Por Emilio Taddei[1]

 

La masividad y la extensión de las protestas de las comunidades afroamericanas, del precariado jóven y de trabajadorxs urbanos en los Estados Unidos originadas por el asesinato de Gerorge Floyd a manos de un policía en Minneapolis, constituyen la primera gran revuelta de carácter nacional (con proyección mundial) que tiene lugar en pleno desarrollo de la pandemia mundial del COVID-19. Las dinámicas y las reivindicaciones callejeras replicadas en las redes sociales expresan la crítica situación social existente en el corazón del Imperio, que se agudizó por las consecuencias de la pandemia. La respuesta represiva de Trump es congruente con la gestión negacionista de la pandemia y refuerza las tendencias crecientemente autoritarias de su gobierno en la gestión de la crisis. La actitud represiva no es exclusiva del megaempresario presidente del norte. También se observa en el comportamiento político de  algunos gobiernos de América Latina que reforzaron las políticas represivas y autoritarias para controlar las demandas sociales y avanzar en la profundización de políticas neoliberales en tiempos de pandemia.

La evolución de los acontecimientos en  los Estados Unidos y la reciente escalada intervencionista de Trump en Venezuela junto a la actitud represiva y “necropolítica” en el tratamiento de la crisis sanitaria por parte de algunos gobiernos neoliberales en la región latinoamericana son indicadores elocuentes de los riesgos que conlleva la profundización de la ofensiva neoliberal en y sobre Nuestra América. Al mismo tiempo, es importante señalar que la propagación de la pandemia en nuestra región contribuye a desmentir, con su trágica y lamentable secuela de muerte y devastación social, las engañosas promesas del recetario neoliberal. La situación actual abre un signo de interrogación sobre la evolución política regional de corto y mediano plazo, en momentos en que la atención de la urgencia sanitaria y las crecientes demandas sociales asociadas a los efectos de la pandemia reclaman la asistencia solidaria y material del Estado. Y esto no solamente para responder a los urgentes requerimientos que impone la coyuntura actual sino también para prevenir nuevas y futuras crisis sanitarias ante la repetición eventual de un escenario como el que atravesamos. La pandemia reabre y resignifica en un nuevo contexto mundial los debates sobre los fundamentos de la acción estatal y sobre los sentidos, objetivos y prioridades de las políticas públicas estatales.

En la Argentina la difusión de la pandemia coincidió con el inicio de un nuevo ciclo político-gubernamental, como resultado de la derrota electoral de la coalición Juntos por el Cambio, que reflejó el amplio y arraigado malestar popular frente a la profunda crisis social y económica del gobierno macrista. La respuesta inicial del nuevo gobierno del Frente de Todxs ante la urgencia sanitaria y social provocada por la propagación del virus se inscribe en una concepción de la acción estatal fundada en los valores de responsabilidad pública, asistencia comunitaria y solidaridad social. Esta dimensión distingue claramente el caso argentino de otras experiencias regionales. Es preciso señalar también que los enormes desafíos que plantea la profundización de la crisis social y económica provocada por la pandemia abre nuevos y renovados interrogantes sobre los rumbos y prioridades del gobierno del Frente de Todxs y la heterogénea coalición electoral que expresa en el futuro inmediato. En esta breve contribución presentamos de forma sintética y un poco esquemática algunos elementos de análisis sobre la coyuntura argentina y los desafíos, tensiones y oportunidades abiertos en el marco de la pandemia de COVID-19. Intentamos aportar así nuestra modesta contribución al urgente y necesario debate colectivo sobre los procesos de transformación y democratización estatal y social que exige la crítica situación que atravesamos. También, y en una perspectiva más amplia, sumamos nuestra voz a las discusiones colectivas sobre las perspectivas y los horizontes emancipatorios en la Argentina y en Nuestra América.

 

El gobierno del Frente de Todxs: pandemia, solidaridad social y profundización de la crisis económica y social

La pandemia del COVID-19, originada y potenciada por el modelo de globalización en curso, precipitó y profundizó desequilibrios preexistentes en la región latinoamericana y caribeña. Expuso también contrastes y matices en el tratamiento gubernamental de la misma. La experiencia argentina bajo la gestión del  nuevo gobierno del Frente de Todxs resulta en ese sentido singular y se distingue de otras experiencias regionales de clara orientación neoliberal en la gestión estatal. Esta afirmación no supone desconocer el carácter complejo, heterogéneo y en ciertas circunstancias contradictorio de la gestión gubernamental del Frente de Todxs en el tratamiento de la crisis económica y social agravada por la pandemia. Nos interesa subrayar algunos rasgos distintivos de la acción gubernamental en el abordaje de la misma, que contrastan la experiencia argentina con la de otros países latinoamericanos.

Durante el anuncio del establecimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), y en intervenciones públicas posteriores, el presidente Alberto Fernández explicitó claramente algunos principios que guían la acción gubernamental en el tratamiento de la pandemia y en el contexto de la emergencia sanitaria. Entre ellos cobra relevancia la prioridad asignada a la atención de la salud de la población, la relevancia del cuidado individual y colectivo, la solidaridad social y la prioridad a la asistencia a los sectores más empobrecidos. Estas formulaciones dan sustento a un esquema de protección sanitaria de corte “progresista” que se desmarca explícitamente de toda retórica negacionista (como la que prevalece en Brasil) y que evita recurrir a situaciones de excepción como el toque de queda o la militarización durante la pandemia.

Enfatizamos tres aspectos y dimensiones de la acción gubernamental que permiten entender más cabalmente las singularidades que tiene la experiencia argentina en el contexto regional.  Nos referimos en primer término a la decisión presidencial de decretar tempranamente el ASPO. Esta decisión, que cosechó inicialmente y aún conserva una amplia adhesión social, se reveló eficaz para contener y postergar los tiempos de propagación del virus en un contexto sanitario y hospitalario de gran precariedad, profundizada por la gestión macrista. Por otra parte, el gobierno implementó una serie de programas de asistencia económico-social, entre los que se destacan el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la Asistencia de Emergencia para el Trabajo a la Producción (ATP)[2] y los bonos especiales para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Dispuso además, el congelamiento de tarifas de servicios esenciales y alquileres, asignó recursos extraordinarios para la terminación de hospitales, de obras viales, para la construcción de escuelas y  relanzó el plan Procrear para la construcción de viviendas. En tercer lugar cabe mencionar la participación de distintos movimientos y organizaciones sociales y de la economía popular (algunas de los cuales apoyan y/o integran el Frente de Todxs) en la canalización en los territorios de un segmento de la ayuda pública, en especial en el conurbano bonaerense. El trabajo de estos colectivos populares, en la promoción de formas comunitarias y barriales de aislamiento, y en la gestión de comedores, merenderos y otras experiencias de autoorganización social permitieron morigerar los padecimientos de las clases populares. Simultáneamente, distintos referentes de estas organizaciones sociales hicieron señalamientos críticos sobre los obstáculos burocráticos, la lentitud y la insuficiencia de la asistencia estatal destinada a los sectores más empobrecidos de nuestra sociedad.

 

Crisis socioeconómica y demandas populares: momento de definiciones

La propagación mundial de la pandemia corrió el velo tras el cual se intentaba invisibilizar el despojo social global, la mercantilización de la salud y los bienes públicos promovidos desde hace décadas por las políticas neoliberales. La monumental inyección de recursos públicos por parte de los Estados para responder a la emergencia sanitaria mundial asestó un duro golpe a la legitimidad política de los voceros globales del neoliberalismo que desde hace décadas promueven políticas de equilibrio y austeridad fiscal que sirven para legitimar el recorte y disminución de la inversión estatal. Frente a esto, surge la pregunta sobre quién debe afrontar los costos de esta nueva fase de la crisis capitalista. Los debates en curso a nivel mundial sobre el impuesto a la riqueza y las distintas propuestas que promueven un ingreso básico universal son, entre tantas otras, expresiones de estas inquietudes. América Latina y el Caribe es, según las previsiones de la CEPAL[3] una de las regiones más afectadas por la profunda recesión económica mundial, agudizada por la pandemia. Estas discusiones tienen por lo tanto una particular importancia para las sociedades y los pueblos de Nuestra América que han sido empobrecidos y saqueados por las políticas neoliberales.

Los inquietantes pronósticos sobre la evolución económica regional en argentina se ven amplificados por las profundas secuelas de la gestión macrista en el endeudamiento, el empobrecimiento y desamparo social de las mayorías.

Como un dato paradójico (sino trágico) de las consecuencias del faraónico endeudamiento público macrista, es preciso recordar que el ciclo de expansión de la pandemia en nuestro país coincide y se superpone con el proceso de renegociación oficial de los títulos de la deuda con los acreedores privados. El aún incierto desenlace de este proceso y la futura negociación con el Fondo Monetario Internacional incidirán decisivamente en la capacidad efectiva de financiamiento de las políticas públicas estatales. Por lo tanto, en el margen de maniobra del gobierno para responder a las acuciantes demandas populares. Consciente de la magnitud de los desafíos, el gobierno tomó recientemente algunas medidas que buscan limitar la fuga de capitales por parte de grandes conglomerados empresariales y bancos, para garantizar la liquidación de divisas de algunos sectores exportadores.

Por otro lado, también es preciso señalar que la posición del gobierno en relación a la aprobación de impuestos a las grandes fortunas resulta errática, en un contexto donde la marcada contracción de la actividad económica afecta los ingresos fiscales del Estado. También resulta enigmática la posición presidencial frente a las voces y propuestas, algunas de ellas provenientes del seno de la propia coalición gobernante, que subrayan la importancia de avanzar en la aprobación de reformas fiscales progresivas que garanticen la recaudación de fondos necesarios para responder a las acuciantes necesidades populares. La aprobación en comisión de diputados del proyecto de auditoría de la deuda pública contraída por el Estado argentino durante el gobierno de Cambiemos aguarda aún su tratamiento en el plenario de las cámaras del Congreso. La aprobación de este proyecto es importante de cara a la futura negociación con el FMI, sin embargo, el apoyo mayoritario de lxs representantes del Frente de Todxs para la aprobación y concreción de esta iniciativa es también incierto.

Consciente de los desafíos y obstáculos que enfrenta el oficialismo, algunos sectores de la oposición buscan recuperar protagonismo político y legitimidad mediática luego del fracaso de la gestión macrista. Poco tiempo después de iniciado el aislamiento social arreciaron las intervenciones mediáticas de representantes políticos, empresariales, culturales y periodísticos del neoliberalismo vernáculo que enfatizan las consecuencias perniciosas de la cuarentena en la economía, al tiempo que minimizan los riesgos sanitarios de su levantamiento. Más recientemente también el cuestionamiento opositor a la cuarentena se centró en la denuncia de la supuesta pretensión oficial de restringir las libertades públicas con el pretexto de combatir la pandemia (“Infectadura”), o bien en otros casos a discursos abiertamente negacionistas. En medio del aislamiento, que limita significativamente la realización de acciones públicas, estos sectores convocaron por las redes sociales a la realización de acciones de rechazo a la política oficial a través de cacerolazos, bocinazos y pequeñas manifestaciones que desafiaron las normas de distanciamiento social vigentes. La repercusión política de estas acciones parece permanecer circunstancialmente limitada al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y algunos distritos y barrios del conurbano bonaerense. Así, la política del “retorno a la normalidad” promovida por distintos grupos y fracciones del conservadurismo vernáculo y del gran empresariado parece encontrar un límite frente al riesgo sanitario de esta propuesta. No obstante, la referencia a estos procesos puede contribuir a comprender la dimensión “necropolítica” simbólica de estos discursos y acciones.

 

Cuando pase el temblor: democratización y  descolonización de la vida social y del Estado en la Argentina

El impacto doméstico de la pandemia del coronavirus interviene en el debate y las decisiones políticas, acelerando los tiempos de ciertas definiciones políticas en el seno de la heterogénea coalición de gobierno del Frente de Todxs. El coronashock[4] coloca en el centro del debate político la discusión sobre los fundamentos y las prioridades de las políticas públicas estatales en nuestro país. Para las fuerzas del campo popular progresistas y de izquierda, para los movimientos sociales y feminista, los colectivos populares que luchan contra la devastación ambiental del capital, entre otros, estos debates están anudados a las discusiones y a las acciones estratégicas que orientan la construcción de horizontes emancipatorios y antisistémicos.

La pandemia, y su extendida secuela de muertes y devastación social, ahonda la brecha existente entre, por un lado, los imaginarios sociales forjados por la ideología neoliberal en relación al papel del mercado y el Estado en la vida social, y por el otro, la vivencia concreta y cotidiana de millones de seres humanos, que súbitamente se vieron confrontadas al espectro  y/o a la materialidad de la extinción física ante la amenaza del virus. La pandemia del COVID-19, cuyo origen y desarrollo es inseparable del proceso de devastación ambiental que acelera la pérdida de la biodiversidad, y que a su vez, contribuye a la propagación de nuevos virus, nos enseña que la reproducción de las relaciones sociales capitalista, de sus imperativos productivistas y de consumo ilimitado son estrictamente incompatibles con cualquier proyecto de vida.

Resulta entonces imprescindible situar el cuidado de la vida, la solidaridad, la ayuda mutua, la cooperación y la reciprocidad como valores fundantes de los proyectos societales y de las relaciones sociales y políticas. Creemos que la acción política debe estar fundada en estos principios. Y que en base a ellos es necesario transitar un proceso de transformación radical de las relaciones sociales que contribuya a descolonizar la matriz estatal hoy dominante.

La salida progresiva del confinamiento estará marcada por la necesidad que tendrán los grupos subalternos y los sectores populares de librar batallas políticas decisivas. Del desenlace parcial de las mismas dependerá la capacidad efectiva de orientar la acción de gobierno de forma tal de responder sin ambigüedades a la angustiante situación de desamparo social, hambre, desocupación y violencia material y simbólica que padecen los millones de “condenados de la tierra” en nuestro país. Los recursos económicos para comenzar a reparar efectivamente las secuelas del saqueo neoliberal planificado deben salir de las cuentas bancarias de sus planificadores y hacedores. Es por ello que es impostergable realizar de una reforma tributaria progresiva que grave a las grandes fortunas de nuestro país.

Las lecciones y aprendizajes de la pandemia deben servir para acometer la urgente y necesaria reparación del sistema sanitario público gratuito y universal con la dotación de los insumos y de trabajadorxs que la situación sanitaria y epidemiológica exige. Es preciso pensar y garantizar su funcionamiento en función del pleno reconocimiento de los derechos laborales, de los conocimientos y saberes de lxs trabajadorxs de la salud.

Las restricciones, padecimientos y trastornos alimentarios de gran parte de la población de nuestro país exigen promover junto a los movimientos y organizaciones campesinas y populares de nuestro país una reforma integral y profunda del modelo neoliberal de producción y distribución de alimentos que garantice la soberanía alimentaria de la población. Estas medidas se tornan aún más necesarias frente al riesgo real de difusión de una nueva crisis alimentaria mundial que, según la FAO, podría sobrevenir a la crisis sanitaria del COVID-19.

Esta iniciativa debería asociar el apoyo material estatal a la promoción comunitaria de políticas participativas y democráticas de planificación territorial que garanticen el derecho al hábitat y la vivienda digna para todxs.

Es también necesario implementar medidas que garanticen la soberanía hídrica y el derecho al saneamiento de nuestro pueblo. Para ello debe ponerse fin al proceso de mercantilización, de agotamiento y de contaminación hídrica asociado a la expansión del modelo agroalimentario neoliberal, de otras industrias extractivas y al pillaje de recursos hídricos por parte de la especulación financiera internacional.

Estos y otros urgentes desafíos que incluyen a la erradicación de las violencias contra las mujeres y otras identidades como así también la transformación democrática, el fortalecimiento del sistema público de educación y de las empresas de servicios públicos, demandan la asignación de importantes recursos económicos estatales. Para ello, y como señalamos más arriba, resulta impostergable promover políticas que garanticen procesos de redistribución efectiva de la riqueza socialmente producida en nuestro país. Pero no se trata solamente de esto, ya que la crisis ecológica y ambiental del planeta incubó la pandemia del COVID-19 que hoy padecemos. Esta realidad nos obliga a discutir y a actuar con el objetivo impostergable de revertir las consecuencias socioambientales, políticas, económicas, culturales e ideológicas de las formas de producción y de consumo capitalistas, dominantes y naturalizadas.


Referencias:

[1] Politólogo. Investigador UBA-CONICET. Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, Facultad de Ciencias Sociales. Integrante del Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe (GEAL). Profesor de la Universidad Nacional de Lanús.

[2] Los requisitos y exigencias establecidos para el cobro de estos subsidios no revierte desigualdades sociales preexistentes entre trabajadorxs formales y trabajadorxs precarizadxs e informales. En el caso de lxs trabajadores formales el sistema de ATP habilita la percepción de dicho subsidio por más de un miembro de un mismo grupo familiar. Por su parte el beneficio del IFE (cuyo monto es de $ 10.000 mensuales) está limitado a un miembro por grupo familiar.

[3] CEPAL 2020 Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/45602-informe-impacto-economico-america-latina-caribe-la-enfermedad-coronavirus-COVID

[4] Instituto Tricontinental 2020 Coronashock, un virus y el mundo. Disponible en: https://www.thetricontinental.org/es/dossier-28-coronavirus/

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