La pandemia de la COVID-19 ha profundizado, en algunos casos de modo dramático, la dinámica múltiple de la crisis civilizatoria que ha caracterizado el despliegue de la neoliberalización capitalista en las últimas décadas. Por contrapartida, la gravedad de la situación sanitaria, social y económica ha puesto en evidencia los efectos catastróficos sobre la salud y la precarización de la vida de los sectores populares gestado por estas mismas políticas.
En esta misma dirección, la expansión del virus y la reactualización de la amenaza de muerte como problemática de gobierno de las poblaciones, más allá de los intentos de naturalización biologicista de estos procesos, orienta la atención pública sobre las condiciones socioambientales y las formas que adopta la reproducción de las relaciones sociales y de la vida amenazadas por la mercantilización y el despojo. Por otra parte, el examen de las causas de los ciclos reiterados de epidemias y pandemias que atraviesan pueblos y regiones en las últimas décadas señala justamente a estos procesos y, en particular, a la responsabilidad que en ello le cabe a la producción neoliberal de los alimentos y los efectos destructivos sobre los bosques y selvas nativos del extractivismo contemporáneo.
En ambos sentidos, el debate sobre las causas efectivas de la actual crisis y sobre las alternativas a la misma ponen el acento en la significación que tiene en ello la problemática y perspectiva socioambiental. De cierto modo ello apareció en la práctica de los movimientos populares y sus respuestas a la catástrofe sanitaria y social que afecta a los sujetos subalternos en Nuestra América retomando y renovando las programáticas de la ecologia popular y del vivir bien que signaron los ciclos más álgidos de luchas y rebeldías populares en la región.
En el mismo sentido, en el debate sobre las alternativas de políticas públicas ha resurgido y tomado nueva actualidad la propuesta de un Green New Deal o Nuevo Acuerdo (o Pacto) Verde. El término New Deal hace referencia al nombre que recibió la política socioeconómica desarrollada por el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt a partir de 1933 en respuesta a los efectos en ese país del crack bursátil de Wall Street de 1929 y la Gran Depresión que le siguió. Una política caracterizada por una fuerte intervención estatal en la economía orientada a aminorar los efectos del desempleo de masas y la crisis social y reanimar la actividad económica a partir del empleo público, las políticas sociales y el estímulo al consumo, entre otros ítems, en lo que resulta, podríamos decir, un keynesianismo años antes de que Keynes publicara su Teoría General. El agregado actual del acápite “verde” (green) se entiende en general como un modo de resaltar la necesidad de considerar la dimensión ecológica de la recuperación económica a estimular a partir de esta política de intervención estatal y de inversión pública. Ciertamente, la difusión y uso que adquirió en nuestros ámbitos esta nominación del Green New Deal nos interroga sobre cuáles son o pueden ser los efectos de considerar y restringir nuestro horizonte de cambio a esta perspectiva e, incluso, sobre el significado y las consecuencias que ello puede tener para el Sur del Mundo y para los pueblos de Nuestra América y, en particular, para los desafíos que enfrentan los sujetos subalternos y su central papel en la gestación de estas alternativas de transformación social que son hoy tan urgentes. Responder a estas cuestiones ciertamente plantea comenzar por conocer la trama discursiva y extradiscursiva en la que emerge la noción de Green New Deal y las diferentes significaciones e implicaciones que la misma tuvo y tiene. Sobre ello en particular quiere aportar algunas reflexiones el presente artículo.
Una de las primeras formulaciones del Green New Deal nos conduce al trabajo preparado por el economista ambiental Edward Barbier en 2009 por encargo del PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) en el contexto de la crisis económica internacional desplegada desde 2008[1]. Ese informe argumentaba que “una inversión del uno por ciento del PIB global [equivalente a un cuarto del monto total de los incentivos fiscales que se proponían en ese tiempo frente a la crisis] …. podría proporcionar la masa crítica de infraestructura verde que se necesita para promover una tendencia significativa hacia lo ‘verde’ en la economía global”. Se trataba así de reorientar parte de la inversión pública anunciada a nivel internacional para promover actividades económicas “verdes” que a la par de “contribuir significativamente a la reactivación de la economía mundial, a la conservación y creación de empleos, y a la protección de los grupos vulnerables…debe promover el crecimiento sostenible”. Una iniciativa planteada “a favor de la ‘ecologización’ activa de los paquetes de incentivos fiscales propuestos”[2]. Ciertamente, estos objetivos no parecen, a primera vista, muy distantes del sentido que adopta hoy en muchos casos la propuesta de un Green New Deal frente a las crisis desatadas o profundizadas por la COVID-19.
La propuesta formulada por Barbier y adoptada y promovida por el PNUMA a partir de esos años se inscribía en la llamada “economía verde”. El propio Barbier había formado parte del equipo que encabezado por David Pearce e integrado por Anil Markandya escribiera en 1989 el informe y luego libro Blueprint for a green economy publicado en 1989[3] que se constituiría en la primera formulación consistente de esta propuesta. La economía verde se planteaba así como la resolución de una serie de contraposiciones o contradicciones que habían cruzado el debate y las políticas ambientales desde los años ’70 y ´90 y que contraponían, por ejemplo, el desarrollo económico o la economía a la conservación o protección de la naturaleza. Esta contraposición entre economía y naturaleza –la forma de expresión que adoptó la problemática socioambiental en esos años- aparecía superada ahora mediante la integración de la segunda a la primera, reduciendo el tratamiento de la problemática ambiental a la promoción de ciertas actividades económicas consideradas “verdes” en desmedro de otras consideradas como dañinas del ambiente. Como ha sido señalado muchas veces, de esta manera, la economía verde significaba reconsiderar el tratamiento de la cuestión ambiental a la sola modificación en la distribución entre distintas formas de capital; es decir, de pasar de privilegiar la economía “marrón” a priorizar la “verde” confirmando así la racionalidad del lucro, la competencia y el mercado; las propias relaciones sociales capitalistas; y, en definitiva, haciendo de la atención a la problemática “ambiental” una forma de hacer buenos negocios.
En términos de la disputa global por el tratamiento de la cuestión ambiental, las propuestas del Global Green New Deal y de la economía verde y su adopción por parte del PNUMA expresaron en esos años una tentativa de reformular y superar la referencia al desarrollo sustentable que todavía orientaba los acuerdos de los organismos internacionales y que suponía admitir algún tipo de regulación o limitación de la actividad económica con el objetivo de preservar la naturaleza o la reproducción del capital natural. De esta manera, como se graficó en las discusiones en la preparación y realización de la Cumbre mundial de Río+20 del 2012, la promoción de la economía verde resultaba el nuevo paradigma neoliberal para el tratamiento de la cuestión ambiental. No es fruto de la casualidad que ello coincidiera, en esos años en Nuestra América, con una renovada ofensiva de apropiación trasnacional de los bienes naturales y de profundización del extractivismo.
Puesto a rodar, el uso de la referencia a un Green New Deal fue extendiéndose a la par de las crisis neoliberales, incluso abarcando a sectores progresistas y críticos de Estados Unidos y Europa. Por otra parte, el agravamiento de la dinámica de la crisis climática con sus perspectivas catastróficas y la creciente importancia de sus efectos presentes con la intensificación y extensión de fenómenos climáticos extremos supuso incluso que el tratamiento de esta dimensión de la cuestión socioambiental se transformara en temática de consideración central por parte de las élites mundiales. Con sólo releer los últimos informes del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC por sus siglas en inglés), insospechado de parcialidad política, puede comprenderse el panorama terrorífico que se aproxima en el futuro inmediato de no producirse cambios significativos. Simultáneamente, los datos suministrados por la Organización Metereológica Mundial (OMM) muestran como en las últimas décadas, mientras progresaban los acuerdos y políticas ambientales, proseguía también el incremento de los llamados “gases de efecto invernadero” en la atmósfera.
En este sentido, tanto como hubo una preocupación burguesa respecto de la preservación de la naturaleza en los siglos XVIII y XIX, existen hoy diferentes tradiciones de una ecología liberal e, incluso, neoliberal. En este contexto, la gravedad de la crisis climática ha sido también uno de los ejes de la disputa entre diferentes fracciones de las elites globales e, incluso, al interior de los EE.UU. Así, la política negacionista de las causas antropogénicas del cambio climático enarbolada por Trump y su decisión de retirar a los EE.UU. de los llamados “Acuerdos de Paris”, se contrapone a la política impulsada por su predecesor Obama favorable a dichos acuerdos y al impulso de las energías renovables y la economía verde –acuerdo y políticas cuestionados por los movimientos populares. Desde la campaña contra el cambio climático impulsada por Al Gore -vicepresidente estadounidense bajo el mandato de Bill Clinton 1993-2001, y por la que recibió incluso el Premio Nobel de la Paz en 2007- a la reciente obra de Jeremy Rifkin –asesor de Al Gore- titulada justamente The Green New Deal, sectores dirigentes del partido demócrata adoptaron esta propuesta de un “acuerdo verde”.
La significación aparece clara en el libro de Rifkin mencionado –aunque como autor es más conocido por aquel publicado en 1995 bajo el nombre de El fin del trabajo– donde el reconocimiento de la amenaza de una sexta extinción de la vida en la tierra y de la significación que tiene la movilización de los jóvenes en relación con estas cuestiones concluye con el señalamiento de la necesidad de un plan económico audaz que asegure la transición efectiva de una civilización basada en los combustibles fósiles al uso de las energías renovables. Un cambio que se asienta en que estas últimas resultan cada vez más un negocio atractivo y rentable marcando que el “mercado está hablando y los gobiernos deberán responder si quieren sobrevivir y prosperar”.
Es en este contexto que tendrán lugar, en 2016 y 2017 en la provincia argentina de Córdoba, el núcleo del agronegocio, las dos primeras cumbres latinoamericanas de la economía verde organizadas por la Advanced Leadership Foundation, una fundación estadounidense vinculada al partido demócrata. Como lo señalaba con claridad el gobernador Juan Schiaretti en la inauguración de la II Cumbre “en ningún lado está escrito que tenga que estar reñido el cuidado del medio ambiente…con el avance productivo…es hora que ambos se fundan…que hay oportunidad de negocios en la economía sustentable…se está probando con la cantidad de empresas de economía verde que tiene el propio EE.UU….que es absolutamente compatible y es rentable el trabajar en la economía verde…para el sector empresario”[4]. La presencia del propio Obama en esta segunda cumbre marcaba la relevancia imperial corporativa de esta iniciativa así como la participación del presidente Mauricio Macri y de muchos de sus funcionarios daban cuenta de su influencia en la política neoliberal del gobierno.
Es en este sentido que hay que comprender las razones de que haya sido el gobierno de Cambiemos el que instalara el tema de las energías renovables en la agenda pública con las licitaciones para estos emprendimientos comprendidas en las convocatorias Renovar I, II y III. La propuesta de hacer buenos negocios con las energías renovables fue bien entendida por el propio presidente que, actuando al mismo tiempo como empresario, obtuvo a través del Grupo Macri pingües ganancias con la compra –tras una concesión sin licitación- y luego reventa de seis parques eólicos obteniendo en meses una diferencia de al menos US$ 15 millones y con un perjuicio para el Estado de varios cientos de millones, maniobra por la que existe una causa judicial abierta.
Pero, más allá de este ejemplo de los efectos del lucro sobre la legalidad y los activos públicos comunes, el desarrollo de las energías renovables bajo control corporativo replican los procesos de apropiación privada de los bienes naturales y sus efectos de despojo, deterioro ambiental y dependencia sin asegurar efectivamente la transición energética. Similar ejemplo, más dramático aún, podría señalarse respecto de los intereses corporativos de controlar las reservas de litio detrás del reciente golpe de estado en Bolivia y los nuevos avances del auto eléctrico anunciados por Tesla y Elon Musk. En esta dirección, la llamada economía verde y el Green New Deal expresan también la emergencia de un poder corporativo empresarial que busca controlar y desarrollar estas actividades.
Como hemos señalado, la economía verde más que consagrar un “enverdecimiento” de la economía supone en realidad una economización de lo “verde”. Impulsa así los procesos de valorización monetaria del ambiente y la naturaleza y que se expresa en la importancia que le otorga a la contabilidad ambiental, la construcción del capital natural, la extensión de los servicios ecosistémicos y de los mecanismos de mercado en el tratamiento de las problemáticas ambientales como, por ejemplo, los mercados de carbono respecto del cambio climático. Se trata de la mercantilización o capitalización de la naturaleza y el ambiente; que, como ya hemos dicho, no se contrapone con las significaciones del Green New Deal que hemos examinado.
La otra dimensión que constituye el tratamiento neoliberal de la cuestión ambiental refiere justamente a lo que en otra oportunidad llamamos la naturalización o biologización del ambiente. Este proceso que se remonta a las intervenciones desplegadas desde la primera Cumbre mundial convocada sobre estas cuestiones por Naciones Unidas en 1972 supone un conjunto de dispositivos orientados a desocializar y deshistorizar la cuestión socioambiental. La propia noción de “medio ambiente” constituida en los años ’90 como referencia a un mundo físico y natural no humano en el contexto de la narrativa del desarrollo sostenible y en reemplazo de las “problemáticas del medio humano” constituye un acontecimiento en este largo proceso que incluso se remonta a la dualización sociedad naturaleza propia de la modernidad colonial capitalista[5]. Hoy, la construcción de lo “verde” (green) y la reducción de la problemática socioambiental a dicha referencia supone un nuevo paso en este proceso de despojar al ambiente de su dimensión social e histórica; en este caso, incluso, bajo la forma de la reproducción (artificial) de ciertos procesos biológicos. Es esa reducción “verde” del ambiente, de la diversidad de las formas de vida humana y no humana y sus ecosistemas, y de la naturaleza, la que puede ser integrada dentro de la dinámica económica del mercado y la producción capitalista.
Estos señalamientos alertan sobre la adopción de esta nominación de lo “verde” por parte de perspectivas críticas y progresistas. Asimismo debe alertarnos también la visión de la crisis actual en términos de oportunidad. Una de las características del arte de gobierno neoliberal reside justamente en esta capacidad de hacer de las crisis que el mismo despliega un catalizador para la profundización de sus propias transformaciones. Y, trágicamente, este es el resultado inmediato que ha gestado la pandemia del COVID-19. Una profundización dramática de las dinámicas de desigualación social, deterioro o destrucción de las condiciones de vida de amplias porciones de la población, extractivismo y autoritarismo que caracteriza la neoliberalización capitalista en general y, en particular, la ofensiva neoliberal que se despliega en la región desde 2015. En cierta medida, podríamos decir que se trata de una agudización y naturalización de una dinámica de crisis que estaba ya presente en la “normalidad” anterior.
En el contexto actual de pandemia y de la crisis civilizatoria que la misma profundiza, las ideas de un Green New Deal han tomado nueva fuerza en el campo progresista y crítico. La demanda de que la inversión pública anticíclica considere la cuestión ecológica y que la resolución de la urgencia social incorpore la preocupación de lo ambiental resultan buenas intenciones. Pero ello exige justamente conocer las significaciones en que se inscriben estas nociones de un Nuevo Acuerdo o Pacto Verde y los efectos que ello tiene o puede tener sobre las prácticas y horizontes emancipatorios.
En Nuestra América, la acción de los sujetos subalternos y los movimientos populares en las últimas décadas han forjado una diversidad de prácticas y programáticas que construyeron potentes articulaciones entre lo social y lo ambiental en una perspectiva de cambio social. Las referencias a los bienes comunes naturales y sociales, la justicia social y ambiental, el convivir bien o buen vivir, la Reforma Agraria integral o popular, son ejemplo de ello. También lo son las reformulaciones democrátrico populares de la soberanía y sus expresiones en términos de soberanía alimentaria –con sus articulaciones entre la producción agrícola campesina, indígena y familiar; la agroecología, los mercado comunitarios y el acceso popular a alimentos en cantidad y calidad suficientes- o de soberanía energética –con el desarrollo de las energías renovables bajo modelos comunales de producción y distribución y control público estatal- que hoy se vuelven más significativas ante la crisis social y de la reporoducción que acentúa la pandemia. Incluso, respecto de la crisis climática no podemos sino partir de las contribuciones planteadas por las redes y plataformas globales así como de los acuerdos alcanzados en las dos Conferencias Mundiales de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra realizadas en 2010 y 2015 en Tiquipaya, Bolivia. Ante el deterioro y destrucción de las condiciones de existencia de la vida humana y no humana que despliega y conlleva la fase actual neoliberal del capitalismo, todas estas propuestas y experiencias son las que alumbran el camino de las alternativas que son imprescindibles de construir colectivamente.
Referencias
[1] Barbier, Edward 2009 A Global Green New Deal. Report prepared for the Green Economy Initiative of UNEP (Washington: PNUMA)
[2] Todas las citas en PNUMA 2009 Un Nuevo Acuerdo Verde Global – Informe de Política (Nairobi: PNUMA) pp. 4.
[3] Pearce, David; Markandya, Anil y Barbier, Edward 1989 Blueprint for a green economy (Londres: Earthscan)
[4] Citado en Seoane, José 2017 “Obama, Macri y la economía verde: la neoliberalización de la cuestión ambiental”, en Portal OPSUR. Disponible en https://www.opsur.org.ar/blog/2017/10/09/obama-macri-y-la-economia-verde-la-neoliberalizacion-de-la-cuestion-ambiental/
[5] Sobre ello puede consultarse Seoane, José 2017 Las (re)configuraciones neoliberales de la cuestión ambiental. Una arqueología de los documentos de Naciones Unidas sobre el ambiente 1972-2012 (Buenos Aires: Ed. Luxemburg – IEALC) Puede descargarse gratuitamente en http://gealyc.blogspot.com.ar/
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