José Seoane, Viviana García, Fernando González y Patricio Vértiz

Colectivo Crisis Socioambiental y Despojo

 

Todos los fuegos, el fuego

Resulta cada vez menos discutible la centralidad política que adquieren las problemáticas socioambientales bajo el capitalismo neoliberal patriarcal y, en particular, en los últimos años en nuestro país. Valga recordar sobre ello que, luego de la derrota de Macri y Juntos por el Cambio en octubre del año pasado, el comienzo del nuevo gobierno de Alberto Fernández se vio signado por una masiva e histórica movilización en Mendoza contra los intentos de derogar la prohibición de la megaminería contaminante en esa provincia. Posteriormente, en marzo del 2020, la transformación en pandemia del COVID-19 actualizó los efectos catastróficos que trae la destrucción de las selvas y bosques nativos y la cría industrial de animales que están al origen de la dispersión de estos virus zoonóticos. Meses después, la quiebra fraudulenta y las propuestas de expropiación de la compañía Vicentín revitalizaron y nacionalizaron los debates sobre la soberanía alimentaria y la necesidad del control popular de la producción de alimentos.

En esta dirección, lo sucedido en estos últimos meses ha ratificado la centralidad de estas problemáticas. Por una parte, los incendios que comenzaron a extenderse por diferentes provincias argentinas a partir de agosto y septiembre retratados en los horizontes de lenguas rojas y las imágenes de territorios devastados difundidos por los medios masivos y las redes dieron dramático ejemplo de la catástrofe ambiental que está en curso. Ciertamente, no se trata de una problemática exclusivamente nacional. Desde hace unos años, pero particularmente en este último, la elevación de la temperatura global resultado del incremento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera ha conllevado un sostenido crecimiento de los territorios afectados por incendios cada vez más voraces. Recordemos que el 2020 comenzó con los devastadores fuegos que consumieron más de 10 millones de hectáreas en Australia. Bautizada como el “verano negro” esta temporada de incendios en ese país resultó record, tanto como aquellos que se extendieron en los meses recientes por California en los EE.UU. Nuestra América del Sur no escapó a estas calamidades. Particularmente la Amazonía ha sido y esta siendo castigada por el fuego que destruye fauna y flora, la biodiversidad y las condiciones de vida de comunidades indígenas.

La extensión del desastre está lejos de exculpar sus causas sociales. Todos estos fuegos que consumen la vida y la naturaleza se originan en un mismo fuego. Se trata, por una parte, del resultado anunciado de la crisis climática que está en pleno desarrollo y que habrá de profundizarse en el futuro de no alterar las bases de una sociedad capitalista basada en el consumo de los combustibles fósiles y el extractivismo depredador. El fuego junto a la pandemia dan cuenta de la profundidad que adquiere hoy el despliegue de esta crisis civilizatoria que caracteriza al neoliberalismo.

Pero el origen social de los incendios también señala a responsables más individuales y cercanos. Promovidos o amparados por el gobierno de Bolsonaro,  diferentes agentes de la producción agraria han sido los causantes de buena parte de los primeros fuegos que han consumido bosques y selvas en el norte y centro del Brasil. Allí, según los datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE), este año ha sido el que más focos de incendios ha presentado desde que se empezaron a hacer las mediciones en el 2012 y el pantanal brasileño –el humedal más grande del mundo- ha perdido cerca del 30% de su biomasa. También en Argentina, los humedales están bajo fuego. Los incendios que afectaron a 14 provincias –particularmente graves en el Delta del Paraná, Santa Fé, la región mesopotámica y Córdoba, justamente ubicadas en el corazón de los agronegocios- resultaron las más de las veces intencionales expresión de la práctica mercantil de minimizar costos y maximizar beneficios, una manera económica de naturaleza arrasada para explotar. El artículo preparado por Laura Prol del Taller Ecologista de Rosario que incluimos en este Documento de Trabajo examina justamente estos hechos así como la importancia de reactivar el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná de 2008 y la lucha por la sanción de la llamada “ley de humedales”. Lamentablemente dicha ley no ha sido aprobada; ello muestra tanto que las organizaciones sociales y populares y los pueblos cuentan con propuestas concretas frente a la crisis socioambiental y que su implementación depende de relaciones de poder. En esa misma dirección, puede interpretarse el logro de la sanción de la Ley de Bosques en 2007 y de la Ley de Protección de Glaciares de 2010 y las dificultades de implementación particularmente de la primera de ellas.

Por otra parte, en relación con los incendios y promovida por las organizaciones populares, a principios de octubre el bloque de diputados del Frente de Todos y los interbloques de Consenso Federal y Federal para el Desarrollo presentaron un proyecto de ley para proteger los ecosistemas víctimas de los incendios prohibiendo –por 60 o 30 años según los casos- cambios de la actividad económica que sea distinta al uso y destino que tenían al momento de iniciarse el fuego. Conocida como “ley contra el fuego”, legislaciones similares aprobadas en otros países tuvieron importantes efectos de restringir y disminuir los incendios provocados por la especulación económica. En similar dirección, pero con mejor suerte, a fines de septiembre el Parlamento argentino aprobó la Ley Escazú que ratifica el Acuerdo Regional Escazú que garantiza el acceso a la información y justicia en materia ambiental, la participación pública y la defensa de los derechos humanos de los activistas socioambientales.

Un balance de las disputas sociales e iniciativas estatales respecto de la cuestión socioambiental en estos últimos meses nos presenta el artículo escrito por la organización Jóvenes por el Clima (JOCA) que abre este Documento de Trabajo. Dicha contribución reflexiona no sólo sobre las causas y soluciones frente a la pandemia de incendios sino también respecto del potencial acuerdo con China para la instalación de granjas de cerdos y los desafíos que afrontas las luchas socioambientales hoy en nuestro país.

Por otra parte, la intensidad de las disputas y agenda socioambiental de estos meses no se limita a lo mencionado. También en este periodo, entre otras iniciativas, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentó el Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto que promete una inversión de más de $ 30 mil millones, con fondos propios y préstamos del BID que estaban por vencer, para la construcción de complejos socioambientales que permitan el tratamiento diferenciado y eficiente de los residuos, la adquisición de equipamiento para las recicladoras y los recicladores urbanos y el cierre de estos basurales.

Finalmente, a principios de octubre, el Ministro de Economía Martín Guzmán anunció, acompañado de otros ministros y de representantes de diferentes cámaras empresariales, un paquete de medidas económicas que incluyó, entre otras, la reducción de las retenciones a las exportaciones metalíferas (del 12% al 8%), una reducción temporal de las retenciones a las exportaciones de soja así como un plan de promoción de la producción de gas –particularmente vinculados a la explotación de los yacimientos de Vaca Muerta. En un contexto de presión de exportadores, especuladores y corporaciones en pos de una devaluación del tipo de cambio –incluso bajo la forma de golpe económico, con la proyección político institucional que tendría- estas medidas perseguían –como lo señaló el propio ministro- “generar fortalezas, buscando acumular reservas”. Sin embargo, no sólo las mismas suponen una promoción de actividades extractivas con las consecuencias sociales y ambientales que los movimientos populares vienen denunciando desde hace décadas, sino que además no aseguran la buena voluntad de los poderes fácticos que, como ha sucedido en el pasado, no dejan de proyectar sus conquistas en el terreno económico al plano del gobierno y el Estado. Estas medidas de disminución de las retenciones y lo que implican en términos de la relación con las diferentes fracciones del sector agroexportador son examinadas en la contribución de Patricio Vértiz que cierra este Documento de Trabajo.

En esta dirección, los recientes anuncios de la aprobación de la primera semilla transgénica de trigo a nivel mundial, de los planes de extensión de la frontera del agronegocio y de los acuerdos laborales promovidos por YPF particularmente en el sector de los hidrocarburos no convencionales profundizan un rumbo de promoción de estas actividades extractivas. Frente a ello, el lanzamiento a mediados de octubre del “Proyecto Artigas”  promovido por organizaciones campesinas y socioambientales con Dolores Etchevehere en los campos entrerrianos de una de las familias icónicas del poder económico y político de los grandes propietarios rurales, así como su propuesta de desarrollo de producción comunitaria agroecológica no sólo muestra la iniciativa de cambio de los movimientos populares sino también las alternativas efectivas sociales y ambientales que estos plantean conjugando un presente que sigue abierto de futuro.

 

Desafíos del movimiento ambiental en esta nueva etapa por Jóvenes por el Clima

Los humedales del Paraná en llamas por Laura Prol

El Consejo Agroindustrial Argentino y la rebaja en las retenciones: ¿acuerdo o subordinación? por Patricio Vértiz

 

 

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