Informe #12 | 8 de marzo al 7 de mayo de 2021

Observatorio de la Coyuntura en América Latina y el Caribe

 

 

Introducción y resumen

Un continente cruzado por novedades y algunas continuidades. Esta es la primera imagen que nos traen los meses de marzo y abril de 2021. América Latina y el Caribe es una región marcada por la inestabilidad y la polarización, que signan la dinámica de la confrontación entre los proyectos neoliberales y las resistencias / alternativas, intensificadas bajo la pandemia. Así lo muestran los acontecimientos y procesos relevados en este informe #12 que hacemos desde el Observatorio de coyuntura en América Latina y el Caribe.

Nuestra América es un territorio atravesado por la conmoción ante las matanzas en Colombia, desde hace muchos meses por cuenta de masacres paramilitares o como ahora,  en torno al Paro Nacional, directamente a cargo de las fuerzas del Estado y transmitidas por las redes sociales, como desarrollamos en el punto 3 de este informe. Pero también por la expectativa ante la posibilidad de que un maestro rural pueda ser presidente de Perú, país que hasta hace poco parecía atrapado en una red sin fin entre la derecha y la ultraderecha. Y estupor ante la posibilidad de que la presidenta sea Keiko Fujimori, en caso de que no. E incredulidad ante el triunfo en Ecuador Guillermo Lasso, un banquero sin carisma con responsabilidad en una de las mayores crisis del país. Y todavía queda más por contar.

Porque en Chile continúa de muchas formas la revuelta contra el “oasis neoliberal”, como era considerado hasta hace poco más de un año, y se conmueve hasta el sistema de pensiones, un símbolo del ocaso, mientras el país se apresta a entrar —ahora sí— en uno de los cronogramas electorales más importantes de la historia. Porque en Paraguay la población también dice basta y busca sacudirse la corrupción. Porque en Brasil con Bolsonaro todo puede suceder. Porque en el Caribe insular los contrastes van desde un país capaz de atender la salud de su población, incluso bajo el bloqueo, hasta otras naciones todavía bajo estatus colonial, en pleno siglo XXI. Porque en Mesoamérica a la crisis humanitaria permanente y a la migración forzada hay que sumarle ahora la política de Nayib Bukele, que con el Legislativo a su favor va por todo el poder. Porque México se prepara para elecciones importantes, que definirán si el Poder Legislativo acompaña la 4T de Andrés Manuel López Obrador, además de gobernadores en 15 estados y otros cargos regionales y locales. Y muchas situaciones más.

Todo eso puede pasar en pocos días o semanas, a veces en un mismo día, incluso mientras una pandemia sacude a la región con récords de muertes y desesperación por conseguir soluciones que otorguen inmunidad. Esto se da en el marco de una crisis económica y social de larga data, profundizada dramáticamente bajo la COVID-19, que recorre de sur a norte el continente y tiene diferentes formas de resolución en cada país, aunque también elementos comunes. Entre los más obvios, su historia y la dialéctica entre la unidad y la fragmentación, en un mundo con fuertes presiones.

Como era de esperar, los primeros pasos del gobierno de Biden hacia la región fueron para tratar de ordenar una situación que —estiman— puede salirse de control. En esa línea hay que leer las visitas de figuras del Comando Sur y del Departamento de Estado a varios países. China es el objetivo abiertamente declarado, pero ahora también se suma la influencia de Rusia, potenciada por la geopolítica de las vacunas.

En ese tablero global, América Latina y el Caribe aparece desarticulada, tras la desintegración promovida por una mayoría de gobiernos de derecha en los últimos años. Las discusiones al interior del Mercosur son parte de esas tendencias. Al mismo tiempo, en esa situación de crisis general aparecen algunos intentos parciales por dotar al continente de un esfuerzo común, al menos en esta situación crítica. Ese es el objetivo estratégico de ALBA-TCP, con sus limitaciones de alcance, y en los últimos meses también el intento de reactivar la CELAC impulsado por México. Pero a nivel general, el “sálvese quien pueda” ante la crisis parece ser la norma casi incuestionable.

Por último, también hay excepciones. La eventual producción a escala masiva de la vacuna Soberana 02, desarrollada por Cuba, con su larga tradición revolucionaria de poner en primer plano a la salud, representa una esperanza y vuelve a poner sobre la mesa las prioridades de los gobiernos de la región. Y en cada territorio aparecen nuevas luchas y procesos de organización, a veces de forma completamente imprevista, que alimentan la esperanza de un futuro mejor.

En el informe #12 del OBSAL se pueden encontrar algunos de estos sucesos contradictorios. Desde las oficinas de Argentina y Brasil del Instituto Tricontinental de Investigación Social intentamos recopilar, a partir de fuentes en el terreno en la zona Andina, en el Cono Sur, en Mesoamérica y en el Caribe insular, información relevante y ponerla a disposición para el análisis. Agradecemos la contribución de investigadoras e investigadores críticos y de integrantes de movimientos populares de Nuestra América. El objetivo es precisamente aportar elementos para un diálogo que existe y existirá, porque se funda en la actividad creadora de los pueblos, en la vitalidad siempre renovada en cada rincón del continente. Incluso en este tiempo que nos toca. Los pueblos continuarán peleando por la vida.

 

Índice

 

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Atravesando la nueva ola. Cambios, continuidades y disputas en la situación política continental

 

 

 

Nuevo momento de la crisis pandémica: nueva ola, catástrofe sanitaria y desigualación social

 

Los efectos (geo)políticos de la pandemia: entre el colapso sanitario y las disputas por las vacunas

La amenaza del despliegue regional de una nueva ola de la COVID-19 de la mano del fin de periodo estival y de las nuevas cepas más contagiosas —sobre lo que advertimos en nuestro último informe— se hizo trágicamente realidad y tiñó la vida de nuestros pueblos, particularmente en América del Sur, entre marzo y abril. Mientras Brasil, transformado en el epicentro de la pandemia, alcanzaba a mediados de marzo el mayor número de casos por semana epidemiológica, en buena parte de la región la cantidad de enfermos comenzaba una pendiente ascendente y veloz. Ya en abril, en varios países el promedio de contagios semanales igualó o superó —en algunos casos por mucho— el pico registrado en 2020 o, donde lo hubo, el experimentado luego del fin de año. Entre las situaciones más extremas se encuentran Uruguay, Perú y Argentina.

La expansión del virus —con el crecimiento de enfermos y fallecidos— llevó a que muchos países vivieran o se aproximaran a situaciones de colapso sanitario, reeditando el padecimiento experimentado en muchas de las ciudades brasileñas a partir de febrero. Los efectos políticos, sociales y económicos de esta nueva ola no se hicieron esperar y están en el centro de lo examinado en este informe. Desde el llamado “Marzo paraguayo”, en referencia al ciclo de protestas que se desataron en dicho país exigiendo la renuncia del gobierno ante el avance de la pandemia y la crisis del exiguo sistema de salud pública, a la reaparición de políticas de cuarentena y aislamiento en casi todos los países y la revitalización de la contraposición entre la vida de las poblaciones y la libertad de mercado.

Asimismo, esta “ola 2021” de la COVID-19 volvió a demostrar las graves consecuencias del tratamiento neoliberal de la pandemia. En el caso de Chile, por ejemplo, ostentando la mayor tasa de vacunación en la región y una de las primeras en el mundo a principios de marzo (casi el 22% de la población), la ausencia de políticas de regulación de la circulación y control sanitario, entre otros factores, implicó que semanas después creciera un brote incontrolable que puso a mediados de abril al sistema sanitario al borde del colapso y obligó al gobierno de Piñera a reponer controles e, incluso, a postergar las elecciones. Similar situación se vivió en Uruguay, hasta entonces ejemplo liberal exitoso en el tratamiento del virus, siendo que a partir de marzo los contagios escalaron hasta casi cuadruplicar el pico de enero (casi alcanzando en proporción la cantidad de contagios de Brasil). Pero tal vez el ejemplo más dramático de la tragedia y caos generado por las políticas neoliberales resulta la experiencia de Bolsonaro en Brasil: de enero a abril fallecieron más personas por COVID-19 que en todo 2020; en marzo el número de fallecidos fue más del doble del pico de julio del año pasado y en abril más de 1000 ciudades tuvieron dificultades de abastecimiento de oxígeno y otros medicamentos. A pesar de la gravedad de esta crisis sanitaria, Bolsonaro concluyó el mes amenazando con el uso de las Fuerzas Armadas contra las medidas restrictivas adoptadas por algunos gobernadores y prefectos.

En términos globales, a fines de abril alrededor del 17% de los contagios a nivel mundial se registraban en la región (que en términos poblacionales representa poco más del 8% del total mundial); Brasil se encontraba en el lote de los diez países con más enfermos y, junto con México, entre los diez con más fallecidos. Una nueva ola pandémica que no es privativa de América Latina y el Caribe. Tanto en Europa como en partes de Asia, particularmente en la India, se verifica también un nuevo período de expansión del virus, con sus secuelas de muerte y desesperación.

La catástrofe hubiera podido evitarse o, al menos, morigerar sus peores efectos con una más rápida y extensa campaña de vacunación. Hemos señalado en nuestro último informe el carácter profundamente desigual de la distribución de la vacuna, resultado del control ejercido por los países ricos del norte y sus laboratorios. Esta política ha tenido consecuencias más gravosas ante los límites en su producción. No se trata de una escasez natural ni fija sino el resultado de la apropiación privada del conocimiento científico por parte de las grandes compañías farmacéuticas (las llamadas Big Pharma) a través de las patentes. Una realidad largamente cuestionada por los movimientos populares. En octubre de 2020 los gobiernos de Sudáfrica e India presentaron ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) la propuesta de suspender, al menos temporalmente, los derechos de dichas patentes. Desde allí, la campaña por su liberación no ha hecho más que crecer. Más de cien países acompañaron la propuesta ante la reunión de febrero de la comisión de la OMC que trata los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPI) donde, sin embargo, no prosperó, ante la oposición de los gobiernos de EE. UU., Gran Bretaña y la Unión Europea, entre otros, que argumentaron que las patentes alientan la innovación e inversión privada. Sumándose a los pedidos de la OMS y de una larga lista de instituciones, organizaciones sociales, artistas e intelectuales, una coalición internacional de más de 250 organizaciones demandaron a la OMC la liberación de las patentes, así como más de 170 de expresidentes y premios Nobel pidieron lo mismo directamente al presidente Biden a mediados de abril,[1] en ocasión de la reunión que la directora de la OMC tuvo con grandes farmacéuticas y gobiernos para discutir alternativas ante la situación. Finalmente, a principios de mayo y ya cerrando el presente informe, el gobierno de los EE. UU. anunció su disposición de acordar con la exención de las patentes y la Unión Europea su voluntad de considerar dicha propuesta, abriendo así la posibilidad de que avancen las negociaciones en la OMC para  llegar a un acuerdo en relación con esa medida.

También razones imperiales segaron el proyecto de producir la vacuna de AstraZeneca entre corporaciones de México y Argentina. Con los reactivos ya elaborados, el control impuesto por el gobierno estadounidense sobre ciertos insumos primero y sobre la vacuna luego, impidieron hasta ahora su llegada a la región. En este contexto, en abril se anunciaron los primeros pasos del acuerdo para la producción de la vacuna Sputnik V en Argentina y del inicio de negociaciones similares por otros países latinoamericanos. Ciertamente, lo más destacable son los progresos realizados por Cuba en la elaboración de vacunas. Con cinco vacunas en desarrollo y dos en fase 3 de experimentación desde marzo (Soberana 02 y Abdala), bajo el bloqueo estadounidense y las dificultades económicas, Cuba logró esta hazaña antes que cualquier otro país de la región y anunció en estos meses su voluntad de comenzar la producción y su compromiso de enviar dosis a Venezuela y a otros países. En un sentido contrario, la intervención neoliberal sobre la pandemia también incluyó a las vacunas, entre otras dimensiones cuestionando la centralización estatal de su gestión; así, los gobiernos de Perú y Honduras, en abril, habilitaron a las empresas privadas la posibilidad de adquirirlas y distribuirlas.

En el contexto de la nueva ola de contagios que hemos reseñado —en muchos países más intensa que la primera—, el acceso y provisión de vacunas se ha transformado en uno de los centros de atención pública e incluso de la disputa geopolítica, como analizamos en el último apartado de este informe. Contrariamente a las expectativas de que en 2021 se daría la salida de la pandemia, los próximos meses estarán marcados por la agudización de la crisis sanitaria y sus efectos sobre la vida, la economía y la política de nuestros pueblos.

 

Los efectos económicos y sociales de la pandemia: profundización de la desigualdad

 Durante 2020, la progresión de la pandemia demostró sus regresivos efectos sociales, siendo un potenciador de los procesos de desigualación socioeconómica propios del neoliberalismo. Examinamos estas cuestiones en diferentes informes anteriores y nuevas evidencias siguen dando cuenta del sentido y magnitud de esta transformación. En esta dirección, a principios de abril la revista Forbes publicó su habitual listado anual de las personas más ricas del mundo, señalando que el número de millonarios con una fortuna igual o superior a los 1000 millones de dólares aumentó significativamente entre 2020 y 2021, un 30% más que los identificados un año atrás —casi un multimillonario nuevo cada 17 horas— y que un 86% mejoró sus finanzas en ese período. En la lista figuran 51 multimillonarios latinoamericanos, menos de un 2% del total, siendo que el primero en aparecer ocupa el puesto 16 (el empresario mexicano Carlos Slim Helu y familia).

Asimismo, respecto de los efectos de este proceso de desigualación sobre los sectores más castigados, a fines de marzo el Foro Económico Mundial dio a conocer su Informe Global sobre la Brecha de Género 2021 (Global Gender Gap Report). Entre otras cuestiones, el informe señaló que bajo los efectos de la COVID–19 y según sus cálculos, el tiempo requerido para cerrar la brecha de género a nivel mundial global aumentó casi una generación, pasando de 99,5 años al actual 135,6 años. Los regresivos efectos de la pandemia sobre las mujeres y el ámbito de la reproducción social y las prácticas alternativas han sido examinados en el reciente dossier Destapar la crisis, del Instituto Tricontinental, que plantea un mapeo de la pandemia en clave feminista. En igual dirección, los índices de pobreza e indigencia no han dejado de subir en la región; y las políticas sociales y de compensación implementadas durante el 2020 han tendido a reducirse o no se han repuesto.[2]

Esta dimensión de la crisis social amenaza con agravarse bajo el despliegue de esta nueva ola y la afectación de la leve recuperación económica que venía desplegándose en los meses pasados y, en base a la cual, el FMI preveía en su último informe de abril un crecimiento del PBI del 4,6 % para 2021. Dicho informe diagnostica una recuperación divergente en medio de un contexto de aguda incertidumbre atado a los planes de vacunación y a la evolución del virus. Divergencia (o diferencia) entre países y regiones, y divergencia también entre los diferentes sectores económicos (entre aquellos de mayor dinamismo y los más golpeados por los efectos de la crisis sanitaria). En América Latina y el Caribe, estas diferencias pueden apreciarse en las consecuencias que tiene el sostenido crecimiento del precio de los commodities iniciado ya el año pasado y que hemos analizado en el informe anterior. En los meses de marzo y abril esta tendencia ascendente se ha mantenido, incluso en este último mes la cotización internacional de la soja alcanzó su valor más alto de los últimos siete años, así como incrementos importantes se registraron en los precios del maíz y del trigo. El consecuente fortalecimiento de estas fracciones del bloque dominante vinculadas al mercado mundial tiene efectos sociopolíticos concretos; en lo inmediato con la expansión de las actividades extractivas (como por ejemplo, puede visualizarse ya en la ofensiva megaminera o la extensión de la frontera del agronegocio a nivel regional), justo en el momento (22/4) que entró en vigencia el Acuerdo (regional) de Escazú, que prevé acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales. Por otra parte, este proceso también supone una nueva presión sobre el precio de los alimentos (y de otros bienes naturales), con sus consecuencias sociales; y plantea con mayor urgencia la necesidad de políticas públicas de control y regulación de estas actividades y del comercio exterior.

  


Colombia y las elecciones andinas, signos de un continente en disputa

Abril y los primeros días de mayo vieron nacer una movilización sin precedentes en la historia de Colombia. Uno de los países neoliberales por excelencia, con el modelo guerrerista más acabado, a pesar de la represión y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, llenó de esperanzas el continente con un Paro Nacional contra el gobierno de Iván Duque que ya lleva más de una semana consecutiva. Por otro lado, si en algo coincidieron todos los análisis del “súper domingo” electoral del 11 de abril en la Región Andina es en que la gran mayoría de ellos fueron inesperados. Los resultados de las elecciones en Ecuador, Perú y Bolivia llegaron para desacomodar algunas premisas que se vaticinaban en la prensa internacional como verdades dadas, y permitieron que otras numerosas variables de análisis aparecieran sobre la mesa para comprender cómo, a pesar de haber tenido un amplio margen en primera vuelta, el candidato del correísmo terminó perdiendo la disputa por la presidencia en Ecuador; cómo un candidato de la profundidad del Perú rural, que no aparecía en ninguna de las encuestas de intención de voto, obtuvo casi el 20% en primera vuelta, acomodándose cómodamente en la disputa del balotaje; y cómo el Movimiento Al Socialismo perdió en Bolivia tres de sus principales focos electorales en la segunda vuelta de elecciones regionales.

 

Colombia movilizada, reprimida e invisibilizada

La bomba de tiempo que fue acumulando la crisis política, social, humanitaria y sanitaria que ha atravesado Colombia durante décadas, intensificada en los últimos años, y que ya veníamos comentando en informes anteriores, finalmente estalló con una movilización sin precedentes a todos los rincones del país, y de la manera más dramática, pero masiva y popular posible. Producto de la propuesta del gobierno de Iván Duque de una nueva reforma tributaria tremendamente agresiva sobre el bolsillo de la clase trabajadora, pero también de una serie de reclamos de toda índole que se fueron acumulando como una bola de nieve, se convocó para el pasado 28 de abril un Paro Nacional que todavía, mientras cerramos este informe #12, está en curso.

Convocado por algunas expresiones organizativas vinculadas al Comité Nacional de Paro, los movimientos sociales y los principales sindicatos, pero protagonizado principalmente por la juventud precarizada y empobrecida, el Paro Nacional —ahora indefinido— llenó las calles y campos del país con una serie de reclamos mínimos: retiro inmediato de la propuesta de ley de reforma tributaria y de reforma a la salud, cumplimiento de los Acuerdos de Paz firmados con las FARC y con el movimiento social en numerosas mesas de diálogo, suspensión de las aspersiones por glifosato, protección de la vida de los y las lideresas sociales, entre muchos otros.

La movilización, como lastimosamente es costumbre en Colombia, se encontró con una fuerte represión por parte de los distintos cuerpos de la Policía Nacional, que —aunque pareciera imposible— profundizando aún más su accionar criminal, llevaron la represión y las violaciones de derechos humanos a un límite que tiene hoy al país en una grave crisis humanitaria. Con cifras al 5 de mayo de 2021, día que se convocó nuevamente otra jornada de Paro, entre el 28 de abril y esa fecha ha habido por parte de la policía 1728 casos de violencia, 234 víctimas de violencia física, 934 detenciones arbitrarias, 98 casos de disparos con arma de fuego por parte de la policía, 11 víctimas de violencia sexual y 37 personas asesinadas, número que seguramente, con el paso de las horas aumente. Estas cifras son resultado tanto de la violencia policial durante las manifestaciones en el día que se citan en diferentes ciudades del país, como de la cacería que, producto de la orden del presidente Iván Duque de militarizar las ciudades, ha empezado a desarrollar la Policía y el Ejército Nacional, que a las noches dispara y agrede indiscriminadamente a la población civil. Muestra de ello fue la Masacre en Siloé de la noche del 3 de mayo y la militarización de Bogotá la noche del 4 de mayo.

A pesar de esto, los colombianos y colombianas continúan manifestándose en las calles. El pasado domingo 2 de mayo el gobierno anunció el retiro del proyecto de Reforma Tributaria, considerando con esto que las manifestaciones se desactivarían. Sin embargo, la agenda de las protestas, por ser un grito contra el neoliberalismo de guerra que ha caracterizado a Colombia históricamente, continuaron y se fortalecieron, en especial, después de sufrir la impunidad de la represión por manos de la fuerza pública, y encontrar en el gobierno nacional en vez de un actor de diálogo para desescalar la violencia, un impulsor de las violaciones y los abusos por parte de la Fuerza Pública contra las y los manifestantes. El día lunes 3 el ministro de Hacienda presentó su renuncia, un hecho que fue reivindicado por las personas movilizadas como el inicio de una serie de renuncias que tendría que haber en el país, continuando con el ministro de Defensa y por supuesto, con la misma cabeza del presidente Iván Duque.

Al cierre de este informe las movilizaciones continúan en medio de una muy grave situación de derechos humanos. Mecanismos internacionales, como la vocería en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Parlamento de UNASUR, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que numerosos movimientos sociales, organizaciones y partidos, como artistas colombianos y extranjeros, se han manifestado en contra de esta violencia sistemática del Estado contra la población civil. Exigen de forma contundente al gobierno de Iván Duque y al espectro político del uribismo, incluido el mismo ex presidente Álvaro Uribe, que cesen la violencia, y que no continúen dando órdenes a la Fuerza Pública de disparar contra las y los civiles, como hizo el expresidente vía Twitter. Por supuesto, mecanismos regionales como la OEA inicialmente no se pronunciaron al respecto, y la prensa hegemónica internacional omitió las graves violaciones de los derechos humanos, intentando tapar el sol con un dedo, hasta que la situación alcanzó tal gravedad —con decenas de personas asesinadas y muchas escenas de represión circulando en las redes— que tuvieron que decir algo para salvar las formas, antes de pasar a otro tema.

 

Ecuador, y los aires de cambio que siguieron de largo

Una de las primeras lecciones del pasado 11 de abril llegó de los resultados electorales en Ecuador, donde Guillermo Lasso, después de una campaña sucia basada en un recalcitrante anticorreísmo apoyado en la imagen ya golpeada de la fuerza política opositora producto de un lawfare incesante, logró llegar a la presidencia con el 52,48%, 4 599 003 votos, 435 366 votos más que Andrés Arauz, que tuvo el 47,60 %.[3]

El anticorreísmo, como ya mencionamos en el informe anterior, era el punto de encuentro entre el presidente electo y el candidato de la CONAIE, Yaku Pérez, quien también tuvo un amplio resultado electoral que podría haber desequilibrado la balanza que le dio la victoria a Lasso: el denominado “voto nulo ideológico” al que convocó Yaku Pérez tuvo un resultado de 1 739 870 votos, consolidando la postura de los sectores de la CONAIE que no se sentían contenidos en la candidatura de Aráuz. A pesar de que el presidente de la Confederación manifestara públicamente su apoyo al candidato del correísmo, quien, por su parte, no pudo convocar a los sectores indígenas mayoritarios para poder aumentar su caudal electoral y ganar los comicios, evidenciando una vez más la compleja relación que el proyecto de la Revolución Ciudadana tiene con los sectores indígenas campesinos.

Este anticorreísmo, más que el correísmo, fue la identidad política que logró aglutinar las mayorías para conseguir la presidencia. Con los principales liderazgos de la Revolución Ciudadana en el exilio, entre ellos el mismo Rafael Correa, fue muy complejo aumentar las posibilidades electorales que se habían logrado en la primera vuelta, y hacer de la identidad de aquel proyecto que tuvo la presidencia de Ecuador por diez años, una identidad que excediera a los militantes de UNES y lograra vencer al candidato de la derecha bancaria y conservadora que se presentaba por tercera vez a las elecciones.

Con Guillermo Lasso en la presidencia se abre un nuevo panorama aún más neoliberal para los Andes, y nos lleva a preguntarnos si puede haber un capítulo todavía más violento de la avanzada conservadora. Por ahora, Lasso fue ampliamente felicitado por los líderes de la derecha continental, desde Mauricio Macri hasta Álvaro Uribe Vélez, y su victoria fue aplaudida hasta por el intelectual venido a menos de la derecha regional, Mario Vargas Llosa. Con su victoria, deja atrás el gobierno de Lenin Moreno que tiene a Ecuador con uno de los peores en el manejo de la pandemia, para posiblemente empeorar esta dramática situación social y humanitaria.

 

Un maestro a caballo contra el neoliberalismo fujimorista

El 11 de abril era posible que hubiera cualquier resultado en las elecciones presidenciales de Perú. Había 18 candidatos, y entre ellos se nombraban seis que tenían posibilidades de pasar a segunda vuelta por una diferencia mínima entre los distintos bajos porcentajes. Algunos con proyectos claramente neoliberal-conservadores y otros en un crisol de programas progresistas o de izquierda moderada, pero entre ellos no aparecía siquiera como posibilidad que Pedro Castillo, maestro candidato de Perú Libre, un partido marxista y mariateguista, y miembro de las Rondas Campesinas, con amplia presencia territorial en las zonas rurales del país, pudiera pasar a segunda vuelta con el 19% de los votos, además de lograr 16 de las 26 circunscripciones electorales y su fuerza política cerca de 30 escaños en el parlamento.[4]

Es importante recordar, como trabajamos en nuestro Cuaderno especial #2 “Y Perú despertó”, que la crisis social y política de Perú es un fenómeno que viene incrementando hace décadas, con una serie de presidentes electos que, por denuncias vinculadas a la corrupción y otros delitos, han sido vaciados de sus cargos, como sucedió con el último presidente electo, PPK, y con su vicepresidente, Martín Vizcarra. La posibilidad que tiene el Congreso de Perú de aprobar la destitución del presidente, vinculada con la particular característica de haber estado también vaciado por tener los diferentes congresistas numerosas causas abiertas por hechos de corrupción, llevaron a una crisis política y a enormes movilizaciones sociales durante el mes de noviembre de 2020 con la exigencia del cierre del Congreso, elecciones presidenciales para el pasado mes de abril, y la convocatoria a una Asamblea Constituyente que refunde los mínimos democráticos de un país con una institucionalidad de estas características.

En este escenario es donde se adelantaron las elecciones de abril, que terminaron con una segunda vuelta clara entre dos opciones antagónicas. Como mencionamos, Pedro Castillo, quien incluye dentro de su programa de campaña la necesidad urgente de continuar con la demanda de una Asamblea Constituyente para refundar el país con otros sentidos democráticos, teniendo como principal protagonista los intereses de las clases populares; y Keiko Fujimori, hija del ex dictador Alberto Fujimori, que ha estado, igual que su padre, numerosas veces en prisión y se encuentra con causas abiertas, también con delitos de corrupción, y que encabezó el ala más conservadora y ultra neoliberal de los candidatos a primera vuelta llevándose el 13% de los votos.

Pedro Castillo y Perú Libre, invisibles en las encuestas para la primera vuelta, por ser sus principales focos de votación zonas rurales donde no llegan ni las encuestadoras, y por concentrar su comunicación política en lo que hoy parecerían “viejas formas” lejos de las redes sociales y la disputa mediática, deberán enfrentarse, junto a un amplio arco de sectores de izquierda y progresistas del país que ya han salido públicamente a apoyar su candidatura, contra la posibilidad del retorno del fujimorismo al Perú. Se trata de una batalla que desde ya ha sido abrazada por distintos países latinoamericanos, con el objetivo de evitar que el país andino siga los pasos de lo sucedido en Ecuador, teniendo en cuenta lo que esto puede implicar a nivel continental.

 

Bolivia y las batallas después de la derrota del golpe en 2020

También el 11 de abril se dio la segunda vuelta de las elecciones subnacionales en Bolivia, donde los candidatos del MAS perdieron en las cuatro gobernaciones que debían definir sus autoridades en la segunda vuelta. Después de lograr la recuperación de la democracia en 2020, el Movimiento Al Socialismo está transitando un proceso de reestructuración y reorganización hacia el interior de la fuerza política, lo que incluye el reto de consolidar y construir nuevos liderazgos en las diferentes regiones del país que permitan encarar este nuevo período de gobierno inaugurado después de derrotar la dictadura de Añez.

De las históricas gobernaciones que eran fortaleza del MAS, solo se ganaron Cochabamba, Oruro y Potosí, ya que producto de las elecciones del 11 de abril, otros actores de la oposición que disputaron de manera dispersa las elecciones de La Paz, Tarija, Pando y Chuquisaca se quedaron con las gobernaciones, además de las que ya habían perdido en la primera vuelta de las elecciones (Beni y Santa Cruz). Entre ellos destacan principalmente la agrupación Jallalla, que obtuvo la gobernación de La Paz con Santos Quispe, hijo del Mallku Felipe Quispe, y Eva Copa, exmilitante del MAS que fue candidata de Jallalla y ganó la alcaldía de la ciudad de El Alto.

Sin embargo, lo que podría parecer una importante fuerza de oposición ya parece comenzar a dividirse, como sugieren las últimas declaraciones de la lideresa aymara y alcaldesa electa de El Alto, quien planteó que, a pesar de haberse presentado a los comicios como parte de Jallalla, ella no es militante de ese partido. Aquí es importante reflexionar qué capacidades reales tiene la oposición en Bolivia —ya sea de exmiembros del MAS, con algunas banderas del movimiento indígena, o de la oposición abiertamente de derecha, que apoyó el golpe de 2019— para consolidar una fuerza a nivel nacional que logre disputar el poder del partido de Gobierno, y por otro lado, qué elementos renovadores (en liderazgos y programáticas) debe incluir el MAS dentro de sus representantes y de su programa político para contener la enorme diversidad del movimiento indígena campesino de Bolivia y garantizar una nueva generación de referentes, líderes y lideresas.

En este sentido, Juan Carlos Huarachi, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), definió estas derrotas como un “jalón de orejas” y manifestó que este resultado electoral se debe a una necesidad de realizar una “evaluación profunda del instrumento político”. Por su parte, cabe recordar que Luis Fernando Camacho, líder opositor y uno de los principales impulsores del golpe de Estado en 2019, había obtenido en primera vuelta la victoria de la gobernación del departamento de Santa Cruz.

 

Los Andes caribeños entre la lucha por la paz y la defensa de la soberanía

Desde el pasado mes de marzo, en la frontera colombo-venezolana a la altura de los departamentos de Arauca del lado colombiano y Apure del lado venezolano, vienen presentándose una serie de combates militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) contra las acciones bélicas de una serie de grupos armados ilegales colombianos que, producto de la dinámica misma del conflicto colombiano y de la degradación del mismo, ha comenzado a impactar del otro lado de la frontera como parte de la instrumentalización de Estados Unidos de este conflicto para profundizar y diversificar sus ya variados mecanismos de guerra híbrida contra la República Bolivariana de Venezuela. Al respecto profundizamos en el Cuaderno Nº 3 del OBSAL titulado Colombia, Venezuela y nuestra segunda frontera imperial, donde analizamos junto a militantes sociales e investigadores de estos dos países el impacto de lo que sucede a nivel nacional y regional.

 


El Cono Sur, entre la crisis, la pandemia y la polarización

En el Cono Sur, el panorama en general mostró una continuidad con los conflictos y situaciones que abordamos en los informes anteriores —incluido el crecimiento de la pandemia en todos los países del área, como se comentó en el punto 2—, aunque cabe señalar la existencia de varias novedades.

 

La crisis política en Brasil

En Brasil, el gobierno de Bolsonaro pasa por su momento de mayor inestabilidad. Al menos una parte de la burguesía desconfía de la capacidad del gobierno de mantener la organización social que garantiza el sostenimiento de sus tasas de acumulación y de beneficios. El capital monopolista ganó con el gobierno de Bolsonaro, pero los cambios cuantitativos de la pandemia (descontrol del número de casos y muertes y el colapso en el sistema de salud) alteraron la percepción de las clases dominantes.

El 7 de abril, Bolsonaro asistió a una cena con un grupo de empresarios del sector financiero, industrial, comercial y de servicios. Según entrevistas con los propios empresarios, Bolsonaro fue vitoreado cuando llegó a la reunión. Al día siguiente, en un artículo del diario Valor Económico, la periodista María Cristina Fernandes informó que la posición del gran empresariado estaría más expresada en otros grupos, contrarios a Bolsonaro, que cuentan con la participación de los CEOs de varias empresas de todos los sectores de la economía. También existen contradicciones y conflictos entre ellos. Estos dos episodios ilustran el dilema que enfrentan las clases dominantes en relación con Bolsonaro. ¿Mantenerlo en el poder? ¿Sacarlo por algún instrumento legal como un impeachment? Pero… ¿a quién poner en su lugar? ¿Y qué pasa con las elecciones de 2022? Bolsonaro, independientemente de la crisis política, tiene una importante fuerza electoral (entre el 20% y el 30% de la población lo ha aprobado desde el inicio de su mandato). Por ahora no hay otra alternativa viable para las clases dominantes. El riesgo de sacar a Bolsonaro ahora y dejar espacio para que un gobierno de izquierda gane las elecciones es grande. Falta mucho hasta 2022.

 

Lula recupera sus derechos políticos

El episodio de mayor impacto electoral en estos dos últimos meses fue la recuperación de los derechos políticos de Lula. El Supremo Tribunal Federal (STF) anuló los juicios en su contra y declaró a Sérgio Moro sospechoso por la forma en que se juzgaron los casos que involucran al expresidente. Lula, de nuevo en el juego político, cambia la correlación de fuerzas para 2022. Según dos encuestas recientes, aparece por delante de Bolsonaro en una posible segunda vuelta. En la primera, de Poder 360, Lula tendría 54% de intención de voto contra 34% para Bolsonaro. En la segunda, de Exame/ideia, los porcentajes son de 40% y 38%, respectivamente. La libertad de Lula ha puesto de manifiesto el injusto proceso de su encarcelamiento y su impedimento para participar en las elecciones de 2018. Quienes lucharon por #LulaLivre se sintieron, al menos un poco, con el alma limpia.

 

CPI de COVID

Bolsonaro sufrió un reciente revés con la apertura de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), que investigará las acciones y omisiones del gobierno federal durante la pandemia de COVID-19. Después de numerosos pedidos de impeachment que no fueron impulsados por los presidentes de la Cámara de Diputados, la apertura de esta comisión pone al gobierno bajo investigación de una vez por todas, con posibilidades reales de castigo y destitución del presidente. La apertura de esta investigación también contó con la participación del Superior Tribunal Federal, que determinó la creación de la CPI. La CPI de COVID es una ventana que se abre para que los frentes de izquierda del país vuelvan a las consignas “¡Fuera Bolsonaro!”, ahora en un escenario con posibilidades más concretas de impeachment.

La crisis política del gobierno de Bolsonaro es un reflejo de la crisis y el dilema de las clases dominantes. La duda es si los movimientos en la escena política brasileña son solo —como dice Mauro Iasi en su Café Bolchevique— faroles que pretenden domesticar al capitán (Bolsonaro) para que controle sus ataques negacionistas y empiece a tomarse en serio la lucha contra la pandemia; o si los ataques son reales para sacarlo del poder. Las intenciones de las clases dominantes están ocultas. Si por un lado, Lula, definitivamente libre, puede dar esperanzas a quienes luchan por un gobierno que piense en una sociedad con más inclusión social, por otro lado, el expresidente puede ser elegido por el capital para ser el guardián a partir de 2023, con un nuevo gobierno conciliador. La CPI de COVID también puede analizarse desde dos perspectivas. La primera, como una oportunidad para quienes defienden la vida y la vacunación masiva para sacar a Bolsonaro del poder. La segunda, como elemento legal para que las clases dirigentes puedan tener en sus manos el instrumento para aplicar un proceso de destitución.

La pandemia ha forjado un escenario muy desfavorable para la organización de la clase obrera en Brasil, existe la dificultad de salir a la calle para protestas y movilizaciones. Las rupturas necesitan el apoyo de las masas. Las campañas de Fora Bolsonaro en el contexto del CPI de COVID-19, si ganan fuerza en las próximas semanas, podrían funcionar como un elemento importante para la desestabilización del gobierno. Sin embargo, incluso ante la grave crisis política del gobierno de Bolsonaro, aún es temprano para pronosticar la caída del presidente. Los análisis de otros dos elementos son esenciales para seguir monitoreando el destino de Bolsonaro: los militares y Estados Unidos.

 

La crisis militar

A fines de marzo estalló una crisis militar. Su mayor expresión fue la salida del ministro de Defensa y de los tres comandantes de las Fuerzas Armadas. En los días previos, Bolsonaro, que está abiertamente en contra de la práctica del encierro, había amenazado con usar “mi ejército” (en palabras del propio presidente) para detener las acciones de aislamiento social adoptadas por estados y municipios, como se destaca en el punto 2 de este informe.

El ministro de Defensa, en una carta de salida del ministerio, afirmó que las Fuerzas Armadas “son del Estado, no del Gobierno”. El nuevo comandante del Ejército ya se ha manifestado públicamente a favor de las medidas de lucha contra la COVID-19, las restricciones a la circulación y el uso de tapabocas, muy diferente a lo que dice el capitán de la presidencia.

Esta crisis se manifiesta en la actuación de Bolsonaro en la lucha contra la pandemia y en los insistentes intentos de golpe de Estado del presidente sin tener bases para concretar sus objetivos. Uno de los puntos planteados aquí, en el análisis para la crisis política de Brasil, es que parte de las clases dirigentes no creen que Bolsonaro sea capaz de mantener el orden social. La lucha contra la pandemia se ha convertido en algo crucial para la inestabilidad o no del actual gobierno.

No se puede afirmar si los militares están dispuestos a liderar, una vez más, un proceso de instauración de un gobierno dictatorial. Lo que parece estar claro es que no estarían dispuestos a sumergirse en las aventuras golpistas de Bolsonaro. Bolsonaro no tiene un apoyo consolidado entre las clases dirigentes, en los grandes medios de comunicación y —aún con un núcleo duro de partidarios— convive con un alto nivel de rechazo. Además, cabe destacar que en Brasil los golpes políticos no se dan sin el consentimiento y la participación de Estados Unidos y esto es algo que no está claro ante el ascenso de Biden.

A pesar de no apoyar las aventuras golpistas de Bolsonaro, todavía no hay evidencia de que los militares apoyen, por otro lado, un derrocamiento del propio presidente. Cabe destacar que el gobierno de Bolsonaro está compuesto por militares y que fue bajo el actual presidente que los militares volvieron con relevancia al gobierno. Las posiciones del sector militar son decisivas para el desarrollo de los procesos políticos, ya sea el camino de la continuidad o el de la ruptura.

 

El gobierno de Bolsonaro y la relación con Estados Unidos (administración Biden)

El último movimiento en el escenario político brasileño destacado es el efecto de la derrota de Donald Trump y el ascenso de Joe Biden en Estados Unidos. La presencia de Trump legitimó ciertas acciones de Bolsonaro, al menos en cuanto a ciertas manifestaciones de posiciones y discursos. Biden toma el relevo con una política destinada a expandir el imperialismo, representado por EE. UU., en el mundo. En esta relación con Brasil, las negociaciones pasan por la política sobre la Amazonia y la tecnología 5G, áreas de interés estratégico para EE. UU. y que fueron temas de la reunión, el 11 de abril, entre los gobiernos brasileño y estadounidense. En materia de medio ambiente, al menos en apariencia, si analizamos el discurso de Bolsonaro en la Cumbre del Clima, hubo un cambio. Bolsonaro prometió una mayor fiscalización contra la deforestación y el cumplimiento del Código Forestal, muy diferente al discurso anterior, en la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2020. Este cambio de tono y en el propio discurso de Bolsonaro sólo puede significar una búsqueda del gobierno brasileño de alinearse con las estrategias y formas de actuación imperialista bajo la tutela de Joe Biden en la presidencia.

 

Violencia, política de Estado

Al cierre de esta edición, el jueves 6 de mayo, en el marco de un operativo policial contra el narcotráfico, las fuerzas de seguridad asesinaron al menos a 25 personas en la favela Jacarezinho, en Río de Janeiro. El hecho, de acuerdo a fuentes especializadas, es la mayor masacre en la historia de la ciudad y se engloba en un clima de violencia promovido por el Estado en múltiples formas, entre las que se puede mencionar los intentos por legalizar el porte de armas y los vínculos entre el gobierno y las milicias derechistas, que controlan muchas actividades ilegales en Río.

 

 

Chile: luchas, desgaste de Piñera y panorama electoral

En Chile, en tanto, la crisis política no deja de profundizarse y el gobierno de Sebastián Piñera mantiene su impopularidad, en su último año de mandato. Durante abril, la noticia más importante tiene que ver con la aprobación del tercer retiro del 10% de las cuentas que cada aportante tiene en las Administradoras de Fondo de Pensión (AFP). Incluso antes de ser aprobado por mayoría en el Congreso, el Poder Ejecutivo decidió recurrir al Tribunal Constitucional para evitar ese desembolso por parte de las compañías financieras, lo que motivó nuevas protestas, que incluyeron cacerolazos y barricadas junto a un importante paro de trabajadores portuarios, que paralizó 25 terminales. Finalmente, el Tribunal rechazó el pedido del gobierno, en una derrota significativa para la coalición derechista. De acuerdo a un sondeo realizado en abril, más de la mitad de la población tiene urgencia por aumentar sus ingresos: al menos un 33% destinará el tercer retiro a pagar deudas y otro 22% a compras de alimentos o artículos de primera necesidad.

En el período, además, quedó en evidencia la debilidad de la estrategia sanitaria: como se mencionó en el punto 2 de este informe, pese a una vacunación récord, el país se encuentra con pésimos indicadores en medio de la nueva ola de COVID-19. La política chilena fue incluso criticada por expertos y medios internacionales, bajo el argumento de una relajación inconveniente en las medidas de cuidado y las restricciones a la movilidad. El 30 de abril, trabajadoras y trabajadores de la salud impulsaron una huelga sanitaria, a la que adhirieron también otros sectores. Los principales reclamos de la jornada por “Pan, trabajo, salud y dignidad” fueron el aumento del salario mínimo y el establecimiento de una renta básica universal. En su convocatoria, la Central Unitaria de Trabajadores señaló que la medida de fuerza muestra “el descontento y malestar de la población con la indolencia y avaricia de un Gobierno que no ha dudado en salvaguardar intereses de la clase empresarial”.

Por último, no hay que olvidar que 2021 tiene planteado un intenso calendario electoral. Además de las elecciones de convencionales constituyentes postergadas finalmente para el 15 y 16 de mayo —que debatirán la superación de la Constitución pinochetista y sobre las que detallamos en el informe #11—, para noviembre está prevista la elección presidencial. De cara a esta instancia, los partidos y alianzas se encuentran en preparativos hacia las elecciones primarias simultáneas que se realizarán el 18 de julio.

Algunas encuestas muestran que los candidatos con mayor preferencia provienen de la izquierda, en particular Pamela Jiles (precandidata del Partido Humanista) y Daniel Jadue (Partido Comunista), aunque por el momento ninguno supera el 20%. En una eventual primaria dentro de este campo —que hasta el momento no se ha definido—, a estas candidaturas hay que sumarles la reciente proclamación de Gabriel Boric como precandidato por el Frente Amplio. Tanto desde el PC como el FA no parecen entusiasmarse con una primaria en la que esté Jiles, aunque esto todavía está por resolverse.

Más al centro, aunque sin lograr —al menos por ahora— una adhesión significativa, aparecen las candidaturas del excanciller de Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz (PPD); de Paula Narvaez (Partido Socialista), de Carlos Maldonado (Partido Radical) y de la senadora Ximena Rincón (Democracia Cristiana). Si bien una primaria al interior de este espacio es el escenario que parece más probable, no se descarta completamente que algunas de estas candidaturas puedan ser parte de una gran primaria del centro hacia la izquierda, o al menos con parte de ese espectro.

Por parte de la derecha, Joaquín Lavín (UDI) es quien está mejor posicionado, en una competencia en la que también aparecen Evelyn Matthei (también de UDI), el exministro de Defensa Mario Desbordes (RN), el exministro de Hacienda, Ignacio Briones (Evópoli) y el candidato propuesto por Piñera para intentar frenar una posible derrota con un aire de renovación: el ex presidente del Banco del Estado hasta diciembre, Sebastián Sichel, quien de todos modos no parece despegar todavía en las encuestas. Al menos por ahora, José Antonio Kast —emergente de la extrema derecha con el Partido Republicano, fundado en 2019— aparece por fuera de la primaria de la alianza de gobierno.

 

Paraguay: comienza a manifestarse el hartazgo

En Paraguay, el mes de marzo fue de intensas movilizaciones contra el gobierno, que fueron enfrentadas con represión. Las protestas, que duraron varias semanas, incluyeron marchas campesinas y urbanas de amplios sectores de la población, quienes manifestaron su hartazgo por la corrupción, en el marco de una crítica situación sanitaria, económica y social; y exigieron la renuncia del presidente Mario Abdo. Las bancadas opositoras del PLRA y el Frente Guasú promovieron el juicio político en el parlamento, pero este fue rechazado gracias a la alianza entre ambos sectores de la ANR (el Partido Colorado): el que responde a Abdo y el que está conducido por el expresidente Horacio Cartes. Durante las protestas, el repudio hacia esta formación política se generalizó e incluso provocó el ataque a uno de sus locales, que resultó incendiado.

En este contexto, el Frente Guasú denunció que la bancada oficialista obstaculizó el ingreso de 14 millones de vacunas provenientes de China por razones políticas. De acuerdo a varios analistas, el gobierno de Abdo priorizó su alianza con Taiwán —a instancias de EE. UU., Paraguay es uno de los pocos países del mundo que reconoce a ese Estado— antes que la salud de la población.

Por otro lado, como ya hemos señalado en los informes anteriores, un tema estratégico para el país tiene que ver con la política energética. Respecto a este tema, desde la Campaña Itaipú 2023 Causa Nacional —que propone renegociar el convenio con los países limítrofes por considerar que el actual implica un grave perjuicio para el país—, exigió a la empresa distribuidora ANDE “que exporte a precio de mercado nuestra energía de Yacyretá e Itaipú, porque actualmente empresas privadas argentinas están vendiendo al Brasil triple del precio que la ANDE cede a Argentina nuestra energía de Yacyretá”. Por otro parte, luego del intento inicial por parte del gobierno, a fines de abril el presidente promulgó una ley que destina fondos de ambas represas a la compra de medicamentos e insumos para la lucha contra la COVID-19. La Campaña la consideró “un triunfo de la ciudadanía”, luego de que diferentes fuentes difundieron que la resistencia de Abdo tenía que ver con mantener como beneficiarios de esos fondos “socioambientales” a ONG, gremios de jueces y fiscales, instituciones religiosas y hasta medios de comunicación. De acuerdo a una investigación periodística, “32 organizaciones recibieron 388.000.000 de dólares de Itaipú durante tres años sin ningún control efectivo”.

Por último, otro tema importante tiene que ver con la continuidad de la desaparición de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba (“Lichita”, de 15 años), prima de las dos niñas asesinadas por la Fuerza de Tarea Conjunta el 2 de septiembre de 2020. En el mes de marzo, una delegación argentina de derechos humanos visitó la zona para conocer de primera mano el caso. En este contexto, integrantes de las comunidades de Cerro Guazú, en el norte del país, denunciaron el hostigamiento de las fuerzas de seguridad. Pocos días después, en un hecho completamente inusual, una habitante de la comunidad —Gladys Armoa Gauto, de 39 años— fue asesinada en un supuesto robo. El viernes 30 de abril, al cumplirse cinco meses de la desaparición de la adolescente, un conjunto de organizaciones de derechos humanos lanzaron el Ciclo internacional de debates ¿Dónde está Lichita?, con el objetivo de difundir el caso y exigir su aparición.

 

Polarización, contradicciones y temas estratégicos en Argentina

En Argentina, al calor de la llegada de la segunda ola, la escena política está dominada por el enfrentamiento entre gobierno y oposición por el tratamiento de la situación sanitaria, a pocos meses de las elecciones legislativas (previstas para octubre de este año, aunque muy probablemente se postergarán para noviembre) y con la incertidumbre respecto a la realización o no de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que deberían realizarse en agosto.

El ring principal para la pelea política se da principalmente en la zona más afectada por la COVID-19: el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que abarca el distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernado por la derecha, y varios municipios que corresponden a otro distrito: la provincia de Buenos Aires, gobernada por el Frente de Todos.

En particular, luego de algunas medidas restrictivas tomadas por el gobierno nacional, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta (de la alianza derechista Juntos por el Cambio) decidió no acatar un Decreto de Necesidad y Urgencia presidencial y se negó a la suspensión de las clases presenciales. Con la situación judicializada, tras varios días de demora la Corte Suprema de Justicia resolvió —paradójicamente, de modo virtual— a favor de la presencialidad en las escuelas, en un fallo de fuertes implicancias políticas que ratifica una vez más el posicionamiento de la jerarquía del Poder Judicial con los sectores más conservadores. Frente a esto, los gremios docentes de la capital se encuentran de paro, al considerar que afecta directamente la salud de docentes y personal auxiliar de la educación. Mientras tanto, el gobierno argentino se encuentra en conversaciones con diferentes países y empresas —entre ellos China, Rusia y Cuba— para producir vacunas en el país.

La pelea política se da en un marco de profunda crisis económica, luego de varios años de pérdida general del poder adquisitivo de los salarios, en medio de altas tasas de inflación y con la situación de la deuda externa legada por el gobierno de Mauricio Macri aún pendiente de discusión con el FMI. Frente a esto, los sectores económicamente más poderosos se resisten a la muy moderada redistribución de ingresos que propone el gobierno encabezado por Alberto Fernández. En los últimos días de abril, el Consejo Económico y Social —integrado por gobierno, cámaras empresariales y centrales sindicales— acordó un 35% de aumento nominal del salario mínimo, cifra que se pagará en cuotas durante todo el año, hasta febrero de 2022 y que resulta insuficiente para compensar la pérdida de ingresos de los últimos meses.

Otra de las problemáticas de la clase trabajadora en el país es la cantidad de muertes evitables en ámbitos laborales. Un espacio conformado por familiares y compañeros de las víctimas, llamado “Basta de Asesinatos Laborales”, se encuentra registrando este fenómeno y a fines de abril presentó su último informe, en el que se destaca que en 2020 se registraron 1295 muertes en el puesto de trabajo, de las cuales 985 fueron a causa de COVID-19. Del total de muertes, más del 30% corresponden a personal de Salud. Otros sectores afectados históricamente con los llamados “accidentes laborales” son transporte (que en este caso alcanzó al 15%) e industria (14%).

Aun con las restricciones a que obliga la pandemia, en el país se registraron una serie de protestas sociales en forma dispersa —aunque significativa—, como es el caso de movilizaciones contra la minería a cielo abierto en Catamarca, que fueron respondidas con encarcelamiento a varios referentes de las asambleas locales; diversas marchas en varias regiones por aumento de salarios y una larga lucha del sector de salud en la provincia de Neuquén, que tras varios días de bloqueos de accesos al yacimiento de gas y petróleo Vaca Muerta obtuvieron a fines de abril una recomposición superior al 50%.

De cara al futuro inmediato, se encuentran en agenda algunos temas que hacen a la soberanía política y económica. Uno de ellos es la soberanía sobre el Mar Argentino, en un contexto de disputa histórica con Gran Bretaña por las Islas Malvinas y de nuevos movimientos de EE. UU. en la zona, como ya hemos mencionado en el informe anterior. Otro de los temas importantes es el debate sobre la gestión de la Cuenca del Plata —formada por tres grandes sistemas hídricos: el Paraná, el Paraguay y el Uruguay, en el litoral argentino, además del Río de la Plata y afluentes menores—, en particular sobre la concesión de la Hidrovía Paraná – Paraguay, ruta navegable por donde circula la mayor parte del comercio exterior del país; y sobre la ampliación del Canal Magdalena, ubicado sobre el propio Río de la Plata.

Respecto a la hidrovía, el tema es materia de debate al interior de la coalición gobernante. Mientras desde el Ministerio de Transporte —conducido hasta hace poco por Mario Meoni, fallecido en un accidente de tránsito el 23 de abril— la intención es prorrogar la concesión del dragado y del balizamiento a empresas privadas, un sector importante del gobierno plantea la necesidad de estatizar la gestión. El excanciller y actual presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Jorge Taiana, ha planteado abiertamente su oposición a la continuidad de la privatización y sostiene que el paso hacia una gestión estatal es “una oportunidad para desarrollar un proyecto integral soberano sobre esta vía troncal estratégica”.

En cuanto al canal Magdalena, la concreción de esta obra implicaría que barcos de gran calado puedan navegar desde los puertos fluviales hasta los puertos marítimos de Argentina sin necesidad de utilizar el puerto de Montevideo. Luego de ser frenado por el gobierno de Macri, en los últimos meses se reactivó y en estos momentos se están dando pasos hacia el inicio de los trabajos.

El tema es materia de preocupación en Uruguay, cuyo Ministerio de Relaciones Exteriores emitió a principios de abril un comunicado manifestando que “se encuentra atento a la presentación por parte de la Argentina del eventual proyecto de obra del referido Canal Magdalena en lo que respecta al impacto de dicha obra en la navegación o en el régimen del río”.

 

Uruguay, entre la segunda ola y el intento por derogar la política de Lacalle

En el plano de la política interna uruguaya, lo más destacado es la situación sanitaria, que durante abril tuvo al país al tope en las estadísticas de muertos por millón de habitantes en la región, incluso por encima de Brasil. En la primera semana de abril, las muertes por COVID-19 superaron a las de todo el 2020. En este contexto, a mediados de marzo el Congreso aprobó un proyecto enviado por el Ejecutivo para extender por 120 días más la limitación al derecho de reunión, con los votos del oficialismo y la oposición del Frente Amplio.

Por otro lado, más de 100 organizaciones sociales y políticas continúan la recolección de firmas para convocar a un referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) que Lacalle Pou impulsó apenas asumió el gobierno. En la Comisión Nacional pro referéndum articulan espacios como la central sindical PIT-CNT, la histórica Federación de Cooperativas de Viviendas (FUCVAM), la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU), la Intersocial Feminista y el Frente Amplio, entre otras, que entienden que la LUC “significa un retroceso para los derechos y la democracia de nuestro país”. De aprobarse la convocatoria, la elección debería hacerse en diciembre de 2021.

 


Caribe insular: de la solidaridad y la soberanía cubanas a las crisis, debates y desastres naturales

 

Haití: crisis política, resistencia social y proyecto de muro dominicano

El 29 de marzo la Constitución haitiana cumplió 34 años, en un clima de crisis política, social y económica, agravado a partir del 7 de febrero pasado. El presidente Jovenel Moïse sigue con su idea de realizar un referéndum para cambiar el texto de la Carta Magna y poder renovar mandato. Lo había anunciado para abril, pero debió ser pospuesto debido al rechazo popular.

El 28, 29 y 30 de marzo se convocaron movilizaciones en defensa de la Constitución. Además se realizó una Jornada Internacional de Solidaridad impulsada por ALBA Movimientos, con manifestaciones en varias ciudades, campañas en redes, conversatorios y petitorios denunciando la situación y exigiendo no reconocer al gobierno de Moïse.

La ola de crímenes que viene sufriendo el país complejiza aún más la situación. Según Lautaro Rivara, “al no haber monopolio del uso de la fuerza y resultar desconocido el origen de los crímenes la justicia y la reparación resultan imposibles”. Se estima que estos crímenes organizados tienen el fin de desmovilizar a la población. Recientemente se publicó un informe que revela la complicidad y financiamiento por parte de actores estatales a grupos armados.

La fallida operación “antipandillas” del Gobierno desembocó en un pedido de ayuda de Moïse a la ONU y la OEA y en renuncias de distintos mandos policiales, sobre todo después de la difusión de imágenes de cinco agentes asesinados. Durante abril hubo secuestros y asesinatos a docentes y líderes religiosos que han cobrado relevancia internacional.

El 14 de abril renunció el primer ministro Joseph Jouthe y, en su reemplazo, Moïse nombró a Claude Joseph como interino. La Constitución obliga al Parlamento a votar al primer ministro, pero esta institución está cerrada desde hace más de un año. Al asumir, Joseph anunció medidas contra la inseguridad y agradeció el apoyo de EE. UU. Mientras tanto, las protestas contra la inseguridad y la violencia continúan en distintas regiones del país.

Por su parte, Luis Abinader, presidente de República Dominicana, había anunciado el 27 de febrero su intención de construir un muro fronterizo con Haití, que abarcará la mitad de la frontera. Participarán en su construcción empresas israelíes y españolas que ya han construido muros similares en los territorios que ocupan sus Estados. El inicio está previsto para junio. Abinader agregó que “las medidas de seguridad combinarán medios físicos y tecnológicos, sensores de movimiento, cámaras de reconocimiento facial, radares y rayos infrarrojos”.

 

Visita de Craig Faller a República Dominicana

El jefe del Comando Sur de EE. UU. cerró su gira en República Dominicana. Allí participó —junto con líderes de defensa de los países caribeños alineados con la política estadounidense— de la Conferencia de Seguridad de las Naciones del Caribe (CANSEC), patrocinada por el propio Comando Sur y que anfitrionó junto al ministro de Defensa local, Carlos Díaz Morfa. Faller expresó interés por trabajar en la inteligencia para detectar “amenazas” y afirmó que República Dominicana “merece una frontera segura”, mostrando apoyo al proyecto de muro fronterizo.

En relación con la frontera dominico-haitiana, afirmó:

Trabajamos con el embajador de Estados Unidos en Haití. Tenemos proyectos de asistencia humanitaria y seguridad para ayudar a estabilizar la situación. También trabajamos con el ministro de Defensa y nuestro equipo de la Embajada para que ustedes tengan los recursos y los procesos para tener seguridad nacional.

Faller recorrió instalaciones sanitarias donadas por EE. UU. y expresó preocupación por la situación del subcontinente a raíz de la pandemia, aunque no habló de provisión de vacunas.

Por último, se refirió a China, afirmando que “no es una democracia, no respeta los derechos humanos, no sigue el estado de derecho”. La Embajada del país asiático en Dominicana no se hizo esperar y respondió afirmando que Faller acusó sin fundamentos y con malicia:

Nos oponemos al uso frecuente de la democracia y los derechos humanos por parte de Estados Unidos para acusar y desacreditar a China e interferir en asuntos internos (…) En EE. UU. prevalecen la discriminación racial y la ejecución violenta de la ley, más de medio millón de personas han perdido la vida durante esta pandemia. Lo que corresponde a EE. UU. es reflexionar sobre sus propios problemas de democracia, derechos humanos y justicia, en lugar de meter la pata en asuntos de otros países.

 

Cuba: Raúl Castro, sucesión y acciones contra el bloqueo

Como desde hace meses, en marzo y abril hubo caravanas en más de 60 ciudades del mundo que se expresaron contra el bloqueo a Cuba, endurecido durante la pandemia. Durante el gobierno de Trump se contabilizaron más de 240 medidas, la mayoría tendientes a acrecentar el bloqueo. Y no pareciera vislumbrarse un horizonte de cambio con el gobierno de Biden.

Entre el 16 y el 19 de abril, se llevó a cabo el 8º Congreso del Partido Comunista Cubano, que se reúne cada cinco años desde 1975 para definir las líneas estratégicas del partido que conduce los destinos de la isla. Allí, Raúl Castro anunció su retiro como primer secretario y se eligió para su relevo a Miguel Díaz-Canel, actual presidente de la República.

Castro presentó el Informe Central del Congreso y mostró confianza en la nueva generación de militantes. Hizo un balance del último lustro y condenó el recrudecimiento de las políticas de bloqueo por parte de EE. UU. Además, destacó las relaciones con China, Vietnam, Rusia, la Unión Europea y el compromiso de trabajar por la integración de Nuestra América.

El ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla anunció que el 23 de junio Cuba presentará ante la Asamblea General de la ONU una resolución para poner fin al bloqueo. Desde 1992, 28 veces la Asamblea ha condenado el embargo, pero el poder de los dos países que sistemáticamente votaron en contra —Estados Unidos e Israel— ha vetado la posibilidad de avanzar en una resolución en este sentido.

Cinco son las vacunas contra la COVID-19 que está produciendo Cuba. Dos de ellas, la Soberana 02 y Abdala, están en fase III. La isla ya está preparando su sistema sanitario para comenzar en mayo con la inmunización masiva de su población. Además, el gobierno está en conversaciones con otros países acordando distintos tipos de colaboración. Mientras Venezuela producirá la vacuna Abdala, Argentina propuso colaborar con el financiamiento de los desarrollos y tiene intención de producir la Soberana 02 localmente y los gobiernos de San Pablo y Belém do Pará de Brasil ya están en tratativas para adquirir la Soberana 02. Otros países —como Bolivia, Honduras y Paraguay— también han mostrado su interés; además de Irán, que está participando en los ensayos, e Irlanda, que tuvo recientemente una reunión con Cuba.

En varios países se inició una campaña solidaria para contrarrestar los efectos del bloqueo sobre la vacunación contra la COVID-19. Rubén Zaccaro, integrante del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba (MASCuba), consultado para este informe, contó:

Cuba está a punto de poder vacunar a todos sus habitantes con sus propias vacunas, Soberana y Abdala. Para ello, son necesarias jeringas pero el bloqueo obstaculiza su compra a otros países. Por eso se inició la campaña La solidaridad vence el bloqueo. Se puso a disposición la cuenta corriente de la Casa de Amistad Argentino-Cubana a efectos de recaudar fondos para la compra y envío de estos insumos a la isla.

Con relación a la vacunación, durante marzo y abril distintas islas caribeñas empezaron a recibir dosis desde India y China para iniciar o escalar sus procesos de inoculación. A principios de marzo, el gobierno indio donó 80 mil dosis de AstraZéneca a Guyana y 50 mil a Jamaica, que además recibió las primeras vacunas distribuidas por el mecanismo COVAX que se recibieron en el Caribe. Por su parte, República Dominicana está siendo abastecida con las vacunas chinas. Compró ya varios millones de dosis de Sinovac y recibió 50 mil dosis de Sinopharm como donación del gobierno chino. Trinidad y Tobago recibió su primer cargamento de AstraZeneca por COVAX.

 

Erupciones de volcán en San Vicente y Las Granadinas

Desde el 9 de abril, el volcán La Soufriere de San Vicente y las Granadinas está en erupción después de 40 años de inactividad. La última vez había sido en 1979, y previamente en 1902, cuando provocó la muerte de 1600 personas.

Dada la temprana evacuación de las 16 mil personas que viven en las “zonas rojas”, no se registraron víctimas fatales. La Alianza Bolivariana para los pueblos de América (ALBA-TCP) y otros países del Caribe prestan colaboración para recibir a las personas o envían equipos a trabajar en el lugar. La congresista de Nueva York Yvette Clarke pidió a Biden el Estatus de Protección Temporal para que quienes viven allí.

Luego de varias erupciones, la actividad disminuyó en las últimas semanas aunque la isla sigue en alerta máxima, ya que podría continuar por meses. Por otro lado, hay preocupación por el hacinamiento de personas refugiadas, que podría propiciar el rápido contagio de COVID-19. No es posible aún determinar los costos materiales y en la actividad económica.

 

Puerto Rico sigue en debate por su autodeterminación

A principios de marzo, el gobernador Pedro Pierluisi se presentó ante el Congreso de EE. UU. y pidió que se haga efectiva la estadidad, haciendo referencia al referéndum de noviembre pasado. Por su parte, tres ex gobernadores —Sila María Calderón, Aníbal Acevedo Vilá y Alejandro García Padilla— enviaron una carta a Biden y Kamala Harris en disidencia con ese pedido. Manifestaron críticas a la forma en que se dio la consulta, la consideraron sin validez y les pidieron que “encaminen un proceso de autodeterminación para los puertorriqueños”.

El 18 de marzo, las congresistas demócratas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez presentaron la nueva versión del proyecto de autodeterminación (abordada en el informe anterior), que propone una Convención de Estatus en Puerto Rico para negociar con el Congreso federal y una posterior consulta popular con alternativas que estén fuera de la cláusula territorial. En apoyo a este proyecto, se lanzó el 29 de marzo el Frente Puertorriqueñista (FP), una organización apartidaria que cuenta con la adhesión de personalidades de la cultura, la religión y distintos partidos políticos (entre ellos, el Partido Popular Democrático, el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana). El FP reclama un “verdadero proceso de autodeterminación, basado en una alternativa que esté fuera del alcance de la cláusula territorial y respete nuestra lengua, cultura e identidad”. Rechazan la validez del referéndum, se oponen a la estadidad “por constituir el fin de la identidad puertorriqueña y la imposición de pesadas cargas impositivas” y defienden “la Asamblea de Estatus como el mecanismo más inclusivo y democrático para resolver el problema del estatus de Puerto Rico”. Esta Asamblea de delegados y delegadas sería convocada por el Congreso estadounidense, lo que a su vez despierta críticas de algunos sectores independentistas que consideran que debería ser un proceso que emane de las distintas luchas del pueblo puertorriqueño.

 


Mesoamérica: crisis migratoria, los poderes judiciales en la mira y escenarios electorales mientras asoma la tercera ola de contagios

 

Nueva cara, misma política y agudización de la crisis migratoria

La crisis sanitaria a causa de la COVID–19 profundizó las desigualdades socioeconómicas que imperan en la región, que junto a otras causales de la inmigración (violencia sistémica, reunificación familiar, inseguridad alimentaria, etc.) generaron un incremento histórico del flujo de inmigrantes, en su mayoría desde los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) y México hacia Estados Unidos, llegando a un total de 171 mil personas que migraron en condiciones irregulares durante el mes de marzo,[5] de las cuales 103 900 fueron deportadas y 18 800 eran menores no acompañados.

La situación de los inmigrantes se agrava por la postura que viene tomando el gobierno norteamericano. La llegada de Joe Biden a la Casa Blanca anunciaba reformas en este campo que contrastarían con Donald Trump. Contrariamente a esto, los primeros 100 días del presidente demócrata presentan más continuidades que cambios[6]: se mantuvo el límite de ingreso de 15 000 refugiados, continuó el mecanismo de deportación implementado por su antecesor, salvo al eximir de esto a los niños no acompañados; las personas recluidas en territorio norteamericano se encuentran en situaciones de hacinamiento sobrepasando la capacidad de la oficina de aduana y protección fronteriza y se reabrió el centro de detención para menores en el estado de Texas, según informó el observatorio ARGOS (Observatorio internacional de migraciones y derechos humanos).

La administración demócrata continúa presionando a México y a los países del Triángulo Norte para que tomen cartas en el asunto. A causa de esto, en los primeros días de abril se ha reforzado la seguridad fronteriza de los países: en México se mantuvieron las 10 000 tropas en la frontera sur, Guatemala envió 1500 policías y militares a la frontera con Honduras y este hizo lo propio desplegando 7000 militares y policías. El periodista y activista hondureño Bartolo Fuentes ha señalado lo contraproducente que resulta la militarización de la frontera para contrarrestar el flujo migratorio, ya que sólo obliga a las personas a recurrir a caminos más peligrosos, exponiéndose a situaciones de violencia extrema y a merced de bandas criminales:

De ahí resultan los miles de asaltos, extorsiones, violaciones, asesinatos y secuestros, hay días de producirse 50 de estos delitos y la Policía sólo registra tres. En la mayoría de los casos la gente no hace la denuncia porque ahí mismo están los secuestradores.

Es importante hacer mención al pedido que hicieron desde la CEPAL y la OIM para que los países incorporen en su plan de vacunación a las personas migrantes, ya que en muchos Estados, como el caso de México, sólo se vacuna a quienes tengan la nacionalidad de dichos países. El trasfondo de esta situación es el estado crítico de las economías de la región, cuando vuelven a subir los casos de contagios en algunos países y la carrera entre la tercera ola[7] y el proceso de vacunación parece jugarles en contra.

 

México: la cuarta transformación avanza al ritmo de las reformas en víspera de las elecciones federales y estatales

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) continúa con su agenda de reformas, esta vez en sectores estratégicos de la economía mexicana. En los primeros días de marzo se aprobó el proyecto enviado por el presidente para la reforma de la ley de industria eléctrica y lo mismo sucedió a mediados de abril con la reforma de la ley de hidrocarburos. Ambas legislaciones buscan fortalecer la posición del Estado y de las empresas públicas que están a cargo tanto del suministro eléctrico como del hidrocarburífero, dejando atrás las reformas que introdujo en este campo el “Pacto por México” firmado por los principales partidos políticos (PRI, PAN y PRD) en 2012, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Dicho acuerdo impulsó reformas en el sector energético que apuntaban a desfinanciar a las empresas públicas, priorizar a las privadas y avanzar en un proceso de privatización de PEMEX (Petróleos Mexicanos S.A.).[8]

Los partidos de oposición y los grupos económicos se opusieron a las reformas y la justicia reaccionó con un amparo, acusando de inconstitucionalidad a la primera. Se espera una guerra de amparos judiciales sobre la ley de hidrocarburos, que busca terminar con el contrabando de combustible y la corrupción en la distribución, almacenamiento y comercialización de petrolíferos. También las críticas vinieron por el lado de las organizaciones que integran la Alianza Mexicana contra el Fracking, que sostienen que el gobierno incumple su promesa de prohibir el uso del fracking y que estas políticas no incorporan las demandas históricas de los pueblos, comunidades y la sociedad civil.[9]

Por último, es importante señalar que el proceso de reformas se da en un contexto electoral, donde por primera vez desde que AMLO llegó a la presidencia en 2018 se pone a prueba su gestión mediante el voto popular. El 6 de junio se realizarán las elecciones federales y estatales.[10] El principal foco de atención está puesto en la Cámara de Diputados, en torno a si el oficialismo podrá retener la mayoría legislativa. Las encuestas arrojan una amplia victoria para MORENA (partido de López Obrador), que podría tener mayoría absoluta con sus propios diputados y calificada con partidos aliados, cuestión que será fundamental para avanzar en las reformas y, sobre todo, en la reforma constitucional. La contracara de esto es la debacle de los principales partidos de oposición (PRI, PAN y PRD), que tienen una amplia imagen negativa, por encima del 60%, mientras la gestión de López Obrador ronda el 65% de imagen positiva.

 

El Salvador y Guatemala: el asalto a la justicia abre paso a la impunidad y corrupción

La elección de los magistrados que imparten justicia en El Salvador y Guatemala sacudió la agenda política de ambos países, en un contexto donde sus gobiernos están acusados de fortalecer y hacer uso de la faceta autoritaria y represiva del Estado, así como de violaciones a los derechos humanos.

El 1 de mayo asumió la nueva composición de la Asamblea Legislativa en El Salvador, tras las elecciones del 28 de febrero pasado, que arrojaron una amplia mayoría para el Partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, obteniendo 56 de 84 diputaciones. Lo que parecía un mero acto protocolar desencadenó un torbellino político tras la destitución del Fiscal General de la República y de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y la sustitución por jueces afines al gobierno. Bukele sostiene que las destituciones son parte de un proceso de limpieza del sistema político y judicial, acusando a los jueces de tener vínculos con el sistema bipartidista (ARENA y FMLN), que su liderazgo vino a romper.

Este suceso ha sido denunciado por partidos opositores, organizaciones sociales y de Derechos Humanos y organismos internacionales. El FMLN ha señalado que se trata de un “golpe de Estado” contra la democracia y un “control absoluto de los poderes del Estado”. Otras organizaciones han relacionado el ataque a la justicia con la faceta autoritaria del gobierno de Bukele, denunciando persecuciones políticas, represión a la protesta social y actos de violencia contra militantes.

El desenlace de este conflicto político marcará la agenda de las semanas venideras, en un contexto de alta popularidad del presidente, de presión internacional (sobre todo por parte de Estados Unidos) y de negociación con el FMI de un préstamo por 1300 millones de dólares.

En Guatemala, organizaciones políticas y sociales han denunciado un pacto de corrupción entre los diputados oficialistas, “élites depredadoras” y bandas del crimen organizado para cooptar a la nueva Corte de Constitucionalidad y así garantizar la corrupción e impunidad. El bloque oficialista del Congreso condicionó la composición de la magistratura en medio de cruces entre el presidente Alejandro Giammattei y su vice Guillermo Castillo. Así, se acusa al gobierno de querer impedir que se investigue la mala gestión de la pandemia y la falta de vacunas como denuncias por violaciones de los derechos humanos. Organizaciones y periodistas han realizado un posicionamiento en defensa de la libertad de expresión ante amenazas y presiones sufridas por llevar a cabo investigaciones sobre estas acusaciones dirigidas al poder político.

El 28 de abril, el Congreso aprobó una reforma de la ley de contrataciones del Estado que amplía el margen presupuestario para realizar compras sin licitación, lo que sigue abonando a las denuncias por corrupción del Estado guatemalteco.

Por último, en Guatemala sobresale el diferendo territorial con Belice, por el cual ha recurrido a la Corte Internacional de Justicia. La disputa —que tiene su origen en tiempos de la Corona española— es por los límites territoriales que separan a un país del otro: Guatemala reclama una porción del actual territorio de Belice para sí. El desenlace de este conflicto tendrá un efecto importante en la economía de ambos países, según sea su resolución.

 

 

Honduras: elecciones en medio de la crisis política. La violencia e impunidad siguen al pie del cañón

Honduras[11] se encuentra atravesando un proceso electoral cuyas elecciones primarias se llevaron a cabo el 14 marzo. Los resultados dejan un escenario incierto de cara a las generales del 28 de noviembre, en primer lugar por la poca credibilidad del sistema electoral y la constante amenaza de fraude. En segundo lugar, las miradas estarán puestas en los dos principales partidos de oposición al régimen: el Partido Liberal, que lleva como candidato a Yani Rosenthal, y LIBRE (partido que preside Manuel Zelaya), cuya candidata es Xiomara Castro. Ambos tienen la dificultad de que no pueden ordenar la unidad de sus propios partidos luego de las primarias y a su vez deben construir una alianza electoral como única posibilidad para llegar a los votos necesarios para derrotar al Partido Nacional, que lidera Nasry Asfura (alcalde de Tegucigalpa). Hasta el momento los intentos de unidad han sido poco fructíferos. El otro actor que aparece con expectativas es el presentador televisivo y ex candidato a la presidencia Salvador Nasralla, quien busca aparecer como un outsider y tiene buenas relaciones con la Embajada estadounidense.

El régimen del presidente Juan Orlando Hernandez (JOH) se sostiene a partir de las Fuerzas Armadas y de la violencia sistemática ejercida sobre las organizaciones sociales y las comunidades indígenas y campesinas. En los primeros días de marzo, la comunidad garífuna sufrió la muerte de dos de sus integrantes tras un tiroteo. La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) denunció al Estado por perpetrar un acto de genocidio contra la comunidad garífuna, que cumplió 234 años de presencia en el territorio del país centroamericano. La impunidad se volvió la norma en la sociedad hondureña, sin encontrar justicia ante las desapariciones y asesinatos que se producen de manera constante. El 26 de abril se reanudó el juicio contra David Castillo como autor intelectual del asesinato de la  ambientalista y defensora de los derechos del pueblo Lenca, Berta Cáceres, ocurrido el 2 de marzo de 2016.

 

Costa Rica: movilizaciones contra el FMI y Ley de empleo público

El presidente Carlos Alvarado envió a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Empleo Público como caballo de batalla para sellar el acuerdo que contrajo con el Fondo Monetario Internacional en el mes de enero de este año y que consiste en un préstamo de 1178 millones de dólares. A cambio de esto, el gobierno debe hacer un ajuste fiscal y el foco está puesto en una reforma del sector público.

El rechazo a ambas medidas fue contundente. El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos (FENOTRAP) y titular de la Central de Movimientos de Trabajadores Costarricenses (CMTC), Olman Chinchilla, señaló que “estos dos proyectos vienen a convalidar una estratégia neoliberal de privatización de servicios estratégicos”. Además, añadió que precariza las condiciones laborales y es regresivo para los salarios de la clase trabajadora del sector público. Con respecto al lugar que la normativa deja a los sindicatos, afirma que “elimina la acción sindical en el sector público y se vacía de contenido las negociaciones colectivas”.

Para conseguir los votos necesarios para la aprobación de la ley, el gobierno llegó a un acuerdo con sectores conservadores como Nueva República, cuyo referente es el excandidato a presidente Fabricio Alvarado. A raíz de esto, se incorporó la “objeción de conciencia” a la normativa en lo que respecta a formación en derechos humanos, provocando el rechazo y una dura crítica al presidente y al Partido de Acción Ciudadana (PAC) por parte del movimiento LGBTIQ. Las críticas también llegaron del sector universitario, que acusa que la ley propuesta viola la autonomía universitaria.

 

Belice: entre el FMI y las movilizaciones populares

En lo que respecta a Belice —además del diferendo territorial con Guatemala que ya hemos señalado y por el cual el país debe presentar su memorial de respuesta antes del 8 de junio— destaca el paro por tiempo indeterminado anunciado por los maestros ante el recorte salarial del 10 % y un congelamiento del mismo por tres años. A su vez se exige al gobierno el cobro de los impuestos impagos a las grandes empresas y el fin de la corrupción. El 29 de abril se aprobó en el Senado el presupuesto de austeridad exigido por el FMI en medio de críticas y movilizaciones sindicales.

 


Imperialismo e integración

 

El Globalismo en acción: confrontación, alianzas e intentos de reconstrucción de la hegemonía

 La asunción presidencial de Biden el 20 de enero de este año marcó el regreso de la fracción “globalista” al gobierno de EE. UU., tras los cuatro años del “americanismo unilateral” de Trump, en un contexto interno y externo diferente del que ese sector había enfrentado con Obama. El bombardeo en Siria a fines de febrero, las acusaciones a China y sanciones a funcionarios de ese país realizadas en el marco de la reunión de alto nivel entre ambos gobiernos realizada en Alaska y la acusación pública de “asesino” formulada por Biden sobre Putin —ambos hechos ocurridos a mediados de marzo— parecieron destinados a despejar cualquier duda sobre la debilidad del nuevo gobierno —y sobre la continuidad de una política de confrontación- así como a forzar el alineamiento al este y al oeste frente a China y Rusia. Ello marca el carácter “globalista” o “multilateral” de la nueva gestión: reconstruir o fortalecer las alianzas o integración subordinada de Europa, por una parte, y de Japón, Australia y otros países del sudeste asiático, por la otra, en una tensión de dos frentes. Y utilizar para ello todas las herramientas disponibles, privilegiando el uso del llamado “soft power” en su combinación con el “hard power”, de la guerra híbrida amparada en los intentos de reconstruir una hegemonía moral que legitime esa acción. Esos ejes pueden registrarse también en la política seguida hacia Nuestra América en este período, entre las continuidades y novedades respecto de lo hecho por el gobierno de Trump. Consideremos lo acontecido sobre las siguientes cuestiones.

 

La problemática de las migraciones

Las migraciones forzadas de poblaciones que intentan ingresar a EE. UU. por su frontera sur son uno de los temas centrales de las elites estadounidenses en las últimas décadas en su relación con Centroamérica y México. Fueron centro de atención pública para el gobierno de Trump —con su propuesta de Muro y los acuerdos migratorios con los llamados países del Triángulo Norte— y lo son igualmente para el de Biden. De sus anuncios de campaña, con la suspensión de la construcción del Muro y lentos cambios en el tratamiento de los migrantes ya asentados en EE. UU., el nuevo gobierno se diferenció en parte del carácter xenófobo de su antecesor. Sin embargo, las continuidades aparecen en su relación con los nuevos migrantes y la política punitiva y de control local en Mesoamérica. Así, luego de haber anunciado que permitiría el ingreso de 62 000 refugiados, en abril la Casa Blanca anunció que mantendría el límite de ingreso establecido anteriormente por Trump (15 000). Por otra parte, en marzo se registró un récord de migrantes que llegaron del sur —como señalamos en el apartado de Mesoamérica, estimulados posiblemente por las expectativas generadas por el cambio de administración—, pero el 60% fue rápidamente deportado bajo una orden ejecutiva emitida por Trump justificada en la crisis pandémica. Asimismo, el gobierno de Biden pidió a los países de Mesoamérica que reforzaran el control de sus fronteras y a mediados de marzo, México restringió el ingreso desde Guatemala a viajes no esenciales e incrementó la presencia militar, como también lo hicieron Guatemala y Honduras. Para profundizar estos acuerdos y la política de “muros mesoamericanos” (controles fronterizos militarizados), Biden nombró a la vicepresidenta Kamala Harris para coordinar esas negociaciones. En marzo recorrió la zona la coordinadora fronteriza Roberta Jacobson, en abril el enviado especial para el Triángulo Norte de Centroamérica, Ricardo Zuñiga; y la propia Kamala Harris visitó Guatemala a fines de abril, señalando la centralidad que tiene esta problemática para EE. UU.

 

Cuba y Venezuela

Más allá de los anuncios, hasta ahora el gobierno de Biden no ha avanzado en desmontar la política de agresión desplegada por Trump sobre Cuba, que sigue incluida en la lista de los países promotores del terrorismo. El retorno a la política de “normalización” encarada por Obama va, en todo caso, muy lento, si es que algún cambio de rumbo está en la agenda. Por otra parte, el nombramiento en abril del monetarista Daleep Singh como asesor de seguridad nacional en el área económica, conocido como el “rey de las sanciones” económico financieras, hace prever el intento de usar de modo más preciso y letal ese instrumento.

En el caso de Venezuela, Biden prosiguió con el reconocimiento a Guaidó y a principios de marzo, el secretario de Estado Antony Blinken le reiteró la decisión de trabajar con aliados para aumentar la “presión multilateral” contra Nicolás Maduro. Asimismo, reactivó el discurso de la migración venezolana y su impacto humanitario en terceros países, anunciándose nuevos fondos para el proyecto “Juntos es Mejor”, financiado por la USAID y por el BID; y la concesión del estatus de protección temporal (TPS) por 18 meses a más de 320 000 venezolanos residentes en EE. UU., que entró en vigencia en marzo. Por otra parte, en los últimos meses proliferaron las denuncias de funcionarios estadounidenses sobre la supuesta complicidad del gobierno venezolano con el narcotráfico y su paso ilegal desde la frontera con Colombia, así como se difundieron nuevas noticias sobre un llamado “Cartel de los Soles”, que desde estas hipótesis —nunca documentadas— sería dirigido por el propio Maduro. Paralelamente, en la tercera semana de marzo se incrementaron sustantivamente las acciones violentas perpetradas por grupos irregulares provenientes de Colombia en La Victoria y otros territorios del Estado venezolano de Apure, fronterizo con el hermano país. La intervención de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana frente a esta situación cobró, en este período, decenas de muertes entre los militares venezolanos y los grupos irregulares, así como despertó las acusaciones del gobierno colombiano y ONG —como Human Rights Watch— de desplazamientos forzados y violencia estatal sobre las poblaciones del lugar. Sin la participación directa de efectivos estadounidenses, como sí se verificó en la llamada Operación Gedeón, resulta indiscutible que la recreación de un clima de violencia y caos en la frontera colombo-venezolana tiende a incrementar la tensión entre ambos países y generar mejores condiciones para la intervención estadounidense. Sobre esta situación puede consultarse el Cuaderno Colombia, Venezuela y la segunda frontera imperial, editado recientemente por este mismo Observatorio.

 

La disputa geopolítica en Nuestra América y el Comando Sur

A fines de abril, el secretario de Estado Anthony Blinken acusó en conferencia virtual a China y Rusia de intentar “minar la voluntad democrática” en varios países de Europa Central y del Sur “donde Moscú y Beijing trabajan activamente contra la integración”. Similar discurso planteó el gobierno de Biden para América Latina y el Caribe. El 16 de  marzo, el Almirante Craig Faller, Jefe del Comando Sur, compareció ante el Senado estadounidense para dar su último informe y manifestó que:

…ahora más que nunca, existe un clima de urgencia por las amenazas globales que enfrentamos aquí en nuestro vecindario. Esta región es nuestro hogar… Las principales amenazas que enfrenta el hemisferio son China y las organizaciones criminales transnacionales y su participación en prácticas predatorias como la pesca ilegal […] China, Cuba, Irán y Rusia, apoyan en Venezuela a un régimen corrupto que alberga terroristas transnacionales.

Faller, a cargo del Comando Sur desde 2018 y próximo a terminar su mandato, es conocido en la región por haber impulsado en 2019 la intervención militar en Venezuela, incluso con la realización de una extensa gira regional previa. En los últimos meses, otras giras llevaron a Faller a Surinam en enero y a Uruguay y a Argentina en abril —las que referimos en este Informe— para cerrar su mandato en ese mes con su participación en la Conferencia de Seguridad de las Naciones del Caribe (CANSEC) realizada en República Dominicana, que analizamos también en la sección sobre el Caribe Insular, donde volvió a atacar a China. Para suceder a Faller, en marzo, el presidente Biden nominó a la Teniente Generala Laura Richardson, cuya designación se encuentra a la espera de aprobación por el Senado; habrá que ver en qué medida ello implica un cambio de tono respecto de su antecesor.

 

Pesca ilegal, cambio climático y la legitimidad ambiental de la intervención imperial

A principios de febrero, el gobierno argentino se opuso al arribo del guardacosta estadounidense USCGC “STONE” que en el marco de la “Operación (regional) Cruz del Sur” recorrió parte de Sudamérica en el control de la pesca ilegal. La controversia entre ambos gobiernos motivó, entre otras cuestiones, la visita de Faller (Jefe del Comando Sur) a la Argentina en abril, que ya comentamos. Señalado ya en la Estrategia de Seguridad de EE. UU. adoptada desde 2017, el combate a la pesca ilegal se incluyó recientemente dentro de las tres principales amenazas para la seguridad regional. A mediados de enero de 2021, en  la  sesión  virtual  del Simposio Nacional Anual de la Asociación de la Armada de Superficie, el almirante Faller señaló:

China sigue siendo una amenaza significativa para este hemisferio y está buscando puertos de aguas profundas en El Salvador, Jamaica y otros lugares, y los chinos están tratando de ejercer control sobre el Canal de Panamá. También están tratando de obtener acceso a vías navegables interiores en Brasil y países vecinos a través de contratos de dragado y remolcadores. Las flotas pesqueras chinas están recolectando capturas ilegales en muchas áreas de SOUTHCOM.

Y a su paso por la Argentina en abril reafirmó que:

… la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es un problema global que afecta la seguridad alimentaria […] hay una gran cantidad de flotas pesqueras, muchas de ellas patrocinadas por potencias extrarregionales que no respetan las normas internacionales […] apoyamos los esfuerzos del Departamento de Seguridad Interior y de la Guardia Costera de EE. UU. en su estrategia para ayudar a los países de la región a identificar quién opera en sus aguas territoriales.

Pero el combate a la pesca ilegal no fue la única temática relativa a la cuestión ambiental utilizada para justificar la intervención imperial. Entre el 22 y 23 de abril tuvo lugar la Cumbre de Líderes sobre el Cambio Climático (Leaders Summit on Climate) convocada por el presidente Joe Biden. Desde uno de los salones de la Casa Blanca, el secretario de Estado Anthony Blinken, la vicepresidente Kamala Harris y el propio Biden abrieron esta cumbre virtual que contó con la participación del Secretario General de Naciones Unidas, 40 presidentes del mundo (de América Latina estuvieron los de Argentina, México, Colombia, Brasil y Chile), así como de representantes de ONG y del campo científico. La cumbre informal sirvió al presidente Biden para promocionar su voluntad de reducir las emisiones de efecto invernadero a la mitad para 2030. Con su regreso al Acuerdo de París, esta iniciativa parece hacer del tratamiento del cambio climático una base en los intentos de reconstrucción de su hegemonía y liderazgo global. Ello tampoco es nuevo, ya fue parte del programa de Obama y la economía verde.

 

Geopolítica de la pandemia y las vacunas

La evolución de la pandemia y, particularmente, las vacunas se transformaron también en una cuestión de disputa geopolítica y, para EE. UU., de tensión con China y Rusia. Efectivamente, estos dos países cumplieron hasta ahora, junto al fondo COVAX, un papel central en la provisión de las utilizadas por los países latinoamericanos (Sinopharm, Sinovac y CanSino, en el primer caso; Sputnik V, en el segundo). Por contraposición, el acceso a las vacunas estadounidenses (Pfizer-BioNTech, Moderna y la de Johnson y Johnson-Janssen) planteó restricciones a la soberanía nacional y, en general, solo se cumplió en parte la entrega de las dosis pactadas resultado de la política de Biden de concentrar todos los recursos disponibles en el combate al virus al interior de EE. UU. Acusada por funcionarios estadounidenses de utilizar la “diplomacia de las vacunas”, China fue atacada directamente por el gobierno de ese país por su intervención humanitaria en el Caribe. EE. UU. también presionó a diferentes países latinoamericanos —entre ellos, particularmente a Brasil— para que no adquirieran la Sputnik V, lo que fue reconocido en marzo por el propio Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (equivalente al ministerio de Salud) en su balance de lo hecho en 2020. Al mismo tiempo, EE. UU. bloqueó en la OMC, junto a sus aliados, la liberación de las patentes de las vacunas necesaria para incrementar la producción y acceso a las mismas como ya señalamos. Sobre fines de abril, en momentos que dicho país ha controlado relativamente el último brote de la epidemia, ya cuenta con un porcentaje importante de su población vacunada (25%), y en consonancia con las recomendaciones de los think tanks, el gobierno de Biden analiza incrementar la provisión de vacunas e insumos médicos a la región e, incluso, sugiere estar estudiando algún mecanismo que facilite acceder a la producción y provisión de las mismas.

 

La integración regional en el ojo del huracán

Los procesos de integración regional están atravesados también por estas disputas geopolíticas y por la intervención del imperialismo estadounidense en el contexto de crisis pandémica. Particularmente, en este periodo, los cambios gubernamentales surgidos de la confrontación social y política y las disputas entre la “ola progresista” y la profundización neoliberal intensificaron los conflictos y las iniciativas en el plano de la integración. En esta dirección, el regreso del MAS al gobierno de Bolivia —y la derrota del proyecto golpista— revitalizó su demanda para que se confirme su ingreso como miembro pleno del Mercosur.  En marzo, Argentina y Bolivia firmaron un Acuerdo General de Cooperación, Integración y Hermandad que define la relación bilateral para los próximos diez años. A fines de abril, con la presencia de Evo Morales y representantes de Venezuela, Ecuador, Perú y Argentina, se lanzó el proyecto llamado RUNASUR (un foro de integración por una América Plurinacional que busca reunir a gobiernos y movimientos sociales populares). También en abril, la Vicepresidencia boliviana organizó —de manera presencial y virtual— el Foro internacional “Reencuentro con la Madre Tierra”, en cierta medida contrapuesto a la cumbre climática promovida por el gobierno de los EE. UU. en las mismas fechas. En esta dirección, también el gobierno venezolano desarrolló actividades preparatorias de un gran encuentro latinoamericano e internacional que está organizando para junio, el Congreso Bicentenario de los Pueblos, con motivo del aniversario de la batalla de Carabobo que en 1821 marcó la derrota decisiva de las fuerzas coloniales españolas y permitió a Bolívar extender su campaña libertadora hacia el sur.

Estos meses también estuvieron jalonados por acciones regionales y globales de los movimientos populares. Ya mencionamos en el primer apartado aquellas relativas a la demanda de liberación de las patentes de las vacunas para la COVID-19, entre ellas la promovida por la Asamblea Internacional de los Pueblos. Asimismo, dicha articulación global lanzó a principios de abril el Manifiesto Internacional por la Vida, en el marco de la Semana de Lucha Antiimperialista promovida para ese mes. Por otra parte, el 14 de marzo tuvo lugar el día de movilización internacional contra las represas y por la defensa de los ríos, el agua y la vida, así como el 22 de abril —el llamado Día de la Tierra por la Naciones Unidas— se realizaron acciones de denuncia de la destrucción socioambiental en diferentes países de la región.

En relación con las cumbres y acuerdos intergubernamentales, a fines de abril tuvo lugar la XXVII Cumbre Iberoamericana. Pero las tensiones más importantes emergieron en este periodo al interior del Mercosur. En el marco de la Cumbre presidencial realizada a fines de marzo para conmemorar los 30 años del acuerdo, las demandas para su flexibilización y, particularmente, el planteo público del presidente uruguayo de que el Mercosur no debía ni podía ser un “lastre” fue respondido de manera frontal por el presidente argentino. Un mes después, a fines de abril, en la XII Reunión Extraordinaria del Consejo del Mercado Común, volvió a repetirse similar confrontación, cuyo intercambio más intenso se planteó esta vez entre el ministro de Economía de Brasil, el neoliberal Paulo Guedes, y su par argentino, Martín Guzmán. Brasil reiteró su propuesta de avanzar rápidamente con una flexibilización de los aranceles comunes (un 10% en 2021 y otro 10% en 2022 en todos los rubros), posición compartida por los gobiernos de Uruguay y Paraguay; frente a la cual el gobierno argentino pretende salvaguardar una mayor protección para los sectores industriales aceptando solo reducirlos, para este sector, en cerca de 2000 insumos. Finalmente, estas contraposiciones también se expresaron en el plano continental. Así, mientras el gobierno argentino decidió abandonar el Grupo de Lima a fines de marzo, a fines de abril, tras su triunfo en las elecciones, el futuro presidente de Ecuador Guillermo Lasso demandó el ingreso de dicho país a la Alianza del Pacífico.

 


En perspectiva

Como en otros períodos que abordamos en informes anteriores, el bimestre marzo-abril de 2021 mostró el dinamismo político que recorre el continente latinoamericano y caribeño. Los días y semanas por venir mostrarán la evolución de los conflictos y procesos que aquí presentamos.

En algunas situaciones, como en Perú, Chile y México, las citas electorales implicarán seguramente puntos de inflexión relativamente inmediatos. En otras, los procesos se irán desarrollando y buscando su cauce, brindando resultados parciales por momentos difíciles de advertir en toda su complejidad.

En cualquier caso, de las confrontaciones particulares que se dan en cada uno de los territorios bajo análisis, lo seguro es que continuarán alimentando y sobre todo, inscribiéndose en la dinámica geopolítica que atraviesa al continente y que aparece en forma de tendencias generales en cada período. Nuestro objetivo es ofrecer algunos elementos para esas lecturas, que en el mejor de los casos se articularán con procesos de organización concretos, situados en cada rincón de Nuestra América.

La dialéctica permanente entre integración y fragmentación, entre liberación y dependencia, entre los beneficios de una pequeña minoría y el bienestar general de la población es la materia prima que recorre todos los aspectos de la vida política de nuestras sociedades. Un insumo que nace en el conjunto social y se desarrolla con los movimientos que el pueblo construye en sus búsquedas cotidianas. Y esto, por fortuna, es una cantera que nunca se agota. Aguardamos entonces los acontecimientos que nos traerá el próximo bimestre.

 


Referencias

[1] La carta fue coordinada por People’s Vaccine Alliance, una coalición global de más de 50 organizaciones. La carta y sus firmantes puede consultarse en https://peoplesvaccinealliance.medium.com/open-letter-former-heads-of-state-and-nobel-laureates-call-on-president-biden-to-waive-e0589edd5704

[2] Según un reciente informe de CEPAL el gasto total de los gobiernos de América Latina alcanzó su nivel más alto en 2020 (un 24,7% del PIB) desde que se comenzaron a publicar datos fiscales comprehensivos en 1950 (CEPAL, 2021), siendo que la última vez que se ubicó en un nivel similar fue en medio de la crisis de la deuda de la década de 1980.

[3] https://www.pagina12.com.ar/335245-claves-para-entender-la-victoria-de-guillermo-lasso

[4] Armúa, G. (Abril de 2021). Perú: Breve Informe para entender los resultados electorales del 11- A.

[5]  De enero a marzo llegaron a la frontera de EE. UU. 351 833 personas de manera irregular: 147 394 de México, 73 058 de Honduras, 66 147 de Guatemala, 18 550 de El Salvador y 46 645 de otras naciones.

[6]  El principal cambio se observa en el abandono del discurso anti migratorio que era propio de Donald Trump y en dar marcha atrás con la construcción del muro fronterizo con México. En las próximas semanas Biden presentará su reforma migratoria que apunta a regularizar la situación de los migrantes que viven en Estados Unidos.

[7] Al momento de finalización de este informe, Guatemala y Costa Rica declararon estado de alerta roja de sus sistemas sanitarios por la suba de contagios de COVID-19.

[8] Si bien el mayor logro de estas reformas es poner freno al proceso de privatización de PEMEX, no se modificará el marco legal y por ende no se derogan los acuerdos contraídos en la anterior reforma, ya que el Estado tiene mayor dominio sobre la empresa, según manifestó López Obrador.

[9] A esto se suman los reclamos por el proyecto del Tren Maya que hemos desarrollado en el informe Nº11, y reabren el debate en torno al modelo de desarrollo económico de los gobiernos progresistas de la región y su relación con la agenda ambientalista, que en el caso de AMLO aparece como uno de los debe, a pesar de haber decretado la prohibición del uso del glifosato y maíz transgénico, obstaculizado por la justicia tras una suspensión provisional que favorece a Monsanto.

[10] Estas elecciones serán las más grandes de la historia de México donde se elegirán 20 000 cargos públicos, entre ellos, los gobernadores de 15 de las 32 entidades federativas y los 500 miembros de la Cámara de Diputados.

[11] Recomendamos la lectura del dossier Nº39 sobre Honduras para comprender el proceso político que se inicia tras el golpe propiciado por los Estados Unidos al entonces presidente Manuel Zelaya y su consecuente violencia sistémica que atraviesa el país a raíz de las permanentes violaciones de los derechos humanos y deterioro del Estado de Derecho.

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