-| Consideraciones Generales

-|  PARTE 1. El Gobierno del Frente de Todxs entre la corrida cambiaria, el “ordenamiento fiscal” y el impuesto a las grandes fortunas

-| PARTE 2. Sindicalismo y movimientos sociales: del conflicto por tierra y vivienda a la movilización por el derecho al aborto

 

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Ofensiva empresaria, austeridad fiscal y relanzamiento gubernamental: la “nueva normalidad” a un año del Gobierno del Frente de Todxs

 

 

Consideraciones Generales 

  1. Promediando noviembre la pandemia de Coronavirus ocupa un lugar central en la agenda pública, pero ya lejos de la exclusividad que supo tener hasta apenas un par de meses atrás. La estabilización de la cantidad de casos en todo el país y la merma sostenida en la Caba y el Conurbano bonaerense son los datos que resumen la situación. La aplicación del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio en el AMBA y la confirmación de la temporada turística de verano ratifican ese cuadro y prefiguran la tan mentada nueva normalidad. Habiendo evitado situaciones de desborde, después de robustecer el sistema sanitario y de adoptar a tiempo medidas de aislamiento, Argentina se ubica sin embargo entre los países con más muertes por millón de habitantes. Si bien las cifras acumuladas son sólo datos preliminares, son las mismas estadísticas comparativas en base a las cuales el Gobierno Nacional cimentó parte de la legitimidad acumulada en la primera mitad de la pandemia. Las gestiones del Ministerio de Salud para acceder a varias de las vacunas que están en proceso de aprobación y, particularmente, la noticia de que la vacuna rusa Sputnik V puede llegar a estar disponible antes de fin de año corrieron el eje y dejan mejor parada a la coalición gobernante.

 

  1. Producto de la combinación de la crisis económica que arrastra y de los efectos de la pandemia, Argentina entró al segundo semestre del año con un profundo empeoramiento en las condiciones de vida de la mayoría de la población. La pobreza llegó a un 40,9% (más de un 10% por encima de la cifra registrada un año antes) y el índice de indigencia saltó del 7, 7% al 10,5%. Mientras que la desocupación ascendió al 13,1%, el pico más alto desde 2004. Si bien se estima que esos datos, que recogen la situación del segundo trimestre, corresponden al piso de la caída de la actividad económica, describen una realidad que será difícil de revertir. Significan, además, un desafío extra para un espacio político como el Frente de Todxs (FDT) que arribó al gobierno canalizando buena parte del descontento por los pésimos resultados económicos de su antecesor. En este contexto, la extensión de las tomas de tierras que tuvieron como epicentro a la Provincia de Buenos Aires, debe verse como el emergente más contundente de un proceso de pauperización de las condiciones de vida que golpea especialmente a quienes sólo acceden a empleos precarios o no registrados y viven del cuentapropismo. Más aún si son mujeres y jóvenes. Las políticas de asistencia estatal enfocadas en el acceso a la alimentación básica y a garantizar un piso mínimo de ingresos, sumado a la existencia de organizaciones sociales con una sólida presencia en los territorios, explica en gran medida que en la crisis actual la demanda más visible sea la del acceso a una vivienda digna y no necesariamente la del acceso al trabajo y la comida, tan propias del período 2001-2002.

 

  1. Se ratifica un escenario en el que las disputas más relevantes están protagonizadas por dos grandes bloques. De un lado, las heterogéneas fuerzas sociales y políticas articuladas en torno al FDT y, del otro, los medios de comunicación dominantes, la derecha política, gran parte de la cúpula empresaria y de la corporación judicial que ofician como un bloque de actores que confluyen en la defensa de sus privilegios y persiguen el objetivo de debilitar y condicionar al Gobierno Nacional. Desde septiembre, la confrontación principal se desplazó al terreno cambiario, en el que sectores del capital financiero y las fracciones vinculadas al comercio exterior pugnan por imponer una devaluación brusca del peso. Sin embargo, no ha sido el único frente de batalla. Estos actores corporativos usaron sus medios de comunicación como plataforma para emprender una cruzada de repudio a las tomas de tierra por vivienda digna. Con la defensa de la propiedad privada como bandera principal, le demandaron al Estado una intervención ejemplificadora para poner a raya a “los usurpadores”. Una línea de intervención que asimismo pretendió instalar la idea de que se estaba gestando una huída masiva de empresas extranjeras. La calle siguió siendo otro escenario de disputas importantes. En este caso, se repitieron las acciones para presionar primero, y luego repudiar, a la Corte Suprema de Justicia por el caso de los jueces puestos en sus cargos por Macri a través de un decreto. La defensa de la República y la lucha contra el autoritarismo fueron las consignas principales de tales convocatorias.

 

  1. En cuanto a la derecha política, las apariciones públicas de Macri ponen en evidencia cada vez más claramente la disputa que existe por el liderazgo de Juntos por el Cambio. Cada vez más complicado judicialmente, el tándem Bullrich-Macri sigue alimentando al núcleo duro de su base social y comienza a sufrir cierto aislamiento interno. El distanciamiento de Carrió, su reaparición pública y su acercamiento al polo que representan Larreta y Vidal, es una de las novedades de las últimas semanas. Más allá de las diferencias que ambos sectores vienen demostrando, el llamado al diálogo planteado por la vicepresidenta Cristina Fernández en su carta del 26 de octubre volvió a ponerlas en evidencia. Mientras que el expresidente condicionó de un modo burdo cualquier proceso de acuerdo, Carrió intensificó sus movimientos, con el radicalismo, para que Juntos por el Cambio apoye en el Senado la candidatura de Daniel Rafecas como Procurador General. 

 

  1. El gobierno del FDT llegará a su primer año de gestión en un escenario adverso. La corrida cambiaria y la negociación con el FMI marcaron el ritmo de los últimos meses, caracterizados a su vez por la agudización de los efectos sociales de la pandemia entre los sectores más vulnerables del pueblo trabajador y por la aparición de algunos signos de reactivación económica. En ese marco, el Gobierno se propuso resistir los intentos de imponer una devaluación brusca por considerar acertadamente que implicaría un golpe durísimo para los sectores populares e incluso para su propia legitimidad. Implementó una hoja de ruta que incluyó concesiones importantes a los sectores del poder económico y medidas orientadas a una mayor austeridad fiscal. Acciones cuyos efectos de mediano alcance son el corrimiento progresivo del papel protagónico que el Estado venía asumiendo en la asistencia social por la pandemia y la obturación -al menos por ahora- de una vía de salida de la crisis económica que implique avances, por lo menos parciales, sobre el poder material y simbólico de los sectores dominantes.

 

  1. Guiado por la premisa del Ministro Guzmán de “tranquilizar la economía”, el oficialismo transita esta compleja coyuntura proponiéndose un costoso equilibrio entre exigencias de distinto orden, que de conjunto responden mucho más a presiones por “arriba” que por “abajo”: la necesidad de destinar recursos para ponerle un piso al retroceso social generalizado y alimentar la recuperación de la actividad económica; las presiones del empresariado para liberar tarifas y precios y -como señalamos- concretar una nueva devaluación; los recursos necesarios para apuntalar a sectores productivos que generan más empleo e incentivar a los que permiten ahorrar o aumentar el caudal de divisas; y el ajuste que pretende el FMI para sellar un acuerdo que permita aplazar el pago de la deuda con ese organismo. El balance de los últimos meses no es positivo para las mayorías populares. Las concesiones logradas por los sectores del gran capital en el plano fiscal, financiero y simbólico pueden significar algo de aire en el corto plazo, aunque poco redituables para el Gobierno en el futuro.

 

  1. En simultáneo y progresivamente, el Gobierno ha dejado atrás “el modo cuarentena” y ha diversificado e incluso ampliado su nivel de iniciativa. Propone una agenda de la producción para la reactivación económica, aunque alejada de la senda que se había prefigurado en el discurso del presidente cuando, al inicio de la pandemia, hablaba del “momento del Estado” y en acciones como el intento fallido de expropiación de Vicentín e incluso del DNU que define como servicios públicos a internet, la telefonía móvil y la TV paga. La impronta que se deja ver en la puesta en marcha del Acuerdo Económico y Social y la activación de mesas de trabajo con entidades empresariales y sindicatos, es la de un Estado más regulador y facilitador de la actividad privada que artífice fundamental de la salida de la crisis en base a una mayor capacidad para imponer condiciones al gran capital. También se puede ver allí el marcado protagonismo de los actores principales de la cúpula empresarial en detrimento de los sectores pyme, de las organizaciones sindicales y los movimientos sociales. Lo que a su vez implica un énfasis puesto en la reactivación y el crecimiento que deja en un segundo plano al problema de la distribución, poniendo en riesgo el alcance mismo de un ciclo económico virtuoso y generando condiciones para que, a la salida de esta nueva crisis, quede en pie una estructura económica más concentrada y desigual. En este contexto el impuesto extraordinario a las grandes fortunas constituye una acción muy significativa, pero corre el peligro de quedar como una medida aislada.

 

  1. El escenario muestra una paradoja. El Gobierno del FDT está, en gran medida, acosado por gran parte de las corporaciones económicas, mediáticas y judiciales, que en el último tiempo han logrado condicionar parte de sus políticas más relevantes. A la vez, mantiene un respaldo de una base social amplia y diversa, que por ahora tiene asignado un rol expectante, y a la que en términos globales no termina de retribuir. Lejos de la realidad que reza el slogan presidencial, “Argentina unida”, el país vive una nueva crisis económica y una situación de marcada confrontación. Si en agosto el Gobierno tomó medidas que lo subieron al ring para intercambiar golpe por golpe, poco después volvió sobre sus pasos ante las presiones del poder económico y la inminencia de las negociaciones con el FMI. Así, a un año de asumir, el oficialismo persiste en su apuesta por construir un nuevo pacto social. Orientación que en el último mes -dando señales inocultables de debilidad pero también en clave de advertencia- cuenta con el aval explícito de CFK.

 

  1. La crisis en curso todavía puede derrumbar la legitimidad del Gobierno. A pesar de haber asumido un camino de mayor austeridad, luego del refinanciamiento de la deuda con los acreedores privados, el oficialismo cuenta con una masa importante de recursos para atender situaciones urgentes. Aunque ha quedado muy condicionado por la frágil situación cambiaria y financiera, necesita también  construir un margen de acción mayor para dar respuesta a demandas de los sectores que son base de sustentación del FDT. Además del aporte solidario de las grandes fortunas, el anuncio de la ampliación de la AUH, la definición por darle una nueva impronta al Ministerio de Desarrollo Urbano y Hábitat, los cambios en la Ley de uso del fuego, la asunción de buena parte de la agenda feminista y el envío del proyecto para la legalización del aborto al Congreso, parecen ir en esa dirección.

 

  1. La presentación en el Parlamento del proyecto de ley para la legalización del aborto por parte del presidente supone un hecho político en sí mismo. Por la fuerte oposición que genera en sectores religiosos, por ser una de las principales promesas de campaña y por el significado histórico que tiene para el movimiento feminista. De aprobarse, podría convertirse en un hito distintivo para la presidencia de AF.

 

  1. La presión devaluatoria por parte del capital financiero y los sectores exportadores del gran capital y la negociación con el FMI seguirán rigiendo el día a día y el corto plazo. No obstante, en el horizonte aparecen algunos elementos que llevan a la coalición gobernante a mirar el futuro próximo con relativo optimismo. La posibilidad de empezar a vacunar contra el Covid-19 a fines de este año a lxs trabajadorxs esenciales y grupos de riesgo, gracias a la llegada de la vacuna rusa, se suma a los incrementos en la actividad industrial y en la recaudación registrados a partir de septiembre. Más allá de algunos debates y de las disputas internas lógicas que atraviesan a un espacio tan heterogéneo, en el FDT no aparecen signos que presagien escisiones de relevancia. Finalmente, el triunfo del MAS en Bolivia fue un espaldarazo directo para el gobierno argentino y el primer síntoma de un posible cambio de tendencia en la región que se terminará de ver en los próximos meses.

 

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