Aunque inicialmente no estaba previsto, Macri viajó a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU. Su principal objetivo fue lograr ratificar el respaldo del gobierno estadounidense a su gestión, mientras transcurre el momento más complicado desde que asumió en 2015. El objetivo se cumplió. El mayor indicador fue la aprobación del nuevo acuerdo con el FMI, habilitado por la definición del gobierno de Trump, que impuso su peso específico a pesar de la negativa de los Directores del organismo que representan a Francia, Holanda y Alemania.
En su viaje Macri se encargó de hacer todos los deberes. En su discurso en la ONU, volvió a colocar el tema Venezuela entre las prioridades de su gobierno. Aseguró que ese país vive una crisis humanitaria que Maduro no reconoce y que la Argentina llevaría a La Haya las violaciones a los derechos humanos de la “dictadura venezolana”. Se reunió con banqueros y representantes de fondos de inversión, funcionarios del gobierno y con la prensa especializada para negar la posibilidad de un default y mostrar firmeza en su política de ajuste. Afirmó que no hay plan B y que se prepara para pelear por la reelección el año próximo.
El pasado 26 de septiembre el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y la directora gerente del FMI, Christine Lagarde anunciaron el nuevo acuerdo entre el organismo y el gobierno argentino. Este, no solo aumenta los dólares prestados (se suman 7.100 millones a lo acordado en junio), también significa directamente una mayor injerencia del FMI en la política nacional por tres cuestiones. Primero, se anticiparán los plazos y aumentarán los montos, por lo que de acá a 2019 el FMI va a girar el doble del monto pautado en el primer acuerdo. Por otro lado, los fondos girados por el FMI estarán disponibles para su uso como apoyo presupuestario. Tercero, se establece que el valor del dólar flotará entre los $34 y $44 pesos (y que el límite superior aumentará un 3% mensual hasta diciembre ). El Banco Central sólo podrá intervenir si no se mantiene ese 2 rango, la autoridad monetaria se comprometió a congelar la emisión y a dejar fluctuar la tasa de interés según los movimientos del mercado.
Hay que tener en cuenta que en el Programa Financiero 2018-2019, presentado a principios de septiembre, se indica que para lo que resta del año precisará US$ 17.000 millones, incluyendo déficit primario, intereses de deuda con privados y vencimientos con organismos multilaterales. Si se toma en cuenta el vencimiento de Letes, la cifra asciende a US$ 26.800 millones. Para 2019 el gobierno deberá afrontar obligaciones financieras por US$ 28.300 millones sin contar las Letes (letras del Tesoro en dólares). Si éstas se suman, el escenario es más complejo ya que el gobierno asumió una renovación del 100% del stock para el año que viene y en gran parte se encuentra en manos del sector privado.
Entre las pautas que impuso el FMI hay un fuerte condicionamiento hacia el papel que debe jugar el Banco Central. El BCRA quedó al margen de una de sus principales funciones que es la de emitir dinero. Esto preanuncia el modelo que se pretende poner en pié mediante una próxima reforma de su Carta Orgánica, que está incluida como parte del acuerdo con el organismo, y que supone suprimir cualquier papel vinculado con el crédito y el desarrollo económico. Los criterios de política monetaria que se definieron tendrán consecuencias concretas en los próximos meses. Nada hace prever que la banda pautada para fijar el valor del dólar contribuya a frenar la presión sobre la divisa norteamericana 1. En tanto, la desregulación de la tasa de interés combinada con la escasez de dinero producto de la falta de emisión no prevé un horizonte en el que el propio mercado financiero fije valores por debajo de los actuales. Una tasa de interés en torno al 60/ 65% puede favorecer la disminución de la inflación, pero seguramente agravará la recesión en curso.
La incidencia del FMI implicó además el desplazamiento del ahora ex Presidente del Banco Central, Luis Caputo. Lo interesante a esta altura no pasa por lo que dejó su labor al frente de la autoridad monetaria, aunque vale recordar que asumió con un dólar a $ 27, 90 y salió con un dólar a 38,40, habiendo dilapidado una gran cantidad de reservas internacionales, sino que las medidas adoptadas por Caputo se volvieron disfuncionales a los objetivos del FMI. En otros términos, en el actual escenario, los intereses de la cúpula del FMI –y del gobierno estadounidense– entraron en tensión con los intereses de los fondos de inversión y grandes bancos que tratan de acrecentar sus ganancias en el menor tiempo posible.
Más allá de los movimientos que se dieron en estas semanas, podemos decir que la economía argentina está ante una nueva crisis de su deuda aunque el gobierno se encargue de despejar rumores de default. Según el INDEC, actualmente la deuda externa llega a US$ 261.483 y un informe del Observatorio de Deuda Externa de la UMET asegura que superaría el 100 % del PBI a fin de año. La fuga de capitales es nuevamente el correlato de este nuevo ciclo de endeudamiento: US$ 9951 millones en 2016, US$ 22148 en 2017, US$ 22817 entre enero y agosto de este año. Mientras que la Balanza de Pagos en el segundo cuatrimestre cerró con un déficit de US$ 8.292, un 25% por ciento más que en igual período del año pasado.
En este marco, el gobierno pone todas las fichas a los ingresos que pueda obtener de lo que se espera sea una cosecha récord y sigue apostando a que una tasa de interés alta siga atrayendo capitales especulativos que le permitan llenar los huecos fiscales que queden abiertos.
Todos los indicadores sociales y económicos hablan de un escenario de contracción de la actividad económica, de pérdida creciente del poder de compra de los ingresos y de un empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores medios y populares.
Por un lado, el INDEC difundió las estadísticas del primer semestre del año referidas a pobreza e indigencia. Es decir, datos que aún no expresan un tramo importante de la devaluación y el aumento de la inflación de los últimos tres meses. Sin embargo, las mediciones dieron que un 27,3% de la población está en situación de pobreza y un 4,9 % en la indigencia. Esto significa 14 millones de personas viviendo en la pobreza e indigencia.
Así también, según datos del INDEC, en el segundo trimestre el PBI se contrajo un 4,2%. En tanto, el desempleo creció a 9,2% y se ubicó en el nivel más alto de los últimos 12 años. En cuanto a la inflación, los consultores privados coinciden en que durante septiembre llegó al 7%, una cifra sólo comparable con los meses que siguieron a la crisis de la crisis de 2001. LLegando a un acumulado del 32% anual y una proyección de 45. De no abrirse las negociaciones paritarias, el salario real sufrirá la peor caída desde el año 2002, con una reducción en torno al 11% y 13%. A su vez, sólo entre abril y septiembre el valor del dólar subió un 90 %, generando una baja en el salario medido en dólares del 45% en lo que va del año.
La situación es más compleja si se tiene en cuenta que los efectos de la devaluación están en pleno desarrollo y que la política del gobierno para el próximo año se enmarca en el objetivo de déficit cero. En efecto, para el mes de octubre están previstos aumentos en el transporte público de la zona metropolitana, en los productos de los supermercados, en peajes, prepagas y expensas . 3
El gobierno no ha salido indemne de la crisis económica desatada hace casi seis meses. La valoración que recogen los estudios de opinión pública habla de su peor momento. Los índices de aprobación de la gestión Macri están en torno al 30 % (llegó a tener un 60%) y apenas el 22 % estima que la situación económica vaya a mejorar. Una clara mayoría de los/as encuestados/as rechaza el acuerdo con el FMI y no ve al gobierno con capacidad para controlar la crisis. La economía se impuso claramente como la principal preocupación por encima de la corrupción .
En las próximas semanas el gobierno se juega una parada importante con el debate sobre el presupuesto 2019 en el Congreso. El proyecto enviado por el Ejecutivo al Parlamento busca garantizar el objetivo de llevar a cero el déficit fiscal primario y por ende representa un ajuste muy significativo en los egresos públicos. Estos son los elementos centrales : 5
Desde hace semanas el gobierno viene negociando con los gobernadores un apoyo al proyecto a cambio de modificaciones en una serie de tributos que compensen los efectos de los recortes directos en las transferencias a las provincias y la quita de subsidios. Por ahora el oficialismo logró acuerdos con 18 de lxs 23 gobernadores. Su gran apuesta es llegar a la Cumbre del G20 con el presupuesto aprobado gracias al respaldo de una buena parte de la oposición.
El 25 de septiembre la CGT convocó al cuarto paro general en lo que va del gobierno de Macri, en el que confluyeron las dos CTAs y el “Tridente de San Cayetano” (CTEP, CCC, Libres del Sur). El acatamiento fue contundente, la segunda huelga general del año expresó un rechazo generalizado a las políticas de ajuste y endeudamiento del gobierno, y condensó en un medida nacional una creciente movilización obrera que se viene gestando en el interior del país.
Semanas previas, en el Cordón Industrial Santafesino se realizó un paro convocado por la CGT Regional San Lorenzo, en conjunto con las CTAs y movimientos sociales por la creciente ola de despidos y cesantías en diferentes plantas. Con una adhesión del 95%, el paro regional del 4 de septiembre logró una unidad sindical importante que se tradujo en cortes de ruta y una movilización al centro de la ciudad. Similar situación se dio en la provincia de Córdoba donde el viernes 7 de septiembre tuvo lugar un paro regional con una movilización de más de 50 mil personas en rechazo a las políticas económicas impulsadas por el Gobierno nacional, convocado por un frente gremial amplio que unió a todas las expresiones del sindicalismo cordobés. Otra muestra de la articulación que se viene gestando en las bases del movimiento obrero se pudo ver en la Zona industrial de la ribera del Paraná (Zárate, Campana y Baradero) donde surgió una multisectorial contra las políticas de ajuste y la pérdida de puestos de trabajo que reúne a más de 35 organizaciones sociales y sindicales.
Con acciones descentralizadas, el movimiento obrero del interior muestra vitalidad y unidad en lugares donde el ajuste y el desmantelamiento industrial están pegando fuerte. Esta creciente combatividad, que cuesta ver en la dirigencia de la CGT, deja al descubierto una creciente masa de trabajadores descontentos con la situación económica que encuentran eco en sus sindicatos regionales para manifestarse. La dirigencia sindical de muchos lugares del interior muestra una cara más joven, combativa y, en muchos casos, femenina, que construye nuevos espacios de articulación para enfrentar la crisis.
Como señala Jorge Duarte en Anfibia , este perfil confrontativo que empezó a tomar 6 forma en la periferia del país tiene repercusiones en las articulaciones político-sindicales que se arman por fuera de la conducción de la CGT. Colaboró en lo que en 2016 fue el lanzamiento de la Corriente Federal de Trabajadores y recientemente se expresa en lo que fue el lanzamiento del Frente Sindical para el Modelo Nacional el pasado 20 de septiembre. Espacio que, bajo la consigna “La patria está en peligro”, se presentó como un armado político-sindical que busca trascender la articulación de la resistencia callejera y empieza a pensar la necesidad participar en la definición del programa del próximo gobierno. Este armado es resultado de la confluencia de tres sectores importantes del sindicalismo peronista: el Moyanismo, el SMATA y la Corriente Federal de los Trabajadores (CFT) . 7
El mundo sindical muestra también movimientos en la cúpula de la CGT: el domingo 30 de septiembre se conoció la renuncia del portuario Juan Carlos Schmid a la dirección de la CGT. Alegando razones de salud y diferencias con el resto del triunvirato. De orígenes moyanistas, había llegado a la conducción en agosto del 2016, donde mostró un perfil más opositor y combativo que el resto del triunviro. A su vez, el primer secretario general de la CGT que reconoció al sector de trabajadores de la economía popular como un interlocutor privilegiado. De hecho, cuando Juan Grabois, dirigente de la CTEP, fue detenido junto a vendedores senegaleses en un operativo de la policía porteña, Schmid se presentó en la seccional para exigir la liberación de los detenidos mostrando cercanía y solidaridad con este sector de trabajadores.
Su renuncia deja a la CGT y su dirección en un momento de transición, donde se abren tres posibles escenarios: un reemplazo de Schmid por el secretario adjunto Andrés Rodríguez del gremio UPCN, configurando una conducción más afín al gobierno, la realización de elecciones para elegir autoridades o el regreso a una central dividida, en un formato similar a 2012, con una CGT dialoguista y otra más combativa. De una vereda gordos e independientes y en la otra el moyanismo al comando del Frente Sindical para el Modelo Nacional y los movimientos sociales.
Desde el 2015 hasta acá, la lucha callejera ha sido el vector articulador de la resistencia al macrismo. Fiel a la tradición movimientista argentina, la calle se vuelve la expresión de reclamos sectoriales y es una de las formas de canalizar el descontento de los sectores populares, en donde la articulación entre el movimiento obrero organizado y los movimientos sociales es cada vez mayor.
Con este panorama, y en medio de una recesión que recién comienza, octubre ya se perfila como un mes de movilizaciones importantes: la CTA Autónoma acampa frente al Congreso contra el presupuesto del oficialismo; sectores de la salud organizaron una marcha federal en defensa de la salud pública y en rechazo a la eliminación del Ministerio de Salud; gremios industriales nucleados en la CGT pidieron frente al Ministerio de producción el cese de la apertura de importaciones y denunciaron los despidos en el sector; cooperativas de cartoneras/os de la Ciudad de Buenos Aires se encuentran realizando diferentes manifestaciones para pedir la apertura de paritarias frente a la enorme inflación acumulada en lo que va del año, sumado a los tarifazos que complican el funcionamiento de las cooperativas de reciclado; los docentes bonaerenses anunciaron movilizaciones luego de que en la provincia de Buenos Aires Vidal cerró la paritaria al 19% por decreto; el fin de semana largo de octubre miles de mujeres se reúnen en Trelew en la realización del trigésimo tercer Encuentro Nacional de Mujeres donde se busca reconocer la lucha de los pueblos mapuches; el Frente Sindical para el Modelo Nacional anunció, luego de su plenario, una marcha de trabajadores/as a la Basílica de Luján para el 20 de octubre.
En el plano político comienzan a acomodarse los actores de cara a lo que será la elección presidencial del 2019. Como desarrollamos anteriormente, la crisis económica se agudiza, el gobierno nacional pierde apoyo y aumenta la fragilidad de la situación económica. Una posible derrota del oficialismo aparece cada vez más como una hipótesis factible en un escenario político y social que no obstante se caracteriza por altos niveles de imprevisibilidad.
Los últimos días de septiembre, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti y Miguel Ángel Pichetto presentaron un armado para «la construcción de una alternativa para la Argentina». Se trata de un frente electoral principalmente apuntalado por gobernadores, legisladores y figuras del peronismo federal que tiene la particularidad que además de las críticas al gobierno plantea un fuerte distanciamiento con el kirchnerismo y se presenta como una oposición “racional”.
Sin embargo, luego del lanzamiento, no tardaron en aparecer debates en la arena pública: por el lado del Frente Renovador, el diputado nacional Facundo Moyano, se sumó a las críticas que ya habían lanzado Hugo y Pablo Moyano respecto a la cercanía de Urtubey al gobierno nacional. Así también Felipe Solá, quien se viene mostrando como posible articulador entre el peronismo federal y el kirchnerismo dijo: «No hay espacio para hacer un macrismo débil (…) ojalá nos encontremos todos. No pueden faltar la ex presidenta y los kirchneristas”. Por su parte, el presidente del Partido Justicialista José Luis Gioja, afirmó “ no hay dos sectores, hay un montón de sectores que tenemos que tener paciencia. Tenemos que ser muy inteligentes porque por ahí las divisiones nuestras terminan favoreciendo a quienes no queremos que sigan gobernando”.
Frente al silencio de Cristina Kirchner, quien atraviesa una avanzada judicial cada vez más intensa, pero con una crisis económica que se evalúa que favorece a la oposición, se abren posibilidades de que sea ella quien encabece la candidatura presidencial por el kirchnerismo. De todas maneras el mapa político se encuentra en un momento de reacomodo y si bien por el momento pareciera que el peronismo perfila a ir dividido, una vez más, todavía no se puede descartar un esquema unitario.
A más de un año de las elecciones generales, las certezas sobre las candidaturas parecen ser apresuradas, sin embargo el creciente malestar social y el derrotero económico abren cada vez más el juego para generar una oposición capaz de derrotar a Mauricio Macri en 2019.
La presión contra el peso continúa. El gobierno lo mantiene relativamente estable a costa de un endeudamiento a corto plazo difícil de sostener en el tiempo. Apunta a que esa estabilidad junto con la recesión pongan un freno a la inflación y que una buena cosecha le permita cubrir los huecos de financiamiento y se convierta en la plataforma para reactivar la economía en el trimestre semestre de 2019. No obstante, los indicadores de estos últimos meses llevan a vislumbrar unescenario de recesión más prolongado que dejará consecuencias profundas en materia de desempleo y en los niveles de consumo y producción.
Con esta situación el FMI y el gobierno de Estados Unidos se transformaron en un sostén fundamental para el gobierno, lo que vuelve a la Argentina cada día más dependiente. Desde el punto de vista de los intereses de Estados Unidos en la región, la caída del gobierno macrista sería una muy mala señal. Más aún cuando la situación política en Brasil se perfila como impredecible y la posibilidad de una vuelta del PT al gobierno empieza a ser una posibilidad concreta. Lo que ocurra con las elecciones en Brasil es clave para el escenario geopolítico en la región y tendrá repercusiones a nivel local.
En términos políticos el oficialismo perdió respaldo y se enfrenta a una sociedad cada vez más descontenta y articulada en la resistencia, pero mantiene un núcleo duro de apoyo bastante significativo. Sin embargo todavía esta pérdida no implicó una transferencia clara hacia otras figuras de la oposición aunque comienzan a abrirse juegos y armados de cara al 2019, sobre todo del lado del peronismo. Por su parte, CFK se mantiene como principal figura en el campo opositor; por ahora algunos sondeos marcan que su situación judicial no generó un retroceso en su base de sustentación, incluso aumentó el piso de los últimos dos años.
La dinámica política del próximo mes va a estar atada a la votación del presupuesto a fines de octubre, pudiendo significar un momento de condensación de la lucha callejera en rechazo al ajuste planteado por el gobierno. Habrá que seguir con detenimiento cómo se articulan en la arena pública el desarrollo de la crisis, la dinámica de los movimientos sociales y de trabajadores/as y la capacidad que presente la oposición para unificar fuerzas y presentar un programa alternativo.
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