de un proyecto común de emancipación.

Conclusiones

El concepto de genocidio genera debates. Algunos rechazan su uso por compartir la idea de que la desaparición indígena fue inevitable o necesaria. Se trataba de “bárbaros” frente a los cuales aquella sociedad debía defenderse. Otros alegan que los responsables no eran conscientes de cometer crímenes. Eso es liso negacionismo. Distinto es el caso de investigadores que evitan su uso por su carga legal, vinculada a los crímenes del nazismo, y prefieren nociones como etnocidio, transculturación o guerra social, que explican la eliminación de identidades sin exterminio físico y generalizado. El uso del término genocidio, sin embargo, puede incluir ese tipo de política de eliminación de identidades y cultura, sin mediar el exterminio total de un grupo.

En este capítulo, nos detuvimos a revisar el proceso de ocupación estatal del territorio que reclamaba como herencia del patrimonio real colonial, amparado en principios jurídicos que le otorgaban legitimidad desde el proceso independentista iniciado a comienzos de siglo. Donde la cartografía -especialmente la extranjera- señalaba “dominio indígena”, la república reconfigurada se lanzó a consolidar un control político y administrativo, expandiendo las prácticas que había seguido España (como en Carmen de Patagones o Puerto Deseado).

Cómo y en qué tiempo lograrlo, eran preguntas fundamentales para las clases dominantes. Las respuestas se fueron ensayando con el correr de los años, en base a las experiencias de la convivencia en las fronteras, de las propias iniciativas autónomas indígenas, de las demandas de productos agrarios del mercado mundial y de los intereses de los países vecinos y las potencias europeas. Por fuera del marco de la guerra, el genocidio constituyente se puso en funcionamiento cuando la decisión adoptada fue la del exterminio, sin considerar la integración con respeto por las culturas y autonomía indígena. Como el aniquilamiento total no se consiguió, los pueblos indígenas sobrevivientes vivieron el sometimiento y la negación de su identidad, la expropiación y la proletarización.

Es cierto, la política del Estado nacional no fue distinta a la que emplearon otros estados surgidos de experiencias coloniales, como el de Chile, el de Canadá o Australia, por poner algunos ejemplos. En la misma época, los imperios europeos se repartían con violencia los países africanos y asiáticos. Por otro lado, entre los actores de poder predominaba una fuerte opinión favorable a garantizar la seguridad en las extensas fronteras por medio de una definitiva eliminación del “salvage”.Y, sin embargo, hemos puesto el acento en aquellas voces que expresaron su desacuerdo con el modo en que se avanzó: con el exterminio, con el despojo, con el intento de hacer desaparecer al indígena y su identidad.

Como se sabe, la decisión final fue la de crear un sistema territorial y productivo basado en latifundios a manos, fundamentalmente, de la clase terrateniente porteña y extranjera. Junto a este proceso de expropiación, se consolidó también un sistema agroindustrial en enclaves y colonias agrícolas sostenido por la inmigración, todo ello basado en el uso de la mano de obra barata indígena.

Se moldeaban así el país y la cartografía nacional que conocemos hoy.

En el barro 
de la colonización

En 1880, sofocada la sublevación de Buenos Aires, asumió la presidencia de la Nación el general Julio Argentino Roca. Se trataba de un oficial que había combatido tanto a unitarios como a federales a lo largo del país, y que representaba a un Estado central fortalecido, que había subordinado provincias y territorios a un proyecto de unidad nacional.

Esa unidad incluía, por fin, a la rebelde Buenos Aires, cuya oligarquía apoyó sin grandes reparos la candidatura de Roca, atraída por su promesa de orden, paz, eficiencia y progreso. Roca gobernó con mano de hierro entre 1880 y 1886, y sentó las bases de un modelo político, económico y territorial que dejaría huellas profundas.

Concluida la ocupación militar del sur, comenzó la ocupación civil. Sobre el despojo de tierras indígenas, se construyó un vasto mosaico de latifundios, muchos de los cuales terminaron en manos extranjeras. Las clases dominantes habían apostado estratégicamente a la tierra: ese fue uno de los grandes legados de Roca.

Durante su gobierno y el de su sucesor y cuñado, Miguel Juárez Celman, se aceleró el poblamiento y el crecimiento agrario basado en el latifundio, con modestas innovaciones técnicas, frigoríficos extranjeros y colonias volcadas a cultivos de exportación. Y acaso esta combinación abrió la pregunta:

¿Nada quedaría, entonces, para criollos y nativos, para los hijos del país y para los hijos de la tierra?

Los hijos del país

Ante la expansión latifundista y el impulso modernizador, los criollos —los llamados “hijos del país”, en palabras de José Hernández— buscaron un lugar en la nueva configuración social y territorial. Y esta búsqueda no se resolvió sola ni de manera pacífica. La pregunta por el lugar del criollo emergía con fuerza, especialmente frente al avance de un modelo económico que parecía reservar el protagonismo a los extranjeros.

El aluvión inmigratorio no dejó de ser observado por algunos como una amenaza a la argentinidad en construcción. Incluso se alzaron voces que lamentaban la “desaparición” del indígena, reivindicado ahora como el eslabón más genuino de lo autóctono. Marco Avellaneda, diputado y hermano del ex presidente, llegó a exclamar en el Congreso: “El desierto tiende a desaparecer, pero queda de pie un nuevo peligro: el extranjero.” Lucio V. Mansilla, por su parte, observó que se cometía una injusticia hacia el “pobre de la República”, que también merecía un pedazo de tierra. El empresario colonizador Aarón Castellanos oyó “la grita del paisanaje”, que respondía al favoritismo hacia los extranjeros y al olvido de quienes habían servido a la patria. Alejandro Conesa, gobernador del Chubut, habló de la “reparación histórica” necesaria para quienes habían forjado la “argentinidad”, destacando que los indígenas mostraban, a veces, un sentimiento de nacionalidad “que no todos los inmigrantes tenían”.

Y así, aun cuando se los consideraba “derrochadores”, reacios a aumentar sus comodidades y a abastecer al mercado, surgieron iniciativas para crear colonias específicamente criollas en distintas partes del país.

Las instrucciones de José Hernández

En 1872, José Hernández publicó El gaucho Martín Fierro. Siete años más tarde escribió La vuelta de Martín Fierro. Entre ambos textos, aunque siempre compleja, se produce un cambio en su mirada sobre el indígena, desde una caracterización de peligrosidad, hacia la perspectiva de una integración humanizante. En 1881, Hernández publicó su último libro: Instrucción del Estanciero, un trabajo encargado por el gobierno provincial de Dardo Rocha (1881-1884), orientado al manejo del campo y al desarrollo de la ganadería.

En este último, describió el carácter “moderno” de la industria pastoril, la naturaleza de los campos, sus pasturas y el ganado en el Litoral —hasta el Paraguay—, así como la infraestructura, los avances técnicos y las condiciones de trabajo. Pero en la última parte, cambió el foco y expresó su protesta por la exclusión de los criollos en la política de colonización. Propuso, especialmente para Buenos Aires, la “formación de colonias con los hijos del país”. Así comenzaba este apartado:

Hace veinte y cinco años que la República Argentina emprendió la tarea de fundar colonias agrícolas, fomentando al efecto la inmigración estrangera (…) [pero] Buenos Aires ha permanecido estacionaria (…) y cada dia se hace mas sensible para ella la situación que le cria esa falta de iniciativa y de cooperación a la fundación de colonias.

Denunciaba que los propietarios, con el alambrado de leguas de campo, “arrojan de allí á cuantos no son empleados en las faenas de su establecimiento.” Conservando un estilo poético y criterio criminológico, afirmaba: “que es una verdad práctica y reconocida, que donde hay hambre no hay honradez.” Aclaraba que se trataba de condiciones sociales que afectaban a “nuestros pobres”, y sostenía que el vicio y la holgazanería “no constituyen el carácter de los hijos de la tierra”.

Para Hernández, en un país donde ya no quedaban fronteras internas que defender, la represión —como las leyes de vagancia— debía ser reemplazada por la prevención: no debía ser la policía quien resolviera el problema social, sino el gobierno, con políticas públicas de colonización dirigidas a los criollos. Esta debía incluir, en línea con el nacionalismo de la época, una política de industrialización mínima, que ofreciera trabajo durante las épocas de inactividad rural. La colonización con criollos, sostenía, era el único, mejor y más eficaz remedio contra estos males:

Es necesario, como único, como mejor y mas eficaz remedio á todos los males, fundar colonias agrícolas con hijos del país. Al colono estrangero le ofrece la ley Nacional, tierra, semillas, implantes, herramientas, animales de labranza y mantención por un año para él y su familia. Miles y miles de colonos estrangeros hay en la República, que han venido y se han establecido gozando de estos beneficios.
No se crea por esto, que miramos con prevención al elemento estrangero; nó, muy lejos de eso (…) Bien venidos sean esos obreros del progreso. […] Pero, si el país necesita la introducción del elemento europeo, necesita también y con urgencia, la fundación de colonias agrícolas, con elementos nacionales. La Provincia posee tierras excelentes para este objeto, y si no las tiene en parajes adecuados, debe adquirirlas, para lo cual tiene la facultad y los medios de hacerlo.

El ejemplo que lo inspiraba era el de su hermano, Rafael Hernández, quien en 1877 donó tierras de la estancia San Carlos, en Bolívar, para la formación de pueblos con chacras. Allí vivían ya tres mil personas, en unas cien casas, con doscientas cementeras de maíz, trigo y otros cereales, 40 mil árboles y una ganadería diversa. Aunque pudiera parecer modesto, José Hernández insistía en que fundar cuatro o seis colonias semejantes, próximas al ferrocarril, traería alivio a la campaña. La inversión —no el gasto— se justificaba no solo por sus frutos materiales, sino también por su impacto moral y social:

La colonia, trae la vida en grupo, la sociabilidad, el amor al suelo, robustece los vínculos de familia; despierta el amor al trabajo, el anhelo por el adelanto; la colonia reclama la escuela, los hábitos de vida arreglada; y el resultado final es el bienestar, la felicidad, el adelanto y mejora de cuantos forman parte de ella.

Un hogar por ley

La sensibilidad política y el pragmatismo llevaron, hacia el final de la campaña de ocupación del sur, a la sanción de dos leyes significativas. En septiembre de 1884 se promulgó la Ley N° 1.501, conocida como “Ley Argentina del Hogar”, destinada a otorgar tierras fiscales a población criolla, los llamados “fiscaleros”, y fomentar su conversión en pequeños productores ganaderos. Un año más tarde, la Ley N° 1.552 de “Derechos Posesorios” buscó legalizar ocupaciones de larga data —de veinte o treinta años— transformando a los antiguos ocupantes en propietarios legales.

Inspirada en la Homestead Law de Estados Unidos, la Ley del Hogar preveía la subdivisión de tierras fiscales fértiles y su venta accesible a “argentinos sin tierra” o extranjeros próximos a naturalizarse. No promovía específicamente la radicación indígena ni la creación de colonias agrícolas, sino que apuntaba a consolidar al gaucho como productor individual y defensor del territorio. Las tierras ofrecidas eran las contempladas por la Ley N° 1.265 de 1882, que habilitó remates públicos y contribuyó a la formación de grandes latifundios, pero sobre ellas la Ley del Hogar proponía lotes de 625 hectáreas, y cada 200 lotes se reservaban ocho para pueblos o futuras colonias agrícolas.

Para obtener el título de propiedad se exigía residir cinco años en la parcela, construir una vivienda, introducir ganado por un valor mínimo de 250 pesos, cultivar al menos diez hectáreas y plantar doscientos árboles. Solo cumplido ese plazo, las tierras quedaban habilitadas para ser embargadas o transferidas. Sin embargo, la reglamentación de 1885 impuso trabas burocráticas, y la falta de infraestructura y crédito para irrigar tierras semiáridas dificultó su aplicación efectiva.

Aunque no fue el objetivo original, en ciertos casos aislados, la norma sirvió de base legal para fundar asentamientos indígenas. Lo hizo dentro de marcos específicos, como las misiones religiosas y las reducciones estatales y en un contexto donde el Estado buscaba absorber las identidades indígenas bajo un criollismo uniforme. Es decir, las leyes dirigidas a los “hijos del país” podían, por momentos, incluir a quienes estaban en los márgenes de ese concepto.

La Ley N° 1.552, por su parte, pretendía regularizar derechos de antiguos ocupantes, pero el ritmo vertiginoso de la expansión, los costos asociados y la burocracia estatal impidieron su cumplimiento efectivo. Quienes no lograron ratificar sus derechos quedaron relegados a ser arrendatarios, desposeídos o crianceros trashumantes, al margen del nuevo régimen de propiedad. En cifras, esta última ley benefició a 126 personas con más de 1,1 millones de hectáreas: tres concesiones en Chaco, once en Formosa, dos en La Pampa, dos en Neuquén, 97 en Río Negro, nueve en Chubut y dos en Misiones.

Los hijos de la tierra

Tras la conquista militar de los territorios del sur y del Chaco, surgieron debates en las élites políticas sobre el destino de la población indígena despojada. Entre las ideas que circularon, estuvo la de crear colonias agrícolas o pastoriles con indígenas, lo que generó interrogantes sobre si debían adjudicarse tierras, y en qué carácter hacerlo.

Una experiencia que sirvió de referencia fueron las misiones religiosas de la época colonial. Durante el siglo XIX, en algunos casos, los sacerdotes respaldaron los reclamos indígenas sobre la tierra, logrando incluso la titularización a nombre de las comunidades o de las órdenes religiosas. En ciertos momentos, las misiones funcionaron como refugio frente a las matanzas, como ocurrió con los salesianos en la Patagonia austral. Las misiones buscaban evangelizar, asentar y hacer productivas a las poblaciones indígenas, aunque también sirvieron como reservas de mano de obra. Pero las experiencias en general fueron inestables, siendo reemplazadas por fortines militares con indígenas alistados, como los lanceros del Sauce, en Santa Fe.

Finalizadas las campañas de ocupación militar, algunos propusieron crear nuevas misiones. Pero las tensiones existentes entre el proyecto laicista estatal y la Iglesia cambiaron el curso de las propuestas. Se abrieron entonces proyectos estatales para asentar a indígenas como ciudadanos argentinos, trabajadores rurales y productores individuales. Se hablaba de una “colonización con indígenas”.

Los primeros en enfrentar esta nueva situación fueron los gobernadores de los Territorios Nacionales. En 1883, Lorenzo Vintter, gobernador de la Patagonia, propuso la creación de colonias pastoriles criollas. Ese mismo año se sancionó la Ley Nº 1.370, que establecía la formación de seis colonias en el sur y dos en el Chaco. La norma preveía la mensura de los terrenos, la instalación de familias y el nombramiento de comisarios encargados de su control y administración.

Otros gobernadores impulsaron iniciativas similares: Álvaro Barros (Río Negro) propuso colonias agrícolas mixtas con indígenas, apoyado por Francisco P. Moreno; Manuel Olascoaga (Neuquén) quiso poblar la cordillera con colonias indígenas; Ramón Lista (Santa Cruz) sugirió establecer reservas al estilo estadounidense. En el Chaco, Lucio V. Mansilla y Napoleón Uriburu señalaron la necesidad de contener a los pueblos indígenas en colonias organizadas por el Estado. Fontana, por su parte, denunció que los indígenas eran víctimas de la codicia y crueldad del “hombre blanco”, lo que generaba resentimiento y violencia. En Formosa, el general Fotheringham propuso en 1886 establecer una reducción indígena en Fuerte Freyre, y en 1890, desde el Chaco, Antonio Dónovan, se comprometió a presentar un proyecto de reducciones “a imitación de las ya establecidas”. También hubo propuestas privadas. Donato Dadin, por ejemplo, presentó un proyecto de colonización con indígenas bajo control particular, que fue rechazado por el Estado por su alto costo.

La mayor tensión en relación a este camino tuvo lugar en 1885, cuando se debatió en el Congreso una ley para crear colonias indígenas.

La frustrada ley de colonias indígenas

En 1885, el Congreso de la Nación debatió un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, encabezado por Roca, para establecer un plan de colonización pastoril indígena. Se trataba de una propuesta integral de reducción y radicación de indios bajo control estatal, que incluía inspecciones de trabajo y la adjudicación de tierras a nombre de las tribus. El proyecto dialogaba con las leyes de Inmigración y Colonización y la Ley de Tierras de 1878, cuyos artículos vinculados a las colonias indígenas habían sido limitados o suprimidos en instancias parlamentarias.

El proyecto establecía que los gobernadores de los territorios nacionales debían ubicar a las comunidades indígenas cerca de los ejidos de poblaciones o colonias “civilizadas”, adjudicando 30 hectáreas por familia, y 100 hectáreas a los caciques principales con buena conducta e influencia. La propuesta respondía a lo dispuesto por la Ley de Territorios Nacionales de 1884. Además, contemplaba la creación de cargos como el comisario de indios, el lenguaraz, un capellán católico y una comisión de vecinos para promover la “civilización” de los asentamientos. También se preveía el enrolamiento obligatorio de los indígenas adultos en las gendarmerías locales, y se otorgaba al Ministerio del Interior la facultad de movilizarlos hacia centros productivos cercanos.

El debate generó resistencia y surgieron proyectos alternativos más restrictivos. Uno de ellos, presentado por la Comisión de Colonización y Tierras Públicas, propuso sustituir el término “tribus” por “familias” e insistió en la necesidad de mezclar a la población indígena con la “blanca”, negando el reconocimiento jurídico de las tribus y del cacicazgo. Se impulsaba el mestizaje como política de integración, incluso promoviendo matrimonios entre indígenas y personas “de raza blanca” mediante incentivos como la entrega de tierras. A la vez, se eliminaba la idea de escuadrones indígenas, al considerarlos una amenaza, y se cuestionaron los costos de implementación del proyecto.

En defensa del texto original, el entonces canciller Francisco Ortiz argumentó que la eliminación de los indígenas no debía realizarse por la vía violenta, como proponían algunos sectores, sino mediante el mismo procedimiento seguido hasta entonces: la transformación forzada y progresiva. El debate alcanzó niveles de cinismo y negación tales que incluso se planteó que todos los nacidos en el país eran, en cierto sentido, indígenas, salvo los inmigrantes europeos.

También se discutió si el Estado aún reconocía la existencia de “tratados” con los pueblos indígenas, como había ocurrido en décadas anteriores. La pregunta tenía una intención: afirmar que los indígenas debían ser considerados como sujetos sometidos a la política interna del Estado argentino.

El diputado Lucio V. Mansilla apoyó el proyecto con limitaciones. Le preocupaba que se asimilara al modelo estadounidense de reservas, por su reconocimiento jurídico y posible segregación. En el recinto expresó su escepticismo sobre la eficacia de entregar tierras a título de propiedad a individuos indígenas, señalando que podían perderlas fácilmente, por ejemplo, vendiéndolas por una botella de aguardiente.

Finalmente, el proyecto fue devuelto a comisión y nunca se volvió a discutir. No había consenso sobre cómo abordar el problema social y político derivado de la conquista militar del sur y del norte. Sin embargo, esta experiencia, junto con las iniciativas de los gobernadores territoriales, dio lugar a experimentos locales.

En el Chaco Gualamba

Manuel Obligado, oficial del nuevo ejército nacional al estilo de Roca, combatió a indígenas, federales y liberales sublevados. En 1872 fundó la localidad de Reconquista sobre las ruinas de la misión San Jerónimo del Rey, y desde allí dirigió la expansión estatal hacia el Chaco, con el respaldo de grupos indígenas reducidos, como los Lanceros del Sauce, moqoit y qom. En 1884, fue nombrado gobernador del Territorio del Chaco, trasladándose a Resistencia.

Junto con otros jefes militares como Napoleón Uriburu y Jorge Luis Fontana, impulsó una postura que promovía pactos de protección mutua, evitando “expropiaciones innecesarias” y reprimiendo algunas prácticas indígenas, como las cuereadas, si se acercaban a las colonias. Pero estas ideas convivían con expediciones punitivas (“batidas”), que culminaban con muertos, prisioneros y distribución del “botín”, incluidos “chinas e indios”.

Desde Villa Formosa, el gobernador Fontana impulsó la “conversión” de indígenas a la vida “civilizada”, con algunas tribus reducidas que comenzaban a cultivar la tierra. Obligado participó de una expedición al interior del Chaco en 1878, tras la cual se instalaron colonos friulanos en San Fernando del Río Negro. En 1883, una ley autorizó la mensura de tierras para establecer dos colonias nacionales de un millón de hectáreas cada una, permitiendo su arrendamiento. Poco después se fundaron Florencia y otras colonias. El diario La Nación celebraba las “excelentes cosechas del año” y la compra de tierras por parte de los colonos. Paralelamente, continuaban las expediciones militares, como la dirigida por el sargento mayor Arias, en la que, según los partes oficiales, se batieron cinco tolderías, se dispersó a los indígenas y se tomaron trece prisioneros.

En este contexto se creó la reducción indígena de San Antonio de Obligado (1884), con el objetivo de demostrar que era viable la transformación de “tribus de aborígenes que deambulan por esa región, cometiendo algunas tropelías impulsadas por el hambre y la miseria”, en algo parecido a colonos agrícolas.

El experimento de Obligado

Obligado implementó en 1885 un proyecto de reducción indígena, para el cual convocó al experimentado fraile italiano Ermete Constanzi. Buscaba transformar a las comunidades qom y moqoit en agricultores y soldados, bajo el discurso de la “civilización y el progreso”.

El franciscano Constanzi, quien hablaba fluidamente lenguas locales y había trabajado en misiones en San Javier y San Pedro, jugó un papel clave como intermediario. Logró convencer a los caciques Mariano Salteño y José Domingo Crespo – cuyas comunidades habían sido derrotadas militarmente – de someterse al proyecto. En sus escritos, Constanzi expresaba con optimismo:

Los indios que hace poco vagaban por los montes, mañana serán sumisos y obedientes, cultivarán con sus arados aquella tierra virgen que por tantos años han pisado con altanería e indolencia.

El plan combinaba varios elementos: por un lado, la militarización, formando un regimiento indígena de la Guardia Nacional con 146 raciones militares; por otro, la evangelización, mediante la conversión al catolicismo y adopción de valores “civilizatorios”; asimismo, el trabajo productivo, desarrollando la agricultura con herramientas proporcionadas por Constanzi, además de la construcción de obras públicas y producción de artesanías; finalmente, la propiedad de la tierra, con la promesa de adjudicación de parcelas mediante la Ley de Colonización.

Unos seiscientos indígenas de las comunidades de Juan Chará, José Niño, Francisco Antonio y Bartolo se integraron inicialmente al proyecto. Sin embargo, pronto surgieron los problemas. Las herramientas prometidas tardaron dos años en llegar (bueyes, arados y carros llegaron recién en 1887) y solo se entregaron 72 boletos provisorios de tierras, en contraste con el rápido asentamiento de colonos europeos.

Obligado justificaba la reducción como alternativa humanitaria frente a las únicas opciones que veía para los indígenas:

Si no se reducen y resisten a nuestras fuerzas, matamos en los combates a los Indios de lanza, y sus familias prisioneras van a distribuirse como servidumbre entre las poblaciones cristianas, y sí se nos someten y no los establecemos convenientemente en reducciones, su suerte no es mejor, pués los Indios y sus familias sufren el mismo destino que los prisioneros.

Según Obligado, la experiencia debía convertirse en un modelo de reducción mixta, no segregada, semejante a las colonias agrícolas en debate en el Congreso. Reclamaba a sus superiores la mensura urgente, una política agraria efectiva, el cumplimiento de la Ley del Hogar y el fin del arrendamiento de grandes extensiones de tierra.

Pero en 1886, dos hechos críticos afectaron el proyecto: una epidemia de cólera que diezmó a la población y la sanción de la Ley nacional N° 1.894, que transfirió la región del sur chaqueño, incluida la reducción de San Antonio, a Santa Fe, quitándole jurisdicción a Obligado, que renunció a su cargo poco después, alegando problemas de salud.

Las denuncias por abusos se multiplicaron: explotación en obrajes y plantaciones, malos tratos a milicianos indígenas, y especialmente el secuestro de mujeres y niñas por parte de empresarios ligados al poder político. Constanzi intentó sin éxito conseguir 20 mil hectáreas adicionales para reubicar a los indígenas, pero su pedido fue archivado.

La compleja situación estalló el 11 de marzo de 1887, cuando el secuestro de una niña indígena por encargo de Rudecindo Roca (hermano del ex presidente) provocó la rebelión. La represión fue brutal: entre los hechos más graves, según los registros parroquiales de Constanzi, se encuentra la ejecución de catorce hombres, una mujer y un niño, que fueron enterrados cerca de la proveeduría.

Mientras tanto, el empresario Vicente Casares obtuvo más de 15 mil hectáreas en la zona. Una década después, vendió 105 lotes de lo que había sido tierra indígena. Las familias originarias se dispersaron, Obligado murió en 1896 y Constanzi fue asesinado en 1898. El debate en el diario La Nación entre el médico Víctor Pongratz y el colonizador Manuel Ocampo Samanés reveló las contradicciones del proyecto. Pongratz criticó:

una colonia indígena con autoridades que los protejan, con una buena y honrada administración, y dándoles lo mismo que el gobierno da á los inmigrantes se conseguirían en poco tiempo magníficos resultados (…) Conseguir ese resultado por otros medios me parece muy difícil. Con las armas solo se conseguirá exterminarlos; con los misioneros solo explotarlos.

San Antonio de Obligado demostró cómo el Estado argentino, incluso en sus experimentos “progresistas” de reducción, reprodujo la lógica de despojo territorial y violencia que caracterizó la conquista del Chaco. Las promesas de tierra e integración se convirtieron en servidumbre y exterminio, mientras las élites se beneficiaban con las tierras “liberadas”.

Especulación y competencia por brazos

Obligado criticaba la especulación y la formación de tres latifundios, donde había “excelentes campos, buenas aguadas y hermosos bosques y accesos”. Se refería a los campos de Manuel Ocampo, de casi 80 mil hectáreas, Francisco Tomassonie de casi 40 mil, y Eduardo Lanworthy, de casi 30 mil. Entonces, Portails Fréres, Carbonier y Cía. pidieron dos secciones de tierra en el Chaco boreal; M. Viñales, 40 mil hectáreas; y M. Vigneau, casi 20 mil. En Ocampo, estaban los ingenios Mercedes, Manolo y Tacuarendí. Las Toscas era un fortín y albergaba a los colonos Gaspar Kaufman y a Tomassone y a la comunidad indígena de Juan Chará. Todos competirían por los brazos indígenas.

La leyenda dice: “Parada de indios bravos capturados. En marcha a San Antonio de Obligado (Chaco).”

Nueva cartografía

El caso de la colonia indígena San Martín, luego llamada Colonia Dolores, reproduce los patrones de despojo y promesas incumplidas observados en otras experiencias del Chaco. En 1888, el Departamento Topográfico de la provincia de Santa Fe delineó la separación entre el Pueblo de Dolores, una colonia agrícola, y la nueva colonia indígena. Inicialmente, se adjudicaron chacras y solares a comunidades mocovíes lideradas por el cacique Mariano Salteño. Sin embargo, estas tierras pronto fueron disputadas por colonos inmigrantes y miembros de la comisión de fomento, lo que provocó el traslado forzado de los indígenas a un paraje ubicado diez kilómetros al Norte.

Pese a que el gobierno provincial y los misioneros habían prometido la titularización de las tierras, los compromisos no se concretaron. En 1894, Salteño envió una carta al gobierno santafesino denunciando la usurpación de tierras originalmente concedidas en 1872. Señaló que desde 1888, colonos extranjeros se habían asentado en ellas con la anuencia de las autoridades. El cacique solicitó que se reconocieran los derechos indígenas sobre esos terrenos y que se entregaran las escrituras, presuntamente archivadas en dependencias estatales.

Recién en 1903, tras revisar las concesiones, el gobierno provincial formalizó la donación de tierras a las familias mocovíes que permanecían en el lugar, en lo que se llamó la “Concesión N° 36”.

Se les donaron 1632 hectáreas, divididas en parcelas de 17 hectáreas cada una, bajo el reconocimiento de tierras “de merced”. Sin embargo, esta asignación excluyó las tierras más fértiles de la zona de los Ombusales. Además, la entrega de títulos estaba supeditada a una serie de condiciones burocráticas y materiales: contar con un certificado firmado por autoridades políticas, judiciales y eclesiásticas, construir una vivienda y cultivar al menos dos hectáreas en el plazo de un año.

Las dificultades persistieron. A fines de 1903, fray Iturralde denunció que colonos no indígenas ingresaban ilegalmente a los terrenos indígenas, cortaban los alambrados para utilizar las pasturas y contaban con el aval tácito de la policía de San Javier. La situación desembocó, al año siguiente, en el llamado “último malón mocoví” en esa localidad.

Este proceso de desplazamiento y control territorial formaba parte de un entramado mayor de colonización estatal y privada en el Chaco. En marzo de 1887, el diario La Prensa informó sobre un nuevo plano del Chaco Austral, donde se detallaban las colonias nacionales como Resistencia, San Antonio de Obligado, Las Garzas y Avellaneda (con el obraje Ausonia), así como establecimientos forestales y agrícolas vinculados a concesiones como la de Murrieta y Cía., antecedente del monopolio de La Forestal. También se mencionaban las adjudicaciones otorgadas por leyes de ventas y derechos posesorios, además de las concesiones para trazas ferroviarias.

Mientras se consolidaban estos enclaves extractivos e industriales, los indígenas eran vistos no como futuros campesinos o ciudadanos, sino como mano de obra barata. La nueva configuración del territorio exigía brazos para la explotación forestal, azucarera y agrícola. El capitán Federico Fernández, en sus expediciones de relevamiento del Chaco, trazó mapas de lagunas y canales, registró observaciones astronómicas y dejó un archivo fotográfico del proceso, al tiempo que se consolidaba el control militar del espacio.

Técnicos y funcionarios como Leopoldo Arnaud y el ministro de Guerra y Marina, Benjamín Victorica, veían con optimismo la posibilidad de convertir a los indígenas en trabajadores subordinados al capital. Arnaud imaginaba un Chaco convertido en centro de la industria azucarera, con ingenios sostenidos por “el brazo del indio”. Victorica argumentaba que esas “tribus” podrían integrarse a las colonias costeras y calculaba que la conquista “obligará a 15 o 20.000 brazos viriles que estaban inútiles, abandonados a la barbarie y al robo, a entregarse a los beneficios de la civilización”.

Desde una perspectiva determinista, el médico Eugenio Wasserzug propuso, en 1883 ante la Sociedad Geográfica Argentina, no tanto importar población extranjera, sino aprovechar la supuesta “adaptabilidad” de las “razas autóctonas” al medio local. El argumento económico de la explotación indígena como recurso natural se mezclaba con doctrinas racistas de inferioridad y domesticación forzada.

Hacia fines del siglo XIX, las propuestas de colonización indígena continuaron. En 1899, el secretario de la gobernación del Chaco, Antonio Díaz, impulsó la creación de un nuevo pueblo mixto en el paraje Fortín Alvarado, en el departamento Caa Guazú, bajo control del fray Nazareno Morosini, quien recibiría 2500 hectáreas por sus “servicios como reductor de indios”. Al año siguiente, el Estado nacional fundó la reducción franciscana de Nueva Pompeya, cerca de la frontera con Formosa, para “civilizar” a los wichís y emplearlos en emprendimientos agroindustriales de la región. Esta reducción sería pronto abandonada.

A comienzos del siglo XX, el administrador del Ingenio Ledesma, Arturo Bodewig, insistía en que los trabajadores indígenas eran aún “caros” debido a los gastos de traslado desde el Chaco. Consideraba más rentable establecerlos en colonias estables, donde se pudiera movilizar únicamente a los jóvenes y evitar el arrastre de “viejos e inútiles”. El ideal era una reserva de mano de obra permanente, localizada y accesible.

Finalmente, en 1911, se llevó a cabo una nueva campaña militar bajo el mando del coronel Enrique Rostagno. Su objetivo era reducir comunidades indígenas y liberar tierras y recursos para el capital, restringiendo aún más los medios tradicionales de subsistencia como la caza, la pesca y el uso del monte. Fue en ese contexto que surgió la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios y experiencias concentracionarias como la de Napalpí, expresión máxima del sometimiento, la vigilancia y el trabajo forzado indígena bajo el discurso de “progreso” y “civilización”.

Hacia el sur

En la Patagonia, la resistencia indígena fue más fuerte que en el Chaco, lo que produjo más muertes, aunque también hubo sobrevivientes, en campos de concentración temporales, reducciones, incorporación forzada en estancias y peregrinajes desesperados que terminaban en peticiones a gobernadores o al Congreso, buscando respuestas.

De Villa Fidelidad y otros casos en Buenos Aires

En Buenos Aires, el Estado promovió tempranamente acuerdos con los llamados “indios amigos”. Ya en 1863, por ley N° 392, la provincia concedió tierras al cacique Melinao, y en 1866 hizo lo mismo con Ancalao, Coliqueo y Rondeau.

En Los Toldos, Coliqueo fue asentado con su tribu en tierras conocidas como “Tapera de Díaz”. En 1869, se firmó un nuevo arreglo legal, pero nunca se resolvió la división de parcelas. Tras su muerte en 1904, criollos comenzaron a ocupar las tierras, y la provincia debió intervenir para evitar desalojos. En 1911, la Corte Suprema avaló el derecho indígena de los herederos, y en 1913 el gobierno reconoció la propiedad. Sin embargo, en la década de 1930, una comisión investigadora apoyó a los criollos, forzando a los herederos a renunciar a sus derechos de transmisión.

Un caso distinto fue el de Villa Fidelidad, en la zona de Azul y Tapalqué. Constituyó una entrega singular de predios a indígenas con una tradición de alianza con Buenos Aires, como los de Catriel. A diferencia de otras regiones, aquí la concentración de tierras no fue tan marcada, y el arrendamiento público funcionó como paso previo a la venta a particulares.

En 1856, el general Manuel Escalada, jefe de la Frontera Sur, pactó con el cacique Maycá, quien había permanecido fiel a Buenos Aires, incluso cuando Catriel y Cachul se alineaban con Calfucurá. En esos años, Catriel también volvió a pactar con el Estado. Los acuerdos incluían nombramientos militares, raciones, comercio interétnico y, en el caso de Catriel, la propiedad de unas 54 mil hectáreas al oeste del arroyo Tapalqué. El acuerdo atrajo a las tribus “pampas” de Lucio López, su hijo Chipitruz y otros caciques menores. Parte de esas tierras se destinó a la construcción de un nuevo pueblo con solares para los indígenas. Caciques como Yanquetruz, por otro lado, quisieron imitar los acuerdos.

El caso de Maycá fue peculiar. Mientras Catriel conservó las tolderías, los 41 hombres y seis mujeres de Maycá se instalaron en solares individuales de menos de 50 metros cuadrados. El municipio de Azul aceptó con reparos: vendió los terrenos a Escalada para crear un barrio segregado pero colindante con el pueblo, separados solo por el arroyo. Escalada pagó poco, y los solares se entregaron gratuitamente bajo “propiedad condicionada”: debían poblarse, mejorarse y no podían ser vendidos o cedidos.

Estos acuerdos se situaban entre los “premios a la fidelidad” y las tierras entregadas por combates del período rosista. Los indígenas formaron una división de lanceros, combatiendo junto a otros grupos (Collinao, Cayupulqui y Teuque). De allí el nombre “Villa Fidelidad”. Con el tiempo, se sumaron cientos de indígenas de diversos orígenes. Maycá, por su parte, gestionó la obtención de una “suerte de estancia” como retribución por sus servicios, mostrando conocimiento de la ley.

Otro caso fue la colonia indígena del “Campo La Cruz” en Junín. Tras la captura del cacique Pincén en 1878 por el coronel Villegas, parte de su familia fue llevada a Junín y luego separada. Fueron alojados en los cuarteles, mientras él era trasladado a Buenos Aires y luego a la isla Martín García. Un documento del Ejército ordenó la dispersión de los “indios comunes” en establecimientos rurales para alejarlos de sus costumbres tribales y “civilizarlos” mediante el trabajo.

En Junín quedaron detenidos Nahuel Payún y Pichipincén, tío y sobrino de Pincén, junto a otros capitanejos. Las malas condiciones de detención, la viruela y el hacinamiento motivaron la intervención del párroco Manuel Seijas, quien pidió ayuda al arzobispo y gestionó tierras y herramientas ante el Ministerio de Hacienda. En enero de 1881, el ministro de Guerra, General Victorica, fue autorizado a comprar chacras para donarlas al cacique Payún y otros líderes indígenas (Chenquelén, Farías, Neculpán y Juan Negrete), con prohibición de enajenación.

A cada grupo se le asignaron tierras, herramientas de labranza, semillas y bueyes, bajo la condición de fundar una colonia agrícola. Se suspendieron las raciones estatales, obligándolos a producir su sustento. Pronto, sobre 80 hectáreas, nació la colonia de Campo La Cruz, con 35 familias, 22 ranchos, nueve casas de material y una escuela. El acta de fundación justificó la entrega como una obligación moral del Estado hacia quienes habían servido y sufrido: se les debía “proporcionar medios independientes de subsistencia, sobre la base del trabajo como medio civilizador”.

Hux, M. (1972, 17 de julio). La tribu de Junín y los Campos de la Cruz (donde dice “Tribu de Llanquelén”).

Colonias indígenas, “premios” y ocupaciones precarias

La colonia de Valcheta fue fundada por decreto en 1899 sobre 125 mil hectáreas del Territorio Nacional de Río Negro, conforme a los lineamientos de la Ley del Hogar de 1884. Sin embargo, su historia comenzó mucho antes, como espacio de confinamiento forzoso. En 1883, el teniente coronel Lino Oris de Roa fue enviado al sur para reprimir a las comunidades de Valentín Sayhueque y Modesto Inacayal, que tenían relaciones con colonos galeses. Para evitar su traslado a Buenos Aires, se decidió recluirlas en los nacientes del río Valcheta, donde permanecieron en condiciones de segregación extrema hasta fines de 1887.

Este patrón de reclusión se repitió en otros puntos del norte patagónico como Chichinales, Chimpay y Junín de los Andes, con frecuente triangulación con la cárcel de la isla Martín García. Entre las comunidades reducidas estaban los grupos de Charmata y Pichalao, cuya experiencia ganadera fue destacada por el propio Roa como superior a la de los colonos galeses.

Tras el retiro del ejército, el campo de Valcheta quedó bajo control de la policía territorial. En 1886, albergaba unas seiscientas personas. El gobernador Lorenzo Vintter propuso entonces crear una colonia indígena para asegurar la subsistencia de la población ante el inminente cese del racionamiento. Sostenía que debía entregarse tierra a los caciques Charmata y Pichalao, y remitía al gobierno listas de indígenas detenidos. También recibía pedidos de mano de obra indígena —especialmente niñas y jóvenes— para el servicio doméstico, incluso desde otras provincias, como Misiones, donde Rudecindo Roca reclamaba personas para sus establecimientos.

En octubre de 1887, un nuevo grupo fue incorporado al campo de Valcheta tras sobrevivir a una masacre en el río Genoa. Llegaron sin pertenencias, pues sus bienes, incluidos más de 2500 lanares, fueron entregados a colonos galeses del Chubut. La policía cometía múltiples abusos: vendía salvoconductos, permitía salidas a cambio de pagos y utilizaba a los indígenas como mano de obra forzada, sin registro legal ni intervención judicial.

La formalización de este espacio de reclusión como colonia demoró más de una década. Su fundación en 1899 se debió al pedido de Bibiana García, o Dughu Thayen, hija de un español que había sido llevada en un malón y eligió permanecer con los indígenas. La colonia fue mixta, pero los mejores lotes quedaron en manos de extranjeros. Del listado confeccionado en 1887 por Vintter, solo un indígena recibió título de propiedad. En 1904, un inspector de Tierras describió la sección El Salado, poblada por indígenas, como inhóspita e inservible. Alegaba que sus habitantes vivían en “estado de salvajismo”, conservando “costumbres de holganza y vicios”, en contraste con el ideal colonizador. Como en San Antonio de Obligado, la experiencia de Valcheta marcaba una política territorial que combinaba asimilación, segregación, vigilancia y violencia extrema.

Poblaciones indígenas reducidas en la norpatagonia, en el libro John Daniel Evans, el molinero.

En 1891, Alejandro Conesa, como secretario de la gobernación de Chubut, propuso una colonia pastoril en el valle del Genoa para población tehuelche bajo la Ley del Hogar. Defendía su derecho a la tierra frente a la entrega sistemática a extranjeros. Esa comunidad respondía al cacique Casimiro Fourmantin, involucrado en disputas fronterizas y vinculado a colonos galeses y pastores anglicanos, lo que generaba sospechas por su negativa a naturalizarse. La colonia fue fundada en 1895 con el nombre de General San Martín.

Ese mismo año, el presidente José Evaristo Uriburu propuso al Congreso otorgar en propiedad 25 mil hectáreas al cacique Sayhueque y su tribu. El proyecto, que finalmente se convirtió en la Ley N° 3.814 de 1899, fue criticado por la elección de tierras áridas, lejos del río Tecka, donde la comunidad quería asentarse. El diputado informante defendió el “derecho preferente de estos verdaderos dueños de la tierra”. La gente de Sayhueque, trasladada al valle del Genoa, integró luego la colonia galesa “16 de Octubre”, cerca de lo que luego se conocería como Esquel y Trevelin. Años después, se asentaron allí también el cacique Nahuelpan y su familia, por orden presidencial y trámite de la Dirección General de Tierras.

Entre 1895 y 1897, se multiplicaron las fundaciones de colonias pastoriles en Neuquén y Río Negro: Cabral, Barcalá, Nahuel Huapi, Maipú y Eustaquio Frías, además de Cushamen, Catriel, Los Puelches y Sarmiento. La colonia Emilio Mitre fue instalada en el noroeste pampeano.

Los resultados fueron dispares. Catriel fue creada simultáneamente a Valcheta pero anulada en 1911. Conesa fue despoblada de indígenas por “inadaptabilidad cultural” y falta de riego. Eustaquio Frías fue abandonada tras el despojo fraudulento de sus pobladores. General Roca nació como fuerte militar, con mano de obra forzada, y fue entregada a colonos alemanes y rusos.

La colonia Los Puelches, fundada en 1899 por pedido de Francisco Ñankufil Calderón, buscó asentar familias trashumantes. Participaron descendientes del cacique Manuel Grande, pero los lotes se asignaron de forma individual, rompiendo la lógica comunitaria.

La colonia Emilio Mitre, también bajo la Ley del Hogar, tuvo un proceso más conflictivo. Un comerciante de apellido Güiraldes reclamó su propiedad, forzando la intervención estatal. Los indígenas Santos Morales y Caleu y Curunao Cabral viajaron a Buenos Aires para gestionar la regularización. Las parcelas fueron inscritas a título individual. Las comunidades ranqueles que vivían en La Blanca fueron trasladadas a esta nueva colonia, que se convirtió en un enclave ranquelino.

Algunos ranqueles obtuvieron adjudicaciones dispersas en Emilio Mitre y General Acha, donde hacia 1920 aún vivían indígenas. Amonao Rosas, hijo de Mariano Rosas, poseía una chacra de 100 hectáreas y criaba cabras, caso excepcional frente a la mayoría, que vivía en condiciones precarias, trabajando de forma estacional. Informes oficiales recomendaban otorgarles tierras gratuitamente.

En General Acha, el ejido fue loteado en 1882 con cien chacras de 100 hectáreas aproximadamente. Algunas fueron asignadas a integrantes del grupo fundador, entre ellos indígenas, aunque éstos no fueron registrados.

Más allá de las colonias, algunos jefes “amigos” obtuvieron tierras por ley o decreto como “premios” por su colaboración militar. En 1896, Manuel Ferreyra Pichihuincá y Ramón Tripailaf recibieron 7 mil hectáreas cada uno en La Pampa. Los títulos se expedían gratuitamente y la mensura la financiaba el Tesoro de la Nación. En 1899, Antonio Traymán pidió 17500 hectáreas y Juan Andrés Antemil, por carta directa a Roca, aseguró que su familia garantizaría la “posesión y dominio del territorio”. En 1897, se les habían otorgado 6000 hectáreas, destinadas al cacique y unas cuarenta personas.

Para los caciques considerados enemigos o de quienes se desconfiaba, el acceso a tierras fue reglamentado por leyes y decretos especiales. Por ejemplo, el Congreso autorizó la localización de Luis Baigorrita y su gente. Otros, como Mariano Linares, Petrona Nahuel-Payne, Curruhuinca (1888) y Paynemil (1903) recibieron permisos precarios de ocupación en Neuquén, donde los “ocupantes fiscaleros” eran en gran parte indígenas crianceros trashumantes.

En Chubut, el cacique Kankel recibió permiso para asentarse con veintisiete familias en 1897. El excéntrico y ricachón Aaron Anchorena (nieto del colonizador Aaron Castellanos), lo conoció durante su viaje al sur, cuando observó la existencia de crianceros temerosos de ser desalojados. Anchorena habló de la especulación que se hacía con las tierras de Chubut, algo que sucedía también en Río Negro, donde en 1892 se formó una comisión investigadora en el territorio a causa de múltiples denuncias por especulaciones.

En Chubut, la fundación de Cushamen en 1899 resultó emblemática. Los grupos manzaneros y tehuelches habían sido reagrupados en tierras áridas, mientras las mejores quedaban en manos privadas. Los hermanos Ñancuche y Nahuelquir viajaron a Buenos Aires a caballo para negociar con Roca y Clemente Onelli, quien los presentó como “jefes patriarcas de 30 familias muy laboriosas y agricultoras”. Les concedieron la fundación de la colonia, cuya mensura se oficializó en 1902. Bajo la figura de “reserva”, se delimitó un espacio con miras a ampliaciones futuras. Ese mismo año, Juan Napal y diecinueve familias obtuvieron tierras en Cushamen mediante decreto.

Esta experiencia impulsó la regionalización de las colonias pastoriles, previendo amplias “reservas” fiscales para futuras colonias indígenas, como la reserva Camusu Aike de Santa Cruz, donde cerca de mil personas eran arrendatarias ganaderas en tierras fiscales.

Así, tras las ocupaciones militares y sobre todo desde 1890, se consiguió una relocalización controlada y la imposición del sedentarismo y la ruptura con la vida de tribu. En 1903, por la nueva ley de tierras (N° 4.167), se dio prioridad a la radicación de misiones. A ella recurrieron nuevamente los caciques del sur, quienes siguieron invocando reconocimiento por “servicios militares”, aunque ya no regía la ley de premios. Las solicitudes eran tantas que, en 1906, en ocasión de leer una presentación por el cacique Diego Ancatruz para obtener tierras en Neuquén, el diputado Aniceto Latorre comentó: “¡casi á diario recibe gestiones nuestro gobierno de representantes de grupos indígenas en el sentido de adquirir tierras para establecerse!”.

Reserva de tierra fiscal creada por un decreto de 1899, para radicaciones de indígenas en los territorios nacionales de Río Negro y Chubut. (Delrio, W. , 2010).

La estirpe de Calfucurá: el caso de Namuncurá

Manuel Namuncurá había negociado su localización en la zona del Fortín Chimpá, sobre el río Negro, con el coronel Pablo Belisle y el presidente Roca. Sin embargo, a comienzos de 1887 reclamó su relocalización porque el predio estaba ocupado por una estancia y se exigía su desalojo. Solicitó 10 mil hectáreas en Guayguenín, al sur de la isla de Choele Choel, para vivir con su familia “los pocos días de vida que le quedan amparado bajo las leyes nacionales”.

El Estado Mayor General consideró justo el pedido, pero la Oficina de Tierras señaló que no se ajustaba completamente a la ley de derechos posesorios de 1884, por lo que debía resolverse en el Congreso. El 2 de mayo de 1887, el ministro del Interior autorizó a Namuncurá a ocupar el lote N° 1 de la sección XIX de Río Negro, con dos condiciones: el permiso podía revocarse sin derecho a reclamo y no le permitiría adquirir la propiedad. Allí se estableció con trescientas familias en casi 15 mil hectáreas.

Pero esta adjudicación debía pasar por el Congreso. En 1888 se presentó un proyecto de “repartición de tierras y colocación de indios sometidos”, que adjudicaba seis leguas al sur del río Negro a Namuncurá y su comunidad. En el debate del 24 de agosto, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Ortiz, argumentó que no podía negarse tierra a quienes venían voluntariamente a pedir un lugar para vivir, apelando a razones de humanidad y dignidad nacional. El proyecto se aprobó, pero su implementación fue parcial y con demoras. Se estableció una colonia indígena en terrenos fiscales, que incluía una legua para Namuncurá, dos para pastos comunes y trescientos lotes de 25 hectáreas. También se preveía ayuda con animales, semillas y herramientas.

En 1894, el Ejecutivo envió un nuevo proyecto para otorgar cuatro leguas en propiedad a Namuncurá, en reemplazo de las anteriores. Los argumentos ya no giraban en torno a la civilización del indígena, sino a la justicia hacia los antiguos dueños de la tierra. También, se produjo un debate sobre si las tierras se adjudicaban por familia o individuo, lo que dificultó la tenencia. El resultado fue la ley N° 3.092.

El presidente Sáenz Peña celebró el sometimiento de Namuncurá al proceso legal. Antiguo enemigo, su localización lo convirtió en un caso ejemplar, regulado con condiciones especiales y sometido a vigilancia estatal constante. Bartolomé Mitre defendió el reconocimiento de la propiedad indígena, como práctica común en otros países conquistadores, argumentando que se trataba de una “ley de gracia” similar a las de colonización.

Pero el acto de posesión se demoró y muchas comunidades protestaron porque las tierras asignadas eran infértiles. También denunciaron maniobras legales para despojarlas. Fueron acusadas de “intrusos” y “gente de mal vivir”. En 1917, la Dirección de Tierras constató que los descendientes de Namuncurá seguían siendo víctimas de desposesión.

Las misiones patagónicas

Desde el siglo XVII, sacerdotes acompañaban las expediciones con el objetivo de incorporar a las tribus a la “vida civilizada”. Una de las primeras experiencias fallidas fue la de los jesuitas en Nahuel Huapi en 1669: la capilla sufrió tres incendios y fue abandonada. Otra fue la de misioneros anglicanos en el estrecho de Magallanes. Desde las Islas Malvinas intentaron instalarse en las costas fueguinas, pero en 1859 fueron asesinados por un grupo yagán en la bahía Wulaia. Solo sobrevivió el cocinero.

Un segundo intento anglicano estuvo encabezado por Thomas Bridges, quien, tras tres años en Malvinas, fundó una misión en Ushuaia. Bridges hablaba yagán y en 1865 publicó un diccionario yagán-inglés en Londres. En 1886, fundó la estancia Haberton, primera estancia oficialmente reconocida en Tierra del Fuego, gracias a una donación estatal de 20 mil hectáreas por su “servicio con los indios” (Ley N° 1.838). El lugar era un paradero tradicional yagán, conocido como Tuwuijlumbiuaia, “puerto de la garza negra”.

Más allá de esta experiencia anglicana, las principales misiones en la Patagonia fueron llevadas adelante por los salesianos. Seguidores de Don Bosco, su objetivo era evangelizar y enseñar oficios a los indígenas. Los primeros en llegar al sur fueron el padre Santiago Costamagna y el clérigo Luis Botta, quienes acompañaron la ocupación militar de 1879. Ese proceso abrió paso a la acción salesiana en la región. Le siguieron Giovanni Cagliero y otros cuatro sacerdotes, entre ellos José Fagnano. Este último impulsó proyectos de colonias mixtas en Carmen de Patagones, Sauce Chico y Península Valdés, que no prosperaron. Las primeras misiones salesianas estables se fundaron en zonas más remotas: San Rafael en la isla Dawson (1888) y Nuestra Señora de la Candelaria en Río Grande (1893), ambas impulsadas por Fagnano.

En estos territorios alejados del control estatal, se habían instalado grandes estancieros como los Braun, Menéndez y Bethy, con buscadores de oro, que muchas veces perseguían y asesinaban a los indígenas. Algunas comunidades buscaron refugio en las misiones, aunque ello implicó sometimiento a trabajo forzoso, hacinamiento y contagio de enfermedades traídas por los colonos, lo que provocó la drástica disminución de la población indígena.

La lucha por la propiedad

El despojo territorial fue resistido de distintas maneras. En muchos casos, se discutía la propiedad de la tierra y sus recursos. Estos reclamos se hacían con el propio lenguaje indígena, pero también en el idioma del poder, con el apoyo de algún letrado criollo, español o extranjero.

Ley de humanidad

Durante la segunda mitad del siglo XIX, frente al avance del Estado argentino y su nuevo marco legal, los reclamos indígenas se reconfiguraron. Un ejemplo se dio en 1858, en el Chaco salteño, cuando las comunidades protestaron por la entrega de tierras en concesión que consideraban heredadas de sus antepasados. El prefecto de Misiones, Fray Pelichi, actuó como mediador ante el gobierno de Salta y denunció la usurpación como contraria al derecho natural y al bien público. Según él, el primer ocupante tenía derecho a la tierra, salvo en caso de conquista en una “guerra justa” o por venta voluntaria. Además, decía, por ley provincial del 16 de diciembre de 1856, se reconocía la ciudadanía a los indígenas.

Sin embargo, para el gobierno provincial, el propietario legítimo era el colono blanco. Las comunidades solo podían recibir tierras si se convertían en colonos supervisados por misioneros y pagaban su valor. En este contexto, Joaquín Remedi, Prefecto de las misiones franciscanas del Bermejo, propuso asegurar la propiedad indígena ante el avance de los “cristianos”. Calculaba 10 mil hectáreas para 50 familias o 13 mil para 100, y pedía que se prohibiera su venta y se garantizara su herencia. Además, reclamaba que se evitaran las ejecuciones masivas, incluso durante “encuentros militares”, y que se respetaran los principios del derecho natural.

Los debates sobre la propiedad de la tierra apelaban a títulos coloniales y promesas estatales, y dependían de las relaciones de fuerza en cada contexto. En algunos casos, el absurdo era evidente: en 1896, los descendientes de un funcionario colonial pidieron la devolución de tierras ante el Congreso. El diputado por Córdoba Eleazar Garzón apoyó el pedido en nombre del “heroísmo español”, pero Emilio Gouchón se opuso, señalando que el reclamo estaba prescripto y que, investigando los títulos, se encontraría que el primer ocupante fue un usurpador.

Por otro lado, el diputado Eleodoro Lobos rechazó la venta de 30 mil hectáreas a un coronel sin exigencia de poblarla. Para él, los indígenas eran los verdaderos dueños de esas tierras y criticó la especulación. Argumentó que la “ley de humanidad” permitía “actos de conquista por ciertos medios” solo si contribuían a una mejor distribución. Sentenció:

Habría sido preferible dejarla en poder de los salvajes (…) en vez de encarecerla con la especulación y preparar la irrupción de otra clase de salvajes.

Crítico de la política de conquista roquista, Lobos terminaría reconociendo el fracaso de las leyes de tierras y colonización. Poco después, Juan McLean, hombre de las “fuerzas vivas” del Chaco, propuso formar colonias indígenas separadas, pero cercanas a las de blancos, con la idea de que los “indiecitos” fueran asimilándose al convivir con los hijos de colonos en la escuela. En un informe al Ministerio de Agricultura, incluso sugirió entregar tierras por herencia a las comunidades.

Los huarpes y los amaichas

A fines del siglo XIX, dos casos ilustraron con claridad la fuerza del reclamo indígena por la tierra: Cuyo y Tucumán.

En Cuyo, las comunidades huarpes reclamaron derechos sobre sus territorios con base en una merced real otorgada a su antepasado, el cacique Diego Sayanca. Esos documentos eran mencionados incluso en disputas entre las provincias de San Juan y Mendoza. La legitimidad se reforzaba también a través de capillas fundadas y mantenidas por los caciques, aunque buena parte de esas tierras ya había sido privatizada.

En la década de 1890, el abogado francés Jules Watteau se convirtió en apoderado de los descendientes de Sayanca y sacudió a la elite mendocina reclamando la propiedad de tierras en Guanacache y parte del territorio más fértil de Mendoza. Sus acciones dieron lugar a una larga cadena de litigios que se extendieron hasta la década de 1960, apoyadas en estudios de historiadores y grafólogos que revelaban irregularidades en muchos títulos privados.

En 1895, Watteau publicó en el diario Los Andes los fundamentos de su reclamo: pedía el reconocimiento de 2,1 millones de hectáreas en Mendoza, más partes de San Juan y San Luis. Muchas de esas tierras (unas 70 mil hectáreas) eran clave para el desarrollo agrícola e incluían zonas como Lavalle, Junín, San Martín, Maipú y Guaymallén. No buscaba desalojar, pero exigía derechos de explotación y control sobre el uso de recursos como la leña y el agua.

Este conflicto se inscribía en una larga disputa por los derechos derivados de la merced Sayanca, cuyos descendientes ya litigaban desde el siglo XVIII. En particular, Watteau representaba la sucesión de la ciudadana chilena María Isabel Montesinos de Sayanca, quien había registrado el título en 1818 en Mendoza y donado parte del terreno a José de San Martín. Esa zona se transformaría, décadas después, en la localidad de San Martín.

En 1890 se realizó la declaratoria de herederos, y en 1891 un juez ordenó la posesión. Watteau logró en 1895 que se renovaran los decretos judiciales. Sus opositores calificaron el hecho como una maniobra especulativa grotesca. El conflicto llegó a la Corte Suprema y atrajo atención internacional. El fiscal ad hoc y hasta el gobernador Moyano autorizaron a los ocupantes a defenderse por la fuerza. El presidente de la Cámara de Diputados, Isaac Godoy, aseguró que debía combatirse la sucesión con todos los medios disponibles.

Los enviados por Watteau a cuidar las tierras sufrieron amenazas, agresiones y hasta disparos. Sin embargo, en 1896 la justicia avaló la sucesión y en 1897 ordenó el deslinde y amojonamiento. Watteau denunció públicamente el carácter fraudulento de muchas propiedades en el norte de Mendoza y acusó a Emilio Civit, ex gobernador y ministro nacional, de liderar una red corrupta que se había apropiado de tierras, agua y trabajo indígena durante décadas.

En 1898, presentaron un recurso ante la Corte Suprema para que se cumpliera la posesión efectiva, pero las demandas nunca se resolvieron del todo. Muchas tierras pasaron a manos privadas ilegítimamente o quedaron como fiscales. En 1900, los huarpes laguneros presentaron un petitorio solicitando la propiedad común de una porción remanente, amparados en la posesión histórica de los campos del Rosario y reclamando la suspensión de los arrendamientos fiscales.

Como señalamos en el Cuaderno 3, los negociados con la tierra se multiplicaron tras el asesinato de Santos Guayama en 1879 y la campaña militar al sur, y fueron una vía central de enriquecimiento para las elites locales.

En Tucumán, también se usaron documentos de merced real para defender derechos. En este caso, fue la comunidad de Amaicha del Valle la que sostuvo una larga disputa con la poderosa familia salteña Uriburu. Aunque habían sido trasladados a la llanura en tiempos coloniales, los amaichas mantuvieron presencia en los valles y reclamaron judicialmente por ambos territorios.

El cacique Timoteo Ayala lideró la estrategia de defensa presentando una copia de la “Cédula Real” de 1716, registrada en 1892 en Tucumán. A sus treinta años, sabía leer y escribir, ocupaba cargos menores como juez de paz suplente, y tenía vínculos políticos con Ernesto Padilla, figura clave del conservadurismo tucumano (luego gobernador).

Según el Censo de 1895, Ayala tenía propiedad raíz a título individual. En 1921 logró escriturar una parcela por posesión treintañal. Lo que sucedía mostraba una forma híbrida de tenencia de la tierra: el reconocimiento legal de propiedad individual no evitaba en su reverso una concepción colectiva de la comunidad, que sobrevivía a las políticas liberales de desamortización del siglo XIX.

Aunque los amaichas no recuperaron las tierras de la llanura, sí lograron conservar una parte importante del valle, donde fundaron la villa a fines del siglo XIX. Esto no puso fin a los conflictos, pero les dio herramientas para sostener la posesión y presencia territorial.

Propiedad tutelada

En 1904, durante su segundo mandato, el presidente Roca encargó al ingeniero Juan Bialet Massé un informe sobre el estado de las clases trabajadoras. Bialet Massé prestó especial atención a la situación de los indígenas, afirmando que eran legítimos propietarios de sus tierras y que esos derechos debían respetarse. Consideraba ambiguas y contradictorias las disposiciones constitucionales y legales al respecto, cuestionando que si los indígenas eran verdaderamente ciudadanos, por qué la Nación debía “tratar” con ellos como si fueran una entidad externa. Sus palabras son elocuentes:

Las leyes coloniales habían establecido las reducciones, con asignación de tierras y el respeto a los usos y costumbres de los indios, y por el artículo 2 del Estatuto de 1813, esas leyes quedaron vigentes, al punto que la Suprema Corte Nacional ha creído que una cuestión de sucesión entre indios debía resolverse por esos usos, como lo trae el doctor A. Alcorta en el tomo I, pág. 38, de su Tratado de Derecho Internacional Privado, precisamente al tratar de la condición del salvaje en las naciones modernas.

Este pensamiento de dar a los indios tierras en que habiten, nace espontáneamente, hoy como ayer, en toda persona que estudia la cuestión con ánimo desapasionado y espíritu de Justicia. El descubrimiento de Colón y la conquista no pudieron borrar los principios fundamentales del jus gentium; ni la superioridad de la raza o de los medios puede autorizar el exterminio, ni el desalojo de la propiedad privada, y dentro de los altos principios de la Constitución Argentina mucho menos; en su territorio no puede haber un hombre que esté fuera del alcance de la justicia.

Bialet Massé proponía fijar a los indígenas en tierras fértiles, respetando su posesión y restringiendo, por cinco años, la presencia de extranjeros, salvo excepciones, como un cura o un maestro. Además, planteaba que el gobierno local quedara en manos de caciques, bajo tutela estatal o religiosa, siguiendo el modelo colonial.

Durante su recorrido por el norte santafesino, Bialet Massé visitó San Javier y Colonia Dolores. Allí observó que, pese a la distribución de tierras prometida, los títulos de propiedad se demoraban bajo excusas burocráticas. Esto, junto con rumores de reclutamiento forzoso para el ejército, generaba temor y huida entre los indígenas. Bialet Massé observaba que los terrenos eran productivos y bien cuidados, y que su codiciada expulsión respondía al interés político y económico de apropiárselos.

Al conversar con más de diez caciques, recogió una demanda unánime: que se les asignaran tierras propias, reconocidas legalmente, donde pudieran establecerse sin ser molestados. Reclamaban también escuelas y capacitación técnica para mejorar su trabajo agrícola.

Estas demandas se enfrentaban con el prejuicio persistente de la época: la duda sobre si los indígenas eran plenamente capaces de ejercer ciudadanía y, por ende, de ser propietarios. Bialet Massé reconocía que muchos eran considerados “incapaces” bajo la ley civil, especialmente si no hablaban castellano o desconocían las normas jurídicas, y por eso había necesidad de “completar” su ciudadanía externamente. Sin embargo, rechazaba la tutela del Ministerio de Menores e Incapaces, al que calificaba de “institución fracasada”. Propuso en cambio la creación de un Patronato Nacional de Indios, dependiente del Ministerio del Interior.

Este Patronato sería responsable de crear colonias indígenas, administradas por consejos integrados por un juez de paz, un comisario, un defensor de indios, un sacerdote, un maestro y un cacique. Este órgano se encargaría de la organización productiva, la educación y la justicia dentro de la colonia, prohibiendo expresamente los castigos corporales. Cada colonia incluiría lotes agrícolas y zonas urbanas con viviendas para las familias. A los pobladores se les otorgarían títulos individuales para los terrenos de vivienda y colectivos para los de trabajo. Además, habría dos lotes reservados para capataces encargados de enseñar labores agrícolas.

El defensor de indios, además de integrar el consejo, manejaría la bolsa de trabajo, informando sobre salarios y condiciones laborales. Las colonias tendrían 1600 hectáreas por cada diez personas mayores de doce años, no debían superar las ochocientas personas ni estar ubicadas a menos de 25 kilómetros entre sí. Para su financiamiento, Bialet Massé propuso un presupuesto estatal de un millón de pesos, proveniente de la venta de tierras públicas. Las comunidades deberían sustentarse con su producción, complementada con trabajos externos.

Estas ideas alimentaron el debate en torno a un Código de Trabajo que incluía disposiciones específicas sobre los indígenas. Sin embargo, ni ese código ni la creación del Patronato fueron aprobados. Pero en la década siguiente se crearon las primeras reducciones estatales y el Consejo Honorario de Reducciones de Indios, que funcionó hasta mediados del siglo XX.

Conclusiones

Tras definir el marco legal con la ley de 1876, el proyecto de las élites fue avanzar en una política activa de ocupación del territorio y redistribución de la tierra de acuerdo a una lógica del poder y el capital, orientada a fortalecer su inserción en el mercado mundial como proveedor de materias primas. Ello implicó una ofensiva generalizada sobre las poblaciones que históricamente habitaban esos espacios.

Este nuevo marco legal y la dinámica que lo acompañó abrieron las puertas a una creciente especulación sobre las tierras públicas. Ello vetó el acceso a la propiedad privada, típicamente capitalista, para una enorme proporción de la población. También, su acceso en una forma avalada por la costumbre. Así, las familias criollas, negras e indígenas, quedaron relegadas a ser mano de obra para los emprendimientos productivos ajenos.

En ese contexto, no faltaron quienes, desde la política y la prensa, intentaron impulsar medidas que, al menos, atenuaran la penosa situación. Este fue el caso de José Hernández, quien, pensando un reglamento para el manejo de haciendas a pedido del gobierno bonaerense, aprovechó para protestar por la suerte de los “hijos del país” y proponer un plan de colonización a su medida.

En este capítulo, además, repasamos la política seguida con las poblaciones indígenas que sobrevivieron, tanto en el sur como en el Chaco, una vez consumada la expansión militar. El destino deparado para ellos fue, colectivamente, más dramático: sojuzgamiento, trabajo forzoso, reparticiones, muerte. ¿Qué hacer con esta población que no pocos creían destinada a desaparecer por un designio de la fatalidad histórica?. Un proyecto de colonización con indígenas impulsado por el propio Roca intentó paliar la tragedia, pero ni siquiera ello permitieron las clases dominantes. No faltaron gobernadores en los territorios que intentaron demostrar, en los hechos, que ese camino era posible. Desde Chaco, Obligado, por ejemplo, protestó contra el latifundio y avanzó con un experimento que buscaba arraigar a la población indígena, pero sólo consiguió profundizar la tragedia. La moneda de cambio, el título de propiedad que reclamaban las poblaciones indígenas, no fue concedida.

Las políticas de fijación y localizaciones que se siguieron en el sur y de reducciones estatales que se dieron, sobre todo en Chaco, fueron alternativas que se impusieron por la fuerza de la necesidad. Pero, ¿de quién sería la propiedad? Las experiencias bonaerenses de años atrás, así como las de las misiones religiosas incluso desde tiempos coloniales, sirvieron como base del nuevo experimento. Aún así, la propiedad siguió siendo privilegio de “blancos” y cristianos. Entonces, frente a las todavía perdurables ansias del exterminio, se propuso el tutelaje como opción viable. Eso es lo que informó, en el cambio de siglo, Bialet Massé, quien recorrió el país para conocer la situación de las clases trabajadoras.

Por supuesto, existieron excepciones, rebusques, estrategias de supervivencia, que permitieron oír notas disonantes. Pero ¿si se entregaba la tierra a criollos o indígenas de forma masiva e incuestionable, quiénes iban a trabajar a bajo costo en los nuevos proyectos agrícolas e industriales?

El país del latifundio

La colonización desbordada

A una década de sancionada, la Ley de Inmigración y Colonización parecía dar buenos resultados. En 1886-1887 se presentaron 410 solicitudes de concesiones de tierras, de las cuales se aprobó la mitad, distribuyendo más de 11 millones de hectáreas.

El país que recibía a los inmigrantes en estos años difería notablemente del que habían conocido los valesanos en San Gerónimo en la década de 1850 o los estadounidenses de California en 1860 en Santa Fe o los galeses y franceses en la Patagonia. Argentina tenía un Estado en franca consolidación, con infraestructura expandida y una economía exportadora cada vez más vigorosa, sostenida por políticas públicas que apoyaban el desarrollo agrícola, especialmente en Santa Fe. El aumento de la riqueza bonaerense, medida en dólares entre 1857 y 1884, rivalizaba con las grandes potencias del momento como Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y Australia.

Política pública e iniciativa privada

El estadístico Gabriel Carrasco, en una conferencia en el Instituto Geográfico Argentino en 1887, destacaba el auge santafesino no como una moda especulativa, sino como resultado del aumento de la producción y del rol clave del trabajo agrícola. En un debate ya instalado, Carrasco celebraba la iniciativa privada. Decía:

No es debido á circunstancia pasajeras; no es solamente porque haya entrado al prurito de la especulación de tierras y se quieran improvisar fortunas con ellas; no: es porque hay algo positivo en el fondo; es porque allí el trabajo produce y es del aumento de producción que proviene la mayor valorización de sus propiedades.

El “gran secreto”, a su decir, radicaba en el vínculo entre empresarios colonizadores y colonos, en la espontaneidad del actor privado. Y describía el método:

En Santa Fé la colonización se opera de este modo: cualquier poseedor de unas leguas de tierra, pone un aviso en un diario, diciendo que tal pedazo de terreno, cuyo plano publica y fija en las esquinas, es colonia; se llama la colonia tal, y los que quieran poblarla, ahí la tienen. Se presenta un colono que no tiene más que sus dos brazos y el buen deseo de trabajar; llega á aquel pedazo de campo (…) y el colonizador le entrega 20 cuadras cuadradas de tierra, diciéndole: dentro de cuatro años me pagarás su valor por cuartas partes anuales.

En la colonia, el empresario ponía un comercio y los colonos buscaban agua en las napas y madera en los bosques, roturaban la tierra, hacían sus primeros cultivos y cuidaban a sus gallinas y bueyes. Por mala que fuera su cosecha, decía Carrasco, “siempre alcanza á pagar la cuarta parte del insignificante valor de la concesión”.

La prensa reflejaba con entusiasmo el éxito del modelo. En 1887, El Nacional citaba a un agricultor inglés que afirmaba que podía producir en Santa Fe a menor costo que en Dakota o Manitoba en América del Norte. Según sus cálculos, una legua cuadrada allí valdría 20 mil libras esterlinas, y advertía que pronto sería difícil adquirir tierras a ese precio, arrastrado incluso por la exportación de carne congelada a Europa. La tierra argentina era más atractiva que la canadiense o la neozelandesa, debido al clima, su fertilidad y su ubicación, con salidas rápidas al mar.

A su vez, La Nación reafirmaba que la “solución radical” a los problemas sociales y económicos residía en más inmigración: portadora de capital y civilización.

Por entonces, llegaban al país barcos como el “Apolo” con trescientos inmigrantes destinados a colonias santafesinas, y se promovían nuevas experiencias como la del comendador De Vecchi, quien buscaba fondos en Europa para poblar la región del río Bermejo. Un cronista bien informado destacaba en la prensa la experiencia de la colonia Ocampo, en el norte santafesino, donde un ingenio azucarero con 1.500 hectáreas cultivadas, una destilería y un aserradero a vapor empleaban a trescientos trabajadores. El éxito de Ocampo reflejaba la asociación entre agroindustria, inversión privada y trabajo inmigrante.

Este auge convalidaba las proyecciones de Wilcken hechas en 1872. Aunque observaba problemas —como la ociosidad de algunos colonos o la selección étnica restrictiva en colonias como Hansa, que solo admitía suecos, alemanes o daneses—, reconocía que muchas familias europeas lograban un progreso sostenido. Según el ex gobernador santafesino Oroño, la clave del sistema de acceso a la tierra estaba en la combinación: donaciones, por un lado, y ventas a bajo costo y largo plazo, por el otro.

Castillo de Naipes

Sin embargo, el esplendor tenía un lado oculto. La novela La Bolsa, de Julián Martel (1898), lo ilustra mediante una sátira del mundo bursátil:

Pues ha surtido efecto la noticia de los terrenos de Flores –piensa-. Y mira con sarcasmo aquella turba en la que figura lo principal de la Bolsa; aquella turba ansiosa por comprar las acciones que él y sus socios han valorizado merced á una simple noticia falsa esparcida en minutos. Y piensa que ahora habrá mucho dinero disponible en las cajas para especular él y sus cómplices por su cuenta particular.

El “castillo de naipes” comenzó a desmoronarse hacia 1890. El presidente Miguel Juárez Celman, sucesor y cuñado de Roca, asumió en 1886 en un contexto de expansión, pero su gobierno fue golpeado por una crisis económica internacional, el agotamiento del modelo de crecimiento basado en la deuda y una revuelta cívico-militar, la Revolución del Parque, liderada por Leandro Alem e Hipólito Yrigoyen. A ello se sumó el creciente malestar popular por la inflación, la precariedad laboral y la concentración del poder en una oligarquía cerrada. Por primera vez, en ese año, se realizaron actos obreros por el 1° de Mayo.

Durante quince años, el Estado argentino había aumentado en más de 160 % su burocracia y concentrado funciones en el poder central. A su vez, una lluvia de empréstitos e inversiones extranjeras —mayormente inglesas— había formado una economía dependiente, donde el 50 % del capital fijo era extranjero y una porción similar del valor de las exportaciones se destinaba al pago de intereses y amortizaciones. El Estado actuaba como una correa de transmisión del capital financiero internacional, subordinando la soberanía nacional al endeudamiento y la especulación.

El precio del oro se disparó (de 80 a 273 pesos en un año), encareciendo la vida cotidiana. Carlos D’Amico, ex gobernador bonaerense, denunciaba en sus escritos una política de endeudamiento irresponsable, donde los gobiernos, para sostener su nivel de gastos, ofrecían tierras y recursos a cambio de créditos, hipotecando el futuro del país. Mientras las élites disfrutaban de una vida lujosa y dispendiosa, los intereses europeos se enriquecían a costa del empobrecimiento argentino. D’Amico resumía con crudeza la situación:

cada crisis es dominada aumentando las causas que la produjeron: el empréstito, la concesión de grandes negocios a capitales extranjeros, la hipóteca de todas las tierras públicas y de las particulares; la venta en Europa de las tierras nacionales y el aumento de los gastos de la nación.

La reacción ante el colapso económico fue también política. Surgió la Unión Cívica, compuesta por sectores opositores de la élite, estudiantes, jóvenes universitarios y profesionales, críticos del “unicato” de Juárez Celman. Alem e Yrigoyen se convirtieron en referentes de una nueva intransigencia política, que exigía sufragio universal, control del gasto público, fin de la corrupción y freno a los abusos oligárquicos. El mitrismo se sumó a las protestas.

La Revolución del Parque, el 26 de julio de 1890, si bien limitada al ámbito porteño, logró que Juárez Celman renunciara. El sistema político sobrevivió, con turbulencias. El vicepresidente Carlos Pellegrini completó el mandato. Pero el régimen enfrentaba cada vez mayores desafíos políticos. En 1891, de la experiencia civista, surgió la Unión Cívica Radical (UCR) y la Unión Cívica Nacional de Mitre.

En 1892, hubo nuevas elecciones, siempre restringidas, siempre denunciadas por fraudulentas. Los levantados en armas en 1890, accedieron al nuevo convite. La UCR, por un lado, y los cívicos nacionales, por el otro, se presentaron, pero no alcanzaron juntos ni siquiera el 5% de los votos. El nuevo presidente, del hegemónico PAN, fue Luis Sáenz Peña. A los tres años de asumir, debió renunciar por falta de apoyo del verdadero líder, Julio A. Roca. Completó el mandato su vicepresidente, José Evaristo Uriburu (1895-1898). En las nuevas elecciones de 1898, Roca accedió a su segundo mandato.

Mientras tanto, en 1896, nació el Partido Socialista Argentino, dirigido por Juan B. Justo. Dentro de la oligarquía comenzaron a aparecer figuras reformistas como José Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña (hijo del presidente renunciado) y Carlos Pellegrini, que promovieron una apertura democrática paulatina. En este contexto, el líder radical, Alem, se suicidó. Conocido por su frase “que se rompa, pero no se doble”, el viejo líder autonomista también llegó a decir:

Los radicales conservadores se irán con Don Bernardo de Irigoyen; otros radicales se harán socialistas o anarquistas; la canalla de Buenos Aires, dirigida por el pérfido traidor de mi sobrino Hipólito Yrigoyen, se irá con Roque Sáenz Peña y los radicales intransigentes nos iremos a la mismísima mierda.​

Una ley para la liquidación

El proceso colonizador en Argentina culminó con una liquidación marcada por irregularidades, especulaciones y desfalcos. La burocracia creada para supervisar el cumplimiento de las concesiones detectó múltiples fallas. En febrero de 1887, por ejemplo, La Nación informó que el gobierno había declarado caduca la concesión otorgada a Ratino y Wescobo para la fundación de la colonia Aquino, en Chaco, por incumplimiento de contrato. Diversos inspectores, como Alejo Peyret, recorrieron las colonias, reclamando atrasos y constatando incumplimientos.

En ese contexto, el propio Estado reconocía no tener un registro confiable de las tierras vendidas por la Nación bajo la ley de financiamiento de la expedición al Sur de 1878. La Oficina de Tierras y Colonias informó que no tenía registradas ni una legua de tierras fiscales, ya que el manejo había quedado exclusivamente en manos del Departamento de Ingenieros del Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda y la Oficina de Crédito Público. Como solución, se sugirió recurrir a los registros de propiedad para verificar si los poseedores de tierras al menos pagaban el impuesto de contribución directa.

En este marco, el 21 de noviembre de 1891, tras la crisis financiera de 1890, se sancionó la Ley Nº 2.875 de “De Colonización y Adjudicación de Tierras”. La norma convalidó apropiaciones que no habían cumplido con ninguna condición de colonización según la ley de 1876. Su artículo 1 fue explícito:

Los actuales concesionarios de tierras para colonizar, cuyos contratos estén subsistentes, serán exonerados en todo ó en parte, si lo solicitáren, de la obligación de introducir familias agricultoras, siempre que acepten las condiciones que se establecen en la presente ley.

Estas condiciones implicaban devolver una cuarta parte de las tierras si estaban en el Sur, o la mitad si estaban en el Norte. El resto podía conservarse como donación o adquirirse mediante un pago simbólico. Además, en un plazo de tres años, debían invertir en alguna industria local y construir una casa cada 10 mil hectáreas, consolidando así grandes estancias.

La ley, que por estas razones fue conocida como “ley de liquidación”, también habilitó al Estado a vender o hipotecar hasta 2,5 millones de hectáreas en Chaco y Misiones, a 1000 pesos oro por cada 2.500 hectáreas. En vez de promover un poblamiento agrario, el Estado favoreció la formación de vastas propiedades en manos de unos pocos, consolidando el latifundio en provincias y territorios.

Colonias de Buenos Aires

Leyes de venta y nuevas colonias

Habíamos dejado de lado Buenos Aires porque, a diferencia de provincias como Santa Fe o Entre Ríos, allí la política colonizadora había sido menos intensa. Desde el avance de Alsina con su sistema de zanja, el indígena había dejado de representar un peligro directo para las poblaciones rurales, lo que redujo el incentivo inmediato para promover colonias agrícolas con objetivos militares. Sin embargo, una de las últimas iniciativas del siglo XIX para fomentar la colonización y desconcentrar la propiedad territorial a gran escala tuvo lugar precisamente en Buenos Aires.

Durante las décadas previas, la provincia había sancionado una serie de leyes destinadas a transformar la tierra fiscal en propiedad privada, tanto dentro como fuera de la frontera. La Ley de Ejidos de 1870 marcó un primer paso en este sentido. Luego, en noviembre de 1876, la Ley Nº 1.083 dispuso la mensura de tierras provinciales para su venta en remate, reservando parcelas para pueblos y ejidos, donde se limitaban los derechos exclusivos de uso del suelo. Para los lotes exteriores, la normativa admitía superficies de hasta 5.400 hectáreas.

En 1878, la Ley Nº 1.266 dio un nuevo impulso al proceso, habilitando la venta de tierras a ocupantes, quienes podían regularizar su situación de forma gratuita si desistían de sus litigios. Esta ley derogaba la anterior de 1876 y permitía la acumulación de hasta 30 mil hectáreas por persona o sociedad a los cinco años. Otras normativas definían límites o resolvían disputas territoriales con la Nación o con otras provincias. La Ley Nº 1.174 de 1878 y la Nº 1.783 de 1885, por ejemplo, regularizaban tierras concedidas a oficiales del Ejército, hasta un máximo de 8 mil hectáreas. Otras leyes, como la Nº 1.837 de 1886, autorizaban el arriendo de tierras fiscales por hasta 4500 hectáreas. Hacia 1890, nuevas disposiciones buscaban consolidar las concesiones hechas a industrias e inmigrantes (Leyes Nº 2.002, 2.097 y 2.360), y se habilitaban ventas en ejidos y ensanches, como en Ranchos y Laprida.

A pesar del aparente intento de fragmentar el latifundio, estas políticas tendieron a reproducir una estructura de grandes propiedades, aunque algo más moderada en tamaño.

En este contexto, al sur del río Salado, se creó la colonia Las Mellizas, luego renombrada Pehuajó, mediante decretos de 1881 y 1883. Con una superficie de 40 mil hectáreas destinadas a chacras de unas 80 hectáreas, la colonia fue relanzada en 1883 tras el fracaso inicial. El nuevo decreto buscaba fundar centros agrícolas que promovieran la producción, la educación y la transformación cultural de la población rural. Se prohibió toda ocupación y se dividió el territorio en dos sectores: uno para criollos y otro para colonos alemanes, quienes recibirían unas 15 mil hectáreas.

A los nuevos colonos criollos se les daba máximo 160 hectáreas por concesión, con ciertas condiciones: tener familia, cultivar al menos quince hectáreas en un año, construir una vivienda y un pozo de balde, limitación en la cantidad de animales (quinientas ovejas cercadas), prohibición de venta de derechos durante el primer año, y pago en diez anualidades. La colonia sería administrada por dos comisiones, una criolla –que incluía a Carlos Casares– y otra alemana, ambas sujetas a la Ley Nº 2.460 de 1892.

La colonia de Pigüé se fundó en 1884, a orillas del arroyo Pigüé, en una región que había sido el territorio de la tribu de Calfucurá, en las cercanías de Carhué. Luego del avance de la frontera en el Oeste bonaerense, esas tierras quedaron registradas a nombre de Eduardo Casey titular de la Curamalán Land Company en la pampa y vinculado a capitales ingleses.

Casey vendió las tierras a su amigo Clément Cabanettes, quien compró alrededor de 27 mil hectáreas sobre el arroyo Pigüé. Junto a su socio François Issaly, Cabanettes organizó la llegada de familias francesas provenientes de Aveyron. El 4 de diciembre de 1884, los primeros 162 inmigrantes arribaron a la estación Pigüé para iniciar la colonia.

Pese a las dificultades de los primeros años, los colonos accedieron a parcelas de 100, 200 o 300 hectáreas, que pagaron en seis anualidades, descontadas de las entregas de trigo. En 1886, las tierras volvieron a quedar en manos de Casey y, en 1890, en un contexto de crisis financiera, pasaron finalmente a manos de la Baring Brothers, de Londres.

Distribución de grandes y medianas estancias al sur de Santa Fe y el trazado del ferrocarril a Córdoba (Gaignard, La pampa argentina, 1989). En este marco debían crecer las colonias.

La ley de Centros Agrícolas

A fines de 1887, con el objetivo de reforzar las políticas de poblamiento y distribución de tierras delineadas por la Ley Nacional de Inmigración y Colonización, la provincia de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 1.969, conocida como la ley de “Centros Agrícolas”. Esta iniciativa se proponía impulsar la ocupación con pequeños y medianos propietarios de chacras, con parcelas de entre 20 y 100 hectáreas, y un máximo de hasta 300 por persona.

A diferencia de otros modelos colonizadores más dependientes de empresarios intermediarios, aquí el protagonismo recaía en los propios colonos. El plan preveía una ocupación radial en torno a estaciones ferroviarias poco pobladas. Retomando una vieja preocupación que venía del período colonial, los centros debían ser de “pan llevar”, es decir, abastecer de alimentos básicos a la población.

La aplicación de la ley enfrentó múltiples obstáculos, el primero de ellos, el latifundio. Para sortearlo, se incentivó a los grandes propietarios a sumarse al proyecto, pero también se contempló la expropiación de sus tierras si no accedían a dividirlas y venderlas. Incluso se evaluaba modificar las paradas ferroviarias para ejercer presión. El artículo 5 establecía:

Si los mencionados propietarios se negasen a efectuarlos por su cuenta, o no contestaran en el término indicado, que podrá ser prorrogado en los casos que lo crea indispensable, queda habilitado el Poder Ejecutivo para proceder a su expropiación previo informe de la oficina de agricultura, quien informará sobre la bondad de los terrenos en el más breve término.

La ley organizó un complejo entramado institucional y financiero para acompañar su implementación. Se creó la Oficina de Agricultura, encargada del registro, control e inspección; se fijó un valor básico de la tierra y se contemplaron medidas para resolver problemas de hipotecas, dado que muchas tierras ya estaban comprometidas con el Banco Hipotecario. Se otorgaron beneficios como tarifas reducidas y pasajes gratuitos en los ferrocarriles, cuyos gerentes se integraron al directorio de la nueva oficina. El Banco Provincia ofrecía créditos blandos, y se establecieron exenciones impositivas, todo ello según la distancia entre las chacras y las estaciones ferroviarias.

Para evitar la especulación, se obligaba a los compradores a cultivar al menos la mitad del terreno durante los primeros tres años, bajo pena de que las tierras volvieran al fisco. A su vez, los grandes propietarios o empresarios que ofrecieran tierras también debían comprometerse con una fianza, que el Estado podía ejecutar en caso de incumplimiento. Durante los dos primeros años, podían explotar las tierras no colocadas en manos de colonos, pero luego estaban obligados a venderlas. En caso de proponer nuevos centros lejos de estaciones existentes, el Estado evaluaría la instalación de nuevas paradas ferroviarias. Los artículos finales de la ley establecían la obligación de facilitar a los colonos instrumentos de labranza y anticipos de dinero, acordando entre las partes la forma de devolución.

La ley fue ampliamente debatida entre legisladores, funcionarios y terratenientes. Algunos sostenían que Buenos Aires debía concentrarse en la especialización pastoril y que el fomento agrícola era una distracción. Otros argumentaban que ambas actividades podían complementarse, promoviendo la rotación trienal de cultivos con pasturas como la alfalfa, mejorando así los costos productivos y la calidad del ganado exportado a Europa.

Más allá del debate, en la práctica, muchos aprovecharon su doble condición de legisladores o funcionarios y propietarios para beneficiarse personalmente. Un ejemplo notable fueron las más de 46 mil hectáreas adquiridas por legisladores poco antes de la sanción de la ley, que luego se valorizaron o fueron expropiadas con compensaciones. Casos paradigmáticos fueron los de Víctor del Carril y Ernesto Weigel Muñóz, impulsores de la ley e integrantes de la Oficina de Agricultura. Aristóbulo del Valle, quien, a través de su empresa Cooperativa Agrícola, concentró más de 80 mil hectáreas en Pehuajó y Trenque Lauquen, promoviendo centros agrícolas por cuenta de su empresa.

Algunos centros, como Coronel Suárez, General Lamadrid y Tornquist, crecieron en infraestructura y se conectaron al sistema ferroviario. En el partido de Junín, se formaron varios centros agrícolas, como Marcos Paz, Coronel Segundo Roca y La Italia. En la propia localidad de Junín, los concesionarios avanzaron con la subdivisión y venta de parcelas. Ejemplos de ello fueron Jacinto Videla y los hermanos Ataliva y Agustín Roca. El primero adquirió más de 8 mil hectáreas, de las cuales vendió más de 6300, repartidas en parcelas de entre 100 y 300 hectáreas. Los hermanos Roca, por su parte, impulsaron dos colonias, en las que transfirieron más de 7 mil hectáreas a través de unas setenta operaciones. En conjunto, entre 1890 y 1907, este partido movilizó más de 18 mil hectáreas en al menos 138 ventas.

Pero éstas eran pocas excepciones. En general, la ley no logró cumplir los objetivos de crear una economía basada en pequeños propietarios. En 1893 existían 205 centros agrícolas en Buenos Aires, que abarcaban 1,6 millones de hectáreas, pero solo el 30% de esa superficie estaba cultivada. La mayoría de los agricultores no eran propietarios, sino arrendatarios. El censo de 1888 registraba 15 mil propietarios en 28 mil explotaciones rurales; en 1895, los propietarios habían aumentado a 18 mil, frente a casi 38 mil explotaciones. ¿Fue un fracaso? Abordada desde sus fallas, se ha señalado que la ley no contempló una política adecuada de mano de obra, capitalización o estímulo a industrias de transformación como molinos, cremerías o talleres agrícolas. Además, se aceleró la especulación con la tierra, en parte por la política del Banco Hipotecario, que facilitó cédulas hipotecarias sobrevaluadas, generando una burbuja que estalló con la crisis de 1890. Muchos colonos, aún sin comenzar a amortizar sus deudas, quedaron atrapados con tierras desvalorizadas e hipotecas impagables.

Este fue el caso de la colonia agrícola “Nueva Plata”, creada en 1888 por Rafael Hernández sobre tierras cercanas a Las Mellizas y a su estancia “San Carlos”, mencionada por su hermano José Hernández como ejemplo de colonización con “hijos del país”. Para entonces, el autor del Martín Fierro ya había muerto, y el sueño de una Argentina de pequeños agricultores se desmoronaba.

Empresas e inmigrantes en los territorios

Las Misiones

Volvemos a los Territorios Nacionales, esta vez para enfocarnos en uno que exploramos poco: Misiones. Históricamente habitada por pueblos guaraníes, disputada por jesuitas, franciscanos, Paraguay, el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas —especialmente Corrientes—, Misiones fue escenario, hacia fines del siglo XIX, de la expansión estatal, el establecimiento de colonias de inmigrantes europeos y el desarrollo agroindustrial, como lo ilustra el ingenio Santa Ana, propiedad de Rudecindo Roca, cuyo tráfico de “chinitas” detonó la sublevación en San Antonio de Obligado.

Tras la expulsión de los jesuitas, muchas misiones fueron abandonadas y sus poblaciones se dispersaron. Recién décadas más tarde, criollos e indígenas comenzaron a reasentarse, dando origen a núcleos que serían clave para la política de colonización nacional, especialmente en el centro y sur del territorio, a lo largo de la ribera. En ese contexto, se reactivaron formas de cultivo —no sólo de extracción— de la yerba mate.

Los mapas del período ofrecen una clave para comprender la evolución territorial. Una carta francesa de 1865 muestra, sobre la costa frente a la ciudad paraguaya Encarnación, rumbo al norte, unas pocas estancias, la localidad de Candelaria y otras poblaciones abandonadas como Santa Ana, Loreto, San Ignacio y Corpus; sobre el Este, San Carlos, Apóstoles y Concepción; hacia el sur, llegando al río Uruguay, San Javier y el fortín Nu-Guazú. En el centro de la selva, la inscripción “Indios Tupíes” señala tierras aún no integradas al control estatal.

Mapa de Misiones y Corrientes, 1865.

Poco después, un croquis enseña la existencia del trazado de algunos pueblos/colonias, de sur a norte, Itapuá (luego Posadas) Marco Avellaneda (Corpus), Carnaguapé, Paranay, Piray e Y-Guazú. Están señaladas antiguas locaciones jesuitas y decenas de villorrios, establecimientos de campo e ingenios. Una extensa zona, al norte y al este, indica la existencia de bosques y yerbales inexplorados y tierras vírgenes.

Mapa de las Misiones 1871-79.

Veinte años después, un nuevo mapa muestra cinco departamentos, con fortines, pueblos, iglesias y colonias. Posadas ha sido fundada como capital. Una veintena de colonias aparece en la ribera del Paraná y hacia el sur, entre ellas: San Isidro, Apóstoles, Mártires, Candelaria, Santa Ana, San Ignacio, Corpus, Compañía de Cuaraguapé (Guadalupe), Compañía de Paranay, Compañía del Piray, colonia del Guazú.

Mapa de Misiones de 1888.

Un atlas de 1890 incorpora rutas, líneas telegráficas y la esperada traza ferroviaria hacia Posadas, con telégrafos, carreteras y sendas, además de mostrar la frontera aún incierta con el disuelto Imperio de Brasil.

Mapa de Misiones de 1890.

Para el cambio de siglo, un mapa de la Dirección de Tierras ya distingue, mediante colores, tierras escrituradas, concesiones, permisos de ocupación, zonas forestales, reservas y colonias nacionales. A lo largo del Paraná y el Uruguay se extienden centenares de lotes con formas irregulares, muchos con nombres propios. Figuran como colonias nacionales —algunas con ejido— Posadas, Candelaria (1883), Cerro Corá (1894), Apóstoles (1898), Concepción, Caa-Guazú, Guaraní, Santa Ana (1883), Bonpland (1894), San Ignacio, Corpus, Yerbal Viejo, Aristóbulo del Valle, Manuel Belgrano, entre otras. Varias tienen una gran extensión.

A su lado, proliferan tierras bajo dominio privado: compañías colonizadoras, grandes propietarios o familias, algunas bajo inscripciones del estilo: “sucesión de” o “administrada por”. Están los Roca, Compañía Taranco, Núñez, J. Argerich, N. Avellaneda, Compañía Eldorado, Territorial Franco Argentina, Errecaborde, Quetrel, Arturo Candelaria, Compañía Martin, Laharraghe, Enterprises en Orient (Glaris), Hermanos Istueta, Durañona, Martín Errecaborde, San Javier Land Forest, entre muchas otras.

La Nueva Misiones

Estos mapas permiten ver distintas vías del proceso colonizador: la colonización oficial, luego la privada (según lo previsto por la ley de 1876), la ocupación espontánea en las zonas fronterizas y el poblamiento vinculado a la explotación yerbatera y forestal.

Uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de una política de colonización fue la apropiación temprana de tierras por parte de latifundistas correntinos. Misiones fue convertida en gobernación en 1881, pero antes de su federalización, el gobernador de Corrientes, Antonio Gallino, dispuso la venta de tierras fiscales misioneras en lotes de unas 40 mil hectáreas: 38 compradores adquirieron cerca de 2,5 millones de hectáreas, más del 80% del territorio. Sin embargo, como los mapas se basaban en declaraciones de yerbateros locales, grandes áreas del interior —casi un millón de hectáreas— quedaron sin registrar, lo que permitió su incorporación al proceso colonizador oficial. Además, en 1894 muchas de las concesiones correntinas no fueron renovadas.

En ese marco, el gobernador Juan Balestra (1893) impulsó políticas para el arraigo de la población. Convirtió en municipios a las colonias nacionales de Candelaria y Santa Ana, delineó pueblos como San Carlos, San Javier, Apóstoles, San Ignacio y Corpus, y distribuyó solares y chacras entre los pobladores criollos ya asentados, en su mayoría paraguayos, argentinos y brasileños. También creó una sección de colonización en Cerro Corá, entonces ya poblada. En 1894 había otorgado 47 títulos de propiedad; un año después, había destinado más de 87 mil hectáreas a la agricultura.

Su sucesor, Juan Lanusse, profundizó la política: en 1897 refundó Apóstoles con inmigrantes polacos y ucranianos. Le siguieron otras colonias como Azara, San José y Cerro Corá, fundadas a lo largo de caminos abiertos a machete en la selva.

A pesar de estos avances, la política oficial no priorizó al poblador criollo o indígena. Tras una primera etapa estatal, la colonización privada tomó fuerza en el siglo XX. Para 1920, más del 80% de las parcelas estaban en manos de europeos. Aunque se crearon colonias por casi medio millón de hectáreas, hacia 1905 sólo 22 mil hectáreas habían sido efectivamente entregadas en propiedad.

La dimensión del proceso se percibe en testimonios como el del periodista francés Jules Huret, quien recorrió el país a comienzos del siglo XX. En Misiones —que entonces tenía unos 38 mil habitantes, 6 mil en Posadas— entrevistó a grandes propietarios como Dominique Barthe. Llegado al país en 1877 a los doce años, Barthe había acumulado en dos décadas más de 250 mil hectáreas, además de ser industrial, ganadero, naviero y banquero. Otro caso citado por Huret es el de los hermanos Errecaborde, con 607 mil hectáreas. El periodista describió el proceso:

Una gran parte de esa población se compone de familias de colonos europeos. Los rusos y los eslavos de Austria están en mayoría, entrando en aquella cifra con una proporción de 45%; los italianos de 10 y los franceses de cinco. Esos colonos se dividen en unas 3000 familias repartidas en 13 colonias. Cada familia posee por término medio 50 hectáreas de tierra, de la que no cultiva más que de cinco a 7. Ahora no nos hallamos en una región de grandes explotaciones agrícolas. Se cultiva sobretodo yuca, batatas, tabaco, caña de azúcar, maíz, arroz, naranjas, bananos y bananas.

Los entrevistados de Huret dejaban conocer sus prejuicios raciales: los sirios y armenios eran “la plaga más temible”, los brasileños hijos de alemanes, los mejores para la explotación forestal, los correntinos mestizos, ideales para el desmonte y la yerba, y los polacos, los mejores cultivadores. En total, se cultivaban apenas 350 mil hectáreas de las tres millones que tenía el territorio, que el periodista comparaba en tamaño con Bélgica.

La vida del trabajador yerbatero y forestal empezaba a ser descripta como una forma de esclavitud, retratada luego por la literatura realista. La selva, vasta e impenetrable, era percibida como un espacio de riqueza infinita. Consultados sobre el futuro del territorio, los propietarios respondían: “Cuando se hayan extraído de los bosques los tesoros de maderas que contienen, se crearán prados para el ganado.”

Chaco y Formosa

En el Chaco, detrás de las campañas militares marchaba el agrimensor, y tras sus mediciones surgían los loteos, adjudicaciones de tierras y su puesta en producción, que dependía de la mano de obra indígena “liberada”.

Junto con la fundación de colonias en el norte santafesino y el sur chaqueño, la colonización avanzó a lo largo de los ríos Paraná y Salado. El interés por estas tierras era constante. De las 410 concesiones otorgadas en 1887 en todo el país, 82 correspondían al Chaco, abarcando casi 4 millones de hectáreas.

Caso ejemplar fue el de los hermanos Portails, empresarios franceses y representantes de compañías ferroviarias, que solicitaron al Ministerio del Interior dos secciones de tierras en el Chaco boreal. Años después, serían fundadores de la industria del tanino en el país, predecesores de La Forestal británica. Su solicitud abarcaba una franja de 20 kilómetros desde el río Paraguay hacia el Oeste, lindante con la concesión de otra empresa francesa: Bouvier y Cía., frente al pueblo paraguayo de Villeta.

En las inmediaciones de Resistencia, capital del Chaco, avanzaba la colonización. El 11 de junio de 1889, el gobernador Dónovan designó al coronel Hilario Alzugaray para realizar la traza rural de la colonia y verificar el cumplimiento de las condiciones de adjudicación, ya que se observaba un fuerte ausentismo entre los beneficiarios, quienes utilizaban las tierras para pastoreo en lugar de dedicarlas a la agricultura.

Según el censo de 1892, tras la cesión del territorio que pasaría a integrar el norte de Santa Fe, el Chaco se dividía en cinco departamentos y 24 distritos, con cerca de 40 mil habitantes. La producción agrícola incluía maíz, caña de azúcar, sorgo, alfalfa, maní, tabaco, legumbres, hortalizas, lino, papa, batata, mandioca y otros cultivos. Había siete industrias mayores y 15 establecimientos ganaderos, con un stock de 150 mil vacunos, 20.000 caballos, 10 mil mulas y 2500 ovejas. La principal dificultad, según Dónovan, era la falta de caminos transitables. En 1891, escribía: “…a más de ser difícil el paso de los ríos que lo circundan, en época de lluvias se hacen intransitables los caminos…”.

En Formosa, en cambio, el proceso colonizador era mucho más incipiente, ya que la presencia indígena seguía siendo dominante. Esta situación no sería modificada sustancialmente por el Estado sino hasta la campaña militar de 1911.

En 1887, el secretario de la gobernación, Estanislao Fragal, manifestaba un claro interés en fomentar la colonización extranjera. En su memoria anual, destacaba los esfuerzos realizados durante “años de incesantes y rudos trabajos” para ofrecer al inmigrante una “zona conocida, donde pueda establecerse con garantía de su vida”, aprovechando la bondad del suelo y las comunicaciones fluviales.

Sobre los pueblos indígenas, Fragal escribía con crudeza:

El indio montaras que compartía con las fieras el dominio de estos parages ó se ha sometido prestando su concurso á la obra del progreso ó lleva una vida miserable en los más lejanos montes, á donde ha sido arrojado hasta tanto que su propia seguridad lo obligue á trasponer las fronteras del País ó reducirse á la vida civilizada.

Fragal anunciaba la inminente fundación de cinco o seis colonias en terrenos ya concesionados, con la llegada de centenares de familias agricultoras. Para consolidar este proceso, proponía la venta de tierras fiscales, ya que “el que desea establecerse se encuentra con que le es imposible adquirir la propiedad del terreno ni la promesa de obtenerlo más tarde con preferencia a otros interesados”.

En cuanto a las condiciones agropecuarias, eran descritas como excepcionales. “Donde se arroja el grano, brota la planta”, afirmaba Fragal, destacando las posibilidades para el café, tabaco, maíz, maní, algodón y caña de azúcar. Esta última ya se explotaba con buenos rendimientos, como demostraba el destilador de la Colonia Formosa, con beneficios del 30% sobre el capital invertido. También resaltaba el potencial ganadero del territorio.

La zona pampeana y el ocaso del ideal agrícola

Entre fines de la década de 1870 y mediados de la de 1880, la apropiación de tierras públicas en la región pampeana avanzó a una velocidad sin precedentes. Con la consolidación militar en el sur bonaerense, el Oeste de Córdoba y el Territorio Nacional de La Pampa, el Estado nacional habilitó diversos mecanismos legales para transferir millones de hectáreas al sector privado.

Por un lado, estuvieron los remates, bonos y adjudicaciones que favorecieron a grandes compradores: miembros de las élites urbanas, empresarios ligados al capital extranjero y militares recompensados. Según documentaron Edward y Michael Mulhall en Handbook of the River Plate (1885), entre 1879 y 1885 se entregaron más de 9,4 millones de hectáreas a 358 compradores, en lotes estandarizados de 10 mil hectáreas, inaccesibles para quienes aspiraban a convertirse en agricultores independientes.

Entre los adquirentes figuran apellidos como Luro, Anchorena, Alvear, Roca, Cambaceres y Bemberg, junto con empresarios británicos como Drabble, Drysdale, McClymont y Duggan. Estas compras respondían más a una lógica de valorización y especulación que a un proyecto real de poblamiento: se adquirían tierras esperando su reventa o futura explotación, especialmente vinculada a la ganadería extensiva o a la expansión ferroviaria.

En paralelo, la Ley Avellaneda buscó fomentar la colonización agrícola mediante la venta de tierras fiscales a empresas privadas, nacionales y extranjeras. No obstante, el objetivo inicial fue rápidamente desplazado por estrategias de acumulación especulativa. Compañías como la Santa Fe Land Company, la Córdoba Land Company o la South American Land Company montaron complejas estructuras financieras con capitales británicos y cotización en la Bolsa de Londres, destinadas a adquirir, subdividir y revender tierras sin poblarlas.

El caso de Eduardo Casey y su Curumalán Land Company es ilustrativo: entre 1882 y 1885 adquirió más de 300 mil hectáreas en el sur bonaerense. En La Pampa, firmas como la Guatraché Land Company, la Pampa Estancia Company, Trenel S.A. o La Buena Esperanza superaron las 290 mil hectáreas. Empresarios como Capdeville, con 80 mil hectáreas en Telén, o la firma Stroeder, que hacia 1906 controlaba 166 mil hectáreas en diez colonias, también protagonizaron esta expansión.

Con apoyo legal, crédito abundante e influencia sobre la infraestructura, estos capitales –principalmente extranjeros– moldearon el poblamiento, la producción y el vínculo con el comercio exterior. En contraste, las colonias de inmigrantes muchas veces se asentaban en tierras marginales, sin acceso a los mejores recursos. El discurso del poblamiento agrícola fue desvirtuado por una práctica concreta de concentración territorial.

Más allá del Río Colorado

En el noroeste neuquino, las huellas de la Cuarta División del ejército fueron seguidas por contingentes desde Mendoza convocados por el gobernador Manuel Olascoaga. Criollos, migrantes italianos y españoles atraídos por la promesa de tierras, comerciantes trasandinos en busca de pastos, y empresarios extranjeros dispuestos a invertir, se instalaron en torno a Chos Malal y Ñorquín, replicando allí sus prácticas agrícolas de regadío con acequias, frutales y viñas. Chos Malal se convirtió en un nodo logístico clave y fue capital del Territorio hasta ser desplazada por Confluencia (actualmente capital, llamada Neuquén) tras la llegada del Ferrocarril del Sud en 1899.

En el valle del río Negro, la Escuadrilla Fluvial transportaba materiales y personas desde Viedma y Carmen de Patagones, facilitando el asentamiento de migrantes que bajaban desde Buenos Aires. En el Alto Valle, criollos, italianos y españoles comenzaron a poblar la región con ganado ovino y cultivos forrajeros. Este proceso agrícola consolidó a Río Negro como el territorio con mayor cantidad de ovejas en la Patagonia. En esta zona fértil se fundaron colonias como General Roca, donde el sanjuanino Hilarión Furque hizo construir un canal de 55 kilómetros, y Choele Choel, donde familias galesas fundaron la Colonia Fray Luis Beltrán cerca del fuerte militar.

Sin embargo, junto al poblamiento chacarero, se produjo una fuerte concentración de tierras. Elites porteñas accedieron a bonos de tierra y títulos mediante información privilegiada. Muchas parcelas fueron entregadas como premios militares o adjudicadas por decreto gracias a vínculos con funcionarios nacionales.

El capital británico también se instaló con fuerza. En 1889, durante el gobierno de Juárez Celman, se fundó la Argentina Southern Land Company (ASLCo.), impulsada por capitales ingleses, con base operativa en Buenos Aires y sede societaria en Londres. El Estado le entregó 70 mil hectáreas ligadas al ferrocarril entre Trelew y Puerto Madryn, y luego 750 mil hectáreas adicionales en el marco de la Ley Avellaneda. De ese conjunto de tierras, con la ley de liquidación de 1891, se escrituraron 585 mil hectáreas en la meseta rionegrina y la cordillera chubutense, donde se consolidaron grandes estancias —como Leleque y Maquinchao—, de unas 40 mil hectáreas cada una, todas ellas constituidas bajo el régimen de la Ley Avellaneda. Se trata de las tierras que, en la actualidad, forman parte del patrimonio del grupo Benetton.

Al sur del río Colorado y en el Norte neuquino, el capital trascordillerano también avanzó. En las zonas de cordillera y precordillera, se concedieron más de 1,6 millones hectáreas a solo 27 propietarios. Entre ellos destacó la Sociedad Comercial y Ganadera Chile-Argentina, fundada por migrantes alemanes radicados en Valdivia y Puerto Montt, que llegó a concentrar 420 mil hectáreas en el Sudoeste neuquino, articuladas con San Carlos de Bariloche, centro de administración y distribución.

Aunque estas propiedades se encontraban en territorio argentino, respondían a circuitos económicos orientados hacia el Pacífico: carne bovina para el sur chileno, insumos desde Punta Arenas, y decisiones tomadas a ambos lados de la cordillera. Los pueblos indígenas y los pequeños criollos fueron desplazados hacia tierras marginales, convertidos muchas veces en arrendatarios o peones sin acceso a propiedad.

En toda la Norpatagonia, el discurso del poblamiento agrario –tipo farmers- coexistió con una práctica dominante de concentración territorial. El territorio, militarmente ocupado, fue parcelado y vendido. La promesa de tierra para quien la trabajara fue pronto superada por la lógica del capital —con bandera británica o porteña— más interesada en acaparar que en poblar.

Chubut: colonización y expansión ganadera

De todas las corrientes migratorias que atravesaron la Patagonia, la protagonizada por los galeses en Chubut dejó una marca singular. A partir de 1865, con el arribo del primer contingente a lo que sería Rawson, se desarrolló una red de comunidades organizadas en torno a la agricultura irrigada, el trabajo cooperativo y la defensa de una identidad cultural propia. Gracias al apoyo del Estado nacional, que reconoció tempranamente su asentamiento, accedieron gratuitamente a tierras fiscales y pudieron ampliar sus dominios mediante la compra accesible de nuevas parcelas.

Un sistema artesanal de riego —basado en canales y acequias— permitió transformar el valle inferior del río Chubut en una franja productiva continua. Hacia fines de la década de 1870, con el auge del cultivo de cereales, se construyó el ferrocarril entre Trelew y Puerto Madryn. Así se consolidó una estructura funcional: Rawson como capital política, Trelew como nodo comercial, Gaiman y Dolavon como centros rurales, y Puerto Madryn como salida al Atlántico. A lo largo de 90 kilómetros de longitud por ocho de ancho, el poblamiento se estructuró en torno al agua, el tren y las redes vecinales.

A medida que se ocupaban las tierras más fértiles del valle del Chubut, los colonos comenzaron a proyectar su expansión hacia el Oeste. En 1885, partió desde Rawson rumbo a la cordillera una expedición liderada por el entonces gobernador Luis Jorge Fontana. Lo acompañaban 29 hombres, en su mayoría colonos galeses. La travesía, conocida como la expedición de los Rifleros del Chubut, culminó el 25 de noviembre con la llegada al fértil Valle de las Frutillas, al que bautizaron “Colonia 16 de Octubre”, en referencia a la fecha de la Ley de Territorios Nacionales de 1884. El gobierno nacional otorgó a cada expedicionario una legua cuadrada de tierra para poblar con sus familias. De esta colonia se desprenderán luego las localidades de Trevelín y Esquel.

En este valle, más apto para la ganadería, se afianzó la cría de ovejas, coexistiendo tres formas de ocupación: la colonia agrícola galesa, las tierras de la Compañía de Tierras del Sud y la colonia indígena de Cushamen —junto con otras comunidades indígenas relegadas a reservas fundadas oficialmente poco después, como ya vimos—. Los conflictos por límites, agua y propiedad fueron frecuentes, configurando un poblamiento en tensión permanente.

Desde Gaiman, en el valle de Trelew, se promovió también la fundación de la colonia Sarmiento, rumbo Sudoeste, junto a los lagos Musters y Colhué Huapí, con tierras adjudicadas en 1897. Hacia el Norte, en 1902, se creó la colonia Escalante, poblada por inmigrantes boers llegados desde Sudáfrica.

En paralelo, se establecieron grandes compañías ganaderas y especulativas. La Chubut Company Ltd., concesionaria del Ferrocarril Central del Chubut, recibió 75 mil hectáreas a ambos lados del trazado ferroviario, que luego transfirió a la ASLCo., que acumuló unas 800 mil hectáreas entre Chubut y Río Negro. Esta firma subdividió sus propiedades en nuevas compañías: la Port Madryn Company (1906), enfocada en explotación urbana y portuaria, y la Río Negro Land Company (1907), orientada a la ganadería extensiva. También operó la Lochiel Sheep Farming Company, con 25 mil hectáreas para cría ovina.

Otra empresa clave fue la Compañía de Tierras del Sud Argentino, fundada por Mauricio Braun y José Menéndez, con base en Punta Arenas. Articulada con frigoríficos y navieras, adquirió un millón de hectáreas entre Santa Cruz y Chubut, incluyendo tierras compradas a Adolfo Grünbein en 1893, de quien hablaremos en el próximo apartado.

La corriente austral: empresarios del fin del mundo

En la región más austral del país, la ocupación y transformación del territorio estuvo impulsada por empresas, capitalistas individuales y redes comerciales transnacionales, que vieron en la Patagonia meridional un escenario propicio para expandir la ganadería ovina a gran escala, desplazando a las poblaciones indígenas. A diferencia de otras regiones, no fueron pequeños colonos quienes lideraron la ocupación territorial, sino inversores británicos radicados en Malvinas, magallánicos y europeos instalados en el sur chileno. Estos actores fueron atraídos por la abundancia de pastizales naturales y la cercanía a puertos de aguas profundas, que facilitaban la exportación de lana al mercado europeo.

En Santa Cruz, en 1885, bajo el impulso del gobernador Carlos Moyano, se implementó un régimen especial de arrendamientos fiscales que facilitó la apropiación de grandes extensiones por parte del capital privado. Este sistema permitía acceder a concesiones de hasta 40 mil hectáreas, luego reducidas a 20 mil, con cánones muy bajos, plazos extensos, escasa regulación estatal y libertad para elegir tierras, incluso en zonas estratégicas. En pocos años, se otorgaron más de 50 arrendamientos, en su mayoría a empresarios instalados en el sur de Chile, comerciantes vinculados a redes trasandinas y operadores provenientes de las Islas Malvinas.

Un caso emblemático fue el de Waldron y Wood, firma británica con base en Chile, que obtuvo 200 mil hectáreas en el Sudeste santacruceño y fundó la estancia El Cóndor, posteriormente absorbida por la Patagonian Sheep Farming Company, constituida en Londres en 1897. Otros arrendatarios destacados fueron Halliday, Rudd, Feldon y los hermanos Menéndez, españoles originarios de Asturias radicados en Punta Arenas, quienes jugaron un papel central en la consolidación del enclave ganadero fueguino. También se integraron colonos alemanes provenientes de las corrientes migratorias fomentadas por el Estado chileno en el Sur.

En paralelo, el Estado nacional reforzó este modelo mediante ventas masivas, como el contrato firmado en 1893 con Adolfo Grünbein, prestamista alemán residente en Buenos Aires. Aprobado por la Ley N° 3.053, implicó la cesión de más de 2,5 millones de hectáreas en Santa Cruz y Chubut. Tras su muerte, estas tierras fueron transferidas al Banco de Amberes y a Luis L. Linck, y luego redistribuidas entre veintiún grandes propietarios, de los cuales catorce ya operaban en la región.

Este sistema permitió la rápida conformación de una red de grandes estancias ovinas en Santa Cruz, que se beneficiaron de la cercanía a los puertos de Río Gallegos y San Julián y de la capacidad empresarial para articular frigoríficos, transporte marítimo y financiamiento internacional. Así se consolidó un enclave exportador autosuficiente, vinculado al mercado británico, pero territorialmente anclado en el sur argentino.

Mientras tanto, fracasaban las experiencias de colonización. En 1879, Antonio Oneto, con experiencia patagónica, había propuesto a Bernardo de Irigoyen un plan para instalar familias en Santa Cruz. Con algo de demora, en 1884, el gobierno eligió Puerto Deseado para llevarlo a cabo. Con apoyo oficial y mediático, Roca firmó el decreto de creación, en el marco de la Ley N° 1.370 de 1883. El gobierno ofreció tierras, animales, herramientas, víveres y viviendas, pero la convocatoria no tuvo el éxito esperado. Aun así, un grupo de colonos, en su mayoría extranjeros, partió desde Buenos Aires el 15 de junio de 1884. La experiencia fracasó por el aislamiento, las condiciones adversas, la demora estatal en cumplir sus promesas y el desconocimiento del entorno por parte de los colonos. Finalmente, la colonia fue disuelta por decreto en 1887.

La colonización en el Noroeste

El Tucumán azucarero

Tucumán, en el Noroeste argentino, se organizó en torno a un modelo productivo centrado en la caña de azúcar, que alimentó el crecimiento de una incipiente agroindustria azucarera.

Sin embargo, aunque la economía tomó una forma prácticamente monoproductora, coexistían en su territorio otras formas de explotación agrícola y ganadera. En zonas no aptas para la caña, pero fértiles para otros cultivos o para la cría de ganado vacuno y mular, predominaban pequeñas explotaciones, muchas de ellas en manos de comunidades indígenas bajo regímenes de tenencia individual o colectiva. En otros casos, esas tierras fueron absorbidas en grandes latifundios ganaderos.

El auge azucarero se explicó por varios factores. Por un lado, la implementación de medidas proteccionistas que resguardaban el mercado interno; por otro, la disponibilidad de créditos accesibles para tecnificación y expansión, otorgados por el Banco Nacional, el Banco Hipotecario Nacional y la banca provincial. A ello se sumó una fuerza laboral variada: trabajadores permanentes, temporarios y colonos.

Este proceso implicó una reorganización profunda del espacio provincial. Se fundaron nuevos pueblos en torno a los ingenios, cuyas propiedades adquirieron rasgos de urbanización. Algunos ingenios albergaban entre mil y 3 mil personas. A la par, persistían pequeños productores campesinos, con producción familiar, dedicados a la producción de alimentos, granos y forrajes, esenciales para sostener una población provincial que, según el censo de 1869, ascendía a casi 110 mil habitantes.

El crecimiento de los cañaverales se vio impulsado también por la acción de cañeros independientes, que aportaban materia prima a los ingenios. Hacia 1895, estos cañeros cultivaban el 42% del total de caña en la provincia. Este grupo era heterogéneo: incluía desde grandes propietarios hasta pequeños labradores, arrendatarios o propietarios de parcelas familiares.

Otra modalidad de explotación laboral fue el sistema de colonato, central en la expansión del cultivo. En este modelo, el ingenio entregaba tierras al colono, quien debía sembrarlas con caña, aportando mano de obra y herramientas, mientras que el ingenio fijaba el precio de compra. Las condiciones de vida y trabajo eran precarias y de hacinamiento. Para 1895 funcionaban alrededor de 240 colonias cañeras que cultivaban cerca de 20 mil hectáreas, lo que representaba un 63% de las plantaciones de los ingenios.

No obstante, no toda la provincia se volcó a la producción azucarera. Las limitaciones ecológicas de ciertas zonas promovieron otros modelos de uso del suelo y acceso a la tierra, como vimos que sucedió en Amaicha del Valle, en Colalao y Tolombón.

Aunque emergieron latifundios ganaderos, no se produjo una concentración absoluta: hacia 1895, el 60% de las explotaciones agrícolas eran de menos de ocho hectáreas, lo que evidencia la persistencia de pequeños productores en el agro tucumano, y de una producción diversificada en estos espacios.

Santiago del Estero: el latifundio forestal

En el Cuaderno 3 mencionamos el intento de ocupación de la zona fronteriza del río Salado mediante la militarización que incluyó la instalación de líneas de fortines, donde se alojaban soldados, reos y “vagos”, dando lugar a formaciones de colonias agrícola-militares. Estos fortines, en ocasiones instalados sobre ocupaciones indígenas, como en la zona de Matará, apuntaban al desarrollo agrícola y ganadero.

En la segunda mitad del siglo XIX, Santiago del Estero buscó integrarse al modelo agroexportador con políticas que transformaron las formas de acceso a la tierra y la propia definición de las fronteras internas. Si con el avance sobre el río Salado se había buscado convertir esos espacios en áreas agrícolas, este impulso perdió fuerza al comprobarse la inviabilidad de la navegación de dicho río. Entonces, el foco se trasladó a la reconversión agrícola del valle del río Dulce, más próximo a la capital provincial, y a nuevas fronteras como Campo del Cielo y Otumpa, territorios ricos en meteoritos y con potencial de explotación ferrosa.

Pero el ritmo productivo y del acceso a la tierra no estuvo marcado ni por el río ni por la producción agrícola. Entonces, apareció el ferrocarril, que no transportó cereales ni ganado al mercado pampeano y atlántico, sino madera. Hacia fines del siglo XIX, se reconoció el potencial económico de los bosques santiagueños, lo que dio paso a un proceso de concentración de tierras en manos de particulares y empresas extranjeras para su explotación forestal.

La entrega de tierras fiscales forestales financió obras públicas como escuelas, iglesias y canales. Por ejemplo, en 1870 el gobierno provincial vendió cien leguas cuadradas en la frontera con Santa Fe a Agustín Cánepa y Compañía como pago por la construcción de la Iglesia matriz. Dos años después, Cánepa vendió esas tierras a otros compradores, entre ellos Ricardo Newton, también poseedor de hacienda en Chascomús. Mientras que en 1859 el valor de esas tierras oscilaba entre 10 y 100 pesos bolivianos, veinte años más tarde alcanzaban entre 400 y 1000 pesos fuertes.

En otros casos, el Estado hipotecó tierras fiscales de frontera que no estaban mensuradas ni registradas. Diversas leyes entre 1893 y 1898 habilitaron la enajenación de 5 millones de hectáreas de la antigua región de Matará. Estas tierras fueron adquiridas por extranjeros y familias de la oligarquía santiagueña o sus testaferros, mediante consorcios o figuras parecidas. Los nuevos latifundios se dedicaron a la explotación forestal, consolidando un modelo que articulaba obrajes, ferrocarril y propiedad concentrada.

Surgieron sociedades como Quebrachales Chaqueños (1905), en Quimilí y Quebrachales Tintina (1906), dirigida por Ernesto Tornquist, que explotaba los bosques para extraer maderas y tanino, en campos de una antigua reducción de los indígenas vilelas. En Campo del Cielo y Otumpa, aparecieron grandes latifundios como Estancias Unidas del Chaco. Territorios actuales como Moreno, Figueroa, Copo y Alberdi, antes parte de Matará, quedaron en manos de estas empresas o de sus testaferros. Muchas de estas extensiones no fueron mensuradas ni catastradas sino años después, y algunas ni siquiera pertenecían realmente a la provincia.

Las tierras del departamento de Moreno destacan por la magnitud de las enajenaciones y la presencia de compradores externos. Ramón Santamarina poseía 1,2 millones de hectáreas y, junto a socios, otras casi 3 millones. Otros grandes propietarios fueron Luis Zuberbüler, Luis Saldívar, Julio Hosman, J. E. de la Fuente, Julio Villate y Atanacio Rodríguez, con 300 mil a 50 mil hectáreas. De estas propiedades no se conocía con certeza su localización, ya que superaban incluso la superficie total del departamento.

Estas tierras no fueron compradas directamente al Estado provincial, sino a su banco, que otorgaba préstamos al tesoro santiagueño tomando tierras fiscales como garantía. La ubicación precisa de los lotes se definía al momento de su venta. El resto del territorio de Moreno, apenas un 6%, permanecía en manos de antiguos propietarios con parcelas, de 900 hectáreas. En pocos casos, alcanzaban extensiones de 4 mil. Muchos de ellos participaron activamente en los obrajes, funcionando como intermediarios clave gracias a su conocimiento del terreno.

Entre estas grandes propiedades, quedaron pequeñas parcelas dedicadas a la autosubsistencia. Sus habitantes se convirtieron en mano de obra de los obrajes y estancias, cumpliendo un rol clave como peones y conocedores del territorio.

Mientras tanto, en la zona del río Dulce se impulsaba el desarrollo agrícola, en combinación con planes de canalización. Se creó el Departamento de Irrigación y se fomentó la producción azucarera y vitivinícola. A medida que el gobierno provincial extendía la infraestructura de riego, aumentaba el valor de esas tierras por su capacidad de producción constante, a pesar de las sequías.

Durante este período también llegaron inmigrantes españoles e italianos a la ciudad de Santiago, aunque la provincia no fue un polo de colonización inmigrante como otras regiones. Las colonias aparecerán a inicios del siglo XX, como la Colonia Dora. Por el contrario, la migración estacional y permanente hacia otras provincias fue una constante, y se intensificó en el siglo XX.

Jujuy, después de la batalla de Quera

Como hemos señalado anteriormente, en Jujuy, desde la década de 1830, se impulsaron medidas de deslinde de tierras comunales, para incorporarlas al patrimonio del fisco provincial. Bajo el aura del contrato enfitéutico, se respetó el dominio útil de las comunidades, es decir, el uso de la tierra, pero el dominio directo era reivindicado por el Estado. Ello derivó también en contratos de arrendamiento. En este marco, el acceso de las comunidades indígenas se consideró “precario”, tal como sucedía en Córdoba, Tucumán y Salta. El objetivo final era vender la tierra, obtener ingresos fiscales y “perfeccionar” la propiedad.

A pesar de ello, la Quebrada fue de las pocas regiones del país donde las posesiones indígenas ancestrales lograron sostenerse por largo tiempo. Una ley de 1835 prohibía expresamente la venta de territorios en posesión de las comunidades, hasta que no hubiera una ley especial para organizar su situación de forma definitiva. Evitando una confrontación abierta, lo que de un lado podría parecer una medida protectora, de otro era un lento avance hacia su desposesión. En los debates legislativos de ese año, en defensa de las medidas del gobierno, un diputado aseguró que esta lógica respetaba “el derecho de propiedad” que se habían reservado los reyes de España con las Leyes de Indias.

Décadas más tarde, este impulso se profundizó de la mano de una nueva organización nacional y de la consolidación de un mercado interno. Sus pilares eran las garantías que la Constitución de 1853 daba al comercio, la llegada del ferrocarril a Tucumán años más tarde y la conexión de la región con el puerto de Rosario. Así, Jujuy se acoplaba a una economía nacional. Y al hacerlo, dado los escasos recursos que la Nación transfería a la provincia por el régimen de contribución directa, la tierra pública pasó a ser vista como un indispensable y extraordinario recurso fiscal.

En 1864 se sancionó una ley de venta de tierras públicas que incluyó terrenos de la Quebrada. Le siguió un paquete de leyes de ventas de tierras fiscales, de aquellas entregadas en enfiteusis como en arrendamiento. El nuevo marco regulatorio abrió numerosos conflictos, como el que tuvo lugar en Quera en la década de 1870, con el que abrimos este Cuaderno. Esta lucha incluía a los latifundistas ausentistas como Campero, quienes hacían uso de derechos de propiedad basándose en cesiones realizadas por la Corona: los mismos argumentos históricos que eran rechazados en boca de las comunidades indígenas. Como mencionamos, la rebelión de los arrenderos fue sofocada con la ayuda indispensable de las tropas regulares del ejército nacional.

El avance sobre las tierras comunales de la Quebrada se fue intensificando en la década de 1880, bajo la gestión del gobernador Eugenio Tello. A fines del siglo XIX, tuvo lugar una tercera oleada de enajenación de tierras fiscales. El proceso llegó hasta la Puna. El argumento era el de erradicar “títulos de propiedad deficientes”.

Por entonces, más de la mitad de las tierras fiscales de la Quebrada estaban bajo régimen enfitéutico. Un cuarto estaba ocupado de hecho. Más de un 10% había sido transferido gracias al sistema de denuncia de baldíos, dando lugar a conflictos por superposición de derechos. Un 5% de las tierras eran fraccionamientos de estancias subastadas y adquiridas por co-propietarios.

Así, en 1896, se habilitó la venta de tierras que estaban en condición de arrendamiento. En 1897, se sancionó una ley que ofrecía la cesión gratuita de tierras a quienes se comprometieran a plantar vid, con la obligación de establecer cien plantas por hectárea. El cumplimiento del contrato, a los cuatro años, habilitaba el acceso a la propiedad. Esta medida no tuvo el éxito esperado: solo el 2% se concedió por esta ley. Las condiciones climáticas de la región no eran muy propicias para este cultivo.

La ley de 1897 también contemplaba a quienes tuvieran tierras en enfiteusis. Ello abrió un debate jurídico: ¿debían reconocerse solo las enfiteusis otorgadas antes de 1871, año en que entró en vigencia el Código Civil que las prohibía? ¿O también aquellas posteriores? En 1898, una nueva ley amplió los plazos y declaró válidas todas las enfiteusis firmadas con la intervención de un comisionado provincial.

De esta forma, el acceso a la tierra en Jujuy —especialmente en la Quebrada de Humahuaca— mantuvo la tensión hasta fin de siglo. La fuerte presencia y resistencia de la población indígena logró conservar formas comunitarias de gestión territorial, en el medio del impulso de ventas de tierras y búsqueda de “perfeccionamiento de la propiedad”. Las particulares condiciones de la región limitaron la inmigración extranjera como fuerza colonizadora y obligaron a hacer más general el formato de la pequeña propiedad.

Córdoba: entre rieles y remates

El proceso colonizador en Córdoba comenzó más tarde y avanzó a ritmo más lento que en las regiones del Litoral. Empezó a caminar en la década de 1860, motorizado por dos factores clave: el inicio del tendido ferroviario y una batería de reformas legales. La Constitución provincial de 1855, seguida por la Ley Orgánica de Tierras de 1862, sentó las bases para una transformación capitalista de la propiedad: el Estado se reservó la potestad de mensurar, inscribir y vender tierras fiscales, y promovió la disolución de antiguas formas precarias de tenencia, como las mercedes coloniales, los pueblos de indios o las propiedades comunales. La idea era fraccionarlas y venderlas. Se trataba de recaudar, ordenar el territorio y consolidar un nuevo orden agrario basado en la propiedad privada.

La ofensiva se dirigió, en una primera etapa, hacia las mercedes coloniales del sur. Entre 1871 y 1881, se desarmaron grandes extensiones como las de Cabrera y Arrascaeta. Se vendieron parcial o totalmente en remates celebrados en Buenos Aires. Estos procesos, con numerosos litigios, apuntaron a legitimar antiguos títulos en un contexto de valorización acelerada de la tierra. En paralelo, se otorgaron premios a veteranos de la Guerra contra el Paraguay, cerca de diez leguas en el sur provincial, aunque muchas de esas tierras fueron vendidas cuando su precio se disparó.

La valorización se explicaba en buena parte por el avance del ferrocarril. En 1863, por ley, la provincia cedió una legua de tierra a cada lado de las vías a la empresa del Ferrocarril Central Argentino, de capitales británicos. A diferencia de lo que ocurría en Estados Unidos, donde el Estado reservaba franjas intermedias para colonización oficial, en Córdoba todo el excedente quedó en manos privadas o fue rematado por la Compañía de Tierras del Central Argentino desde Londres, con enormes ganancias.

En torno a este eje ferroviario, aparecieron algunas colonias agrícolas. Las primeras, como Tortugas (1871) y Marengo (1873), fueron iniciativas privadas. En general, eran impulsadas por compañías colonizadoras británicas o por grandes estancieros bonaerenses. Las colonias oficiales fueron escasas: Sampacho (1875) se articuló sobre el paso del tren y Caroya (1876), impulsada en tierras jesuíticas, se organizó bajo el marco de la ley de colonización e inmigración.

Entre 1885 y 1892, el fenómeno colonizador tomó impulso. El Estado nacional fundó otras cuatro colonias, con unas 10 mil hectáreas cada una. El gobierno provincial, por su parte, creó una decena en el departamento Unión. Estas colonias permitieron el acceso a la propiedad a unos 350 productores, con lotes promedio de 300 hectáreas. Sin embargo, muchos colonos debieron subalquilar sus lotes para financiarse y la aparcería se expandió como forma de trabajo dominante en la gran propiedad.

En la década de 1880, como resultado de la expansión militar del Estado, se incorporaron tierras al sur de Río Cuarto. Se abrieron así nuevas zonas para la expansión agropecuaria. En 1883, la provincia autorizó la venta de 60 leguas en el departamento Río Seco, con la condición de poblarlas. En numerosas haciendas, se aplicó el modelo mixto de agricultura-ganadería: se arrendaban lotes a colonos por un período limitado y se les exigía dejarlos sembrados con alfalfa al finalizar el contrato, lo que convertía las tierras en praderas permanentes sin inversión directa del propietario.

El FFCC Central entre Santa Fé y Córdoba.

En paralelo, el gobierno provincial avanzó sobre las formas comunitarias de tenencia de tierras. En los valles serranos del Oeste y Noroeste, donde predominaban títulos colectivos, se intensificó la presión legal y material.

El caso de La Toma, un pueblo de indios con títulos del siglo XVII, es paradigmático. Desde 1867, su territorio fue recortado por obras urbanas. El gobierno provincial involucró al curaca en un censo de comuneros y prometió solares individuales, lo que generó tensiones internas. La Ley General de Comunidades de 1881 ordenó la mensura y remate de tierras comunales, y su reforma de 1885 habilitó la expropiación por “utilidad pública”. Aunque se reconocían ciertos derechos, en la práctica, se eliminó la propiedad colectiva. En La Toma, de más de 8,3 mil hectáreas mensuradas, solo el 3% quedó en manos comuneras. El resto fue rematado.

Procesos similares ocurrieron en Cosquín, Quilino, Pichana, San Marcos y Soto, donde la mayoría de los comuneros perdió sus tierras y se desplazó a los bordes urbanos y al trabajo asalariado rural.

La política de tierras de este período consolidó el predominio de la gran propiedad: hacia 1877, de las 6.525 leguas cuadradas del territorio provincial (unas 17 millones de hectáreas), más de la mitad estaba en manos privadas y solo existían 4.500 propietarios para 200 mil habitantes rurales. El acceso a la tierra, en forma individual y legal quedaba cada vez más lejos para los pueblos indígenas, pequeños agricultores e inmigrantes sin recursos. La colonización oficial fue relevante en ciertos casos, pero fue marginal en relación con la enajenación masiva y especulativa del suelo cordobés.

El Cuyo vitivinícola

Políticas públicas para la colonización vitivinícola

Durante gran parte del siglo XIX, la economía mendocina estuvo dominada por el comercio de tránsito y una agricultura subordinada a esa lógica. El modelo productivo se basaba en el engorde de ganado bovino en potreros con alfalfa —que ocupaban entre el 80% y el 90% de las tierras irrigadas—. El ganado, traído desde Córdoba y Santa Fe, era alimentado en los oasis y luego trasladado a Chile tras el deshielo andino. Esta actividad, controlada por comerciantes integrados al circuito mercantil andino, constituía la principal fuente de riqueza provincial, pero presentaba escasa innovación y bajos niveles de inversión productiva.

En este contexto, se evitaba competir con regiones más consolidadas, como el Litoral o la Pampa Húmeda, optando por estrategias complementarias. La apertura del ferrocarril despertó expectativas de cambio, ya que abría la posibilidad de instalar industrias y conectar la provincia con mercados más amplios. A la vez, las tierras del sur —recientemente “liberadas” de la presencia indígena y del interés chileno— ofrecían oportunidades de expansión territorial.

Un cambio en la composición de la élite local hacia sectores más ligados al capital agrario e intereses productivos impulsó una reorientación económica. A partir de la década de 1870 se promovió activamente el desarrollo de la vitivinicultura como base de una economía regional moderna, articulada al mercado interno nacional. Este proceso se desplegó en dos etapas: una primera, hasta 1880, centrada en la ocupación territorial y el fomento de la agricultura; y una segunda, que promovió una producción vitícola masiva orientada al consumo urbano, con fuerte demanda de mano de obra, inversión en infraestructura e incorporación de técnicas modernas.

Con apenas un 3% del territorio apto para el cultivo —concentrado en dos oasis: el del Norte (ríos Mendoza y Tunuyán) y el del Sur (ríos Diamante y Atuel)—, Mendoza inició la transformación. En 1880 existían algo menos de 3 mil hectáreas de viñedos tradicionales. Entre 1881 y 1885 se incorporaron cultivos modernos en 174 hectáreas, con variedades de origen francés, alta densidad de plantación (4 mil plantas por hectárea) y sistemas de conducción en espaldera. Para 1895 se cultivaban más de 7 mil hectáreas, con una producción de 80 mil bordalesas (de dos hectolitros cada una), gran parte de las cuales se exportaban.

El Estado provincial fue clave en esta expansión. A través de leyes y decretos, durante el último cuarto del siglo, se impulsó la colonización agrícola, la venta de tierras fiscales a bajo precio y una amplia política de exenciones impositivas para quienes cultivaran viñedos, olivos o nogales. Estas políticas estimularon la inversión y permitieron la formación de capital, en especial entre pequeños y medianos productores.

Aunque el proceso comenzó con la especulación de grandes propietarios, que compraban tierras baratas para luego revenderlas, también facilitó la emergencia de sectores medios ligados a la producción vitícola. Entre 1881 y 1900 se crearon unas 2.900 explotaciones, de las cuales dos tercios eran menores a cinco hectáreas. En 1914, el 80% tenía menos de 25 hectáreas.

Una política fundamental fue la promoción de la inmigración europea, especialmente de vitivinicultores calificados, que aportaron saber técnico. La llegada de estos trabajadores permitió atenuar las formas coercitivas existentes, como la papeleta de conchabo, creciendo los contratos directos y arrendamientos para fomentar la producción. Los sistemas de control y disciplina del trabajo se transformaron, pero sin perder sus dinámicas opresivas y de precariedad: así, los llamados contratistas de viñas asumían grandes riesgos, practicaban un desgastante trabajo familiar y, generalmente para la cosecha, incluían en la explotación a los trabajadores golondrinas, en peores situaciones.

El Estado también actuó en el plano educativo y sanitario. Se fundaron instituciones como la Escuela Nacional de Agricultura y Vitivinicultura, y se organizaron campañas contra plagas, como la langosta, que entre 1891 y 1893 afectaron severamente la producción.

Otro eje central fue la infraestructura. La llegada del Ferrocarril Andino en 1884 y su conexión con Buenos Aires en 1885 transformaron las condiciones del transporte, permitiendo el acceso a mercados nacionales. Sin embargo, el endeudamiento provincial, agravado por la cesión del ferrocarril a capitales ingleses y el recurso al crédito externo, obligó a una intervención del Estado nacional en 1900 para reestructurar la deuda.

Los efectos económicos fueron inmediatos. En 1884, el vino representaba un rubro marginal en las exportaciones mendocinas (con 54 mil pesos moneda nacional, pero en 1895 ya superaba al ganado, alcanzando casi 9 millones de pesos. La expansión vitivinícola dio lugar a un incipiente brote industrial, con talleres de servicios, metalurgia y producción de maquinaria para bodegas y destilerías. Esta modernización industrial se consolidó especialmente en el oasis Norte, alrededor de la ciudad de Mendoza.

Entre 1880 y 1910, la provincia dejó atrás su rol como economía de tránsito para consolidarse como una economía regional diversificada, orientada al mercado nacional e integrada por una red de productores, técnicos e instituciones estatales que dieron forma a la Mendoza vitivinícola moderna.

Los trabajadores

En este período, la población mayoritaria eran clases trabajadoras que vivían en el empleo precario y temporario, como peones, jornaleros y servicio doméstico. Muchos de ellos, indígenas reducidos y repartidos. También, descendientes de esclavos, fundamentales para el nacimiento de esta actividad en la región. Los precios de bienes básicos aumentaban constantemente, incluso tras superarse la crisis de 1890.

Frente de Casa Konig, en Calle San Martín, Mendoza Capital (Abril 1981).

San Rafael y el oasis del Diamante

Antes del avance militar patagÓnico, ya se desplegaban en el Sur mendocino los primeros movimientos colonizadores. El oasis que formaban los ríos Diamante y Atuel, separados entre sí por unos quince kilómetros, era una rareza fértil en el desierto. Allí se había instalado el fuerte de San Rafael a comienzos del siglo XIX, y en 1854 el gobernador Pedro Segura impulsó el poblamiento con colonos blancos. Eligió sitios estratégicos para fortines y postas, otorgó tierras y eximió impuestos. Por entonces, operaban algunas estancias.

En 1868, comenzó el gran reparto de tierras fiscales. Se instaló el ingeniero Julio Balloffet, sobre tierras de su esposa Aurora Suárez y luego las tierras tomaron los apellidos de familias tradicionales: Calderón, Bombal, Day, Godoy, Balloffet, Villanueva. En apenas quince años, 38 operaciones transfirieron más de 400 leguas cuadradas a bajo precio. La lógica era simple: comprar barato, dividir, canalizar el agua y revender caro a inmigrantes.

El Estado nacional también dio impulso al poblamiento. En 1872, bajo la presidencia de Sarmiento, adquirió 20 mil hectáreas donadas por Victoriano Araujo para establecer cuarteles y dependencias del Ministerio de Guerra. La seguridad militar hizo lo suyo: con soldados en el territorio, llegaron los colonos, el cultivo y la inversión. Para 1875 se sancionó la ley de colonias agrícolas y pastoriles. En San Rafael ya se cultivaban más de 10 mil hectáreas; en Malargüe, mucho más al sur, apenas 100.

A la luz de las políticas nacionales, grandes propietarios mutaron en empresarios colonizadores. Uno de los primeros fue el presbítero italiano Manuel Marco, párroco de San Rafael entre 1869 y 1884. Intentó fundar una colonia agrícola, pero fracasó: sin capital ni infraestructura, los inmigrantes italianos que había traído quedaron desamparados. Otros fueron más exitosos. El chileno Isaac Espínola fundó el Pueblo Nuevo sobre tierras cultivadas. El comandante Salas, cerca del Cuadro Nacional, impulsó la villa de Diamante. Pero el modelo se consolidó con Rodolfo Iselin, un francés que en 1884 compró tierras a Villanueva y Suárez de Balloffet por $9,54 la hectárea, que un año antes se habían vendido a poco más de la mitad.

Ese mismo año, Iselin firmó un convenio con catorce familias lombardas, náufragos del experimento de Marco. Les vendió lotes de seis hectáreas a $20 cada una. Les dio agua del canal del Cerrito, les abrió crédito y les exigió trabajo: cuatro días por semana, durante cinco años, para él. El jornal: 40 centavos. Los colonos podían trabajar sus propias tierras, pero debían compensar luego los días “perdidos”. No podían ofrecer su fuerza de trabajo a nadie más. El convenio no era solo una compraventa: era un sistema de sujeción.

De ese régimen emergió una forma colectiva de organización del trabajo, contratada a destajo, que más tarde se expandió al crearse las Colonias Francesa e Italiana. En 1888, casi todos firmaron las escrituras. Para entonces, Iselin ya había valorizado las tierras, las había cercado con mano de obra barata y controlado el acceso al agua. En 1902, tenía grandes propiedades hacia el Oeste, hasta el canal de Las Paredes.

El proceso no se detuvo allí. Entre 1885 y 1917, San Rafael vio operar a quince sociedades colonizadoras, que crearon diecinueve colonias. En 1903 llegó el ferrocarril. Nuevas leyes de tierras y concesiones de agua acompañaron el negocio.

Colonización y política en tierra conquistada: entre Malargüe y Alvear

La región de Malargüe, en el sur mendocino, fue objeto de distintos intentos de colonización a partir de 1874 con la Ley de Usufructo, que proponía entregar tierras para poblarla. Iniciativas anteriores, como la entrega de tierras por premios desde 1840 o posteriores, como la Ley de Estancias de 1880, tuvieron escaso impacto. El territorio era vasto, difícil de controlar y de bajo valor productivo.

El general Rufino Ortega, nieto del ex gobernador Pedro Molina, consolidó un dominio relativo sobre la zona mediante concentración de tierras y poder militar. En 1877 se creó el departamento de Malargüe y una subdelegacía gubernamental, facilitando su proyección política. Tras la Campaña al Desierto de 1879, Ortega recibió 340 mil hectáreas, primero en usufructo y luego como propiedad. En 1884, en el marco del proyecto del PAN, asumió la gobernación de Mendoza, en un período conocido como el “unicato”. Impulsó la formalización de la villa de Malargüe como asiento administrativo y en 1894 escrituró las tierras que había recibido.

La formación de grandes estancias ganaderas respondió más a las limitaciones del medio geográfico que a políticas exitosas. La aridez, la baja fertilidad de los suelos y la lejanía de los mercados redujeron el potencial agrícola. Sólo unas pocas hectáreas se cultivaron con viñedos, hortalizas o frutales. Incluso la cría de animales era limitada. El poblamiento fue, como en otras regiones del sur, protagonizado por gauchos y puesteros con sus familias, dedicados a la ganadería caprina extensiva. Vivían con escasos recursos, producían para el autoconsumo y su ocupación de la tierra tenía una formalidad legal muy débil.

En el cambio de siglo, se promovió la venta de tierras fiscales. La Ley Provincial N° 248 de 1902 puso en circulación más de 3 millones de hectáreas, sin exigir población ni inversión fija: se pedía solo un pago parcial al contado. La propaganda oficial lo dejaba claro: “OJO. A los compradores no se les exigirá condiciones de población y cultivo”.

La principal compradora fue la Compañía de Tierras de Mendoza, que adquirió más de 220 mil hectáreas (antes registradas a nombre del francés Jules Watteau (el mismo apoderado de los descendientes de Sayanca). Solo 150 mil hectáreas quedaron como tierras fiscales.

Por entonces, aunque el poder de Ortega se diluyó y parte de su propiedad se fragmentó, la estructura latifundista se consolidó, prolongando los conflictos por la tierra con los puesteros, cuyas formas de vida y derechos siguieron siendo precarios.

Distinto fue el caso de la colonia Alvear, también al sur de San Rafael. Diego de Alvear, senador nacional y poderoso terrateniente, había obtenido tierras también en el sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, sur de San Luis y norte del territorio de La Pampa, que serían valorizadas por el paso del ferrocarril. Alvear, a diferencia de Rufino, apostó a la política de colonización. La colonia Teodelina, fundada al sur de Santa Fe en 1869, fue una de sus iniciativas.

La superficie adquirida en esta zona del sur mendocino, en 1884, alcanzaba las 1,3 millones de hectáreas, entre los ríos Diamante, Atuel y Salado. En la zona mendocina, contaba con derechos de riego para 30 mil hectáreas. Fue justamente allí, donde se creó, a instancias de los herederos de Diego de Alvear, fallecido en 1887, la colonia Alvear. Dentro de su perímetro, gracias a las distintos trazos ferroviarios y carreteros que lo cruzaron, nacieron pueblos como Villa de San Carlos, La Marzolina y Villa Juncalito.

El agua, como la tierra

La Constitución Nacional de 1853 estableció que las provincias retendrían el control sobre las aguas no navegables como parte de su dominio público. Mendoza incorporó esta disposición en su propia Constitución, asignando la administración del agua a las municipalidades. Sin embargo, con la expansión de la vitivinicultura, se hizo evidente que la tierra no bastaba: era indispensable un sistema de riego eficiente y regulado de manera uniforme.

Hasta 1875, la irrigación se concentraba en dos oasis. El primero, al Norte, abastecido por los ríos Mendoza y Tunuyán. Durante la gobernación de Francisco Civit (1873–1876), surgió una primera política estatal centrada en el riego. En la década siguiente, se profundizó la regulación, con medidas como la prohibición de cultivar nuevas tierras sin garantizar previamente la disponibilidad de riego, y la reactivación del Departamento Topográfico, responsable del catastro de tierras irrigadas.

En 1882, bajo la gestión de José Segura (1881-1884), se reestableció el cargo de Inspector de Irrigación, con funciones similares a las del antiguo Juzgado de Aguas. El punto de inflexión fue la sanción de la Ley Provincial de Aguas en 1884, durante el mandato de Ortega. Esta ley reguló el dominio del agua, las concesiones, servidumbres, conflictos y administración del recurso. El diseño normativo favoreció a las élites locales y a inmigrantes con recursos, al vincular el acceso al agua con la tenencia legal de la tierra. Los “derechos definitivos” se otorgaban al suelo, pero solo quienes poseían títulos legalizados podían beneficiarse de ellos.

Esta legislación otorgó seguridad jurídica a los propietarios y facilitó prácticas especulativas, especialmente en el Sur, donde se concedieron derechos excesivos sin intención de cultivo. Estas maniobras, muchas veces motivadas por intereses políticos, favorecieron el latifundio. El periódico Los Andes denunció estas irregularidades bajo el título “Concesiones indebidas”. Esta desigualdad en el acceso llevaría a un militar de renombre como Manuel J. Olascoaga, tras su regreso de la campaña al Sur, a señalar:

Pero una vez eliminados los indios y establecida la seguridad de los campos, apareció la cabeza del enemigo más formidable, la efigie famélica de la especulación. Esto no se había visto desde el imperio de Mahamud, en Persia.

A nivel territorial, la prioridad del Estado fue reforzar las zonas céntricas irrigadas —los oasis donde residía la élite— en detrimento de otras regiones como las zonas laguneras del noreste, utilizadas por pequeños productores para ganadería y cultivos como trigo y alfalfa.

La ley de aguas también mostró falencias técnicas, como la falta de mediciones precisas sobre el uso del recurso y una descentralización municipal ineficaz. En 1887, se unieron los Departamentos de Irrigación y Topográfico en el nuevo Departamento de Irrigación y Obras Públicas. La intención era evitar el acaparamiento de concesiones por parte de propietarios que no cultivaban. La ley del 19 de enero de 1897 intentó ordenar las concesiones en los ríos Diamante y Atuel, pero fue derogada en 1899.

Ese mismo año, en el marco de un empréstito externo de 5 millones de pesos oro, el gobierno provincial destinó 4 millones al Banco de la Provincia y el resto a obras públicas, incluyendo proyectos de irrigación en el río Mendoza y saneamiento del Tunuyán. Entre las garantías figuraban 2 mil leguas de tierras fiscales, lo que facilitó la venta de tierras públicas para financiar estas obras.

En este contexto emergieron los llamados “domadores del agua”: figuras clave como César Cipolletti y Galileo Vitali, quienes lideraron la implementación de un sistema de distribución alineado con el modelo capitalista. Cipolletti, ingeniero formado en Europa, promovía el papel del Estado y denunció la especulación con tierras. Vitali cuestionó la exclusión de campesinos pobres e indígenas, como los huarpes de Guanacache, y propuso llevar aguas de desagüe hacia esa región para permitir su subsistencia. Ambos ingenieros encarnaron una visión técnica pero también crítica de las desigualdades en la gestión del agua en Mendoza.

La colonización judía

Hay un aspecto particular que no hemos abordado hasta aquí, que también se entiende en clave racial: la colonización judía. ¿Colonos, gauchos, empresarios, proletarios? El primer contingente llegó al país en agosto de 1889, poco antes de la crisis de 1890. Fueron ochocientos, y aún no existía la Asociación de Colonización Judía (ACJ), que se creó en 1891 en París, con un capital inicial de 50 millones de francos.

Desde que se creó, la ACJ se encargó de reclutar colonos, financiar el viaje, estadía, tierras y aperos. Al principio, pedía conocimientos agrícolas, hijos adolescentes y pequeño capital. Tiempo después, se implementaron períodos de prueba con asalariados. Los colonos recibían campos de entre 25 y 75 hectáreas; algunos llegaron a trabajar hasta 200.

Fue el empresario filántropo judío Barón Maurice de Hirsch quien financió la salida masiva del Viejo Continente y su instalación como colonos en distintas partes del mundo. No creía posible el regreso a Palestina, pero sí la creación de una nueva Sión en países donde pudieran vivir en paz. Argentina y Brasil fueron destinos predilectos. No se trataba de “hacer la América”, sino de establecerse.

Primeros pasos

Los primeros colonos se instalaron y comenzaron a trabajar la tierra sin contrato. Al poco tiempo, la ACJ hizo conocer sus condiciones. Prometía la titularidad al finalizar el contrato, a los veinte años.

Esta “Promesa de venta” establecía que el colono tenía que hacerse cargo del costo de la tierra, más los de mensura, escrituración, apertura de caminos, canales de riego, etcétera. El colono recibía dinero anticipado para traslado, la construcción y arreglo de la casa y materiales de trabajo. Se debían pagar las veinte anualidades, con un interés de 5% anual. Se prohibía arrendar los campos, contratar mano de obra externa para la cosecha y se imponían castigos por incumplimiento, que podían terminar en el desalojo. Los colonos no siempre aceptaron de buena gana estas condiciones.

Por reglamentación, además, cada unidad agraria debía contener un número adecuado de trabajadores y la tierra se repartía por sistema de lotería. Primero se instalaban en un campamento central y, a la espera de la ubicación, recibían raciones de comida. Cuando se les asignaba la tierra, eran agrupados de a ocho, seis o cuatro casas, aunque también fue de a una y dos. Podían estar emparentadas o no. Los que tocaban en la misma vecindad se llamaban “hermanos de destino”.

Al interior de cada grupo, se sorteaba qué parte del campo les tocaba. Los lotes no tenían más que las marcas extremas hechas con estacas. Cada casa recibía una pala, una azada, soga y balde, fósforos y querosén y la provisión. Allí, levantaban la casa con chapas que llevaban del campamento y debían comenzar a trabajar la tierra. Para el agua, debían hacer sus propios pozos.

En ocasiones, como sucedió en la colonia Mauricio, en la pampa bonaerense, hubo que esperar meses viviendo de raciones para que llegaran volantes, rastras metálicas y de madera, mulas y bueyes amansados y para que pudieran armar casas apenas más estables. También para que se asignara un maestro que les brindaba la instrucción básica necesaria para el trabajo agrícola.

Con el tiempo, llegaron más animales y herramientas, hasta trilladoras y carros de cuatro ruedas. En ocasiones, los colonos podían recibir un magro subsidio, que paliaba algunas carencias, pero ello se convertía en una herramienta para el despotismo de la administración. No pocos se empleaban como jornaleros en las cosechas de campos arrendados en la zona.

La ACJ tenía una administración central en Buenos Aires y administradores en cada colonia, además de funcionarios menores, inspectores y agentes que controlaban el proceso. Los administradores locales llegaron a ser denunciados por comportamientos despóticos. Concentraba el acopio y fijaba la retribución, es decir, el pago.

Aciertos

Muchas colonias judías se instalaron en los márgenes de la región pampeana, en Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. También más al sur, en Río Negro. Experimentaron la diversificación productiva e incluso la industrialización. Se incursionó en avicultura, ganadería e industrias derivadas, como la lechera, apicultura, horticultura, mientras se siguió probando cultivos como el lino o alfalfa.

Esta estrategia diversificadora surgió de la ACJ, para morigerar los impactos negativos de las caídas de precios exportadores. Se establecieron, por ejemplo, fábricas regionales para la producción de quesos o cremerías. Un colono judío de la colonia Mauricio, Marco Alpersohn, recordó en sus memorias escritas la fundación de Cremería Escandinavia, con maquinaria traída de Alemania. El conflicto sobrevino después por el precio de la leche.

Cuando los rendimientos eran óptimos, las deudas podían saldarse anticipadamente. Esto fue posible, en algunos casos, gracias al trabajo cooperativo. En tensión con la dirección de la ACJ, se impulsó una intensa política productiva, comercial, cultural y educativa, tanto en el plano teórico como práctico. Estas acciones se articularon, en ocasiones, con los planes provinciales y nacionales.

Cuando el empresario Hirsch murió, apenas a cuatro años de iniciado el proyecto de la ACJ, ya habían conseguido instalar a casi 7 mil personas en dieciséis colonias en Argentina, ocupando unas 617 mil hectáreas. Contaban con 910 granjas, pueblos chicos, caseríos y puestos de frontera. El movimiento fue creciente hasta la década de 1920. La ACJ funcionó hasta 1940, apenas iniciada la segunda gran guerra.

Y conflictos

Algunos éxitos no velan las dificultades y los fracasos. A poco de comenzar la experiencia, un tercio de los colonos se había ido o había sido desalojado de las colonias. Muchos migraron a las ciudades. Otros, para escapar a las imposiciones de la ACJ, se instalaron individualmente o se integraron a colonias judías independientes o no judías.

Grandes obstáculos y dificultades debieron atravesar. En ocasiones, no muy distintas a las que enfrentaban otros actores rurales. La falta de protección frente a las inclemencias naturales (helada, inundaciones y plagas, principalmente); la falta de instalaciones religiosas y de oportunidades educativas en general; el aislamiento social o las enormes distancias hasta las vías del tren.

Ello los hacía vulnerables frente al despotismo del comisario local y sus “salvajes gauchos de la pampa”, como los recuerda Alpherson. En ocasión de un ataque, “el pánico se adueñó de la colonia entera. Ninguna mujer se atrevió a salir de su casa”, comentó, para luego describir la “epidemia de la huida”.

Alpersohn describió los peregrinajes de las familias de colonos desde la colonia Mauricio en dirección a la principal localidad cercana, Casares, para depositar el cereal en el galpón de la administración, atravesando caminos difíciles, para que, finalmente, comenzara “la verdadera amargura.” Capataces, galponeros y escribas, consumaban, al amparo o no de la ACJ, el “robo sistemático”. Una cuarta parte del trigo limpio era retirada por la administración a cuenta del subsidio. Se tomaba lo que se había adelantado como simiente. Se descontaban los gastos de trilladora con su dotación de capataces y maquinistas, más otros gastos. Después de ello, el administrador ponía el precio de venta del producto.

Ello llevó a muchos colonos a abandonar la experiencia antes de tiempo, expulsados o desesperados por no poder soportar las condiciones leoninas y la incertidumbre. Grandes luchas tuvieron lugar, por ejemplo, en la colonia Mauricio, en 1911.

También, se hizo presente la diferenciación social, entre aquellos que tenían buenas cosechas y decidían vender a tiempo, logrando acumular cierto capital y aquellos que se hundían en el trayecto. Esta diferenciación se hizo visible en los jóvenes que, con el tiempo, fueron incentivados por la ACJ para cultivar la alfalfa y hacerse “comerciantes de ganado”. Para Alpherson, ello fue el inicio de “la gran ruina progresiva de Mauricio”.

Los hijos también estuvieron involucrados en el final de la experiencia al abandonar la vida rural. Se presentaban problemas lógicos, porque al crecer y casarse, no tenían posibilidad de expandirse. “Hemos cultivado trigo y cosechado médicos…”, se solía decir.

La valorización de la tierra y la especulación alcanzaron a los colonos. Unos arrendaban la tierra a agricultores no judíos. Otros vendieron, pasados los veinte años, estableciéndose en centros urbanos.

El país del latifundio y el arrendatario

El agotamiento de las tierras vírgenes y una masiva inmigración de fuerza de trabajo, provocó la elevación del precio del arriendo, los contratos leoninos de corto plazo y la exigencia, al finalizar el contrato, de abandonar la tierra con la siembra de alfalfa (alimento para el ganado de los grandes estancieros). Aun cuando algunos latifundios se dividieran por herencia, la concentración de la propiedad era un hecho evidente, ya se tratara de grandes establecimientos ganaderos o incluso cuando empezaran a experimentar la agricultura extensiva para exportación o dieran lugar a algunas chacras agrícolas.

Entre los productores agrarios, los colonos, una pequeña proporción se convirtió en propietarios, con distintas suertes, pudiendo algunos adquirir maquinaria y producir a mayor escala y otros, apenas subsistir. Muchos se transformaron en arrendatarios o aparceros, también con diversa suerte. La aparcería (que podía ser mediería, tercería o por cuarto) era una forma de contrato que representaba menos riesgo para el trabajador, pero generaba mayor dependencia y explotación del propietario: el chacarero recibe un ingreso final, como si fuera un asalariado. El arriendo, en cambio, daba mayor autonomía y márgenes de ganancia al chacarero, pero también mayor riesgo. La explotación del trabajo familiar, pero también de los asalariados era clave para la acumulación.

Hubo quienes pudieron aprovechar los precios de exportación para captar una mayor porción de la renta agraria. Entre ellos, los llamados arrendatarios capitalistas, una minoría que utilizó el dinero acumulado para comprar máquinas e insumos, en lugar de invertirlo en la propiedad de la tierra. Estos pudieron ampliar las escalas de producción para bajar costos, con técnicas de cultivo predatorias como la no rotación.

Sobre este proceso, la explosión de la crisis financiera de 1890 se tornó en un punto de inflexión para quienes todavía blandeaban el espíritu farmer de Sarmiento. La ley de colonización había sido liquidada. El intento de dirigir o, cuanto menos, de crear un marco estable para el acceso a la tierra había fracasado. El debate sobre el latifundio tomaría una mayor dimensión.

La innovación tecnológica

Entonces comenzó la era del frigorífico. La nueva tecnología modificó estrategias e intereses: se pasó de la exportación de carnes enfriadas a las congeladas. Por ejemplo, la de oveja. La raza merina pura se reemplazó por mestizos y otros ovinos de mejor carne, como el Lincoln. Mientras tanto, el ganado vacuno se exportaba a pie a Europa.

Resulta ejemplar el crecimiento de la localidad de Campana, al norte bonaerense. De origen colonial y con puerto y estación ferroviaria, había sido destino de criadores irlandeses de ovejas, que luego fueron reemplazadas por el vacuno y el cultivo de alfalfa. Allí se instaló el primer frigorífico del país, de capitales ingleses, River Plate Fresh Meat Company (conocido como Anglo).

En la producción agrícola, más de 200 mil cosechadoras y 11 mil trilladoras ingresaron desde 1891, creándose una mayor distancia productiva entre las familias campesinas que no podían afrontar un costo así y los grandes productores, algunos de ellos, arrendatarios capitalistas, incluso sólo propietarios de máquinas. Las diferencias pueden apreciarse por regiones: Santa Fe, a diferencia de Entre Ríos, incorporó una muy mayor proporción de maquinaria.

Trilladora, dibujo publicado en El Americano, 1872.

Defensa y crítica del latifundio

“Con el llamado latifundio hemos llegado al progreso actual y a nuestras estupendas capacidades económicas y de producción. El sistema de la gran propiedad nos hizo ricos, pues”, llegó a decir Lucas Ayarragaray, diputado del PAN, en aquel contexto. En palabras de la propia SRA, al criticar la Ley de Centros Agrícolas de Buenos Aires: “únicamente el productor y el engordador de ganados de esa clase puede pagar el arrendamiento de la tierra del valor medio de la que se trata de expropiar para darla al labrador”.

El país, a la medida del latifundio. Algunos ejemplos son característicos. En el norte de Santa Fe, las experiencias de colonización serían contrastadas por la creación de grandes propiedades. A las de Ocampo Samanés y Lanworthy, se sumaban las de Carlos Casares y los financistas ingleses de Murrieta y Ca.

Caso paradigmático este último, porque se había hecho de las tierras gracias a créditos hipotecarios cobrados a la provincia, a un precio ridículo, que el Congreso de la nación aprobó en agosto de 1883. Estas tierras pasaron a formar luego del latifundio de la Compañía de Tierras de Santa Fe y, algunos años más tarde, los de La Forestal, el llamado “pulpo” del Chaco santafesino, que llegaría a alcanzar bajo propiedad 2,14 millones de hectáreas, muchas de ellas conteniendo el milenario bosque de quebracho colorado.

Al otro extremo del país, para la misma época, se formaron los latifundios (mayoritariamente ingleses), con la ambición de unir, a través de la cordillera y la frontera con Chile, los océanos Pacífico y Atlántico. Tales los casos de la Compañía de Tierras del Sud Argentino, la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia y la Sociedad Explotadora de Tierra del Fuego, con prontuarios de esclavización y aniquilación de población indígena y y que luego protagonizarían masacres de obreros.

La última fue una creación del empresario portugués José Nogueira. Radicado en Punta Arenas, que obtuvo en 1890 una concesión de 1,3 millones de hectáreas. En 1893, junto a su esposa Sara Braun, sus cuñados Mauricio Braun y los hermanos Menéndez, fundaron la compañía, que se convirtió en un gigante con más de 1,6 millones de hectáreas propias y 490 mil ocupadas de hecho.

Años más tarde, el periódico El Radical de Río Gallegos, afirmaría:

Para nadie es un misterio que en la Patagonia existen numerosos latifundistas o acaparadores de tierras que, a parte de las de propiedad o arrendamiento, sobre las que no puede ni debe hacerse cuestión alguna, ocupan inmensas extensiones de terrenos fiscales, por los que ni derechos de pasaje pagan, habiendo formado en ellos grandes estancias, en las que se detenta la propiedad del Estado y se usurpan los derechos de la Nación.

En este contexto, los socialistas identificaron el latifundio como un problema para el desarrollo social y económico. Criticaron la subordinación de la agricultura a la ganadería y protestaron contra los contratos de arriendo o aparcería de corto plazo. Políticamente, aspiraban a una alianza entre arrendatarios, proletarios rurales y urbanos, frente al poder de los grandes propietarios. Dos figuras clave en este campo fueron Germán Avé-Lallemant y Juan B. Justo.

Lallemant, ingeniero y agrimensor alemán radicado en San Luis, se unió a los primeros círculos de pensamiento socialista en la década de 1880 y, tras la crisis de 1890, fue redactor de El Obrero. Más tarde colaboró con La Agricultura, revista vinculada a las élites. No proponía eliminar el latifundio, sino socializarlo. La pequeña producción no era una opción en los tiempos modernos que se vivían. Por eso, no había que ceder a la ambición del chacarero, que era tan capitalista como el propietario urbano, sino crear granjas colectivas.

Juan B. Justo, fundador del Partido Socialista y del diario La Vanguardia, desarrolló una propuesta opuesta, a partir de su experiencia directa en el agro: se instaló en Junín y luego adquirió, junto a otro socialista, poco más de mil hectáreas en Córdoba, parte de las cuales arrendó y otra parte explotó directamente. Esa vivencia fue la base del Programa Socialista del Campo de 1901.

Justo reconocía que el capitalismo argentino sería eminentemente agrario, no industrial, pero debía basarse en la pequeña propiedad y la forma cooperativa. Lamentaba, en este sentido, los fracasos históricos de Rivadavia, Sarmiento y Avellaneda. El rol del estado, en este desarrollo, era central. Debía regular contratos justos y apropiarse de la renta del suelo, patrimonio de todos los argentinos, mediante impuestos. Dado que se trataba de la intervención en la renta y no en la ganancia, suponía que la producción no debía verse afectada.

Sin embargo, los socialistas tuvieron dificultades para influir tanto en el colono como en el asalariado rural, que muchas veces aspiraba a regresar a su país de origen o debía lidiar con las políticas represivas.

¿Estado o Mercado?

Como en la década de 1820, las políticas diseñadas para crear islas de pequeños propietarios agricultores resultaron limitadas y fueron arrasadas por la fuerza del mercado, en oleadas de gran concentración territorial. Una vez que se produjo la crisis de 1890, la ley de Avellaneda apenas había habilitado la instalación efectiva de seis colonias nuevas en territorios nacionales y dos colonias nacionales en Córdoba, de apenas 160 mil hectáreas.

Una pregunta que alimentaba los debates se centraba en el agente del ordenamiento agropecuario, fuente del esperado progreso del país: ¿debía el Estado seguir promoviendo el acceso a la tierra o apenas crear el marco para la acción del mercado? En 1892, desde el Boletín del Instituto Geográfico Argentino, un científico tan relevante como Francisco Latzina opinaba que el gobierno “es un mal empresario” y no podía impulsar la colonización sino por medio de los empresarios privados. A lo sumo, debía limitarse, como “mediador”, a promover la llegada de labradores inmigrantes con capital propio, que pudieran tomar las “mejores tierras”.

Ello significaba dejar que la dinámica del acceso a la tierra estuviera guiada por las fuerzas del capitalismo, provenientes de los centros imperialistas, como Gran Bretaña. Y así fue. Entrados en el nuevo siglo, se hizo pronto evidente que una clase terrateniente, en gran parte proveniente del mundo de las finanzas, había malogrado las políticas del Estado orientadas a promover una distribución de la tierra y aprovechaba toda política pública (como la militar) de expansión territorial.

Ello demandó, entonces, una nueva discusión sobre la política de tierras. El gobierno de Roca promovió el debate. En 1902, se sancionó la Ley General de Tierras, N° 4.167, que derogaba las anteriores y que fue sucesivamente reglamentada en 1903 y 1906. Tenía una similar pretensión regulatoria que la de 1876, reconociendo la falta de conocimiento sobre la calidad de las tierras concedidas. Por primera vez, preveía la adquisición estatal de tierras, irrigadas o irrigables, para destinarlas a la colonización agrícola. Suponía reconocer el escaso valor de muchas tierras públicas disponibles y creaba reservas para pueblos y colonias agrícolas y pastoriles, destinando otras tierras para arriendo o remate.

Conclusiones

Pasados casi quince años de la Ley de Inmigración y Colonización, en muchos sentidos, los resultados eran desalentadores. Luego de la crisis de 1890, la ley fue liquidada. El resultado global dio por ganador al especulador de tierras, al latifundismo explícito. El modelo agrario pensado al estilo farmer estadounidense apenas logró asentarse con cierto éxito en el sur de Santa Fe y algunos oasis provinciales.

En este capítulo, recorrimos nuevamente algunas de las regiones del país, observando la dinámica de un proceso en apogeo, con los actores económicos más poderosos y las clases dominantes surfeando la ola de la crisis económica y aprovechando las oportunidades. La intención fue pensar las políticas de acceso a la tierra y colonización agrícola en medio de este rumbo. Algunos desarrollos específicos nos ayudan a pensar tanto este juego de tendencias y contratendencias. Por ejemplo, el desarrollo de las colonias vitivinícolas de los oasis mendocinos, la Ley de Centros Agrícolas bonaerenses y ciertas concesiones de tierra a pueblos indígenas basados en la Ley del Hogar o en la fallida experimentación de algunos gobernadores territoriales.

Un apartado especial dedicamos a la colonización judía: llegaron como todo inmigrante europeo, financiados por un gran empresario, pero su migración tenía un condimento especial, su persecución en Europa. Estas familias que, por lo general, se instalaron en los márgenes pampeanos, contaron con la protección de un filántropo que, si bien siguió una estricta lógica capitalista con sus productores, les ofreció un modo de acceso a la tierra y una protección que no tuvieron otras poblaciones étnicas perseguidas, como los indígenas locales. Así, cuando recorremos las experiencias de arraigo y desarraigo, en general, veremos que los primeros desfavorecidos fueron los “hijos de la tierra” y los “hijos del país”.

A la larga, la mayoría de las iniciativas de acceso democrático fueron malogradas, desapareciendo o quedando subordinadas a la lógica de la presión exportadora. El éxito de experiencias productivas que fomentaban el arraigo de algunos actores específicos, en general, pequeños productores inmigrantes, tales como las de Mendoza o las del sur de Santa Fe, no cambian el color de la tendencia general. Por otra parte, no se trataba sólo de la tierra. El caso mendocino y las políticas en torno al acceso y regulación del uso del agua disponible es el más claro ejemplo.

Al concluir el capítulo 4, nos detuvimos en algunos debates centrales. Porque con el correr vertiginoso del tiempo, hubo quienes defendieron el modelo de desarrollo basado en el latifundio ganadero, con la política y la distribución de la propiedad agrícola arrastradas en el furgón de la historia, y hubo quienes insistieron en reclamar un desarrollo económico basado en la actividad agraria diversificada con el pequeño y mediano productor como actores centrales.

Este último debate conectaba con otro aún más profundo: ¿Estado o mercado? ¿Fue un mal empresario el Estado que, tras acumular grandes extensiones fiscales, las terminó entregando —a menudo, de forma especulativa— a grandes financistas, comerciantes y terratenientes? ¿O fue, más bien, un Estado funcional a los proyectos de la oligarquía terrateniente? Peor aún, ¿no fue un Estado que también se subordinó a los negocios del capital extranjero?.

Bibliografía y fuentes

Usamos como fuentes primarias discursos, documentos, auto-biografías o relatos de Marcos Alpherson sobre la colonización judía y la resistencia de los colonos, de Juan Bautista Ambrosetti sobre sus viajes y crónicas de Misiones, de Aaron Anchorena sobre la especulación con la tierra en la Patagonia, de Santiago Arcos sobre la política de fronteras y la guerra ofensiva, de Nicolás Avellaneda sobre la política de tierras y legislación agraria, de Juan Amadeo Baldrich sobre la seguridad y gendarmería en el Chaco, de Álvaro Barros sobre la integración y colonias indígenas, de Juan Bialet Massé sobre los derechos indígenas y las condiciones de trabajo, de Juan Manuel Blanes sobre la representación artística de la conquista, de Arturo Bodewig sobre el uso de mano de obra indígena en los ingenios de Jujuy, de Carlos Boggio sobre el hábeas corpus y los derechos indígenas en el Chaco, de Gabriel Carrasco sobre las estadísticas de colonización en Santa Fe y el Chaco, de Aaron Castellanos sobre el reclamo de los criollos ante privilegios extranjeros, de Pedro De Ángelis sobre las colonias militares-agrícolas rosistas, de Luis Deperle sobre la colonización militar en el norte de Santa Fe, de Federico Fernández sobre la exploración y cartografía del Chaco, de Francisco Fernández sobre la representación de la masacre de Tandil, de Jorge Luis Fontana sobre las expediciones militares y política indígena en el Chaco, de Ignacio Fotheringham sobre las colonias indígenas en Formosa, de Pedro García sobre los antecedentes de la colonización militar, de Eleazar Garzón sobre la propiedad de la tierra y los derechos históricos, de José Hernández sobre la colonización criolla y las condiciones rurales, de Jules Huret sobre sus viajes por Misiones y el Chaco, de Aniceto Latorre sobre las solicitudes indígenas de tierras en la Patagonia, de Francisco Latzina sobre el rol de la empresa privada en la colonización, de Ramón Lista sobre la creación de reservas indígenas en la Patagonia, de Lucio V. Mansilla sobre los ranqueles y la política de fronteras pampeanas, de Bartolomé Mitre sobre la guerra total y los derechos indígenas, de Francisco Moreno sobre la empresa extranjera y tierras en la Patagonia, de José Elías Niklison sobre el trabajo y las reservas indígenas, de Víctor Pongratz sobre las condiciones de vida en San Antonio de Obligado, de Enrique Rostagno sobre el trabajo forzado y reducción militar en el Chaco, de Arturo Seelstrang sobre la exploración y territorio del Chaco, de Napoleón Uriburu sobre las expediciones militares en el Chaco y Neuquén, de Guillermo Wilcken sobre la agricultura y política de tierras en el Litoral, de Eduardo Zavalía sobre el derecho constitucional y la denuncia de la conquista del desierto y de Estanislao Zeballos sobre la política agraria y el imaginario del desierto.

Usamos como fuentes secundarias los trabajos de Aníbal B. Arcondo sobre la crisis de la colonización en Córdoba, de Luis A. Tognetti sobre la expansión de la frontera sur cordobesa, de Roxana Boixados y Sonia Tell sobre los pueblos de indios en Córdoba, de Haim Avni y Sibila Seibert sobre los resultados de la colonización judía de la ACJ, de Susana Bandieri sobre la apropiación de tierras en la Patagonia, el caso neuquino y el Alto Valle, de María Cristina Ockier sobre el acaparamiento de tierras en la Norpatagonia y su vínculo con el proceso de colonización, de María Eugenia Cepparo de Grosso sobre los distintos poblamientos patagónicos según las regiones, y de Osvaldo Bayer sobre una interpretación en clave de genocidio de las campañas militares en el sur argentino; de María Fernanda Barcos sobre los derechos de propiedad ejidal en Buenos Aires, de María Bjerg sobre la inmigración danesa en el centro-sur bonaerense, de Alfredo Bolsi sobre la entrega de títulos de propiedad en Misiones, de Claudia Briones y Walter Delrio sobre el sistema de reservas y la situación indígena en la Patagonia, de Miguel Ángel Cárcano sobre la concentración del latifundio y las leyes agrarias, de Josefina Cargnel y Alicia Montenegro sobre la historia regional y la memoria del Nordeste, de Lucas Codesido sobre el Ejército nacional y la revolución de 1874, de Ezequiel Gallo sobre la colonización agrícola en Santa Fe y la pampa gringa, de P. Meinrado Hux sobre el reparto de tierras a indígenas en la zona de Junín y Los Toldos, de Romain Gaignard sobre los procesos de fraccionamiento de la propiedad en la región pampeana, y de Daniel Fernández y Mercedes Lovato sobre la vida del cacique Calfucurá y su tribu salinera, de Gabriela Dalla-Corte Caballero sobre los mocovíes, las misiones franciscanas y los colonos en el Chaco, de Ingrid De Jong sobre la historiografía de las fronteras pampeanas, de Jorge Pinto Rodríguez sobre la integración y desintegración del espacio fronterizo en la Araucanía y las Pampas, de Julio C. Djenderedjian, Sílcora Bearzotti y Juan Luis Martirén sobre la expansión agrícola, la maquinaria y la historia del capitalismo agrario, de Diego Escolar sobre el proceso judicial huarpe en Mendoza, de Patricia Flier sobre las condiciones de vida y memoria en las colonias judías de Entre Ríos, de Horacio Giberti sobre la historia de la ganadería y el latifundio, de Mariana Giordano sobre las percepciones de la propiedad indígena en Salta y el Chaco, de Noemí Girbal-Blacha sobre los centros agrícolas bonaerenses, de Tulio Halperin Donghi sobre la clase terrateniente y el poder político, de Eduardo Hourcade y Cristina Godoy sobre la economía agrícola santafesina, de Nicolás Iñigo Carrera sobre el proceso de colonización chaqueño, de Marcelino Irianni, Mariana Yangilevich y Lucas Bilbao, Hugo Nario, M. Álvarez Pujato, N. Oddone, L. Granato y Guido Rapallini, sobre la matanza de inmigrantes en Tandil, de Rodolfo A. Richard-Jorba sobre la vitivinicultura y el trabajo rural en Mendoza, de Marcelo Lagos sobre el discurso de integración y la problemática indígena en el Chaco, de Diana Lenton sobre la política indigenista, los campos de concentración y el marco legal de los territorios nacionales y también sobre la batalla de Quera, junto a Luis Ángel Piaggi, Verónica Seldes, Isabel Del Valle Salas, Florencia Roulet, María Teresa Garrido, Liliana Tamagno y Julio Vezub, de Gustavo Paz sobre la batalla de Quera, de Ernesto Maggiori sobre la historia de los pueblos mapuche y tehuelche, de Susana Novick sobre política y población, de Hernán F. Gómez sobre la historia de la gobernación del Chaco, de Javier Leandro Maffucci Moore sobre la violencia en la sociedad de frontera santafesina, de Enrique Mases sobre la situación indígena y la propiedad en la Patagonia y el Chaco, de Luciano Sánchez sobre la matanza en la reducción de San Antonio de Obligado, de Silvia Citro y Marcelo Musante sobre las reducciones estatales y estrategias de resistencia mocoví, de Ana Teruel y Cecilia Alejandra Fandos sobre la privatización de tierras indígenas en el Norte argentino, de Pilar Pérez la recocalización indígena y los campos de concentración de Valcheta, de Clemente Dumrauf, Dora Martínez de Gorla y Elsa Mabel Barbería sobre la ocupación de la Patagonia, de Alberto B. Bianchi sobre el amparo y el hábeas corpus, de Silvia Escobar Bonoli, Tamara Fischman, Sol Lanteri y Victoria Pedrotta sobre las reservas en Neuquén, Villa Fidelidad y las solicitudes de tierras de los Maicá, de Amilcar Razori, Mario Rapoport y Marta Silva sobre la historia de la ciudad y las dimensiones urbanas, de Dovy Piflacs y Pablo A. O’Dwyer sobre los chacareros judíos y la Colonia Rusa, de Guillermo Banzato, María Cecilia Rossi y Blanca Zeberio sobre los estudios de catastro e inmobiliario, de Carla Lois sobre la cartografía y el territorio en el Gran Chaco, de José Luis Massini Calderón sobre la colonización en Cuyo, de Rafael Mata Olmo sobre las colonias en la frontera sur de Mendoza, de Celeste Medrano y Florencia Tola sobre la memoria de los pueblos del Chaco, de Eduardo José Míguez sobre la autonomía del mercado en la estructura de propiedad, de Guido Miranda sobre los ciclos históricos chaqueños, de Jacinto Oddone sobre la burguesía terrateniente y la apropiación de tierras, de Milcíades Peña sobre el proceso económico-social argentino y la formación de la estructura productiva, de Ricardo M. Ortiz sobre el proceso económico, y de Ezequiel Adamovsky sobre la acción de las clases populares en el período, de Lucas Poy sobre el socialismo y las organizaciones obreras rurales, de Mónica Quijada sobre la ciudadanía de frontera y los indios amigos de Buenos Aires, de Lorena Rodríguez sobre el cacique Timoteo Ayala y Amaicha del Valle, de Martha Ruffini sobre el Estado y la propiedad en Río Negro, de Hilda Sábato sobre la relación entre ciudadanía, revolución y República, de Daniel Santilli sobre la desigualdad en la propiedad de la tierra en Buenos Aires, de Carmen Sesto sobre la historia agraria y la clase terrateniente, de Daniel Silber sobre el centenario de la colonización judía, de Graciela Silvestri sobre el imaginario paisajístico del litoral, de Marcela Tamagnini y Graciana Pérez Zavala sobre los tratados de paz con los ranqueles, de Héctor Hugo Trinchero sobre civilización y barbarie en las fronteras del Chaco central, de Marta Edith Valencia sobre el arrendamiento y venta de tierra pública en Buenos Aires, de Pablo Volkind y Nicolás Bottinelli sobre la gran industria agrícola y de Laura Zang sobre el poblamiento y la estructura agraria en Misiones.